Juan J. Paz-y-Miño Cepeda

Al menos en tres artículos escritos en los meses finales de 2018 (https://bit.ly/2MTaHn8; https://bit.ly/37AIIkh; y, https://bit.ly/2Qm77Ee) repasé los libros y artículos esenciales que se habían escrito sobre el gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Contaba con casi un centenar de textos que merecían ser tomados en cuenta para estudiar a la Revolución Ciudadana con la seriedad y rigurosidad con las que ese ciclo histórico -como cualquier otro en nuestra vida republicana- debe ser tratado.La “descorreización”, impulsada en sus orígenes por la extrema derecha, paradójicamente coauspiciada por las izquierdas inicialmente “morenistas” (hoy en retirada, como lo hicieron con Correa), y que desde 2017 se convirtió, además, en consigna oficial de las funciones del Estado, de las empresas privadas de comunicación más influyentes, e incluso de la revivida doctrina militar de la seguridad nacional, no solo ha pretendido que desaparezca la historia real de ese ciclo del progresismo latinoamericano, sino que impide distinguir sus logros, los límites y hasta sus “pecados”. Pero empiezan a aparecer nuevas investigaciones. Tomaré en cuenta dos recientes.

El artículo del profesor Germán Carrillo García, “Triple revolución en Ecuador. Contradicciones de la economía política frente a la construcción de un Estado Social” (https://bit.ly/2Fmx1lg, dic/2019), permite ubicar, claramente, la sucesión histórica de tres procesos: 1) el ciclo del “desarrollismo” durante las décadas de 1960 y 1970, que por el aumento de las capacidades estatales, su incursión económica, la planificación, la reforma agraria, la industrialización sustitutiva de importaciones y el crecimiento empresarial inducido, lograron superar la ruralidad y el atraso del país, que desde entonces adquirió una típica fisonomía capitalista de rasgos latinoamericanos; 2) el ciclo del “neoliberalismo”, durante las décadas de 1980, 1990 e inicios del siglo XXI, cuando se asumen las consignas anti-estatales, de privatización, mercado libre y hegemonía de los intereses privados, que arrasaron con el avance en las condiciones de vida y de trabajo, precarizando a las mayorías sociales; y, 3) el ciclo del “neodesarrollismo” de la revolución ciudadana, que recuperó el papel del Estado y mejoró las condiciones sociales, aunque en un marco de “notable retórica política” -dice el autor- frente a una realidad socioeconómica que dependió del auge petrolero y que, por lo mismo, empezó a dar un giro “neoliberal” en las alianzas público-privadas, ante los desajustes externos.

El análisis todavía general de ese tercer ciclo, realizado por el profesor Carrillo, bien puede complementarse y ampliarse con el estudio que realiza otro profesor, Miguel Ruiz Acosta, en “Desafiando al neoliberalismo desde la mitad del mundo: repolitización de la economía bajo la Revolución Ciudadana” (https://bit.ly/39DVIaF, nov/2019), que ofrece un sólido trabajo sobre cuatro políticas del gobierno de Rafael Correa: la tributaria; de regulación financiera; sobre el mercado de trabajo; y las políticas de bienestar social.

Pormenorizando en datos y fuentes, queda igualmente en claro, que la revolución ciudadana, como dice el autor, no solo fue un cambio de gobierno, sino un “cambio de régimen”, que supo repolitizar la economía en contra de la ideología neoliberal. 1) En materia tributaria, crecieron los impuestos directos y, con sucesivas reformas, se institucionalizó su cobro efectivo, apuntando contra la evasión, lo que destapó las reacciones de las cámaras de la producción. Por cierto, en este punto vale destacar la rigurosa investigación de Timm B. Schützhofer, pionera en estudiar el régimen tributario de la Revolución Ciudadana (https://bit.ly/39DTRCH, feb/2019). 2) Se produjo una “expropiación financiera”, pues el Estado logró imponer sus regulaciones a la poderosa banca privada, especialmente en cuanto a intereses, liquidez, garantías, comisiones; auditó la deuda externa; renegoció contratos petroleros; repatrió reservas internacionales y realizó vastas e importantes inversiones públicas; con todo lo cual provocó las reacciones de los banqueros y de las elites empresariales. 3) En lo laboral, ciñéndose al Mandato 8 de la Asamblea Constituyente y a la Constitución de 2008, el gobierno actuó para reducir la “tasa de explotación” y con ese fin garantizó los derechos fundamentales para los trabajadores, incrementó sustancialmente los ingresos laborales guiado por el principio del “salario digno” y amplió la cobertura de la seguridad social; pero fue, dice el autor, una política laboral “híbrida”, ya que si bien mejoró el trabajo formal y también la atención al informal (las estadísticas lo demuestran), afectó ciertos derechos para los servidores públicos, promovió un sindicalismo oficialista (CUT, PL) y se distanció con las organizaciones de trabajadores más reconocidas, incluso llegando a ciertos giros “flexibilizadores” en sus dos últimos años, algo que yo señalé en aquel tiempo y que el profesor Ruiz lo destaca en una cita. 4) En bienestar social los avances fueron evidentes, a través de la seguridad social ya referida, además de la extensión y cobertura con servicios públicos (educación, medicina, vivienda), subsidios focalizados, programas de transferencia condicionados como el bono de desarrollo humano y el incremento del gasto social.

Ese conjunto de políticas “neodesarrollistas”, según el autor (coincide con Carrillo), trajeron resultados: incremento sostenido del salario real (se demostró que el alza salarial no fue obstáculo para el crecimiento del trabajo formal), reducción sustancial de la pobreza y paralelamente de las desigualdades sociales, además del fortalecimiento de las capacidades estatales regulatorias y de la institucionalidad. Lo comprueban los datos económicos y los cuadros insertos en el artículo. Ecuador fue reconocido como el primero en América Latina en cuanto a la mayor eficacia en la disminución de desigualdades, y el segundo en reducción de la pobreza, de acuerdo con entidades internacionales (FMI, BM, PNUD, OIT, CEPAL) y otros estudios académicos. Como señala Ruiz, se demostró que sí hay alternativas al neoliberalismo.

Sobre la base de los estudios realizados por los profesores Carrillo y Ruiz, bien puede sostenerse que durante el ciclo de la Revolución Ciudadana estuvo en proceso de construcción un tipo de economía social, que logró distinguirse del modelo neoliberal-empresarial que le antecedió por décadas. Pero, además, si se observa con perspectiva histórica, ese tipo de economía daba continuidad a esfuerzos nacionales de otras épocas, de manera que es irracional hablar de la existencia de una supuesta economía “correísta” o de una “década perdida”, cuando los datos prueban lo contrario.

La educación universal, laica y gratuita fue una conquista del radicalismo en la Revolución Liberal de 1895, así como la asistencia pública, antecesora de la seguridad social, pero también el sindicalismo. Las políticas sociales, los derechos de los trabajadores, la cajas del seguro y pensiones, los impuestos directos y la necesidad de imponer el poder público a los intereses bancarios y empresariales particulares nacen con la Revolución Juliana de 1925. Los rastros iniciales del “desarrollismo” se encuentran en el gobierno de Galo Plaza Lasso (1948-1952), se afirmaron en las décadas de los 60 y 70, y solo así se logró superar definitivamente el régimen oligárquico y el sistema hacienda. El “neodesarrollismo” de la revolución ciudadana tuvo esas bases. Los principios para una economía social fueron ampliados sucesivamente por las Constituciones de 1929, 1945 y 1979 (lo estudio en un artículo publicado en 2007 en el libro Asamblea Constituyente y Economía, https://bit.ly/2STwkrm), de modo que la Constitución de 2008 responde a ese avance.

En cambio, el régimen oligárquico del siglo XIX, la época plutocrática (1912-1925), o las décadas neoliberales de fines del siglo XX, que se caracterizaron por la hegemonía de los intereses privados, no cambiaron la fisonomía del país, se sustentaron en el agravamiento de las condiciones de vida y de trabajo, y fortalecieron la concentración de la riqueza en unas elites despreciadoras de las responsabilidades sociales del Estado. Incluso las Constituciones de 1967 y 1998 reflejan los intereses privados en la economía, que sustentan el modelo empresarial.

Para Germán Carrillo está claro que desde 2017 “Lenín Moreno, ha demostrado con solvencia su adhesión incondicional a esas élites señaladas por Hirschman, que junto a las instituciones globales del capitalismo neoliberal no desestiman la imposición de políticas de austeridad a las bases del cuerpo social”; y para Miguel Ruiz, “el actual Gobierno [de Lenín Moreno], a pesar de haber emergido del propio seno de la Revolución Ciudadana, [ha] dado un giro de 1800 no sólo en materia geopolítica, sino también en los ámbitos económico y social”; y agrega: “ Como lo mostró el gran estallido social de inicios de octubre de 2019, la nueva orientación de la política pública no sólo dejó de lado un proyecto de desarrollo nacional de carácter inclusivo, sino que resucitó la vieja idea de que no hay más alternativa que regresar a la (anti)política del neoliberalismo”.

Cabe añadir que el giro dado desde 2017, mediante el cual se cortó un camino económico y social distinto al neoliberalismo, ha sido acompañado por las orientaciones contra los “correístas” y, ante todo, contra “la más grande corrupción que ha tenido la historia”, según afirman los enemigos del ciclo de la revolución ciudadana. Desde las filas del “correísmo” se denuncia la persecución, el lawfare y el odio político. Pero también hay voces de reconocidos abogados y juristas, que cuestionan acusaciones o procesos (véase, por ejemplo, https://bit.ly/2uk2Icz); a quienes se suman los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (https://bit.ly/2QINKV7; y https://bit.ly/36qoOrU); e incluso de la Interpol (https://bit.ly/37CdxFm), u otras (https://bit.ly/2ZP4E8A; https://bit.ly/2MWKHaK; https://bit.ly/39LlOsf). La Asociación de jueces se pronunció contra la intromisión amenazante de la Fiscalía sobre el tema de las causas despertadas a raíz de la rebelión indígena y popular de octubre 2019 (https://bit.ly/2rY0wXq).

El debate jurídico puede resultar interminable. Pero en términos históricos, no debía confundirse la lucha contra la corrupción y el necesario juzgamiento de los implicados (algo que todos los ecuatorianos exigimos), con la destrucción, al mismo tiempo, del modelo económico y social que Ecuador ha tratado de construir, entre oleadas políticas, avances y retrocesos, desde los más remotos tiempos de la Revolución Liberal y la Revolución Juliana.

Desde 2017 hubo la oportunidad histórica para continuar y profundizar la construcción de la economía social, en lugar de optar por la subordinación a los intereses de la elite empresarial más atrasada y reaccionaria del país, tanto como al capital transnacional y finalmente al FMI. Con estas fuerzas se ha logrado revivir un segundo momento del modelo neoliberal-empresarial que ahora rige en Ecuador, y con el cual es imposible conseguir resultados de amplio beneficio social, aunque si de privilegio para las elites económicas, como lo ha demostrado la experiencia no solo nacional, sino latinoamericana, y lo están advirtiendo los diversos estudios de la Cepal.

Los retos para recobrar el camino de construcción de una economía social se han vuelto más complejos y difíciles. Pero debieran quedar en claro algunos de los postulados más significativos, sobre la base, precisamente, de la experiencia histórica del Ecuador: 1. Es necesario fortalecer las capacidades del Estado para invertir, regular la economía e imponer el interés público sobre los intereses particulares; 2. Impuestos directos para los ricos y las elites propietarias del capital; 3. Incrementar y garantizar derechos laborales, sociales, comunitarios y ciudadanos, así como generar el trabajo que supere el desempleo y el subempleo; 4. Impulsar políticas de bienestar social que logren definitivamente servicios universales y gratuitos en educación, salud, medicina, seguridad social, pensiones, atenciones a estamentos requeridos de protección estatal y asistencias; 5. Políticas de preservación del medio ambiente; 6. Búsqueda del buen vivir; 7. Latinoamericanismo, contrapuesto al americanismo continentalista. Son lineamientos diametralmente opuestos a la edificación neoliberal-empresarial.

Autor: Juan J. Paz-y-Miño C