América del Sur/Venezuela/13-10-2019/Autor y Fuente: www.elnacional.com
Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, indicó que los profesores no pueden llegar a los colegios porque su sueldo está por debajo de lo que gastan semanalmente en transporte.
Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, indicó, este jueves, que alrededor de 120.000 profesores han abandonado las escuelas por la situación económica de Venezuela.
Esta es una cifra que los centros educativos no pueden reemplazar, por la baja preparación que poseen algunos docentes. «¿Cómo los vas a sustituir? ¿Los vas a sustituir con gente que realmente no reúne las condiciones pedagógicas para estar en las aulas de clases?», dijo.
Destacó que los docentes no pueden llegar a sus planteles, porque no ganan un sueldo acorde a sus necesidades. De acuerdo con Alzuru, la retribución monetaria que perciben está por debajo de lo que gastan semanalmente en pasaje, reseñó Unión Radio.
Calificó como un éxito el paro nacional de 24 horas convocado por el gremio para este jueves. «Hay estados que se pararon 90%. Fue exitoso el llamado a paro que hicieron los gremios, el promedio es de 85% de paralización de actividades», dijo.
Por último, detalló que para este domingo tienen planeadas varias actividades en las iglesias del territorio nacional. Su propósito es comunicar un mensaje a toda la feligresía.
Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/venezuela/fvm-120-000-educadores-han-emigrado-del-pais-por-la-crisis-nacional/
Al veto de algunas películas relacionadas con la dictadura o la diversidad de género y sexual, se añade el control de los temas en la televisión pública.
La ejecución de las políticas conservadoras promovidas por el presidente Jair Bolsonaro y su equipo desplazan la producción cultural a un segundo plano y debilitan el sector de la producción audiovisual en Brasil.
«La situación actual de censura y recortes que estamos viviendo tiene mucho que ver con la primera vez que Bolsonaro habla sobre cine abiertamente en este Gobierno, que es cuando él critica ‘Bruna Surfistinha’ y dice que películas como esta no pueden ser financiadas con dinero público», declara Elder Gomes Barbosa, cineasta e investigador.
‘Bruna Surfistinha’, que Bolsonaro calificó de ‘pornográfica’, es una producción brasileña sobre la historia real de una joven que se adentra en el mundo de la prostitución. «El presidente inaugura una nueva forma de ver y pensar cine en Brasil que es: ‘Yo mismo decido, como presidente, lo que es y no es bueno para que las otras personas vean’«, afirma Barbosa.
El veto a algunas películas brasileñas relacionadas con la dictadura o con asuntos LGBTI
La película documental ‘Chico-Artista brasileño’, que relata la vida del cantante brasileño Chico Buarque, opositor de la dictadura militar (1964-1985), fue privada de participar en el festival de cine brasileño, 8° Cine Fest Brasil-Montevideo, que comenzó el pasado 3 de octubre, en Uruguay. Según las primeras informaciones divulgadas, la decisión habría sido resultado de una petición de la Embajada de Brasil en Uruguay. No obstante, la productora cultural Inffinito, una de las organizadoras del evento, afirmó que se debía a motivos administrativos de fechas de realización de las películas y negó la censura.
«Me siento directamente agredida y amenazada con este acto. Soy cineasta y lesbiana (…) Ahora vamos a necesitar dirigirnos al mercado internacional para poder conseguir realizar nuestras producciones».Marcela Morê, cineasta brasileña.
Esta información se hizo eco poco después de que la película ‘Marighella’, del conocido director brasileño Wagner Moura, también sufriese un revés. Con financiación aprobada de la Agencia Nacional de Cine de Brasil (Ancine) la producción recibió la negativa del desembolso de una parte del dinero así como la anulación del estreno previsto para noviembre. Mientras que su llegada a las grandes pantallas brasileñas continúa bloqueada, la película –que cuenta la historia de Carlos Marighella, político y guerrillero durante el periodo dictatorial– continúa rodando por varios festivales internacionales. «Es imposible no pensar que existe una articulación política para crear este tipo de ambiente», afirmó el director Moura a la revista Época en septiembre.
En agosto, el ministro de Ciudadanía, Osmar Terra, suspendió un programa de financiación pública que afectó principalmente producciones audiovisuales con temáticas de diversidad de género, sexualidad o cuestión racial, entre otras. La decisión oficial fue publicada en el Diario Oficial nacional y el propio presidente Jair Bolsonaro compartió en Twitter el anuncio. En sus emisiones en vivo en redes sociales, Bolsonaro ya había anunciado que si esos contenidos con temáticas LGBTI querían ver la luz, tendrían que buscar recursos privados.
«Me siento directamente agredida y amenazada con este acto. Soy cineasta y lesbiana, y entre mis planes estaban algunas películas con temática lésbica», declara Marcela Morê, con experiencia de diez años de trabajo audiovisual que explica que el objetivo es resistir. «Ahora vamos a necesitar dirigirnos al mercado internacional para poder conseguir realizar nuestras producciones», alega.
Sobre una de las películas vetadas, el presidente afirmó que «la vida privada de cualquiera no le importa a nadie, pero hacer una película mostrando la realidad vivida por negros homosexuales en el Distrito Federal no es comprensible. (…) No procede hacer una película con esa temática«. Sobre otra de las producciones vetadas, declaró: «Mira el tema, ‘sueños y realizaciones de cinco personas transgénero que viven en Ceará (estado del noreste de Brasil)’. Conseguimos abortar esa misión».
En oposición a lo que calificó como censura, el secretario de Cultura, Henrique Pires, dimitió de su puesto pocos días después, el 21 de agosto. Osmar Terra, ministro de Ciudadanía, le habría ofrecido a Pires un puesto de dirección en una fundación, que este rechazó y añadió: «Cargo en fundación no es premio de consolación para quien no está afinado con la censura».
En un evento frente a varios periodistas en São Paulo, Terra negó la censura: «Nadie está impedido de hacer nada en Brasil (…) Pero si va a implicar recursos públicos, nosotros tenemos el derecho de opinar sobre los temas que son importantes«. Cuando fue cuestionado sobre el espacio para temáticas LGBTI, el ministro respondió: «Solo quiero saber si hay alguna cosa que sea más prioritaria que eso».
Censura y autocensura en la televisión pública
La autocensura permea a las personas que realizan contenidos audiovisuales, incluso antes de que el Gobierno ejerza la propia censura, según explica Mario Alcântara (nombre ficticio), miembro de la TV Brasil, red brasileña de televisión pública propiedad de la Empresa Brasil de Comunicación (EBC), que solicita anonimato por miedo a represalias.
«Antes incluso de sufrir una censura de arriba para abajo, existe entre los trabajadores públicos un sentimiento de autocuestionamiento y de miedo a producir contenidos que no agraden al presidente del país, que generen enemistad con el gobierno, justamente porque existen rumores de que la EBC pueda cerrarse», explica Alcântara. «El mayor cambio desde que llegó este Gobierno es la estrategia de intentar eludir contenidos más sensibles, como el de los derechos reproductivos o el de la dictadura militar. Estos contenidos, cuando abordados, se toman con pinzas», añade este productor, que explica cómo la EBC viene siendo desprestigiada por Bolsonaro desde la campaña electoral con diversas amenazas de despido o cierre de la institución.
«En el momento de la ‘des-conmemoración’ del aniversario del golpe militar hubo toda una polémica interna porque no se podía usar la palabra ‘golpe’ ni ‘dictadura’, a no ser que fuese para negar la existencia de dictadura en Brasil».Carol Barreto, directora del sindicato de los periodistas de Río de Janeiro.
«Ha habido censura en todos los medios de la EBC, en algunos con mayor o menor intensidad, va desde temas censurados hasta palabras vetadas», afirma Carol Barreto, directora del sindicato de los periodistas de Río de Janeiro. «En el momento de la ‘des-conmemoración’ del aniversario del golpe militar hubo toda una polémica interna porque no se podía usar la palabra ‘golpe’ ni ‘dictadura’, a no ser que fuese para negar la existencia de dictadura en Brasil, por lo que los periodistas tenían que cambiar las palabras por otras más suavizadas como régimen militar», declara Barreto, que explica que la EBC recibió un comunicado del Gobierno pidiendo sustituir la palabra «fusilado» por «afectado por 80 tiros» en la cobertura del asesinato de un músico a manos de militares.
«Vivimos una situación de censura también en relación a algunos asuntos, escasamente cubrimos temas de manifestaciones, movimientos sociales, derechos humanos, asuntos de género, indígenas, LGBTI, que antes tratábamos bastante. Todo para no desagradar al conservadurismo que gobierna», enfatiza la directora del sindicato.
Recortes de financiaciones públicas y cambios en las instituciones
Además de la censura, las instituciones relacionadas al sector audiovisual están sufriendo alteraciones. En julio, el Gobierno publicó una medida oficial para alterar la composición del Consejo Superior de Cine que ha pasado a estar mayoritariamente compuesto por miembros del Gobierno, en detrimento de lo que anteriormente era una composición equitativa con representantes del audiovisual y de la sociedad civil.
Desde que Bolsonaro comenzó su mandato en enero, la Agencia Nacional de Cine de Brasil (Ancine), responsable del fomento, regulación y fiscalización de financiación pública de la producción audiovisual nacional, ha sufrido una drástica reducción de su presupuesto y una modificación de su estructura, además de la dimisión de su antiguo director, Christian de Castro, por investigaciones contables. Un director interino ocupa el cargo a la espera del nombramiento de uno definitivo que, según ya defendió el presidente, podría ser alguien con valores cristianos que promueva un aumento de las producciones audiovisuales en esta línea.
«Este mercado no es fácil pero, independientemente de las políticas, los cineastas vamos a continuar realizando nuestros proyectos, sea con ‘crowfunding’, incentivos privados, colaboraciones o, incluso, por amor al arte».Marcela Morê, cineasta brasileña.
En la aplicación de una austeridad sobre incentivos a la cultura, el Gobierno ha reducido un 43 % los recursos del Fondo Sectorial del Audiovisual (FSA), que se alimenta con tributos de productoras y empresas de telecomunicaciones, y está gestionado por la Ancine. «Hace seis meses que trabajo en una serie financiada por el FSA, frente a los recortes vamos a tener que inventar otras formas de viabilizar estas producciones. Este mercado no es fácil pero, independientemente de las políticas, los cineastas vamos a continuar realizando nuestros proyectos, sea con ‘crowfunding’, incentivos privados, colaboraciones o, incluso, por amor al arte», explica la cineasta Marcela Morê, que alerta de las amenazas del Gobierno de acabar con la ley de cotas que obliga a que una parcela de la emisión de televisiones por cable y de salas de cine se dedique a la producción nacional.
«El Festival de Río, tras 20 años de existencia y éxito nacional e internacional, pasa por su mayor desafío en términos financieros». La organización del Festival de Cine de Río de Janeiro destacó la situación de crisis por la falta de inversión pública en este sector y lanzó recientemente una campaña de financiación colaborativa para intentar evitar que uno de los más importantes eventos cinematográficos del país desaparezca.
«Nosotros no vamos a perseguir a nadie, pero Brasil ha cambiado. Con dinero público no veremos más ciertos tipos de obras. Esto no es censura, esto es preservar los valores cristianos, es tratar con respeto nuestra juventud y reconocer la familia«, declaró Bolsonaro este sábado 5 durante su participación por videoconferencia en un simposio conservador de Ribeirão Preto, São Paulo.
Estas protestas estuvieron protagonizadas por alumnos universitarios que están en contra de la brutalidad policial y los manejos inadecuados en algunas instituciones de educación superior.
Miles de estudiantes colombianos, tanto de universidades públicas como privadas, recorren este jueves las calles de las principales ciudades del país en rechazó a la corrupción educativa y demandando que el Gobierno cumpla los acuerdos suscritos el año pasado por 4,5 billones de pesos (unos 1.300 millones de dólares).
«Los estudiantes marchan en contra de la brutalidad policial, la corrupción administrativa en varias universidades y por el cumplimiento total de los acuerdos firmados con el Gobierno», dijo a Efe Guillermo Fonseca, de la Red de Derechos Humanos.
En Bogotá las movilizaciones estaban encabezadas por alumnos de las universidades públicas como la Distrital, Nacional y la Pedagógica, a los que se unieron estudiantes de las privadas Javeriana, Rosario y los Andes.
Ataques violentos
Durante el recorrido aparecieron grupos de encapuchados que hicieron pintadas en edificios, comercios, cajeros electrónicos en donde rompieron vidrios, si bien no ha habido enfrentamientos con la Policía hasta el momento.
Medios locales reportaban que en la caribeña Barranquilla, la sede de la candidata a Gobernación del Atlántico, Elsa Noguera, fue atacada por encapuchados que también dañaron vallas de políticos locales. La Policía que estaba cerca del lugar impidió que los daños fueron mayores.
«Entendemos que los actos vandálicos no son en contra de nuestra campaña, son en contra de la democracia, de la gente que es libre en elegir. Cómo ciudadana, más que como candidata rechazo cualquier acto de violencia que altere el orden público en Barranquilla o en el departamento», dijo Noguera a periodistas.
Respaldan las protestas
La candidata expresó su respaldo a las protestas de los estudiantes pero hizo un llamado para que realicen sus manifestaciones respetando los derechos de los demás. Por su lado, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, hizo un llamamiento a los estudiantes para que las marchas se desarrollen sin violencia.
«Siempre hemos hecho llamados a que los estudiantes puedan hacer sus marchas tranquilamente, haya un control de la Policía, acompañando a los estudiantes y obviamente evitando que terceros ajenos vayan a involucrarse, a tratar de infiltrarse en las protestas y a causar violencia y caos«, dijo. Igualmente pidió a los estudiantes apartarse de los «actos violentos» y «no seguir la corriente porque en últimas ya corresponde a la actuación de las autoridades».
El Ministerio de Educación anunció este martes que las clases seguirán suspendidas en todo el país, a excepción de Galápagos, mientras se trabaja en «estrategias respectivas para la recuperación de clases». Las actividades han estado interrumpidas por las manifestaciones contra el Gobierno Nacional, que se iniciaron la semana pasada.
«La disposición aplica para las tres jornadas: matutina, vespertina y nocturna, en todas las modalidades y en todo el territorio continental», indicó la Secretaría de Estado en un comunicado.
La disposición se mantiene «hasta nueva orden», aclaró el Ministerio.
[COMUNICADO] Hasta nueva orden, se mantienen suspendidas las actividades académicas en las instituciones educativas fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales en territorio continental. La disposición no está en vigencia para Galápagos. #DecididosACrecer
En el país rige el estado de excepción decretado el pasado jueves por el presidente de la República Lenín Moreno luego de que se iniciaron protestas en contra de las nuevas políticas económicas y laborales, que incluyen la eliminación del subsidio a los combustibles. (I)
Al menos 5 muertos han dejado las intensas protestas populares que por más de una semana mantienen en una grave crisis política a Ecuador, y que no da indicios de llegar a una salida.
Las manifestaciones, lideradas por grupos indígenas y otros sectores de la sociedad inconformes con las medidas económicas del presidente Lenín Moreno que incluyen -entre otros- la eliminación de los subsidios a los combustibles, también se han saldado con al menos 554 heridos y 929 detenidos, de acuerdo con los últimos datos ofrecidos por Freddy Carrión, líder de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.
«Frente a estos acontecimientos suscitados en estos días de paro nacional dentro de un estado de excepción, la Defensoría del Pueblo exige al gobierno nacional y a los movimientos sociales e indígenas la necesaria obligatoriedad de encontrar soluciones adecuadas, justas y equitativas para el pueblo ecuatoriano, que eviten la violencia y permitan retornar a la paz», dijo Carrión este jueves.
Derechos de autor de la imagen @DEFENSORIAEC@DEFENSORIAEC
Tras la multitudinaria marcha celebrada en Quito el miércoles, la tensión volvió a las calles de la capital este jueves con enfrentamientos entre grupos indígenas y las fuerzas policiales.
Agencias noticiosas y medios locales reportaron una escalada en las acciones de los manifestantes, quienes retuvieron a diez policías en la Casa de Cultura de Quito, para liberarlos unas 10 horas más tarde, según precisó el diario El Universal.
Mientras tanto, el presidente se mantiene firme en su decisión de no derogar las medidas que han desatado la crisis.
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«Una gran parte de los recursos que se generarán con las decisiones tomadas, son para los sectores más necesitados y nuestros hermanos indígenas. Trabajando juntos, con principios y valores, podremos alcanzar el tan anhelado progreso», dijo Moreno este jueves en Twitter.
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En la jornada del miércoles el presidente había asegurado que un supuesto diálogo con los indígenas ya estaba «dando frutos», pero éstos desmintieron su versión y dijeron que no negociarán con el gobierno, al que acusan de un uso excesivo de la violencia contra los manifestantes.
Derechos de autor de la imagen @CONAIE_Ecuador@CONAIE_ECUADOR
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) advirtió este jueves que no detendrá el paro hasta el fin del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la salida de dos ministros del gobierno.
«Hemos vivido días de mucha agitación, nos hemos sorprendido de nuestra propia capacidad de lucha y resistencia. Nuestra palabra esta puesta: esto no para hasta el #FMI salga del Ecuador», declaró en Twitter la CONAIE
El FMI es clave en la actual crisis, pues este organismo ofreció a Ecuador préstamos por valor de US$4.200 millones, bajo la condición de que el país tomara medidas para reducir su déficit público.
Preocupación internacional
Organismos internacionales han mostrado su preocupación por la actual crisis, que también ha registrado «agresiones y detenciones» contra periodistas que realizan coberturas de la situación que atraviesa el país.
«Se estima que más de 50 periodistas, camarógrafos y trabajadores de prensa de distintos medios y plataformas de comunicación han sido agredidos física y de forma verbal, por parte de policías en su mayoría, y de manifestantes», destacó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), según un reporte de la agencia Efe.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEl movimiento indígena hizo que los policías detenidos por ellos cargaran el féretro de unos de sus líderes fallecido en las protestas.
Amnistía Internacional, por su parte, pidió al Ejecutivo ecuatoriano detener la «fuerte represión» de las manifestaciones, garantizar los derechos humanos de todas las personas y alinear las medidas de austeridad al derecho internacional.
En un comunicado, la ONG denunció que en ese país hay casos de arrestos arbitrarios, uso excesivo de la fuerza y tortura cometidos contra detenidos.
La actual crisis política que vive Ecuador -y que ya está teniendo un impacto negativo en la economía del país suramericano- se desató la semana pasada luego de que Moreno anunciara una serie de medidas de austeridad con las que asegura que el país mejorará su debilitada economía.
La que más rechazo ha generado es la suspensión los subsidios a los combustibles, que por unos 40 años permitió que los ecuatorianos accedieran a estos a precios asequibles.
El gobierno presentó un plan de seis puntos para abrir unas conversaciones, si bien los grupos sociales consideran la propuesta insuficiente, pues no trata los subsidios a los combustibles.
Los docentes venezolanos salieron a protestar este jueves en todo en país. En dicha protesta, convocaron a un paro nacional, para exigirle al gobierno de Nicolás Maduro mejoras salariales y laborales. En Caracas, los maestros manifestaron frente el Ministerio de Educación,al igual que en el resto del país.
Los portales de noticias, en este caso albertonews relata los resultados del paro de 24 horas realizado ayer 10 de octubre en todo el territorio nacional.
Las peticiones de los docentes han estado básicamente alrededor de mejoras salariales pues aseguran que su salario apenas rinde para comprar comida para un día. Algunos de ellos, durante la jornada manifestaron:
“¿Cómo vamos a atender bien a los niños si no estamos bien alimentados? Mis zapatos están rotos, porque tengo cinco años sin poder comprar un par nuevos. Queremos dar una educación de calidad, pero necesitamos las condiciones adecuadas”
A la protesta convocada por los docentes también se le sumaron representantes porque desean que los maestros permanezcan en las escuelas educando a sus hijos y no emigren en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familiares.
85 % de paralización
Orlando Alzuru calificó el paro de este jueves como exitoso y aseguró que el cumplimiento de la convocatoria “está por encima de nuestros cálculos. Hay estados que se pararon 90 %; el promedio es de 85 % de paralización de actividades. Fue exitoso el llamado a paro que hicieron los gremios”, sostuvo.
Un profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) en el estado Aragua dijo que salieron a las calles por las reivindicaciones laborales de los trabajadores de la educación porque afirman que tienen “salarios miserables asignados por el gobierno”.
En Los Teques, estado Miranda, el secretario de la Federación Venezolana de Maestros Miranda-Tuy, René Zapata, le pidió al gobernador Héctor Rodríguez que pague para que los docentes trabajen la jornada completa.
El docente que menos gana percibe un salario menor a 3$, alcanza para cubrir 1.6% de la canasta alimentaria de agosto. El mejor remunerado, 5$. El HCM cubre solo 200 Bs. El bono de transporte 500 Bs quincenales.
#11Oct “Hay docentes que caminan kilómetros para llegar a la escuela porque tienen la ética de enseñar, pero la situación está tan grave que la política del Estado está llevando a desarrollar unos despidos indirectos” afirmó @raquel_fig. pic.twitter.com/AQujRyDtTz – @vivoplaynet
Learn Chile realizará en Panamá una feria de Posgrados y Educación Continua en el Wyndham de Albrook, el próximo jueves 10 de octubre, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
La educación superior en Panamá, aunque no marca entre las mejores calificadas del continente americano, es respetada, no obstante, necesitaría de un impulso para comenzar a escalar internacionalmente.
Así lo cree Marcos Avilez, director de Relaciones Internacionales de Learn Chile, consorcio de 23 instituciones educativas chilenas que con el apoyo de su gobierno han internacionalizado la calidad de su educación, por medio de becas y convenios con varios países de la región.
«La internacionalización de las universidades panameñas es un camino que ayuda a mejorar las mismas, es una referencia importante», sostuvo Avilez.
Para el representante de las universidades chilenas, cuando una institución local es activa a la hora de buscar internacionalizarse, se eleva la calidad de lo que se hace.
«Las universidades panameñas deben apostar por internacionalizarse, para verse reflejada en sus respectivos pares internacionales y adoptar las buenas prácticas que ellos puedan ver, elevar la calidad de lo que están enseñando (la metodología )», fue uno de los consejos que el chileno le dio a todas las universidades locales.
Avilez también detalló que uno de los beneficios es que se le brinda oportunidad a los propios estudiantes locales, para que su formación le añada mucho más valor a lo que significa una carrera internacional.
«Es verdad que las universidades son muy grandes y hay muchas áreas y todas dicen que son muy buenas, en todo eso sabemos que no es tan así; hay cosas que brillan más y otras que tienen desafíos, eso pasa en todo el mundo», finalizó el representante de Learn Chile, quien tendrá una semana activa, buscando en Panamá, estudiantes por medio de becas.
Y es que Learn Chile realizará en Panamá, por primera vez, una feria de Posgrados y Educación Continua que tendrá como escenario el Wyndham de Albrook, el próximo jueves 10 de octubre, de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
En esta feria, buscan personas que ya tengan un primer título universitario, sin importar si está estudiando de corrido o hizo una pausa para ejercer su carrera, que tenga buenos créditos, ganas de superación y actitud, para que aplique a las becas que se estarán ofertando.
La relación educativa entre Chile y Panamá no es nueva. Desde 1993 hasta el año pasado, se han contabilizado por lo menos 150 personas que han logrado terminar sus posgrados en Chile por medio de becas y Avilez apunta que con la feria se incremente en 30% esa cifra.
Anualmente, las universidades de Chile reciben 6,500 estudiantes para posgrado y por ello buscan ampliar en Panamá la cantidad de becados.
Expertos
Las principales modalidades en las que los estudiantes escogen en Chile son Fortalecimiento y Modernización Institucional (44%), Prevención de Desastres (32%), Desarrollo Social (20%) y Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (2%).
Además, ya varios panameños también han ido a capacitarse en temas de desastres naturales.
El proceso de conseguir la beca, dependerá del desempeño de cada postulante y para ello debe dirigirse a la feria y ver las opciones en las que encaja.
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