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Entre el miedo y la esperanza, así el regreso a clases de niños en Venezuela y Nigeria

El regreso a clases en Venezuela y Nigeria es muestra de los retos que persisten a la hora de garantizar el derecho universal a la educación en el mundo.

El regreso a clases en países marcados por la violencia y la inseguridad como Venezuela y Nigeria ha capturado la atención mundial. Miles de niños en ambos países retornaron a las aulas, enfrentando temores y desafíos particulares después de periodos de interrupción por conflictos, violencia y amenazas a su seguridad.

 

¿Cómo fue el regreso a clases en Venezuela?

En Caracas y otras regiones de Venezuela, los niños regresaron a clases después de la pausa navideña en un contexto de tensión política, después de los recientes eventos que incluyeron acciones militares y la captura de Nicolás Maduro, situación que generó una preocupación entre padres y docentes.

 

Según el Ministerio de Educación, más del 97% de la matrícula escolar retomó sus actividades, aunque la asistencia fue considerada “media a baja” por docentes y sindicatos, que señalaron el temor entre familias y un aumento en el costo del transporte, además de la presencia de fuerzas de seguridad en planteles.

 

Estudiantes y representantes expresan sentimientos encontrados: algunos muestran entusiasmo por reencontrarse con sus compañeros, mientras que otros mantienen inquietud por el futuro político y social de Venezuela.

 

¿Qué ocurre con los niños en Nigeria?

En norte de Nigeria, después de prácticamente dos meses sin clases debido a secuestros masivos y amenazas contra escuelas, se inició una reapertura gradual de algunos colegios, notablemente en el estado de Kaduna, donde se permitió el retorno de estudiantes bajo estrictas medidas de seguridad.

 

La decisión se tomó después de la suspensión de actividades tras la abducción masiva de estudiantes en noviembre de 2025, un episodio que expuso la vulnerabilidad de las escuelas frente a grupos armados e insurgentes en la región.

 

Mientras algunos centros educativos reabrieron, en estados como Niger, otros siguen cerrados por el riesgo persistente de violencia, pues la seguridad de estudiantes y docentes continúa siendo una prioridad nacional; ¿por qué sigue siendo difícil para los niños volver a clases?

 

Después de ataques, ¿es seguro estudiar? Esto pasa en Venezuela y Nigeria

En ambos países, la incertidumbre política y la amenaza de violencia han marcado el regreso a clases: En Venezuela, las repercusiones de los eventos recientes, incluidos ataques militares y cambios de mando, han generado “estado de excepción” y presencia de fuerzas de seguridad en escuelas, lo que ha influido en la asistencia.

 

En Nigeria, los secuestros escolares y la inseguridad latente obligaron a cerrar aulas, y aunque algunas reabrieron, el miedo de padres y estudiantes sigue siendo una realidad palpable; ¿puede la educación prosperar en medio de la inseguridad?

 

El regreso a clases en Venezuela y Nigeria es símbolo de resiliencia y esperanza, pero también de los retos que persisten en garantizar el derecho universal a la educación; ¿qué más se necesita para que los niños puedan estudiar sin miedo?

 

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/regreso-a-clases-venezuela-y-nigeria-ninos-incertidumbre-y-resiliencia/

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Uruguay y el acceso a la educación de personas migrantes como estrategia de desarrollo

El país prioriza el derecho a la educación por sobre la situación administrativa de quienes llegan del exterior

Dentro de ese conjunto heterogéneo, dos corrientes migratorias se destacan con fuerza en la última década: la llegada de personas cubanas y venezolanas, que eligieron Uruguay como destino en busca de estabilidad frente a contextos sociales, políticos y económicos adversos en sus países de origen. Estas comunidades se han convertido en protagonistas de la nueva etapa migratoria del país, junto a otras nacionalidades (en menor medida) como la haitiana y la dominicana.

Para 2025 se registró un aumento significativo en el número de personas extranjeras residentes, superando las 100.000. Este escenario plantea desafíos concretos en materia de integración, entre ellos, el acceso efectivo a la educación pública.

La educación aparece como uno de los ejes centrales de integración y, en ese aspecto, Uruguay presenta ventajas en comparación con la mayoría de los países de la región. El Estado promueve la inclusión de estudiantes extranjeros a través de normativas, guías y políticas públicas que facilitan el acceso a todos los niveles educativos, reconociendo la diversidad cultural y buscando una integración efectiva.

Los procesos incluyen la reválida de estudios, la presentación de documentación básica (como cédula, pasaporte o carné de salud) y, en algunos casos, entrevistas o mecanismos de asignación de cupos. A esto se suma un énfasis en la adaptación pedagógica y el acompañamiento emocional, especialmente en el ámbito escolar, con el objetivo de asegurar la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes.

Estas políticas se inscriben, además, en una estrategia de desarrollo de largo plazo, vinculada a la baja densidad poblacional del país y a la necesidad de atraer y retener población joven. En ese marco, Uruguay no exige residencia legal definitiva para inscribirse en una institución pública: basta con acreditar identidad mediante pasaporte, cédula extranjera o documento del país de origen para que niños, adolescentes y adultos puedan acceder a escuelas, liceos, UTU, formación docente y a la universidad pública.

En los niveles de educación inicial, primaria y media, el sistema educativo uruguayo aplica un criterio de inclusión inmediata para niños y adolescentes migrantes. En el ámbito de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el enfoque se centra en garantizar el derecho a la educación en igualdad de condiciones, promoviendo la inclusión a través de guías de inscripción, procesos de reválida y espacios de fortalecimiento educativo y convivencia, con acciones orientadas a la sensibilización y el acompañamiento.

ANEP apoya el ingreso de migrantes al sistema educativo uruguayo

En la educación media, tanto secundaria como la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) buscan asegurar una inclusión rápida y el acceso universal, garantizando la inscripción (incluso provisional) conforme a la normativa vigente. Se promueve la educación intercultural, se solicita documentación básica y se facilitan los procesos de reválida para asegurar la continuidad educativa. Además, existen puntos de asesoramiento especializados para personas migrantes. En ese marco, se habilitan mecanismos de revalidación de estudios secundarios cursados en el extranjero, permitiendo incluso el ingreso a la universidad sin contar inicialmente con toda la documentación, bajo resoluciones del Consejo Directivo Central (CODICEN).

La Universidad de la República (Udelar) también ha incorporado mecanismos que facilitan el acceso de estudiantes migrantes al sistema público. La institución permite el ingreso con documentación provisoria y acepta, en una primera instancia, certificados sin apostilla, otorgando plazos razonables para regularizar la situación administrativa. Este enfoque busca evitar que los trámites burocráticos se conviertan en un obstáculo para la continuidad educativa. A su vez, ofrece instancias de orientación académica y acompañamiento, reconociendo las dificultades de adaptación derivadas de diferencias entre sistemas educativos y barreras culturales.

La Udelar tiene una política de puertas abiertas para extranjeros

Otro aspecto relevante es la integración cultural. En el caso de inmigrantes no hispanohablantes, especialmente de origen haitiano o africano, se han implementado apoyos en lengua española, tutorías y mediadores interculturales en centros educativos públicos, factores que inciden positivamente en los procesos de integración.

Desafíos

A pesar de los avances, el modelo uruguayo de acceso educativo para personas migrantes no está exento de tensiones y limitaciones. En algunos territorios, la incorporación de nuevos estudiantes ejerce presión sobre la infraestructura existente y sobre equipos docentes que ya trabajan con altos niveles de demanda. A esto se suman las dificultades para la reválida de estudios en determinados niveles, la falta de cupos en algunas orientaciones y los desafíos pedagógicos y culturales que emergen en aulas cada vez más diversas.

La integración efectiva requiere, además, mayores recursos, más formación docente en enfoques interculturales y una coordinación más fluida entre el sistema educativo y las políticas migratorias, para evitar que la inclusión normativa no se traduzca en desigualdades en la práctica cotidiana.

Uruguay y el acceso a la educación de personas migrantes como estrategia de desarrollo

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Cecodap pide “condiciones esenciales de seguridad” para el regreso a clases en Venezuela

La organzación alertó que el Estado de Conmoción Exterior, la militarización y la falta de directrices claras generan angustia en las comunidades educativas y exige garantías verificables antes del inicio del año escolar.

Por: Tahiana González

El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap),advirtió que la situación actual en Venezuela configuran un entorno que “desafía las condiciones mínimas” para el regreso a clases, pautado para el 12 de enero de 2026.

“La vigencia del Estado de Conmoción Exterior, sumada a la creciente presencia militar, las limitaciones de traslado y los riesgos en seguridad ciudadana, configuran un entorno que desafía las condiciones mínimas para la vida escolar”, escribió la organización en comunicado publicado en su página web el 8 de enero.

Cecodap expresó su preocupación ante la ausencia de lineamientos claros por parte de las autoridades educativas, lo que, a su juicio, ha generado incertidumbre, miedo y angustia entre familias, docentes, personal administrativo y directivo. 

“Es necesario afirmar con claridad que los derechos de niños, niñas y adolescentes no se suspenden en estados de excepción. La Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) obligan al Estado a garantizar la protección integral y la prioridad absoluta de la niñez, especialmente en situaciones de crisis, cuando los riesgos de vulneración se incrementan”, recalcó.

Ante ello, insistió que en el contexto actual no existen garantías homogéneas en todo el país que permitan asegurar un retorno a las aulas seguro de manera generalizada.

Exigencias de Cecodap para un retorno a clases

La organización consideró que cualquier decisión sobre el inicio de clases debe ser diferenciada y centrada en el interés superior del niño, atendiendo a las realidades específicas de cada comunidad educativa.

En ese sentido, señaló que un regreso a las aulas debe contar con las siguientes directrices:

-Condiciones esenciales de seguridad, servicios públicos y protección para estudiantes, docentes, personal administrativo, directivo y familias.

-Escuelas libres, dentro y alrededor, de dinámicas de militarización, operativos de seguridad o presencia armada innecesaria que generen miedo o intimidación.

-Garantías claras de protección y debido proceso, que excluyan cualquier forma de criminalización, estigmatización o actuación arbitraria contra adolescentes.

-Condiciones de movilidad seguras, que permitan el traslado regular hacia y desde los centros educativos.

-Acompañamiento psicosocial, reconociendo el impacto emocional que el contexto puede tener en la comunidad educativa.

“Forzar un regreso presencial sin estas garantías transforma a la escuela, que debe ser un espacio de cuidado y protección, en un entorno de riesgo”, advirtió Cecodap.

Finalmente, la organización insistió en que la excepcionalidad que vive el país no puede traducirse en retrocesos para la protección de la niñez y la adolescencia, y recordó que garantizar un inicio del año escolar seguro, protector y afectivo es una obligación del Estado y una responsabilidad colectiva.

Las declaraciones oficiales

El 8 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el inicio de las clases se dará el 12 de enero en todo el país.

Este calendario ya había sido anunciado en diciembre de 2025 por el Ministerio de Educación. Sin embargo, tras los hechos del 3 de enero existían dudas en la población sobre una eventual suspensión de las actividades educativas.

“Ya el lunes estamos regresando a clase, pero he pedido que a partir del día de mañana abra sus puertas nuevamente la Expo Niños en el Espacio, que ya tiene más de 400.000 visitas para que nuestros niños, nuestras niñas”, destacó Rodríguez durante una alocución transmitida por Venezolana de Televisión (VTV)

Posteriormente, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, emitió un comunicado confirmando el anuncio del regreso a clases, pero pidió “proteger a las comunidades escolares”, haciendo referencia a los acontecimientos políticos que se han desarrollado tras la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos de EE UU en varios puntos de Caracas y otros Estados.

“Sabemos hacerlo y debemos hacerlo, porque nuestra primera tarea es proteger a cada niño, a cada niña, a cada joven. Es la escuela, el liceo, así como la familia, el lugar más seguro para ellos, el lugar del amor, el lugar de las posibilidades, el lugar donde pueden expresar sus preocupaciones y en el que por naturaleza encontrarán respuestas, interacción, vínculo humano”, expresó el ministro.

https://eldiario.com/2026/01/09/cecodap-condiciones-esenciales-de-seguridad-regreso-a-clases-en-venezuela/

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Argentina: Ley de “Libertad Educativa”, cuando la libertad es mercancía y la educación deja de ser un derecho

Por: Claudia Savo

El gobierno Nacional presentó su proyecto de “Ley de Libertad Educativa” como si se tratara de una ampliación de derechos. Algunos medios masivos lo celebran en esa clave, más opciones, más autonomía, más libertad. Pero cuando se corre el velo del marketing, lo que aparece no es más libertad para las mayorías, sino un Estado que promueve la educación librada al mercado y a las posibilidades económicas de cada familia.

La idea central del proyecto es clara, el Estado deja de ser responsable directo de garantizar el derecho a la educación y pasa a ocupar un rol subsidiario. En una nota de Infobae se repite una y otra vez que la familia es el “agente natural” de la educación y que el Estado no debe “imponer” contenidos ni modelos. Sin embargo, como bien señala Claudio Vilardo, docente de Educación Media en su nota publicada en este medio: “Donde pareciera decir que ‘el Estado no debe imponer’, debe leerse ‘el Estado no se va a hacer cargo’”, refiriéndose a dicho Proyecto de Ley.

Este corrimiento del Estado no es neutro, sino que, de implementarse el Proyecto de Ley, el mismo descarga sobre las familias, una responsabilidad que debería ser colectiva. En un país atravesado por la desigualdad social, eso implica que quienes tengan recursos podrán elegir, mientras que quienes no, quedarán a la deriva.

Desde el discurso libertariano se insiste en que “nada es gratis” y que la educación pública siempre “alguien la paga”. Lo que se oculta es que hoy la educación se financia, en gran medida, con impuestos regresivos que ya pagan mayoritariamente las y los trabajadores. El problema no es el gasto, sino quién paga y para quién se gobierna.

Además, este Proyecto de Ley mantiene la descentralización del financiamiento educativo, dejando a las provincias a cargo de la educación básica. En nombre de la “libertad de elección”, se consolida un esquema donde el Estado subsidia y estimula la expansión de ofertas privadas.

El discurso de Infobae presenta el financiamiento por demanda a través de vouchers, bonos o becas como una ampliación de la “libertad de elección” y una herramienta eficiente para mejorar la calidad educativa, siendo en realidad, uno de los puntos más graves del Proyecto de Ley. Cuando el dinero sigue al estudiante y no a la escuela, no se garantiza igualdad sino competencia desigual. Las instituciones mejor ubicadas social y económicamente concentran recursos, mientras que las que sostienen la educación en contextos más pobres quedan desfinanciadas. Así, lo que Infobae celebra como “neutral y moderno”, en los hechos consolida la segmentación del sistema educativo y profundiza las desigualdades que dice querer resolver. Como advierte Vilardo, “financiar las escuelas más ‘demandadas’, genera una brecha, un desfinanciamiento sistemático de las escuelas más desfavorecidas”. Por ejemplo, en el caso del financiamiento a través de vouchers, la experiencia internacional muestra que este modelo no corrige desigualdades, sino que las consolida y las vuelve estructurales.

En ese esquema, la educación deja de ser un derecho social y pasa a funcionar como un bien de mercado. Las escuelas se transforman en “empresas educativas” que compiten entre sí, seleccionan estudiantes y ajustan costos. El resultado no es calidad, sino expulsión.

La ley también avanza sobre los derechos laborales docentes. Declara a la educación como servicio esencial, limitando el derecho a huelga y habilita nuevas formas de contratación y organización escolar. Menos derechos para quienes enseñan y, en consecuencia, peores condiciones de aprendizaje para quienes estudian. “Menos derechos para trabajadoras y trabajadores de la educación. Y menos derechos, también, para estudiantes”, resume Vilardo.

Además, se habilitan salidas del sistema escolar tradicional, como la educación en el hogar o modalidades virtuales, sin garantizar condiciones reales de igualdad. Esto no amplía derechos, sino que legitima trayectorias educativas de segunda para los sectores populares.

No es casual que el proyecto ponga el eje en la familia y no en los estudiantes. Tampoco es casual que no hable de inclusión, igualdad o justicia educativa. Como señala el autor de la nota publicada en este medio, “lo que busca este proyecto, no se basa en ningún anhelo de libertad para las mayorías, sino en desligarse del gasto que implica el derecho a la educación”.

Por eso, frente a este proyecto, no alcanza con la crítica discursiva. Defender la educación pública hoy implica rechazar esta ley y organizarse para enfrentar un modelo que busca naturalizar la exclusión. Porque sin educación garantizada, no hay libertad posible.

Incluso, la ofensiva del gobierno Nacional no se limita a recortar derechos por separado, sino que avanza con un paquete integral de reformas, en principio la reforma laboral, la cual busca imponer jornadas interminables, debilitar convenios, abaratar despidos y criminalizar la organización colectiva para garantizar mano de obra precarizada, la llamada Ley de Libertad Educativa apunta a mercantilizar la educación y expulsar a las hijas e hijos de la clase trabajadora de un sistema público que debería ser un derecho. Tanto el Proyecto de Ley de “Libertad Educativa”, como la reforma laboral, responden a la misma lógica, trasladar costos, responsabilidades y riesgos a las familias trabajadoras mientras se liberan ganancias para las patronales y el gran capital. Por eso no se trata de peleas sectoriales, ni de leyes aisladas, sino de un ataque estructural que exige una respuesta común, enfrentar la Ley de Libertad Educativa es también enfrentar parte de la reforma laboral en el sector educativo, porque defender la educación pública y los derechos laborales es defender el futuro mismo de la clase trabajadora frente a un proyecto que solo ofrece más explotación, desigualdad y exclusión.

https://www.laizquierdadiario.com/Ley-de-Libertad-Educativa-cuando-la-libertad-es-mercancia-y-la-educacion-deja-de-ser-un-derecho

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Argentina – LEY DE PRESUPUESTO 2026: NO AL DESFINANCIAMIENTO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

LEY DE PRESUPUESTO 2026: NO AL DESFINANCIAMIENTO EDUCATIVO Y CIENTÍFICO

Comunicado del Consejo Directivo Nacional de Sadop

Desde Sadop denunciamos el rumbo de ajuste del Gobierno Nacional y señalamos su responsabilidad directa en la desarticulación del sistema educativo argentino, con la sanción de la Ley de Presupuesto 2026, recientemente aprobada. Esta norma institucionaliza el recorte y consolida un proceso regresivo inédito en las últimas décadas, al tiempo que desmantela mecanismos y garantías que resguardaban el financiamiento de la educación y del sistema científico-tecnológico.

La aprobación del Artículo 30° del Presupuesto 2026 implica la eliminación del piso del 6 % del PBI destinado al financiamiento educativo, y deja sin efecto los marcos legales que garantizaban el financiamiento de la Educación Técnico Profesional, así como de la ciencia y la tecnología. De este modo, el ajuste se institucionaliza una vez más como política de Estado y el derecho a la educación queda reducido a una variable subordinada a la lógica de mercado.

Este retroceso estructural no sólo cercena el derecho a la educación, sino que debilita la capacidad del país para la formación técnica, científica y profesional, una trama esencial para la soberanía productiva, la innovación y la justicia social.

Por lo anterior, rechazamos categóricamente el Artículo 30 del Presupuesto 2026, ya que atenta contra derechos adquiridos y marcos de financiamiento ya consolidados, y en especial representa un grave atentado contra el derecho a la educación. Asimismo, repudiamos la conducta de quienes acompañaron este artículo, avalando un marco presupuestario que desfinancia la educación, la ciencia y el trabajo docente, y que restringe las condiciones reales de acceso, permanencia y posibilidad.

Desde Sadop decimos no al desfinanciamiento del sistema educativo y científico, al intento de desarticulación del sistema educativo nacional y a las políticas que deterioran las condiciones de vida y de trabajo de quienes educamos. Y exigimos el respeto irrestricto de los derechos conquistados, porque constituyen la base esencial de una sociedad democrática, justa y con igualdad de oportunidades.


Consejo Directivo Nacional

5 de enero de 2026

Fuente de la Información: https://sadop.edu.ar/no-al-desfinanciamiento-educativo-y-cinetifico-de-la-ley-de-presupuesto-2026/

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La Doctrina Trump para Venezuela: petróleo y tierras raras, bases militares, información y desgobierno

La Doctrina Trump para Venezuela: petróleo y tierras raras, bases militares, información y desgobierno

Luis Bonilla-Molina

América Primero!! Es la expresión que condensa la actitud imperialista, neofascista y neocolonial norteamericana en el presente. La Declaración de Trump de este martes 16 de diciembre de 2025 es una profundización radical en la ofensiva imperialista sobre Venezuela. Ya no quiere “perseguir cárteles de droga”, ni producir un simple cambio de régimen, sino que exige el control absoluto por parte de Estados Unidos del petróleo venezolano, demandando la “devolución de territorios” que no es otra cosa que cambiar la condición de dependencia por una relación territorial neocolonial. Estados Unidos amenaza con anexar parte o la totalidad del territorio venezolano, algo sin precedentes y de una significación dramática.

Esta confesión de parte en las intenciones de los Estados Unidos nos debe convocar a la conformación de un amplio frente internacional contra la ofensiva imperialista a Venezuela, que con la movilización y denuncia en todos los rincones del orbe, evite este desafuero gringo de tomar posición de la soberanía territorial venezolana.

Los hechos

En noviembre de 2025 la administración de Trump publicó el documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional, en cuyas 57 páginas -versión en español- define sus prioridades, énfasis, propósitos y curso de acciones. Reivindicando y relanzando la Doctrina Monroe, este documento es un texto pragmático, una hoja de ruta para el momento político de construcción de un reordenamiento capitalista global, en el cuál Estados Unidos necesita afianzar su poder porque pretende dirigir esta transición.

La Estrategia de Seguridad Nacional tiene continuidades imperiales que hemos venido analizando en ensayos recientes, pero también las particularidades propias de un momento histórico singular en el cuál otros países capitalistas le disputan la supremacía económica (China), el equilibrio militar (Rusia), el eje de la innovación que se ha vitalizado en lo que se  denomina como la región Indo-Pacífico, y Europa ya no tiene posibilidades ni capacidades para seguir siendo su anillo de seguridad y contención en Eurasia. Es imposible comprender el giro iliberal y neofascista de la administración Trump sin vincularlo a estas dinámicas. Se equivocan terriblemente quienes caracterizan el momento como una simple etapa de liderazgo divergente en el imperio.

El nuevo orden mundial que puja por nacer es increíblemente capitalista y militarista, y Estados Unidos aspira no solo a ser parte de él, sino a seguir siendo la nación hegemónica. No hay un contrapeso de Estado anticapitalista en este tablero, aunque la revolución de los de abajo sigue apareciendo en el horizonte como posibilidad. En ese reacomodo, el control de la energía y los insumos para la innovación (petróleo, uranio, litio, tierras raras) juegan un rol central.  Estados Unidos no quiere repetir la historia del declive del imperio español ante el británico, quiere estar al frente de los cambios geopolíticos que acompañan a la cuarta revolución industrial.

La administración Trump ha definido claramente sus prioridades territoriales en lo que denomina el hemisferio occidental, una especie de frontera ampliada que incluye a toda Latinoamérica y el caribe, Canadá y Groenlandia.  En ese escenario Venezuela adquiere un valor estratégico, por sus riquezas minerales -la mayor reserva de petróleo, potencialidad de tierras raras en la zona sur/Orinoco- biodiversidad -agua y reserva genética- además de una situación militar privilegiada al norte de Suramérica, al sur del Caribe con fachada al Atlántico, a escasos kilómetros del Canal de Panamá que le permite acceso al Pacífico. Estados Unidos no quiere compartir estos privilegios con China, Rusia ni ninguna nación emergente. Es decir, Venezuela para los norteamericanos, como sentencia de la Doctrina Trump. Desde la apertura de la relación abierta neocolonial de Estados Unidos con Venezuela, después del bloqueo europeo a las costas venezolanas (1902-1903), su mediación para la solución del impasse -justificada en el marco de la Doctrina Monroe- y el golpe de Estado liderado por Juan Vicente Gómez -que por lo menos EEUU avaló- este es un giro sin precedentes de violación a la soberanía territorial y política.

Para lograrlo, desde agosto del 2025 se ha generado el más impresionante desplazamiento militar y de tropas conocido en la región por décadas. El ataque a botes de pescadores, acusados de ser “mulas” del narcotráfico, ha sido la melodía trágica de presentación de su ofensiva sobre Venezuela que se recrudece cada día. La intervención del espacio aéreo venezolano, con NOTAM emitida por la autoridad de tráfico aéreo norteamericano y la orden presidencial directa de Trump de prohibir los vuelos hacia el país, fue escalada con la piratería marítima de captura y confiscación de un buque petrolero. Este 16 de diciembre, el propio Donald Trump ha declarado que le exige a Venezuela que “le devuelva el petróleo, tierras y otros activos a Estados Unidos. Es decir, ha declarado públicamente su decisión de apoderarse de las reservas petroleras y el deseo de colonizar directamente parte del territorio venezolano.

Eso solo lo puede lograr mediante la ocupación militar directa del territorio, colocando bases militares. Pero quiere hacerlo con el menor costo posible, en términos de pérdida de vidas de soldados gringos, gastos operativos e impacto político. Por eso, la decisión de confiscar todos los barcos petroleros no autorizados por el Departamento del Tesoro norteamericano es otra escalada para asfixiar al gobierno de Maduro y crear las condiciones para su caída, ya sea por implosión interna, golpe de Estado desde el mismo Madurismo para iniciar una transición pactada en los términos de la Estrategia de Seguridad Nacional, o como resultado de una “operación quirúrgica” que permita colocar en el poder a la dupla Edmundo González Urrutia (EGU)– María Corina Machado (MCM). La asfixia económica del país pareciera ser la herramienta ideal para concretar cualquiera de estas iniciativas coloniales. Estaríamos hablando del riesgo de una hambruna sin precedentes para la población venezolana.

La colocación de bases militares norteamericanas en territorio venezolano le permitiría establecer una relación colonial cercana a las reservas petroleras, asegurándose la exclusividad de su acceso. En un país como Venezuela, en el cuál incluso su aliado histórico Rómulo Betancourt no aceptó la colocación de bases militares gringas en el territorio, por los efectos que tendría el nacionalismo criollo en la voluntad electoral del pueblo, esto solo es posible lograrlo con una larga transición caótica -que prolongue y aunque parezca increíble, eleve la miseria y tragedia de las condiciones materiales de vida de la población vividas en el periodo madurista- algo que cada vez aparece de manera más nítida en la ofensiva gringa.

El daño colateral inmediato se está sintiendo en Cuba, imposibilitada de recibir el auxilio venezolano en materia de combustible y petróleo para su economía y el mantenimiento del sistema eléctrico. Estados Unidos apuesta por un efecto dominó en la región, que produzca la “carambola” de desplazar de un solo golpe a los gobiernos de Caracas, La Habana y Managua.  Es decir, el posicionamiento es para el control total del llamado hemisferio occidental.

Adicionalmente, usando los avances tecnológicos de última generación, en captura y procesamiento de datos, Estados Unidos avanza en la puesta en marcha del régimen de control predictivo al disponer de una información extremadamente valiosa sobre el comportamiento de la población -del hemisferio occidental en general y Venezuela en particular- ante su despliegue militar en el Caribe sur. Por eso, la clínica de rumores y contra informaciones que genera día a día en las redes sociales, para incentivar respuestas de la población, poderlas segmentar y clasificar, para la construcción de sus escenarios de acción.  Estamos viviendo la primera ofensiva militar regional con tecnología, técnica y propósitos propios de la cuarta revolución industrial, por lo cual resulta terriblemente limitada su interpretación con las claves paradigmáticas de las tres primeras revoluciones industriales.

La transición imposible

María Corina Machado (MCM) tiene un liderazgo indiscutible entre la población venezolana, incluso en sectores que históricamente apoyaron al Chavismo. Eso se lo debe en buena medida a Maduro, quién en su afán de polarizar para evitar la consolidación de una oposición de izquierda, ha jugado el juego que más le conviene a MCM. Pero liderazgo -de MCM- socialmente arraigado, no es lo mismo que capacidad para gobernar, especialmente si es errado el diagnóstico que se tiene de la crisis venezolana y el camino de su superación. La apuesta de MCM es el impulso de un gobierno iliberal que continué y profundice las políticas neoliberales aplicadas por Maduro, especialmente implementadas a partir de 2018. Su estrategia de liberalización absoluta de la economía del mercado como fórmula para generar empleo, la coloca de espaldas al problema central del venezolano en el corto plazo, salarios y retorno de condiciones materiales de vida mínimamente decentes. La “bonanza post madurista”, de una economía sin sanciones, MCM la piensa en clave de privatizaciones, flexibilización del empleo y atracción de capitales internacionales, solo posible manteniendo bajos salarios.

Estados Unidos lo sabe, por eso su apuesta por una transición de EGU-MCM, para abrir paso a la larga transición caótica que le permita instalar su relación abiertamente colonial con el territorio y las riquezas venezolanas.  De hecho, MCM lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que la “recuperación de Venezuela” exigirá niveles más profundos de cooperación con Estados Unidos.

Los errores de cálculo del Madurismo

El antiimperialismo del Madurismo tiene los límites de su sobrevivencia en el poder. El Madurismo no es de izquierda, mucho menos revolucionario. Desde la guerra de Ucrania ha procurado un acuerdo estratégico con Estados Unidos, canjeando petróleo a cambio de permanencia en el poder, cabalgando la posibilidad de levantamiento de las criminales Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) aplicadas con fuerza por Estados Unidos contra Venezuela desde el año 2017. El problema es que ahora la administración Trump quiere ir mucho más allá.

El gobierno de Maduro ha sido una desgracia para la población y la clase trabajadora venezolana. No solo en términos salariales y de condiciones materiales de vida, sino en restricción de libertades democráticas básicas, como derecho a opinar, libertad de expresión, posibilidades de organizarse autónomamente en sindicatos y partidos políticos, arraigo territorial y desarrollo humano integral. Maduro ha sido un terminator de los avances ocurridos en el periodo chavista y un profundizador de sus errores. Ningún venezolano vivo ha conocido peor gobierno que el de Maduro.

En medio de estas condiciones de ofensiva imperialista Maduro continúa con su línea de acción autoritaria y de supervivencia del sector de la nueva burguesía que representa. Una ofensiva imperialista como la desatada desde agosto de 2025 en el sur del Caribe solo se puede enfrentar con un gran frente nacional antiimperialista resultante del consenso mínimo nacionalista, pero esto pasa por revertir sus propias políticas, generando la libertad de los presos políticos -entre los que se cuentan dirigentes sociales, progresistas y de izquierda- amnistía general para todos los enjuiciados, presos y quienes son objeto de medidas restrictivas, devolución de los partidos políticos a sus legítimos militantes, y una reorientación de los menguados ingresos nacionales hacia sueldos y salarios. Pero ha hecho todo lo contrario, ha profundizado la represión, aumentado el número de detenidos y enjuiciados, profundizado la caída del salario y la concentración de la riqueza en unas pocas manos. Hace todo lo contrario a lo que la lógica demanda, porque su compromiso no es con el pueblo sino con el sostenimiento de un modelo de acumulación que favorece a los ricos.

La retórica de Maduro no se corresponde con lo que socialmente ocurre. Para el ciudadano común, el ataque norteamericano es fundamentalmente contra Maduro, y no hay razones para defenderlo. Ante este panorama, el desespero de la sobrevivencia ha hecho pensar a amplias capas de la población que una salida de Maduro, por cualquier vía, sería el inicio de la recomposición de la situación de oprobio en la cual se vive. Para el común de la población la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos poco importa, porque Maduro disolvió la esperanza en un mañana mejor.

Se trata de un panorama complejo para las fuerzas nacionalistas, progresistas y quienes no han renunciado a la identidad de izquierda, negándose a colocarse bajo la dirección de EGU-MCM o la aceptación del desgobierno madurista.  Lo significativo es que el país vive hoy, desde el mundo del trabajo y la clase trabajadora, iniciativas de despolarización a partir de la construcción de un programa mínimo de defensa del salario y las libertades democráticas básicas. La interrogante es si darán los tiempos para construir un polo autónomo para otra transición posible.

¿Qué hacer?

Continuar apostando -y trabajando- por la constitución de un polo político autónomo de los y las trabajadoras, apoyando sin reservas iniciativas como la conformación este 12 de diciembre del Acuerdo Unitario de 6 centrales sindicales, federaciones, gremios y sindicatos por el rescate del salario. Un evento como este, en medio de las tensiones militares en el Caribe, habla del instinto de la clase trabajadora ante cualquier escenario en el corto y mediano plazo.

Aunado a ello, se debe profundizar la campaña por una Amnistía General, que libere a todos los detenidos, enjuiciados y sometidos a medidas restrictivas, abriendo camino al encuentro de múltiples voces para pensar la soberanía nacional en tiempos de ataque imperialista. Exigir la devolución de los partidos, sindicatos y federaciones sindicales a sus legítimas representaciones.

Cualquier diferencia con Maduro, partido político o personalidad, no puede servir de excusa para no desarrollar un auténtico antiimperialismo, eso sí desde los intereses de la clase trabajadora. Todas las fuerzas democráticas, progresistas, populares y de izquierda deben denunciar y enfrentar la ofensiva norteamericana sobre Venezuela, lo que no significa de modo alguno defender al gobierno de Maduro. La salida del Madurismo debe ser una decisión y proceso soberano del pueblo venezolano, liderado por su clase trabajadora. En este sentido, son días de impulso de una política antiimperialista sin dobleces ni dudas.

Sea frente a Maduro, EGU-MCM o cualquier gobierno, la clase trabajadora debe defender su autonomía y reafirmar que solo su capacidad de lucha le permitirá salir del actual drama. Los y las revolucionarias debemos con humildad y decisión abonar en este sentido y dirección. En esta dirección la conformación de un frente antiimperialista internacional puede contribuir a conjurar el rostro horrible de la guerra y la recolonización territorial. Avancemos en esa dirección.

La Doctrina Trump para Venezuela: petróleo y tierras raras, bases militares, información y desgobierno

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Venezuela: ¿Lo empujan hacia un Estado Libre Asociado?

Venezuela: ¿Lo empujan hacia un Estado Libre Asociado?

Aram Aharonian

El ataque militar de la flotilla estadounidense y el secuestro del presidente Nicolás Maduro es un hecho gravísimo, pero en medio de tantas incertidumbres, en Venezuela la vida sigue y el Tribunal Superior de Justicia  venezolano consagró como presidenta a Delcy Rodríguez, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana llamó a la población a retomar la normalidad y la estabilidad del país. La situación es de una tensa calma y no se descartan conflictos.

Estados Unidos demostró que  tiene fuerza y capacidad militar de secuestrar a un presidente o asesinar a un líder opositor a sus planes con un misil. Tras el ataque, Donald Trump anunció que su país va a monitorear todas las decisiones que se tomen en Venezuela, y va administrar su petróleo, el llamado excremento del diablo.

No cabe duda que los bombardeos en Venezuela y el secuestro de Maduro y su esposa, han golpeado al gobierno bolivariano, pero también han deslegitimado a Trump, quien se presentara ante muchos países del mundo como alguien que acabaría con las guerras –en el camino fue coautor del genocidio de gazatíes- y se atribuye el poder de cambiar presidentes en países extranjeros. Lo triste es que algunos sectores de la oposición venezolana incluso festejan la decisión estadounidense de reincorporar a su país como “territorio colonial”.

Pese a las presiones de Washington, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron una declaración conjunta en la que expresaron su “profunda preocupación y rechazo” frente a lo que calificaron como una acción unilateral que contraviene normas esenciales del sistema internacional.

El ministro  de Defensa, Vladimir Padrino López indicó que, pese a la vulneración de la soberanía en lo que calificó como un «despliegue sin precedentes» por parte de Estados Unidos, el país «debe encaminarse sobre su riel constitucional». Informó que la Fuerza Armada Nacional activó su apresto operacional en todo el país «a fin de enfrentar la agresión imperial».

Más allá de muchas confusiones e incertidumbres, en Venezuela la vida sigue: no se quebró la cadena de mandos y en la presidencia quedó una persona de extrema confianza de Maduro, pese a los intentos de Trump de asociarla a la conspiración. Hay cambio de presidente, pero –por ahora- no hay cambio de régimen, que siempre ha sido el objetivo de Estados Unidos.

La Fuerza Armada Nacional, columna vertebral del dispositivo bolivariano, se mantiene en pie, quizá porque Trump no quiere generar un vacío de poder que lleve a un escenario de anarquía como en Irak, y así alimenta las versiones sobre una posible transición pactada.

Si bien la calle  estaba desierta el sábado, este domingo ya comenzó a normalizarse: hay metro, aviones y colas moderadas en los supermercados. Y una marcha grande en respaldo al bolivarianismo… pero la militancia carece de línea y hay confusión.

Rubio, ¿el procónsul?

El cubanomiamero Marco Rubio, canciller (su título es de Secretario de Estado) de Trump esbozó la hoja de ruta tras el secuestro de Maduro: control del petróleo, presión financiera extrema, amenaza militar latente y una negociación condicionada con las nuevas autoridades que impongan. Desestimó –por ahora- la ocupación militar con tropas en el terreno y dijo estar dispuesto a trabajar con Delcy Rodríguez, “siempre y cuando se tomen las decisiones correctas” (es decir, las imposiciones de EEUU).

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista de Trump en EEUU fue la confirmación de contactos con  la vicepresidenta venezolana, quien asumió el poder tras el secuestro de Maduro.  Rubio evitó dar detalles de la conversación por tratarse de temas «delicados», pero marcó una diferencia sustancial entre ella y Maduro.

Dijo que  «la clave de la que depende ese régimen es la economía impulsada por el petróleo», lo que supone un bloqueo naval de facto para interceptar y confiscar cualquier buque de transporte de petróleo no autorizado por Washington. Y para que no quedaran dudas, señaló que esta “cuarentena” es “el despliegue naval más grande los historia moderna en el Hemisferio occidental”.

«Vamos a juzgar avanzando. Vamos a juzgar todo por lo que hagan», dijo Rubio, quien señaló que con Maduro «simplemente no se podía trabajar» porque rompía todos los acuerdos, mientras que ahora se abre una etapa de «evaluación» sobre las decisiones que tome la nueva cúpula.

Rubio enumeró una lista de exigencias concretas que la Casa Blanca espera que cumpla el nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, que parecen más bien dirigidos a crear una imagen ominosa para el gobierno venezolano y siguen el libreto de los discursos de Trump.  Los puntos que describió como innegociables son: que la industria petrolera beneficie a la sociedad (no especificó si a la estadounidense), el cese total del tráfico de drogas, el desmantelamiento de las bandas criminales que denuncia Estados Unidos, la expulsión de grupos armados como las FARC y el ELN, y el fin de la alianza con Hezbollah, Irán y Cuba.

En vez de anunciar a un «mandatario legítimo» Trump se encargó otra vez de ningunear a María Corina Machado, a quién consideró públicamente incompetente para tomar las riendas del país. Rubio intentó suavizar el mensaje y aseguró que siente una «tremenda admiración» por Machado y por Edmundo González Urrutia, pero se abstuvo de señalar que ellos debieran asumir el gobierno. Ya le regalaron un Premio Nobel por los servicios prestados.

«En el siglo XXI, bajo la administración Trump, no vamos a tener un país como Venezuela en nuestro propio hemisferio actuando como cruce de caminos para Hezbollah, para Irán y para cualquier otra influencia maligna», sentenció Rubio.

¿Quién tiene el control?

Lo cierto es que Trump no tiene el control político, militar ni territorial en Venezuela. No hubo de momento una invasión militar a gran escala sino una «acción cinética» tendiente a secuestrar a un presidente en  funciones y utilizarlo como herramienta de presión y eventual moneda de cambio.

Según los expertos, la totalidad de los activos militares desplegados en los últimos meses en el Gran Caribe no son suficientes para tomar control de la accidentada y extensa geografía venezolana, ni siquiera de la capital Caracas y sus inmensas y organizadas barriadas populares.

La invasión de la pequeña Panamá demandó en 1989 la movilización de más de 30 mil efectivos. En suma, los bombardeos y ataques contra infraestructuras militares fueron la cobertura operacional de lo que eufemísticamente la jerga trumpiana llama «extracción».

Para algunos analistas,  el principal objetivo no fue ni es tomar el país por asalto, sino descabezar a la conducción política del proceso e inducir una fractura significativa en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, algo que desde inicios de siglo -en especial en 2002- tanto EEUU como la oposición vernácula han intentado sin éxito.

Para otros, el talón de Aquiles de la agresión imperial contra Venezuela es la ausencia de una fuerza vasalla endógena, con poder de fuego y capacidad de masas, que pueda proclamar algo parecido a una rebelión nacional «legítima» contra la «tiranía», dando una seudo coartada democrática a la agresión estadounidense. Esto explica el que Trump haya amenazado con otra ronda de ataques, y no se pueda descartar que la situación escale a una invasión total en las próximas horas o días, sobre todo si la región y la «comunidad internacional» no atinan a ejercer ningún tipo de acción disuasoria eficaz

Si el objetivo era inducir una rebelión militar de proporciones o una insurrección popular (o  ambas), ésta no se produjo. Entonces, es natural esperar que la presión armada sobre la cadena de mando se agudice y que el Pentágono busque compensar por vía militar lo que no se está consiguiendo en principio por vía política, que es la rendición incondicional de su enemigo.

Aquí habría que definir quién es el enemigo: si el gobierno o el pueblo. EEUU jaqueó al rey (Maduro) pero aún no ganó la partida y el control de Caracas y el país por las tropas venezolanas es real. No hay combates entre facciones militares, conatos de rebelión ni «guarimbas» de ningún tipo: 2026 no es 2014 ni 2017. Es más: las únicas movilizaciones, a pie o con motorizados, son desde el campo del chavismo, aunque por supuesto esto tampoco es 2002 (cuando el golpe y la restitución por movilización popular de Chávez).

Desde las fuerzas venezolanas dudan  que la fuerza invasora pueda intentar tomar control de los pozos e infraestructuras petroleras, para financiar así la operación y empezar lo que podría ser una larga e imprevisible estrategia de balcanización territorial como se ha hecho con frecuencia en otros teatros de operaciones. Según el «corolario Trump» a la Doctrina Monroe, los recursos estratégicos de Venezuela le pertenecerían a EEUU en virtud de las nacionalizaciones de la década del 70 y comienzos de este siglo.

El caso de Venezuela deja en claro que otros países también están bajo la espada de Damocles de la intervención: México, Colombia, Brasil, Cuba, etcétera. Esto nunca tuvo nada que ver con la democracia, los derechos humanos, los cárteles de las drogas o el combate al narcotráfico, sino con el relanzamiento de la geopolítica imperial más belicosa, el dominio geopolítica de Latinoamérica y el Caribe, y el saqueo colonial de nuestros recursos naturales.

Fuente de la Información: https://www.pressenza.com/es/2026/01/venezuela-lo-empujan-hacia-un-estado-libre-asociado/

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