Venezuela

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Planificación estratégica como proceso de integración en el sector salud venezolano

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Autor: Félix Eduardo Camejo Sánchez

Correo electrónico: felixcamejo92@gmail.com

Médico en Medicina Integral Comunitaria

Esp en Medicina Integral Comunitaria

MSc en Gerencia en Salud Pública

Doctorante en Gerencia Avanzada

Teléfono de contacto: 0424-3423511

RESUMEN

 

En la actualidad se vive en un mundo de complejidades, enmarcado en cambios e incertidumbres en donde la administración constituye una de las áreas mas importantes de la actividad humana, la cual esta dirigida hacia la producción de bienes y servicios, en donde los gerentes estan en la necesidad de aplicar un conjunto  de funciones en forma metódica como son: Planificar, organizar, dirigir y controlar, lo cual producirá a la solución de situaciones previamente determinadas y jerarquizadas dentro de una organización, por lo tanto, la Planificación Estratégica se conceptualiza como un sistema gerencial mediante el cual quienes toman las decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan la información pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de una empresa, así como su nivel de competitividad, con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro lo que conduce al capital humano a establecer metas organizacionales, definir estrategias y políticas para el logro de esas metas, asimismo,  desarrollar planes para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines buscados.

 

Descriptores: Planificación Estratégica,  Proceso de Integración, Sector Salud Venezolano

STRATEGIC PLANNING AS AN INTEGRATION PROCESS IN THE VENEZUELAN HEALTH SECTOR

 

ABSTRACT

 

Currently we live in a world of complexities, framed in changes and uncertainties where administration constitutes one of the most important areas of human activity, which is directed towards the production of goods and services, where managers are in the need to apply a set of functions in a methodical manner such as: Planning, organizing, directing and controlling, which will result in the solution of previously determined and hierarchical situations within an organization, therefore, Strategic Planning is conceptualized as a management system through which decision makers in an organization obtain, process and analyze relevant internal and external information, in order to evaluate the present situation of a company, as well as its level of competitiveness, with the purpose of anticipating and deciding on the direction of the institution towards the future, which leads human capital to establish organizational goals, define strategies and policies to achieve these goals, and also develop plans to ensure the implementation of the strategies and thus obtain the desired ends.

 

Descriptors: Strategic Planning, Integration Process, Venezuelan Health Sector

 

INTRODUCCIÓN

 

La  planificación estratégica es solo una etapa de la dirección estratégica, es una forma especifica de la toma de decisiones que aborda el futuro determinado que los directivos desean para su organización; es el elemento clave del ciclo administrativo, en donde  Ibarra (2004), la define como  «es esencialmente la creación de un sistema dúctil e integral de objetivos, así como el planteamiento de las alternativas que permitan a la empresa y sus ejecutivos lograrlos” (s/p),  en resumen, la planificación estratégica es un proceso que parte de la explicación y descripción de una realidad determinada por parte de diferentes actores sociales y que logra, a través de acciones de intervención, transformar la realidad y obtener la visión que estos deseen.  En tal sentido, la planificación en salud es un proceso administrativo y no puramente epidemiológico cuyo propósito es decidir lo que se quiere, a dónde se quiere llegar en un tiempo determinado, las acciones que se tomarán, los medios que se utilizarán y los individuos que serán los responsables de llegar hasta donde se desea y alcanzar en una forma más efectiva los objetivos organizacionales del futuro.

 

Es por ello, que se hace insistencia en la necesidad de actualizar constantemente los planes estratégicos, además lograr la participación de los médicos y el gabinete administrativo de la organización, e integrar los planes estratégicos con otros planes de la organización, utilizando elementos protocolares que corresponden al “deber ser” así como elementos estratégicos como el “poder ser”, en una actitud expectativa y anticipativa que permitan la creación de situaciones futuras, intermedias y finales que corresponderían con los objetivos deseables para la organización. (González D, Suárez C, Columbié M  2016). Cabe señalar, en tal planificación se hace indispensable crear estrategias de mejoramiento, tales como programas, proyectos, planes y actividades de salud encaminadas a mejorar las condiciones en salud de las comunidades, mejorar la calidad de la atención y dignificar la función de los profesionales y los centros de salud.

 

Por lo tanto, se planifica con el optimismo  de reducir la fluctuación sobre la base de un mejor conocimiento de la realidad y la perspectiva de lo que puede acontecer de mantenerse algunas situaciones. En este sentido,  la planificación tiene que ver mucho con la realidad, e involucra una permanente adopción de decisiones y, después de ejecutados, se realiza el seguimiento, creando compromiso con el mejoramiento, esta debe ser valorada por gerentes y administradores para el funcionamiento eficaz de la organización, incluidas las organizaciones de atención de salud. Existe una amplia variación en la forma de planificar estratégicamente por parte de las organizaciones de salud, algunos integran la función de planificación estratégica con mercadeo, otras le asignan la responsabilidad a un planificador, y otros difunden la responsabilidad de la planificación estratégica entre el equipo de alta gerencia. Cabe considerar, que muchos autores consideran el Análisis DAFO o FODA, como la  herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer las características internas y externas de la organización e impulsar la adopción de prácticas exitosas en la organización hospitalaria. Esta metodología de la planificación estratégica se conoce como “gerencia estratégica” y permite centrarse en los aspectos más críticos o relevantes de la situación analizada, a modo de evaluación. (Serna, H. 2002).

 

Desde esa  perspectiva, la planificación estratégica sanitaria debe ser a partir de las necesidades de salud, tanto si se trata de servicios, como los programas de prevención y asistencia, ya que la salud puede definirse como la capacidad del individuo para mantener un estado de necesidades sociales, en el que él está razonablemente estable, indemne de profundas incomodidades, insatisfacciones, enfermedad o incapacidad y de comportarse de tal forma que asegure la supervivencia de su especie tan bien como su propia realización personal.  (Pineault, M. 1990).  De este modo, los indicadores negativos de la salud como (mortalidad y morbilidad) es y serán el principal objeto de preocupación para el planificador de salud; de allí que la función esencial de un planificador (Director / Gerente), consiste en establecer planes y prever para el futuro a partir de la situación actual que representa la diferencia entre lo que existe y lo que es deseable en términos de salud, servicios y recursos.

 

Por lo tanto, la  integración y eficacia del Equipo de Salud, constituyen uno de los elementos más efectivos para exaltar la eficiencia organizacional, además la integración del trabajo en equipo, el cual incita al individuo en su sentido de pertenencia a la empresa, ya que un equipo eficaz es aquel que logra obtener sus metas con ideas transformadoras, se adapta al cambio cuando es necesario y sus miembros están altamente comprometidos, es valiosamente estimado por los gerentes que reconocen y recompensan su desempeño. Bajo esta concepto el equipo de Salud debe desempeñarse como promotor a la integración y participación, además  debe saber cuáles son sus necesidades para poder entender la de sus clientes, usuarios y pacientes, todo ello en vía de integrar y optimizar la atención en salud.

 

La Planificación Estratégica como proceso de Integración

 

La planificación, como actividad discutible, es un producto del siglo XX, aunque hay autores que especifican su inicio antes de este siglo. Su área de competitividad fue la económica, desde allí, se abrió camino hacia todos los demás sectores, estos escenarios no fueron exiguos pues han tenido predominios en los diversos modelos de gestión de planificación, que aún siguen vigentes,  la planificación, en general, siempre ha tenido como centro de interés el cambio, del mismo modo, por ser una herramienta develada para la gestión de procesos, su orientación es la de organizarlos de manera tal que sea posible concretar múltiples fines.  (Gutiérrez D Damarys E. 2019).

 

Es por ello, que el progreso del proceso de planificación estratégica en las instituciones de la salud cobra gran importancia, en tanto los trabajadores participen activamente en la elaboración conjunta de las acciones para lograr avances en la planificación, organización, ejecución y control del trabajo, en función de la misión asignada. Por  eso, una  planificación estratégica eficiente en el Sector de la Salud, puede propiciar un mayor equilibrio de esta y su entorno; un mayor desarrollo y más calidad en el desempeño de sus profesionales; pero ello requiere de una adecuada relación entre los propósitos o aspiraciones de cada entidad, las actividades que se planifiquen y las posibilidades reales existentes, a partir de los recursos disponibles, dirigido hacia un futuro deseado y posible, y con ello contribuir a la excelencia en la calidad de los servicios de salud que se brindan a la población. Por lo tanto en Venezuela, la progresiva complejidad de los sistemas de salud y de las organizaciones que participan en ellos exigen el desarrollo de nuevas visiones, sapiencias y destrezas en el desempeño administrativo del capital humano, desde una perspectiva más  global y estratégica para establecer metas y objetivos y por consiguiente en el proceso de la toma de decisiones de las organizaciones de salud a la que pertenecen. (Malavé,  2015).

 

Por consiguiente el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS 2014), representa la primera y mayor institución pública dedicada a la salud del país, cuenta con un plataforma calificada de personal de todas las instituciones relacionadas con la salud, y con una estructura organizacional de cuatro niveles jerárquicos, del cual emanan todas las decisiones en los centros de salud, produciéndose asincronía y lentitud en todos los procesos, lo cual redunda en la planificación y ejecución de acciones y programas destinados a mejorar la atención a los usuarios que asisten a los diferentes centros de salud, obteniendo como resultado incumplimiento de los mismos. (Leal, D.,  Bolívar, M. y Castillo , C. s/a).

 

De igual forma, otra institución pública prestadora de salud es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el cual tiene una cobertura de mas del 70% en  país, a través de Centros Ambulatorios, Hospitales y Servicios Odontológicos, con personalidad jurídica propia y cuya misión es brindar protección de la seguridad social a todos los beneficiarios en las contingencias de maternidad, vejez, sobre vivencia, enfermedad, accidentes, incapacidad, invalidez, nupcias, muerte, retiro y cesantía o perdida de empleo, de manera oportuna y con calidad de excelencia en el servicio prestado, dentro del marco legal que lo regula y evidentemente con un modo de atención diferente (Oficina Central de Información y Estadística (OCEI). Caracas. Venezuela. s/a), habitualmente, las instituciones reflejan un patrón de comportamiento similar, ya que poseen una concentración de recursos en los grandes Hospitales con una planificación inadecuada a las necesidades reales de salud de la población asistida. En este sentido, la capacidad de las organizaciones e instituciones para observar y anticiparse a los desafíos y oportunidades que se generan, se desarrolla y agudiza a través de la planificación estratégica, considerando tanto las condiciones externas de la organización como su realidad interna, las cuales constituyen fuentes de cambios dinámicos y hacen que el proceso de planificación estratégica sea también dinámico.

 

Sino que se requiere de poseer la capacidad para determinar un objetivo, vinculando los recursos y las acciones necesarias para su alcance y valorando los resultados y consecuencias de esas decisiones.  Por lo tanto, la Planificación Estratégica contiene dos elementos de análisis: planificación y estrategia, la planificación es un concepto que nunca se despojará de dos factores que le son inherentes en la exploración o construcción del futuro: la dirección y el control. Cuando se agrega lo estratégico para formar el término en discusión, significado, para incluir, en la definición, la dirección y el control en conflicto y de las fuerzas que lo utilizan con medio para lograr sus objetivos, de esta manera, conviene mencionar a  Pérez, (2016), quien señala que existe diferentes razones para llevara cabo  una planificación estratégicas en el sector Salud las cuales  son:

  • Establecer objetivos claros y medibles: lo que les permite enfocarse en lo que realmente importa. Esto puede incluir objetivos como mejorar la calidad de la atención al paciente, reducir los costos o aumentar la satisfacción del personal.
  • Identificar Recursos: esto puede incluir recursos financieros, humanos y tecnológicos. Al identificar estos recursos con anticipación,  las organizaciones de salud pueden asegurarse de que tienen lo que necesitan para lograr sus objetivos.
  • Desarrolla estrategias efectiva: Esto puede incluir estrategias como la mejora de los procesos de atención al paciente, la implementación de nuevas tecnologías o la formación del personal, porque al desarrollar estrategias efectivas, las organizaciones de salud pueden mejorar la calidad de la atención al paciente y aumentar la eficiencia.

Significa entonces, que tomando en cuenta los aspectos antes señalados, para el funcionamiento de una planificación estratégica de calidad en el sector de la salud, se necesita que todos el personal de salud debe estar integrado  en la organización con la finalidad de lograr  una vision universal y compartida, así como de la capacidad de toma de decisiones en equipo que vayan en beneficio de la institución, en donde  los empleados se benefician de la orientación y la dirección que proporciona una vision hacia el éxito centralizada y unificada. Además, una excelente planificación estratégica también es útil para aumentar la financiación de las organizaciones de salud publica y de la industria sanitaria.

 

Por lo tanto, cuando los profesionales de la gestión saben exactamente lo que se espera de ellos, son mas capaces de liderar a otros, además, cuando las responsabilidades de gestión no estan claras, toda la organización sufre de una falta de liderazgo y dirección, en donde las iniciativas de planificación estratégica fomentan el liderazgo transformacional, y este  liderazgo transformacional no solo aumenta las capacidades de administración, sino que también alienta a los miembros individuales del equipo a rendir de manera optima. Asimismo, un elemento básico del liderazgo transformacional es la creencia que los gerentes tienen en las capacidades de los empleados que se desarrollen planes estratégicos de manera optima, beneficiaría enormemente a los procesos de planificación estratégica de integración  institucional.

 

Políticas del Sector  Salud en Venezuela

 

La formulación de las políticas públicas, incluyendo las de salud, puede ser a través de dos vías: bien sea, por medio de la representación política de los colectivos o “democracia representativa”, o por la participación directa de la población o “democracia participativa”. Esta última es la que constitucionalmente se ha adoptado en Venezuela y está declarada como principio de integración social para el sistema de salud de la población. Sin embargo, Jaime (2016) expone que en el caso de sistemas de salud fragmentados, “por el contrario, la heterogeneidad de valores y principios impide esta integración, y si bien pueden existir niveles altos de participación, se coexiste en una sensación de conflicto e inseguridad latente” (p.47).  En función a ello,  lo cual se manifiesta en la incongruencia o debilidad entre el aporte del conocimiento y la voluntad de la población en el proceso de construcción y puesta en práctica de las políticas.

 

En este contexto, el proceso de gestación y gestión de políticas de salud en Venezuela carece de una participación social real; en consecuencia, se impone una visión utilitaria que favorece la reproducción de la enfermedad a través de las políticas, dejando el campo a las corrientes hegemónicas centradas en el enfoque de riesgo y el gasto, con un invariable curso que deja de lado la concepción de inversión sostenible de la salud como un bien público, ético y como un derecho humano. Es por ello, que hay que asumir responsablemente, que las políticas púbicas en el sistema de salud fragmentado de Venezuela no han podido construir conductas sociales sostenibles que impongan la concepción de la salud como sinónimo de felicidad.

 

Por el contrario, se ha acentuado exageradamente a la prestación de servicios para curar o prevenir afecciones, que se traduce en una representación construida sobre un sistema de salud centrado en atender la enfermedad como un proceso social. Este supuesto no excluye los esfuerzos realizados por el Estado, con la política de Barrio Adentro, que promueve una mirada integral del proceso de atención pero denota una fuerte medicalización para la atención a la salud, la necesidad de tecnologías apropiadas y suministros médicos básicos para su funcionamiento. Asimismo, existe la percepción, por parte de los decisores, que el sistema de Salud Venezolano debe dar solución a la morbimortalidad epidemiológica prioritariamente, promoviendo la biomedicina y la infraestructura sanitaria de alta complejidad, como formas favoritas de aplicar políticas para asegurar la salud a la población.

Por tal razón, desde esa mirada pareciera que existen  brechas entre la subjetividad y las  necesidades en salud que tiene  la población, se necesita  construir políticas de salud que faciliten la integración de los servicios; estos son retos que aun estan pendientes por parte del Estado,  porque  la salud desde sus postulados filosóficos y conceptuales del buen vivir se conceptualiza como el arte de reproducir la vida y preservarla como un derecho fundamental de los ciudadanos, el cual esta consagrado en los preceptos de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela,  porque, la salud debe interpretarse y asumirse como responsabilidad colectiva más que individual, donde es fundamental la distribución justa de condiciones de vida, bienes y servicios ajustados a un modelo económico sostenible fundamentado por la Nación.

 

Es por ello, que para consolidar la idea de un sistema de Salud integrado en Venezuela, la sociedad y el Estado deben estar convencidos que la Salud ofrece el rescate de acciones que abordan el enfoque histórico-social alrededor de los problemas de salud que afecta a la población, de allí surgen una nueva lógica de diseño, gestión y control social de políticas de salud, por lo tanto, la realización de todas estas propuestas teóricas requiere urgentes cambios políticos, económicos y culturales; en donde se implementen estrategias que obligue a la alta gerencia a tomar decisiones  importantes que faciliten el cumplimiento   de una planificación estratégica integrada en el marco de una gestión loable de la institución en beneficio de todo el personal que la integra y en especial a los usuarios o pacientes que mayoritariamente son los beneficiarios directo del Sistema de salud en el País.

 

Desde esta visión, se necesita en el Sector Salud Venezolano de una  Planificación Estratégica integrada  que se conceptualice  como un sistema gerencial mediante el cual quienes toman las decisiones en la organización procesen  y analicen  la información pertinente interna y externa, con el fin de valorar la situación presente de la institución, así como su nivel de idoneidad, con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro.

Por lo tanto, en Venezuela, la creciente complejidad del Sistema de Salud y de las organizaciones que participan en él,  demandan el desarrollo de nuevas visiones, conocimientos y habilidades en el desempeño administrativo del capital humano, desde una perspectiva mas global y estratégica para establecer metas y objetivos  para  la toma de decisiones, en los diferentes nivelas de atención, además  se hace necesario pensar en la política de salud, no solamente desde el Estado, sino también con la participación de la gente, para garantizar que esas políticas van a responder a sus necesidades; por tanto es importante el fortalecimiento de la organización y la participación social de la población.

 

Cabe señalar, que lo que se busca con ello, es la  garantía del derecho a la salud pasa por brindarle a la población políticas sociales que garanticen la inclusión social; en tal sentido es necesario articular la política de salud con el conjunto de políticas sociales, y que  exista el fortalecimiento de la rectoría del Ministerio  del Poder Popular para la Salud,  para formular, evaluar y hacer seguimiento de estas políticas, lo que contribuye en la construcción de un Estado mas comprometido con los problemas de la gente y garante del derecho a la salud.

 

Es por esta razón que las personas responsables de gestionar cambios significativos en el contexto de los centros de salud deben emprender un liderazgo enmarcado en mejores practicas orientadas a la excelencia, haciendo uso y aplicación de nuevas formas de actuar y motivar en el recurso humano, tanto del centro como a quienes sirve, a lograr los objetivos comunes que dan sentido a su razón meramente social centrada en el derecho universal de la salud, para lo cual se requiere organizar los recursos en los sistemas administrativos de los centros de salud, así como el conocimiento individual para proporcionar la esperanza de alcanzar el éxito; en este sentido es clave incorporar a todas las instituciones del país que realizan formación para que la misma responda a las necesidades del país, a su vez el sistema de salud debería garantizar que culminada su formación puedan insertarse dentro del sector con políticas de protección Social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Certo, S. (2001), Administración Moderna. Octava Edición. Bogotá. D.C.

 

González D, Suárez C, Columbié M.(2016), La función de planificación en las instituciones universitarias: precisiones metodológicas para la formulación de objetivos. Congreso Internacional: Ministerio de Educación Superior.

 

Gutiérrez D, y  Damarys, E. (2019), Fundamentos teóricos de la gestión estratégica. Disponible en: www.monografías.com .

 

Ibarra (2004), Dirección y planificación estratégicas en las empresas y organizaciones Madrid, Díaz de Santos.

 

Leal, D.,  Bolívar, M. y Castillo , C. (s/a) esperanza activa en la planificación estratégica para la administración de la salud pública. Venezuela.

 

Malavé, J. (2015),Gerencia en Salud, un modelo innovador. Ediciones IESA. Fundación Cisneros Benavides. Caracas. Venezuela.

 

Ministerio del Poder Popular para la Salud (2014), Políticas Gerenciales en materia de Salud. Caracas Venezuela.

 

Pérez, M (2018), Planeación estratégica. Centro Editorial. Universidad del Valle Cali.

 

Pérez, A. (2016),  Descentralización del sector salud, transferencia de servicios y reestructuración del MSAS: Propuestas y escenarios. Informe 4. Papel de Trabajo Inédito. PNUD-Copre. Caracas. Venezuela.

Pineault, M. (1990)La planificación sanitaria: conceptos, métodos, estrategias. Ediciones Masson. S.A. Barcelona. España.

 

Serna, H. (2002), Gerencia Estratégica. Planeación y Gestión -Teoría-Metodología. 7ma. edición. 3R Editores. Bogotá, Colombia.

 

 

 

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Venezuela se queda sin maestros: El futuro negro en la educación que deja el régimen de Maduro

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Los bajos salarios y el éxodo masivo han reducido notablemente la plantilla de docentes. Distintas organizaciones alertan que el panorama que viene será peor porque no se está formando una generación de relevo.

Las clases iniciaron en Venezuela el pasado octubre con un sistema educativo que se encuentra colapsado. A la deserción estudiantil, precarias condiciones laborales y fallas edilicias se suma la falta de maestros. Una situación que se visualiza como un problema grave para los próximos diez años.

Con el comienzo del ciclo escolar, el régimen de Nicolás Maduro destacó que más de 8 millones de estudiantes retornaron a las aulas de manera progresiva, en una “Venezuela que quiere más educación y cultura, que es el camino a la felicidad”. Sin embargo, la realidad se muestra distinta y con un futuro devastador.

En los primeros días de clases se registró la presencia en las escuelas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de la Policía Nacional (PNB) debido al reclamo salarial de los maestros y con el fin de verificar la asistencia del poco personal que continúa trabajando.

Ante la falta de datos oficiales, informes de distintas organizaciones indican que miles de maestros abandonaron sus puestos en busca de mejores oportunidades en el extranjero, lo que ha generado una escasez de educadores calificados y ha impactado negativamente en la calidad de la educación. Esta situación plantea un serio obstáculo para el desarrollo académico de los estudiantes venezolanos y el futuro de las próximas generaciones.

La organización no gubernamental “FundaRedes” realizó una Consulta Educativa en los estados fronterizos de Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia. Relevando a 307 maestros de nivel inicial, primaria y media general.

Una de las principales problemáticas son los bajos salarios que no resultan suficientes para cubrir gastos de alimentación, indumentaria, transporte, salud o estudio de sus propios hijos.

infografia

(Infografía: Marcelo Regalado)

De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), la cesta alimentaria tuvo un costo de 493,53 dólares en octubre mientras que el salario docente es de, aproximadamente, 100 dólares mensuales.

La licenciada Zuly Mora de FundaRedes afirmó a Infobae que el bajo salario afecta la calidad educativa porque la situación primero perjudica al docente dado que no logra cubrir las necesidades básicas para su familia. De manera que “va desmotivado a su institución. Va por cumplir o para dictar lo que se debe en el proceso de aprendizaje”, planteó.

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Ante las dificultades económicas, “34,9% de los docentes han decidido abandonar la profesión docente. ¿Por qué? Porque tienen que generar ingresos en otros campos de trabajo para poder cubrir lo que es una cesta básica alimentaria” detalló Mora.

Las perspectivas a futuro tampoco resultan alentadoras por la falta de formación profesional. Mora indicó que a partir de un análisis en la Universidad la Gervasio Rubio, la Universidad Católica y Universidad de Los Andes en el estado de Táchira; la matrícula para la carrera vinculada a educación “se ha desvanecido enormemente, casi en un 80%”.

“Ya no es un atractivo para los jóvenes decir voy a estudiar la carrera de educación. ¿Por qué? Porque ellos ven la realidad que está pasando el docente día a día”, se lamentó.

De manera coincidente lo plantearon a Infobae Gabriela Domingo, directora de la Asociación Civil “Con la Escuela” y el subdirector y vocero Óscar Iván Rose, quienes advirtieron que no habrá generación de relevo para maestros. “Dentro de 10 o 15 años habrá un hueco importante. En ese periodo serán muchas las personas jubiladas, porque la mayoría de los docentes hoy tienen más de 40 años. No sabemos qué va a pasar porque nadie está estudiando educación”.

Según los datos obtenidos por FundaRedes, un 40.0% de docentes activos son mayores de 50 años mientras que el 6,2% tienen 5 o menos años de servicio, además, disminuyó de manera notable la incorporación de nuevos profesionales en el área de educación. Más allá de la falta de profesionales, se suman las dificultades para especializarse, de hecho, el 73,0% de los docentes encuestados actualmente no pudo cursar nuevos estudios.

Un maestro lleva carteles durante una protesta docente por mejores salarios y beneficios en Caracas, Venezuela (AP Foto/Ariana Cubillos)Un maestro lleva carteles durante una protesta docente por mejores salarios y beneficios en Caracas, Venezuela (AP Foto/Ariana Cubillos)

Con salarios que no logran cubrir la canasta alimentaria, los maestros se ven obligados a buscar alternativas para sobrevivir frente a la emergencia humanitaria donde 1 de cada 4 docentes manifestó su intención de emigrar. “Los docentes muchas veces en sus neveras no tienen nada para consumir”, describió Mora.

Por su parte, Con la escuela también realizó una encuesta sobre la situación educativa durante octubre 2023 y los maestros “nos dicen que todos tienen por lo menos una fuente más de ingreso, tienen otro trabajo y no se asocia a la docencia”. Ocupando por lo general puestos en comercios, emprendimientos o trabajando como taxistas.

Dicho contexto tampoco se ve favorecido por las condiciones laborales. Pese a que el régimen de Maduro se hace propaganda en torno a la recuperación de escuelas a cargo de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles), en los estados fronterizos la precariedad dificulta las tareas diarias.

Mora detalló que en algunas instituciones de Táchira “los muchachos están en sus aulas donde se alumbran con la linterna del teléfono o tienen que tener una vela porque se les han robado el cableado y el Estado no ha dado respuesta”. Otro caso se detectó en el municipio Torbes donde “desde el mes de marzo se les robó el cableado y hasta la fecha no han tenido respuesta”. Por tal motivo, “allí es donde nosotros decimos que no es prioridad para el Estado la educación”.

Impacto en la calidad educativa y estrategias para afrontar la deserción de maestros

La disminución del personal docente tiene un impacto directo en la calidad educativa y para paliar la crisis se establecieron distintas propuestas. El director del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica Andrés Bello, Eduardo Cantera sostuvo que se detectaron casos donde “docentes están dejando el sistema educativo y esas tareas las están asumiendo otros miembros de la comunidad, como son algunos papás” que tienen alguna formación académica.

Frente al ausentismo de los maestros, quienes permanecen en las aulas deben unificar los distintos niveles. “No es para cerrar la escuela, sino para decir bueno, pues con un docente cubro a tres grados de una vez”, detalló Cantera y aclaró que frente a dicha situación no se reorganizaron programas educativos sino que cada uno dicta la clase de la manera más conveniente para los grupos de estudiantes.

El denominado horario mosaico fue una de las propuestas implementadas durante la pandemia y que aún persiste en las escuelas públicas de Venezuela. La permanencia de dicho sistema no solo corresponde a la falta de maestros, sino que a ellos les permitió insertarse en otros ámbitos laborales. Sin embargo, los contenidos académicos se ven afectados dado que “los niños pueden ir entre dos o tres días a clase durante la semana y en horario restringido”, explicaron desde la fundación Con la Escuela.

Estas falencias en el sistema llevó a que algunos estados fronterizos empezaran a verse más afectados. Mora reveló que en el estado Táchira algunos niños y niñas del municipio de Ureña y de San Antonio deben trasladarse a la localidad de Cúcuta (Colombia) para cursar sus estudios. Mora explicó que “aquí no lo pueden hacer porque ya no hay instituciones, no hay docentes. Es una situación bastante difícil que estos niños tengan que irse a otro país cuando podrían estudiar en el país donde viven”.

Fachada de la Unidad Educativa José de Jesús Arocha en Caracas (Foto: EFE/Rayner Peña R.) Fachada de la Unidad Educativa José de Jesús Arocha en Caracas (Foto: EFE/Rayner Peña R.)

Un plan que surgió para sustituir a los docentes faltantes, es el llamado “Chamba juvenil” donde se ofreció a graduados de bachillerato trabajar como profesor. Para los integrantes de Con la escuela, dicha propuesta no resultó eficaz por la falta de formación, por tratarse de chicos de edades aproximadas y porque el salario tampoco resultaba atractivo.

Más allá de eso, la propuesta “ha desmerecido aún más la carrera docente, porque para qué vas a estudiar cuatro o cinco años en la universidad si con el bachillerato precario que tienen estos muchachos tú le ofreces el trabajo que debería tener a alguien que se ha dedicado a estudiar y ser un profesional de la docencia”, planteó Óscar Iván Rose.

El no contar con una base sólida que incluya conocimientos en distintas materias, lleva a que se las dificultades se visualicen al intentar realizar una carrera de grado. En este sentido, 97,4% de los docentes encuestados por FundaRedes coincidieron en que la gran mayoría de los jóvenes que finalizaron sus estudios de educación media y bachillerato no se encuentran preparados académicamente para iniciar sus estudios superiores.

A ello se suman las precarias condiciones de las universidades públicas donde “hay mucha, mucha vulnerabilidad porque no han podido tener un presupuesto adaptado a sus necesidades”, resaltó Cantera e indicó que los propios estudiantes universitarios se agrupan para ofrecer ayuda a los nuevos ingresos y de esa forma ir “tapando las fisuras que tiene el sistema educativo”.

Si bien las condiciones en el sistema educativo venezolano no están dadas, “la educación venezolana se resiste por el empuje que le están dando los directores y el personal educativo para atender la emergencia educativa”, analizó Cantera. Mientras que los integrantes de Con la Escuela insistieron en la necesidad de que se resuelva “la situación de los docentes porque es un clamor nacional que no puede seguir. O sea, el docente necesita unas condiciones salariales decentes para poder no solamente mantenerse, sino, para que sea atractiva la carrera para las nuevas generaciones”.

Por último, desde FundaRedes se consideró que el “Estado debe generar una labor que permita la superación inmediata de los problemas preexistentes y aplicar políticas públicas educativas, buscando parámetros que transformen el funcionamiento de las instituciones educativas en el país”.

https://www.infobae.com/venezuela/2023/11/25/venezuela-se-queda-sin-maestros-el-futuro-negro-en-la-educacion-que-deja-el-regimen-de-maduro/

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FVM: Los maestros y padres son quienes financian la educación venezolana

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Por: Albany Andara Meza

Gremios docentes denunciaron que el primer lapso del año escolar 2023 – 2024registra los mismos problemas que el período anterior mientras el Estado sigue ignorando la crisis educativa a pesar de las protestas de los maestros. Ausentismo escolar, planteles en ruinas y una educación deficiente es lo que ha caracterizado los dos últimos meses de clases.

Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), reportó que las escuelas se han visto obligadas a solicitar recursos a los representantes para poder impartir clases. Desde papel hasta productos de limpieza, las maestras piden a los padres llevar lo que esté a su alcance porque el Estado no dota a los centros educativos con lo que necesitan.

“Los padres y los maestros son los que están financiando la educación venezolana. Ellos son los que están colaborando con las escuelas. El gobierno no dota a las escuelas con insumos. Muchos padres arreglan pupitres, llevan marcadores, cambian bombillos”, indicó Márquez a Efecto Cocuyo.

Añadió que la situación se agudiza en entidades del interior del país, especialmente en Zulia y Apure. Recientemente, usuarios en redes sociales se quejan de que deben llevar productos para limpiar los planteles en Lara.

En Caracas, la recién clausurada Simón Rodríguez, de Los Ruices, pidió una colaboración de 15 dólares a inicios de año para poder arreglar algunas filtraciones. Representantes informaron que aquellos que no contribuyeron de forma monetaria acudieron a prestar apoyo logístico en el preescolar, que cerró el 23 de octubre por orden del Distrito Escolar.

“Los padres y representantes son los que han limpiado, los que se ayudan a comprar una pintura, porque aunque han llegado ciertos materiales del Estado, no cubre ni siquiera el 50 % para arreglar el plantel”, afirmó Raquel Figueroa, vocera del Colegio de Profesores y sindicalista.

Las maestras trabajan con sus recursos

Figueroa insistió en que Venezuela se ha vuelto un Estado societario, en el que el gobierno le transfiere a la sociedad la responsabilidad de gestionar.

Recordó que las maestras trabajan con insumos pedagógicos que costean con su propio dinero. Actualmente el sueldo de un docente venezolano oscila entre seis y veinte dólares mensuales y un solo marcador de pizarra tiene un precio base de 50 centavos de dólar. En este contexto, docentes utilizan libros, lápices, pinturas y otros recursos que llevan de sus casas o reciclan de periodos anteriores.

“Yo llevo las cosas que voy a utilizar en clases y los chamos tienen sus útiles, algunos se los comparten porque no todos los representantes tienen la posibilidad de costear la lista entera. Los recursos didácticos son fundamentales, la gente se olvida de eso. ¿Cómo aprende un niño pequeño en sus primeras etapas si no es con herramientas didácticas?”, contó Miriam Gómez, profesora en la parroquia Petare.

Por otro lado, Figueroa indicó que, en medio de la crisis, uno de los principales problemas a resolver este período académico es el deficiente Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Nelson Romero, presidente de Sinvema de Trujillo, al occidente de Venezuela, alertó el 21 de octubre que 78 % de las escuelas de la entidad no recibe insumos para preparar almuerzos.

“Hay profesores que les dan de sus almuerzos o desayunos a los niños, incluso. Es una realidad lamentable”, apuntó sobre el tema la profesora Márquez.

Protestan los estudiantes

Figueroa acotó que durante el primer lapso de clases se registró una situación nueva: la protesta de los estudiantes por el deterioro de la calidad educativa. Se refirió a la manifestación realizada a principios de mes por los jóvenes alumnos del Liceo Estadal Arquitecto Claudio Corredor Müller, ubicado en el municipio Alberto Adriani de Mérida.

“El Estado no respondió a la urgencia de colocar profesores en las diferentes áreas académicas. En Mérida protestaron por ello y eso es una señal que la situación es grave”, dijo Figueroa. El 8 de noviembre, representantes estatales se comprometieron a resolver el déficit de profesores en materias científicas en el Claudio Corredor Müller.

Figueroa añadió que es urgente que el gobierno de Maduro responda a los reclamos de los maestros, a los que se suman los jóvenes. Aclaró que el gremio docente aún espera reunirse con las autoridades para discutir la emergencia educativa a nivel nacional.

FVM: Los maestros y padres son quienes financian la educación venezolana

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Venezuela: FVM Mérida apoya protesta de estudiantes del Claudio Corredor Müller por falta de profesores

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El presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM) en Mérida indicó que la organización apoya la protesta que organizaron los estudiantes del Liceo Estadal Arquitecto Claudio Corredor Müller, el 6 de noviembre, debido a la falta de profesores y las condiciones de la institución.

El centro educativo queda ubicado en el municipio merideño Alberto Adriani y, al igual que miles de escuelas en todo el territorio nacional, sufre las consecuencias de la deserción docente y la desidia del gobierno de Nicolás Maduro.

Los jóvenes denunciaron que alumnos de segundo año ven menos de cinco materias y los de cuarto y quinto año les faltan más de tres educadores. Exigieron educación de calidad y una respuesta rápida de la gobernación de Mérida y del Ministerio de Educación.

El lunes los estudiantes se negaron a entrar a clases y aseguraron que protestarán hasta que sus reclamos sean atendidos.

“Es una lucha pacífica de un grupo de muchachos que se atrevieron a hablar. Eso hay que aplaudirlo: tomaron el megáfono y les exigieron a las autoridades. Esas son situaciones muy interesantes. Los maestros tienen que apoyarlos, porque fuimos nosotros quienes les enseñamos a luchar por sus derechos”, indicó Ramón Contreras, presidente de la FVM de la entidad a Efecto Cocuyo.

En Mérida casi no quedan docentes

Contreras explicó que cientos de docentes en el estado Mérida han abandonado sus puestos de trabajo debido a las pésimas condiciones laborales, la falta de beneficios y los bajos salarios. Por ello, instituciones como el Claudio Corredor Müller se han quedado con pocos especialistas para las materias de Química, Matemática, Física o Biología.

“Yo no veo ni Matemática, ni Física, ni Química desde cuarto año”, se quejó una estudiante del liceo en un vídeo difundido en la red social X.

Reportó la decadencia en la calidad de los contenidos que le impartieron los últimos años y recordó que la Constitución de la república garantiza la educación a todos los venezolanos. Específicamente esta establece en su artículo 102:

“La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad”.

La Federación Nacional de Estudiantes de Educación Media (Feneem) aseguró que la manifestación será indefinida. El presidente de la FVM en Mérida llamó a padres y representantes a apoyar a los jóvenes. Advirtió que, según estimaciones de la organización, un 40 % de los docentes se ha ido del país.

Es la misma cifra que ofreció el padre Manuel Aristorena, exdirector nacional Fe y Alegría, en enero de 2023 cuando reportó que por lo menos 166.338 docentes desertaron entre 2015 y 2021 en Venezuela.

Contreras aseguró que los estudiantes no son ajenos a la crisis, sino que son directamente afectados por ella, puesto que en los últimos años no han obtenido los conocimientos necesarios para pasar de nivel.

“Ellos se dieron cuenta que van a fracasar en la universidad a menos que se inscriban en una de las universidades piratas del gobierno, donde sin saber nada les dan un título que van a guindar en la pared. Hoy debemos entender que esta es una lucha de todos”, dijo el docente.

Profesores seguirán movilizándose

En Mérida la FVM continúa realizando actividades de protesta. Desde que iniciaron las clases, organizan asambleas jueves y viernes para oír las denuncias de los docentes.

Contreras afirmó que la situación en la entidad, al occidente del país, es grave y que el 60 % de las escuelas trabaja con el esquema del horario mosaico. Los docentes laboran en las aulas tres días y el resto de las jornadas se dedican a otros oficios.

“Las edificaciones se están cayendo, no hay programa de alimentación escolar, las autoridades abandonaron todo, empezando por el capital más importante: el docente y el niño”, dijo Contreras.

Puntualizó que el 9 de noviembre los delegados merideños se reunirán para planificar las próximas acciones. Hasta las 5:30 p.m. de este 7 de noviembre se desconoce las respuestas del gobierno a las exigencias de los estudiantes del liceo Claudio Corredor Müller.

FVM Mérida apoya protesta de estudiantes del Claudio Corredor Müller por falta de profesores

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La paz para la frontera entre Venezuela y Colombia con perspectiva de género

Leidy Carmín Moreno Ramírez Deja un comentario

Leidy C. Moreno R.

lecamora1986@gmail.com

Resumen

En el presente análisis se aborda el fenómeno de la violencia en el contexto de la frontera colombo-venezolana y la construcción de la paz desde el enfoque de género. Mediante la información disponible de documentos y análisis de distintos autores y autoras en torno a este fenómeno, así como de los resultados de informes de organizaciones sociales se identifica y caracteriza el contexto de la frontera y el impacto de esta realidad en la vida de mujeres y niñas, a partir del conflicto armado y el actual proceso migratorio de Venezuela, posteriormente se realiza un acercamiento a la noción de paz y las recientes políticas públicas de paz impulsadas desde los gobiernos de Venezuela y Colombia, y finalmente, se destaca el diálogo y los acuerdos como elementos clave en la instauración de un nuevo proceso para la consolidación de la paz en la frontera desde una mirada integradora de ambos países, con particular interés desde una perspectiva de género.

Palabras clave: paz, violencia, género, acuerdos de paz

Introducción

Existe una vieja deuda en la frontera entre Venezuela y Colombia por parte de los Estados de estos países, que es la paz. Este espacio de 2.219 kilómetros (Rodríguez, De la Puente y Trejos, 2018), que demarca parte importante de los límites del territorio y la jurisdicción política- administrativa de ambas repúblicas, también constituye un entorno caracterizado por el abandono estatal, que se encuentra diezmado e incluso usurpado por la presencia de organizaciones ilegales que ostentan el poder a través de las armas para el control de intereses esencialmente económicos.

Por su parte, la población civil que ocupa y hace vida social en el territorio fronterizo, debe lidiar continuamente con los múltiples problemas que genera la dinámica que determina la lógica de un sistema social basado en la prevalencia económica, bajo la égida de una cultura de economías ilegales, y que coloca en el último eslabón al ser humano, el cual es concebido como un instrumento para fortalecer el orden establecido mediante tal sistema.

Los sujetos sociales más vulnerables y agraviados por la dinámica de dicho sistema social son las mujeres, las y los adolescentes, así como las niñas y los niños, debido a que sus cuerpos y su fuerza de trabajo constituyen agentes clave en las ganancias a partir de los múltiples negocios lícitos e ilícitos que rigen la economía en la frontera. Ingentes cantidades de dinero circulan en la frontera, ya sea, mediante procesos de comercialización binacional, aunque también, la recepción de remesas enviadas por migrantes desde distintos países del mundo a sus familiares, que son recibidas por medio de entidades financieras que funcionan en Cúcuta, Colombia, de igual manera, los recursos que manejan las organizaciones no gubernamentales con el propósito de disminuir los efectos de los problemas que se generan en la frontera; pero también, de forma más grotesca y cruel, a través del narcotráfico, la comercialización de seres humanos, por medio de la trata de personas y la explotación sexual, entre otros delitos.

En tal sentido, es importante destacar que el análisis de la violencia en el contexto fronterizo permite una lectura de tan compleja realidad que se enmarca en torno a una dinámica de acumulación de capital, pero también, en una guerra desatada por el conflicto armado de Colombia, que en cuyo proceso de recomposición se ha desbordado e internacionalizado (lo que implica que el territorio venezolano también funciona como un espacio en disputa), (Forero, 2020). Esta realidad de complejidad deriva en el impulso para estudiar la paz desde múltiples enfoques, pero en este caso particular desde la perspectiva de género.

Violencia y migración

Si se entiende la violencia como “un producto de la cultura humana, un resultado del experimento de la cultura” (Kout, 2002, p. 197) es importante también considerar que esta noción de violencia forma parte de lo que denomina Radl (2011) como un atributo “aceptado” (p. 160). Esto se debe a que la violencia permea la estructura y el orden social de manera reiterada y sistemática, a tal punto, no sólo de ocupar distintos ámbitos, sino las conductas propias de los sujetos, así como un mecanismo que pone de manifiesto sus intereses, percepciones, necesidades, deseos, afectos y sentimientos.

Ante esta paradójica cualidad de la violencia que se halla en la estructura social y en la cotidianidad del ser humano, surgen variaciones y formas de violencia que se intensifican de acuerdo con los contextos y realidades, a tal punto de ser degradante de las condiciones de los seres humanos. En tal sentido, Ávila, León, Niño, Camargo, Cañizares y Guerra (2013) caracterizan la frontera entre Venezuela y Colombia como la “frontera caliente”, que consiste en una investigación cuyo análisis expone los múltiples factores que han desencadenado, sin tregua, la violencia en este espacio geográfico. La descripción que se realiza en ese trabajo de investigación va perfilando las tramas de la guerra que promueven el déficit institucional y la ausencia de garantías de derecho, la industria ligada a la cadena mundial de valor del narcotráfico, la corrupción, y la guerra irregular y difusa en la que convergen la fuerza pública de los dos países en relación con el paramilitarismo y las guerrillas.

Aunado a esto, es desolador el panorama mundial creado por las guerras, puesto que genera insatisfacción y temor en especial sobre la población civil, con particularidad en mujeres y niñas. Un país como Colombia que ha estado sumergido en una guerra por más de medio siglo ha traído consigo, más allá del dolor por las víctimas, pobreza, desigualdad e inequidad; una maquinaria guerrerista que también ha sido un “factor potenciador de la degradación humana” (Velásquez, 2016, p. 77). Esto implica el sometimiento y la vulnerabilidad como circunstancias que determinan formas de existencia y el miedo como principal instrumento.

Asimismo, la violencia como forma de dominar produce un impacto considerable en la vida de las mujeres y las niñas, y de acuerdo con Segato (2014) se “manifiesta tanto en formas de destrucción corporal sin precedentes como en las formas de trata y comercialización de lo que estos cuerpos puedan ofrecer, hasta el último límite” (p. 342). Según esta autora, las nuevas formas de guerra incorporan la agresión sexual como un arma que daña no sólo de forma material sino también moral, por lo cual cobra un papel más relevante en las acciones de guerra.

De acuerdo con diversos estudios, la principal forma de violencia que afecta a mujeres, adolescentes y niñas en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia es la violencia sexual, la cual se incrementa y se genera en contextos dominados por el conflicto armado y del actual proceso migratorio de Venezuela. El fenómeno migratorio de Venezuela que ha generado hasta el momento un número de 7.320.225 de personas que se encuentran en condición de migrantes y refugiados alrededor del mundo (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes R4V, 2023), cuya cifra además de alarmar sobre la crisis de movilidad humana existente, también pone al descubierto la incapacidad del Estado venezolano en garantizar condiciones de vida y derechos para la población.

Las mujeres y las niñas venezolanas que forman parte de este proceso migratorio se exponen de manera latente a riesgos propios de la situación de migrar, especialmente relacionados con ser víctimas de violencia sexual. A pesar de la evidencia y la imperante necesidad de atención estatal en este sentido, “las acciones por parte de los Estados, en términos de protección y cuidado, no parece guardar la misma dimensión ni la proporcionalidad requerida. Inclusive, mucha de esta violencia y muchas de estas mujeres y niñas son invisibles a los Estados.” (Mesa y Espinel, 2020, p. 15).

Esto implica que además de requerir mayor voluntad de los Estados en atender esta situación, se precisa del fortalecimiento de la normativa jurídica y de la expansión de la presencia de las instituciones estatales, que deben estar en constante actualización conforme se vayan identificando los elementos que caracterizan la violencia en torno a la realidad del contexto fronterizo.

La frontera entre Venezuela y Colombia, en particular entre el estado Táchira y el departamento Norte de Santander, se ha constituido históricamente como un enclave territorial para el tránsito a gran escala de migrantes, en un cambio en las tendencias de esos flujos, durante el último lustro el movimiento se produce de Venezuela hacia Colombia y otros países de América del Sur, como en todo proceso migratorio de magnitud significativa dichos flujos se realizan en condiciones de alta vulnerabilidad. De acuerdo con Migración Colombia se reconoce hasta el momento la existencia de 2,5 millones de migrantes venezolanos en Colombia, considerado el país de mayor concurrencia de migrantes venezolanos. (Reyes, 2022).

Esto en gran medida ha desbordado las capacidades de los Estados para controlar la situación y también para precisar políticas públicas y estrategias idóneas sobre el tránsito de las personas en ambos lados de la frontera, sumado a la ruptura en las relaciones diplomáticas entre estos países durante el gobierno del expresidente Colombiano Iván Duque, a través de lo cual solo se logró crear mayor incertidumbre, así como vulneración de los derechos de las personas.

De igual manera, esta situación de debilidad estatal ha permitido que proliferen cantidades enormes de irregularidades y que se fortalezcan las organizaciones al margen de la ley, por lo cual se expone a las personas que transitan esta zona a grandes riesgos y peligros: ofertas de empleo y servicios engañosas, despojo de las pertenencias, violencia física, maltrato y abuso de poder por parte de funcionarios militares e institucionales, entre otros.

En el caso de las mujeres y las niñas, de acuerdo con el informe de Mesa y Mendoza (2021) integrantes de la colectiva MULIER, se plantea que “415 venezolanas fueron rescatadas de redes de trata, de las cuales 138 fueron niñas y adolescentes” (p. 9). La trata de personas con fines explotación sexual se identifica como uno de los delitos de violencia sexual más frecuentes en la frontera. De igual manera, desde la colectiva MULIER se manifiesta que, durante el año 2022, en 16 países fueron rescatadas de redes y organizaciones de trata y explotación sexual 1.390 venezolanas, de las cuales 284 son niñas y adolescentes, y durante el primer semestre del 2023, 267 venezolanas, de las cuales 34 son niñas y adolescentes (MULIER, Venezuela, 2023).

Este fenómeno se ha desplegado y emplea diferentes mecanismos, entre ellos el modelaje webcam, cuya actividad es legal en Colombia e implica la realización de actos de carácter sexual frente a una cámara para luego usar los contenidos en una plataforma virtual disponible para redes de seguidores. Sin embargo, según expone el informe de Mesa y Mendoza (2021), con algunos casos de rescate de mujeres y niñas víctimas de trata también se logró “la desarticulación de 1.000 casas de explotación sexual de niñas venezolanas en modalidad webcam” (p. 19).

La evasión del Estado en manejar con mayor importancia este problema de la violencia sexual remite a la idea de que se considera con inferioridad el cuerpo de mujeres, adolescentes y niñas. Es un tema que poco se menciona desde las fuentes oficiales de los Estados, y todavía menos, se profundiza. Desde luego, esta situación caracterizada por la cultura machista y patriarcal, significa mayor revictimización de las mujeres, adolescentes y niñas por lo que es preciso, además de visibilizar la frecuencia de víctimas de violencia sexual, también revertir la reproducción de estos actos, a través de garantizar procesos judiciales con los que se logre la capacidad de castigar a los responsables y hacer justicia.

En un contexto de conflicto permanente como el que existe en la frontera es una ardua tarea que corresponde en principio a los Estados, son los principales garantes de los Derechos Humanos de las mujeres, pero también las organizaciones sociales cumplen un papel clave en visibilizar la realidad.

¿Qué entendemos por paz?

Desde una visión tradicionalista la paz se concibe como la ausencia de una guerra, pero es importante aclarar que la concepción de paz es difícil de definir. No obstante, se intentará hacer una aproximación del concepto a partir del enfoque que promueven algunas autoras y autores, en particular de aquellos que proporcionan una mirada de género, de tal manera que se puedan identificar los elementos que lo componen, así como la intencionalidad de los actores que la promueven y el contexto al que se dirige la formulación de la paz.

Pese a la complejidad que implica fijar teóricamente el concepto de paz, existe una propuesta teórica de comprenderlo a través de dos aristas, la paz positiva y la paz negativa. Al respecto, explica Velásquez (2016) que la diferencia radica en que la paz negativa “es entendida como la ausencia de violencia personal, física y directa, y la paz positiva, definida como la ausencia de violencia indirecta o violencia estructural” (p. 82). Desde este enfoque, la paz negativa implica activar diferentes mecanismos de control (formación de ejércitos, garantía del orden, defensa del territorio) para actuar ante el surgimiento de cualquier conflicto armado, en cambio para la paz positiva se busca la integración y organización de los grupos humanos para favorecer los principios de la convivencia humana.

 De estas dos aristas de la paz podemos identificar como elementos: los mecanismos de control, así como la integración y la organización en la preservación de la paz, que puede ser empleada por un Estado-nación en su territorio. Sin embargo, la aplicabilidad de esta noción está determinada por la perspectiva y los intereses de los gobiernos, así como de sus capacidades y voluntad política.

Por su parte, los resultados de la guerra no derivan en la paz, incluso las guerras actuales, señala Segato (2014): “No se destinan a un término y su meta no es la paz, en cualquiera de sus versiones” (p. 341). La guerra es un proyecto de dominio que se promueve desde los intereses por el control de la economía global, de manera que urge buscar los caminos de la paz y poner todo empeño posible en esto, por el futuro y por el bien de la humanidad. En esto radica la importancia no sólo de la organización social, sino en la construcción e impulso de políticas públicas con sentido humano, con perspectiva de género.

Posterior a la Segunda Guerra mundial, el tema de la paz ha cobrado especial importancia en diferentes eventos de gran envergadura, a nivel mundial, tal es el caso de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en donde se logra reinterpretar mediante el texto del Informe de la conferencia mundial para el examen y la evaluación de los logros del decenio de las naciones unidas para la mujer: igualdad, desarrollo y paz. (1985), el concepto de paz, que se aborda ampliamente y en este breve extracto se explica que: “La paz no se puede conseguir en condiciones de desigualdad económica y sexual, denegación de los derechos humanos básicos y libertades fundamentales, explotación deliberada de grandes sectores de la población, desarrollo desigual de los países y relaciones económicas de explotación” (p. 8).

En esencia, este enfoque de paz se construye fundamentalmente con elementos que deben ser aplicados en el orden estructural, esto implica que la búsqueda de paz no debe afrontarse únicamente desde el control y el orden militar, contrario a ello deben abrirse los caminos al diálogo, a las garantías ciudadanas y el respeto a los Derechos Humanos.

En el cuento infantil ¡Viva la paz! De la autora Isabel Muñoz Martinez se dice que la paz

 es tan importante como el aire que respiramos. No la vemos, pero nos rodea, está en cada gesto, en cada abrazo, en cada mirada y en cada palabra. Nos acompaña a lo largo de la vida. La paz nos da tranquilidad, felicidad y nos da seguridad.

La paz es un bien intangible, un derecho y un deber por el que los seres humanos, especialmente aquellos vulnerables ante la desigualdad social, económica y política han de luchar siempre.

¿Qué hacen le Estados de Colombia y Venezuela por la Paz?

La Nueva Frontera de Paz (Venezuela)

Esta política pública surgida en el año 2015 que inicialmente apuntaba a la construcción de una política integral de frontera y se propuso para construir una nueva frontera de paz, mediante la creación de la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz adscrita al recién creado Ministerio del Poder Popular para Fronteras, dirigido desde hace (08) ocho años por Gerardo Izquierdo Torres, constituyó una esperanza que motivó a las organizaciones sociales a congregarse para aportar en esta construcción, así como al impulso de la Ley Orgánica de Fronteras (2015).

 La dinámica que se produjo en el marco de la Ley Orgánica de Fronteras (2015) que plantea la elaboración de un Plan de desarrollo integral para las áreas fronterizas, es un plan que jamás se presentó, lo cual derivó en una gran desilusión para la población de la frontera y la agudización de una crisis en la frontera que se fortaleció con el cierre del paso fronterizo, así como de medidas de control y militarización como la declaración de Estado de Excepción en varios municipios fronterizos de Táchira y Zulia, cuyo resultado tuvo un impacto negativo considerable en la población debido a la vulneración de derechos, así como en el auge de irregularidades en el flujo de personas, bienes y divisas. (Linares, 2018), y fundamentalmente abuso de poder por parte de funcionarios y funcionarias, los cuales se alternaban con grupos al margen de la ley para el cobro ilegal a las personas que transitaban por las denominadas “trochas” o vías alternas ilegales.

No obstante, con el restablecimiento de las relaciones binacionales entre Venezuela y Colombia, así como la reapertura del paso fronterizo en el año 2023, luego de (07) siete años, existe la expectativa por parte de la población de que se materialicen procesos de integración fronteriza enfocados en fortalecer la paz. Al respecto, el gobierno venezolano ha sido mediador en los diálogos entre el gobierno colombiano y el grupo armado ELN. También, cada vez más se fortalecen las relaciones y acuerdos diplomáticos, lo que significa avances que mejoran, aunque sea lentamente, la situación en la frontera.

La Paz Total (Colombia)

El actual presidente del gobierno colombiano, Gustavo Petro ha impulsado un proceso que define como la paz total, mediante el cual pretende implementar como principio el diálogo, y a pesar de que otros gobiernos precedentes establecieron diferentes mecanismos para trazar rutas de paz y conciliación, desde la perspectiva del gobierno de Petro adquiere un enfoque diferente, de acuerdo con entrevista de El Espectador (Rodríguez, 2022), en donde expresa Susana Muhamad, ministra del ambiente:

La paz total significa crear los espacios desde las regiones y desde los actores que están en esa confrontación para buscar conjuntamente salidas, pero eso necesita garantías, el congreso y la comisión de paz es una garantía, pero también normas en el congreso y el decreto de la presidencia y el gobierno rodeando ese proceso para poder llegar a la salida. (s/n)

A partir de la propuesta de reconfiguración de la Ley de orden público vigente desde 1997, que se modifica por medio del Proyecto de Ley sobre la Paz Total se plantea el impulso de una política de Estado para consolidación de la paz en Colombia, a través de instancias de diálogo y estructuras dedicadas a gestionar todo lo relacionado con el proceso de paz en este país, pero especialmente para que se consolide como un tema transversal en la gestión de gobierno.

En tal sentido, ya se ha iniciado con el proceso mediante los Diálogos Regionales Vinculantes, en sectores priorizados, entre los cuales se encuentra la frontera colombo- venezolana, debido al impacto que han tenido por causa del conflicto armado, de manera que la intencionalidad de este proceso apunta hacia dos aspectos; el primero, acercamiento a las comunidades y sus necesidades; y el segundo, valorar la disposición de los grupos armados que se encuentran en los territorios para buscar salidas al conflicto armado.

Desde la óptica del Presidente Gustavo Petro, un tema en el que se precisa hacer énfasis y prestar especial importancia es en la política antidrogas, cuyo aspecto problemático trae consigo una cadena multifactorial de violencia y afectaciones a la población, especialmente en los territorios donde predominan los negocios ilícitos relacionados con el narcotráfico. Esto implica tocar grandes intereses económicos, hacer frente a toda una maraña organizativa que se enlaza con diversas agencias dispuestas para el delito como la Trata de personas, prostitución forzada, explotación sexual, entre otras.

La paz con perspectiva de género

La población que hace vida en la frontera reconoce que consolidar un proceso de paz y hacerlo desde una visión de integración entre ambos países, es una empresa que trae consigo múltiples dificultades y riesgos, pero al darse los primeros pasos, en el marco del diálogo, implica trascender la visión economicista de resolver la crisis en la frontera; es decir, de superar la postura de que el Estado no cuenta con los recursos para atender la situación en la frontera, para tener una mirada más humana que impacte directamente en la perspectiva de los sujetos sobre su entorno, en las relaciones sociales y en las prácticas, esto implica un proceso con planes a corto, mediano y largo plazo que cuenten con el respaldo institucional, pero fundamentalmente de la organización y el movimiento social.

Constituye una labor urgente precisar y definir los elementos requeridos para configurar la paz en el contexto fronterizo, es menester, en primer lugar, el levantamiento de registro y estadísticas en torno a la situación de violencia, especialmente la violencia de género, además, así como de las condiciones de las mujeres y niñas venezolanas migrantes y sobre las garantías en el acceso a la justicia. En segundo lugar, también es clave revisar el enfoque e intencionalidad de los mecanismos de control y preservación del orden para tener claridad en las funciones correspondientes y garantizar el respeto de los derechos fundamentales. De esta manera, trabajar en la reconfiguración de la estructura social para encaminarse hacia la armonía social, el respeto por el ambiente y la justicia.

Por último, es importante tener presente que para construir la paz se requiere que en el orden social se restablezcan normas básicas de la sociedad mediante la garantía de derechos y de bienestar, es decir, reforzar normativas comunes, que antepongan las necesidades humanas y también crear las organizaciones y espacios necesarios para que se puedan hacer valer los derechos.

Las mujeres en el diálogo y los acuerdos para la paz

Los espacios de diálogo encaminados a la paz constituyen un importante escenario para escuchar la voz de las mujeres, no sólo porque implica un acto no discriminatorio, sino que se hace posible entender mejor lo que se quiere lograr en la construcción de la paz, esto supone crear las condiciones y oportunidades necesarias para decidir en igualdad.

El desconocimiento de las concepciones, incluso de las nociones sobre las realidades de las mujeres y las niñas, así como sobre la teoría de género ha sido elemento clave para crear confusiones y desavenencias innecesarias que determinan la paralización y obstrucción de procesos importantes en la construcción de la paz, tal como sucedió con la campaña en contra, para el plebiscito, que definiría la aprobación o no del acuerdo de paz en Colombia, en el año 2016, en cuyo proceso tuvo éxito la negativa de aprobación debido a la difusión de mitos relacionados con las concepciones de género y su aplicación en el marco del acuerdo de paz.

Asimismo, dentro de las críticas que se han producido a partir de la realización de las mesas de trabajo en el proceso que se desarrolló en La Habana para establecer el acuerdo de paz en 2016 se encuentra el hecho de que sólo participó una mujer. (Botero, 2016). Las mujeres históricamente han sido ubicadas al margen de las decisiones en los procesos de negociación y decisión, esto ha llamado la atención desde instancias internacionales y se ha logrado que se incorporen más mujeres en estos espacios.

Aunque quizá uno de los planteamientos más urgentes que han de tener las mujeres, a la luz de la realidad del contexto que ofrece la violencia en el marco del conflicto armado, tiene que ver con la exigencia de justicia ante los delitos asociados directamente con el ejercicio de la violencia por motivos de género, como es el caso de violencia sexual, pues no se debe incurrir en el error de propiciar la impunidad y obviar la responsabilidad de los culpables de estos delitos.

En todo caso, para que las políticas públicas centradas en una estrategia de paz total desde Colombia, entendida como un continuo conceptual de la paz integral (bandera de lucha de los movimientos de defensa de derechos humanos en Colombia); o de Frontera de Paz como se plantea desde el gobierno de Venezuela, se precisa de generar los espacios de diálogo con una mirada de integración por parte de ambos Estados y de la participación de las mujeres, a partir del reconocimiento de su condición de sujeto social subalterno y especialmente victimizado en el marco del conflicto armado colombiano, y de las dinámicas de erosión del estado de derecho y de las garantías ciudadanas acentuadas en los últimos años de crisis de las relaciones binacionales, de recesión económica en las regiones fronterizas y de recomposición de la guerra por el control del territorio fronterizo como un medio para la acumulación de capital.

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Fuente: La autora escribe para el Portal Otras Voces en Educación

 

 

 

 

 

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La paz con justicia social: un desafío para los pueblos de la frontera colombo- venezolana

Jorge Forero Deja un comentario

Las fronteras se conciben como una construcción social e histórico- geográfica, en cuya estructuración se produce un sistema de relaciones en permanente movimiento, y una dialéctica de integración- desintegración condicionada por dinámicas socioculturales, económicas, políticas y militares. Desde el punto de vista de su metabolismo en relación con el sistema social, las fronteras son áreas nodales que sirven de soporte para la convergencia de flujos (procesos de intercambio de materia, fuerza de trabajo e información) de escales e intensidad variable.

La frontera en su realización concreta en la geografía como espacio fronterizo, es una entidad heterogénea y contradictoria que está determinada por un espectro de relaciones que configuran una territorialización y una espacialización de esas relaciones (está cualidad permite superar el umbral de los conceptos de linealidad fronteriza como hito o límite, o de zonalidad fronteriza como área de seguridad), en las que se producen tensiones divergentes entre las fuerzas centrípetas condicionadas por los poderes estatales y la legislación; y las fuerzas centrífugas de signo multidimensional, vectorizadas por los procesos de acumulación de capital de acuerdo con los diferenciales de desarrollo particulares, por sobre lo político-administrativo y lo jurídico (Forero, 2020).

Estas consideraciones genéricas ponen de manifiesto la naturaleza compleja de los sistemas de relaciones que estructuran y desestructuran las dinámicas de los espacios fronterizos. De igual manera, permiten vislumbrar tanto los modos de desarrollo desigual y combinado que se territorializan y reterritorializan de manera diferenciada en cada espacio fronterizo, incluso con variaciones sustantivas en el devenir histórico (tal y como ha sucedido en la frontera colombo- venezolana en los flujos y reflujos de auge- recesión de las relaciones comerciales, así como en el marco de tensiones políticas que han originado rupturas diplomáticas- comerciales e incluso -desde el año 2015- la instauración de políticas de excepción regionalizadas), como los conflictos explícitos e implícitos localizados en estas áreas nodales en su condición de expresión concreta de intereses económicos y geopolíticos.

Por tanto, pensar en las dinámicas de las fronteras en el contexto de las turbulencias sistémicas del tiempo histórico actual, nos remite a una espacialidad geográfica signada por la presencia de conflictos con formas y contenidos heterogéneos, entre las que sobresalen por su incidencia en las relaciones de poder: las guerras de posiciones implementadas por potencias imperialistas y emergentes en su interés de preservar, recuperar o ganar áreas de influencia (Ceceña, 2023); las renovadas guerras comerciales devenidas en los últimos años que han desencadenado un cambio del metabolismo en el sistema- mundo al revertir de manera parcial las corrientes de globalización de los mercados, las finanzas y las cadenas de valor (Roberts, 2022); y por supuesto, las confrontaciones bélicas de mediana y alta intensidad que emplean a los territorios fronterizos como objetos de guerra y teatros de operaciones que se corresponden con intereses geopolíticos (Forero, 2017).

Tal conflictividad de carácter sistémico, está determinada por dos funciones estratégicas de los espacios fronterizos para la configuración de la geografía del poder a escala mundial, las cuales están integradas de manera orgánica con los procesos metabólicos de acumulación de capital formalmente establecidos, y también con las relaciones de fuerza que determinan las posiciones y los flujos- reflujos de los agentes dominantes sobre los poderes estatales formales (tanto los nacionales como los supranacionales), los estados profundos (Deep state) y el haz de factores convergentes en las agencias no gubernamentales y las sociedades civiles transnacionalizadas.

La primera función relaciona a las fronteras como enclaves de intercambio y dispositivos para la expansión de circuitos económicos y con ello para la acumulación de capital a gran escala e intensidad (Harvey, 2007). Su instauración se ejecutó y se legalizó en el marco de las reformas a arquitectura institucional y las normativas del comercio exterior emergentes desde la postguerra y profundizadas en las últimas décadas del siglo XX (precisamente en el marco del auge de la referida globalización), a través de las cuales se desbordó la capacidad- potestad de los poderes estatales para ejercer el dominio y la fiscalización en su jurisdicción sobre los flujos de materia, fuerza de trabajo e información que se desplegaron en el contexto de un nuevo estadio de revolución científica- tecnológica e informacional (Santos, 2001).

La expansión incesante de los flujos y los circuitos de capital es el factor determinante de contradicciones sustantivas que se territorializan en las fronteras, y que determinan el crecimiento exponencial de una lógica de desregularización de las economías, cuyo funcionamiento se soporta en la superexplotación y precarización del factor fuerza de trabajo (a través de maquilas frecuentemente controladas por agentes del crimen organizado), la evasión y la elusión fiscal, la especulación financiera en ámbitos como el monetario y la relación crédito- deuda, la desposesión de bienes comunes mediante el extractivismo, los daños ambientales entendidos como externalidades, por mencionar los más notorios; así como de economías ilegales como la cadena de valor global del narcotráfico, la trata de seres humanos, entre otras actividades ilícitas que están proscritas ante la legislación de las naciones y del derecho internacional, pero en la práctica se insertan en el sistema financiero internacional y por ende con los factores económicos dominantes en el sistema- mundo (Emmerich, 2015).

La segunda función está interconectada y es definida por la primera, ya que está determinada por las contradicciones inmanentes de la lógica del capital, en particular por su necesidad de expansión incesante y sus tendencias hacia la concentración y la maximización de ganancias, lo que deriva en que las fronteras se conviertan en territorios en disputa, ya que se conciben como áreas estratégicas para el control y la influencia política- militar, como un medio o un prerrequisito para instaurar sesgos estratégicos que faciliten la expansión de los circuitos económicos.

La bifurcación de intereses económicos y políticos mediados por la regencia de factores de carácter militar, sean los formales del poder estatal, los irregulares o los híbridos en tiempos de privatización de la guerra y de aparatos offshore para hacer el trabajo sucio (como es el caso del paramilitarismo), permiten encontrar el sentido sistémico de la instauración de regímenes de facto que proscriben el Estado de derecho y erosionan el tejido social en los espacios fronterizos bajo narrativas como la defensa de la seguridad nacional; las guerras contra el terrorismo y el narcotráfico; la doctrina contrainsurgente ; la presunta amenaza que representan los migrantes; e incluso en latitudes como Europa del este, África o el medio oriente prejuicios étnico- religiosos- lingüísticos, a través de lo cual se induce el escalamiento de conflictos de alta, mediana y baja intensidad, mientras se normalizan las dinámicas de violencia multidimensional, de déficit institucional y de ausencia de garantías de derechos para la población.

La naturaleza conflictiva de los sistemas de relaciones de los espacios fronterizos resulta explícita en las realidades sociales del Sur Global (guerras de gran trascendencia geopolítica como las Libia y Siria, así como el escalamiento de guerras irregulares en África denotan está particularidad); pero las fronteras de las formaciones económico- sociales de naciones emergentes y metropolitanas no están exentas de estas tendencias: la guerra de Ucrania, las tensiones en torno a Taiwán, la criminalización de la movilidad humana en el mar mediterráneo y el tránsito de Centroamérica y Norteamérica, expresan la racionalidad de un orden social que por una parte ha fomentado la circulación de mercancías, y por otra parte proscribe los derechos humanos fundamentales de población migrante con necesidad de protección internacional .

Esta racionalidad ha producido la generalización de prácticas atroces para controlar los flujos de movilidad humana, tales como la tercerización de la gestión de las migraciones a través de campamentos inhumanos (una práctica empleada por la Unión Europea, en la que se subcontrata a países terceros para la mitigación de los flujos migratorios ), o la cacería de “ilegales” en la frontera sur de los Estados Unidos , las cuales se ejercen bajo una concepción de las fronteras como áreas y linealidades para la desregulación del Estado de derecho, como objetos de contención y de manera simultánea como dispositivos de marginación y de violencia estructural.

El panorama sistémico demuestra que la guerra en su acepción multidimensional, domina los sistemas de relaciones de los espacios fronterizos (sea por medio de la fuerza política- militar o de la agresión y las hostilidades financieras, comerciales, diplomáticas e incluso las culturales- simbólicas), como un mecanismo para la expansión de los mercados, las cadenas de valor y de suministro -los sistemas logísticos en general-, y los flujos financieros, con el propósito de imponer desde los centros metropolitanos una lógica de relaciones de acumulación por desposesión y de transferencia de rentas a través de la apropiación- explotación (intensiva) de los recursos del territorio y de la fuerza de trabajo.

Estas tendencias sistémicas se han acentuado en las últimas décadas, en gran medida por la corriente de políticas de excepción respecto al derecho internacional inauguradas en el marco de la invasión a Iraq a principios de siglo (bajo la doctrina de guerras preventivas y de una pretendida cruzada contra el terrorismo), así como del unilateralismo estadounidense para imponer tratados de libre comercio imperialistas y megaproyectos de posicionamiento político- militar de esencia neocolonial y contrainsurgente como el denominado Plan Colombia (bajo el pretexto de la presunta guerra contra las drogas).

Con base en esa racionalidad, la guerra se ha erigido como la narrativa fundamental de las acciones estratégicas de los centros de poder, guerra y capital son indisolubles en el mundo de hoy. Las diversas formas de guerra se conciben como el propósito y el instrumento para preservar el orden social regente y el metabolismo de los procesos de acumulación y reproducción ampliada de capital. Mientras tanto, a la luz de los hechos, los resultados de las guerras contra el terrorismo y las drogas más bien han exacerbado esos problemas en el mundo, y la subyacente guerra contrainsurgente como estandarte de civilización (orden y progreso) de las clases dominantes, ha ahogado en sangre y terrorismo de Estado a los pueblos.

En ese marco, es preciso insistir en que los espacios fronterizos se han convertido en eslabones fundamentales -por su carácter permeable- de los procesos de reconfiguración de las relaciones de poder económico- financiero, político y militar. Basta con visualizar los impactos de la guerra contra las drogas y de la doctrina contrainsurgente en las fronteras de Colombia con Venezuela y Ecuador, para poner en evidencia que esas estrategias han redundado en que estos territorios se hayan transformado en áreas nodales de la guerra y ¿paradójicamente? en enclaves de la cadena global de valor de la cocaína.

Precisamente esa doctrina contrainsurgente es la variable que explica la paradoja que conlleva a criminalizar a las regiones periféricas y las comunidades rurales, así como a la fuerza de trabajo vinculada con la producción de materias primas (mientras permite el flujo de las cadenas de suministro y los sistemas logísticos para que estas sustancias prohibidas lleguen al norte global), y que por la vía de la fuerza determina hechos de violencia cruenta, de desplazamientos forzosos y de saqueo de recursos y despojo de tierras; y de manera simultánea, genera torrentes de plusvalía para los agentes que controlan las cadenas de circulación y de consumo a gran escala de esta industria de esencia criminal pero integrada orgánicamente con el sistema financiero y los estamentos políticos del poder sobre el Estado -los formales y los informales- (Emmerich, 2015).

Las fronteras se configuran entonces como soporte material e instrumento de estrategias de guerra implementadas e instauradas por los centros de poder. El reconocimiento de esta realidad es el primer paso para pensar en la utopía necesaria de construcción de una nueva racionalidad (desde los pueblos) en los sistemas de relaciones que constituyen y estructuran a los espacios fronterizos, a partir de la premisa de que ninguna realidad es inmutable y que la humanidad en sociedad tiene la potencia para transformar esa tendencia histórica y esa lógica sistémica.

Pensar en fronteras para la paz y luchar por ese objetivo significa una acción subversiva respecto al orden social regente, en la medida en que se plantea como una contradicción antagónica de la racionalidad dominante. Aún en las circunstancias más complejas, como las experimentadas en las regiones de la frontera colombo- venezolana en los últimos años, los pueblos son capaces de tejer estrategias de resistencia para establecer canales de comunicación y dinámicas de integración en contravía a las imposiciones de los poderes estatales y de las adversidades de la crisis sanitaria devenida en el marco de la pandemia del coronavirus; para fortalecer vínculos de amistad y solidaridad que permitan amparar a personas con necesidad de protección internacional (con canales de información para alertas y redes de resguardo de víctimas); y en esencia, para defender la alegría como una trinchera y para defender el derecho de vivir en paz.

La verdad y la memoria también son estandartes de esa construcción de paz. Mientras se escriben estas líneas se ejecuta en localidades de la frontera colombo- venezolana la búsqueda de personas desaparecidas por parte de familiares de las víctimas de estos hechos aberrantes, defensores de derechos humanos y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y se produjo el hallazgo de los hornos del horror paramilitar en plena linealidad fronteriza, en Juan Frío del departamento de Norte de Santander, en los cuales los paramilitares incineraron seres humanos con total impunidad, en el marco histórico de un discurso negacionista de tales hechos por parte de los gobiernos de Álvaro Uribe (apologista de la guerra que fungía como presidente de la República en el momento de la perpetración de tan abominables crímenes), Juan Manuel Santos e Iván Duque ; la pusilanimidad de la fuerza pública y del sistema de justicia, la complicidad implícita en un pacto de silencio y omisión por parte de los sectores dominantes de los medios de comunicación de Colombia, y una actuación tímida de la comunidad internacional.

Pese a todo, la paz sigue en el horizonte de la conciencia de los pueblos como una aspiración esencial. Por supuesto, no se trata de la pax imperialista, la evocación estadounidense de pax romana en la que no hay paz y mucho menos justicia social; tampoco la paz como una quimera de abolición de los conflictos, ya que estos son constitutivos e inherentes de la condición humana; sino la paz como una práctica social y una realización humana imperfecta, compleja y conflictiva . Ese es el desafío en el tiempo histórico actual, construir un devenir histórico de paz con justicia social.

En ese sentido, los pueblos de las regiones fronterizas -como víctimas de la guerra y como agentes de resistencia a los factores de poder que imponen esas guerras- deben ser interlocutores de los poderes estatales, porque la paz es una construcción colectiva que se origina en torno a consensos y corresponsabilidad. Por tal motivo, se coincide con Muñoz (2004) en afirmar que la paz se corresponde con “todas aquellas realidades en las que se regulan pacíficamente los conflictos, en las que se satisfacen al máximo las necesidades y los objetivos de los actores implicados”. (p. 30).

La paz no se decreta, y está comprobado que no es suficiente firmarla. La paz tampoco significa o se restringe únicamente la reducción de la violencia, sino más bien es como plantea el precitado Muñoz: una plataforma, un punto de encuentro de las sociedades para la transformación o gestión pacífica de los conflictos y la búsqueda de equilibrios dinámicos, para que estos conflictos puedan ser procesados mediante el diálogo y tramitados de manera creativa en atención de la satisfacción de necesidades y la garantía de derechos de la población.

Referencias

 Ceceña, Ana (2023). Las guerras del siglo XXI. En: Las guerras del siglo XXI / Ana Esther Ceceña, [et al.]; Coordinación general de Ana Esther Ceceña. – 1a ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Económicas; Ciudad de México: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica; Ciudad de México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2023.

 Emmerich, Norberto (2015). Geopolítica del narcotráfico en América Latina. Instituto de Administración Pública del Estado de México, A.C. Toluca.

 Forero, Jorge (2020). “Crisis en la frontera colombo-venezolana: Derechos Humanos, migraciones y conflicto geopolítico”. Publicación: Espiral: Revista de Geografías y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Mayor de San Marcos. 2(3), 2018. 005–014. https://doi.org/10.15381/espiral.v2i3.18447

 Forero, Jorge (2017). ¿Las fronteras como espacios de crisis, o la crisis sin fronteras? Una lectura crítica de la coyuntura 2015-2016 en frontera colombo-venezolana. Revista Intelector. v. 14 n. 28 (2017): 47–60. ISSN 1807-1260 – [CENEGRI]. https://doi.org/10.26556/1807-1260.v14.n28.p.47-60.2017

 Harvey, David (2007). El nuevo imperialismo. Akal, 2da Edición. Madrid

 Muñoz, Francisco (2004). La paz. En B. Molina & F. Muñoz (Coords.), Manual de paz y conflictos (pp. 21−42). Instituto de la Paz y los conflictos. Disponible en: http://ipaz.ugr.es/wpcontent/files/publicaciones/ColeccionEirene/eirene_manual/La_Paz.pdf

 Muñoz, Francisco A.; Herrera, Joaquín; Molina, Beatriz & Sánchez, Sebastián (2005). Investigación de la Paz y los Derechos Humanos desde Andalucía. Granada: Universidad de Granada. Disponible en: http://www.ugr.es/~fmunoz/documentos/pazddhhand.pdf

 Roberts, Michael (2022). ¿Ha terminado la globalización?. Disponible en: https://www.sinpermiso.info/textos/ha-terminado-la-globalizacion

 Santos, Milton (2001). La naturaleza del espacio. Ariel, Madrid.

 

Fuente: El autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

 

 

 

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OBU: Déficit presupuestario de las instituciones de educación superior autónomas supera el 90% #3Nov. Venezuela

Rose Mary Hernández Román Deja un comentario

Observatorio de Universidades (OBU) aseguró que el déficit presupuestario de las instituciones de educación superior autónomas y experimentales en Venezuela supera el 90%.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), OBU señaló que esta deficiencia presupuestaria limita en grado sus funciones esenciales de docencia, investigación y extensión.

“El déficit presupuestario de las instituciones de educación superior autónomas y experimentales supera el 90%, lo que limita en grado sumo sus funciones esenciales de docencia, investigación y extensión. Además, limita los gastos de seguridad e infraestructura”, expresaron.

https://twitter.com/OBUVenezuela/status/1719467782788829211/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1719467782788829211%7Ctwgr%5E668d6fb75b05a0d69e6a748073a6e9169c3e157c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elimpulso.com%2F%3Fp%3D1163789

También recordaron que la delincuencia ha dejado a las instituciones de educación superior desmanteladas.

“El deterioro de las infraestructuras está entre las principales preocupaciones de la población universitaria. La delincuencia ha dejado a las instituciones de educación superior desmanteladas y con muy bajas condiciones para impartir y recibir clases”, destacaron.

Por último, precisaron que el 59% de los profesores y el 67% de los estudiantes temen ser robados dentro de los recintos universitarios.

“Las denuncias por robos y hurtos en las universidades se intensificaron tras la pandemia del COVID-19 y persisten luego de esta. El 59% de los profesores y el 67% de los estudiantes temen ser robados dentro de los recintos universitarios, de acuerdo a los datos de la #Enobu2021”, refirió OBU.

Fuente: https://www.elimpulso.com/2023/11/03/obu-deficit-presupuestario-de-las-instituciones-de-educacion-superior-autonomas-supera-el-90-3nov/

 

 

 

 

 

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