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Colombia en 2019: Siguen las luchas por financiamiento educativo, el derecho a la educación y la paz

Por: RedClade.Org.

En entrevista a la CLADE, representantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación hacen un balance de sus luchas en el 2018 y presentan cuáles serán sus principales desafíos, acciones y focos de incidencia en el 2019
Caracterizado por grandes movilizaciones de docentes y estudiantes a favor de un presupuesto adecuado para la universidad pública y gratuita en Colombia, el año de 2018 culminó con una buena noticia para la comunidad educativa del país: las protestas resultaron en un acuerdo con el gobierno nacional, en el cual se establece el compromiso de aumentar en $4.5 billones de pesos colombianos los recursos para la educación superior, en los próximos cuatro años.

Para saber más sobre el contexto colombiano y conocer las luchas prioritarias de los movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación en el país, conversamos con María Elena Urbano y Cecilia Gómez, integrantes de la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE), red de la sociedad civil que es miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Colombia.

Según María y Cecilia, en el 2019, seguirán siendo focos de movilización e incidencia política: la financiación plena de la educación pública y gratuita, la realización del derecho humano a la educación y la paz.

Lea la entrevista completa:

¿Qué balance ustedes hacen de la lucha por el derecho a la educación en el 2018 en Colombia?

María Elena Urbano y Cecilia Gómez – A lo largo del año pasado, el contexto de lucha por el derecho a la educación se caracterizó por las miles de movilizaciones a lo largo y ancho del país, convocadas desde las organizaciones estudiantiles de educación superior y de docentes, los procesos de incidencia en el Congreso de la República y la apertura de espacios de formación en torno al derecho a la educación y su financiación.

Este proceso culminó con la firma de un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones estudiantiles universitarias y de docentes, en el que el gobierno se compromete a entregar cerca de $4.5 billones de pesos adicionales para la Educación Superior Pública a lo largo del próximo cuatrienio.

Estos recursos aumentarán la base presupuestal, ligados con el aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), durante los próximos años. Así, a partir de 2019, se hará un aumento del IPC + 3,5 %; para el 2020, IPC + 4 %; para el 2021, IPC + 4,5 %, y para 2022, IPC + 4,65 %.


¿Cuál es la fuente de los nuevos recursos que se prometen para la educación universitaria y cuáles son las expectativas para el 2019 ante este acuerdo con el gobierno?

María Elena Urbano y Cecilia Gómez – Este aumento a la base presupuestal vendrá de recursos del sistema de regalías, inversión desde el presupuesto nacional y recursos de las cooperativas, provenientes de la renta sobre los excedentes del sector cooperativo destinados a educación superior pública, cuyo monto podrá superar los 300.000 millones de pesos.

A las cifras anteriores también se sumarán 1,5 billones de pesos en recursos procedentes del recaudo de las regalías, que serán destinados a mejorar la infraestructura, planes de bienestar, capacidad investigativa y a fortalecer las Instituciones de Educación Superior públicas.

El presupuesto de la educación superior pública se establece en 41,4 billones de pesos colombianos. De estos, 37,2 serán para funcionamiento y 4,2 para inversión.

Sin embargo, la firma del acuerdo no significó el levantamiento del paro nacional, ya que las y los estudiantes acordaron que el compromiso del gobierno será socializado con las 26 universidades en cese de actividades, quienes están decidiendo de forma autónoma cuando retomar clases.


¿Qué retos se presentan para la realización del derecho a la educación en Colombia este año?

María Elena Urbano y Cecilia Gómez – El último pliego de peticiones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), realizado el 14 de febrero, presenta varios de los desafíos de la educación pública colombiana, entre ellos: el gobierno debe definir una propuesta y mecanismo claros para aumentar y garantizar los recursos necesarios para materializar el derecho a la educación pública y gratuita, desde el preescolar de tres grados hasta la educación media, en establecimientos educativos públicos, gratuitos, administrados y financiados por el Estado, incluyendo la formación técnica, escuelas normales, jornadas nocturnas, educación rural, educación de personas jóvenes y adultas, educación especial y etnoeducación; la dignificación de la profesión docente, con salarios y jornadas justas, formación adecuada y permanente, contratación de nuevas maestras y maestros, y condiciones dignas de trabajo, con acceso a la salud y seguridad; y la garantía de los recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto pedagógico, social, territorial y comunitario de la Escuela como Territorio de Paz y para la erradicación de todo tipo de violencias, atención al posconflicto y construcción de la paz con justicia social.

Las trabajadoras y trabajadores de educación también claman por la garantía y el respeto de su vida e integridad física, así como de su derecho de asociación, libertad sindical y protesta. Esta es una demanda importante, ya que en promedio, cada año, son asesinadas y asesinados 28 docentes afiliadas/os a Fecode, y cada 12 días asesinan a una profesora o profesor en Colombia.

La violencia, represión y criminalización contra la protesta docente, así como la amenaza de censura al magisterio y riesgos para la libertad pedagógica son retos graves a los que nos enfrentamos hoy día. Recientemente, un proyecto de ley presentado por el congresista Edward Rodríguez del partido Centro Democrático, mismo partido del presidente Iván Duque, propone sancionar a docentes que hablen sobre política en las clases, caso su disciplina no se encuadre en las Ciencias Sociales. Si se aprueba, esta ley violaría el derecho a la libertad de expresión y enseñanza de las y los docentes y contribuiría para formar estudiantes sin sentido crítico o capacidad para comprender su entorno social.

Otra problemática es la falta de acceso y cobertura a la educación de calidad en contextos rurales. La Mesa Nacional de Educación Rural, el 13 de febrero, denunció en comunicado público que 19,237 estudiantes jóvenes se encuentran actualmente excluidas/os del sistema educativo en zonas rurales de Antioquia y Santander. Las y los jóvenes que viven en el campo en Colombia, infelizmente, suelen tener su derecho a la educación tratado como tema residual de la agenda pública, y muchas veces se les ofrecen servicios educativos prestados por empresas privadas contratadas por el gobierno, con menor calidad y la no garantía del inicio de las clases en el plazo previsto en el calendario escolar.

¿Ante el contexto mencionado, cuáles serán las actividades o ejes de acción prioritarios de la Coalición Colombiana este año?

María Elena Urbano y Cecilia Gómez – Continuamos con los dos ejes de trabajo decididos por la CCDE en sus últimas asambleas: la financiación plena del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida; y el derecho a la educación y a la paz en Colombia.

Asimismo, durante el 2019, mantendremos las tres estrategias de lucha planteadas durante el año anterior: participación en las movilizaciones convocadas por las organizaciones estudiantiles y de docentes; apoyo a los procesos de incidencia política con el Congreso de la República para el logro pleno de la financiación del derecho a la educación; y el fortalecimiento de los procesos de formación en torno al derecho a la educación desde el nivel preescolar y a lo largo de toda la vida, en línea con los compromisos asumidos por el Estado Colombiano al suscribir la Agenda de Educación 2030.

Fuente de la entrevista: https://redclade.org/noticias/colombia-en-2019-siguen-las-luchas-por-financiamiento-educativo-el-derecho-a-la-educacion-y-la-paz/

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Brasil: Ministra de la Familia en Brasil busca la prohibición total del aborto

América del Sur/ Brasil/ 25.02.2019/ Fuente: www.laizquierdadiario.com.

Un retroceso para las mujeres en términos de derechos sexuales y reproductivos es el proyecto que impulsa la Ministra de la Familia, Damare Alves.

El año 2015 el senador brasileño y pastor evangélico, Magno Malta, impulsó en el parlamento un proyecto que buscaba la prohibición completa del aborto en 3 causales. El proyecto quedó congelado en el Congreso por la misma bancada evangélica quienes veían la poca fuerza dentro del parlamento que tenían.

Hoy con 180 diputados representantes de la llamada “bancada da biblia”, es decir, en medio de un congreso mucho más conservador, el proyecto vuelve a salir a la luz, esta vez sin el senador Magno Malta en el cargo, dado que no logró llegar a su reelección, aún así los parlamentarios apuestan impulsar este proyecto en atención a que hoy si existe el quórum para validarlo.

Es así como el diputado bolsonarista junto a la Ministra de la Familia, son quienes, luego de años de equipo político, buscan desarchivar el proyecto y volver a lanzarlo, un claro retroceso para los derechos sexuales y reproductivos en el país carioca.

Una agenda reaccionaria contra las mujeres

No solo quieren lograr la prohibición completa del aborto, sino que también buscan acompañar al proyecto con medidas que les de mayor “vialidad”, como por ejemplo, una beca para las mujeres que son violadas, en donde sea el violador, luego de su identificación, quien tendrá que hacerse cargo de los costos de esta beca. Esto generará un vínculo de por vida entre la víctima y el victimario.

La realidad se recrudece para las mujeres en Brasil, en donde cada día mueren 15 mujeres por la violencia machista o por las diversas formas de violencia de género. No solo eso, cada 15 minutos una mujer es violada en un país en donde, según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 860 mil mujeres que abortan de forma clandestina.

Según el Ministerio de la Salud en Brasil, el año 2016 murieron 203 mujeres por las dificultosas condiciones para abortar en la clandestinidad, llenas de formas insalubres, corriendo el riesgo de quedar con secuelas de por vida. El principal riesgo recae sobretodo en las mujeres trabajadoras y las más pobres.

La fuerza de las mujeres contra el machista Bolsonaro

Pero no todo el panorama es tan desalentador. Al igual que la gran marcha que protagonizó el comienzo de la presidencia de Donald Trump, son miles las mujeres que en distintas convocatorias se han organizado para repudiar los dichos y política misógina del bolsonarismo. Un gobierno que impulsa diversas medidas de precarización a tono con la política económica del FMI, que busca precarizar y flexibilizar las condiciones de vida del pueblo trabajador, en donde las más golpeadas son siempre las mujeres.

Es la fuerza de la marea verde, que recorrió todo el mundo, junto a la fuerza de los trabajadores y la juventud, quienes pueden dar una respuesta a los ataques del Bolsonarismo, pero también hacerle frente a la avanzada imperialista en América Latina cuyos principales avales locales son Bolsonaro, Piñera y Macri.

Fuente de la noticia: https://www.laizquierdadiario.com/Ministra-de-la-Familia-en-Brasil-busca-la-prohibicion-total-del-aborto

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Amenaza de adoctrinamiento en la educación

Por: José Antequera.

Comenzado el 2019 se releva la ofensiva del partido de gobierno por controlar el pasado para controlar el futuro, asumiendo que su control del presente le da el poder de controlar el pasado, parafraseando a Orwell.

Empezó Duque, a penas el 2 de enero, agradeciendo al director de la CIA el apoyo crucial de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia. Muchos aceptaron la invitación a “discutir”  al respecto, con la “altura y argumentación” que siempre pide José Obdulio. Pero con esa ficción de debate, asistíamos al posicionamiento del relato que ahora le da sentido a su gobierno y a sus medidas, las que han significado que Colombia le voltee la espalda a la región latinoamericana para reajustarse a la jefatura de Trump.

Del mismo relato hace parte la negación del conflicto armado, que se ha vuelto a poner sobre la mesa a propósito del proceso de nombramiento del Director del Centro Nacional de Memoria Histórica, y donde se notó la dificultad de José Obdulio para encontrar un investigador serio que defienda sus “tesis”.

Contra la avalancha de las mismas investigaciones del mismo CNMH, se dice de nuevo que en Colombia lo que existió fue una amenaza terrorista contra la democracia más antigua del continente. Y ello no porque ajá, se trata de otra forma de ver las cosas, sino porque tiene consecuencias, empezando porque se reduce o elimina la obligación del Estado de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y al país, reconociendo su responsabilidades y la de sus jefes.

Ahora, en cabeza del Representante Edward Rodríguez del Centro Democrático, se propone en el Congreso que los maestros puedan ser multados, suspendidos, despedidos, e inhabilitados, si realizan proselitismo, incitan discusiones políticas o coaccionan a los alumnos a votar por algún candidato o programa. Como obviamente usar los salones de clase para hacer proselitismo  y coaccionar para ello ya está más que prohibido hace rato, y ya existen normas que sancionan a quienes realicen esas conductas, es claro que la iniciativa quiere introducir elementos nuevos a lo existente.

De un lado, se trata de que un maestro, con el sólo señalamiento de una conducta de este tipo, pueda ser suspendido y dejar de recibir salario hasta por 24 meses, para que aprenda él y todos los demás la lección ordenada desde arriba.

Por el otro, la propuesta significa una reinterpretación de las conductas prohibidas. Si el nuevo director del CNMH le da la autorización “académica” al gobierno para tratar de izquierdismo al reconocimiento del conflicto armado, pues enseñar esa versión de la historia podrá ser proselitismo. Si un profesor quiere cuestionar la oda a la Seguridad Democrática que hoy tienen los libros de ciencias sociales de Santillana, también será señalado de promover el odio. Paradójicamente, si un profesor quiere cumplir la Ley 187 de 2017 que ordena que se enseñe la historia “que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país”, deberá hacerlo poniendo los discursos científicos de Fernando Londoño en “la hora de la verdad”.

El partido de gobierno ha acusado a la FECODE de adoctrinamiento. En realidad es desde el Centro Democrático que se ejerce esa amenaza hoy. En pleno 2019 tenemos que defender la libertad de cátedra que establece la Constitución misma, la memoria como sentido de orientación y el derecho a una educación de calidad, que no puede estar basado en otra cosa que en el pensamiento crítico.

Fuente del artículo: https://colombia2020.elespectador.com/opinion/amenaza-de-adoctrinamiento-en-la-educacion

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Educar para la libertad: por una educación emancipadora y garante de derechos

Por: CLADE.

“Es necesario que la educación esté – en su contenido, en sus programas y en sus métodos – adaptada al fin que se persigue: permitir al hombre y a la mujer llegar a ser sujeto, construirse como persona, transformar el mundo, establecer con otros hombres y mujeres relaciones de reciprocidad, hacer la cultura y la historia (…) una educación que liberte, que no adapte, domestique o sub juzgue” (Paulo Freire)

Como afirma Paulo Freire, “la educación sola no cambia la sociedad. Pero, tampoco sin ella la sociedad cambia”. Para que podamos construir una sociedad libre de todo tipo de opresión, la educación debe ser emancipadora, capaz de transformar el presente y el futuro de niñas/os, adolescentes, jóvenes y personas adultas desde la reflexión, el diálogo, el pensamiento crítico; desde la capacidad de indagar, cuestionar, discernir, imaginar y accionar por otros mundos posibles.

La emancipación parte, como dice Paulo Freire, del diálogo como un principio ético y político. Es desde el diálogo que la educación, siendo emancipadora, puede orientarse a los propósitos de los derechos humanos; a la construcción de la paz y de ciudadanías activas, críticas y participativas; al fortalecimiento de nuestras democracias; y a la superación de las desigualdades y discriminaciones.

La consolidación de sistemas públicos de educación, que aseguren la gratuidad y la universalidad para todos y todas, y que sean emancipadores y garantes de derechos, es tarea pendiente y urgente para los países de América Latina y el Caribe

Fuente del documento: http://www.educarparalalibertad.org/wp-content/uploads/2018/10/Educar-para-la-libertad-1-1.pdf

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Perú: Defenderemos a los maestros que son retirados por acatar huelga nacional indefinida del año pasado

América del Sur/ Perú/ 25.02.2019/ Fuente: www.diariovoces.com.pe.

 

La Profesora Lucinda Vásquez Vela, secretaria regional de maestros afiliados al sindicato del SUTEP bases regionales, en una entrevista sostenida a través de este medio de comunicación fue muy enfático en señalar, que defenderán con todas las fuerzas y estrategias de medida de lucha a los docentes de las provincias de Juanjui y Huallaga, que son cesados arbitrariamente por sus directores de UGEL de cada uno de ellos, por haber acatado una huelga nacional indefinida del año pasado, derecho contemplado dentro la constitución política del Estado peruano.

Lucinda Vásquez, máxima dirigente nacional- regional dijo, “un maestro que goza de sus vacaciones no puede ser cesado, así contempla las normas y disposiciones legales, no entendemos porque los directores de estas dos UGELs salen del acuerdo tomado en una reunión amplia donde estuvo presente el mismo director regional de educación Lic. Juan Orlando Vargas, con quienes acordamos que debe haber un trato muy especial al profesor procesado sin perjudicarle su sistema laboral, porque al mismo estarían perjudicado al estudiante, porque haría con quien remplazarlo el vacío que deja, más por el derecho constitucional ganado”, manifestó.

“Hago el llamado a las autoridades educativas de nuestra región, al gobernador regional Dr. Pedro Bogarín Vargas, quienes tienen que ver sobre este problema, nos apoyen en solucionar, ante del inicio de las clases educativas, de lo contrario nos obligará tomar acciones muy radicales en favor de estos docentes, pido que se retracten de haber tomado esta mala decisión por parte estos dos directores de UGELS”, terminó manifestando. (Heil Sangama)

Fuente de la noticia: https://www.diariovoces.com.pe/126707/defenderemos-maestros-son-retirados-acatar-huelga-nacional-indefinida-ano-pasado

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Unir a toda la izquierda anticapitalista. Propuestas y debates

Por: Sergio García.

Desde la Dirección Nacional del MST queremos reafirmar nuestras propuestas al conjunto de la izquierda anticapitalista. En un momento de desafíos y oportunidades para la izquierda, podemos dar pasos firmes y unitarios, con un buen método y sin imposiciones.

La unidad en las luchas

Reiteradas veces y de formas variadas venimos insistiendo en la necesidad imperiosa que toda la izquierda anticapitalista se una. No solo en el terreno electoral, sino de conjunto para estimular y fortalecer el proceso de luchas obrero, popular, estudiantil y feminista, y el impulso a una nueva dirección clasista y antiburocrática en los sindicatos y en el movimiento estudiantil.
El inicio de 2019 replantea nuevamente este tema. En las luchas es esencial; porque el brutal ajuste macrista y del FMI, con la complicidad y aplicación directa del PJ en sus provincias, pone blanco sobre negro que para derrotarlos y sobrepasar a la vieja burocracia sindical, es clave la unidad de la izquierda en cada lucha para apoyar, coordinar y profundizar las peleas en curso de las y los trabajadores, del movimiento feminista antipatriarcal y de la juventud.

La unidad en el plano electoral

Al haber elecciones nacionales en el horizonte y elecciones provinciales adelantadas, se coloca lógicamente el debate electoral con importancia, y esto vale también para la izquierda. Aunque sabemos que las elecciones son tan solo una parte de la lucha política y que es en las calles y en la confrontación de clases donde se define el futuro, esto no niega la importancia de que electoralmente ofrezcamos una alternativa muy fuerte en oposición a todos los partidos del sistema, y que esa lucha político-electoral contribuya también, dialécticamente, al desarrollo del conjunto de las tareas de la izquierda anticapitalista.

Sobre la unidad de los anticapitalistas que es requerida por miles de activistas obreros, estudiantiles, feministas y populares, los últimos días volvió a entrar en debate si avanzar o no en una unidad real y mayor. A los planteos de unidad que desde el MST venimos haciendo y ante el silencio sobre el tema de algunas fuerzas del FIT, se sumó el lunes la propuesta que el PTS hizo pública bajo el título de “hacer un frente más amplio para las elecciones de 2019”.

Cómo toda propuesta que se hace hacia la prensa y sin dirigirse realmente a las fuerzas de la izquierda que tenemos fuerte trabajo en todo el país, tiene el límite de no ser por ahora más que eso, una declaración que habrá que ver si pasa de ese estado declarativo. De nuestra parte, siendo por fuera del FIT el partido más grande y extendido nacionalmente que ya está dando pelea en todas las provincias y la dará en las elecciones nacionales, y porque además somos coherentes con la propuesta unitaria que venimos haciendo, consideramos positivo que se reabra este debate y proponemos reunirnos rápidamente con el FIT, con AyL y demás fuerzas anticapitalistas, a intercambiar y buscar todas las variantes posibles para lograr una gran unidad programática, política y de candidaturas. Para concretarlo, hace falta que el PTS y el FIT asuman a fondo el tema y pasen de las palabras a los hechos. Sería una nueva decepción para miles y miles de militantes y seguidores de la izquierda, ver frustrada una gran unidad cuando hay condiciones para lograrla.

Algunos debates

En las palabras recientes del PTS se le da especial importancia a Caba porque allí no se ha logrado colocar un diputado de izquierda, de ahí la insistencia hacia Zamora. Sin embargo, aunque no lograr diputados allí es un hecho cierto no puede limitarse el problema a una ciudad, a una o dos fuerzas o a un par de dirigentes. Creemos más correcto tomar el país y las tareas de la izquierda de conjunto. Así se realza la necesidad y posibilidad de fortalecer una alternativa nacional unitaria de izquierda, que le dispute mejor y en todos lados a los partidos patronales y a la centroizquierda. La unidad de la izquierda anticapitalista sería una novedad muy positiva en el país (y en Caba) y también un salto hacia adelante en la influencia de la izquierda sobre franjas del movimiento de masas. Esa posibilidad está planteada hoy y depende de lo que hagamos o no.

En el plano electoral no está pendiente solo el caso de Caba. Por dar otro importante ejemplo está el caso de Córdoba, un distrito clave donde tampoco se logró colocar diputados nacionales. Allí, desde el MST, tenemos una importante presencia política y caudal de votos que, unificada al FIT, garantizaría un salto cualitativo para todos, una provincia en la cual aún estamos a tiempo de hacerlo. Como también estuvo Santa Fe donde tampoco hay representación parlamentaria de la izquierda, ni nacional ni provincial, en donde acaban de cerrar las presentaciones de alianzas y consideramos un error que el FIT no haya aceptado nuestra propuesta de ir juntos, por lo cual lamentablemente habrá dos listas de izquierda en estas elecciones; el FIT y el MST. También está el caso Entre Ríos,en donde desde el MST nos encaminamos a una importante elección con posibilidad de ingresar cargos legislativos que luego podríamos poner a disposición de un acuerdo nacional de la izquierda anticapitalista. Estos y otros ejemplos provinciales abonan la necesidad de sumar las fuerzas de todos y en todos lados, sin reducir el debate a un solo distrito.

En concreto, creemos que hay que poner por delante las tareas globales de la izquierda en el país y la necesidad de ser un muy fuerte polo político y de lucha que enfrente a Macri, a todas las variantes del PJ y a la centroizquierda. Y junto con esto intentar en todas las provincias que en el plano electoral la suma de las partes se transforme en un salto de calidad hacia delante.

Acuerdos y diferencias

El PTS plantea para la unidad que propone que“el límite, como siempre, es la independencia política de los trabajadores que defendemos desde el Frente de Izquierda”. De nuestra parte no tenemos ninguna duda que la unidad de toda la izquierda anticapitalista generaría el mayor grado de independencia política de los trabajadores, que es la estrategia por la cual luchamos y que se expresa no solo en el programa del FIT, sino también en el nuestro y en el de otros sectores anticapitalistas.

Precisamente porque se podría lograr un fuerte acuerdo político y programático a mediano y largo plazo, es que muchas veces hemos insistido no solo en hacer un frente electoral sino acuerdos más profundos, sobre la base de ese programa y de la necesaria independencia de clase en todos los terrenos de intervención. Los pasos comunes que venimos dando en el sindicalismo combativo son ejemplos a seguir y, lógicamente, a mejorar, que apuntan en este sentido. Si ahora diéramos pasos de unidad electoral, también abonarían y fortalecerían las propuestas y necesidades políticas y sociales de nuestra clase.

Desde ya que entre la distintas fuerzas de izquierda va a seguir habiendo matices o diferencias en algunos puntos o en cuestiones de años atrás que bien se pueden debatir para sacar conclusiones. Hay diferencias al interior del FIT y también entre nuestras fuerzas. Eso es lógico, y no lo es usarlas como excusa para dividir. El método obrero es partir de las tareas presentes y futuras y fortalecer a partir de acuerdos la lucha y las necesidades planteadas. Ningún obrero con conciencia de clase antepone viejas diferencias a los pasos de unidad que hoy se pueden lograr contra todo el sistema. Priorizar los acuerdos es el ABC del marxismo, el leninismo y el trotskismo y es un método que no puede quedar fuera de este debate. Debe estar presente para unir lo que hay que unir en la izquierda anticapitalista y socialista y evitar planteos ultimatistas.

Reafirmamos una vez más nuestra propuesta de unidad. Mientras tanto desde el MST seguiremos dando la lucha política en todo el país, con nuestra precandidata a presidenta Cele Fierro, con Bodart, Ripoll, con todas nuestras referencias provinciales y toda nuestra militancia nacional. Convencidos que hay que jugarse entero a dar vuelta todo este régimen y sistema capitalista. Para eso nos organizamos y por eso luchamos.

Fuente del artículo: https://mst.org.ar/2019/02/20/unir-izquierda-anticapitalista-propuestas-debates/

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La mortalidad infantil nos interpela

Por: Miguel Ángel Schiavone.

 

Comparándonos con nuestros vecinos ¿Es posible evitar casi 2.000 muertes infantiles por año en Argentina? La ONU el 1 de enero de 2019 publicó un informe de UNICEF estimando que ese día nacerían 395.072 niños en todo el mundo, y advirtiendo que en muchos países esos recién nacidos no alcanzarán el primer año de vida.

El artículo, que puede leerse en la web, destaca además que la mayor parte de las causas de muerte son prevenibles. Charlotte Petri Gornitzka, Subdirectora Ejecutiva de UNICEF, manifestó “En este día de Año nuevo, hagamos todos el propósito de cumplir todos los derechos de todos los niños, empezando por el derecho de sobrevivir”.

Pero el acceso a este derecho es muy dispar, en Japón solo fallece 1 de cada 1.111 nacidos mientras que en Pakistán muere 1 de cada 22 bebés. Se desprende del informe que el riesgo de muerte y la causa de defunción están condicionados por el lugar en donde se nace.

Estos datos nos obligan a explorar cual es el destino que tienen los niños nacidos en Argentina. La tasa de mortalidad infantil (TMI) durante 2017, recientemente publicada por el Ministerio de Salud, nos informa que por cada 1000 nacidos vivos fallecen durante el primer año de vida 9,3 niños.

En igual periodo el riesgo de muerte en Uruguay es de 6,6 por cada 1000 nacimientos (30% menos que Argentina) mientras que Chile tiene una tasa similar a Uruguay.

Durante 2017 en Argentina fallecieron 6.579 niños menores de un año. Si nuestro país tuviera la misma tasa de mortalidad infantil que Uruguay o Chile evitaríamos 1.973 muertes infantiles por año.

Si bien estos datos oficiales no admiten objeciones, algunos podrán advertir sobre la presencia de inequidades en algunos de los países latinoamericanos, pero Argentina no se queda rezagada en este punto.

Los datos oficiales reflejan tasas dispares entre provincias. La mediana de la TMI de cuatro jurisdicciones (Chubut 6,8; CABA 6,9; Tierra del Fuego 7 y Neuquén 7,1) es de 6,95 mientras que la de otras cuatro (Formosa 16; Corrientes 12,8; Tucumán 11,5 y Salta 11) es de 14,4. Estas últimas cuatro jurisdicciones duplican el riesgo de muerte de las cuatro primeras. Inequidades hay en toda América Latina incluyendo Argentina.

Me sorprendió encontrar en el anuario 2016 de la Dirección de Estadísticas de Salud de Argentina que sobre 8443 muertes de niños menores de 5 años, 310 de ellos no recibieron atención médica durante la enfermedad o lesión que condujo a la muerte. Cifra que impacta no solo por la sinceridad y honestidad del informe sino porque es esperable que toda persona reciba o acceda a la atención de la salud en forma oportuna, integral y de calidad.

Hace 30 años se aprobó la “Convención de los Derechos del Niño”, en la que los gobiernos de todo el mundo, incluyendo Argentina, se comprometieron a proteger la vida de “todos” los niños. Los datos del 2017 son una foto oscura de ese compromiso, pero es necesario ver toda la película para advertir la tendencia. En 1950 Chile tenía una TMI que casi duplicaba a la de Argentina y Uruguay estaba solo un poco por debajo de nuestra tasa. Después de 70 años el riesgo de muerte de nuestros niños es 30% mayor a los que nacen en Uruguay o Chile ¿Cómo se explica? Pobreza económica, social, educativa y sanitaria que se fue incrementando. La solución más fácil son las políticas que controlan la natalidad… Si no nacen, no se mueren… Los indicadores sanitarios mejoran y finalmente habitaremos el mundo feliz de Aldous Huxley. Otra alternativa diametralmente opuesta son las políticas que promueven la vida y el desarrollo integral y sustentable.

¿Un país productivo o uno extractivo? Un país extractivo sufre la expoliación de minerales, petróleo, ganado, riqueza marítima y mentes lúcidas. Es necesario además que tenga poca población reduciendo el consumo local de esos recursos que se trasladarán fuera de sus fronteras.

En un país extractivo se priorizaran políticas de control de la natalidad por sobre las de salud infantil. Un país productivo privilegia la producción, el consumo y el desarrollo integral de sus habitantes incluyendo claras políticas demográficas, de salud, educación y de redistribución de los recursos.

Todos los días se repiten slogans que no superan la retórica dialéctica, entre ellos el famoso “Los niños son la prioridad y el futuro del país”. Pongamos entonces nuestras energías en pensar cómo evitar tantas muertes infantiles injustas, distribuidas tan inequitativamente en nuestro territorio.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/opinion/mortalidad-infantil-interpela_0_cD9YYWTJU.html

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