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Educación inclusiva en Ecuador: hay ley, pero falta formación

América del sur/Ecuador/El universo

Como el proceso de identificar y responder a la diversidad de necesidades especiales de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y en las comunidades, a fin de reducir la exclusión en la educación. Así define a la Educación Inclusiva la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

La misma ley determina que todos los establecimientos de educación escolarizada ordinaria deberán adoptar las medidas necesarias para permitir la admisión de aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad.

Aunque la ley lo ordenaba, es a partir del 2010 que se comienza a contar en Ecuador con  un proyecto modelo de educación inclusiva, cuyo objetivo es asegurar que el sistema educativo cumpla con las demandas de la Constitución, es decir, hacer posible la escuela para todos, atendiendo a aquellos sujetos con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad.

Las leyes, reglamentos y normativas detallan todo. Así, se establece  que son necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad las siguientes: Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras dificultades.

También situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y otras situaciones excepcionales. También la dotación superior: altas capacidades intelectuales.

Mientras tanto, son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes: discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; multidiscapacidades; y trastornos generalizados del desarrollo (autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, entre otros).

Para efectos de planificación y organización dentro de los establecimientos de educación escolarizada ordinaria, se considerarán por cada discapacidad los siguientes equivalentes de atención necesaria con relación a estudiantes sin discapacidad: un estudiante con discapacidad visual equivale a 3 estudiantes sin discapacidad, uno con discapacidad auditiva equivale a 2, con discapacidad intelectual a 4, física a 2 y con autismo a 5 estudiantes sin discapacidad. 

“La inclusión estaba en las leyes, pero nadie la cumplía, Rafael Correa (expresidente de la República) la obligó a cumplir, pero no se instrumentó  a nadie para que pueda la inclusión funcionar; se hizo al revés; la gente no estaba preparada y no hay quién forme, que es peor”, dice Soledad Ramírez, psicopedagoga terapeuta, una de las fundadoras del Liceo Los Andes,  hace 37 años, un colegio icónico de Guayaquil en materia de educación inclusiva, y donde es la coordinadora del área de comunicación, que atiende a niños con autismo, síndrome de Asperger, entre otras necesidades especiales de aprendizaje.

“Es muy difícil hacer inclusión por decreto, porque hay que estar formados es verdad, pero la inclusión tiene que ver con las ganas, tiene que ver  con la cultura escolar y no todas las culturas escolares se compaginan bien con el espíritu de la inclusión”, dice María Ortega, coordinadora del área de Psicopedagogía de la misma unidad educativa.

En el Liceo Los Andes, que fue creado con la filosofía de la inclusión, hay un equipo de psicopedagogas, psicólogas clínicas, terapistas de lenguaje, terapistas de educación, entre otros especialistas. Desde maternal hasta tercero de bachillerato hay actualmente 1.200 alumnos, y solo para el área de maternal, educación inicial y escuela hay 7 adultos (no área administrativa) por cada niño.

“Debe haber un montón de maestros encantados de hacer inclusión, pero si en la institución educativa no hay un soporte psicológico y pedagógico para que se haga inclusión, es difícil que funcione”, dice Ramírez.

Para la educación inclusiva, las escuelas y colegios deben hacer modificaciones en enfoques, contenidos, estructura, estrategia, dependiendo de cada caso de necesidad educativa especial, y como dice Mariuxi Rodríguez, rectora del Crear, otro colegio icónico de la inclusión, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Nacional de Educación Especial e Inclusiva, hace seguimiento de cada caso y pide evaluaciones periódicas a los colegios particulares y fiscales.

Educación fiscal

En el caso de las fiscales, en todo el país hay actualmente 4.857 instituciones educativas ordinarias, que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad, según un informe conjunto de Lorena Salazar, directora nacional de Educación Especializada e Inclusiva,  y de Isabel Maldonado, subsecretaria de Educación Especializada e Inclusiva.

La formación de maestros empezó en el 2014 a través de cursos de sensibilización en discapacidades, inclusión educativa, educación especial inclusiva y actualización pedagógica, inclusión educativa y aprendizaje sostenible. Desde el 2014 hasta el 2018 se han capacitado 94.348 maestros, según el mismo informe.

La  Dirección Nacional de Educación Especializada e Inclusiva cuenta con un grupo de docentes pedagogos de apoyo a la inclusión, que se podrá requerir, en particular, en relación con los niños y adolescentes con necesidades educativas asociadas a la discapacidad que estén en un colegio regular. Su labor, indica el informe, es velar por el aprendizaje, participación, permanencia y culminación de estudios mediante un abordaje integral. (I)

La inclusión, si no es bien llevada, puede hacer más daño que bien

No todos los casos de necesidades educativas especiales con discapacidad son “escolarizables” en un sistema regular. En eso coinciden Soledad Ramírez, del Liceo Los Andes, y Mariuxi Rodríguez, del Crear, ambos colegios pioneros en inclusión.

“Por ejemplo, no pueden estar en una escuela regular niños con discapacidad intelectual profunda, una parálisis o disfunción motora muy fuerte, enfermedades con espasmos y disfunciones psiquiátricas que generen un conflicto social, una falta de integración, pues hay que preservar al resto de alumnos”, expresa Rodríguez.

Ramírez dice que no cree mucho en la frase de que la inclusión es para todos, pues hay casos que no se pueden llevar en la escuela regular. “También hemos tenido casos de chicos con crisis muy serias y no los hemos podido sostener diariamente en la institución, lo que hemos hecho es escolarizarlos unos días en casa y otros en el colegio o hacer un programa que tiene que ver mucho con la calle”, dice Ramírez. Estos mismos chicos, prosigue, seguramente no van a ir a la universidad. “Pero para que se vuelvan autónomos los llevamos a la calle y aprenden matemáticas, comprando, o aprenden a leer en el Burger King. Se trata de un sistema de aprendizaje en el cual el chico se siente más cómodo”.

No pueden estar en una escuela regular niños con discapacidad intelectual profunda, una parálisis o disfunción motora muy fuerte,  disfunciones psiquiátricas que generen un conflicto”.
Mariuxi Rodríguez, del Crear

María Ortega, del Liceo Los Andes, indica que mientras más pronto se atienda alguna necesidad de aprendizaje especial habrá más posibilidades de éxito. “Los primeros años, las primeras experiencias en las cuales un niño se enfrenta al aprendizaje son vitales para sus ganas de aprender, si se siente útil, si tiene esa sensación de niño empoderado que puede, pero si esas primeras experiencias son nefastas, si estas le devuelven como espejo, que no puede, se le hace mucho daño”.

Las primeras experiencias en las cuales un niño se enfrenta al aprendizaje son vitales para sus ganas de aprender, si se siente útil, de lo contrario se le hace mucho daño”.
María Ortega,  Liceo Los Andes

“Lo que no forma deforma”, sostiene Rodríguez, rectora del Crear, donde tienen un niño con síndrome de Down por aula, aparte de otras necesidades especiales de aprendizaje.

En ambos colegios tienen sus limitaciones. “Yo recibo niños en tanto tenga algo que ofrecer, de lo contrario no”, dice Ramírez, mientras Rodríguez expresa que también es una cuestión de cupos, y de preservar al resto de alumnos, que también ganan con la inclusión, pues aprenden a ser tolerantes, pacientes, respetuosos con la diversidad. “Yo digo que para trabajar en Crear se necesita un corazón especial, es un aprendizaje maravilloso para cualquier ser humano”.

En el Liceo Los Andes hay una cultura tan inclusiva que los chicos regulares buscan aprender formas de relacionarse con los chicos especiales; para comer, pasear.

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/2019/07/23/nota/7438443/educacion-inclusiva-ecuador-hay-ley-falta-formacion

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Uruguay: Ejecutivo propone crear Instituto de Acreditación de Educación Terciaria

Redacción: La Diaria

Uruguay es el único país de América Latina que no tiene sistema de evaluación de educación superior.

La semana pasada el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley por el que crea el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria (INAEET), que ya ingresó al Poder Legislativo y entró para su discusión en la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Actualmente es el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) el encargado de habilitar la oferta privada de carreras de educación superior, con el asesoramiento del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, pero, según explicó la directora nacional de Educación, Rosita Angelo, desde hace unos años se trabaja “con la idea de que Uruguay tenga un espacio que no sea sólo de habilitación de las carreras de la oferta privada, sino que sea un espacio que permita avanzar sobre procesos de acreditación”. Angelo aseguró que la acreditación de carreras universitarias que 31 instituciones uruguayas lograron en el ámbito del Mercosur “ha impulsado este proceso, para poder por fin consolidar una institución de acreditación de oferta pública y privada”. “La creación del INAAET contribuirá a superar el rezago institucional de Uruguay en materia de promoción y aseguramiento de la calidad de la educación terciaria”, establece el proyecto de ley en su exposición de motivos.

El texto explica que en 2018 el MEC creó el Grupo de Trabajo de Acreditación, integrado por representantes de la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica, el Consejo de Formación en Educación, el Consejo de Enseñanza Técnico-Profesional y las universidades privadas ORT, Católica, de la Empresa, de Montevideo y Claeh, que trabajó y propuso el documento. Argumentan que en las últimas décadas los sistemas de educación superior nacionales, regionales e internacionales están viviendo cambios relevantes: “La proliferación de instituciones, el aumento de la matrícula, la diversificación de programas y la incursión de ofertas transnacionales. Esta evolución plantea la necesidad de mecanismos confiables para asegurar su calidad y pertinencia, integrándolos en un proceso progresivo que contemple la evaluación a través de estándares consensuados en la acreditación institucional y de carreras”.

El texto explicita la “necesidad de cristalizar una institucionalidad nacional de acreditación”, en el entendido de que Uruguay es el único país de América Latina que no tiene un sistema de evaluación y acreditación de la educación terciaria, y se entiende “imprescindible un marco normativo para contar con una estructura institucional, profesional, que promueva la calidad de la educación terciaria en el país”. En Uruguay funciona una Comisión ad hoc de Acreditación, un órgano honorario creado en 2008 e integrado por dos representantes del MEC, dos de la Udelar y uno del Consejo de Rectores de las universidades privadas, que representa al país en la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior y la Red de Agencias Nacionales de Acreditación, que gerencia el Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias del Mercosur. Esta comisión fue la que actuó en los 31 procesos de acreditación de carreras o instituciones uruguayas (17 de la Udelar, ocho de la Universidad Católica y seis de la Universidad ORT).

Criterios comunes

Según manifestó la directora de Educación del MEC, un sistema de acreditación “permite establecer en acuerdo determinados criterios para validar las ofertas de grado y de posgrado, así como un espacio de evaluación de esos criterios”, aplicados a las instituciones, carreras o unidades académicas. Una vez generado el consenso, señaló, esta institución es la encargada de responder “si un doctorado público o privado cumple con los criterios para ser considerado un doctorado”. Angelo recordó que desde 2014, por el Decreto 104, se establecieron los requisitos que deben cumplir las carreras terciarias privadas, “pero hoy tenemos una oferta terciaria pública que está creciendo, y es importante que esos criterios se apliquen en todo el sistema, tanto en el público como en el privado”. Por otra parte, los principios propuestos en el proyecto “están en acuerdo con lo que se establece en el marco regional, lo que nos permite estar en sintonía con criterios de acreditación que hoy se manejan en la región, algo que es importante para la navegabilidad en el Mercosur y otros países”, añadió. Angelo destacó además que lo interesante de este proyecto es que contó “con el trabajo de toda la educación terciaria de Uruguay, tanto pública como privada, por lo que va con este aval al Parlamento”. Por esto mismo, la jerarca confía en que, más allá de las particularidades del año electoral, el tratamiento parlamentario del texto será “lo más rápido posible”.

El proyecto crea el INAAET como una persona jurídica de derecho público no estatal, que estará dirigido por un consejo directivo integrado por nueve miembros, todos nombrados por el presidente en acuerdo con el MEC: cinco propuestos por el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, tres por las instituciones terciarias privadas reconocidas y uno por el MEC, que lo presidirá.

Fuente: https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2019/7/ejecutivo-propone-crear-instituto-de-acreditacion-de-educacion-terciaria/

 

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La violenta amenaza a la educación pública

Por: Rafael Rosell.

La llamada “educación pública” – aquella que provee el Estado – está en problemas, los que son provocados por los mismos que dicen protegerla y promoverla. En estas semanas hemos visto dos claros ejemplos de quienes señalan que es necesario fortalecer la educación pública, aunque hacen justamente lo contrario.

Por una parte, tenemos el paro del Colegio de Profesores. Si bien sus  reivindicaciones históricas son legítimas, es una movilización que daña principalmente a los niños y jóvenes de menos recursos.

Debido a que los alumnos están de vacaciones, las protestas han bajado de intensidad, pero pronto volveremos a ver las posturas encontradas del gremio y del gobierno.

Mientras los estudiantes de colegios particulares se han mantenido en clases durante todo el paro, los de establecimientos púbicos no pudieron hacerlo. De esta forma, solo por venir de familias más pobres, se les ha sido vulnerado el derecho humano básico y fundamental de contar con  una educación de calidad.

La pérdida de un sólo día de clases es irrecuperable, ya que cuando los alumnos que no han tenido una enseñanza sistemática se enfrenten a una prueba de admisión a la universidad, estarán en clara desventaja.

También hemos sido testigos de cómo un grupo minoritario de estudiantes del Instituto Nacional protagonizan caos y violencia; lo que es especialmente grave ya que históricamente este emblemático liceo ha sido considerado como ejemplo de calidad en la educación pública. Aunque no comparto la idea de cerrarlo, entiendo la profunda frustración del alcalde Felipe Alessandri como sostenedor.

Como educador, hay hechos que son incomprensibles, como que algunos de los apoderados agredieran a diputados de la Comisión de Educación que visitaron el colegio y las amenazas de muerte que ha recibido el propio alcalde Alessandri de parte del presidente del centro de alumnos.

Algunos de los responsables de la crisis del Instituto Nacional tienen una visión saturada de ideología añeja y sesgada: no son más de 40 alumnos y de un grupo de padres que actúan como verdaderos activistas.

¿Cómo se entiende que tenga varios centros de padres y que alguno de ellos estén más preocupados de que no se apruebe el TPP-11 que de la calidad de la educación que reciben sus hijos?

La demanda transversal de los estudiantes y sus padres debe ser la urgente mejora de la infraestructura. ¡Pero eso no se logra destruyéndola!

Según la última encuesta CEP, la educación ocupa el cuarto lugar entre los problemas que los chilenos creen que necesitan una solución mas urgente, siendo, además, la inquietud que más sube en importancia.

El mismo sondeo grafica que la evaluación del Estado de la educación baja significativamente desde la CEP de noviembre del 2018.

A miles de padres, apoderados, educadores y autoridades nos preocupa cómo estamos educando a nuestros niños, niñas y jóvenes. Nos inquieta, no las movilizaciones que son una forma de dar visibilidad a una problemática, sino la violencia que algunas veces se genera en éstas, que paralizan a colegios y universidades.

Desde el estallido de las protestas estudiantiles en el 2006, estas muchas veces estuvieron dominadas por la violencia. Lamentable, esa forma de manifestarse nunca fue abiertamente rechazada por sus dirigentes y las autoridades de la época no supieron cómo manejarla.

Incluso más, a que quienes encabezaron esas tomas, que produjeron pérdidas de cientos de horas de clases, destrucción de infraestructura y un daño irreversible en la formación académica, nunca se les exigió que asumieran la responsabilidad sobre sus actos. Al no condenar frontalmente la violencia y hacerla admisible estableciendo excepciones, estamos dando señales negativas a las futuras generaciones.

¡Como sociedad le estamos diciendo a nuestros jóvenes que la violencia es una efectiva herramienta para lograr lo que se busca! Ello porque pareciera ser que el mundo político y la sociedad en general solo escucha los profundos problemas que aquejan al país real cuando explota violentamente el descontento.

La violencia que reina en el Instituto Nacional está minando un símbolo. Durante décadas, este establecimiento ha representado una posibilidad real de inclusión, excelencia académica y oportunidades para miles de talentosos jóvenes que no tuvieron la suerte de crecer en familias privilegiadas.

La educación del siglo XXI debe ser un motor de integración que otorgue herramientas a jóvenes que nacieron en clases con menos capital económico y social y no continuar como un multiplicador de iniquidades.

Solo así, de una vez por todas, podremos “emparejar la cancha” y subir a todos a los patines de una educación pública y privada de calidad.

Fuente del artículo: https://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/la-violenta-amenaza-a-la-educacion-publica/2019-07-23/092419.html

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Brasil quiere fomentar la educación cívico-militar de los niños

América del Sur/ Brasil/ 26.07.2019/ Fuente: www.notimerica.com.

El Ministerio de Educación de Brasil publicó una nota de prensa informando del plan para » implementar 108 escuelas cívico-militares antes de 2023″, lo que supone la creación de 108.000 plazas para estos centros, con el objetivo de mejorar los Índices de Desarrollo de la Educación Básica.

Según el Ejecutivo, los alumnos en este tipo de escuelas obtienen mejores resultados que en las públicas, un 6,99 frente a un 4,94. En los centros militarizados las tareas educativas las siguen llevando a cabo profesores civiles mientras que exmilitares se encargan de la disciplina desde el papel de tutores o supervisores

Expandir este tipo de enseñanza, que ya se imparte en algunos estados del país, fue una de las promesas electorales de presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Otras medidas que persigue el Ministerio de Educación son la creación para 2022 de 4.900 guarderías y conectar 6.500 escuelas rurales al servicio de Internet vía satélite

Fuente de la noticia: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-brasil-quiere-fomentar-educacion-civico-militar-ninos-20190712110340.html

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Las mejores películas para educar en valores

Por: aptus.

El portal ayudaparamaestros.com armó un lisado con las 10 mejores películas que permiten abordar distintos valores con los alumnos. Tomá nota:

1- El médico africano: un brillante médico congoleño logra escapar felizmente de la dictadura y se traslada con su familia a un pueblo francés donde todos sufrirán el choque cultural.

2- El niño que domó el viento: un niño de 13 años se inspira en un libro de ciencias para construir una turbina de viento y salvar de la hambruna a su pueblo en Malawi. Basada en hechos reales.

3- Mala hierba: un estafador con un pasado difícil se hace cargo de un grupo de estudiantes problemáticos que lo cambiarán todo.

4- El buen Sam: una curiosa periodista encuentra el amor mientras investiga la historia de un misterioso personaje que deja bolsas de dinero en casas ajenas por toda Nueva York.

5- El indomable Will Hunting: cuando unos profesores del MIT se dan cuenta de que un preceptor es un genio de las matemáticas, un terapeuta ayudará al joven a afrontar los demonios que le reprimen.

6- Wonder: un chico con una cara distinta nunca ha ido a la escuela porque lo educaron en casa. Ahora ha llegado el momento de salir ahí fuera y hacer amigos en su nueva clase.

7- Juego de honor: Ken Carter, un entrenador de basquetbol polémico, antepone los estudios al deporte y, dado el bajo rendimiento académico del equipo, suspende los próximos partidos.

8- The bad kids: un grupo de profesores de un instituto en el desierto de Mojave defienden un enfoque poco convencional para ayudar a estudiantes con problemas.

9- Billy Elliot: un chico cambia sus clases de boxeo por las de ballet, pasión que quiere llevar hasta el final, pero su padre no lo ve con buenos ojos.

10- El ascenso: un joven parisino de origen senegalés decide escalar el Everest para impresionar a la mujer que ama.

Fuente de la reseña: https://www.aptus.com.ar/las-mejores-peliculas-para-educar-en-valores/

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Uruguay aprueba Ley Integral para Personas Trans

Por: redclade.org.

Esta ley, publicada el pasado 7 de noviembre, tiene como objeto “asegurar el derecho de las personas trans a una vida libre de discriminación y estigmatización, para lo cual se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación”

La ley reconoce que las personas trans han sido históricamente víctimas de discriminación y estigmatización por su condición de tales y reconoce el derecho a la identidad de género, estableciendo que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro. Agrega que este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona (artículo 1).

Define qué se entiende por identidad de género, expresión de género y por persona trans, y mandata a incorporar la variable “identidad de género” en todos los sistemas oficiales de información estadística, incluidos los censos, las encuestas continuas de hogares, los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y todas las mediciones públicas que releven la variable “sexo”.

En cuanto al ámbito educativo, cabe destacar que la ley establece la obligación de asegurar la inclusión educativa de las personas trans (artículo 15) y determina una serie de responsabilidades para las Instituciones y Organismos Educativos, los que deberán: (i) asegurar que las personas trans no sean excluidas del sistema educativo nacional por razones de identidad de género; (ii) prestar apoyo psicológico, pedagógico, social y económico, en su caso conforme a la reglamentación respectiva, a las personas trans, con el fin de concretar efectivamente su desarrollo académico y social; (iii) incorporar a personas trans en sus programas para culminar estudios a nivel de educación primaria, educación media básica y media superior así como terciaria, facilitándoles el acceso a los cupos disponibles y becas que se otorguen en los casos pertinentes.

Por su parte, la ley mandata a los órganos, organismos e instituciones que asignen becas y apoyos estudiantiles a nivel nacional y departamental, cualquiera sea su fuente de financiamiento, previendo cupos del 2% (dos por ciento) para personas trans.

Acceda al texto completo de la Ley N° 19684 aquí.

Fuente del documento: https://redclade.org/noticias/uruguay-aprueba-ley-integral-para-personas-trans/

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Chile: Sociedad civil denuncia ante organizaciones internacionales la militarización y la destrucción de la educación pública

América del Sur/ Chile/ 26.07.2019/ Fuente: redclade.org.

Se denuncian prácticas punitivas, violencia político-institucional, criminalización y persecución a estudiantes y docentes movilizados/as

Organizaciones sociales y educativas de Chile reunidas en la Red Contra la Represión a Estudiantes, entre ellas el Foro por el Derecho a la Educación Pública, denuncian prácticas punitivas, violencia político-institucional, criminalización y persecución a estudiantes y docentes movilizados/as por parte del Estado chileno, ante instancias internacionales de derechos humanos.

El pasado 03 de julio en Santiago de Chile, distintas organizaciones de Apoderados, Estudiantes, la Sociedad Civil y de Defensa de los Derechos Humanos agrupadas en la Red Contra la Represión a Estudiantes emitieron una carta dirigida al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Sr. Paulo Abrão, basada en evidencias, testimonios y hechos ocurridos durante el actual año escolar en curso, en la que constan los múltiples abusos y atropellos a los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes que estudian en los liceos públicos de Chile y la capital, en especial en los que son sostenidos por el Municipio de Santiago, al mando de Felipe Alessandri (RN).

Esto tras la aplicación de Manuales de Convivencia Escolar (reglamentos disciplinarios) antidemocráticos, punitivos y discriminatorios en los centros educativos, así como también de la “Ley Aula Segura” (2018), la cual otorga “atribuciones especiales” a los/as Directores/as de establecimientos escolares para, inclusive, expulsar a estudiantes (principalmente secundarios) y permitir la intervención de la fuerza policial (militarizada) en contra de estos/as al interior de los liceos y de sus comunidades educativas.

Lo anterior se ha desarrollado en un contexto en que las comunidades educativas, cansadas de promesas y de soluciones a medias, exigen mayores niveles de transparencia y mejoras sustanciales a la Educación Pública, la que hoy en Chile se encuentra bajo la amenaza del mercado y con una alta tasa de privatización (del 63%); esto en desmedro del pleno ejercicio del Derecho a la Educación.

Recordemos que, en Chile, este derecho humano fundamental no tiene garantía constitucional, y es en este sentido que la respuesta del Estado de Chile, en vez de darse en pos de una salida educativa y apelando a la participación de las comunidades educativas, ha consistido hasta hoy en la sistemática inversión de recursos públicos y en el fomento de prácticas punitivas, como por ejemplo, la violencia político-institucional por parte del poder, la criminalización y persecución a los/as estudiantes movilizados/as y la apuesta por la desarticulación y deslegitimación de las orgánicas y organizaciones estudiantiles y de apoderados/as por parte de la propia institucionalidad estatal (dentro de los propios establecimientos, inclusive).

Todo esto, a su vez, mientras los/as estudiantes son ignorados/as e invisibilizados/as sistemáticamente por el Estado; esto toda vez que los diálogos y las negociaciones son truncadas, las autoridades incumplen total o parcialmente los acuerdos alcanzados y desprecian y desatienden constantemente los intereses y las necesidades de los/as niños/as y jóvenes vulnerados/as.

Además de la carta a la CIDH, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile entregó y difundió en el marco de la realización del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, realizado la semanada pasada en Nueva York, el Informe Luz sobre la “Situación de la Educación en Chile al 2019”, documento en que se demuestran con pruebas la preocupante realidad y las consecuencias que están generando el actual sistema educativo y sus lógicas de mercado en Chile.

En dicha instancia, se emplazó al Gobierno de Chile a que respondiera sobre cómo afectan estas políticas educativas neoliberales a la Educación Pública y al debido cumplimiento del Objetivo Nº4 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, suscrito por el mismo Estado Chileno, el que sobre estas cuestiones no dio respuesta alguna.

Fuente de la noticia: https://redclade.org/noticias/chile-sociedad-civil-denuncia-ante-organizaciones-internacionales-la-militarizacion-y-la-destruccion-de-la-educacion-publica/

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