Desde entonces la enseñanza, en particular la pública, vive un verdadero Vía Crucis para evitar la paralización del curso escolar, que el 2 de marzo inició con algunos pendientes de infraestructura, recursos materiales y calidad de la enseñanza, entre otros temas de vieja data.

Módulos docentes, plataformas digitales, materias radiales y televisivas, incluso las redes sociales, se pusieron en función de los estudiantes para evitar que pierdan entrenamiento y conocimiento ante una prolongada suspensión de las clases presenciales.

Sin embargo, todo indica que ese novedoso método de aprendizaje a distancia no acaba de convencer, en especial a muchos padres, quienes ponen en duda su validez y en otros casos aducen la falta de implementos como celulares, tabletas o laptops para que sus hijos asuman la educación a distancia.

Una realidad que a juicio de Julio Escobar, asesor presidencial en Educación, resulta diferente para las escuelas privadas, que agrupan cerca del 15 por ciento del total de los estudiantes del país.

En ese sentido, aseguró que poco más del 75 por ciento de los hogares de estos alumnos cuentan con computadoras y más del 90 por ciento con acceso a internet, según estadísticas de las asociaciones de padres de familia y las instituciones oficiales.

Cifras que contrastan con el sector público, donde el promedio de disponibilidad de computadoras es de apenas el 30 por ciento y en las áreas comarcales no llega al 10 por ciento en general, por lo que las carencias son mayores, precisó Escobar.

Recordó que parte de la estrategia educativa actual es lograr una plataforma virtual como Ester, capaz de mantener las clases a distancia por un largo tiempo, responder a la variedad de la enseñanza en el país e incorporar diferentes soportes técnicos para que los profesores interactúen con los estudiantes.

Una encuesta realizada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales a finales de marzo arrojó que el principal problema que enfrenta hoy el país no es el sanitario, sino la gran desigualdad.

‘Esto quiere decir que el Panamá prepandemia, desigual, individualista y fragmentado, no va amanecer de manera repentina, porque lo necesitamos, como una sociedad que crea comunidades y que está cohesionada’, dijo el politólogo Harry Brown.

Las herramientas que teníamos antes de que llegara el nuevo coronavirus son las mismas que tenemos para enfrentar la situación actual y nadie estaba preparado para esto, aseguró.

El experto se refirió a las diferencias entre las naciones desarrolladas, que cuentan con todas las condiciones para enfrentar los retos de la educación, y las llamadas subdesarrolladas como Panamá, ‘un país a dos velocidades’, donde las oportunidades educativas no son iguales.

‘Dentro de Panamá hay una diferencia de 95 puntos entre los niños ricos y pobres y solo el 11 por ciento de los hogares tiene banda ancha de internet’, acotó Brown, quien consideró que la telefonía celular (más del 90 por ciento) no es suficiente para acceder a la educación virtual.

Por ello consideró necesario cerrar la brecha digital con un enfoque de derecho humano, entregar textos en las zonas y hogares que no podrán conectarse a internet en corto plazo y aprovechar otros medios de comunicación como la radio y la televisión con una mayor penetración.

Al referirse a la calidad de la enseñanza pública señaló que el 41 por ciento de los encuestados la calificó de mala y curiosamente el 51 por ciento afirmó que en el sector privado varía en dependencia de la escuela, resultado que derriba el mito de que toda la educación particular es buena.

Lo cierto es que educar de forma remota a través de medios digitales requiere crear habilidades entre los 45 mil docentes y casi 900 mil estudiantes que integran el sistema educativo en Panamá, dijo Escobar.

Pero, el proceso de educación que queremos rescatar también debe tener en cuenta el acceso a otros servicios básicos como agua, alimentación y electricidad, sobre todo porque el 68 por ciento de la población asegura que no hay igualdad de oportunidades en el país, señaló Brown.

‘Lo más importante ahora es la solidaridad y la tolerancia, independientemente de los ingresos y la posición socioeconómica que tengamos, porque solo el esfuerzo colectivo evitará perder el año escolar’, sentenció Escobar.

EXCLUSIÓN Y MIGRACIÓN EDUCATIVA

Según una reciente encuesta realizada en 345 escuelas públicas, la exclusión educativa en la nación istmeña es más severa en zonas pobres de la capital, del interior y las comarcas indígenas.

A juicio de la Fundación Excelencia Educativa, esta realidad impacta en un tercio de los planteles de la central provincia de Herrera, las occidentales Bocas del Toro y Chiriquí, la caribeña Colón, las regiones capitalinas Panama Centro, Norte y el distrito de San Miguelito, en el 25 por ciento de los centros de Panamá Oeste y las centrales Veraguas y Coclé.

De acuerdo con el profesor gremialista Diógenes Sánchez el principal problema de las grandes poblaciones urbanas marginales, en su mayoría situadas en terrenos fuera de planificación, es que muchos niños, niñas y jóvenes no tienen acceso a la educación, porque la cantidad de escuelas no corresponde al número de su población.

Situación que por demás genera el desarrollo de barriadas sin acceso a agua potable ni luz, y mucho menos a un centro docente, aseveró.

Estadísticas oficiales indican que entre 2018 y 2019 abandonaron las aulas 26 mil 507 estudiantes, cifra que podría crecer en el actual año lectivo, pues el Ministerio de Educación (Meduca) informó que tres de cada 10 alumnos en Panamá, el 29,5 por ciento de la población estudiantil total, no tiene conexión para recibir las clases a distancia.

Por otro lado, al menos tres mil estudiantes de colegios privados emigraron a los públicos debido al impacto que genera la falta de empleos como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Según el Meduca, la falta de ingresos estables obligó a muchos padres de familia a tomar esta decisión a cuatro meses de la culminación del curso escolar, que desde el inicio en marzo adoptó el modo virtual a causa de las medidas restrictivas para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Esta situación provocó el cierre de seis escuelas particulares, las cuales generan empleos a más de 30 mil docentes en el país.

Al respecto, Katya Echeverría, representante de los Colegios Particulares de Panamá, aseguró que el Estado como garante de la educación debió crear una alternativa de ayuda colaborativa con los padres de familia y las escuelas para aliviar la carga económica y evitar el movimiento de los estudiantes.

Precisó que hay muchas instalaciones docentes privadas que ven con desespero la reactivación del año lectivo, con padres que no pagan las mensualidades o en su efecto solo el 10 por ciento puede asumir ese desembolso.

Ante esta realidad, el Meduca dio las ‘instrucciones a los directores regionales para que puedan aceptar y matricular a los estudiantes que han tenido que regresar al sistema público’, explicó la directora nacional de Educación Media, Isis Núñez.

Sin embargo, a juicio de algunos profesores, el sistema educativo público no tiene la infraestructura física ni curricular para absorber a tantos estudiantes, criterio con el cual coincide la funcionaria, quien destacó los esfuerzos para adaptarse a la situación y garantizar el acceso al estudio de todos los niños.

Cifras del Meduca revelaron que unos dos mil 236 alumnos ya fueron asimilados por las escuelas públicas, tras la reanudación de las clases el pasado julio en la modalidad virtual.

Aunque el número oficial de estudiantes emigrados representa menos del uno por ciento de los 800 mil existentes en el país, supone un reto para la educación pública, marcada por deficiencias materiales, estructurales y de calidad en la enseñanza acumuladas por años, expresaron expertos y docentes.

*Corresponsal jefa de Prensa Latina en Panamá