Por: Lucía Alvites/Alainet
La pandemia ha puesto en evidencia los vacíos y brechas estructurales del país, lo más evidente y doloroso, sin duda, es la salud pública con un sistema y una infraestructura débil y precaria que ha sido incapaz de atender en tiempos de “normalidad” la demanda de la ciudadanía y que ahora, en la actual crisis, está absolutamente colapsada.
Sin embargo, hay otros problemas que se agudizan y que, si bien no están hoy en el centro del debate, son varias las voces desde la academia y la política que los señalan con preocupación y alerta. El trabajo de cuidado de los niños/as o personas dependientes y el trabajo doméstico es uno de ellos. La cadena de cuidados se ha roto con la cuarentena, exponiendo de manera tajante una labor que recae principal y mayoritariamente en las mujeres, y dejando ver que su tratamiento desde la política pública y los valores que nos articulan como sociedad es de un desdén que llega a ser desprecio.
Un retrato fulminante de esta realidad es el artículo que hace poco se publicó en un diario de circulación nacional, donde la autora llama “hdp” (hija de puta, en abreviatura) a la mujer que trabajaba en su casa por haber usado su día de franco y no haber regresado, tras el anuncio del Estado de Emergencia. El hecho habla del lugar social que se les ha asignado a las mujeres que desarrollan este trabajo, que es reafirmado por una precariedad laboral violatoria del derecho a un trabajo digno.
El trabajo doméstico y de cuidados, no solo es invisible, sino que no califica como digno y valorado. Nadie dice con orgullo hoy cociné, lavé los platos y cuide a dos niños todo el día, por supuesto, tampoco hay nadie al otro lado que lo aplauda.
Hoy, con los colegios cerrados y la imposibilidad de traslado de las mujeres que se dedican al cuidado de otros, sean ellas parte de redes familiares de apoyo o trabajadoras que reciben una remuneración por esta labor, ha quedado un vacío en los hogares que representa un trabajo ineludible que alguien tiene que cumplir.
De acuerdo, a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) recogidos en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del 2010 y tomados del Informe de brechas de género 2018 (INEI 2019), las mujeres dedican 39 horas con 28 minutos a la semana al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres lo hacen 15 horas con 54 minutos. Es decir, nosotras dedicamos un promedio de 23 horas y media más, a la semana, a las labores de la casa que ellos, sin recibir nada a cambio.
Somos las mujeres las que cuidamos y realizamos las actividades que sostienen y son la base de otras actividades de la sociedad. Sin alguien que cocine, lave la ropa o cuide a los hijos es imposible pensar en otras actividades laborales, paradójicamente, estas tareas básicas nunca han sido entendidas por nuestras políticas de Estado como trabajo de primer orden que debe ser parte de la cosa pública, al igual que la educación o la salud.
Cada familia ha solucionado de acuerdo a sus posibilidades estas labores, con redes familiares de apoyo o, quienes tienen más recursos, contratando a otras mujeres que puedan hacer este trabajo. Con la caída de estas cadenas de cuidado, hoy tenemos mujeres que trabajan cuádruple jornada: teletrabajan, realizan las tareas de la casa, cuidan a los hijos y son, a la vez, las nuevas tutoras que acompañan la escuela virtual.
Esta realidad de cuádruple jornada laboral que afrontan miles de mujeres, es de hecho, una inédita hiper explotación. Que no solo puede traer como consecuencias afectaciones de salud física o mental, sino que, también, significa un impedimento a su desarrollo personal, profesional o político. El “techo de cristal”, ese límite invisible al que nos enfrentamos las mujeres para ascender laboralmente por los roles tradicionales de cuidado o el mandato obligatorio a la maternidad que tiene exigencias sociales que no posee la paternidad, está ahora mismo descendiendo abruptamente con la cuádruple jornada.
Son urgentes políticas que incentiven – de verdad, materialmente, no solo con el puro “llamado” – la co responsabilidad en la tarea de cuidados y el trabajo doméstico, que pasen por medidas que reconozcan remunerativamente este trabajo desde el Estado, porque constituye una actividad base para que la sociedad funcione.
El día de ayer el presidente Vizcarra anunciaba un bono al personal de la Policía, las Fuerzas Armadas y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por la labor fundamental que están realizando, lo mismo debería promoverse para las cuidadoras y cuidadores, muchas de ellas conducen ese 35% de hogares donde las mujeres son jefas de familia.
El cuidado es un trabajo que en tiempos de pandemia se ha incrementado exponencialmente, lo que puede ayudar a abrir una discusión en el Perú sobre la necesidad de un sistema público integral que reconozca este trabajo con una renta a las cuidadores y cuidadores. Esto que parece lejano sucede en otros países, con distintos matices pero que se enfocan en esta problemática, como es la asignación universal por hijo en Argentina o el bono por hijo en Chile.
En el Perú, crecientes voces llaman a seguir el ejemplo de varios países y establecer un bono universal mensual o renta básica para todas las personas que lo requieran, sin excepción. Perfectamente posible, como lo han demostrado muchos especialistas, y absolutamente necesario y urgente, como lo muestra el colapso galopante del país. Que haría, por fin, justicia a las millones de mujeres cuidadoras de sus familias y hogares que también sostienen, de manera decisiva, el país.
La crisis actual ha expuesto los graves problemas del modelo económico que por décadas hizo lucrativo los derechos a la vida digna de las personas y que, además, concilia con las dinámicas patriarcales que ha sometido a las mujeres a una sobreexplotación. Ahora que vemos más claramente todas esas grietas podemos tener la oportunidad de cerrarlas.
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