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Advierten un clima político para privatizar la educación en Uruguay

Uruguay/24 abril 2017/Fuente: El País

Informe de la Universidad de Barcelona pone de ejemplo las PPP y acceso gratuito a liceos como Jubilar.

La Universidad Autónoma de Barcelona alertó que en Uruguay hay un «clima político propicio» para ir hacia la privatización de la educación. Señala que a través de los proyectos de Participación Público-Privada (PPP) para la construcción de nuevas instituciones públicas, y de colegios privados de acceso gratuito como el Jubilar, se atenta contra la tradición de educación pública que tiene el país.

El trabajo sostiene que «la centralidad adquirida por las propuestas pro-privatización» y el apoyo a estas por parte del gobierno y la oposición, «podría traducirse en cambios significativos a mediano plazo».

La institución española lanzó el estudio «La privatización educativa en América Latina: Una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias». Este se compone por 98 páginas en las que se desagrega país por país.

El estudio sostiene que la «privatización latente (…) tiene en Uruguay su caso más emblemático». Esta se caracteriza «por un limitado desarrollo de la oferta privada, pero con una incipiente cooperación público-privada en forma de iniciativas experimentales y de alcance limitado, susceptibles de ser consolidadas y expandidas en un clima político propicio».

El informe apunta a los centros privados de acceso gratuito que se financian a través de donaciones, e incluso los nombra uno por uno. «Se trata de instituciones ligadas a órdenes religiosas y/o mantenidas con donaciones privadas, dirigidas a un alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y que se caracterizan por una amplia oferta extracurricular así como por una jornada escolar extendida. Esta modalidad de escuela, sin embargo, tiene un carácter experimental y acogía en 2015 únicamente a 470 estudiantes, concentrados en tres liceos (Impulso, Providencia y Jubilar) y correspondientes a un 0,3% de la matrícula en secundaria elemental», sostiene la Universidad.

El trabajo dice que la «privatización latente» también se nota en la generación de proyectos a través de PPP. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tiene en sus planes la construcción de 165 nuevos centros a través de la modalidad de PPP. Se espera que las obras estén prontas en 2019, para inaugurar en pleno año electoral.

 Salida de Mir y Filgueira.

La Universidad alerta una avanzada hacia la privatización sobre todo desde 2013, cuando el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto para que las instituciones «de gestión privada que ofrezcan un servicio educativo a tiempo completo acompañado de servicio de alimentación en zonas desfavorecidas», reciban un financiamiento público.

Para la institución una posible «alianza» entre el sector privado y el Estado también es vista con buenos ojos incluso desde el Frente Amplio, por figuras como el exsubsecretario Fernando Filgueira y el exdirector de Educación, Juan Pedro Mir.

El trabajo, que fue hecho a pedido de sindicatos de la educación de varios países, incluidos los uruguayos, señala que el afán de algunos miembros de gobierno por generar planes de cooperación público-privada en el sistema tienen un fuerte rechazo gremial. Y alerta que «el nivel de conflictividad derivado de este debate habría contribuido a la salida de Filgueira y Mir». También dice que la fundación EdUy21, que ambos lideran, intenta imponer «una agenda marcadamente eficientista», junto con «actores del tejido empresarial».

El documento destaca que el porcentaje de alumnos en la educación privada se ha mantenido entre el 10% y el 15% a lo largo del siglo XX y que «hasta la fecha (el documento se publicó este mes) no existe ningún programa de subsidios a la educación privada en sentido estricto, si bien sí se identifican otras formas de transferencias de recursos al sector privado», dice en referencia a las exoneraciones impositivas.

Colegios como formadores de dirigentes.

La Universidad de Barcelona dice que «la educación privada tiene un claro componente de élite (en Uruguay), quedando reservada a las clases más acomodadas a razón de cuotas de acceso». Agrega que colegios católicos «coexisten con establecimientos vinculados a otras tradiciones religiosas o culturales (escuela alemana, italiana, judía), cumpliendo en cualquier caso una función similar y vinculada a la formación de dirigentes».

Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/advierten-clima-politico-privatizar-educacion.html

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Pensar trayectorias educativas integrales

Por: Antonio Romano

Este artículo se propone discutir sobre tres preguntas. Estas son: a) ¿la educación está en crisis?, b) ¿qué políticas educativas están actualmente en confrontación o en debate? y c) ¿hay algo que podemos llamar política educativa de izquierda?

Parece haberse instalado una suerte de acuerdo en que todos compartimos las mismas respuestas a estas preguntas. Si se hiciera una encuesta, podríamos anticipar cierto estado de la opinión pública, que contestaría: a) la educación está en un estado calamitoso, b) la confrontación no es entre políticas educativas, sino entre técnicos y sindicatos, y los sindicatos tomaron por asalto la educación, y c) una política educativa de izquierda es la que asume que los técnicos son quienes deben gobernar la educación.

Quizá lo mejor sería demostrar los supuestos falsos que están detrás de la mayoría de estas afirmaciones para que, una vez despejado el asunto, pudiéramos responder de una manera que lograra superar este sentido común, que resulta, por cierto, bastante conservador.

En primer lugar, me gustaría decir que el discurso sobre la crisis de la educación pretende decir mucho, pero finalmente termina por hacer caer en saco roto cualquier posible respuesta racional al estado de la educación en nuestro país.

Hacia la mitad del siglo XX, Hannah Arendt, en un texto no muy extenso, analizó las causas de la crisis en la educación en Estados Unidos. Repárese en la preposición utilizada por la autora para comprender el fenómeno de la crisis: en, que no es la misma que solemos utilizar para referimos a dicha crisis: de, la crisis de la educación en Uruguay. En el primer caso, se trata de un fenómeno más amplio que irrumpe en la educación y que la excede ampliamente; en el segundo, se trataría de dar cuenta de un estado de la educación. Cuando en la década del 50 analizó el estado de la educación estadounidense, Arendt descubrió que ese fenómeno que estaba manifestándose en el sistema educativo tenía que ver con transformaciones que se estaban produciendo en las sociedades occidentales, que estaban teniendo dificultades para seleccionar y transmitir un contenido cultural valioso a las nuevas generaciones. Para la autora, el problema en la educación es la forma en que nos estamos relacionando con el pasado, porque los adultos nos estamos desligando de la responsabilidad de incorporar a los más jóvenes en una cultura común, lo que tiene como consecuencia que la educación se transforme en una cosa diferente a un espacio para construir una filiación con una herencia cultural compartida.

Frente a esta situación, la docencia no tiene que ver con poner en contacto a las nuevas generaciones con la cultura común, sino con entrenarlas para un futuro incierto. De ahí que se desconfigure la identidad del docente, convertido ahora en un mediador o facilitador, y que empiece a aparecer un conjunto de categorías nuevas que resignifican la tarea de enseñar y la convierten en una actividad destinada a desarrollar competencias, habilidades, etcétera. Parece que ahora la vida en las instituciones educativas debe ser un espacio de entrenamiento en prácticas de supervivencia.

2. Cuando se habla de la crisis de la educación en Uruguay, no se hace referencia a ninguna de estas cosas. Se trata de denunciar un supuesto deterioro que se habría producido por bajar los estándares académicos, por la mala gestión de las autoridades de la educación o por la acción destructora de los sindicatos. Ninguno de los diagnósticos logra rozar más que la superficie del fenómeno, pero rápidamente se encuentran culpables.

Ahora bien, ¿a qué se hace referencia cuando se dice que la educación está en crisis? La primera respuesta tiene que ver con las posibilidades de que todos los estudiantes que ingresan a secundaria logren una trayectoria educativa continua. Los datos nos siguen indicando que, de cada diez estudiantes que ingresan al ciclo básico, sólo tres finalizan el bachillerato. Este es un dato preocupante, de eso no caben dudas. Pero ese guarismo aparece con otro, también significativo, que nos permitiría encontrar otras pistas para comprender el fenómeno. Según el censo universitario de 2012, de cada diez estudiantes que ingresaron a la Universidad de la República, seis pertenecían a la primera generación de su familia en acceder a ese nivel educativo. Esto significa que, si bien en Uruguay no todos los estudiantes terminan la secundaria, la composición de la matrícula universitaria está cambiando.

Cuando la realidad se lee desde el punto de vista de los que no terminan la enseñanza media, las cosas no están bien, sobre todo porque a los estudiantes de familias más pobres les va peor. Sin embargo, cuando enfocamos la lectura en el perfil de los estudiantes que ingresan a la Universidad de la República, descubrimos que muchos de los que no accedían al nivel terciario ahora sí lo están pudiendo hacer.

3. Al presentar la diferencia entre estos dos indicadores no pretendo minimizar el problema que tenemos en la enseñanza media. Pero no poder discriminar lo que está bien de lo que está mal, poniendo todo en una misma bolsa, es una operación discursiva para instalar la idea de que nada de lo que se ha hecho hasta ahora está bien. Y la consecuencia cuasilógica de esa forma de plantear el problema es que necesitamos una supuesta reforma estructural para cambiar el sistema de enseñanza media. Por ende, necesitamos un reformador que sea capaz de llevarla adelante, casi como una encarnación de José Pedro Varela en el siglo XXI.

Llegados a este punto, empiezan a aparecer algunos problemas. El primero es qué idea del cambio tienen quienes sostienen la necesidad de uno estructural. El segundo es cómo se traduce ese cambio estructural. El tercero es si es posible pensar que este cambio no tiene ideología o, mejor dicho, que se resuelve mediante la afirmación de un consenso técnico que esté por encima de los partidos políticos.

4. Vayamos por partes. Quienes afirman categóricamente la idea de que estamos sumidos en una profunda crisis educativa tienden a sostener la necesidad de una reforma educativa como condición para revertir ese estado. Crisis educativa y reforma del sistema educativo parecen estar convocadas como cara y contracara de un mismo fenómeno.

¿Cuál es la particularidad de esta forma de pensar la educación? Presupone que todo lo hecho hasta el momento está mal, sea por desidia, sea por mala voluntad, sea por complicidad con intereses corporativos. A su vez, quienes se ubican en este lugar de enunciación de la necesidad de la reforma asumen la posición mesiánica de ser los portadores de la solución que el resto no fue capaz de reconocer o cuyos intereses les impidieron visualizar. Generalmente son los que se invisten de un saber experto que estaría por encima de cualquier clase de bandera partidaria o de grupo. ¿Qué supone esta postura? Desprecio hacia el saber de los docentes, pues los ubica como los principales defensores de un estado de cosas que el reformista quiere cambiar.

¿Qué es lo que los reformistas proponen cambiar? Hasta ahora solamente han enunciado dos planteos concretos: el primero, la necesidad de lograr un marco curricular común que abarque las enseñanzas primaria y media; el segundo, la autonomía de los centros para darles mayor capacidad de decisión a los directores y a los equipos docentes.

Si analizamos estas dos medidas, nos podemos dar cuenta de que dicen bastante poco acerca de lo que podría ser una política educativa de izquierda. El marco curricular común es propuesto para garantizar la continuidad de la trayectoria escolar de los adolescentes que ingresan a la enseñanza media. Se considera que las diferencias entre primaria y enseñanza media serían, en gran parte, la causa de la interrupción de la trayectoria de muchos estudiantes. El supuesto es que un cambio de planes podría cambiar la cultura institucional de un subsistema que fue creado para seleccionar a los “mejores” candidatos para la universidad. La cuestión de la autonomía de los centros es una versión remixada de lo que en los 90 se planteó como palanca para el cambio educativo, partiendo de la lógica del mercado como principio para pensar el sistema.

5. Frente a esta posición, ¿podemos decir que existe una política educativa de izquierda? ¿Cuáles serían los presupuestos? En primer lugar, la mirada debería estar centrada, más que en los programas, en la preocupación por garantizar una trayectoria educativa integral para los jóvenes y los niños uruguayos. Pensar en la trayectoria educativa implica más que pensar en la trayectoria escolar: aquella contiene a esta, pero la trasciende. Esto significa que deberíamos reconocer en la formación de las nuevas generaciones otros espacios que hoy se consideran poco relevantes o, mejor dicho, que la educación de los jóvenes requiere de la acción convergente de diferentes espacios.

Pero, en concreto, ¿qué quiere decir esto? Que la educación no puede ser la respuesta a todos los problemas que tenemos los uruguayos. Tenemos que parar con esa manía de creer que cuando tenemos un problema social de siniestralidad alto, de consumo elevado de alcohol o de discriminación social inmediatamente debemos crear programas para trabajar en las escuelas. Esos problemas debemos asumirlos los responsables: los adultos. Como contrapartida, deberíamos priorizar el sentido de la educación pública en Uruguay, que tiene que ver con hacer participar a las nuevas generaciones en la cultura.

En este sentido, la política de crear escuelas de tiempo completo o liceos de tiempo completo resume la idea de que la institución escolar tiene que asumir todos los mandatos sociales que se le imponen. Por eso no es tan buena como las propuestas de tiempo extendido. La diferencia es que en estos espacios conviven adultos con diferentes tipos de formación y propuestas que interactúan con los niños y los adolescentes. Para lograr este formato, muchas instituciones educativas están haciendo convenios con clubes barriales, con centros deportivos, con museos, con bibliotecas, etcétera. Si se potencian estos espacios, la institución educativa se abre a la comunidad y la responsabilidad del cuidado y la formación de las nuevas generaciones es visualizada en un campo más amplio que el que puede ofrecer una escuela, un liceo o una escuela técnica. Esta es una responsabilidad de toda la sociedad, por lo que necesitamos pensar políticas interinstitucionales y lograr que los docentes puedan trabajar con otros actores educativos para enriquecer las intervenciones y garantizar las trayectorias educativas de las nuevas generaciones. Cada uno asumiendo la responsabilidad que le toca, pero complementando el trabajo de formación para construir trayectorias educativas más integrales para las nuevas generaciones de uruguayos.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/4/pensar-trayectorias-educativas-integrales/

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Uruguay: Advierten un clima político para privatizar la educación

www.elpais.com.uy/24-04-2017

Informe de la Universidad de Barcelona pone de ejemplo las PPP y acceso gratuito a liceos como Jubilar.

La Universidad Autónoma de Barcelona alertó que en Uruguay hay un «clima político propicio» para ir hacia la privatización de la educación. Señala que a través de los proyectos de Participación Público-Privada (PPP) para la construcción de nuevas instituciones públicas, y de colegios privados de acceso gratuito como el Jubilar, se atenta contra la tradición de educación pública que tiene el país.

El trabajo sostiene que «la centralidad adquirida por las propuestas pro-privatización» y el apoyo a estas por parte del gobierno y la oposición, «podría traducirse en cambios significativos a mediano plazo».

La institución española lanzó el estudio «La privatización educativa en América Latina: Una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias». Este se compone por 98 páginas en las que se desagrega país por país.

El estudio sostiene que la «privatización latente (…) tiene en Uruguay su caso más emblemático». Esta se caracteriza «por un limitado desarrollo de la oferta privada, pero con una incipiente cooperación público-privada en forma de iniciativas experimentales y de alcance limitado, susceptibles de ser consolidadas y expandidas en un clima político propicio».

El informe apunta a los centros privados de acceso gratuito que se financian a través de donaciones, e incluso los nombra uno por uno. «Se trata de instituciones ligadas a órdenes religiosas y/o mantenidas con donaciones privadas, dirigidas a un alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y que se caracterizan por una amplia oferta extracurricular así como por una jornada escolar extendida. Esta modalidad de escuela, sin embargo, tiene un carácter experimental y acogía en 2015 únicamente a 470 estudiantes, concentrados en tres liceos (Impulso, Providencia y Jubilar) y correspondientes a un 0,3% de la matrícula en secundaria elemental», sostiene la Universidad.

El trabajo dice que la «privatización latente» también se nota en la generación de proyectos a través de PPP. La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tiene en sus planes la construcción de 165 nuevos centros a través de la modalidad de PPP. Se espera que las obras estén prontas en 2019, para inaugurar en pleno año electoral.

Salida de Mir y Filgueira.

La Universidad alerta una avanzada hacia la privatización sobre todo desde 2013, cuando el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto para que las instituciones «de gestión privada que ofrezcan un servicio educativo a tiempo completo acompañado de servicio de alimentación en zonas desfavorecidas», reciban un financiamiento público.

Para la institución una posible «alianza» entre el sector privado y el Estado también es vista con buenos ojos incluso desde el Frente Amplio, por figuras como el exsubsecretario Fernando Filgueira y el exdirector de Educación, Juan Pedro Mir.

El trabajo, que fue hecho a pedido de sindicatos de la educación de varios países, incluidos los uruguayos, señala que el afán de algunos miembros de gobierno por generar planes de cooperación público-privada en el sistema tienen un fuerte rechazo gremial. Y alerta que «el nivel de conflictividad derivado de este debate habría contribuido a la salida de Filgueira y Mir». También dice que la fundación EdUy21, que ambos lideran, intenta imponer «una agenda marcadamente eficientista», junto con «actores del tejido empresarial».

El documento destaca que el porcentaje de alumnos en la educación privada se ha mantenido entre el 10% y el 15% a lo largo del siglo XX y que «hasta la fecha (el documento se publicó este mes) no existe ningún programa de subsidios a la educación privada en sentido estricto, si bien sí se identifican otras formas de transferencias de recursos al sector privado», dice en referencia a las exoneraciones impositivas.

Colegios como formadores de dirigentes.

La Universidad de Barcelona dice que «la educación privada tiene un claro componente de élite (en Uruguay), quedando reservada a las clases más acomodadas a razón de cuotas de acceso». Agrega que colegios católicos «coexisten con establecimientos vinculados a otras tradiciones religiosas o culturales (escuela alemana, italiana, judía), cumpliendo en cualquier caso una función similar y vinculada a la formación de dirigentes».

*Fuente: http://www.elpais.com.uy/informacion/advierten-clima-politico-privatizar-educacion.html

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Gobierno uruguayo invierte 78 millones de dólares en mejora educativa

América del Sur/Uruguay/22 Abril 2017/Fuente: Prensa Latina

El gobierno uruguayo abrió hoy su segunda licitación para el desarrollo de la infraestructura educativa con participación público privada, por un monto de 78 millones de dólares.
Esto forma parte del convenio entre la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Corporación Nacional para el Desarrollo, e incluye la construcción de 23 escuelas, nueve polos educativos para el Consejo de Educación Técnico Profesional y 10 gimnasios polideportivos.

En una primera convocatoria en diciembre pasado se licitaron 44 jardines infantiles y 15 Centros de Atención a la Infancia y la Familia, y el objetivo es llegar a los 150 proyectos planificados en una tercera convocatoria que se realizará entre julio y agosto venideros, por una inversión total de 400 millones de dólares.

Wilson Netto, presidente de la ANEP, explicó que para elaborar el llamado fueron analizadas las potencialidades de cada uno de los 19 departamentos del país y también se trabajó de conjunto con la Secretaría Nacional del Deporte.

Apuntó que el objetivo es consolidar una red de centros relacionados con los polos tecnológicos y vaticinó que las obras deberán estar concluidas entre el 2019 y el 2020, año este último en que finaliza el mandato del actual gobierno de Tabaré Vázquez.

El viceministro uruguayo de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, destacó que una vez concluidos todos estos proyectos de desarrollo, la educación pública dará un salto cualitativo y cuantitativo

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=80059&SEO=gobierno-uruguayo-invierte-78-millones-de-dolares-en-mejora-educativa

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La Internacional de la Educación asegura que en Uruguay hubo un cambio discursivo a favor de la educación privada

Uruguay/Abril de 2017/Fuente: La Diaria

La Internacional de la Educación, federación que agrupa a sindicatos de la educación de todo el mundo, publicó el documento La privatización educativa en América Latina: una cartografía de políticas, tendencias, y trayectorias. En el capítulo sobre Uruguay asegura que es de los países de la región en que la educación privada tuvo un desarrollo limitado, pero en las últimas décadas se observan “síntomas de cierto impulso pro-mercado”; llaman a esa trayectoria “privatización latente”.

La Internacional destaca que el porcentaje que cubre la educación privada se mantuvo constante, entre 15% y 20%, durante todo el siglo XX. Si bien existen formas de transferencia de recursos públicos al sector privado, no hay ningún programa de subsidio en un sentido estricto. Comparado con el resto de los países de América Latina, las instituciones católicas son menos preponderantes y coexisten con otras de tipo cultural, como “la escuela alemana, italiana y judía”. Explican el escaso desarrollo del sector privado por la fuerte tradición laica del país.

El documento señala que en las últimas décadas emergieron ofertas con orientación comercial, dirigidas a un público menos vinculado con las clases dirigentes. Durante la dictadura aumentó la cantidad de alumnos de clase media en institutos privados, en especial en secundaria y, más allá de la fluctuación de la matrícula, lo que se verifica es un cambio “significativo en el orden discursivo”: se asocia a la educación privada con la eficiencia, y hay una percepción de que la educación pública está en crisis. “Si bien este cambio no se traduce inmediatamente en un crecimiento del sector privado, contribuye a crear un clima propicio a las propuestas de reforma educativa de corte privatizador”, señala el documento. Durante los últimos diez años se propusieron reformas, que no prosperaron, pero demuestran un cambio en la agenda política.

“Entre los grupos sociales y políticos que proponen el impulso de establecimientos de financiamiento público y gestión privada destacan los partidos en la oposición, como el Partido Colorado [PC], y colectivos ligados a la Iglesia Católica. Estos grupos proponen medidas de índole diversa, incluyendo un aumento de las exenciones tributarias a las empresas o instituciones privadas que contribuyan al financiamiento de establecimientos educativos, o subsidios directos mediante un mecanismo de vouchers, inspirado en el que ya se implementa en el nivel preescolar. En el año 2013, por ejemplo, el proyecto de ley impulsado por el senador Pedro Bordaberry proponía el financiamiento público de aquellas instituciones de gestión privada que ofrezcan un servicio educativo a tiempo completo acompañado de servicio de alimentación en zonas desfavorecidas y, si bien la propuesta no prosperó, se puede considerar sintomática del giro discursivo que se pone de relieve en Uruguay”.

Más allá del bloqueo de las políticas pro mercado en el ámbito educativo, otras leyes sí crean un clima propicio para la iniciativa privada en materia de provisión de servicios sociales. “La reforma tributaria de 2007 estableció una exoneración fiscal de 82,5% para donaciones empresariales a entidades educativas y sociales, e implicó en la práctica una transferencia indirecta de recursos públicos al sector privado”. Hasta ahora no se tradujo en un aumento de las iniciativas privadas, pero sí ha tenido un efecto de consolidación de las dinámicas preexistentes, “a la vez que ha alentado la creación de un reducido núcleo de nuevos establecimientos de gestión privada y de acceso gratuito. Se trata de instituciones ligadas a órdenes religiosas y/o mantenidas con donaciones privadas, dirigidas a un alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y que se caracterizan por una amplia oferta extracurricular así como por una jornada escolar extendida”.

Fuente: https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/4/la-internacional-de-la-educacion-asegura-que-en-uruguay-hubo-un-cambio-discursivo-a-favor-de-la-educacion-privada/

Imagen: http://archivo.e-consulta.com/blogs/educacion/?p=1217

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Uruguay: Ministerio del Interior busca rehabilitar a delincuentes a través de alianzas con el Ministerio de Educación y Cultura

Uruguay/20 abril 2017/Fuente: Carmeloportal

La reducción de 30 % de las rapiñas, la consolidación de la caída en la cantidad de homicidios y otros delitos, la profesionalización de la Policía y la transformación del Instituto de Rehabilitación en un servicio descentralizado, en comunicación con el Poder Ejecutivo a través de la cartera de Educación y Cultura, son metas a cumplir por el Ministerio del Interior, dijo su director general de Secretaria, Charles Carrera.

“El objetivo a cumplir es alcanzar la reducción de 30 % de las rapiñas y reducir aún más los homicidios, que pasaron de 8,5 cada 100.000 habitantes en 2015 a 7,6 en 2016, así como de otros delitos como el copamiento”, subrayó Carrera, quien remarcó que Uruguay está inserto en el continente más desigual y violento del mundo.

El jerarca acotó que otra de las metas es consolidar la profesionalización de la Policía, para lo cual en este período de gobierno se modificaron todos los planes formativos de la Dirección Nacional de Educación Policial.

“El objetivo es que exista un currículo único de formación policial a nivel nacional, sin importar si son de la escala básica o de la escala de oficiales, porque antes nos pasaba que teníamos diferentes formaciones dependiendo de la Jefatura. Nosotros no podemos tener 19 modelos de formación, sino un único modelo de formación. Eso se está concretando”, afirmó.

El funcionario asumió que otra de las líneas estratégicas es profundizar la reforma del Instituto Nacional de Rehabilitación, de manera que en 2021 se cumpla con el acuerdo político de que se transforme en un servicio descentralizado que se comunique con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.

Como otra de las metas, reseñó la adquisición de calzados nacionales para todos los efectivos: “Tras la compra directa realizada el año pasado de todo el equipamiento de la Policía Nacional a una empresa china, la principal proveedora de ese tipo de indumentaria del mundo, ahora comenzamos un diálogo con la Cámara de Industria, en el cual nos señalaban que en Uruguay hay una pequeña industria del calzado a la cual hay que apoyar”, dijo.

En ese sentido, informó que se efectuó primero un llamado a interesados para conocer qué se fabrica en Uruguay y resultó que hay 49 que producen calzados de muy buena calidad. “Ahora se están haciendo pruebas en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) para tener seguridad de lo que vamos a adquirir próximamente”, explicó.

“Son metas ambiciosas, pero, con el trabajo, el desarrollo y los números que estamos viendo día a día, se van a lograr, sin lugar a dudas. Estos son los compromisos políticos que asumió el presidente Tabaré Vázquez al presentarse a la ciudadanía con el programa de gobierno que fue apoyado”, aseguró Carrera.

Fuente:https://carmeloportal.com/19973-ministerio-del-interior-busca-rehabilitar-a-delincuentes-a-traves-de-alianzas-con-el-ministerio-de-educacion-y-cultura

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Uruguay: La exclusión de sordos de la educación: Un reclamo que pocos escuchan

Uruguay/10 de Abril de 2017/El País

Los 14 alumnos con sordera que están inscriptos en el liceo 75 se quedaron sin intérpretes de lenguaje de señas. Secundaria les anunció esta semana que será imposible cubrir esa demanda por “ausencia de recursos humanos”. De las discapacidades, la auditiva es la más relegada en la educación. Los que han llegado a la universidad apenas llenan un aula.

Sandra Ferreira jamás escuchó el llanto de su hija cuando era bebé, ni el «waka-waka» repetido de PacMan mientras movía su mandíbula, ni el grito enronquecido de Kesman al anunciar un gol de Uruguay. La sordera de nacimiento la privó del acceso al mundo auditivo y, también, la apartó de la educación ni bien terminó la escuela, hace 37 años. Su padre, con la intensión de que su hija no se frustrara, la fue convenciendo de que no tenía sentido ingresar al liceo. Por poco más de tres décadas ella aceptó —o se convenció— de que ese era el precio que debía pagar por ser «extranjera» en su propia tierra. Pero en el curso de profesorado de lengua de señas, que empezó ya de adulta, le exigieron tener terminado hasta cuarto de secundaria. Ese fue el impulso necesario para sumergirse en una promesa incumplida. Como ella misma reconoce: «Puede que jamás escuche, pero me prometí terminar de estudiar».

Esta podría ser una historia más de una persona que, pese a los obstáculos y sin importar la edad, logra cumplir sus sueños. Pero es más que eso. Hace un año, por sugerencia de una directora, Sandra se inscribió en el liceo 75 del Prado. Este no es un centro especializado en personas sordas —como sí los son el 32, el 8 en horario nocturno, o el 35 en el segundo ciclo—, pero sí está enfocado en el trabajo con adultos. Y a ella le importaba esa facilidad de clases más cortas, en horario vespertino, que le permitía trabajar en una curtiembre en la mañana y estudiar el profesorado de lengua de señas por la noche.

Para su sorpresa, dice, no fue la única persona con dificultades auditivas que tuvo esta idea: otros ocho compañeros también se habían inscripto en ese primer año. Y todos, salvo una alumna que desistió, salvaron con buen desempeño, fueron bien acogidos y recibieron la ayuda de intérpretes contratados. Hasta esta semana. Cereso, el centro que administra los recursos para sordos en Secundaria, les avisó que por este año no habrá intérpretes. Al menos en este liceo.

La razón, dice la coordinadora de Cereso, María Eugenia Rodino, es que «faltan recursos humanos». No hay «suficientes» intérpretes profesionales, y los que hay en ejercicio deben repartirse en tres liceos a la misma hora. Pero la justificación, por más objetiva que parezca, cayó como un baldazo de agua fría en el alumnado, más aún luego de que ante la «buena recepción» del año pasado se sumaran dos estudiantes más en segundo, tres en primero y uno en tercero.

Para Rodino no es solo una cuestión de intérpretes, sino que es necesario el complemento de material específico y la posibilidad de que los estudiantes sean evaluados en su lengua: el lenguaje de señas.

Pero Sebastián Bonda, profesor de Matemática del liceo 75 y uno de los docentes comprometidos con la causa que vienen sosteniendo sus alumnos, dice que son estudiantes adultos que tienen «su derecho» a estar entre pares y no en clases con adolescentes que van a otro ritmo. Al mismo tiempo, explica, la opción del liceo 8 (nocturno) no se ajusta a las necesidades de una persona con dificultades auditivas, porque «a esa hora es más peligroso para ellos la movilidad en la ciudad».

Tanto la alumna Ferreira como el profesor Bonda coinciden en que lo «más doloroso» de este proceso fue el «manoseo»: un día prometen una cosa y al día siguiente hacen lo contrario, se quejan. Luego de que el año pasado los estudiantes anunciaran que querían seguir estudiando en el liceo 75, la dirección del centro hizo gestiones desde octubre para que Secundaria garantizara las horas de intérpretes. Hasta el comienzo de clases no hubo respuesta.

Una vez iniciados los cursos, y sumado al aumento del alumnado de sordos, el liceo anunció que eran necesarias cubrir 93 horas de intérpretes y que las 15 que ya se habían adjudicado no eran suficientes. En una visita de las autoridades de Secundaria, recuerdan los involucrados, se prometió «que se iban a incrementar estas horas». Pero el domingo una alumna recibió un mensaje de texto en que, desde Cereso, se les pedía una reunión urgente para el pasado el lunes. El objetivo era anunciarles cara a cara que no se iba a destinar siquiera una hora de especialistas en lenguaje de señas.

Los apartados.

Dentro de las discapacidades, la auditiva es la más relegada en la educación. De las más de 320 personas que ingresaron desde 1996 a liceos públicos accesibles para sordos, solo 24 se graduaron. Y apenas el 0,3% de esta población estudia en la universidad, según datos del censo nacional de 2011.

A pesar de que uno de cada 20 uruguayos declara tener una dificultad auditiva (incluyendo la sordera absoluta), los estudios estadísticos sobre esta población son marginales y las pocas actualizaciones dependen exclusivamente de la sociedad civil. Por iniciativa de la Asociación de Sordos se sabe que hace un año cinco de los 36 no oyentes inscriptos en UdelaR tuvieron que abandonar los cursos.

El jueves se presentó un nuevo protocolo de trabajo con personas con discapacidad dentro de la enseñanza formal, sin necesidad de una separación del resto de la sociedad. Esta iniciativa se suma a la conquista lograda en 2001, cuando por ley se reconoció al lenguaje de señas como lengua oficial de los sordos. Sin embargo, la formación de los docentes y el interés por el estudio bilingüe no fue acompañando el cambio de normativa.

En el interior del país, por ejemplo, no hay intérpretes profesionales y se basan en la buena voluntad de quienes hayan aprendido en forma autodidacta, reconoce la coordinadora de Cereso. Por eso este centro hizo el año pasado un llamado a interesados en capacitarse. De los 16 sordos que estudian en liceos fuera de Montevideo, hay cuatro que acuden a clases como cualquier oyente, sin siquiera tener alguien delante que les explique de qué trata lo que el profesor está enseñando.

«Es muy difícil seguir una clase sin los intérpretes», dice Ferreira. «Cuando el profesor se da vuelta para anotar algo en el pizarrón, uno se pierde de leer los labios». Esa complicación se agudiza aún más, señala esta alumna, en las asignaturas más abstractas, como matemática y física, en las que la explicación es fundamental para comprender el tema.

Según la coordinadora Rodino, «así como la mayoría de los sordos llega al liceo con un nivel muy básico del español, muchos han adquirido un contacto tardío con el lenguaje de señas», por lo que es «necesario el trabajo en comunidad y el complemento en la formación». Insiste en que la «experiencia demuestra que los liceos adaptados y con equipos multidisciplinarios son los que han dado mejores resultados». Pero dada la pequeña demanda de esta población, es «muy difícil abrir centros especializados por todos lados».

Lejos de casa.

A la escuela 197, la única en Montevideo que Primaria destina exclusivamente a la población sorda, acuden niños de todos los barrios de la capital. La hija de Alexandra, que tiene 10 años y vive en la Cruz de Carrasco, es una de ellas. Cada día debe trasladarse los siete kilómetros que separan su casa del centro educativo, si es que tiene cómo llegar.

Desde que comenzó el año, los alumnos no tienen una camioneta —que paga Primaria— para ir y venir de la escuela. Eso hace que 16 padres estén reclamando esta inversión, porque si no sus hijos pierden el año por inasistencias, como ya le ocurrió a la hija de Alexandra cuando cursaba el primer año de escuela.

«Tengo niños chicos, y si tengo que arrimar a mi hija en ómnibus, debo pagarle a alguien para que se quede cuidando a los pequeños», dice Alexandra, que aclara que ella se dedica a las tareas del hogar y su esposo «hace changas».

Alexandra cuenta que el año pasado había una camioneta, pero que este año ningún particular quiso asumir ese servicio. Según comentan los padres, «Primaria paga poco y por lo general lo hace cada seis meses». Si ellos mismos organizaran una colecta privada, saliéndose de los beneficios de la educación gratuita, un vehículo de este tipo les costaría a cada uno entre $ 5.800 y $ 6.000 por mes.

Esta disyuntiva, argumentan, hace que no se cumpla el artículo 68 de la Constitución, por el que todo padre tiene el derecho a elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos. Este es otro de los reclamos al que algunos prefieren hacer oídos sordos.

Fuente:  http://www.elpais.com.uy/que-pasa/reclamo-que-pocos-escuchan.html

 

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