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República Dominicana: Profesionalidad, carrera docente y bienestar magisterial

Profesionalidad, carrera docente y bienestar magisterial

Se necesita tener un norte claro para desarrollar y alcanzar un docente de calidad y como consecuencia de ello, la retribución que merece

 JULIO LEONARDO VALEIRÓN UREÑA

Tres aspectos estructuran las ideas que a continuación expongo: la complejidad de la función docente, la cultura escolar que se desarrolla en la escuela y la necesidad de establecer la carrera docente.

Es obvio que la función docente vinculada directamente a los aprendizajes es una actividad altamente compleja. La misma se lleva a cabo en el marco de un conjunto de aspectos que interactúan entre sí promoviendo o no su propio desarrollo. Entre estos se consideran, en primer lugar, las características personales de los propios maestros: sus creencias y actitudes hacia sí mismos y estudiantes, motivaciones e intereses, como el dominio de las competencias profesionales necesarias para el ejercicio de enseñar, entre otras; en segundo lugar, la cultura de la escuela que incluye la práctica escolar que incentiva el crecimiento continuo a través del intercambio de experiencias entre docentes, la actitud y capacidad de revisión crítica de las prácticas educativas, como el conocimiento pleno y compartido entre docentes sobre su función de educar y los valores que la sustentan, la continua búsqueda de estrategias de enseñanzas novedosas y adaptadas a las circunstancias y características de los estudiantes; en tercer lugar, el liderazgo escolar de quien tiene la responsabilidad principal del centro educativo unido a su equipo de gestión, lo que supone centralidad en los asuntos pedagógicos, sin que ello signifique dejar de lado sus responsabilidades administrativas de los bienes y recursos propios de la escuela, como el cumplimiento del horario y el calendario escolar y la promoción de un clima escolar positivo centrado en los procesos de enseñar y aprender, entre otros aspectos; en cuarto lugar, las características de las familias, como el grado de compromiso de las mismas con la escuela y su desarrollo; en quinto lugar, las características del estudiantado respecto a su motivación, interés y expectativas por aprender; en quinto lugar, espacios higiénicos y organizados, como la disposición de todos los recursos necesarios e imprescindibles para la dinámica de enseñar y aprender. Por supuesto, detrás de todo esto está la continuidad de las políticas educativas que el Ministerio debe asegurar y preservar.

Como se aprecia son múltiples los factores asociados a la carrera docente lo que implica, y es el segundo elemento que quiero abordar, la formación inicial y continua del docente. Desarrollar un docente de calidad supone además de la calidad del programa de formación y su gestión, “la inmersión formativa integral que cultiva la intensidad, el rigor y la exposición a rutinas que los transforme culturalmente, desarrollando una cultura alternativa a la de su propia procedencia, preservando los aspectos positivos de la misma. Se trata de desarrollar buenos hábitos, de generar un nuevo reportorio cultural capaz de soportar la formación-aprendizaje disciplinar y en consecuencia hacer productiva la futura dedicación pedagógica y la práctica docente.” (Marcos Villamán). Para Ignacio Pozo se trata de confrontar las ideas implícitas que predominan como creencias en el sujeto en formación producto de su propia experiencia en la escuela con las teorías explícitas desarrolladas por las ciencias pedagógica y psicológica, generando nuevos esquemas mentales de lo que es aprender y enseñar. En última instancia la formación inicial debe ser capaz de prefigurar al docente en su ejercicio futuro.

Un segundo aspecto es el reconocimiento de que el nuevo profesional se incorpora a una cultura escolar en marcha, a una realidad educativa dinámica en la que inciden múltiples factores los cuales abren un abanico de posibilidades y que, en la reflexión personal y colectiva continua en su grupo pedagógico, como en la supervisión y/o acompañamiento pedagógico, deberá encontrar buenas oportunidades de desarrollo y aprendizaje de lo que significa un buen maestro. Un maestro de calidad se fragua a partir de la buena formación recibida y en la dinámica acción-reflexión-acción con sus pares.

En el documento de los Estándares del Perfil de Desempeño Docente en la República Dominicana se ofrecen un conjunto de ideas y metas que pueden y deben guiar el proceso de construcción de una educación de mayor calidad, tanto en los ámbitos de la gestión institucional como la pedagógica. Este conjunto de ideas y metas confluyen para el buen decir y el buen hacer educativo, es decir, definen lo que un docente debe conocer, hacer y valorar a fin de asegurar que todos los estudiantes aprendan, desarrollando las competencias que se definan como prioritarias en el currículo.

Un tercer aspecto importante es el que tiene que ver con el establecimiento de la carrera docente como tal. El docente, en cualquier ámbito de su función, sea esta la del aula, como la del centro escolar, debe conocer y estar consciente de que el ejercicio de su carrera profesional docente tiene niveles de desarrollo y que el alcance de cada nivel le posibilitará obtener los reconocimientos y la remuneración económica que se establezca. El diseño y ejecución de esta carrera deberá permitir al Ministerio de Educación desarrollar el liderazgo efectivo frente al docente en su proceso de desarrollo profesional. Puesta en ejecución la carrera docente, así como el desarrollo de un efectivo proceso de acompañamiento y supervisión formativos basado en evidencias, el docente visualizará la importancia que su desarrollo profesional tendrá para alcanzar los mayores beneficios económicos establecidos. Desde esta perspectiva, la evaluación del desempeño deberá jugar una función diagnóstica externa, aportando evidencias complementarias del desarrollo de cada docente. No es fuera sino dentro del aula y la escuela donde deben estar las condiciones para el mejoramiento continuo del ejercicio profesional y el desarrollo docente, es lo que significa un aula en una escuela que aprende.

Se necesita tener un norte claro para desarrollar y alcanzar un docente de calidad y como consecuencia de ello, la retribución que merece.

Fuente de la Información: https://acento.com.do/opinion/profesionalidad-carrera-docente-y-bienestar-magisterial-9209551.html

 

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Sobre el rol docente

Por: Luis Armando González, Ventura Alfonso Alas

Nota introductoria

Los autores dedicamos estas reflexiones a los colegas docentes, en todos los ámbitos del sistema educativo nacional, con motivo del “Día del maestro y la maestra”, este próximo 22 de junio. Ambos somos profesores y, en ese sentido, conocemos de primera mano las dinámicas de la educación nacional. No nos son ajenas las tribulaciones de nuestros colegas; tampoco lo es el compromiso probado de la mayoría de ellos con dar a sus estudiantes lo mejor de sí mismos. A lo largo de los años, hemos venido conversando sobre lo que significa ser profesor y el plan de escribir algo sobre ello siempre quedaba como eso, un plan. Decidimos que el “rol docente” era un tema interesante para poner en limpio nuestras ideas y coincidencias, y así ha sido. El resultado es este texto que, más que tesis académicas rigurosamente probadas, expresa nuestras convicciones morales e intelectuales sobre, valga la redundancia, nuestro propio papel como docentes.

I

Junio es un mes especial los docentes de El Salvador, pues contamos con un espacio en el calendario festivo nacional en el que se celebra el día del maestro. Es, antes que otra cosa, una oportunidad para reflexionar, con espíritu crítico, sobre nuestro quehacer, en aquello que lo va definiendo en las distintas circunstancias sociales, culturales y políticas en las que nos desenvolvemos, y que va imponiendo sus desafíos particulares. Cada momento histórico plantea a los docentes sus propias dificultades y retos; y también, obviamente, asuntos específicos para la reflexión crítica.  Algo sobre lo que no debemos, y no podemos, dejar de meditar es sobre nuestro rol como docentes, en tanto que ese rol es el que da sentido a las responsabilidades que asumimos cuando, como educadores (ya sea en forma presencial o ya sea mediante una sesión virtual) tenemos que desarrollar una clase.

Las características que se atribuyen, o que deben atribuirse, al rol de un docente se han construido históricamente, a partir de unas experiencias –que se remontan al pasado remoto de nuestra especie (la Homo sapiens)— mediante las cuales uno o varios individuos enseñaban a otros no sólo habilidades –cómo hacer determinadas cosas o cómo comportarse de cara al grupo de pertenencia— sino cómo entender el mundo circundante, para lo cual había que transmitir determinadas nociones explicativas disponibles en el acervo cognitivo de los “enseñantes”.

Desde aquellos tiempos remotos, la enseñanza a otros tuvo un componente cognitivo que con el paso de los siglos se fue convirtiendo en una pieza fundamental del quehacer educativo en las diferentes épocas y contextos. En algunas épocas (y contextos) el contenido de ese componente cognitivo se ha tejido de mitos y creencias mágico-religiosas; en otras, de ideologías, filosofías, ciencias o técnicas.  Asimismo, los híbridos no han estado ausentes, como lo pone de manifiesto la época actual, en la que, en distintos ambientes educativos, lo mágico-religioso se mezcla con apuestas cognitivas de tipo científico y tecnológico.

Como quiera que sea, al rol del docente le es intrínseco este componente cognitivo, lo cual quiere decir, en términos prácticos, que un docente debe, ante todo y, sobre todo, conocer muy bien –de la manera más profunda y rigurosa— aquello sobre lo cual enseña a otros. Esta exigencia se volvió nítida en la antigüedad griega y, desde entonces, no ha dejado de estar presente en lo que se espera, y desea, que realice un docente como algo propio (de lo más propio) de su quehacer como tal.

II

Algunas modas perniciosas –sustentadas en pseudo filosofías educativas— han pretendido (y pretenden) edificar procesos educativos, cuando no modelos y sistemas educativos, desestimando (o incluso anulando) los dominios cognitivos (teóricos, conceptuales) de los docentes. Parten del supuesto, a todas luces falso, de que es irrelevante (secundario o prescindible) el conocimiento que los docentes puedan tener sobre lo que enseñan, desestimando las pruebas (que son abundantes) que refutan su supuesto. Y, por lo anterior, un docente que no tiene un conocimiento profundo y riguroso sobre aquello que le corresponde enseñar –y no se preocupa por ello— no sólo es un mal docente, sino que no está cumpliendo con una exigencia esencial de su rol.

O sea, un profesor que no sabe nada, o sabe poco, de lo que enseña hace más mal que bien a sus estudiantes. Un profesor que sabe mucho, que se esfuerza por saber más, que trata de actualizarse en los campos cognitivos en los que enseña, hace mucho bien, y poco o ningún mal, a sus estudiantes. No hay a dónde perderse en esta fórmula. Claro que ese profesor debe transmitir de la mejor manera eso que conoce, eso en lo que no deja de actualizarse (leyendo mucho, para comenzar). Y tiene que hacerlo utilizando los mejores recursos (instrumentos, medios) disponibles en cada circunstancia.

La sabiduría educativa acumulada durante siglos ha establecido la primacía de lo que se enseña sobre el modo (o la forma) cómo se enseña. Se trata de una distinción entre fines y medios educativos, que ha generado y sigue generando extraordinarios frutos ahí en donde sigue vigente. De este modo, dados unos determinados fines educativos (metas, propósitos) se deben utilizar todos los recursos disponibles en un momento determinado (comenzando con ese recurso esencial que es la palabra dicha y escrita) que sean conducentes a aquellos fines.

Usar creativamente la gama de recursos disponibles (la propia voz, gesticulaciones, pizarra, yeso, plumones, papelógrafos, radio, televisión, espacios abiertos naturales o urbanos, plataformas digitales) para lograr la transmisión de determinados conocimientos (o destrezas o habilidades o valores y normas) hace parte del rol docente. También es algo que tiene una dilatada presencia histórica, lo cual quiere decir que cuenta con una probada eficacia que, además, ha rendido más frutos positivos que negativos.

III

Es prudente y razonable hacerse cargo de esta diferencia entre propósitos educativos y los medios (recurso) para alcanzarlos, entendiendo que un buen docente –ese que desempeña su rol a cabalidad—debe saber usar con creatividad los recursos de que dispone (o los que pueda inventar) para lograr los fines educativos que se propone lograr. Es imprudente y poco razonable convertir los medios (los recursos) en lo prioritario, subordinando a ellos los fines educativos que, como ya se dijo, no pueden prescindir de los componentes cognitivos. Creer que el rol docente descansa en exclusiva en el dominio, por parte del educador, de determinados recursos (o medios) para la enseñanza pone de lado lo más importante de ese rol, como lo es el dominio teórico, conceptual y metodológico que debe tener un profesor sobre la materia (campo de conocimiento) que enseña. Y eso, con independencia de los sofisticados que puedan ser esos recursos o medios para la enseñanza: deben ser concebidos como recursos o medios para algo que los trasciende y que, en definitiva, es más importante que ellos.

Siempre en la línea de lo poco prudente y razonable, también lo es el pretender que lo que se enseña (o se debe enseñar) debe estar condicionado en sus alcances y posibilidades por determinados recursos o medios para la enseñanza; es decir, que determinados recursos o medios deben marcar las pautas y los límites de lo que puede o no se puede enseñar. La lógica correcta es la opuesta: es lo que se quiere enseñar lo que debe marcar las pautas y establecer los alcances y límites de los recursos y medios a utilizar.

Y, en esa lógica, cualquier recurso o medio que sea útil para alcanzar un propósito educativo, siempre que esté disponible, debería ser usado. Un docente que pretenda cumplir a cabalidad su rol debería tener esto claro en su mente y en el ejercicio de su labor. Esta claridad le puede ayudar a evitar caer en el didactismo y en la despreocupación por el conocimiento que posee (o que la falta poseer) para enseñar de la mejor manera lo que le corresponde. ¿Qué tiene que ocuparse en dominar, y aplicar, las herramientas de enseñanza más actuales y técnicamente sofisticadas? Por supuesto que sí. También debe ocuparse de las de siempre, comenzando con su expresión oral y escrita, su postura corporal, el uso de las manos, el plumón y la pizarra. Eso sí, nunca debe olvidar que estos son medios, recursos, cuyo uso sólo tendrá sentido si ayudan en: a) la transmisión, cultivo y producción de conocimiento (científico, filosófico, literario); b) la forja de personas razonables y críticas; c) el fomento de hábitos y comportamientos solidarios, empáticos, éticos y estéticos: y d) el aprendizaje de habilidades y destrezas técnicas útiles para la vida (que no deben identificarse necesariamente con el manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación).

IV

El literal “c” (fomento de hábitos y comportamientos solidarios, empáticos, éticos y estéticos) merece un párrafo aparte y que sirva como cierre. Y es que, en el aspecto ético, el quehacer de un docente no puede ser ajeno al cultivo, en los estudiantes, de valores y hábitos que hagan florecer una ética laica, secular, progresista y democrática, es decir, anclada en lo mejor de la tradición ilustrada. Un docente tecnócrata, cuadriculado, atrapado en lo puramente técnico, sin una visión amplia y crítica de la realidad social y de la educación no podrá aportar, desde su rol, a una ética a la altura de las sociedades actuales y sus encrucijadas.

San Salvador-Chalatenango 5 de junio de 2023

Fotografía: https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/docentes

Fuente de la información e imagen: https://insurgenciamagisterial.com

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República Dominicana: Vicepresidenta inaugura centro de capacitación del Infotep en Valverde

Vicepresidenta inaugura centro de capacitación del Infotep en Valverde

El proceso de inscripción, para capacitaciones que exige el sector productivo de la zona, inicia de inmediato

La vicepresidenta Raquel Peña, encabezó la inauguración de un centro de capacitación instalado por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) en la provincia Valverde, a través del cual se proyecta capacitar a 558 personas durante los próximos seis meses.

El nuevo Taller Técnico Comunitario está ubicado en el distrito municipal Cruce de Guayacanes, municipio de Laguna Salada, y consta de un taller de Bar y Restaurant y un aula en la que serán impartidas capacitaciones en las áreas de Bar y Restaurante, Turismo, Contabilidad, Ventas, Belleza y Peluquería. También dos talleres móviles de Informática y de Plomería y Fontanería.

Raquel Peña, al encabezar la inauguración, en representación del presidente Luis Abinader, destacó que todas las capacitaciones que impartirá el Infotep en este nuevo centro responden a necesidades específicas de formación de la región, identificadas conjuntamente con las autoridades y la comunidad.

“Valoramos que el Infotep haya ampliado su cobertura de formación conectada a las políticas sociales del gobierno, en los componentes de capacitación, emprendimiento y empleabilidad, a través de acuerdos interinstitucionales, en coordinación con las autoridades, entes comunitarios e instituciones de las diferentes provincias donde trabaja” expresó la vicepresidenta.

El director general del InfotepRafael Santos Badía, explicó que este centro de capacitación es el inicio de las facilidades que serán instaladas en un terreno de mil 371 metros cuadrados gestionados por el senador de la provincia, Eddy Nolasco, y donados por la Alcaldía de Guayacanes.

“El futuro de nuestros jóvenes está asegurado, porque el presidente Abinader está enfocado en la generación de empleos y ese objetivo requiere de formación técnica y eso es lo que vamos a ofrecer en este nuevo centro de capacitación”, precisó Santos Badía.

El Taller Técnico Comunitario, así como los Talleres Móviles, cuentan con el cuerpo docente para iniciar las capacitaciones una vez agotado el proceso de inscripción.

En estos nuevos espacios serán impartidas, de manera gradual, las acciones formativas: Preparación de Bebidas y Cocteles, Bartender, Camarero de Restaurant, Preparación de Bebidas a Base de Café, Técnico en inglés, Programas de Oficina, y Manejo de Informática Aplicada.

Los comunitarios de esa zona será capacitados también en Alfabetización Digital, Emprendimiento para Pymes, Secretariado Auxiliar, Contabilidad, Costos y Presupuesto, Cajero Bancario, Ventas, y Administración de Recursos para la Producción de los sectores Bananeros y Arroceros, entre otros.

Al mismo tiempo serán atendidas las necesidades de los sectores productivos de la zona, a través del servicio de asistencia empresarial del Infotep, enfocado, sobre todo, en Atención y Servicio al Cliente, Gestión Moderna del Talento Humano y Planeación Estratégica.

Logros del Infotep en Valverde

El Infotep continúa en su labor de expansión de servicios formativos en la provincia de Valverde. Durante el período 2020-2022, 11 mil 79 participantes fueron formados en 635 acciones formativas.

Para este año 2023 el Infotep tiene la meta de impactar a tres mil 150 participantes, a través de 26 mil 25 horas de instrucción y 175 capacitaciones.

El Infotep ha ampliado su cobertura de formación conectada a las políticas sociales del gobierno, en los componentes de capacitación, emprendimiento y empleabilidad, a través de acuerdos interinstitucionales, en coordinación con las autoridades, entes comunitarios e instituciones de la provincia

Fuente de la Información: https://acento.com.do/actualidad/vicepresidenta-inaugura-centro-de-capacitacion-del-infotep-en-valverde-9206837.html

 

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Haití y la “ayuda humanitaria” como doctrina de intervención imperialista

Por: Ana Dagorret

 

El último Informe Global sobre la Crisis Alimentaria, publicado en 2023, alerta sobre las posibilidades de una hambruna en Haití, país donde las sucesivas intervenciones extranjeras -para su “normalización”- han consolidado una crisis de carácter estructural.

La crisis humanitaria que vive Haití no es ninguna novedad. Tanto el terremoto de 2010, que dejó más de 200.000 muertos y millones de desplazados, las “intervenciones humanitarias” plagadas de denuncias de abuso sexual y participación en diferentes masacres contra organizaciones barriales, así como las constantes crisis políticas -desde golpes de Estado hasta el asesinato del presidente Jovenel Moïse- han servido de excusa, por parte de los organismos internacionales, de una acción conjunta internacional para “normalizar” el país.

De los 11,4 millones de habitantes que tiene Haití, al menos 5 millones sufren inseguridad alimentaria. A esta situación de miseria generalizada, se le suma la violencia que padece la población frente a las bandas criminales, que controlan gran parte del territorio ante la omisión (o acción) del gobierno de turno.

Sólo en 2023, se cometieron 1.446 asesinatos en el territorio, un promedio de 14 por día. A su vez, se registró 28% más secuestros que en 2022, con un total de 395 hasta la fecha. Estos datos reflejan la situación de violencia sistemática, pese a las sucesivas misiones humanitarias que llegaron al país a instancias de los organismos multilaterales.

Si bien los números son escalofriantes, la solidaridad internacional para con Haití está lejos de ser verdadera. Las sobradas muestras de preocupación y exigencias de una normalización del país se reducen únicamente a pedidos de intervención extranjera, algo que las y los haitianos conocen bien, y que sólo ha servido para empeorar la situación.


Según explican Mamyrah Prosper y Lautaro Rivara en el artículo “El intervencionismo humanitario. Misiones de paz, ONG coloniales y violencia sexual: el caso Haití”, este llamado a la intervención por cuestiones humanitarias “es una de las modalidades, cada vez más dominantes, del cambio de régimen”, cuyo carácter es indirecto y subsidiario.


Bajo el paradigma de “ayuda humanitaria”, tanto las potencias imperialistas como los organismos internacionales por ellas creadas pretenden una recolonización permanente del territorio. El argumento es que tanto el gobierno como la sociedad civil son incapaces de propiciar las condiciones para una normalización a la medida de Occidente, lo cual no sólo deshumaniza a las poblaciones receptoras de dicha ayuda, sino que las entiende incapaces de gestionar por sí mismas los aspectos más elementales de su existencia.

Bajo esta lógica es que, en Haití, se llevan a cabo una serie de intervenciones desde 2004, año en que una crisis política doméstica motivó el despliegue de más de 10.000 soldados de diferentes países, en lo que se denominó como Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH). La decisión fue impulsada por la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes, a instancias de Estados Unidos, Canadá y Francia (con fuertes intereses en el territorio), determinaron de forma deliberada que Haití representaba una amenaza a la seguridad internacional.

Si bien la MINUSTAH fue concebida para actuar en el territorio durante seis meses, su presencia se extendió por 13 años, durante los cuales se aplicó una política sistemática de violencia sexual contra la población y se cometieron una serie de masacres con el fin de diezmar a la resistencia y someter a la sociedad civil.

A lo largo de su historia como nación, la violencia sexual en Haití sirvió como forma de generar terror en las personas y su consecuente desplazamiento, algo que permitió a las potencias imperialistas consolidar su dominio sobre territorios ancestrales de las comunidades. A su vez, las masacres en barrios populosos de la zona metropolitana (la más famosa ocurrida en Cité Soleil), atribuidas a los Cascos Azules, tuvieron como fin desmembrar organizaciones sociales y la desmovilización popular para romper los lazos comunitarios. En esos territorios es donde hoy crece el dominio de las bandas criminales y organizaciones armadas.

Estas intervenciones humanitarias contaron también con otro factor: problema de las organizaciones no gubernamentales. Con las ONG, que comenzaron a ganar peso en la década de 1990 con la consolidación del neoliberalismo como política económica, se dio una instrumentalización particular del intervencionismo humanitario. A través de la captación de ayuda internacional, las ONG hicieron de la ayuda humanitaria un mecanismo de intervención para la defensa de los intereses geoestratégicos de los Estados centrales.

En palabras de Rivara y Prosper, “en el caso haitiano, los cuantiosos flujos de cooperación internacional ayudaron a inhibir aún más el deficitario accionar estatal, privatizando y fragmentando la oferta de servicios públicos en materia sanitaria, educativa, productiva y habitacional”.

La narrativa de la ayuda humanitaria sirvió durante años para Haití y, con el tiempo -y su éxito en la opinión pública debido al abordaje que de ella se hace en los medios hegemónicos-, otros países como Venezuela y Cuba fueron objeto de pedidos de intervención humanitaria, cuyo fin último es forzar el cambio de régimen en favor de los intereses del imperialismo.

La situación de Haití, con la violencia social y la extrema pobreza como características estructurales, es consecuencia directa de la lógica intervencionista humanitaria. No se trata de “normalizar” el país para imponer allí una democracia que responda a los intereses de Occidente, sino de una estrategia sostenida y sistemática de recolonización, la cual comienza a vislumbrarse como una nueva forma de intervención en los países donde el imperialismo pretende mantener su influencia.

Foto de portada: Andrés Martínez Casares – Reuters

Fuente de la información e imagen:  La Tinta

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Se agudiza represión para reactivar minería en El Salvador

Por: Ñaní Pinto

 

La tarde del miércoles (17), elementos de la Policía Nacional Civil de El Salvador detuvieron a Manuel Gómez Morales, hijo de la ambientalista Vidalina Morales, en el marco del régimen de excepción impuesto desde marzo del 2022 bajo el pretexto del combate a las pandillas.

Horas antes, Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico del Salvador (ADES) de Santa Marta, departamento de Cabañas, denunciaba en medios nacionales las acciones del gobierno salvadoreño que promueven la minería en el país centroamericano, pese a que la industria extractiva está prohibida por ley.

Durante entrevista radiofónica, Vidalina sostuvo que existe la “intención de este gobierno, ahora más clara que nunca, de revertir la ley que se aprobó en 2017 (…) una ley aprobada por unanimidad en el congreso”, en referencia a la norma que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera.

Al testimonio de Morales, se suma la denuncia de la ADES, la cual días antes precisó que representantes de dos empresas consultoras llegaron a la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a las autoridades territoriales sobre la reanudación de las actividades mineras.

Tras la noticia de la captura de su hijo, la ambientalista dirigió una carta a la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, mediante la cual calificó la detención de una acción arbitraria e injusta. En la misiva denunció que la aprehensión de su hijo “se suma a los diferentes y cobardes ataques que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos y sus familias, como actos de intimidación ante la exigencia de justicia” durante el régimen de excepción.

Cabe resaltar que la supresión de garantías constitucionales decretada por la Asamblea Legislativa, con el pretexto de combatir la violencia criminal, ha permitido detenciones masivas sin orden judicial y elimina la defensa legal de los aprehendidos. Con 15 meses de permanencia, hasta mayo del 2023 se registran más de 68 mil arrestos.

Debido a la presión local e internacional, Manuel Gámez Morales fue liberado después de haber sido detenido arbitrariamente durante más de 24 horas.

Persecución

El arresto de Morales es solo el más reciente caso de persecución contra la organización anti minera del norte de El Salvador.

Vidalina Morales y su hijo, Manuel Gómez Morales.

El 11 de enero de 2023 fueron capturados cinco ambientalistas pertenecientes al poblado de Santa Marta, comunidad que ha destacado por su lucha contra la minería y por la promoción de su prohibición que se concretó mediante la ley de 2017.

La Fiscalía salvadoreña acusa a los líderes comunitarios por un delito ocurrido en 1989, durante el conflicto interno, pero organizaciones como la ADES sostienen que es un pretexto para atacar la organización de las comunidades contra la minería.

Vidalina Morales argumenta que, dadas las acciones del gobierno de Nayib Bukele desde su llegada al poder en 2019, organizaciones sociales se han mantenido en alerta ante la reactivación minera. La lideresa sostiene que fue, durante finales del 2022, al enterarse de la existencia de recursos en el presupuesto general de la nación para “revisar y actualizar la ley de prohibición de minería”, cuando las organizaciones decidieron actuar.

“En ese movimiento estábamos, de querer organizar un evento grande, a nivel nacional, cuando capturan a los compañeros el 11 de enero”, sostuvo la lideresa comunitaria en el mismo día del arresto de su hijo.

Los cinco líderes de Santa Marta, también integrantes de la ADES, aún permanecen detenidos. El pasado 8 de marzo, Naciones Unidas solicitó al gobierno salvadoreño información sobre la base legal de la acusación y la situación humanitaria de los cinco ambientalistas de Santa Marta. En su respuesta, dos meses después, la administración de Bukele afirma que hay suficientes pruebas contra los ambientalistas detenidos y que no se ha vulnerado el debido proceso.

Al contrario, el abogado de los acusados, Dennis Muñoz declaró que “se desconoce la situación humanitaria de los detenidos porque nadie los ha podido ver. No se me ha permitido verlos desde el 9 de marzo y sus familiares tampoco los ven desde el 19 de enero”, sostuvo sobre la respuesta del gobierno salvadoreño a la ONU con respecto a la condición de los ambientalistas presos.

A las denuncias de la defensa legal de los detenidos, el mismo miércoles (17), se sumó la exigencia de la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien expresó su preocupación al gobierno salvadoreño y pidió la libertad de los activistas ambientales.

Organizaciones de derechos humanos de El Salvador registraron hasta mediados de marzo al menos 5,082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.

Reapertura minera

Por su parte, Alfredo Leiva, directivo de la ADES, recalcó que existen “acciones concretas sobre la posibilidad de reabrir la minería en El Salvador”.

La organización de comunidades del norte de El Salvador consiguió frenar la actividad minera en el país centroamericano.

Ante medios nacionales, Leiva ejemplificó el contexto actual, en el que se dio la visita a la comunidad de Santa Marta “de personal de una empresa consultora panameña que realiza un estudio sobre la minería. Otra empresa peruana se está encargando de convencer a alcaldes y otros actores del territorio de reabrir la minería”, sostiene.

Leiva asegura que ambas empresas han sido contratadas por el gobierno y ya tienen listo el estudio para la reanudación de la actividad minera en los territorios del norte de El Salvador, por lo que denunció que la lucha contra la minería que realiza la comunidad está de fondo en la detención de los líderes comunitarios de Santa Marta.

Fuente de la información e imagen:  Avispa Midia

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República Dominicana: La educación como derecho y como servicio público esencial

Cristóbal Rodríguez Gómez

La suspensión de la docencia en la escuela pública en las indicadas condiciones quebranta, además, el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación de los menores de edad.

En su edición del día de ayer, este periódico editorializaba sobre un tema crucial para cualquier sociedad: la educación. Nos recordaba que durante la pandemia «pocos sectores sufrieron tanto y durante tanto tiempo como el sector educativo»; que «mientras otros campos se han recuperado satisfactoriamente, el educativo sigue de problema en problema perjudicando directamente a la masa estudiantil del sector público» y que, en medio del rezago de «los más vulnerables», continúan «los maestros haciendo asambleas en horas lectivas.»

Pero no se trata solo de asambleas. Se trata además de paralizaciones de docencia por reclamos que se llegan a cabo amparados en el derecho a huelga que de forma recurrente reivindica el gremio. Así, a la paralización general del pasado viernes -según informa Diario Libre en una nota de la misma fecha-, se suman las convocadas para los días 26 de mayo y 7 de junio próximos. Esto a pesar de las advertencias del ministro Ángel Hernández en el sentido de que, cada día que se deja de impartir docencia en el sector público, le cuesta al Estado una suma que ronda los 750 millones de pesos.

En otras palabras, el gremio de los maestros sigue privilegiando sus derechos, frente al derecho de los estudiantes a recibir docencia. Y pese a la obligación de los docentes de ofrecer el servicio al que sirven, en los términos que manda la Constitución en su artículo 147.

Conviene recordar que nuestro Tribunal Constitucional ha fijado su criterio sobre los límites del derecho a huelga de los maestros. Hagamos memoria: el 13 de mayo de 2019, mediante Sentencia TC/0064/19, el Tribunal Constitucional decidió un recurso de revisión constitucional de amparo que le fue presentado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional del municipio de Barahona. Dicho recurso se interpuso contra una Sentencia en la que, la Primera Sala de la Cámara Civil del Juzgado de Primera Instancia de esa demarcación, consideró que una serie de marchas, piquetes, asambleas y suspensiones parciales de la docencia en las escuelas públicas, propiciadas por el indicado gremio durante el año 2017, atentaban contra el derecho a la educación en condiciones de igualdad.

En el proceso que culminó con la señalada sentencia se enfrentaban, en esencia, dos derechos fundamentales: el derecho a la huelga de los profesores que integran la ADP, seccional Barahona, y el derecho a la educación. Esta circunstancia, por aplicación del canon del artículo 74.4 constitucional, llevó al TC a un ejercicio estricto de ponderación que, ciertamente, no funda una regla de aplicación general a otros casos similares en el futuro. Pero que dejó claro algunas cuestiones sobre las que conviene volver.

Lo anterior significa, en primer término, según nos informa el TC, «que la solución a que se arribará no supondrá necesariamente, y en todo caso, que el derecho fundamental que resulte protegido haya de prevalecer siempre respecto del otro, ni tampoco que el precedente contenido en la decisión podrá ser considerado en abstracto como fuente de una sub-regla de jerarquización entre los derechos en conflicto, sino que será necesario realizar una casuística ponderación entre uno y otro para determinar la solución que resulte constitucionalmente adecuada, según el grado de afectación y satisfacción de los intereses en conflicto.»

La consideración central del tribunal para asignar un mayor peso al derecho a la educación frente al derecho a la huelga en el caso bajo comentario es la siguiente: «Las huelgas constantes y reiteradas convocadas por la ADP (…) constituyen un grave riesgo que podría afectar el logro de los objetivos educacionales de 33,000 niños, niñas y adolescentes de la región. El beneficio que pretendían obtener los profesores radicaba en mejoras en las condiciones laborales y en los planteles educativos. Sin embargo, las probabilidades de que tales beneficios se pudieran conseguir en un corto plazo eran precarias, pues los requerimientos de las normas que pautan la erogación de los fondos públicos y el carácter centralizado de la gestión educativa en el país, pugnan con la posibilidad de mejoras como las exigidas por la ADP, seccional Barahona, sin el aprovisionamiento presupuestario del Poder Legislativo…»

De lo anterior parece desprenderse que, en circunstancias en las que el recurso a la huelga resulte adecuado para de alcanzar los fines perseguidos, el mismo podría prevalecer frente al derecho a la educación. No obstante, ese aspecto de la decisión no debe ser visto al margen de la que considero su cuestión jurídica más relevante: la redefinición de la noción de servicios esenciales llevada a cabo por el Tribunal.

Tradicionalmente definidos como «aquellos cuya suspensión pone en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas en toda o parte de la población», en el caso concreto el Tribunal considera que dicha noción abarca, además, «la educación pública gratuita a nivel inicial, básico y medio, cuando la suspensión de la docencia se practica de modo ´progresivo, prolongado e indiscriminado´, pues su misión esencial es contribuir a la función del Estado social y democrático de derecho que, por mandato constitucional debe propender a la obtención de los medios que permitan a la persona perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva (artículo 8).»

En consecuencia, el derecho a la huelga deberá ceder frente al derecho a la educación, no solo por el hecho de que los fines perseguidos no sean realizables como resultado de su uso. Deberá ceder siempre que la docencia, considerada como un servicio esencial por la sentencia comentada, sea suspendida de modo «progresivo, prolongado e indiscriminado». Esto así porque, a consideración del Tribunal, con ello se pone en entredicho la misión esencial del Estado en la obtención y desarrollo de los medios de perfeccionamiento progresivo de las personas bajo su jurisdicción.

La cuestión se relaciona con el artículo 147 constitucional según el cual los servicios públicos, sean prestados por el Estado o por los particulares, «deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia (…) continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria.» Esto así, porque las paralizaciones recurrentes no son razonables, ni eficientes, al tiempo que atentan contra la calidad y el carácter continuo con que deben ofrecerse dichos servicios.

La suspensión de la docencia en la escuela pública en las indicadas condiciones quebranta, además, el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación de los menores de edad pues, según el criterio del TC, «las suspensiones reiteradas de docencia por la huelga convocada por la ADP, seccional Barahona, lesionan gravemente su derecho a la educación y son víctimas de discriminación fáctica en la medida en que los estudiantes de colegios privados disfrutan de programas completos, cursos y exámenes a tiempo, sin ningún tipo de interrupción.»

https://www.diariolibre.com/opinion/en-directo/2023/05/23/la-educacion-es-un-derecho-y-servicio-publico-esencial/2324064

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Daniel Ortega cierra otras tres universidades en Nicaragua e intensifica su guerra contra la educación

Las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas se manifestaron contra el Gobierno de Ortega.

El régimen de Nicaragua canceló este  24 de abril la personalidad jurídica de otras tres universidades registradas como asociaciones, por presuntas irregularidades administrativas, y que se suman así a las cinco disueltas desde que comenzó el año.

Las afectadas esta vez son la Fundación Prouniversidad Metropolitana (Unimet), la Asociación Universidad del Norte de Nicaragua (UNN) y la Asociación Universidad Adventista de Nicaragua (Unadenic), informó el diario La Prensa.

Según el comunicado publicado en La Gaceta, diario oficial del Gobierno, entre otras razones, el Ejecutivo liderado por Daniel Ortega defendió que las asociaciones “no cuentan con la metodología curricular” ni la “infraestructura necesaria” o que la universidad está “falseando información”, entre otras.

El presidente de Nicaragua defendió a Irán y Corea del Norte. Foto: Getty Images.
El Gobierno, utilizando la misma medida, ya retiró la personalidad jurídica a otras dos universidades el pasado 14 de marzo. Foto: Getty Images. – Foto: Bloomberg via Getty Images

El Gobierno, utilizando la misma medida, ya retiró la personalidad jurídica a otras dos universidades el pasado 14 de marzo: la Universidad Panamericana de Nicaragua (UPAN) y la Universidad del Pacífico (UNIP), también registradas como asociaciones.

Las universidades fueron uno de los focos de protestas en 2018, cuando miles de personas se manifestaron contra el Gobierno de Ortega en unas movilizaciones sin precedentes, por lo que en círculos opositores se entiende como otra medida represiva de las autoridades, que se suma a los cierres de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.

Nicaragua y Rusia

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunió la semana pasada en Nicaragua con Daniel Ortega, en un encuentro que se enmarca en la visita del ruso a varios países latinoamericanos esta semana.

Tras aterrizar en Nicaragua, Lavrov se reunió con su homólogo en el país, el ministro Denis Moncada, a quien calificó de “compañero y amigo” e invitó a visitar Rusia, como ya ha hecho con los ministros de Brasil y Venezuela durante su visita a estos países en los días previos.

“Deseo la paz, la prosperidad, el bienestar y la estabilidad para todos nuestros amigos nicaragüenses, y estoy convencido de que el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales ayudarán a conseguirlo”, afirmó el ruso durante una rueda de prensa posterior al encuentro con Moncada, según recoge la agencia Tass.

Daniel Ortega y Sergei Lavrov
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se reúne con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en el centro de convenciones Olof Palme en Managua, Nicaragua, el 19 de abril de 2023. (Foto de Handout / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE RUSIA / AFP) – Foto: AFP

Durante esta rueda de prensa también informaron del hermanamiento entre la ciudad nicaragüense de Granada y la rusa Yalta, como símbolo de estas relaciones reforzadas, recordando que Rusia planea organizar una conferencia interparlamentaria entre Latinoamérica y Rusia, a la que Nicaragua ha confirmado su asistencia y participación.

Más tarde, Lavrov sostuvo una reunión con el mandatario nicaragüense, este último aprovechó para criticar las sanciones estadounidenses sobre su país: “Ya tenemos centenares de compañeros funcionarios sancionados, pero ya eso no provoca ningún temor ni ninguna preocupación a los compañeros sancionados”.

La tensión entre Rusia y Estados Unidos sigue creciendo con el paso de los días
Lavrov sostuvo una reunión con el mandatario nicaragüense, este último aprovechó para criticar las sanciones estadounidenses sobre su país. – Foto: Getty Images / simon2579

En respuesta, en declaraciones recogidas por el diario nicaragüense La Prensa, Lavrov afirmó que “Rusia piensa que eso (las sanciones) es un reconocimiento de los avances en la protección de los intereses del pueblo”.

La próxima parada de Lavrov en su gira latinoamericana era Cuba, a donde viajó en la noche del miércoles al jueves y desde donde volvió el pasado viernes a Rusia.

“Una atrocidad”

Luis Ojeda no olvida la “atrocidad” vista durante las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega, que dejaron cientos de muertes. Como él, decenas de nicaragüenses exiliados se reunieron en San José la semana pasada para honrar a los fallecidos cinco años después.

Nicaragüenses en Costa Rica
Los nicaragüenses que viven en Costa Rica realizan una manifestación para conmemorar el Día Nacional de la Paz de Nicaragua y para protestar contra el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega en San José, Costa Rica, el 19 de abril de 2023. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP) – Foto: AFP

Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua en el contexto de la represión que siguió a las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados. Las protestas fueron violentamente reprimidas con un saldo de más de 350 muertos, según la ONU.

“Esto para nosotros es algo que reivindica nuestra lucha (…), que nos hace tener memoria de aquello que sucedió en el 2018, de aquello que ha sido una atrocidad para todos los nicaragüenses”, afirmó a la AFP Ojeda, de 28 años, exiliado desde hace cinco años en Costa Rica.

*Con información de AFP y Europa Press.

https://www.semana.com/mundo/articulo/daniel-ortega-cierra-otras-tres-universidades-en-nicaragua-e-intensifica-su-guerra-contra-la-educacion/202314/

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