El Ministerio de Educación ha publicado un proyecto de directriz diseñado para proteger a los menores del acoso sexual, la agresión y el acoso en las escuelas primarias y secundarias y ha pedido a las escuelas que adopten un enfoque de tolerancia cero ante tales incidentes.
La regulación detallada sobre la protección de menores en las escuelas también prohíbe las relaciones románticas o sexuales entre profesores y estudiantes. Prohíbe a los maestros abusar sexualmente, dar sugerencias sexuales verbales o físicas y mostrar materiales obscenos a los estudiantes.
La guía, publicada el martes, está abierta a comentarios públicos hasta el 23 de abril.
Las escuelas deben llevar a cabo una educación rutinaria contra la agresión sexual para los estudiantes y sus padres con el fin de mejorar la conciencia de los estudiantes y sus capacidades de autoprotección, dijo.
Los maestros deben intervenir de inmediato y evitar que los estudiantes intimiden a otros a través de agresiones físicas o verbales, den apodos insultantes, dañen la propiedad de otros, aíslen a los compañeros de clase y difundan rumores, según la directriz.
Deben informar los casos de acoso escolar a las autoridades escolares, quienes deben iniciar una investigación y castigar a los culpables si se verifican las acusaciones.
Las escuelas no deben ocultar incidentes graves de acoso escolar y deben denunciarlos a la policía local y a las autoridades educativas. Cuando los casos de intimidación involucran a estudiantes en diferentes escuelas, las autoridades educativas locales deben iniciar una investigación, dijo.
Deben realizar verificaciones de antecedentes rigurosas y revisiones anuales de los profesores, voluntarios y trabajadores sociales para determinar si son aptos para trabajar con menores. Las autoridades educativas deben trabajar con otros departamentos para mejorar una lista negra de los que tienen prohibido ser maestros y hacer que la lista sea más accesible.
Los maestros que hayan recibido sanciones penales o administrativas debido a la prostitución, el abuso sexual, el uso de drogas y el juego deben ser despedidos, y aquellos que tengan antecedentes de abuso de alcohol o medicamentos psiquiátricos deben recibir evaluaciones psicológicas para determinar si son adecuados para su trabajo.
El borrador de la directriz también requiere que los maestros traten a todos los estudiantes por igual y les prohíbe discriminar a los estudiantes en base a sus condiciones familiares o las profesiones o antecedentes educativos de sus padres.
Xiong Bingqi, director del Instituto de Investigación de Educación 21st Century en Beijing, dijo que la directriz ayudará a eliminar las áreas grises en las relaciones entre maestros y estudiantes al prohibir todas las interacciones románticas entre maestros y estudiantes menores.
Anteriormente, el ministerio solo prohibía las relaciones inapropiadas entre estudiantes y maestros, pero no definía lo que se consideraba inapropiado, dejando espacio para que los maestros acosaran sexualmente a los estudiantes menores de 18 años con el pretexto de estar involucrados en una relación romántica, dijo. La edad de consentimiento en China es de 14 años.
«Se debería prohibir cualquier relación romántica entre estudiantes y profesores, ya que no están en igualdad de condiciones», dijo Xiong.
Los maestros podrían explotar su autoridad sobre los estudiantes y obligarlos a entablar relaciones con ellos, y los estudiantes también podrían aprovechar esas relaciones para obtener un mejor trato que sus compañeros, por lo que las universidades también deberían prohibir tales relaciones.
El Ministerio de Educación de China comenzó este martes a solicitar la opinión pública sobre un proyecto de reglamento para mejorar la protección de los menores en las escuelas.
Los centros educativos deben adoptar una actitud de tolerancia cero a la intimidación, el abuso y el acoso sexuales contra los estudiantes, según el documento.
El proyecto también exige que las escuelas examinen los antecedentes penales de los candidatos antes de emplear a profesores o aceptar voluntarios y trabajadores sociales en los campus.
Tras señalar que los centros docentes están obligados a proteger la seguridad de los estudiantes en los campus, el documento hace hincapié en que las escuelas tienen prohibido organizar a sus alumnos para participar en rescates de emergencia, alivio de desastres o actividades comerciales.
En marzo de 2011 los jordanos salieron a la calle para pedir reformas políticas y económicas. Diez años después de las Primaveras Árabes, las promesas reformistas no se han cumplido, el país se halla en una crisis económica y social y la solución parece consistir en más represión.
El arresto el pasado 3 de abril del hermano del rey Abdalá II, el príncipe Hamza, acusado de conspirar para derrocar a su hermano, ha sido el último episodio de la creciente ola represiva que surca el reino hachemita, tanto que los jordanos han tenido que informarse en la prensa internacional para conocer lo que estaba sucediendo en su país.
El llamativo suceso ha hecho olvidar que el pasado 24 de marzo se cumplieron diez años de las protestas de la Primavera Árabe en Jordania. La celebración del aniversario fue abortada por las autoridades, que durante todo el día desplegaron numerosos efectivos en distintas partes de Ammán, impidiendo la concentración de ciudadanos y deteniendo a más de cien personas, que fueron liberadas en los días posteriores.
En 2011 los movimientos ciudadanos pedían reformas que incluían un Parlamento representativo, un gobierno elegido en las urnas, reformas constitucionales, persecución de la corrupción, la reforma del sistema impositivo, rebajar la presión del aparato de seguridad y trabajar por la unidad nacional. El rey Abdulá II prometió trabajar por la implementación de estas reformas, pero cayeron en saco roto, como viene siendo habitual. Diez años después, ninguna de estas promesas se ha cumplido: no hay reforma de las instituciones políticas, la corrupción continúa rampante, el aparato de seguridad ha incrementado su poder y el espacio cívico está totalmente limitado.
Foto: Mercado en la ciudad antigua de Ammán. (Artur Widak/NurPhoto via Getty Images)
Más allá del coronavirus
La pandemia de coronavirus ha afectado gravemente a Jordania, que registra más de 627.000 casos confirmados y más de 7.100 fallecimientos desde marzo de 2020, mientras que apenas el 2,9% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Según el FMI, la economía jordana se contrajo un 3% durante 2020, el déficit presupuestario creció un 106% y los ingresos descendieron un 9,3%. Mientras, el desempleo ha alcanzado el 24,7% de la población activa a finales de 2020 y el Banco Mundial estima en un 27% más el número de jordanos que viven bajo el umbral de la pobreza.
Sin embargo, estos indicadores económicos negativos no tienen su origen en la pandemia, sino que son parte estructural de la economía jordana, principalmente importadora, basada en el sector servicios y el turismo, una débil industria centrada en la exportación, con bajo rendimiento del sector agrícola y dependiente de las rentas procedentes de la ayuda internacional y las remesas.
Un claro ejemplo son los presupuestos anuales de 2021, que permiten vislumbrar las carencias sistémicas, como un anticipo del déficit presupuestario en 2.600 millones de dinares jordanos (3.118,5 millones de euros). El Gobierno prevé recolectar el 76% de los ingresos a través del sistema impositivo (principalmente del sector privado) y estima destinar la mayor parte del gasto público al aparato civil (24,5%), Ejército y seguridad (27,5%), deuda pública (15%), prestaciones por jubilación y compensaciones (16%) y apenas un 5% en asistencia a los más vulnerables, salud, educación o subsidios. Dada la precaria situación que gran parte del comercio minorista y de sectores como la restauración atraviesa, las previsiones de ingresos pueden cambiar a la baja. Las reformas del sector impositivo no han surtido el efecto deseado y medidas como el recorte del sector público, necesario ante la imposibilidad de hallar nuevas fuentes de ingresos, se ven impedidas por el uso del sector público como moneda de cambio para comprar lealtades y favores, particularmente en la relación con los principales grupos tribales. Asimismo, en los últimos años la inversión directa extranjera también ha descendido en más de un 50%, debido al deterioro de la seguridad nacional y regional y la dificultad de hacer negocios debido a las trabas burocráticas, imposibilitando el desarrollo de proyectos de infraestructura y energía. Finalmente, la baja inflación demuestra el escaso poder de compra de los ciudadanos e impacta negativamente sobre la recuperación económica.
El alto nivel de desempleo está directamente relacionado con los sectores productivos de la economía, aunque no refleja el desempleo real. La mitad de la población jordana trabaja en el sector informal, por lo que es muy vulnerable a la pérdida de trabajo, y a la ausencia de un sistema de seguridad social efectivo que proteja a los desempleados e incentive el alta en el mismo, pero se resiste a ser regulado. Por otra parte, la dependencia externa lastra a la economía jordana de forma catastrófica, pues tanto su energía como su seguridad alimentaria están sujetas a la importación de productos como hidrocarburos, cereales, azúcar o carnes, muchos de ellos subsidiados hasta hace poco, suponiendo un gasto desorbitado par las arcas públicas.
Foto: Un grupo de personas en Ammán reciben la vacuna de covid19. (Jordan Pix/Getty Images)
Finalmente, los jordanos son cada vez más conscientes de la corrupción generalizada en el país. Según el último Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional, Jordania figura como el 60 país menos corrupto a nivel global, pero el 55% de los jordanos consideraba en 2019 que la corrupción había aumentado durante el último año. La pandemia no ha hecho sino empeorar esta percepción, tal y como atestigua el enfado generado por la negligencia que causó la muerte de nueve pacientes en un hospital público por falta de oxígeno.
Inmovilismo político y aumento de la represión
Pese a las promesas de reforma política y económica, lo cierto es que el espacio político jordano se ha reducido desde 2011. La vigilancia sobre la discusión pública ha aumentado y con ello las dificultades de discutir sobre reformas democráticas. Se da una cierta tendencia inmovilista. Un ejemplo de esta persecución es el caso de los Hermanos Musulmanes. Aprovechando divisiones internas, el Gobierno reconoció en 2015 a la nueva organización disidente Sociedad de los Hermanos Musulmanes, leal al régimen, como legítima, y ordenó la disolución de los Hermanos Musulmanes originales, alegando que esta última no cumplía con la ley de partidos políticos. Pese a que recurrieron dicha decisión judicialmente, el Tribunal de Casación sentenció en julio de 2020 que la organización era ilegal y debía ser disuelta, aunque se trata de una decisión política influenciada por las presiones de países como Emiratos Árabes Unidos y su cruzada regional contra la hermandad.
El aparato de seguridad ha acaparado cada vez más espacio de acción y decisión a todos los niveles. A través de instrumentos legales como la Ley de Prensa y Publicaciones, la Ley contra el Cibercrimen o la Ley antiterrorista se ha criminalizado a periodistas y autores por expresar sus opiniones o, simplemente, compartir información en redes sociales. “La libertad de prensa está en su punto más bajo en muchos años, tanto en términos de autocensura como de temas que la prensa local ya no cubre”, apunta Adam Coogle, director adjunto de la división de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.
Durante los últimos años no solo ha habido un aumento notable de la represión y la censura contra periodistas, activistas, dibujantes e, incluso, diputados, sino también del ciberespacio a través de la disrupción de redes sociales y de la conectividad como herramienta de gestión de las movilizaciones sociales. “En los últimos siete u ocho años ha habido una creciente oposición desde el Gobierno a Internet y la creencia de que este medio tiene que ser limitado y regulado”, apunta Issa Mahasneh, director ejecutivo de la Asociación Jordana de Código Abierto (JOSA, por sus siglas en inglés). Esta tendencia, que comenzó durante las protestas contra la austeridad de 2018, se ha afianzado. “Desafortunadamente, esto es algo recurrente. La gente ya espera, cada vez que hay una gran manifestación, que Facebook Live se vuelva inaccesible para sus usuarios”, señala Mahasneh. Desde JOSA reclaman mayor transparencia por parte de las autoridades respecto a estas disrupciones, cuya causa se niegan a explicar. En la actualidad, no existe base legal que justifique a las autoridades jordanas bloquear el acceso a determinadas aplicaciones sociales, ya que la única institución capacitada para bloquear la Red es la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones y para ello necesita una orden judicial amparada por la legislación vigente, tal y como sucede en el caso de los medios de comunicación online, cuyo bloqueo está respaldado por la ley de Prensa y Publicaciones. “El Gobierno insiste en que este es un país gobernado por el Estado de derecho. Este es el argumento que le lanzamos al gobierno: ‘De acuerdo. Si lo somos, muéstranos el respaldo legal detrás de este bloqueo’”, señala Raya Sharbain, gestora de programas de JOSA.
La pandemia ha retirado el velo sobre la creciente militarización de la vida pública que vive el país, que cada vez se asemeja más a algunos de sus vecinos. En marzo de 2020, el Gobierno aprobó una Ley de Defensa como medida excepcional para hacer frente a la pandemia. Un año después, esta norma, que otorga amplios poderes al primer ministro para gobernar por decreto, sigue vigente. Hasta la fecha se han publicado 27 de estos decretos, que en muchos casos están redactados en términos muy ambiguos, lo que permite perseguir penalmente a aquellos ciudadanos que compartan determinadas informaciones que “extiendan el pánico”. Esta tendencia ha acrecentado la represión durante la pandemia, que ha ofrecido episodios como la prohibición del sindicato de profesores y la detención y sentencia de sus líderes bajo cargos fabricados. “No se trata de nada nuevo. Simplemente, han ido más lejos que antes. Esto no es un producto de la legislación de emergencia, todo se ha hecho utilizando la legislación existente fuera de la pandemia”, apunta Coogle.
“Golpe de Estado” y golpe de efecto antidemocrático
Pese a que las autoridades militares negaron públicamente el arresto de Hamza, el vídeo filtrado a la BBC por el propio príncipe reconociendo estar bajo arresto domiciliario e incomunicado y un audio que ha sido posteriormente filtrado en redes sociales donde se escucha al jefe de las fuerzas armadas advertirle sobre sus actividades y al príncipe expulsándole de su domicilio, contradicen la narrativa oficial. En el vídeo Hamza arremetió contra la incompetencia y corrupción de los gobernantes y la creciente represión en el país, recogiendo así las reclamaciones de las últimas protestas. Además de él, también fue arrestado Bassem Awadallah, antiguo asesor del rey Abdalá y cercano a Mohammad Bin Salman, lo que ha avivado los rumores de la implicación saudí en la supuesta desestabilización.
Las autoridades han buscado vincular Hamza a la figura de Awadallah con el objetivo de desacreditar al primero frente a la población, pero el resultado ha sido el opuesto. El Gobierno no se ha referido a los sucesos como “golpe de Estado” sino como “acciones desestabilizadoras”, con conexiones internacionales hasta ahora desconocidas. Pero son muchos los jordanos que cuestionan la veracidad de lo ocurrido o al menos creen que les están ocultando una parte de lo sucedido, hecho que queda demostrado por la prohibición impuesta a los medios de informar sobre esta cuestión. Lo que sí está confirmado es el triste precedente que este suceso ha sentado en el país, y aunque el propio Hamza ha movido ficha declarando públicamente su lealtad al rey, la cuestión está lejos de haberse resuelto. En cualquier caso, su consecuencia más palpable será el aumento, aún más si cabe, de la vigilancia y la represión.
A diez años de la Primavera Árabe, la esperanza reformista parece haber pasado de largo por Jordania. La falta de democracia y participación de la sociedad civil, la corrupción rampante, el creciente desempleo y escaso crecimiento económico, la creciente represión y militarización de la vida pública no hacen presagiar avances. Después de la pandemia, a las autoridades jordanas se les acaban los chivos expiatorios para continuar posponiendo unas reformas tan necesarias que, de no ser implementadas, acabarán fagocitando al propio sistema.
En 1947, el general Aung San, líder de la lucha por la independencia birmana contra los colonizadores británicos –padre de la carismática premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi- firmaba un acuerdo con los líderes de las tres principales etnias del país, pero lejos de poner las bases para la convivencia de las 135 etnias reconocidas oficialmente por el estado, iniciaron una sucesión de conflictos armados que han llegado hasta nuestros días.
A pesar de las férreas dictaduras militares que han dirigido Myanmar –como se denomina oficialmente el país desde 1989-, el grupo mayoritario, un 70 % de la población, los bamar, de confesión budista, que ocupan la mayor parte de la administración, el ejército –denominado Tatmadaw- y el gobierno –que a menudo ha sido lo mismo-, no han conseguido doblegar a los pueblos más combativos, que ocupan las zonas fronterizas más ricas en recursos naturales, y que se han visto marginadas por el poder a lo largo de la historia del país asiático.
Los Shan, que forman el segundo grupo étnico, pero también los Kachim, Arakan, Zomi, Chin y Wa, crearon sus propios ejércitos de liberación nacional y organizaciones políticas de muy variada orientación, aunque los más persistentes en la lucha, desde 1948, han sido los Karen, a través de la Unión Nacional Karen (KNU), reacios a los múltiple e inestables acuerdos de paz a los que han sido forzados los sucesivos gobiernos birmanos.
A la cuestión étnica se le añadió, en 2012, un conflicto religioso entre los rakhine, budistas, y una minoría musulmana, los rohingyas, no reconocida como etnia oficial, y que ni siquiera el gobierno de la Liga Nacional por la Democracia, que lideró el país desde 2015, de Aung San Suu Kyi, y que ha derivado en una catástrofe humanitaria que muchos analistas han calificado abiertamente como genocidio.
El estado Karen está separado de la vecina Tailandia por varios ríos que crean una frontera natural, aunque fácilmente franqueable, y la densidad de sus bosques ofrece un buen refugio natural a la guerrilla que lucha por la autodeterminación de los Karen, para los que una solución federal, como la propuesta en el acuerdo de Panglong de 1947 es cada vez menos viable.
Los Karen son el tercer grupo étnico del país, y su movimiento de resistencia está dividido en varios grupos, el principal es el Ejército de Liberación Karen (KNLA), brazo militar del KNU, de mayoría cristiana, y una escisión surgida en 1994, el Ejército Budista de Karen Democrática (DBKA), obviamente de esa confesión religiosa.
Han sido frecuentes las alianzas entre los grupos insurgentes, en 2010 la KNU firmó un acuerdo con el Partido Progresista Nacional Karenni (KNPP), el Frente Nacional Chin (CNF), la Organización para la Independencia de Kachin (KIO), el Partido Nuevo Estado de Mon (NMSP), y el Ejército del Norte del Estado de Shan (SSA-N), aunque tampoco han faltado enfrentamientos puntuales entre ellos, como los que enfrentó a los Mon con los Karen. En 2015 la KNU también firmó un Acuerdo Nacional de Cesación de Fuego, junto a ocho grupos armados, con la llegada del proceso democratizador.
Desde el 1 de febrero de este año en curso, los militares han vuelto a tomar el control total del país, reprimiendo sangrientamente las manifestaciones de protesta –se habla ya de más de 600 muertos- después de que las urnas le dieran masivamente la espalda en el noviembre pasado, otorgándole la victoria a la Liga Nacional por la Democracia. Esto ha motivado que las tensiones entre el KNU y otros grupos insurgentes hayan aumentado a raíz del golpe de estado.
El 27 de marzo una brigada del KNLA tomó una base del ejército birmano en la frontera con Tailandia, lo que provocó el bombardeo aéreo de varias aldeas karen, lo que hace temer que la actual crisis birmana pueda derivar en un conflicto abierto con las guerrillas que, como esta, ya han mostrado su apoyo al movimiento de desobediencia civica y a las protestas de Rangún. El temor a nuevos bombardeos ha llevado a que más de 10.000 karen huyeran de sus pueblos y se escondieran en la selva, mientras que alrededor de 3.000, según la ONG Human Rights Watch, han buscado refugio en la vecina Tailandia.
85 organizaciones de la sociedad civil karen emitieron un comunicado el 14 de febrero, pidiendo a todos los grupos armados Karen, el KNU/KNLA, el Ejército Benevolente Democrático Karen (DKBA), al Consejo de Paz y la Fuerza de la Guardia Fronteriza de Karen, a no cooperar con el líderes golpistas militares. Saw Thuebee, portavoz de la alianza de la sociedad civil, dijo que su carta es un llamado a una posición unida entre los grupos armados karen.
“Queremos que todos los grupos armados karen se unan para proteger a la gente. Este es el momento para que trabajen juntos y con otros grupos de alianzas étnicas, fuerzas democráticas y la comunidad internacional. Esto conducirá a cambios significativos en la situación política del país y para el establecimiento de la autodeterminación”.
Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/los-karen-en-la-encrucijada-birmana/
Aunque diez años puedan parecer poco y la sensación sea de que pasaron en un parpadeo, la última década ha cambiado el mundo completamente. Ha cambiado Oriente Próximo y ha cambiado Siria. De la república que con Abdallah Dardari quiso abrirse a una economía de mercado con importante inversión social ya solo queda un recuerdo, y es que el fragor de la guerra y la agresión exterior han forzado al joven Estado a volver a viejos modelos menos experimentales, a reinventar constantemente su economía y, con ello, su forma de hacer la guerra.
Si bien la guerra en Siria es un drama que ha arrasado con una generación, a menudo despoblando localidades enteras –medio millón de muertos es una cifra triste y dolorosa porque son medio millón de historias silenciadas a golpe de bala, cuchillo y artillería–, lo que realmente ha hecho daño al Estado sirio no son los muertos, sino la fuga de capitales y el expolio de sus infraestructuras y sus recursos.
La auténtica guerra a la que todavía tiene que hacer frente Siria –aunque la mayoría de los frentes hayan desaparecido o se hayan calmado–, es a la de la supervivencia económica. De ser un país que exportaba producto agrícola, en el primer lustro de la guerra Siria llegó a tener un déficit de casi un millón de toneladas en la producción de grano. Las rutas de suministro interno estaban tan amenazadas, cuando no destruidas, por los frentes que resultaba más barato importar del Mar Negro que llevar grano de Hasaka a Damasco. Del mismo modo, la capacidad de guardar cereales cayó de siete millones de toneladas a poco más de tres. Esta problemática se dio también con la fruta e incluso con la escasez de carne, hasta tal punto que en Siria ya prácticamente no quedan camellos. Y así llegó la inseguridad alimentaria que en 2021 se ha agravado aun más, fruto de las sanciones que impiden el desarrollo de Siria para que las zonas pacificadas puedan volver al estándar de vida pre-2011.
La guerra moderna es salvaje, es cruel, y el daño ya no se hace masacrando a ejércitos con soldados que se cuentan por miles, sino destruyendo la economía y el abastecimiento del enemigo.
Además de los alimentos, otro objetivo de quienes querían destruir el Estado sirio han sido las infraestructuras en general y la industria en concreto. Por todos es conocido que EE.UU. y Turquía se están enriqueciendo con el petróleo sirio aun y cuando las sanciones impuestas por la Unión Europea deberían impedirlo –pero como no son el Estado sirio se les perdona– ya que se impusieron sobre el petróleo en general; sin que se tenga en cuenta quién lo vende. Menos conocida es la desmantelación de la industria siria e incluso de talleres de manufactura por parte de los grupos rebelde-yihadistas. Con ello también se ha perdido a la clase media y su capital, que han huido del país hacia naciones vecinas, países del golfo o Europa. Siria no puede pagar la totalidad de la reconstrucción del país, ni siquiera de ciudades como Kobane o Raqqa destruidas por otros, y para complicarlo aún más, la población está sufriendo cada día más porque también se agotaron los subsidios, además de que las sanciones impuestas contra la república árabe se encargan de impedir que el país pueda prosperar de nuevo.
La guerra económica contra Siria ha sido la más dura de todas las que ha sufrido: militar, propagandística, geopolítica… Pero la víctima no solo está aprendiendo a sobrevivir, sino que también ha interiorizado las claves para atacar. Y en este contexto, en apenas unos días de marzo, Rusia y Siria han hecho a los rebeldes proturcos más daño que la suma de todos los meses anteriores. No ha hecho falta un despliegue militar grandioso, ni una destrucción bíblica. Tampoco han hecho falta ríos de sangre y es que apenas ha habido violencia. Rusia y Siria han decidido destruir la economía y las rutas de suministros de los grupos yihadistas de línea más dura. Para ello, solo han hecho falta aviones.
En apenas unos días, con bombardeos muy concretos, Rusia y Siria han destruido una compañía de gas, varios almacenes, un mercado de petróleo de estraperlo y el lugar en el que se preparaban los camiones que cruzaban el paso fronterizo con Turquía. Han sido pocos ataques, pero estos ataques han liquidado una parte importante de la financiación de Hayat Tahrir al-Sham; el grupo surgido a partir de la primera matriz de al-Qaeda en Siria.
Las operaciones de este tipo, relativamente baratas, relativamente seguras y apenas letales, han logrado romper meses de estancamiento en el conflicto sirio entorno a Idlib. Ha devuelvo al gobierno sirio y aliados una posición favorable que no lo era tanto tras la última campaña de drones turcos en el norte. Así pues, Turquía mediante, a los pocos días se han abierto corredores humanitarios en Idlib y Afrín para permitir el movimiento de personas y el comercio entre territorio rebelde y territorio gubernamental; ignorando las protestas de los sectores más radicales de la oposición integrista en Idlib. Porque aunque grupos abiertamente yihadistas y otros más tímidos, como el Frente de Liberación Nacional, se hayan opuesto abiertamente a la apertura de estos corredores, su acción apenas pasa de publicaciones en redes sociales, ya que saben que no les quedan más opciones para sobrevivir.
La guerra ha cambiado. Si alguna vez tuvieron algo de cierto las historias de heroicidad y batallas épicas, ya no queda nada de aquello. La guerra moderna es salvaje, es cruel, y el daño ya no se hace masacrando a ejércitos con soldados que se cuentan por miles, sino destruyendo la economía y el abastecimiento del enemigo. El campo de batalla se ha tornado un asedio a gran escala.
Fuente e imagen: https://actualidad.rt.com/opinion/alberto-rodriguez-garcia/387831-siria-decada-guerra-economica
La ciudad de Ruili, ubicada en la suroccidental provincia china de Yunnan, suspendió las clases a partir del miércoles e instó a sus residentes a quedarse en casa tras los informes de nuevos casos de COVID-19.
El Gobierno municipal indicó este jueves en una conferencia de prensa que los estudiantes y maestros deben someterse a cuarentena domiciliaria y las clases continuarán mediante plataformas en línea.
El suministro de materiales médicos de la ciudad resulta suficiente, señalaron las autoridades gubernamentales, tras puntualizar que antes del 3 de abril se espera el arribo de equipos de protección personal como mascarillas, trajes y guantes protectores para otros 30 días.
El abastecimiento de los productos de primera necesidad también es estable, afirmó Gong Yunzun, jefe del Partido en la ciudad. Siete grandes supermercados en Ruili tienen la capacidad de satisfacer la demanda durante las próximas dos semanas y sus existencias pueden reponerse en tres días.
Gong señaló que se han organizado servicios de entrega a domicilio para quienes se encuentran en cuarentena domiciliaria en vecindarios de alto riesgo. También se ha instado a otros residentes a quedarse en casa.
La primera ronda de pruebas de ácido nucleico en toda la ciudad fue completado hoy jueves por la mañana. Se recolectaron 309.448 muestras, y los resultados de 105.530 están disponibles.
Sun Jiyuan, un aldeano local, dijo a Xinhua que ahora las vacunas contra la COVID-19 y el material médico, como los cubrebocas y el alcohol, están disponibles en Ruili. Las personas sólo tienen que quedarse en su sitio y evitar las infecciones cruzadas.
Un total de 1.320 contactos cercanos de los casos confirmados o asintomáticos fueron rastreados el jueves por la mañana y están bajo observación médica en ocho hoteles de cuarentena.
La ciudad reportó el miércoles seis nuevos casos de COVID-19 y 23 pacientes asintomáticos, luego de que el martes se notificaran seis casos confirmados.
La ciudad fronteriza con Myanmar ordenó hoy a todos los mercados de comercio de joyas, incluidas las plataformas de transmisión en vivo por internet, que suspendieran su actividad para prevenir y controlar la epidemia.
El Ministerio de Educación dijo que las compañías no deberían ofrecer servicios de videojuegos en línea a ciertas horas
El Ministerio de Educación de China fortalecerá las normas para proteger el sueño de los niños al limitar la educación en línea y los servicios de juegos, dijo la cartera el viernes.
En un comunicado en el sitio en Internet del ministerio, dijo que las compañías de educación en línea no deberían ofrecer cursos transmitidos en vivo para menores después de las 21.00 hora local.
El ministerio también dijo que las compañías no deberían ofrecer servicios de videojuegos en línea para menores entre las 22.00 y las 8.00 hora local.
«Dormir es esencial para promover el desarrollo del cerebro, el crecimiento de los huesos, la protección de la vista, la salud física y mental, y mejorar la capacidad de aprendizaje y la eficiencia de los estudiantes de primaria y secundaria», dijo.
Los inversores han aumentado sus apuestas en el sector de la educación en línea de China, que ha atraído un interés creciente después de que el brote de coronavirus provocó un cambio generalizado al aprendizaje remoto.
Las principales compañías incluyen a GSX, Yuanfudao -que tiene el respaldo de Tencent- y Zuoyebang, que tiene apoyo de Alibaba.
China también ha intensificado sus esfuerzos para regular la industria de videojuegos en línea, citando preocupaciones sobre juegos potencialmente violentos y adictivos, lo que ejerce presión sobre compañías como Tencent y Netease
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