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Capital de Ecuador acoge plan piloto de clases presenciales

América del sur/Ecuador/prensa-latina.cu

Tres unidades educativas de esta capital desarrollan hoy un plan piloto de docencia presencial, que permitirá evaluar el retorno paulatino a clases en Ecuador, donde las escuelas cerraron hace seis meses por la pandemia de Covid-19.

 

Los centros donde se implementa la iniciativa fueron debidamente avalados para ese fin por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE).

Bajo el título de Plan Piloto de Continuidad Educativa, el proyecto comprende el cumplimiento de medidas de bioseguridad por parte de los planteles y su personal.

El protocolo fue trabajado en conjunto con cada institución docente, según aclaró el vicetitular del Ministerio de Educación Andrés Chiriboga.

De acuerdo con lo dispuesto, el COE evaluará la implementación del plan cada 15 días, para verificar aciertos y puntos en los cuales es necesario hacer cambios.

Los colegios, institutos y universidades cerraron sus puertas en Ecuador desde marzo último, cuando el gobierno nacional decretó estado de excepción por la rápida propagación de la Covid-19 por todo el territorio nacional.

Las clases se desarrollan por vía telemática en todos los niveles, pero con la transición hacia la llamada nueva normalidad, el COE decidió instaurar el plan piloto en las instalaciones que así lo pidieron de manera voluntaria.

La iniciativa ha generado opiniones encontradas, pues algunas autoridades y parte de la población avalan la idea, siempre que se respeten las normas de bioseguridad, mientras otros consideran muy apresurada y riesgosa su aplicación.

El temor principal es que haya un rebrote de la enfermedad en esta ciudad, la más golpeada por la pandemia desde hace meses, con un acumulado de 36 mil 629 contagios confirmados, desde marzo hasta la víspera.

Mientras, en la ciudad portuaria de Guayaquil, primer epicentro de la dolencia (de marzo a mayo) algunas escuelas manifestaron disposición de acogerse al proyecto, pero las autoridades locales no lo han permitido.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400485&SEO=capital-de-ecuador-acoge-plan-piloto-de-clases-presenciales
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Quino, dibujante de sonrisas, maestro de la vida

América del sur/Argentina/prensa-latina.cu

El mundo llora hoy a Quino, un dibujante de sonrisas, padre de los hispanohablantes que lo siguieron a lo largo de seis décadas con su Mafalda, ese personaje de infinito ingenio, quien planteó nuevos dilemas y profundas reflexiones.
En este malogrado 2020 donde no hay un ser humano en el planeta que no cuente los días para que acabe, se va uno de los más grandes dibujantes del mundo hispano Joaquín Lavado (Quino), un hombre sinigual, marcado por la justicia social, quien con su pincel dejó a mediante su filosofía y enseñanzas cientos de llamados de atención por un mundo mejor. 

A Quino lo conocí el 9 de noviembre de 2017. Una multitud se abalanzó sobre él durante una presentación de su Mafalda en guaraní, organizada por la embajada paraguaya en Buenos Aires.

Era la primera vez que su ingeniosa niña hablaba en una lengua originaria y Quino estaba feliz.

Aunque su salud ya se encontraba algo débil, en una repleta sala del Centro de Altos Estudios Universitarios (CAEU) de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), entre aplausos, escuchaba atento los ingeniosos diálogos de Mafalda y sus amigos en una lengua ancestral.

Quizás hacía una profunda reflexión en ese momento de cuán lejos llegó con su lápiz a través de una ingeniosa niña, llena de simpatía, comprometida ante el mundo y que odiaba la sopa. Desde su asiento escuchaba atento varios de los fragmentos de su obra en guaraní y sonreía.

Fue en uno de los últimos actos en vivo que se le vio al padre de Mafalda, esa filósofa urbana que tantas verdades enseña, con reflexiones que parecieran haberse escrito ahora mismo.

Con su Mafalda, traducida a más de 25 idiomas, Quino dio voz a toda una generación, retrató un momento especial en la historia latinoamericana de la década de 1960 y 1970 cuando miles de jóvenes trataban de cambiar y mejorar el mundo.

A través de Mafalda, se hizo eco de esas aspiraciones y se constituyó en un icono.

La tira latinoamericana más vendida a nivel internacional, supo romper los estereotipos y con su vitalidad calar hondo en una América marcada por momentos muy duro de su historia y en una Argentina, por ejemplo, en la que incluso burló la censura de la dictadura.

Pero Quino fue mucho más que Mafalda, fue también Felipe, Manolito, Susanita, Guille y Libertad, fue Argentina y América Latina, esa que hoy deja huérfana por su partida el genial creador de viñetas, el padre de muchos que despiden con dolor al maestro de la vida.

Fuente e imagen tomadas de: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=400230&SEO=quino-dibujante-de-sonrisas-maestro-de-la-vida-foto
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Libro (PDF): Repensando la subalternidad : miradas críticas desde/sobre América Latina

Reseña: CLACSO

Esta compilación constituye una muestra del fructífero encuentro entre historia y antropología para comprender América Latina. Incorporando perspectivas innovadoras y replanteando convencionalismos, este libro representa un corpus reconocible para discutir las nociones de subalternidad, globalización, nacionalismo, desarrollo y desigualdad, desde un ángulo histórico y comparativo. Dirigido principalmente a estudiantes y docentes universitarios de ciencias sociales, busca fomentar la incorporación y discusión crítica de nuevas perspectivas en el ámbito académico latinoamericano, claves para entender viejos procesos y tópicos modernos con renovados enfoques y conceptos.

Autor/a:      Coatsworth, John – Cooper, Frederick – Méndez G., Cecilia – Mallon, Florencia E. – Klor de Alva, José Jorge – Dirlik, Arif – Chakrabarty, Dipesh – Sandoval L., Pablo – Sandoval L., Pablo – Compilador/a Hobsbawm, E. J. – Lomnitz-Adler, Claudio – Gootenberg, Paul

Editorial/Editor:               Envión Editores

Año de publicación:       2010

País (es):                           Peru

Idioma:                              Español

ISBN:                                 978-958-99438-1-6

Descarga:                          Repensando la subalternidad : miradas críticas desde/sobre América Latina

Fuente e imagen:           http://biblioteca.clacso.edu.ar/

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Digital fences: the financial enclosure of farmlands in South America

Latin America is the region with the greatest level of inequality in terms of land concentration in the world: 1% of rural landowners hold 51% of farmland. While the region as a whole already holds a high GINI index of 0.79, South America, however, leads with an index of 0.85, the highest concentration in the entire continent.1 2 The expansion of the agricultural frontier, induced mainly by the global demand for soybeans and meat, is the main factor aggravating poverty and the unequal access to land in South American countries, mainly in those regions labelled as priority zones for the expansion and investment of the agribusiness.

According to a FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) assessment carried out in 2000, around 2.8 billion hectares of arable land were available at the time in the world to expand the agricultural frontier, 80% of it in Sub-Saharan Africa and Latin America, particularly in seven countries: Angola, Congo, Sudan, Argentina, Bolivia, Brazil and Colombia.3 A review of the 2012 study decreased the extension of the “arable expansion zones” to 1.4 billion hectares by excluding marginal land (of low quality for agriculture), forest protection areas and non-agricultural areas, but including five other potential areas: Mozambique, Tanzania, Zambia, Indonesia and Venezuela.4 Amid multiple post-2008 crises, the pressure on the control of land and resources of interest, such as water and biodiversity, increased considerably in these “land reserve zones”, either for productive use or as financial assets. On top of this, nature-based climate solutions to overcome the climate crisis, focused on using forests and other ecosystems as the main carbon stocks, end up intensifying even more the dispute over land reserves and real estate speculation around the world.
In this report, we assess the land situation in five agribusiness expansion and investment zones in South America: Orinoquia or the Llanos Orientales (Eastern Plains) in Colombia; Matopiba in the Brazilian Cerrado region; and -the regions located along the export corridor of the Paraná-Paraguay waterway- the dry Chiquitan forests of Bolivia, the Chaco Seco of Paraguay and the Argentinian Chaco. In these five expansion zones one can find:
  1. A high concentration of the best arable land in large properties, usually over two thousand hectares. Even in Bolivia, which imposes limits of up to five thousand hectares per owner, in the expansion zone of Santa Cruz and Beni, areas of up to six thousand hectares have been legalised and titled. In the Orinoquia region in Colombia, the average property reaches 10 thousand hectares, while 36% of the Argentinian surface is controlled by properties ranging from 10 to 20 thousand hectares. North from there, in Paraguay, 40% of the land is encased in 600 properties that are over 10 thousand hectares each. In the Brazilian Cerrado, one can now find estatesof over one million hectares with soy production;
  2. The prevailing use of these lands for soybean monocultures or livestock pastures destined for export, as well as a significant increase in the destructionof native vegetation resulting from the accelerated conversion of land use by the advance of the agricultural frontier. Of the 16.5 million hectares converted to agricultural use in Brazil in the last 10 years, 12 million of these were set apart for soybeans. Bolivia’s deforestation record stands out (five million hectares in 2019 alone), while 80% of the Argentinian Chaco was converted into land for pasture and agricultural production;
  3. The increased foreign control of land as well as of export-oriented logistical infrastructure, mainly by the export sector’s trading companies. The control of strategic port terminals by Cargill and COFCO in all these expansion zones, as well as the intense acquisition of Matopiba lands by pension and investment funds, are clear examples. The foreign takeover of the control of land is especially relevant in Paraguay, as it is estimated that 35% of its lands are under direct or indirect foreign control, whereas in the expansion zone of Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, 60% of its most productive lands are under the control of international corporations;
  4. Ongoing processes ofthe digitisation of land governance to resolve property rights through cadastre registration with land georeferencing have neglected collective territories in all the countries analysed, thus laying the groundwork to the handover of land to the land market;
  5. Massive individual titling of private properties and the suspension of collective titling and agrarian reform processes, including in Bolivia, ranked first in Latin America for its protection of collective territorial rights. In the Santa Cruz region, 1.8 million hectares of the best lands were excluded from land reform by the land cadastre and later titled to agricultural corporations;
  6. Specific laws and policies for attracting capital market investments in land, in logistics infrastructure and in agribusiness value chains, secured by rural assets created specifically as debt guarantee, such as land (or parcels of it), the future harvest or even “environmental services”. Clear examples of this are Colombia’s zones of interest for rural, economic and social development (ZIDRES), which are privileged beneficiaries of land and credit policies, as well as the transformation of agribusiness bonds in Brazil into movable assets, including those issued in foreign currency and managed by the financial market with tax exemptions in their transactions.
In all the countries studied, the georeferenced cadastres became a requirement both for the land regularisation process and to access other public and credit policies in the financial system for rural properties. This trend to digitise land governance and the natural resources linked to it, is being reinforced by the World Bank: it has allocated USD 45.5 million for the registration of the Brazilian Cerrado’s private rural properties in the rural environmental cadastre (CAR) and has also assigned USD 100 million to the multi-purpose cadastre in Colombia.
[ An in-depth analysis of the five countries covered by this report is available in Spanish and Portuguese here]

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Although the improvements in localisation technology and the measurement of property limits – called land governance digitisation – can contribute to the process of titling/identification of public, vacant, collective/community and private lands in order to claim back properties under illegal status, the enrollment in the cadastre by each landholder without being verified by the state, ends up validating the historic process of land grabs. In the five main areas of expansion in South America covered by this report, there is widespread individual titling in favour of those who first access digital precision systems (GPS), on public, vacant lands and on lands traditionally occupied by traditional peoples and communities. This is authentic digital land grabbing.

Even in Argentina and Paraguay, where these cadastres must be integrated with the information contained in real estate registries before deciding on property rights to land, the focus on the title and on the accuracy of the GPS measurement has been replacing the verification criteria related to the compliance with the social and environmental function of the land and to the nature of the occupation. Therefore, in the current trend, cadastres are being used as a new backing for property rights, validating wrongful titles derived from grabbing public lands and the territories of traditional peoples and communities. This is the case of Paraguay’s SIRT cadastre and the tierras mal habidas (lands illegally obtained), as well as Bolivia’s CAT-SAN, which gave registration priority of the best arable lands on dispute in Santa Cruz de la Sierra to agricultural corporations. Brazil currently allows, by means of a Decree, the regularisation of up to 1,500 hectares of public lands through CAR and on information provided by the applicant.
There is a clear focus on georeferencing in agribusiness expansion zones and almost exclusively over private rural properties, comprising the entirety, or part, of communal lands and agrarian reform settlements under collective land management. Even if communal lands are certified, public institutions and banks have been demanding their registration in the cadastres as private rural properties, which generates the overlap of several individual cadastres with collective lands, or even the deletion of these territories from the map.
Women from the OMMI organisation, from the community El Estribo. Paraguay. Credit: Nicolás Avellaneda – Plurales Foundation
This pressure to register them in the cadastre as private property occurs because public lands, collective/communal territories and agrarian reform settlements are inalienable and can not be used as debt guarantees, thus, hindering the way of the real estate and securities markets for financial investments based on rural assets on private property.
With this digital redesign of land use -focused on individual private property- and the land regularisation that has followed -based on individual titles to consolidate property rights, millions of hectares are being injected in the land market, in global value chains (including in “sustainable” ones) and in the stock market, since it is now possible to sell and use them in relation to debt.
It is from these virtual territories legalised by the cadastres that the main agents that operate the agribusiness value chain promote the idea of sustainable global chains, whose production would be deforestation-free.5 Once the crimes of the invasion of public lands and deforestation (as in the case of the CAR in Brazil) have been erased, from the moment they’re registered in the cadastres, the origin of the products in the value chain -mainly soya and meat- is re-issued, and are then validated as «sustainable» by the verification and traceability systems of the new technological infrastructure of these long chains, typical for commodities (Blockchain technology).6 But this doesn’t stop there. Out of sight from the map, out of mind from the world and the same satellite images that guarantee the land and the environmental compliance of private properties become systems of surveillance and criminalisation against peoples and communities that have been “erased” from their own territories, whose way of life has become a crime against property.
In addition to the “green” re-issue of the real estate market and the commodities chain, the issue of new financial securities on rural assets – such as land ownership and environmental services (green bonds) – is allowed. Its purpose: to provide a buffer for liquidity in the capital market and to leverage financing for production and infrastructure in the agribusiness value chain. Properties holding titles and georeferenced in the CAR and/or SIGEF (Land Management System) cadastres in Brazil, for example, represent the new guarantee for issuing financial securities on land and natural resources, such as the Environmental Reserve Quota (Cota de Reserva Ambiental – CRA) on one hectare of native vegetation or the agribusiness bonds, that have the land, the future harvest or environmental services as debt guarantee for loans obtained from investors, mainly foreigners. This way, the digitization of land governance and of its natural resources by linking georeferenced cadastre and the real estate registry becomes the new guarantee, as well as the means for the quick delivery of business transactions from land in this digital phase of the financial economy. An unprecedented concentration of land, natural resources and the agro-food system is underway, no longer by the agribusiness sector, but by a few actors from the financial market, further deepening the scarcity inherent to the corporate agrifood system.
It is not just a digital makeover of the surface that is underway, but a recomposition via images «with technological precision» of the history of landscapes, territories, agrobiodiversity and their peoples. As a rule, the territories of the «erased» peoples, identified as demographic «voids» or private properties, are precisely in the priority areas of agribusiness expansion and investment. These are contemporary arenas not only of land disputes, but of the right to exist, the right to other ways of life, other types of development and future possibilities outside the realm of private property and the financial market.
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BRAZIL – MATOPIBA
In 2000, the FAO identified the Cerrado region as the world’s most important agricultural expansion zone.7 In the following decade, MATOPIBA was defined by the United States Department of Agriculture (USDA) as “Brazil’s latest agricultural frontier”.8 Currently, the Cerrado region accounts for approximately 45% of the national agricultural area, responsible for 52% of the country’s soybean production with much of its land and logistics infrastructure handled by foreign agroindustrial conglomerates, like the agro ABCD, the Chinese Cofco Agri, but even by actors that are not part of the sector, like Brookfield Asset Management, Cresud Mitsui, Mitsubishi, Valiance Capital, Private Equity Patria Investimentos/Blackstone and other foreign investment funds such as the Teachers Insurance and Annuity Association of America – TIAA and Harvard Endowment.9 10 11 12 13 14 15 16 17
An unimagined financialisation of land, natural resources and the agro-food system is underway in Brazil, mainly through a credit system financed by the capital market and no longer controlled by the State, which demands an ever-increasing release of land as private property, the main guarantee for financing, and a debureaucratisation of land regularisation processes to speed up land titling.18 Land digitisation is crucial for this.
The Cajueiro (MA) community in Brazil struggling for the right to exist has its houses destroyed for the construction of the private port in the region by the WTorre construction company, in association with China Communications Construction Company (CCCC) Photo : Vias de Fato @Media Ninja

The deletion of collective territories and the digital redesign of land as private property through the Rural Environmental Cadastre (CAR) is evident: as of March 2019, only 6% of the territory available for cadastration (34.5 million hectares) in the CAR information system (SICAR) was acknowledged as indigenous land, quilombola territories and territories of traditional peoples and communities, although official data indicates that indigenous territories solely account for 117 million hectares or 13.7% of the national territory.19 20 However, although official government databases point out that about 43% of the country’s territory consists of private areas, 91% of it was declared private rural property in the land cadastre of the national rural registration system (SNCR), an increase of one third from 2016 to 2018, following the approval of the so-called “Land Grab Act”. 21 22

COLOMBIA – ORINOQUÍA
In 2016 Colombia created the zones of interest for rural, economic and social development (ZIDRES: Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social) so that public and vacant lands of any size could be granted by contract/concession and for an unspecified span of time to the agroindustry, breaking with what had been the norm until then, of privileging the allocation of public lands to the most vulnerable categories of people from the countryside, indigenous peoples, Afro-descendants and victims of the armed conflict. In addition to the subsidised land concession, economic operations based in the ZIDRES are the main recipients of development and funding benefits with privileged credit lines.23

Cattle in the «llanos». Credit: ©2011CIAT/NeilPalmer @Flickr

Of the approximately 7.2 million hectares (6.2% of the territory) authorised to be used as ZIDRES, 5.5 million hectares are in the Llanos Orientales or Orinochia (76.3%), of which 4.8 million are in Vichada (66%) and 2.3 million in Meta (32%), the main departments of the ecorregion.24 This has resulted in the establishment of an authentic market of public lands – of the baldíos de la Nación – in the region. The irregular accumulation of baldíos (wastelands) is especially intense in Orinochia, mainly in the region of Altillanura, considered the last agricultural frontier of Colombia and the place with the highest land concentration in the country, with properties extending on average beyond 10 thousand hectares.25

The registration of these extensive wastelands as private properties in the multipurpose cadastre – the electronic land information and georeferencing system in Colombia – lays the groundwork for the consolidation of private property over public lands and their insertion in the land market. Although the cadastre does not require property registration records and, therefore, cannot justify the issuance of titles that confer the right to own land, the World Bank is committed to the integration of cadastre and land registration systems, with funding of USD 100 million, through the IBRD, having as goal the digitisation of 100% of the country’s territory through the issuance of 67 thousand titles covering 1.5 million hectares by 2025.26
ARGENTINA – CHACO
Argentina has also been integrating territorial information based on geospatial precision technology, but unlike Brazil and Colombia, the spatial cadastre is already connected to the real estate registration system that issues property rights titles. Although the information contained in the cadastre and in the property’s registration documents must match, there is no general rule as to how to verify the origin of the title, the nature of the possession or the fulfillment of the social function of the land before validating the titles. Each province is allowed to define its own procedure for land regularisation and issuance of the cadastral certificate. This document constitutes, modifies or transfers property rights in the country.27 The national program of rural titling (ProntAR) also allows private property regularisation over public lands in favour of cooperatives and agricultural consortia that demonstrate peaceful and uninterrupted possession.
Argentina, Gran Chaco, Salta; Wichi girl herding goats. Credit : WestEnd61

Whereas those who do not have access to georeferencing technology are not entitled to a cadastral certificate and the title, the integration of geospatial information without proper analysis of the registration documents and of the nature of possession may end up endorsing the historic land grab of public lands, especially in favour of foreigners, given the deregulation of the limits to land access by foreigners that has been implemented since 2016 by the Macri government.28 Until 2017, 40,216.5 hectares received land titles and benefited 1,040 farmers (usually related to livestock production). In its report the government doesn’t clarify, though, whether those benefiting were small, medium or large farmers, individuals or legal entities, nationals or foreigners.29

Property titling is fundamental to the process of financing the rural credit system in Argentina, which has been mainly leveraged since the 2000s by the creation of trusts (fideicomissum) through investment funds. These then hold land as a guarantee, as well as by the issuance of securities on production, such as warrants, issued even in dollars and only to foreign actors.30 31 Between 2004 and 2008, the creation of temporary trust in the rural sector increased by 271%, and according to the 2018 Census, 208 trusts (fideicomissum) held 235 thousand hectares in the country. 3233
The expansion across Latin America of Argentinian mega-companies like Los Grobo was driven by the creation of trusts (fideicomissum). In turn, warrants with financial guarantees accounted for 87% of the certificates issued in 2018, representing around USD 806 million.
PARAGUAY – CHACO
Government incentives have been continuously promoting plots of land at bargain prices in the Paraguayan Chaco, either through credit policies or by the subsidised regularisation of the illegal land grab of public lands. Of the 7.8 million hectares of public land or those bought with the use of public budget from 1954 to 2003 and granted illegally in the country (the so-called tierras mal habidas), 80% are located in the Chaco region.34 On average, 4,600 hectares were allocated per person, mainly to politicians, local elites and military personnel.35
In 2014, with the support of the United Nations Development Programme (UNDP), the Land Resources Information System (LRIS) was created to identify the geographic and registration situation of the fiscal lands granted by the state and to update the situation of the 1,011 peasant colonies of the eastern region through the institute for rural and land development (INDERT) in order to initiate the procedures for the return of «wrongly held» lands (tierras mal habidas), according to article 47 of the Agrarian Statute. Although INDERT should verify the origin of the title, the type of occupation and the socio-environmental function of the land, as well as if the holder meets the criteria of an agrarian reform beneficiary to validate the registration at the georeferenced cadastre, INDERT considers legitimate those titles that have already been paid for, even irregular ones that have simply been registered on the SIRT cadastre.36
Construction of a new paved landing strip at the Infante Rivarola airfield , with access from the Transchaco Route. Credit : MOPC – Ministry of Public Works and Communications of Paraguay
The enrollment in the cadastre has served to cover up and legitimise wrongful titles and illegal possessions in the settlements, orchestrating an authentic digital land grab of the tierras mal habidas.37 Once dully titled and recognised, the lands “legally” obtained by this digital makeover are injected into the land market and end up backing up rural assets as debt guarantees in favour of foreign investors, the same that have historically dominated the agribusiness value chain in Paraguay.38 Backed by rural assets, it is through the capital market that financialised agribusinesses intend to transform the Chaco region into a zone of development and investment. To that end, investors envision turning the region into an international transport hub, which would triple to around USD 5 billion the annual value of the commodities transported through the Transchaco highway (Route number 9), the main export corridor for the region’s production to the port terminals in the Paraguay-Parana waterway.39
BOLIVIA – CHIQUITINIA (SANTA CRUZ AND BENI)
Although rough figures point to a greater land extension set apart for indigenous peoples and/or collective and community titles, about 70% of the best arable lands in the country are reserved and titled in favour of agribusiness companies, particularly international ones, located in the Chiquitania region.40 41
During the process of land redistribution and titling in Bolivia (saneamiento de las tierras), priority zones were identified. This was in the framework of the national land management project, financed by the World Bank (1992-1995) and associated with another project of the bank called Proyecto de Tierras Bajas del Este.42 43 These zones were meant to guarantee the right to property over those lands with the best agricultural potential in the country. The goal: to build an economic framework for the commercial production of soybeans for export. These priority zones were composed of areas under dispute in terms of possession and ownership, which were, therefore, supposed to carry out the Integrated Land Use Cadastre ( Saneamiento Integrado al Catastro, CAT-SAN), a modality that combines the registration of the property in public registries with the enrollment in a legal cadastre containing georeferenced information about the property, offering priority on property rights in the event of overlapping titles over the same area. Of the 2.5 million hectares identified as priority zones, 1.8 million are in Santa Cruz de la Sierra, according to the company INYPSA hired by the World Bank.44 45

Area affected by forest fires that destroyed hectares of forest in Robore, Bolivia, August 19, 2019. Credit : Santa Cruz Department via REUTERS

As a result of this program, there was an increase in titles given to medium-sized properties and agricultural companies, especially foreign ones. It is estimated that transnational companies like ADM, Cargill and Bunge, as well as financial actors such as the Venezuelan investment group Gravetal, control directly or indirectly (contract farming) about 60% of the most productive lands in Santa Cruz de la Sierra. 46 47 48

The individual titling of properties was essential to introduce arable land in the land market, considering that the Community Land of Origin (tierras comunitarias de origen – TCOs) and community properties cannot be commercialised; they cannot be sold or given as guarantee. Individual titling of properties was also essential if access to land was to be given to foreign companies, as the sale or assignment of public land to foreigners in Bolivia is prohibited. The individual private digitisation and titling program of fiscal lands (whether small, medium or large) was the first step towards facilitating the handover of land to foreign capital, either through sale or contract, and therefore establishing the special agribusiness investment zone in Chiquitania.
RESISTANCE OF TERRITORIES:
– Comprehensive land reform and collective territories against the commodification and financialisation of land, natural resources and the agro-food system. Collective territories, agrarian reform settlements (for a fixed period, usually over 10 years) and public lands are lands out of the real estate market, such as commodities, and the securities market, as assets in the financial market. As they cannot be sold, leased (with exceptions) or offered for debt enforcement by financial institutions, they are territories of resistance to the process of commodification and financialisation of land, resources and the food system.
 
– Access to land is not land regularisation. A constitutional and legal provision exists in all countries where these areas of agribusiness expansion exist, that allows the priority allocation of public lands to the collective territories of indigenous peoples and traditional communities, as well as to the beneficiaries of agrarian reform settlements.Before creating any land regularisation program based on the issuance of individual property titles, it is the obligation of states and multilateral funding agencies such as the World Bank to allocate public and private lands recovered due to irregularities to indigenous peoples, Afro-descendant communities, traditional communities and to those benefiting from agrarian reform.
– Land governance digitisation cannot generate property rights. Geo-referenced cadastres cannot be legal criterion to support the legality of titles registered in public registry offices or of land tenure. Otherwise, the process of land digitalisation risks turning into a real redesign of the surface focused on private property, opening the gates to a massive digital land grab.
– Prior to cadastres and titling, we must build binding systems of verification and constantly monitor the fulfilment of the social and environmental function of the land. The verification and monitoring of the compliance with the social and environmental function of the land, of the origin of the possession (non-violent) and of the validity of the titles registered based on the survey of the history of the chain of title, are that which allow public or private property, individual or collective, to be protected in any State, whether liberal or social.
– Digital land cadastres cannot be a requirement to access public policies and rural credit, at the risk of excluding from land those who do not have access to it, cannot pay for georeferencing or even register as a collective territory. The massive investment by the World Bank to enroll land in these cadastres as private property – whether small, medium or large – has contributed to the deletion of collective territories and their insertion in the land market.
– Private ownership of land does not mean ownership of the natural resources, called “environmental services”. Forests, native vegetation, water, biodiversity and their environmental functions are not part of the rural patrimony of the owner. In all Western democratic constitutions the environment makes up the core of human rights in regards to human dignity. This means that it is a non pecuniary asset, neither public nor private, protected by the legal regime of community property that cannot be appropriated (not even by state entities) and sold on the market like any other commodity. These environmental elements belong to no one. They are destined to all the present and future generations, especially to the traditional peoples and communities that protect them and have used them as a source of survival for thousands of years. The appropriation of these resources by the land owner or by financial titles excludes all, including future generations, from the equitable access to the means that enable life to grow, threatening life itself on the planet.
– Financialisation creates scarcity. The issuing of financial assets or securities on land ownership (or on parcels of land) and on community assets that do not comprise rural assets, such as environmental services (native vegetation, water and biodiversity) must be prohibited. The transformation of land as a value into shares aims to give liquidity to the financial market, placing land (or fractions of it) and its resources, such as crops and so-called «environmental services», in the hands of a few financial agents, who go on to control and speculate on land prices, carbon and biodiversity markets and on agricultural commodities, endangering the entire food system.
Furthermore, the commitment to leverage financing for environmental management through the financial market by issuing environmental assets (green bonds) leads to an even greater scarcity of environmental goods to be protected. Within the logic of supply and demand and the typical speculations of financial assets, the scarcer a commodity is, the higher its market value will be. In an extractive economy that causes scarcity of forests and native vegetation, through high rates of deforestation, scarcity of clean air, climate deregulation, and with increasing emissions of greenhouse gases, the green assets that these scarce natural resources represent will be increasingly valued in financial market. The higher the profit of the extractive economy of agribusiness and oil, the higher the profit of the financialised green economy, thus rendering it ineffective for the management of the environment. The appropriation and financialisation of land and natural resources are mechanisms that induce greater scarcity.
The collective stewardship of biodiverse lands by the world’s indigenous peoples, traditional and peasant communities for nearly 12,000 years is what has preserved the environment and the supply of food and nutritional diversity for all of humanity. Therefore, the real alternatives lie in keeping the essentials outside the realm of property and markets.
This report contains:
  • Map of Expansion Zones and Savannah Ecoregions
  • Map of logistics infrastructure in the expansion zones
  • Map of Corporations and Investment Funds in the Expansion Zones
  • Map of logistics infrastructure and agribusiness actors in areas of expansion
  • Table detailing the map features
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Acknowledgments: Junior Aleixo, PhD researcher at the Postgraduate Program of Social Sciences in Development, Agriculture and Society (CPDA/GEMAP/UFFRJ), who collaborated with data and the review of the report; Eduardo Barcelos, professor at the Instituto Federal Baiano (IFBAIANO), responsible for the cartography/maps in the report.
 
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1 The GINI index measures the degree of inequality in the distribution of access to land between landowners/land occupiers in a given region and period of time. “Zero” indicates maximum equality of access to land and “one” indicates maximum inequality. Thus, the index measures the relative inequality between those who own the land and not its concentration, excluding landless workers, for example. Only recently have countries’ census begun to include categories of collective land possession and ownership, such as the indigenous territories as well as the territories of Afro-descendant and traditional communities, which has also masked census data.
2 OXFAM, Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en America Latina , 2016, p.25. Available at: https://www.cpalsocial.org/documentos/320.pdf
3 This figure does not take into account the non-agricultural uses of these lands, such as mining, infrastructure, human settlements and areas of environmental protection. In FAO and Fischer et al.(2000) Perspectivas por sectoresprincipales. 2000 in Agricultura Mundial: hacia los años 2015/2030. Available at:http://www.fao.org/3/y3557s/y3557s08.htm
4 Meanwhile, FAO projects the growth of around 70 million hectares in the world by 2050, with an increase of 132 million hectares in developing countries, especially in Latin America and Sub-Saharan Africa, and a decrease of 63 million hectares in developed countries. In Nikos Alexandratos y Jelle Bruinsma, World Agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision. Rome: FAO, 2012 2012. P. 10-12.Available at:http://www.fao.org/3/a-ap106e.pdf
5 Cargill, ADM and other companies showed in their 2020 reports that almost 100% of the soybeans bought in Brazil and in the MATOPIBA region come from zero deforestation zones. Two main problems: 1. Identifying sustainability only by the absence of deforestation; 2. Adopting the parameters of “legal” deforestation of the Forest Code, which legalised illegal deforestation carried out until 2008 with the adhesion to CAR (self-declaratory) – this concerns 29 million hectares throughout Brazil and permits for more than 88 million hectares of legal deforestation. Therefore, compliance with the Forest Code means granting forgiveness for years of illegal use of property. Please check the 2020 Cargill’s report, which uses CAR as a synonym for legalised ownership: https://static1.squarespace.com/static/5b48c2572487fdd7f1f29d1c/t/5cb0af23e2c483e4f71058ba/1555083 ; https://www.cargill.com/doc/1432166466608/soy-progress-mid-year-report-2020-en.pdf045257/DP_Monitoring_Web.pdf and ADM’s report available at: https://assets.adm.com/Sustainability/2019-Reports/2019-Soy-Progress-Report.pdf. Accessed on 11 September 2020.
6 Blockchain has been literally built as a blockchain that records the information of all transactions in a cashbook on a permanent manner (impossible to be undone), capable of being tracked by users, which would provide a reliable, secure digital infrastructure to ensure the step-by-step compliance of global value chains. Microsoft and IBM are developing it.
7 Landers, 2001, p.39 in Diana Aguiar, As veias abertas para a expansão do capital: tensões territoriais no projeto de transformação do Tapajós em corredor logístico.UFRJ.2019, p. 84.
8 United States Department of Agriculture. Foreign Agricultural Service. Brazil’s Latest Agriculture Frontier in Western Bahia and Matopiba. 26 July 2012. Available at: https://ipad.fas.usda.gov/highlights/2012/07/Brazil_MATOPIBA/
9 In 1975, the Cerrado region accounted for 9% or 540 thousand hectares of the soybean production in the country, whereas 20% of the area corresponded to corn, 22% to cotton and 25% to sugarcane. In 2015, these numbers jumped to 52% or 17.4 million hectares of soybean production; 49% corresponded to corn, totalling seven million hectares; 98% to cotton production; and 49% to the sugarcane production, totalling five million hectares. In EMBRAPA, INPE & IPEA. Dinâmica Agrícola no Cerrado. Análises e projeções. 2020 p. 42 e 44 -45. Available at: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/212381/1/LV-DINAMICA-AGRICOLA-CERRADO-2020.pdf
10 ADM, Bunge, Cargill and Louis Dreyfus.
11 Cofco Agri is a branch of the Chinese state-owned corporation Cofco International, a producer and trader in the global supply chains of grains, oil seeds, coffee and sugar. The conglomerate bought 100% of Noble Agri’s capital and currently controls Nidera’s plants, silos and warehouses in South America. Available at: https://www.cofcointernational.com/
12 “Harvard’s land grabs in Brazil are a disaster for communities and a warning to speculators”, 2020. Available at:https://grain.org/e/6456
13 Brookfield Asset Management is a Canadian investment fund that has been in Brazil for about 120 years, place where its first investment plaza was established.
14 Mitsui is one of the most important conglomerates in Japan. They operate in the agro-food chain and in financial services. In Brazil, they invest in land through a joint venture with SLC Land Co.; more specifically, in two farms located in São Desidério (BA) and Porto dos Gaúchos (MT). They also control Agrícola Xingu S/A, which also owns land in São Desidério (BA).
15 Mitsubishi Corporation is represented in Brazil by its subsidiary Agrex do Brasil. It acts as producer, supplier of agricultural inputsand landowner in the states of Maranhão, Tocantins and Piauí, accounting for 28 thousand hectares. Available at: http://www.agrex.com.br/nossos-negocios/producao-agricola
16 Pátria Investimentos has land in the states of Bahia, Tocantins and Mato Grosso. It also manages the Miritituba port in Itaituba (PR) through the company Hidrovias do Brasil and has the concession for expansion of highway BR 163, which connects Sinop (MT) to Port, it also has investments from Temasek, a Canadian investments fund, and from the International Finance Corporation, the investments branch of the World Bank.
17 According to the CCR report, these financial funds controlled 868,488 hectares of land in the Matopiba region, although it is known that these figures are underestimated.
18 According to information from the Ministry of Economy, in 2019 alone there were approximately R$ 160 billion invested in LCA, R$ 40 billion in CRA and R$ 9 billion in CDCA. In Junior Aleixo, “A Lei do Agro e a busca por uma ‘nova safra de proprietários”. Available at: https://jornalggn.com.br/desenvolvimento/a-lei-do-agro-e-a-busca-por-uma-nova-safra-de-proprietarios-por-junior-aleixo/
19 “Regularização ambiental e fundiária tensionam pela massiva privatização das terras públicas e territórios coletivos no Brasil”, 2019. Available at: https://grain.org/e/6219
20 Data from the Fundação Nacional do Índio (Funai, Brasil). Available at: http://funai.gov.br/index.php/indiosno-brasil/terras-indigenas. Accessed 29 April 2020.
21Sparoveck et al. “Who owns Brazilian lands? Land use police 87”, 2010. Atlas da Agropecuária Brasileira (Imaflora/Geolab/Esalq). Available at: www.imaflora.org/atlasagropecuario.
22 Paul Alentejano, “O mistério do crescimento exponencial das terras cadastradas no Incra e a MP 910: prenúncio de um crime em andamento”, Outras Mídias, May 5, 2020.: https://outraspalavras.net/outrasmidias/alerta-grilagem-de-terras-dispara-no-pais/. Accessed on 11 September 2020.
23 The ZIDRESs cannot or could not be established on priority areas such as the entitled indigenous reserves or the areas in the process of entitlement, collective territories of black communities, peasant reserve zones, and strategic ecosystems, natural parks and wetlands. However, UPRA considered the reserves delimited and approved by ANT, excluding the other areas claimed. In Áreas de referencia para identifición de ZIDRES, Metodología para estimación indicativa, UPRA, 2018. P. 38-39. Available at: http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/handle/11438/8641
24 The Zidres also reach 5.5% of the area of the department of Casanare (404.4 ha) and 3.7% of the area of the department of Arauca (268.5 ha). Ibid. p. 85-87.
25 Atillanura is a sub-region of Orinoquia, comprised by the municipalities of Puerto López, Puerto Gaitán and Maripiripán in the department of Meta, and La primavera, Cumaribo, Puerto Carreño and Santa Rosalía in the department of Vichada. In this sub-region, family agricultural units (UAFs), the minimum unit of the rural property, can reach 1,300 hectares.
26 Project No. 165294 Available at: https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P162594. See alsohttps://www.larepublica.co/economia/el-recaudo-municipal-subira-27-billones-con-el-nuevo-catastro-multiproposito-2902917Accessed on 11 September 2020.
27 The cadastre becomes the legal foundation for the issuance and legitimacy of property titles in the country in accordance with Act 26,209/2007.
28 Decree 820/16 amended Act 26,737/2011 and eased the former criteria by excluding from the limitation of access to land by foreigners lands under usufruct, surface, use, dwelling and antichresis. Rural properties located in areas considered “Industrial Zones’ or that develop renewable energy production projects are also no longer subject to the limitations of acquisition by foreigners, opening thus to the international market the “green transition” economy. In addition, only companies that have more than 51% of their capital controlled by foreign companies are considered foreign. The previous limit was 25%.
29 Informe de gestión 2016-2017. Dirección Nacional de Tierras y Unidades Agropecuarias. Available at: https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/tierras/informe_de_gestion/180803_informe_de_gestion.pdf
30 Fiduciary property is a temporary property on behalf of the fiduciary creditor (usually banks and, most recently, investment funds) usually in exchange for real estate funding (widely used in construction). Act 24,441/94 allowed the creation of temporary legal entities by investment funds, who now detain rural assets as loan guarantees to leverage investments in the agribusiness sector. In S. Frederico; C. Gras, “Globalização financeira e land grabbing: constituição e translatinização das megraempresas argentinas”. In J. A. Bernardes et al., (orgs.), 1º Edition. Globalização do agronegócio e land grabbing: a atuação das megaempresas argentinas no Brasil. Rio de Janeiro: Lamparina, 2017. p. 11-32 .
31 Issued by any farmer who owns rural production, including in dollars. They are more common during the soybean harvest, from May to June, and are regulated by Act 9,643. Available at: https://www.warrantsnet.com/port-warrants-1.html. Accessed on 11 September 2020.
32 D. Fernández, “Concentración económica en la región pampeana: el caso de los fideicomisos financeiros”, Mundo Agrario, v. 11, n. 21, 2010.
332018 National Agricultural Census, which refers to the reference period that dates from 1 July 2017 to 30 June 2018. Available at: https://cna2018.indec.gob.ar/informe-de-resultados.html P.91
34 Among the irregularities, the attribution to people who do not meet the requirements of beneficiaries of the agrarian reform, as well as the titling of more than one parcel per beneficiary, resulting in entire soybean agrarian colonies with irregular titles.
35 Paraguay’s truth and justice commission (CVJ) pointed out that, during the regime of dictator Alfredo Stroessner, agrarian reform lands were illegally allocated, mainly by and for politicians and the military personnel. Among the beneficiaries, Carlos Casado’s S/A group was the most emblematic one, accumulating a total of 6 million hectares in the region. In Comisión de Verdad y Justicia Paraguay (2008). “Informe Final: Tierras Mal Habidas”. Tomo IV. Available at: http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/paraguay/Informe_Comision_Verdad_y_Justicia_Paraguay_Conclusiones_y_Recomendaciones.htm. The Truth Commission report would be delivered to President Lugo, deposed from office in August 2008, and the Attorney General’s Office and the Ministry would have started the procedures to recover the “tierras mal habidas”; however, until today, no illegal title has been declared void and no property has been recovered, nor were political and institutional leaders sentenced.
36 Inés Franceschelli. “Bajo el manto de la modernidad, se oculta mejor el histórico despojo”. BASE-IS http://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2016/04/Bajo-el-manto-de-la-modernidad-.pdfAccessed on 11 September 2020.
37 A bill for land registration is under discussion in the country in order to create the national system for public cadastre enrollment and registration (SINACARE). It was submitted by the rural sector without any debate with society and, as takes place in Brazil, it aims at facilitating the regularisation of public land as private property. BASE-IS, August 2020. Available in: https://www.baseis.org.py/ley-de-registro-unico-de-tierras-las-trampas-del-mercado/.Accessed on 11 September 2020.
38 Paraguay Agricultural Corporation (PAYCO), for example, is the result of investments made by the German Investment and Development Corporation (DEG) with RíoForte, the financial branch of the Portuguese group Espiritu Santo, and now has direct ownership over 136 thousand hectares of land throughout the country, as well as over 11 thousand hectares obtained through lease agreements. Available in : http://payco.com.py/#/es/presencia_en_paraguay
39 The highway was funded by the US Mennonite Central Committee. Available at: https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2019/07/22/paraguai-quer-transformar-regiao-do-chaco-em-hub-de-transporte.htm. Mennonite cooperatives own approximately two million hectares in the Chaco region and, together with the Uruguayans and the Brazilians, they dominate the milk and meat sectors. Association of Mennonite Colonies of Paraguay (ACOMEPA). Available at: http://acomepa.com/. Accessed on 11 September 2020.
40 According to INRA data about titled land in the country: 28% corresponds to indigenous territories (TCO – Community Land of Origin); 27% corresponds to community ownership by peasants and intercultural communities; 14% corresponds to average properties and agricultural companies; and 31% to public fiscal lands. Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA/2018).
41 66% of the country’s arable land is in the Chiquitania and 70% in the department of Santa Cruz de la Sierra. In Agricultural Census, 2013, Bolivia. La Paz, Bolivia: National Institute of Statistics, 2015. Available at: http://censosbolivia.ine.gob.bo/censofichacna/. See also: «Denuncian ‘descarada’ privatización de las tierras fiscales en favor del agro cruceño», 2020. Available in:http://www.ftierra.org/index.php/tema/tierra-territorio/934-denuncian-descarada-http://www.ftierra.org/index.php/tema/tierra-territorio/934-denuncian-descarada-privatizacion-de-tierras-fiscales-en-favor-del-agro-cruceno. Accessed on 11 September 2020.
42 Technical and financial cooperation from the World Bank for the preparation of the national land management project (PNAT) from 1992 to 1995, responsible for creating and operating INRA and executing CAT-SAN to consolidate about 3 million hectares with successive credits of USD 24.7 million and 7.5 million. In: COLQUE; INK and SANJINÉS. Segunda Reforma Agraria: una historia que incomoda. Fundación Tierra. 2016, p. 141-150. Available at: http://www.ftierra.org/index.php/publicacion/libro/151-segunda-reforma-agraria-una-historia-que-incomoda
43 A funding worth USD 50 million by the World Bank and the Inter-American Development Bank (IDB) to expand soybean production in Santa Cruz de la Sierra, which included the construction of productive and transport infrastructure as well as rural credit mechanisms and land use plans. In Enrique C. Balliván, “Empresas Transnacionales em el agronegócio soyero”. Fundación Tierra. 2017, p.18-19. Available at: http://www.ftierra.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=169&cf_id=52
44 This modality would be required for areas: i) with technical and/or legal irregularities in agrarian procedures; ii) under conflict over property rights; iii) with evidence of non-compliance with the economic and social function of the land; iv) under land possession but without title; and v) executing projects of public interest. In: Op.cit. Colque et al. 2016, p 149-150. CAT-SAN gained approximately USD 70 million from international cooperation as well as external credits from the World Bank, the Inter-American Development Bank, the Nordic Development Fund, USAID, among others. The funding was granted to foreign companies that were the main executors of the land titling program, using georeferencing technology and measuring parcels by satellite imagery.
45 Spanish company specializing in planning management as well as in geoinformation and georeferencing service. It carried out the digitization to adjudicate two million hectares through CAT-SAN in Santa Cruz and La Paz. In Colque et al. op. cit. 2016. p.147.
46 Enrique C. Balliván, 2017, op.cit., p. 25 -28.
47 In contract farming, both land and labour are subordinated to the global commodity chain through production contracts signed with the major traders of the sector. In addition, the contract also entails the acquisition of certain inputs, usually imported, with the application of intellectual property, such as fertilizers, pesticides, and conventional and transgenic seeds. Pesticides and seeds usually represent the most relevant part of operating costs, reaching 60% of costs in Bolivia.
48 Comunicaciones Aliadas, “Bolivia: Acelerado proceso de extranjerización de tierras,” 14 August 2018 : https://www.farmlandgrab.org/28372. Accessed on 11 September 2020.
Source and Image: https://grain.org/en/article/6529-digital-fences-the-financial-enclosure-of-farmlands-in-south-america
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Una izquierda brasileña que se resiste a unirse para derrotar al fascismo

Por: Aram Aharonian*

 

En un Brasil jaqueado por el coronavirus, la crisis económica, social y sanitaria, y gobernado por el ultraderechista Jair Bolsonaro y su cohorte de militares y grandes empresarios bendecidos por Washington, el abanico progresista aparece fraccionado de cara a las elecciones municipales del 15 de noviembre, antesala de las presidenciales de 2022.

Las municipales iban a ser en octubre, pero el Congreso aprobó una enmienda constitucional por la pandemia para posponerlas al 15 de noviembre. Para los analistas, los comicios serán una forma de medir hasta dónde llega el declive de una izquierda, que debe enfrentar en sus bastiones tradicionales –como Rio de Janeiro- al discurso social de los poderosos partidos evangélicos, sostén de la ultraderecha.

El escenario político para estas elecciones permanece sombrío y amenazador para las fuerzas progresistas en casi todo Brasil. Una nueva derrota, aun si fuera menor a la de 2016 ocurrida después del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, podría ser aún más devastadora para los próximos años.

Pero hay candidatos de sectores progresistas locales que tienen “asegurada” su elección, y no parecen interesados en buscar la unidad en estas instancias municipales.  “No hay unidad en la izquierda. Cada uno va a la suya”, según Carlos Siqueira, presidente del Partido Socialista Brasileño (PSB), sintetizando el  intento frustrado de seis partidos de unificar los discursos en contra de Bolsonaro  en las elecciones municipales. “Tenemos convergencias de pensamientos, pero con relación a la disputa electoral, no conseguimos unirnos”, apuntó Luciana Santos, presidenta del Partido Comunista de Brasil (PCdoB).

El grupo, integrado por los líderes legislativos del Partido de los Trabajadores (PT), del Partido Socialista Brasileño (PSB), del Partido Democrático Laborista (PDT), del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y del partido Red de Sostenibilidad (REDE)  estuvo trabajando unido en el Congreso e intensificó las negociaciones para repartirse los mítines en las 92 mayores ciudades de Brasil, ante la posibilidad de ir a una segunda vuelta.

Los motivos que impiden forjar esa alianza contra Bolsonaro son el desinterés del Partido de los Trabajadores de renunciar a su hegemonía en la oposición, las disputas políticas internas en cada municipio y la preocupación de las formaciones más pequeñas por tener una base de apoyo propia para las legislativas de 2022, cuando aumentará el mínimo de votos necesarios para seguir existiendo como partido.  Sólo recibirán financiación pública y publicidad gratuita aquellos que consigan un 2% de los votos válidos a nivel nacional en un tercio de los Estados, con un mínimo del 1% en cada uno, o consigan al menos 11 diputados distribuidos en nueve Estados.

“El gran problema del PT es su cultura hegemónica. Solo piensa en sus candidatos”, señaló Carlos Lupi, presidente del PDT, apuntando directamente a Luiz Inacio Lula da Silva, quien gobernó por dos períodos y que fue preso –sin prueba alguna-  por el lawfare de una justicia más corrupta que la transnacional Oderbrecht con el solo fin de impedirle participar en las elecciones y dejar el camino libre al neofascista Jair Bolsonaro. Claro, antes se produjo el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff.

Informe preelectoral: elecciones municipales en Brasil — CELAGEn su reciente mensaje a los brasileños. Lula los llamó a encolumnarse detrás: “Sé, ya sabes, que podemos, nuevamente, hacer de Brasil el país de nuestros sueños. Y decir, desde el fondo de mi corazón: estoy aquí. Reconstruyamos Brasil juntos. Aún nos queda un largo camino por recorrer juntos. Manténte firme, porque juntos somos fuertes. Viviremos y ganaremos».

El exgobernador de Paraná, Roberto Requiao fue más allá y, propuso retomar algunos temas esenciales como la nacionalidad y la soberanía, y manifestarse contra la privatización y entrega de las empresas estratégicas, la recolocación del Banco Central al servicio del desarrollo del país y no de la especulación financiera y, sobre todo, la propuesta de un plan de acción mínimo que una a todos los brasileños.

Requião exigió un plan que incluya un referendo revocatorio de todas las medidas antinacionales, antipopulares y antidemocráticas aprobadas desde el golpe de 2016, medidas de emergencia para la creación a corto plazo de millones de empleos, salarios y pensiones dignas, recuperación de los presupuestos para la salud, educación, vivienda popular, saneamiento básico e infraestructura, y una política en defensa de la Amazonia.

El 22 de septiembre, Lula atacó el discurso de Bolsonaro en Naciones Unidas, lanzando un proyecto de reconstrucción del Brasil, en especial en lo referente a la educación, la salud, las relaciones internacionales, comercio exterior, industria y empleo, y cultura.  Pero el PT ha decidido que necesita tener el mayor número posible de candidatos para poder defenderse. “El PT necesita tener voz. Hablar de su legado, de las experiencias que ya ha tenido en las administraciones municipales, para defenderse de los ataques”, afirmó la presidenta del partido Gleisi Hoffmann. “Desde 2013, las fuerzas de derecha han intentado anular al PT. En un frente, es más difícil hacer una defensa individual”, agregó.

“No pueden querer que el PT renuncie a esa grandeza que le dio el pueblo a cambio de nada. O tiene un candidato más grande que el PT o no tiene ninguna posibilidad”, dijo, por su parte, el expresidente Lula. En estas elecciones, el PT presentará candidatos en 1.531 de los 5.570 municipios de Brasil que, juntos, representan el 60% de la población. En 2016, las últimas municipales, el PT presentó 993 candidatos.

Los analistas de la izquierda se preguntan si queda tiempo para impedir un nuevo desastre en estos comicios. Forum 21 señala que la sociedad brasileña está siendo empujada a un ciclo de violencia política, que la truculencia en el poder anuncia e incentiva. El empeño liberal de la centroderecha en exagerar moderación en el caos y en la represión, apenas robustece ese riego con una tónica de complicidad, añade.

Aún hoy, el líder más fuerte del progresismo sigue siendo Lula y aunque tenga una imagen negativa alta, no habrá un gran acuerdo sin su aval ni su colaboración. Pareciera que separar a las izquierdas del lulismo es misión imposible. Por eso mismo, parece difícil la constitución de un frente electoral de izquierda en las municipales aunque quizá se logren acuerdos para la segunda vuelta (hay ballotage en los comicios para los alcaldes).

Obviamente, la fragmentación de la izquierda fortalece el proyecto autocrático y neofascista que se viene implantando en Brasil. Revertir la ruta neoliberal y neofascista y repolitizar la agenda del desarrollo económico-social, secuestrada integralmente por la “razón del mercado”, requiere que las ideas progresistas demuestren pertenecer al mundo real a través de la acción, alertó Forum 21.

Cambia, todo cambia. 

KELP.cl | Portal en español sobre graffiti meets design™ desde 2004Los vientos progresistas en Brasil se han convertido en brisas dispersas. Quedaron lejanas las victorias de cuatro elecciones presidenciales consecutivas, de triunfos en gobiernos de las ciudades más importantes como Rio de Janeiro, Sao Paulo o Belo Horizonte.   Lo cierto es que la mayoría de las izquierdas, incluídas las fuerzas  más influyentes, viene subestimando a Bolsonaro desde 2017, pero no se han animado a hacer una autocrítica de la gestión de 13 años de gobierno, partiendo de la desmovilización de los movimientos sociales y la cooptación de sus dirigentes para cargos públicos, abandonando la calle a manos de la derecha.

Aquel poder político del abanico progresista, -desde el centro, pasando por el partido de los Trabajadores hasta las organizaciones más radicales- parece haber quedado en el pasado. Hoy la izquierda –o mejor dicho el progresismo, que no es lo mismo ni es igual- está en la oposición no sólo a nivel federal sino también en los gobiernos de los principales estados y ciudades.

La combinación de varios factores, como la cuestión ética que acompañó el derrumbe del Partido de los Trabajadores (PT) -que gobernó sucesivamente con Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff por cuatro períodos- un sistema electoral centrífugo y un gobierno federal que potencia a los gobernadores, dejan poco margen para un progresismo que está lejos de los principales cargos ejecutivos.

Una de las razones es la nueva ley electoral aprobada en 2017, que impide la formación de coaliciones electorales en elecciones para cargos legislativos municipales, estatales y federales. Esto ha dificultado la coordinación entre los grupos: cada uno quiere imponer su candidato. Es difícil entender la falta de coordinación en un momento en que la Presidencia está ejercida por un político de extrema derecha”, señala el doctor en Ciencia Política y profesor de la Fundación Getulio Vargas, Octavio Amorim Neto.

Otra razón para el fraccionamiento es la disputa por la hegemonía, en un momento en que el PT está en declive, lo que ha acelerado la competencia entre éste y las otras dos grandes fuerzas progresistas: el Partido Democrático Trabalhista (PDT) y el Partido Socialista Brasileiro (PSB).  Hay que añadir la mala relación entre Lula y el líder del PDT, Ciro Gomes (quizá el referente más nítido), desde que el primero rechazó apoyar la candidatura presidencial del segundo. Gomes, exministro, exdiputado y exgobernador de Ceará, dirige un partido personalista, donde todo el poder recae en él y en su hermano.Elecciones brasileñas: Ciro Gomes, férreo opositor a privatizaciones - BNamericas

El otro referente en ascenso de la izquierda es el senador Randolfe Rodrigues (del despoblado estado Amapá) , de la ambientalista Red Sustentabilidade, con escasa proyección nacional y poca estructura fuera de su región.

Los analistas llaman la atención  sobre el futuro de la izquierda en el Partido Socialismo e Liberdade (PSoL), que viene recogiendo a muchos desencantados del PT. Allí surge el liderazgo de Flavio Dino, gobernador de Maranhão y miembro histórico del Partido Comunista. Dino, exjuez que logró echar a la familia Sarney del poder de su estado, insiste en la construcción de una gran coalición de izquierdas.

La pérdida de la calle

Los medios hegemónicos se abstienen de difundir la información de los grupos progresistas: los invisibilizan. Y es que durante tantos años de gobiernos del PT poco se avanzó en la democratización de la comunicación. La izquierda teme hablar de democracia participativa y busca eslogans que puedan calar publicitariamente en la población.

Pero tampoco es que éstos hayan presentado programas y propuestas que tengan que ver con la vida cotidiana y el futuro de los ciudadanos, como trabajo, educación, salud, vivienda, saneamiento, acceso al agua, apoyo a las minorías, defensa del medio ambiente –la Amazonia y el pantanal, incluídos-, presupuesto participativo, formación de concejos de ciudadanía, entre otras temas.

La crisis social es inmensa. La parte de la población económicamente activa con contratos de trabajo se limita a menos de la mitad: poco más de treinta millones en el sector privado y doce millones en la administración pública. Otros cuarenta millones no podrían ni siquiera sobrevivir sin el apoyo del Estado.

La resolución del Directorio del PSOL sobre las elecciones abre un camino peligroso - Izquierda Web

Quizá, el análisis del liderazgo progresista fue que la combinación de una calamidad humanitaria y una crisis económica dejaría debilitado al gobierno bolsonarista. Con unos 145 mil muertos por el covid-19, decenas de millones de desempleados, una grave crisis social y, por lo tanto, una oportunidad, pensaron. Este pronóstico se confirmó durante los primeros cuatro meses. Pero en el último mes, la situación ha cambiado, y Bolsonaro se ha recuperado.

El desafío es averiguar porqué la mayoría de la clase trabajadora organizada, ancla social del PT desde los años 1980, no se movilizó para defender el gobierno de Dilma Rousseff. Como resultado, la izquierda moderada abrazó la táctica quietista de apostar para derrotar a Bolsonaro en las elecciones de 2022, calculando que se acumularía un desgaste inevitable, señala Valerio Arcary, miembro de la Coordinación Nacional de Resistencia, tendencia del PSOL.

La simple respuesta de la izquierda radical es que Bolsonaro fue, esencialmente, un accidente electoral: las fuerzas de la clase trabajadora estarían intactas, y el derrocamiento de Bolsonaro está aún por construirse, porque falta la disposición de las direcciones más influyentes. Lo preocupante son las dificultades para aceptar que se enfrentan a una fuerza política neofascista de base social.

Con la pandemia, las posiciones de Bolsonaro convirtieron la crisis sanitaria en una crisis política al despreciar la gravedad de la pandemia, mientras aprovechaba para incorporar al gobierno a miles de oficiales de las Fuerzas Armadas; forzar la renuncia del ministro de Justicia Sergio Moro (eventual competidor como candidato presidencial), y favorecer las movilizaciones que propugnaban un autogolpe.

La pandemia también significó la imposibilidad de la izquierda de contar con movilizaciones masivas en las calles mientras se producía la naturalización de la pandemia, especialmente entre los partidarios de Bolsonaro, al menos a un tercio de la población (más hombres que las mujeres, más mayores que jóvenes, más entre los menos educados que los más educados), y más en el sur que en el noreste.

La banalización de la pandemia, manejada por los medios hegemónicos de comunicación, refleja la tendencia a quitarle a los gobiernos la responsabilidad de la calamidad sanitaria, a la par de una presión para reactivar la actividad económica, mucho más intensa entre los propietarios de pequeñas empresas y los trabajadores informales y una fatiga por la cuarentena después de seis meses y ansiedad por volver a una rutina de vida normal.

Éste no es un ensayo

Hay quienes entiendan que el PT insistirá en la polarización contra los bolsonaristas como un ensayo para las elecciones generales de 2022. Para el politólogo Leandro Consentino, “al PT la polarización le va muy bien. Bolsonaro y el PT son mejores amigos cuando se trata de mantener el statu quo”, mientras que Valdir Pucci, de la Universidad de Brasilia, señala que “tanto el PT como Bolsonaro ven en el otro el enemigo capaz de aglutinar a sus huestes”.

Hay otros, como Pedro Ivo Batista, portavoz  de la Red de Sostenibilidad, que sostienen que lo ideal sería que los partidos progresistas se unieran ya en la primera vuelta. “Brasil nunca ha tenido un gobierno neofascista como éste. Lo ideal sería unirse más para evitar este peligro de fuerzas totalitarias”.

Polarização com Bolsonaro explica alta rejeição de Marina, diz porta-voz da RedeQuien no está de acuerdo con la tesis de que este año será un ensayo del 2022, es el presidente del PSOL, Juliano Medeiros, quien prefiere verlo como un termómetro. “El fortalecimiento de la oposición y el debilitamiento electoral del bolsonarismo, por ejemplo, no garantizan la derrota de la extrema derecha en 2022, pero indican un escenario más favorable para las fuerzas populares”, analiza.

Los indígenas

El avance de las invasiones a tierras indígenas, la deforestación, el acoso a organismos públicos como la Fundación Nacional Indígena (Funai) por parte de ruralistas como el secretario de Tierras Nabhan García y la pandemia del covid-19 que los sigue diezmando, son algunos de los escenarios que preocupan a los pueblos originarios .

En un contexto de amenazas y muchas veces desligados y olvidados por el progresismo, los candidatos indígenas comenzaron a movilizarse en todo el país para las elecciones municipales. este año.

La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) reunió virtualmente a cientos de precandidatos indígenas y presentó una plataforma de apoyo a las postulaciones, coordinada por Mídia Ninja. El objetivo es reunir a candidatos indígenas de todos los sectores progresistas y apoyarlos con cursos de capacitación en política, herramientas de comunicación y otras estrategias para ayudar a construir campañas democráticas y diversas.

Los pueblos indígenas de Brasil encabezan la protesta mundial del “Enero Rojo” - Survival InternationalEn las elecciones municipales de 2016, el número de candidatos indígenas correspondió al 0,35% del total, según el balance del Tribunal Superior Electoral . De los 496,900 candidatos para las elecciones de ese año, solo 1,700 eran indígenas. Con la preparación de las precandidaturas, Apib espera que este número de candidatos a concejales, alcaldes y vicealcaldes sea mucho mayor en las elecciones municipales de 2020.

 De cara al 2022

La expectativa de los representantes de la izquierda es que la frustrada unificación en la primera vuelta ocurra en la segunda etapa de las elecciones. Queda por ver quiénes quedarán cuando llegue ese momento.

De cara a 2022, podría haber una coalición electoral en caso que el PT perciba que corre riesgo de no llegar a la segunda vuelta, como lo ha hecho siempre desde 1989, y que Bolsonaro tenga gran posibilidad de ser reelegido.

Quizá el PT apoye a un candidato de otro partido, para – incluso perdiendo la elección – seguir siendo un actor relevante de la política. Pero para eso el PT deberá renovarse y sustituir a Lula (que ya tiene 74 años) por alguien más joven y moderno.

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) y susrysurtv.

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Argentina: Cuatro décadas de tomas de tierras

Por: Raúl Zibechi

Las tomas organizadas de tierras urbanas o periurbanas comenzaron bajo la dictadura militar, como respuesta a la ofensiva para expulsar a las familias villeras de Buenas Aires, para abrir amplios terrenos céntricos a la especulación. El sacerdote Raúl Berardo, impulsor de las primeras tomas, me relató al calor del levantamiento de diciembre de 2001, cómo fue aquel proceso.

Las primeras tomas de tierras se produjeron en Quilmes y Almirante Brown, entre setiembre y noviembre de 1981, dando origen a la formación de seis barrios: La Paz, Santa Rosa de Lima, Santa Lucía, El Tala, San Martín y Monte de los Curas. En esas tomas participaron unas 4.500 familias y 20.000 personas, ocupando un espacio de 211 hectáreas. «En ese momento le llamamos ‘asentamientos’, como recuerdo del pueblo judío que saliendo de la esclavitud del faraón, se ‘asentaron’ en el desierto al cruzar el Mar Rojo, para luego marchar a la Tierra Prometida», sostuvo el padre Berardo en una larga conversación en su casa en el invierno de 2002.

A diferencia de lo que sucedía en las villas, estas ocupaciones son masivas, organizadas y planificadas, se buscan terrenos fiscales y se suele ocupar de noche para disminuir la intensidad del conflicto y resistir mejor la presión y la represión. Cada familia se asienta en un lote, se realiza el trazado de las calles (dándole continuidad al trazado urbano) y se dejan libres los espacios para el equipamiento comunitario.

Esta forma de lucha pudo consolidarse no sólo por el trabajo previo, sino también por el momento en que se lanzaron las ocupaciones. En 1981 el régimen militar estaba en retirada y debilitado, cuestionado internacionalmente por las violaciones a los derechos humanos y contestado también en el país por las Madres de Plaza de Mayo, que contaban cada vez con mayor apoyo popular. La represión ya no se manifestaba con la brutalidad de años atrás, los espacios para la acción colectiva eran mayores.

Antes de llegar a la ocupación, se realizaban talleres de debate y formación, se hablaba de la “tierra prometida”, en el mismo sentido que lo hacían en ese momento las comunidades de base en Brasil (donde se realizaban las primeras ocupaciones de lo que más tarde sería el movimiento sin tierra, impulsadas por la Pastoral de la Tierra), en las que participó Berardo meses antes de llegar al conurbano.

En el invierno de 1981 el régimen prohibió la Marcha del Hambre convocada por las comunidades de base y la CGT de Quilmes (donde sectores críticos eran mayoritarios), registró un dramático empeoramiento de las condiciones de vida de los más pobres. El obispo Novak expresó que toda la zona era “una verdadera ciudad sitiada por el hambre”, como recoge el libro Las tomas de tierras en el sur del Gran Buenos Aires, de Inés Izaguirre y Zulema Aristizábal.

El cerco policial, el hostigamiento, las enfermedades, en suma, los enormes sufrimientos, los convierten por un tiempo en una “comunidad de destino”, fuertemente cohesionada en un momento en el que no había ningún dispositivo de cooptación por parte del Estado ni de los partidos políticos, perseguidos por la dictadura.

Los vecinos estuvieron sitiados por militares y policías unos seis meses. Vivían en carpas y no se les permitía acarrear agua, comida. El cerco policial se levantó cuando terminó la guerra de Malvinas y eso llevó a que el barrio se bautizara como 2 de abril, día en que se convocó una asamblea de las quinientas familias para definir el nombre.

Ese primer asentamiento de miles de personas, en plena dictadura militar, tuvo un profundo impacto en los sectores populares. Esta acción masiva fue pronto imitada y se extendió en forma explosiva. Militantes sociales de La Matanza, por ejemplo, llevaron a los ocupantes de Quilmes para que relataran sus experiencias y facilitaran la organización.

Ya en 1990, menos de una década después, había en todo el conurbano 109 asentamientos, habitados por unas 173.000 personas, de los cuales el 71% estaban en el conurbano Sur.

A partir de esta apretada síntesis, quisiera hacer algunas consideraciones vinculando aquellas tomas iniciales con la oleada actual.

1.- La dictadura había expulsado violentamente a los habitantes de las villas de la Capital Federal hacia el conurbano, para facilitar el control estratégico de los sectores populares, dispersarlos y romper sus redes de sobrevivencia. Los sectores dominantes intentaron modificar una relación de fuerzas que les resultaba desfavorable, como quedó demostrado en las luchas sociales desde el 17 de octubre de 1945.

En la actualidad, esa acción de dispersión y control la hacen, a dos manos, el mercado y el Estado. El primero encareciendo el precio del suelo, acaparando espacios para barrios privados y especulando con la tierra. El Estado tiene dos manos: con una reprime, amenaza, desparece, viola y violenta. Con la otra ofrece planes sociales que “ablandan” a los más pobres, los disuaden de organizarse para otra cosa que no sea depender de esos planes (y de los punteros que los gestionan) y busca cooptar todo lo organizado que no controla. Con respecto a la dictadura, la “democracia“ está mostrando mucha más eficiencia y la misma indiferencia respecto a la vida.

2.- Por lo menos en la diócesis de Quilmes, desde 1976 los sectores populares encontraron posibilidades de organizarse. La forma fue la comunidad eclesial de base (CEB). La primera comunidad la creó el sacerdote Berardo, de la parroquia de San Juan Bautista, en San Francisco Solano, en octubre de 1976; en menos de un año ya eran 20 las comunidades y en 1980 llegaban a 60. Eran pequeños grupos de entre 10 y 30 personas, tenían un coordinador elegido por la asamblea, se reunían semanalmente en la parroquia o en casas particulares.

Las organizaciones actualmente existentes, me refiero a la inmensa mayoría de las territoriales, son mucho menos democráticas que las CEBs (aunque quien esto escribe no comulga, ni va a misa). Me refiero a que lazos como la confianza mutua y la camaradería, han descendido varios peldaños en el mundo de las organizaciones populares.

3.- La necesidad es la misma que en la década de 1980. Un informe del Registro Nacional de Barrios Populares, asegura que existen 4.416 “barrios populares” en los que viven cuatro millones de personas, casi el 10% de la población, que han sido mapeados hasta diciembre de 2016. La mitad están en la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo el epicentro de las tomas, pero la modalidad se ha extendido a todo el país.

Lo que ha cambiado, aunque no nos guste reconocerlo, es la cultura política y la experiencia vivida por los sectores populares. En cuatro décadas pasaron por la dictadura y la democracia, por gobiernos peronistas, progresistas, radicales y de la derecha. Siguen en el mismo lugar, aunque cada vez más lejos del centro de la ciudad, como lo demuestra la toma de Guernica. En el primer cinturón se agotó la tierra disponible, por el aumento de la población y de los barrios privados.

Cada vez hay más planes sociales, que llegan a más gente, como el IFE. Cada vez hay más pobreza estructural. Cada vez hay más extractivismo y más neoliberalismo, más monocultivos y más minería. Por este camino, no hay arreglo.

Las clases medias altas y altas, la derecha y afines, son cada vez más reaccionarias, más antipopulares y están dispuestas a matar para seguir disfrutando la enorme desigualdad que han generado. Ellos saben lo que quieren.

No es un panorama agradable. Pero es necesario mirar la realidad de frente para saber por dónde caminar. Y con quienes.

Fuente: https://zur.uy/cuatro-decadas-de-tomas-de-tierras/

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La Plata: el servicio de higiene hospitalaria exige respuestas

La semana pasada, trabajadores del servicio de higiene del H.I.G.A “San Martín” manifestaron su profundo rechazo y preocupación mediante una carta abierta a la comunidad, ante la medida “anti sanitaria” de levantar los cohores por parte de la dirección y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para el lunes 21 de septiembre.  Sin embargo, pese a las promesas de mejores condiciones laborales y protocolos estrictos, nada cambió. Foto Nicolás Braicovich (Pulso Noticias). Por Lucas Lenz para ANRed


“Tenemos un baño para 137 personas, no tenemos agua potable, tampoco papel higiénico y nos hablan de medidas sanitarias” declaró una trabajadora del servicio, quien prefirió mantener su nombre bajo reserva. Además, añadió: “En algunos turnos hay por lo menos más de 15 personas en la oficina de higiene, cuando en realidad no debería haber nadie por orden de dirección, pero los encargados hacen lo que quieren y rompen los protocolos todo el tiempo”.

Los trabajadores mantuvieron una reunión con la dirección de dicho nosocomio a través de una mesa de voceros, con uno o dos trabajadores por turno y en la cual también participaron representantes gremiales. En dicho encuentro, la dirección dio por cerrado el tema de los “cohortes” sin discusión alguna y sin la intervención de los gremios, además de que los trabajadores regresen a trabajar con la misma cantidad de francos que había antes de la pandemia, entendiendo que hoy hay mayor sobrecarga de tareas y son escasos los nuevos ingresos de personal.

Según difundieron en un comunicado las y los trabajadores se encuentran en asamblea permanente bajo un proceso de plan de lucha, que consiste en retenciones de tareas de una hora o dos horas dependiendo del turno.

Fuente e imagen: https://www.anred.org/2020/09/28/la-plata-el-servicio-de-higiene-hospitalaria-exige-respuestas/

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