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Perú-Lima/ 10 de marzo de 2016/Teresa Tovar Samanez/ Fuente: La Mula

 

La educación constituye un aparente consenso entre quienes postulan al sillón presidencial. Existen, sin dudas distintas  opciones  y enfoques que es preciso identificar para plantear propuestas pertinentes desde una opción que vincule educación y justicia, diferente y contrapuesta a la que vincula educación y lucro.

En los siguiente artículos que reproducimos (publicados en el Diario UNO entre noviembre 2015 a la fecha) abordamos este debate, desde distintos aspectos de la agenda educativa:

Elecciones y calidad educativa (1)

Agenda Educativa 2016 (2). Lo que el Estado debe garantizar.

Elecciones 2016 y presupuesto educativo (3)

Elecciones 2016 y aprendizajes para el milenio (4)

Revertir la privatización de la educación. Elecciones 2016 (5)

Los maestros en la última fila de los planes de gobierno 2016 (6)

 

 Elecciones y calidad educativa (1)

La calidad de la educación pública figura como la segunda prioridad en la percepción de la gente. Según la última encuesta Gfk este tema concita 61% de interés después de la inseguridad ciudadana (82%). Existe pues un consenso general sobre su importancia, pero se trata de un consenso sólo aparente ya que hay diferentes concepciones de “calidad educativa” y distintas políticas que de ellas se desprenden.

No todos entienden calidad educativa de la misma manera. Para algunos está en función de la producción y se incrementa con la competencia. Lo que interesa es la eficiencia, la rentabilidad y la satisfacción del cliente porque el mercado necesita personas calificadas. Para ello son bienvenidos el lucro y el negocio que acrecientan la rivalidad entre escuelas que deben ser medidas y rankeadas en sus resultados. Esta propuesta es la que ha venido implementándose y viene llevando a la educación pública a la precariedad absoluta, excluyendo a vastos sectores de oportunidades educativas, instalando un exacerbado individualismo, dando pie a la proliferación de colegios privados-negocio-estafa, y colocándonos en los últimos lugares del mundo.

En contraparte, está emergiendo otra propuesta impulsada por las Naciones Unidas e instituciones de la sociedad civil internacional. Se plantea que la educación de calidad es un derecho humano fundamental que el Estado debe garantizar. Su finalidad es la realización humana, no es proveer mano de obra. Es a la vez un bien público de modo que todas las personas disfrutan el acceso a una educación de calidad sin exclusión de ninguna clase. En esta visión la calidad es un asunto de justicia, no de mercado, siendo inseparable de la equidad. Tiene relación con un horizonte de país y de humanidad. Su propósito es el desarrollo de personas no sólo con determinadas habilidades sino capaces de intervenir y transformar su entorno, que actúan colectivamente y trabajan en equipo buscando el bien común y valorando nuestra diversidad.

El segundo enfoque supone un conjunto de políticas coherentes con su perspectiva emancipadora, tales como:

• Afirmación de la educación pública comenzando por el presupuesto educativo;
• Garantías mínimas de calidad en todas las escuelas privilegiando 2 factores: maestros bien formados y remunerados e infraestructura de calidad;
• Regulación de la oferta privada y cierre de todas las instituciones educativas de lucro sin calidad;
• Eliminación de toda discriminación, educación intercultural, inclusiva y con enfoque de igualdad de género;
• Formación integral con centralidad en la educación ciudadana y ambiental, pertinente y creativa frente a los diversos contextos;
• Fortalecimiento de la sociedad educadora, la iniciativa de la gente y la educación más allá de la escuela.

Este debate no es académico ni solo técnico, sino sobre todo programático. De otra manera bajo la denominación de educación de calidad seguirá impulsándose políticas funcionales al primer enfoque predominante en los últimos gobiernos.

 

Agenda Educativa 2016 (2). Lo que el Estado debe garantizar.

La agenda electoral está en marcha y dentro de ella educación ocupa un lugar central. Pero hoy no basta el discurso. Es preciso saber qué hacer, qué priorizar.

Lo primero es lo básico: maestros y escuelas de calidad. El histórico e imperdonable descuido del Estado nos da como punto de partida una situación de extrema precariedad. Según cifras del MINEDU sólo 15% de escuelas públicas tiene aulas en buen estado; La mitad de los colegios públicos carece de agua potable y servicios higiénicos en buen estado y 80% no tiene desagüe; Los cuadernos de trabajo llegan oportunamente sólo a la mitad de estudiantes. Sólo 17% de escuelas primarias y 45% de colegios secundarios tienen Internet. Hay consenso en que el salario docente peruano es el último de la región y que la formación docente es deficitaria. El salario docente bordea los $600, mientras que en México y Argentina está en $,1500, en Chile $2000 y en Brasil $2400. La tercera parte de docentes son contratados .

Las medidas caen por su propio peso. Si queremos resultados educativos mejores y nos proponemos convertir la educación en derecho efectivo y cimiento de desarrollo, el Estado debe garantizar condiciones básicas de funcionamiento de todas las escuelas públicas del país. Ninguna escuela sin servicios básicos, ningún niño sin cuaderno. Maestros suficientes profesionalizados, en plazas orgánicas y bien remunerados; Mayor puntaje de ingreso a la carrera docente y acreditación de Instituciones que forman maestros. Piso salarial establecido y respetado, de acuerdo a la canasta básica familiar.

En resumen, garantías de calidad en todas las escuelas públicas. Privilegiando 2 factores: maestros de calidad bien remunerados e infraestructura de calidad básica, con servicios de agua, desagüe, luz e internet. Para todos. No sólo para los colegios de alto rendimiento, porque la calidad educativa “impartida por docentes competentes y bien respaldados es un derecho de todos los niños, jóvenes y adultos y no el privilegio de unos pocos” (UNESCO 2015).

El Estado es el responsable y debe rendir cuentas anualmente. Esto contrasta con la actual situación, en la cual se miden resultados educativos, pero no las condiciones de estudio de los alumnos ni las condiciones de trabajo de los docentes. El necesario esfuerzo que un buen docente puede y debe hacer para mejorar la calidad educativa, no puede sustituir la obligación del Estado de afrontar las falencias en la provisión de condiciones básicas.

Detrás está una opción, un enfoque. Una cosa es dejar al mercado o al sector privado la solución de los problemas, invisibilizando la responsabilidad pública y responsabilizando del fracaso escolar a docentes mal remunerados, mientras se invierte en colegios de calidad para una minoría. Otra cosa muy distinta es comprometer públicamente al Estado a asumir su rol como garante de una educación pública de calidad y, sobre esa base, motivar el esfuerzo creativo de escuelas y docentes.

 

Elecciones 2016 y presupuesto educativo (3)

En artículo anterior: Agenda Educativa 2016 (2). Lo que el Estado debe garantizar, señalamos como 1ra. medida que el Estado asegure condiciones de calidad en todas las instituciones educativas públicas. Esto supone una 2da medida: incremento sustantivo de la inversión en educación hasta el 6% del PBI.

Partimos de la grave precariedad de la educación pública y el desfase del presupuesto educativo peruano en relación a A.Latina. El Ministro Saavedra reconoció que “es imposible mejorar los aprendizajes sin mayores recursos” ya que la educación sólo mejora en países que gastan más de 5 mil dólares por alumno. En los dos últimos años se ha incrementado el presupuesto de 3,3% al 4,1% del PBI. El esfuerzo es insuficiente y tardío. Según la UNESCO Perú está a la cola y Bolivia es el país que más invierte en educación: 6,4% del PBI, seguido de Jamaica y Argentina con 6,3% y 6,2% respectivamente. Según el BM, el Perú está incluso detrás de Afganistán que invierte el 4,6%, y de Túnez y Mozambique que destinan el 6,6%.

Hemos tenido 20 años de abandono presupuestal de la educación pública con cifras estancadas debajo del 3%. Esta negligencia significó la dilución de lo público y la instalación de la carencia educativa como supuesto. Recientemente se tiende a sustituir políticas de universalización por políticas de focalización. Acciones de discriminación positiva como Beca 18 benefician a 45,000 estudiantes y deberían complementar (no suplantar) políticas universales para millones de estudiantes que estudian en aulas destartaladas y con maestros mal pagados. Los COAR son una cápsula de alta calidad que beneficia a la vez que segrega a 2,400 alumnos, agravando la segmentación educativa en una región como A. Latina que tiene el mayor índice de desigualdad del planeta (UNASUR).

Los candados puestos al presupuesto educativo han sido la burda contraparte de las grandes facilidades a la inversión privada del gran capital vía exoneraciones tributarias, y se han aplicado por recomendación de organismos internacionales como el BM, que a coro con el CADE y el Estado, esgrimen el endeudamiento y la asociación público privada para cubrir el vacío de Estado.

Elevar el presupuesto educativo a 6% del PBI implica: a) Decisión nacional para hacerlo y para direccionar los recursos a mejorar salarios docentes e infraestructura; b) Descentralización del gasto, hasta ahora fuertemente concentrado, buscando cerrar brechas socioeducativas regionales. c) Canalizar hacia educación recursos recuperados de la corrupción y desde una reforma tributaria con justicia fiscal que grave a los más poderosos y elimine exoneraciones tributarias. d) Poner fin al endeudamiento del gasto en educación, evitando la creciente injerencia de actores privados y burocracias tecnocráticas en decisiones de política pública (alerta de CLADE 2015).

Hasta ahora, el silencio actual de los candidatos sobre este punto, expresa continuismo con una política que justificó el estancamiento con distintos pretextos.

 

Elecciones 2016 y aprendizajes para el milenio (4)

Asombra el gran silencio temático sobre los contenidos de una enseñanza de cara al nuevo milenio. Hoy en el Perú se habla básicamente de mejorar los rendimientos y los aprendizajes de manera inconexa con el debate internacional. El milenio plantea la urgencia de encarar los contenidos educativos en torno a 4 paradigmas: desarrollo sostenible, ética, derechos humanos y democracia sustantiva. ¿Qué se ha hecho desde la educación? Muy poco y con estrechez de miras, reduciendo el concepto de calidad a logros mensurables acotados y a prescripciones instrumentales para viabilizarlos.

¿Necesitamos sólo más aprendizajes en dos asignaturas o más bien aprendizajes distintos, integradores y críticos? Morin plantea la urgencia de un pensamiento complejo para poder comprender y actuar en un mundo complejo. La división del saber en disciplinas impide la percepción del conjunto. Se requiere una enseñanza integral, no compartamentalizada y que, a la vez, desarrolle las capacidades para el arte, la imaginación y la innovación.

Hoy en otros países se ponen de relieve el arte y las humanidades y está en curso el fin de las áreas curriculares. En su lugar se propone el aprendizaje por problemas o proyectos. Los estudiantes, orientados por sus docentes, eligen un problema, lo investigan y hacen uso creativo de diversos saberes y talentos. En los proyectos los alumnos aprenden resolviendo y se comprometen con su entorno. En el Perú estamos a años luz de esto. No nos atrevemos a cuestionar las áreas curriculares; hemos reducido, eludido o eliminado los temas sustantivos del milenio que exigen pensamiento crítico: interculturalidad, género, medio ambiente, ciudadanía; y estamos transformando a los docentes en implementadores de una artillería pesada de herramientas instrumentales para aprendizajes segmentarios.

En el 2016 deben incorporarse en los contenidos educativos los nuevos paradigmas del milenio. Esto implica:

• Actualizar y reajustar el Proyecto Educativo Nacional y convertirlo en instrumento social y político de transformación. El PEN no incorpora por ej. el tema ambiental, que aparece posteriormente.
• Priorizar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes para convertirlos en sujetos y actores.
• Construcción participativa y ciudadana de un currículo significativo a la altura de las potencialidades del país.
• Asumir sin temor y con flexibilidad la diversificación curricular, de mano con las ciencias y las artes
• Optar por el camino desafiante del aprendizaje por problemas/proyectos y dar los primeros pasos en esta ruta, independizándonos de las prescripciones reduccionistas de PISA y similares.
• Recuperar la autonomía, creatividad y rol profesional de los maestros como formadores de personas y como actores del cambio educativo.

Se trata de cambiar el rumbo, no de gestionar mejor el actual, siendo coherentes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Educar para un mundo distinto.

 

Revertir la privatización de la educación. Elecciones 2016 (5)

Los punteros en las encuestas electorales mantienen silencios significativos o bien plantean algunas políticas que favorecen la tendencia a la privatización y mercantilización de la educación.

Keiko propone explícitamente que la oferta de educación superior se adecue a las necesidades del sector privado y Guzmán plantea una fuerte articulación entre universidades y empresas, mientras que Acuña y PPK impulsan las Asociaciones Público-Privadas (APP). Tanto Acuña como Keiko plantean revisar la SUNEDU y sus competencias de modo reduzcan regulaciones e injerencias. Por otro lado Guzmán y Acuña impulsarían créditos privados para la educación superior. En conjunto, detrás del aparente consenso por una educación de calidad se esconden estrategias que reafirman la continuidad de la tendencia.

En el sector educativo la privatización se viene expresando de diversas maneras: devaluación y abandono de la educación pública junto a la generación de un sentido común: “lo privado es mejor”; facilidades al sector privado para que invierta y haga negocio con la educación sin mayor regulación ; impulso a las APP y las Obras por Impuestos, cuestionadas en otros países por convertirse en financiación pública del negocio privado y en sustituto de la inversión pública; introducción de programas de crédito para estudios superiores como oportunidad de negocio para el sector privado. Todo ello va acompañado de un ingrediente programático: la creciente injerencia de actores privados y burocracias tecnocráticas, en decisiones de política.

Para empezar a revertir esta tendencia a la privatización educativa, se requiere propuestas específicas como:

• Regulación drástica de la oferta privada y cierre de todas las instituciones educativas privadas sin calidad, incluyendo las de educación básica, fortaleciendo al SINEACE y la SUNEDU.
• Inversión sustantiva en educación pública debiendo el Estado garantizar condiciones de calidad en escuelas, institutos y universidades públicas.
• Modificación constitucional que prohíba el lucro en educación y derogatoria del DS. 882, promulgado durante el Gobierno de Fujimori, que da pie al lucro en la educación básica.
• Uso sólo complementario y transitorio de las APP y Obras por Impuestos, con planificación regional concertada, transparencia y fiscalización.
• Priorización de la oferta de educación superior gratuita, complementada por programas de discriminación positiva tipo Beca 18 y créditos públicos sin intereses.
•  Impulso de espacios públicos de discusión programática Estado-Sociedad civil, donde estén presentes los educadores.

En el actual escenario electoral, las afirmaciones generales a favor de la calidad educativa son totalmente insuficientes si no van acompañadas de políticas decididas de reversión del proceso de privatización de la educación peruana.

 

Los maestros en la última fila de los planes de gobierno 2016 (6)

Un cambio educativo sólo es posible revalorizando la profesión docente. Esto es que es reconocido por la mayoría de partidos políticos, significa 3 cosas concretas: elevar el piso salarial, mejorar la formación docente, y considerar al maestro como actor de las políticas y no sólo como insumo de la canasta educativa.

Sin embargo, si revisamos los planes de gobierno de los partidos políticos nos damos con la sorpresa de que la gran mayoría de candidatos punteros en las encuestas no plantean elevar el salario docente, pese a la evidencia de su extrema precariedad: un maestro gana menos que un gasfitero o un albañil, con un piso salarial de 1,500 soles que hace inviable cualquier cambio serio en educación. Sólo Toledo plantea duplicar el salario docente. Tampoco se habla de reducir la cantidad de maestros contratados, que hoy son la tercera parte y trabajan en condiciones aún más precarias. Existe pues una decisión mayoritaria de no invertir en los docentes y continuar con la evidente postración de la carrera.

La decisión de no mejorar el salario y condiciones de trabajo de los maestros es consistente con la debilidad en la decisión de incrementar el presupuesto en educación, acerca de lo cual, Keiko, PPK y Guzmán no dicen ni pío. Alan habla de “promover” el incremento hacia el 6% del PBI para educación y sólo Toledo y Acuña se plantean cumplir con la meta del 6% del PBI para educación, estipulada en el Acuerdo Nacional. En suma, el discurso de la “prioridad” de la educación es sumamente gaseoso a la hora de los hechos y las decisiones.

Respecto de los otros puntos relacionados a la revaloración de la profesión docente, ninguno de los candidatos punteros plantea dialogar con los maestros como actores y sólo algunos mencionan mejoras en la formación (PPK y Toledo) y becas (PPK y Acuña). En suma, los maestros continúan siendo el talón de Aquiles de las reformas educativas ofrecidas y los olvidados de la mayoría de los planes de gobierno.

Es hora de plantear con precisión una seria política magisterial, que considere las siguientes medidas:

• Destinar el 6% del PBI a educación conforme al mandato del Acuerdo Nacional y, con esta base, duplicar el piso salarial de la carrera docente.
• Mejorar sustantivamente las condiciones de trabajo de los maestros, incluyendo atención en salud, consideración de tiempo de preparación de clases y mejoras para los maestros cesantes.
• Eliminar progresivamente la política de maestros contratados.
• Mejorar las escalas y ampliar los asensos, que han beneficiado sólo a una minoría.
• Financiación sustantiva para Universidades e Institutos públicos que ofrecen la carrera docente y cierre de Universidades e Institutos privados “bamba”.
• Hacer atractiva la carrera docente vía mejora salarial, incentivos y becas.
• Dialogar y tomar en cuenta a los maestros para las decisiones pedagógicas y de política educativa.

 

Lima, 06 de febrero de 2016

 

 

FUENTE: https://teresatovars.lamula.pe/2016/02/06/educacion-y-elecciones-2016/teresatovar/

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