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Los bancos ganaron 166 % más en 2019: ¿y cuánto recibió la educación pública?

Por: Nathalia González Seligra y Federico Puy.

Ya arrancó la paritaria nacional docente y hubo reuniones en varias provincias. Nicolas Trotta, el ministro de Educación quiere quitar la cláusula gatillo y pide “responsabilidad” y mesura a la hora de discutir plata para educación y salarios, mientras su gobierno negocia pagar a bonistas y FMI. La deuda, es con la educación y las y los trabajadores. ¿Qué plantea la izquierda?

Necesitamos recuperar todo lo perdido bajo los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Nuestro salario perdió entre un 30, 40 o 50 por ciento (según informes de sindicatos provinciales) de poder adquisitivo, mientras que las grandes patronales amasaron fortunas. Las familias de nuestros chicos se quedaron sin trabajo, o hacen changas en forma precarizada y no llegan a fin de mes. La canasta básica familiar según el propio Indec está en $62 mil pesos y los alimentos aumentaron en enero un 4,7% y va a seguir subiendo porque anuncian nuevos tarifazos. Estas tarifas que tanto afectan a nuestros pibes y sus familias, que muchas veces el único plato de comida caliente que comen es en la escuela, porque prender una hornalla es un lujo.

La importancia de la cláusula gatillo

Comenzó la discusión paritaria y Hugo Yasky, diputado nacional por el Frente de Todos y dirigente de la CTA dijo por los medios que “la cláusula gatillo en las paritarias genera inercia inflacionaria», el mismo discurso que tiene Trotta y los funcionarios del gobierno. Estas declaraciones fueron en consonancia con las de Alberto Fernández.

Ya hay dos provincias afectadas por la quita de la cláusula gatillo, que correspondía a la negociación del año pasado a nuestro salario. Se movilizaron en Tucumán, los docentes junto a estatales y trabajadores de la salud, en Mendoza. En la provincia de Buenos Aires el gobernador Axel Kicillof, optó por los buitres antes que la educación. O la propia provincia de Chubut, donde los bonistas exigen $650mil millones de dólares a la provincia y se adeuda la cláusula gatillo a los docentes.

Yasky se hace eco de los funcionarios que quieren imponer paritarias maniatada y cuando se habla de aumento de salario nos piden que más seamos solidarios con los menos tienen. Los docentes trabajamos todos los días con las familias que vemos cómo ingresan en la más absoluta pobreza, sabemos de qué se trata, no nos las tienen que contar. Somos solidarios todos los días poniendo de nuestros bolsillos para material didáctico o ropa y zapatillas cuando una mamá nos cuenta porque no manda a sus hijos al colegio ¿Por qué a los que más ganaron con la era de Mauricio Macri no se les pide absolutamente nada?, y es más, en algunos casos le dieron nuevos beneficios como a las petroleras y mineras.

Miremos sino las fabulosas ganancias de los Bancos privados, solo en 2019 – $ 262.332 millones. Es decir, un 166% más que en 2018. Pero en cambio con nuestros viejos y viejas, el ajuste empieza a partir de una módica jubilación $ 16.200, para alguien que laburo años y años. Y a los trabajadores se les pide mesura ¿Porque no ajustan a los bancos, petroleras, grandes empresarios del campo?

La deuda es con los pibes y la educación

Desde hace muchos años la educación viene en caída libre, gracias a las políticas educativas neoliberales implementadas desde los 80, con una educación ligada a las necesidades de las grandes patronales, del trabajo precario y de la necesidad del capital de reproducir mano de obra barata. La baja en los presupuestos educativos, los constantes ataques a los docentes, la precarización enorme en la juventud y la constante pauperización de las familias que concurren a la escuela pública.

Aunque da bronca, vale la pena recordar que más de 700 mil chicos de 5 a 15 años trabajan en el país, y según UNICEF hay un 47,7 por ciento de los hogares con niños y adolescentes que no cubren la canasta básica y 5,6 millones de niños son pobres, de ellos, 1,3 millón está en la indigencia. Esto se profundizará. Hay que unirnos desde las escuelas con todas estas familias, con la juventud y organizarse, para pelear contra estas condiciones de vida que quieren imponernos.

¿Cómo salimos de esta crisis?

Con respecto a la crisis que dejó Macri y la deuda hay que tomar decisiones fuertes, como planteó nuestro compañero Nicolás del Caño y el Frente de Izquierda en campaña. Desconociendo esta deuda el país se ahorraría millones y millones, que como ya se demostró es ilegal, ilegítima y fraudulenta. Es falsa la idea de que se podía cumplir la deuda y frenar el ajuste. Mientras se negocie para pagar, la contrapartida va a ser una política que haga caer los costos sobre sectores de la clase trabajadora y el pueblo, nunca sobre los banqueros. Aunque lo quieran tapar con discursos de «solidaridad». Hay que hacer un gran ahorro nacional desconociendo soberanamente la deuda y volcando esas decenas de miles de millones de dólares a servicio de las necesidades del pueblo trabajador. Es lo contrario a subordinarse a los dictados del FMI y los buitres como está haciendo Alberto.

Por eso la tarea, tenemos que asumirla en conjunto trabajadores, estudiantes, familias jubilados movilizándonos e imponer en las calles otro programa, otra política al servicio de las mayorías. Esa es la solidaridad que tenemos que desarrollar, pelear juntos por nuestros intereses.

Para evitar la crisis y un posible “default”, se hace necesario desconocer la deuda no pagarla y nacionalizar la banca para que no fuguen los capitales, los mismos que se beneficiaron de la deuda, ya que los grandes bancos privados y todo el sistema está organizado no para proteger a los pequeños ahorristas (cómo vimos en 2001), sino para proteger a los mismos ricos que toman deuda fraudulenta y cada vez que las cosas se ponen feas la fugan al exterior.

El país recaudaría nacionalizando el comercio exterior, hoy en manos de las cerealeras y otras patronales agrarias, y seguramente con estas medidas habría decenas de millones de dólares por año para bajar las tarifas. Y nacionalizar el sistema energético para no quedar atrasados tecnológicamente y hacer un plan de obras públicas para construir un millón de viviendas, hospitales, escuelas, pagar a los jubilados la canasta básica, entre otras medidas de emergencia. Sólo una nacionalización de la banca y de las grandes empresas estratégicas podrá crear empleo y superar la pobreza.

¿Qué deben hacer nuestros sindicatos?

En toda la Argentina somos más de un millón y medio de docentes, de todos los niveles. Hay una escuela en cada pueblo y en cada ciudad. Miren la fuerza y la extensión que tenemos y el lugar que ocupamos. Somos parte, como trabajadores de la educación, del conjunto de la clase trabajadora en Argentina que van desde los que abren las escuelas, los que construyen casas, trabajan en las fábricas y comercios, y los que manejan los transportes. Nosotros trabajamos con los hijos e hijas de toda esta clase trabajadora.

Los sindicatos nacionales como CTERA tienen que tomar en sus manos estas problemáticas y convocar a movilizar. En primer lugar hay que poner en pie asambleas por escuela, por zona y distrito y debatir de abajo para arriba para tomar resoluciones. En relación al salario tenemos que defender la cláusula gatillo y conseguir un aumento que nos permita superar realmente a la inflación. Pelear por un básico unificado nacional sin sumas en negro, nacionalizar el sistema educativo acabando con los resabios de la ley federal de Educación de Menem y la fragmentación que mantuvo la Ley Nacional.

La CTERA tiene la fuerza de hacer desde Ushuaia a la Quiaca una fuerte campaña ¡La deuda es con el pueblo! partiendo de la necesidad de no pagar esta estafa y explicando por ejemplo, que si se elige pagar a los bonistas y arreglar con el FMI, las primeras en golpear serán nuestras escuelas. Para los que conocemos o conservamos memoria de las grandes luchas que dimos los docentes, tanto el Maestrazo de 1989 como las luchas provinciales previas al 2001, o la importante lucha en Provincia cuando los docentes cantábamos “A ver Cristina, a ver si nos entendemos, con 1800 pesos, de básico no comemos / Derrochan millones, pagando a Repsol/ y no dan un peso, para educación. / Los trabajadores salimo’ a luchar / ganemos las calles, huelga general”, cuando se acuerda con los buitres y el Fondo vienen por nuestros derechos. Hoy tenemos como apoyo seccionales y sindicatos provinciales recuperados por la izquierda, para poner otra política y otros intereses por delante.

Los docentes del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, desde la Corriente Nacional 9 de Abril, con presencia en decenas provincias, somos socialistas y peleamos día a día contra la clases social de los especuladores y los ricos, por ellos defendemos nuestro salario, enfrentamos tarifazos y ajustes a jubilados y el pueblo.. Los dueños de la Argentina son duros contra los trabajadores, pero cobardes frente al FMI y a los grandes acreedores. Sólo una gran fuerza de trabajadores puede movilizar a todo el pueblo, conquistar un gobierno de los trabajadores que no se agache ante los poderosos para frenar décadas y décadas de decadencia nacional.

Fuente del artículo: https://laizquierdadiario.com/Los-bancos-ganaron-166-mas-en-2019-y-cuanto-recibio-la-educacion-publica

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“En Venezuela ya muchas personas viven dentro de condiciones de catástrofe ambiental”

América del Sur/ Venezuela/ 18.02.2020/ Fuente: correodelcaroni.com.

 

La Constitución de la República de Venezuela en su capítulo nueve sobre los derechos ambientales, artículo 127, establece que es una responsabilidad del Estado generar políticas públicas que garanticen el cuidado y protección del ambiente ya que “toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado”.

Señala también que es una obligación proporcionar el desenvolvimiento de la población en un “ambiente libre de contaminación” en donde el aire, agua y suelos sean protegidos. Sin embargo, el desgobierno y la falta de acciones políticas -en cualquier ámbito- golpea fuertemente al medio ambiente venezolano.

Gigantes deforestaciones, contaminación del agua y comida con mercurio, inyección de gases a la copa de ozono y fuertes cambios climáticos son algunas de las consecuencias ambientales en la actualidad traída por un modelo económico extractivista depredador, es decir, extraer recursos a todo dar sin medir el impacto.

Caso particular del estado Bolívar: el Arco Minero del Orinoco. En esta zona se explota masivamente el oro de la manera tradicional, ya que no se cuenta con la tecnología adecuada para realizar una explotación minera ecología. Por consiguiente, la quema de millones de hectáreas, el uso de cianuro y arsénico a gran escala y el desvío de las corrientes de agua perjudican de manera notable tanto la tierra como el agua, el clima y la biodiversidad de toda el área.

Se pronostica que esta parte de la nación se convertirá en un desierto improductivo por las excavaciones contaminadas y que esto comprometerá gravemente las reservas de agua y generación de energía para todo el país.

A dos semanas de que el papa Francisco I publicara la exhortación apostólica Querida Amazonia donde expresa la importancia de la selva como pulmón del mundo y la responsabilidad que tienen las naciones que la conforman sobre ella para cuidarla y que sea una riqueza natural para la humanidad, Alejandro Álvarez, coordinador de Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos, publica su análisis de la situación ambiental del país.

Clima21 es una organización enfocada en los derechos humanos ambientales de los venezolanos que busca de promover la educación ambiental en el marco del desarrollo sostenible.

El borde inexistente de la catástrofe ambiental venezolana, por Alejandro Álvarez

Leo una noticia donde alguien declara a un periódico que “Venezuela está al borde de una hecatombe ambiental”.

Ese tipo de declaraciones más que denunciar y buscar soluciones para la terrible situación ambiental que vive actualmente el país, lo que hace es confundir a los lectores y muestra el poco conocimiento sobre el ambiente que tiene el que expresó esa opinión.

Las crisis ambientales son procesos que van escalando y generando consecuencias.

No existe un lugar o situación que esté al borde de algo, como si estuviéramos aún a salvo siempre y cuando no demos un paso demás.

Además esa afirmación desconoce la complejidad de los diferentes temas ambientales en los diversos territorios del país, con distintos procesos desarrollándose en paralelo e incidiendo los unos sobre los otros.

Por eso, debido a la crisis ambiental que sufre Venezuela ya muchas personas viven dentro de condiciones de catástrofe ambiental.

Piensen en personas que habitan en sitios que no tienen servicio de agua desde hace varios meses (en algunos casos muchos meses) o donde nunca se recogen los desechos sólidos.

Quizás no podemos entender del todo el nivel de daño de la falta de agua. Pero podemos tratar de comprender la magnitud del desastre en este testimonio de una habitante de una zona popular del estado Carabobo:

“Pocos saben lo que significa vivir casi dos semanas sin agua. Tu vida termina degradándose completamente. Cada aspecto. Es como retroceder y dejar de ser parte de la civilización”.

O también los que viven en sitios donde el aire o el alimento están fuertemente contaminados de mercurio. Lugares con niveles de concentración de mercurio tan alto que está aumentando de manera alarmante el número de personas afectadas y de niños nacidos muertos o con graves deficiencias.

Otras personas habitan en zonas que han sufrido procesos de deforestación tan severos que los ríos se están secando o donde ya no existen los bosques que actuaban como mecanismo de estabilización de los suelos y tienen cada vez un mayor riesgo de ser afectados por un derrumbe o deslave.

Muchos otros viven en zonas inundables o cuyos suelos se desertificaron. O donde fueron agotados los recursos de la biodiversidad de los cuales dependían para su alimentación o economía.

Del primer caso hablamos de cientos de miles de personas como las que fueron afectadas en las inundaciones al sur del país en el 2018. Y cuando hablamos de afectadas queremos decir que muchísimas personas perdieron sus viviendas, cosechas, animales y sus bienes personales. La enorme mayoría eran personas muy pobres. Luego de esa situación quedaron en una situación aún peor.

En el caso de desertificación ya pueblos completos fueron abandonados al perder toda fuente de agua y posibilidad de extraer alguna cosecha de sus suelos agotados.

Por su parte, miles de personas en el estado Sucre quedaron sin capacidad de mantenerse al ir desapareciendo los recursos pesqueros de los que dependían para vivir.

En todos esos casos ¿dónde está el borde? y si esa línea existiese, ya mucha gente la sobrepasó, y cayeron al precipicio. Otros van avanzando hacia cada vez peores condiciones de vida.

Por todo ello es necesario tener cuidado con las ideas simplistas (por no decir otra cosa) sobre temas complejos. Menos unas que hagan creer que “vamos por el mal camino” pero sí se rectifica aún hay tiempo para evitar los daños.

Esta crisis ambiental está afectando de manera muy grave a muchísimos venezolanos y representa una violación masiva de derechos humanos. Aún peor, se convertirá en un importante obstáculo para que el país logre recobrar un nivel mínimo de bienestar.

Además estas frases apocalípticas generan generalmente rechazo o resignación más que acción urgente que es lo que necesitamos.

Por ello debemos unirnos todos para resistir y luchar contra un sistema construido para que un grupo de bandas criminales destruyan el país y su naturaleza sólo por codicia y perversión.

Más adelante, será necesario iniciar programas nacionales de restauración y educación ambiental que reconstruyan los equilibrios básicos de la naturaleza y de nuestra relación con ella.

Sólo así podremos recobrar el país próspero y responsable que necesitamos y donde ya nadie hable, ni viva en situaciones borde.

Fuente de la noticia: http://correodelcaroni.com/mas/ambiente/4435-en-venezuela-ya-muchas-personas-viven-dentro-de-condiciones-de-catastrofe-ambiental

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CLADE: Sociedad civil de Perú celebra reglamentación de la educación privada

América del Sur/ Perú/ 18.02.2020/ Por: Samuel Grillo /  Fuente: redclade.org.

Nuevo decreto del Ministerio de Educación peruano cierra escuelas privadas ilegales y apunta hacia la reglamentación de este tipo de institución

La Plataforma por la Educación, coalición de la sociedad civil en la cual forma parte la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), publicó un pronunciamiento, a propósito de la emisión del Decreto de Urgencia (DU) nº002 del Ministerio de Educación (MINEDU). El decreto anuncia el cierre de cientos de escuelas ilegales que ofrecían servicios a familias de escasos recursos en el país.

También expresa la intención del MINEDU de regular el funcionamiento de las escuelas privadas, las cuales en el país, según Madeleine Zúñiga, coordinadora de la CPDE, son muchas y muy diversas, pasando por los colegios religiosos y también los promovidos por consorcios de bancos y otros actores con fines de lucro.

En su pronunciamiento, la Plataforma por la Educación saluda la decisión del Ejecutivo de actuar contra la extendida informalidad que existe en el sector de la educación privada en el país. “De este modo, el Estado peruano ejerce su rol de garante del derecho a la educación, afirmando a la educación como un servicio de interés público, cuya calidad le corresponde regular, tanto si se ofrece en instituciones de gestión estatal como de gestión privada”, subraya la declaración pública.

Según la Plataforma por la Educación, desde la promulgación de la Ley de Promoción de la Inversión en Educación (DL 882), se  observa un acelerado crecimiento de instituciones educativas privadas de características muy distintas y con fines de lucro en el país. Su espectro va desde aquellas de bajo costo y mala calidad, hasta las que son de excelente calidad pero a un costo altísimo.

La Plataforma insta al MINEDU para que mantenga informada a la población sobre la reglamentación del Decreto, en la que se especificarán los mecanismos para su implementación, señalando con precisión a qué tipo de instituciones educativas privadas afectarán las medidas que disponga.

“El MINEDU debe tener muy en cuenta la gran diversidad de escuelas privadas para regular equitativamente su funcionamiento y a la vez frenar el lucro que ha convertido a la educación en una mercancía, siendo un factor más de segregación, de segmentación social. El pronunciamiento demanda velar por la calidad de la educación pública y privada, pero solo una educación pública de calidad podrá detener la migración de las familias a las escuelas privadas al alcance de sus bolsillos, y en búsqueda de una supuesta mejor calidad”, afirma Madeleine Zúñiga.

Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/peru-sociedad-civil-celebra-reglamentacion-de-la-educacion-privada/

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Educar para reconstruir a Venezuela

Por: Antonio Pérez Esclarin.

Si es bien evidente que para salir del abismo en que estamos y empezar a construir una Venezuela  reconciliada y próspera, se necesitan  cambios radicales en la economía y la política, lo más difícil e importante va a ser cambiar la mentalidad y la cultura, lo que va a suponer emprender una  cruzada por una  educación verdaderamente humanizadora, que enseñe el respeto, la  honestidad, la solidaridad, la convivencia y el  valor del trabajo. Resulta evidente que la profunda crisis  que vivimos tiene  su origen, su sustento y razón  en la  profunda crisis moral que ha corrompido vidas y conductas,  ha exacerbado la ambición, la deshonestidad y la inmoralidad, y ha hecho de la ley y de la constitución algo inútil porque no se cumplen. Somos un país sin principios ni leyes, donde impera el vivismo, la especulación, la deshonestidad, la violencia. El fin justifica los medios. Todo parece lícito si produce poder o si produce dinero, que son los valores esenciales. Para obtenerlos se sacrifican vidas y personas, se especula y engaña sin el menor pudor y  se recurre a la violencia.

Por ello, cada  día ganan más y más terreno las llamadas economías subterráneas como el sicariato (de lo único que no hay inflación en Venezuela es del valor de la vida que cada día vale menos),  la corrupción, la delincuencia, el secuestro, la prostitución de adultos y de niños, la pornografía, el bachaqueo, la especulación abierta y descarada,   el tráfico de drogas, de  armas, de medicinas, de gasolina, y hasta de personas. El llamado de Jesús “Amaos los unos a los otros”, lo estamos traduciendo por “Armaos los unos contra los otros”. Por otra parte,   propuestas moralizantes y discursos con fervientes llamados a la ética, ocultan con frecuencia, la manipulación, el ansia de poder,  la corrupción, el engaño, la  mentira. Hoy se miente tan descaradamente que ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira, pues hemos matado el valor de las palabras, y todas son válidas para lograr los objetivos,

Ante esta realidad, urge una educación  que se oriente a gestar personas respetuosas y ciudadanos honestos, responsables y solidarios, preocupados por el bien común, defensores de los derechos y cumplidores de sus deberes y obligaciones. Y esta  debe ser la principal tarea no sólo de los educadores, sino  también de las familias, del Estado y de la sociedad. Resulta de un gran cinismo pedir a los educadores que eduquen en unos valores que son pisoteados abiertamente. ¿Cómo es posible que algunos gobernantes o connotados políticos que deberían dar ejemplo de probidad,  respeto y honestidad,  traicionan sus principios por dinero,  llevan vida de opulones frente a la miseria de los innumerables lázaros, ofenden, mienten descaradamente, amenazan  a cada rato y no pase nada?

Para ello,  es urgente que  la política se cimente sobre la ética,  y que  la educación recupere su importancia, vuelva a ser una verdadera prioridad nacional, tarea y compromiso de  todos… Padres y maestros deben  reencontrarse y proponerse vivir tanto en la casa como en la escuela  aquellos valores que consideran esenciales para el pleno desarrollo personal y la sana convivencia. Los políticos deben ser, parecer y actuar como ciudadanos ejemplares, y apoyar decididamente la educación, entendiendo que es el medio esencial para  lograr la convivencia, la prosperidad y la paz. No olvidemos que la educación es  tarea de  todos pues todos  educamos o deseducamos  con nuestra conducta y  nuestra vida.

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CLADE: Nueva reforma educativa en México y la institucionalización del poder corporativo

Por: CLADE.

En este relato, Mauro Jarquín, investigador de temas relacionados a la política educativa, aborda la ley y las políticas mexicanas, analizando en qué medida ellas favorecen el lucro y la privatización en la educación

Mauro Jarquín: “Lo que se ha fortalecido en esta nueva reforma educativa es la privatización endógena“. Foto: Divulgación/Mauro Jarquín

Se ha completado un año de gestión de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, país que nunca había sido gobernado por un partido públicamente declarado de izquierda. Una de sus primeras acciones en el gobierno fue la promulgación de una reforma educativa, que también completó un año de vigencia.

La reforma, según especialistas y líderes del campo educativo del país, se presentó como un cambio a la reforma anterior, de 2013, impulsada por el ex-presidente Enrique Peña Nieto.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) conversó con el especialista e investigador mexicano Mauro Jarquín para saber más sobre la reforma, y si realmente significó una ruptura con la política educativa anterior. Además, se indagó si la reforma favorece u obstaculiza la privatización y el lucro en la educación nacional.

Tesista de Ciencia Política, ex-consejero estudiantil en la FCPyS y colaborador de medios electrónicos como Insurgencia Magisterial y Otras Voces en Educación, Mauro Jarquín investiga temas relacionados a la política educativa, la organización política del empresariado y la historia económica de América Latina.

En este relato, que resulta de la conversación, Mauro Jarquín analiza cómo la educación mexicana, aún con la reforma, está lejos de ser pensada como un derecho, ya que el Secretario de Educación actual ha sido presidente de una de las más grandes fundaciones privadas de educación. “Lucro y educación siguen siendo un norte para la política educativa mexicana”, destacó.

“Lo que plantea ahora el gobierno no es únicamente generar una política fiscal que incentive un consumo de educación privada, sino dar directamente recursos a aquellas personas que están en las escuelas privadas”, añadió. Lee el relato completo:

El lucro y la reforma educativa en México

Estamos en este momento cruzando un proceso de reformas educativas que se inició formalmente desde diciembre de 2018. En relación a la privatización y al lucro en la educación, pasamos de una política que era una especie de terapia de choque, la reforma de 2013, a una más bien gradual porque los elementos que eran los más evidentes sobre la posibilidad de lucro en la educación, más allá de la provisión privada directa, fueron quitados.

“Lo que se ha fortalecido en esta nueva reforma educativa es la privatización endógena”

Por ejemplo, en el artículo 2073 de la Constitución, no se habla en subvenciones del gobierno directamente a proveedores privados del servicio educativo, lo que sí se menciona tanto en el artículo constitucional como en la ley general de educación, es la posibilidad de que los proveedores privados colaboren en los procesos de gobierno, en los procesos educativos públicos.

Lo que se ha fortalecido en esta nueva reforma educativa es la privatización endógena porque se recuperan mecanismos de administración y gerenciales en la educación pública. Lo que es más evidente es el lineamiento para la generación de una especie de gobernanza corporativa en la educación. Es una privatización de la política educativa.

Esa privatización de la política educativa se encuentra en la Ley General de Educación en los artículos que son relativos al fomento y a la provisión de la educación inicial. La educación inicial en México actualmente es provista en un 39.3% por la iniciativa privada, y la reforma constitucional que se publicó oficialmente el 15 de mayo pasado establece que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial.


Garantizar ≠ proveer

Sin embargo, para la jerga jurídica mexicana, garantizar no es necesariamente lo mismo que proveer. Entonces, el Estado puede garantizar el acceso de los niños y las niñas a la educación inicial, por ejemplo, a través del fomento a la provisión de servicios por parte del sector privado.

Eso más bien es una interpretación porque no está en la ley. Lo que está en la ley es que el Estado fomentará la cultura de la educación inicial con apoyo de privados, sociedad civil y organismos internacionales, en el artículo 38.

En el artículo 39, se menciona que la autoridad determinará principios rectores de la educación inicial con la colaboración de privados y organizaciones de la sociedad civil. Lo importante aquí es que, en el proceso político de la reforma, este artículo relativo a la educación inicial fue una exigencia, particularmente, del grupo de empresarios “Mexicanos Primero”. Forma parte de la agenda regional que ha sido impulsada por Interamerican Dialogue desde algunos años, y que busca impulsar agendas para la educación inicial en los 14 países donde se encuentran las organizaciones que ingran la Reduca. Sin embargo, no hay explícitamente en la Ley General de Educación un artículo que habla sobre subvenciones, por ejemplo, o sobre financiamiento educativo a la demanda.


Calidad x excelencia

La reforma educativa se expresa particularmente en el artículo 3º de la Constitución. Manuel López Obrador llegó al gobierno con un gran apoyo del magisterio mexicano en general, independientemente de su filiación sindical, pues afirmó durante toda su campaña electoral que eliminaría la reforma educativa de Peña Nieto.

La reforma educativa anterior establecía una educación de carácter gerencial, políticas de autonomía para las escuelas, fomentaba alianzas público-privadas y cambios en el sistema de gobernanza. Se solía decir que era una especie de choque con relación a la tradición educativa mexicana.

“En la reforma actual, sustituyeron toda la noción de calidad – como concepto rector del artículo constitucional – por excelencia, de modo que el fundamento de toda la reforma es que la educación mexicana entiende excelencia como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje en los educandos, para el fomento del pensamiento crítico y el vínculo entre la escuela y la comunidad”

Lo que hizo el presidente actual fue enfocarse particularmente en el tema de las políticas de rendición de cuentas en Educación con respecto al magisterio y la constitución de un esquema de carrera docente menos meritocrático, un poco menos estandarizado.

Sin embargo, quedaron elementos que apuntan a que el sentido educativo responde mucho al interés del mundo corporativo. Por ejemplo, el artículo rector de la reforma educativa de 2013, el concepto rector de calidad en la educación y la definición de calidad educativa, era el máximo logro de aprendizajes de los educandos.

En la reforma actual, sustituyeron toda la noción de calidad – como concepto rector del artículo constitucional – por excelencia, de modo que el fundamento de toda la reforma es que la educación mexicana entiende excelencia como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje en los educandos para el fomento del pensamiento crítico y el vínculo entre la escuela y la comunidad. Sin embargo, cuando vemos las políticas de evaluación que se están planteando realmente es una especie de continuidad.

Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/nueva-reforma-educativa-en-mexico-lucro-y-privatizacion/

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¿Es conveniente flexibilizar el porte de armas en Colombia?

Por: Julián De Zubiría. 

  • Durante el año en curso, Colombia volverá a decidir si ampliar o limitar el porte de armas en manos de los ciudadanos. En esta columna señalo algunos argumentos de por qué se puede prever que, si se aumenta la flexibilización en el país, muy seguramente se elevaría el número de homicidios.

Mucho menos revuelo causó el asesinato de un niño en Medellín, cuyo padre, al parecer, había robado una bicicleta días atrás. Ante el cadáver de su hijo pusieron un letrero tan cruel como inhumano: “Siga robando HP”.

Los dos casos anteriores vuelven a poner sobre la mesa un debate esencial en toda democracia: ¿Se debe flexibilizar el porte de armas o, por el contrario, fortalecer el total monopolio del Estado sobre ellas?

Un porte más libre de armas ha sido ampliamente defendido por algunos parlamentarios del Centro Democrático y del Partido Conservador; muy especialmente, por Christian Garcés, Alfredo Rangel y Juan Carlos Wills. A nivel internacional esta tesis ha contado con el total respaldo de Donald Trump, quien llegó a proponer la absurda idea de armar a los profesores para detener las frecuentes masacres en las instituciones educativas. En Brasil, Jair Bolsonaro, desde su campaña había propuesto liberalizar el porte de armas, bajo la tesis de que era lícito “matar ladrones” y que, quien lo hiciera, sería indultado.

Como puede verse, el debate sobre la flexibilización en el porte de armas, claramente marca fronteras ideológicas, éticas y políticas. Al fin y al cabo, lo que está en juego es la defensa de la vida, los derechos humanos y los principios democráticos.   La idea de los defensores de la flexibilización es muy sencilla: proponen liberar el porte de armas para que los “ciudadanos de bien”, se defiendan de los maleantes.

El término “ciudadano de bien” debería estar proscrito de la reflexión y el debate, por excluyente, clasista y segregador. Pero muy especialmente, por ser completamente falso, dado que atribuye un mejor comportamiento ético y ciudadano a quien posee mayores recursos económicos, lo cual, a todas luces es una asociación que no necesariamente se cumple. Sin embargo, la idea central del proyecto que deberá discutirse durante el año en curso, propone facilitar el porte de armas para que los ciudadanos ejerzan su defensa.

En Colombia 690.000 colombianos tienen armas amparadas. De ellos, 400.000 pueden portarlas. Así mismo, se estima que hay 3 millones de armas ilegales que circulan por las diversas regiones.

Tres argumentos principales se pueden exponer en contra de la flexibilización del porte de armas, entendiendo que, en casos muy excepcionales, es comprensible que puedan portarlas los ciudadanos cuyas vidas corran gran peligro, pero eso ya está contemplado y reglamentado en detalle por la ley. Nos interesa plantear si las excepciones deben seguir ampliándose indefinidamente, como proponen algunos políticos, y cuál sería el costo social y humano de hacerlo.

En primer lugar, al flexibilizar el porte de armas el Estado está trasladando la potestad de ejercer justicia a una muy pequeña parte de la población. En la práctica queda legalizada la pena de muerte, ya que un ciudadano que se sienta amenazado, sin ningún juicio, ni defensa, ni proceso en curso, puede disponer de la vida de quien considera que lo está amenazando. Más grave: la decisión sobre la vida o la muerte de otra persona la debe tomar en pocos segundos. Todavía más delicado: quien posee un arma tiene mayor poder de intimidación y mayor capacidad para ejercer violencia. Todos sabemos lo intimidante que puede volverse una persona que desenfunda su arma. Por tanto, seguramente la flexibilización se convertiría en Colombia en un factor que, en lugar de reducir, eleve el número de homicidios. En mayor medida, si tenemos en cuenta que somos un país acostumbrado a la muerte, muy intolerante, poco empático e insensibilizado tras décadas de violencias, mafias y conflicto armado.

¿Se imaginan cuántas de las mujeres maltratadas en Colombia, habrían terminado muertas si sus esposos tuvieran autorización para portar armas? ¿Se imaginan cuántos muertos se producirían en las calles de las ciudades del país, si en las riñas callejeras, algunos de los involucrados hubieran tenido derecho a usarlas? ¿Se imaginan cuántos hinchas deportivos habrían muerto si los hinchas de los equipos contrarios tuvieran permiso para portar armas? ¿Se imaginan cuántos reclamantes de tierras habrían sido asesinados, si los usurpadores de sus tierras tuvieran derecho a portar armas?

Preguntas todas ellas muy pertinentes en un país en el que la mitad de los homicidios son generados por alguien que conocía previamente a sus víctimas; los victimarios eran, muy posiblemente, sus esposos, sus compañeros o sus vecinos y murieron en una actividad deportiva o social acompañada, por lo general, de licor. Es tan triste que el Día de la Madre sea la fecha con mayor número de homicidios en el país. Aun así, ¿prefieren que más personas salgan armadas a la calle todos los días?

El segundo argumento es científico. Dado que esta es una medida que ya se ha adoptado en diversas regiones del mundo, es relativamente fácil saber cuál ha sido su impacto. El caso más claro de todos es Estados Unidos, país en el que de tiempo atrás en diversos estados ha sido permitido el porte, hasta tal punto, que se consiguen armas y municiones en cualquier supermercado, como muy claramente lo ilustró Michael Moore en el documental Bowling for Columbine (Premio Óscar al mejor documental largo en 2002).

Estados Unidos es un buen contraejemplo a la propuesta del porte legal de armas. Según un estudio reciente, entre 1966 y 2012 en este país se presentaron 90 tiroteos masivos. Los 90 tiroteos son cerca de un tercio de los 292 ataques que se registraron en el mundo para el mismo periodo. Sin embargo, aunque esta nación tiene el 5% de la población mundial, allí se presentaron el 31% de los tiroteos masivos. Una variable central para explicar esto, tiene que ver con su política de liberación de armas. Así mismo, en el Estado de la Florida, tras promulgarse la ley de libre porte de armas en 2005, el homicidio aumentó casi un 30 por ciento durante los años siguientes.

Investigaciones adelantadas en el mismo país, encuentran que no sólo se eleva el número de asesinatos por homicidios con un porte más flexible. También se evidencia que aumenta el riesgo de suicidios. La explicación es sencilla: es más fácil quitarse la vida si hay armas al alcance de individuos con tendencias suicidas.

Aunque el tiempo todavía es breve para conclusiones generales, en Brasil la situación al parecer ha sido similar. Bolsonaro recién posesionado, cumplió su promesa de campaña y flexibilizó el porte de armas. El Atlas de la Violencia registró el 2019 en Brasil como el año de mayor número de homicidios por cada 100.000 habitantes.

Los partidarios de la legalización harían bien en estudiar el dramático caso venezolano. Cuando Chávez llegó al poder en 1999 la cifra oficial era de 19 homicidios por cada 100.000 personas. Hoy en día, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), estima que se multiplicó por cuatro al llegar a 79 muertos. ¿Qué pasó? Que el gobierno repartió armamento preparando a la población para una supuesta invasión norteamericana. Amnistía Internacional estima que, en un país de 29 millones de habitantes, existen 6 millones de armas distribuidas entre la población. Caracas se convirtió en la tercera ciudad más insegura del planeta y otras dos (Guayana y Ciudad Bolívar), están entre las diez más inseguras. Como puede verse, la experiencia internacional permite pensar que una mayor flexibilización, eleva la inseguridad y no la reduce, como suponen sus defensores.

El tercer argumento se puede inferir de diversos estudios y experiencias colombianas. Un estudio realizado en 2017 por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) encontró que, incluso personas entrenadas en su uso, como los vigilantes, presentaban en Colombia y contrario a lo que presuponen sus defensores, mayor riesgo de ser asesinadas si estaban armadas.

Otro estudio de la FIP, realizado en 2019, ratifica que el uso de armas de fuego en homicidios ha disminuido en los últimos siete años en el país, cuando se restringió el uso libre de armas.  En 2010, el 81% de los homicidios se producían con armas de fuego y en 2018 el 72%. Sigue siendo muy alto, pero la tendencia es favorable.

Una experiencia significativa en esta misma dirección, se encuentra con la búsqueda del monopolio de las armas en Bogotá durante la alcaldía de Antanas Mockus. Sus medidas a favor del desarme permitieron reducir significativamente las tasas de homicidios de 72 (1994) a 51 por cada 100.000 habitantes (1997).

De todas maneras, la experiencia más importante de todas se ha vivido con el desarme de las FARC alcanzado gracias al proceso de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos. El mayor triunfo del acuerdo radica en la reducción sostenida de los indicadores de violencia. Es así como, entre 2012 y 2017, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes se redujo de 34 a 24 casos en el país. Lo verdaderamente grave es que esta tendencia ha comenzado a revertirse con la llegada al poder de Iván Duque y muy especialmente desde finales del año 2019. La Misión de Observación Electoral (MOE), concluye que enero de 2020 es el mes más violento contra los líderes sociales en los últimos cinco años.

El presidente Duque afirma que defiende el desarme. Lo mismo ha dicho su Consejero para la seguridad. Ojalá se consoliden estas posiciones en la nación, ya que en una democracia le corresponde al Estado garantizar el monopolio total en el uso de las armas y de la fuerza, para que solo tengan como propósito proteger la vida, que es el más importante de todos los derechos.

En la práctica, permitir el porte de armas equivale a establecer la pena de muerte sin juicio previo. Un meme que circuló en redes lo expresaba de manera clara: “Si matar para robar es malo, pero matar al que roba es bueno, entonces lo que importa no es la vida, sino la propiedad”. ¿Eso es lo que más importa hoy en Colombia?

(*) Director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación

Fuente del artículo: https://www.semana.com/opinion/articulo/es-conveniente-flexibilizar-el-porte-de-armas-en-colombia-julian-de-zubiria/652415

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Argentina: Provincias activan rounds docentes y buscan ahuyentar gatillo y huelgas

América del Sur/ Argentina/ 18.02.2020/ Por: Silvina Kristal/ Fuente: www.ambito.com.

Las negociaciones tienen un anclaje marcado por incertidumbres nacionales (sin paritaria federal resuelta, ni presupuesto ni pautas macroeconómicas) y por el sostenido retroceso de los recursos propios. Crece el lote de distritos que explora esquivar subas por inflación, en línea con la Casa Rosada.

sólo poco más de dos semanas del inicio de clases previsto para el 2 de marzo en buena parte del país, arrancó la grilla de negociaciones de los gobernadores con los gremios docentes locales, en un escenario signado por la falta de pautas nacionales, la apuesta -en un número creciente de distritos- a esquivar la aplicación de la cláusula gatillo, y la estrechez de cuentas, potenciada por el sostenido retroceso de las recaudaciones provinciales.

Se trata de una pulseada clave, porque marcará el ritmo para el resto de las discusiones de sueldo con los gremios. Un buen resultado, o al menos consensos mínimos, permitirán garantizar un normal inicio del ciclo lectivo, sin huelgas.

El calendario de rounds con los maestros incluye, entre otras paradas:

  • este jueves, la primera reunión de la Comisión Técnica Salarial bonaerense en el distrito que gobierna Axel Kicillof; el primer encuentro de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, con los sindicatos (sobre condiciones laborales, aunque podría incluír un apartado salarial), y el del gobierno del misionero Oscar Herrera Ahuad;
  • el viernes, el debut de la paritaria con los maestros santafesinos en el distrito del peronista Omar Perotti, la negociación con la santacruceña Alicia Kirchner y la reanudación de la discusión docente con la administración del chubutense Mariano Arcioni, y
  • el lunes, la pulseada del sector con dos gobiernos peronistas: del chaqueño Jorge Capitanich (este jueves será recibido en Buenos Aires por el ministro de Educación, Nicolás Trotta) y el sanjuanino Sergio Uñac.

Un creciente número de gobernadores advirtió en los últimos días que exploran ofertas salariales que esquivarán la aplicación de la cláusula gatillo. Ello, en línea con el posicionamiento de la administración de Alberto Fernández de alentar acuerdos cortos -de corte probablemente trimestral- con sumas fijas, para evitar subas automáticas atadas a la inflación por su impacto indexatorio de la economía.

Esto ya lo dijo el Presidente: en Argentina no hay más cláusula gatillo”, sentenció en las últimas horas sin medias tintas el peronista tucumano Juan Manzur, tras una protesta de estatales por la suspensión de esa herramienta.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, disparará hoy la paritaria con los docentes locales. Será sobre condiciones laborales, aunque podría incluir un apartado salarial.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, disparará hoy la paritaria con los docentes locales. Será sobre condiciones laborales, aunque podría incluir un apartado salarial.

En sintonía, la ministra de Trabajo de Kicillof, Mara Ruiz Malec, planteó en las últimas horas la necesidad de trabajar en la “salida del gatillo” y remarcó que “no están dadas las condiciones o los datos para cerrar un acuerdo largo”.

Y desde Santa Fe, la titular de la cartera educativa, Adriana Cantero, enfatizó que “la cláusula gatillo es una metodología, pero no es la única”. “Vamos a analizar otras formas de actualizar sueldos”, agregó la funcionaria de Perotti.

En el caso bonaerense, la cita con los maestros será este jueves en La Plata, a las 15 (condiciones laborales) y 16.30 (salarios), pero sin presencia a priori de ministros ni de secretarios generales.

En el primer encuentro del pasado lunes, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) trazó un primer guiño, aunque atado a resultados. “Planteamos que queremos un mecanismo que, se llame cláusula gatillo o como se llame, permita que los docentes le ganemos a la inflación”, dijo el titular de Suteba, Roberto Baradel.

Pero en buena parte de los distritos los gremios anticiparon que, a priori, pretenden que se mantenga la aplicación del gatillo, al que ven como una conquista para defender el poder adquisitivo de sus salarios.

El telón de fondo es incómodo: está signado por las urgencias de cuentas de los gobernadores, en el marco de un sostenido retroceso de la recaudación por el enfriamiento de la actividad económica.

Además se suma la ausencia de pautas nacionales clave, ligadas a:

  • la aún irresuelta paritaria docente federal (que definirá el piso salarial de los maestros a nivel país, y el nivel de transferencias nacionales para sostener ese punto de partida),
  • la falta de un presupuesto nacional 2020 aprobado (con la consecuente incertidumbre en torno a los parámetros macroecómicos para este año y el nivel de remesas a las provincias) y
  • el interrogante en torno a cómo se resolverá la negociación por la deuda externa argentina, vital para la salud de las arcas nacionales.

“Esperamos la paritaria nacional; hay conversaciones, pero la paritaria marcará los posibles aumentos”, aseguró el gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés. Y advirtió: “La recaudación de enero tuvo una merma de $ 400 millones, por eso miramos los números con preocupación”.

Fuente de la noticia: https://www.ambito.com/ambito-nacional/paritaria-docente/desafio-provincias-activan-rounds-docentes-y-buscan-ahuyentar-gatillo-y-huelgas-n5082567

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