Dos mujeres, ambas maestras acudieron al Ministerio del Trabajo en Carabobo para denunciar la irregularidad de las que han sido víctimas, pues a una le suspendieron el sueldo y a la otra se lo suspendieron a su marido. Ambas forman parte de los 2150 educadores a los que el Ministerio de Educación no les da respuesta, pero los acusa de vagancia.

Valencia. A las 7:00 a.m de ese martes 14 de junio, Jennifer Lozada llegó al Centro Comercial Caribbean Plaza en Valencia, a escasos metros de la Avenida Bolívar para acompañar la protesta del gremio docente en el Ministerio del Trabajo. Ella, es parte de los 2150profesionales del sector educativo, a los que se les suspendió el salario sin justificaciones probables.

Lozada no acudió a la sede del Mintrabajo sola, en sus brazos carga a su bebé de dos meses, a quien cubría con una manta de aspecto caluroso. El sol estaba inclemente y de vez en cuando el bebé lloraba, pero ella lo arrullaba entre sus brazos para que se calmara.

Pasadas las 10:00 a.m. Lozada ya se había sentado, prácticamente, en todas las jardineras a esperar, porque eso es lo único que puede hacer. El pasado 10 de junio le llegó la noticia que su sueldo estaba suspendido, tampoco es que fuera mucho dinero, pero en la Venezuela inflacionaria cualquier bolívar cuenta, por muy poco que sea.

Ni el Ministerio de Educación, ni la Zona Educativa Carabobo le han dado justificaciones.

Para llegar hasta la protesta tomó dos autobuses, el primero en Paraparal, municipio Los Guayos, de ahí tomó otro en la avenida Lara con Branger, el cual la dejó en la Avenida Bolívar

Angelica Flores, una de las representantes sindicales del magisterio, afirmó que en el Ministerio de Educación se había dicho que la mayoría de las acciones se debían a que dichos trabajadores eran unos «vagos».

Pero, Lozada nunca dejó de trabajar. Las circunstancias la hicieron cambiar el modo de dar clases. «Yo vivía en una zona de Valencia muy peligrosa, hace un tiempo se armó un tiroteo y la verdad es que me asusté mucho y le dije a mi esposo que no quería seguir viviendo ahí, por lo que me fui un tiempo a Ciudad Bolívar, luego llegó la pandemia y me quedé varada por allá».

¿Vaga yo?

Sin embargo, al pasar el tiempo y con las flexibilizaciones muchas instituciones públicas comenzaron a retornar a clases, pero a Lozada se le imposibilitaba. Por lo tanto, daba clases virtuales y corregía las tareas de la misma manera, bien sea por videollamadas o por Whatsapp.

Pero, hubo una representante que no le gustó y fue hasta donde la directora y se quejó», dijo.

La queja trajo consigo una serie de problemas, puesto que la directora del colegio la acusó de violar el derecho a la educación del menor. Sin embargo, ella opina que nadie pensó en ella. «¿Y mis derechos?», preguntó.

La decepción de Lozada se pasea por muchos episodios, ella también fue una de las docentes que sería beneficiada en 2018 por Mi Casa Bien Equipada, pero ahí tampoco le solventaron. Aún sigue en la espera.

Para ella no estaba fácil regresarse a Valencia y mucho menos al sector en donde vivía por el tema de la violencia. Además el pasaje le salía en $100 y el sueldo de docente no rinde para tal menester y aún cuando su esposo trabaja como comerciante en Colombia, el dinero sigue sin rendirle. Poco tiempo después en julio de 2021 salió embarazada, lo que la llevo a meter un reposo, interrumpiendo nuevamente sus posibilidades de volver. Pero, la realidad es que cada vez estaban más molestos con ella, por ende, en diciembre su esposo le dijo que debía regresar.

Ante la condición de su embarazo, el cual tenía riesgo de aborto, la obstetra le recomendó a Lozada no viajar en autobús. Su esposo le pagó un carrito por puesto que costó $400 hasta llegar a Valencia. Una vez en la capital carabobeña conseguiría un apartamento que le alquilaron por $60 en Paraparal, municipio Los Guayos.

Sin embargo, pasados los meses y con el posnatal activo le suspendieron el salario y además la botaron de la escuela en la que trabajaba.

Por los momentos mantiene la esperanza de que su salario será devuelto. «El presidente es un obrero, y si dice que lo es y se la pasa hablando de su pueblo al que ayuda, pues espero que solucione pronto».

Lamenta no haber alzado la voz antes, porque en ese entonces ella era de las profesoras que se callaban ante las injusticias

Recuerdo que las que protestaban las botaron. A una, solo por leer el enunciado de una carta la despidieron ¿En donde está el apoyo de la directiva con los docentes?  Porque, quién va a educar a unos niños si no hay docentes? El directivo no lo va a hacer», refirió Lozada.

Para su suerte Lozada sigue estando bajo la protección económica de su esposo. Si los 203 bolívares que ganaba mensualmente como docente no le rendían para mucho, solo para algunas cosas de su bebé, entre esos los pañales. «Eso son caros y mientras más crece, más caros son y los paquetes traen menos».

Al Ministerio no le importa

Larissa Romero, también llegó a la protesta efectuada en la sede del Ministerio del Trabajo, no tan temprano como Lozada porque vive en Los Colorados, no muy lejos de donde se lleva a cabo la protesta. Casualmente tampoco estaba sola, en sus brazos cargaba un bebé también de dos meses, pero a su vez la acompaña su hijo mayor, de 10 años que juega en su celular para matar las horas de espera.

Estuvo presente en la protesta en representación de su esposo a quien define como el otro sostén de hogar.

El vio como fueron violados sus derechos laborales, porque él tiene una incapacidad y tiene todos sus papeles en regla, pero sin embargo lo suspendieron», dijo.

En el caso del esposo de Romero no hay algún tipo de vagancia como diría el Ministerio de Educación. El hombre es profesor de educación física y desde el 25 octubre del año pasado durante una de sus clases sufrió una lesión que le ha impedido continuar en sus labores.

Al esposo de Romero le gustaría estar presente en la protesta pero no puede, porque su condición se lo impide, además vive en un edificio de 15 pisos cuyo ascensor no funciona y ellos residen en el piso 12.

Para su sorpresa la incapacitación fue ignorada, así como los 16 años en el ministerio de Educación. «Él no ha salido del país y pueden revisar su expediente migratorio, nunca había realizado ningún tipo de recurso para alejarse de su trabajo y es un docente ejemplar».

De todos sus años de servicio 15 han sido para una misma institución, Escuela Básica Lomas de Funval.

A Romero solo le falta llevar unos papeles a la Zona Educativa, los cuales ha intentado consignar en dos oportunidades, sin efecto alguno. Pero cada vez que sale de las oficinas se siente impotente porque el trato del empleado público hacia ella es deplorable.

No les importa que vas con un bebé lactante o que haya mujeres embarazadas. No pido un trato privilegiado, pero si digno, pero es que ni a la cara te ven cuando te hablan», acotó Romero.

Denunció abusos de poder y de autoridad y aseguró que es todo lo contrario a lo que esperaría de un empleado público.

Cada vez que llega a la oficina W en la Zona Educativa, llega tarde. Debe dejar a las 7:00 a.m. a su hijo en el colegio y de ahí partir a su destino. «Llego a las 8:00 a.m y cuando lo hago me encuentro que hay alrededor de 50 tickets entregados, entonces quedo como rezagada. Ya a las 12:00 que debo buscar a mi hijo ya no hay tiempo».

Romero está luchando por su esposo, como ella no lo hizo por sí misma en 2019 cuando también se le presentó un problema, puesto que también es docente. «Yo dejé eso así». Aunado a esto, Romero está en el grupo de afectadas con la entrega de productos de línea blanca de Mi Casa Bien Equipada.

Con el sueldo suspendido, Romero y su esposo se han dedicado a vender repostería y otros oficios. Sin embargo el estado anímico de su esposo se ha venido abajo. No es solo un salario suspendido, es una condición de salud que le impide resolver como cualquier otra persona en mejores condiciones».