Con duración de dos meses, la huelga en Panamá reúne más de 300 mil estudiantes sin clases y 30 mil docentes sin salario. El gremio docente exige la derogación de la Ley 462 y denuncia retenciones ilegales de pagos.
La huelga docente en Panamá cumple dos meses coincidiendo con el inicio del segundo semestre escolar. Más de 300 mil estudiantes han visto interrumpidas sus clases y alrededor de 30 mil maestros no han recibido salarios desde que comenzó el paro nacional. El gremio magisterial mantiene como punto central la derogación de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, que, según sus dirigentes, reduce el monto de jubilaciones bajo el Programa de Retiro Anticipado.
El gobierno ha hecho todo lo posible para tratar de pulverizarnos, pero nosotros nos mantenemos firmes”, afirmó Diógenes Sánchez, coordinador general de la Coalición Panameña por el Derecho a la Educación y dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof). El líder magisterial sostuvo que la retención de salarios es “totalmente ilegal” y denunció que se ha declarado a los docentes en licencia sin sueldo sin seguir las normas especiales del sector. “Hay profesores que están con miedo, con temor, porque ya vamos para dos meses que no cobramos un solo centavo. Tienen préstamos hipotecarios, préstamos de autos, compromisos. Algunos ya han sido procesados por falta de pago de pensión alimenticia”, agregó.
El Ministerio de Educación (Meduca) ha reiterado que no habrá despidos, aunque anunció que cuenta con una base de datos de docentes evaluados y listos para ocupar plazas. “Todos ellos están legalmente en sus puestos y hacemos un llamado de conciencia y responsabilidad de regresar a las clases porque iniciamos el segundo trimestre”, dijo la viceministra Académica, Agnes De León Chacón de Cotes. La entidad implementó un plan para recuperar aprendizajes sin modificar el calendario escolar.
En medio de la presión por retomar clases, Asoprof firmó un acuerdo con el Meduca que establece principios sobre condiciones laborales y asuntos administrativos. “Estamos apoyando a los docentes procesados por ejercer el derecho a huelga”, señaló Fernando Ábrego, secretario general del gremio, quien subrayó que la firma no significa ceder en las demandas centrales ni renunciar a reclamar el pago de los salarios retenidos.
43% de las escuelas están en condiciones precarias
Padres y madres de familia han advertido que el conflicto es un síntoma de problemas estructurales. Ariel Hughes, de la Asociación Nacional de Padres de Familia, sostuvo que el 43% de las escuelas están en condiciones precarias y que la malla curricular requiere actualización. Insistió en que las familias deben asumir un rol activo para garantizar la educación de sus hijos mientras se resuelven las diferencias entre gobierno y docentes.
Por parte del Gobierno del presidente panameño Raúl Mulino, indicando serias infracciones a los derechos humanos contra sindicatos, comunidades originarias y grupos populares.
Este martes, la Alianza Pueblo Unido por la Vida denunció un aumento en la represión por parte del Gobierno del presidente panameño Raúl Mulino, indicando serias infracciones a los derechos humanos contra sindicatos, comunidades originarias y grupos populares.
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Panameños denuncian represión estatal y violaciones de derechos humanos
Por parte del Gobierno del presidente panameño Raúl Mulino, indicando serias infracciones a los derechos humanos contra sindicatos, comunidades originarias y grupos populares
Photo of Magdalena Valdez Magdalena Valdez Send an email6 de agosto de 20250 33 1 minuto de lectura
Panameños denuncian represión estatal y violaciones de derechos humanos
Este martes, la Alianza Pueblo Unido por la Vida denunció un aumento en la represión por parte del Gobierno del presidente panameño Raúl Mulino, indicando serias infracciones a los derechos humanos contra sindicatos, comunidades originarias y grupos populares.
En una conferencia de prensa en la capital, miembros de la Alianza —agrupación de varias entidades sociales— imputaron al Estado de Panamá por ejercer una persecución judicial sistemática, particularmente en la provincia de Bocas del Toro, donde se han registrado incidentes de tortura, desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales sucedidos durante el estado de emergencia.
La Alianza manifestó su apoyo al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), sindicatos de profesores, gremios bananeros y comunidades indígenas, todos ellos lidiando con procesos legales que, de acuerdo con su denuncia, no poseen base jurídica. Más de 120 casos se han iniciado contra líderes de sindicatos, además de esfuerzos por aniquilar sindicatos históricos.
«Estamos ante una ofensiva autoritaria sin precedentes. No solo buscan encarcelar a líderes sociales, sino desaparecer las organizaciones que representan al pueblo”, declaró Yamir Córdoba, portavoz de la Alianza.
Las reclamaciones se llevarán a cabo ante entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), teniendo en cuenta que Panamá, en su calidad de signatario de convenios internacionales, tiene la obligación de respetar los derechos humanos y de los trabajadores.
“La intervención internacional es una herramienta legítima para frenar esta política de persecución. Panamá no puede seguir actuando al margen del derecho internacional”, enfatizaron.
Finalmente, la Alianza manifestó su rechazo a la Ley 462, tachándola de represiva y contraria a los derechos establecidos en la Constitución. Se dirigieron a la unidad, la resistencia y la movilización social hasta conseguir su derogación.
En los discursos oficiales —y, por supuesto, también en los proselitistas— suele elogiarse el trabajo comunitario y campesino en la ruralidad del país. Sin embargo, las políticas públicas que lo respaldan son escasas o poco efectivas en la práctica. Un estudio realizado en 2007 muestra cómo los campesinos han pasado de ser considerados marginales a sujetos activos, y analiza aspectos como el cambio tecnológico, el ahorro, la acumulación y la diferenciación social. Aunque han pasado los años, lo que se reveló sigue siendo tan vigente como entonces. La rigidez de la economía y de la vida rural en Guatemala apenas ha cambiado. Por eso vale la pena volver sobre sus hallazgos.
En mayo de este año la Ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación, afirmó que la «agricultura familiar es un motor económico y social, porque genera autoempleo y genera un conjunto de acciones de desarrollo económico a nivel local, contribuyendo a reducir la migración y la inseguridad alimentaria».
Hoy, el mayor desafío para la ministra de Agricultura es frenar el deterioro del presupuesto que recibe su cartera. No basta con buenos discursos sobre apoyar al agro. Sin recursos suficientes, esa narrativa pierde peso y pone en duda el verdadero compromiso del Estado con el desarrollo rural.
La Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales publicó en 2007 un extenso trabajo que ofrece una visión global sobre las estrategias campesinas en el departamento de San Marcos, Guatemala, basada en una investigación de varios años. La publicación exploró los cambios en la economía productiva de las comunidades rurales, el análisis de las racionalidades campesinas desde las ciencias sociales, y se justificó la elección de San Marcos como área de estudio. También analizó el impacto de la macroeconomía y los sesgos anticampesinos en la viabilidad de las economías del campo.
La investigación reveló una verdad contundente: a diferencia de las empresas que persiguen ganancias, la economía campesina gira en torno a la vida misma. Su prioridad es sostener a la familia, asegurar alimento en la mesa y garantizar el acceso a lo más básico. Para lograrlo, las familias diseñan estrategias que les permitan organizar y aprovechar al máximo los pocos recursos que tienen a la mano. Es su manera de resistir, de avanzar, de intentar salir del puro sobrevivir y, con suerte, acumular algo.
Pero ese esfuerzo ocurre en un terreno hostil: escasean los empleos, los salarios son bajos, no existen políticas que impulsen el campo y, para colmo, la macroeconomía les da la espalda.
Entre las principales estrategias que identificó la investigación destacan:
Pluriactividad y diversificación de fuentes de ingreso: Esta es una estrategia fundamental que implica la combinación de actividades agrícolas y no agrícolas. El texto la describe como un camino para aferrarse con todo a la vida, es decir, sobrevivir, o alcanzar la deseada acumulación. Incluye la agricultura para autoconsumo y mercado, comercio (minorista, «falluquero», itinerante), y la venta de fuerza de trabajo (jornalero, doméstico, migrante en México y Estados Unidos). Esta diversificación responde a una estrategia de minimización de riesgos y búsqueda de seguridad alimentaria, pero también busca diversificar e incrementar los ingresos monetarios. Ejemplos de actividades diversas se observan en estudios de caso.
Producción para el autoconsumo: Mantener una producción destinada al consumo familiar es vital para la seguridad alimentaria y opera como un escudo contra la escasez o las fluctuaciones de precios del mercado. Aunque la producción de granos básicos para autoconsumo puede generar bajos ingresos monetarios, aporta una seguridad alimentaria considerada insustituible.
Optimización y uso integral de recursos: Las unidades campesinas buscan optimizar los recursos escasos y discernir el uso apropiado de los recursos abundantes, como la fuerza de trabajo familiar. En las regiones Campesina Indígena y Cafetalera Latifundista, la agricultura convencional sigue existiendo, pero no ha desplazado del todo los saberes ancestrales. Allí, muchas familias aún aplican conocimientos agronómicos tradicionales y aprovechan de forma integral lo que les ofrece la naturaleza. Un ejemplo claro: el uso completo de los subproductos agrícolas y pecuarios, o el manejo cuidadoso del bosque como fuente de vida y sustento.
Ahorro y restricción del consumo: El ahorro es visto como resultado del aumento de ingresos provenientes de cultivos comerciales de «altos ingresos» y la restricción del consumo. En varios estudios de caso, esta disciplina económica aparece como un elemento fundamental en la acumulación de recursos.
Inversión en activos: Lo que logran ahorrar —sobre todo gracias a cultivos bien cotizados como el café, las hortalizas o el tabaco— muchas familias lo reinvierten con visión de futuro: compran tierra, ganado, mejoran sus viviendas o arrancan pequeños negocios (tiendas, comercio), la continuidad de los estudios o el pago para la migración.
Búsqueda de educación para las nuevas generaciones: Una apuesta importante para muchas familias campesinas es que sus hijos e hijas alcancen niveles educativos superiores (secundaria, universitaria). Esto para encontrar opciones económicas fuera de la agricultura y romper el ciclo de dependencia del trabajo asalariado y la producción de autoconsumo.
La desigualdad entre las unidades campesinas es notoria: no todas parten del mismo punto ni enfrentan las mismas condiciones.
Vinculación con instituciones y organizaciones: El acceso a crédito, asistencia técnica, información de mercados y programas de desarrollo, ya sean públicos o privados, es crucial para fortalecer las bases económicas y potenciar estrategias como la reconversión productiva. Vínculos con entidades estatales, gremiales y locales, han sido fundamentales en procesos de campesinización y consolidación. Sin embargo, llegar a esas instituciones no siempre es fácil: los mercados fallan, las reglas no están claras y muchas veces las puertas simplemente no se abren.
Construcción y aprovechamiento de redes sociales: Los vínculos familiares, comunitarios y extracomunitarios (redes de amistad, organizaciones comunales, productivas, políticas, religiosas) ejercen una influencia importante en las estrategias. La participación en espacios organizativos puede facilitar el acceso a financiamiento, el fortalecimiento de procesos y la gestión del desarrollo comunitario.
Estas estrategias no garantizan un camino seguro hacia la acumulación. La desigualdad entre las unidades campesinas es notoria: no todas parten del mismo punto ni enfrentan las mismas condiciones. La ubicación geográfica, la cantidad y calidad de sus recursos naturales, el acceso a financiamiento y a los mercados marcan la diferencia entre quien logra salir adelante, quien apenas sobrevive y quien termina empobreciéndose. A eso se refieren los investigadores cuando hablan de procesos de «descampesinización hacia arriba» o «hacia abajo».
Hoy, el mayor desafío para la ministra de Agricultura es frenar el deterioro del presupuesto que recibe su cartera. No basta con buenos discursos sobre apoyar al agro. Sin recursos suficientes, esa narrativa pierde peso y pone en duda el verdadero compromiso del Estado con el desarrollo rural.
Volver a la vocación para estudiar y ejercer el magisterio
Estamos frente a un sistema educativo roto, a pesar de los esfuerzos que se realizan. Por ello, la vuelta a la vocación no es nada cursi; es una responsabilidad ineludible.
La aplicación y los resultados de las pruebas nacionales son noticias de interés para la sociedad. Los motivos que despiertan la atención de los actores y sectores sociales son diversos. Unos desean confirmar qué tan efectiva es la formación de los docentes para generar desempeños eficientes de los estudiantes. Otros centran su interés en los resultados, cuántos aprobarán y cuántos quedarán reprobados. Los hay, también, que focalizan su mirada en el avance o retroceso que presenta el sistema, por la cantidad de reprobados. Lo importante de esto es que se crea un estado de alerta social. En este contexto, persiste el lamento, sin revisión sistémica, de los factores que generan el alto número de reprobados en las pruebas nacionales de 2025: son 88, 538 aprobados y 22,000 reprobados, de un total de 114, 790 convocados y 111, 067 participantes.
No se puede negar la frustración que produce la alta cantidad de estudiantes que han reprobado. Los factores causales son múltiples. No hay una única causa. Ahora lo importante es analizar, muy bien, qué procesos y procedimientos va a desarrollar el Ministerio de Educación de la República Dominicana con los estudiantes para liberarlos de la deserción y motivarlos para que continúen su proceso formativo. Esto requiere participación activa y comprometida de la familia. El problema que hay que afrontar no es tarea exclusiva del MINERD; implica, integralmente, a las familias. De otra parte, a todos los docentes, tanto a los que celebran la aprobación de los estudiantes que acompañan, como a los que viven la preocupación de reprobación, que vuelvan a su vocación docente.
Volver a la vocación docente es dedicarle tiempo para pensarla y analizarla. Es, también, estimarla y tomar conciencia de lo que implica desde el ámbito personal, profesional y socioeducativo. Hoy parece obsoleto plantear la necesidad de reencontrarse con la vocación docente. Este no es un énfasis propio de la era digital. Interesa más que los docentes se apropien de recursos digitales, para hacer; y, sobre todo, para hacerlo bien. Pero, la vocación ha de ser un elemento constitutivo de la decisión que toman las personas que desean laborar en los procesos de enseñar y de aprender. Estimar la vocación es tarea y compromiso. El beneficio de este proceso de análisis tiene un alcance más allá de lo personal; impacta el desarrollo de las instituciones educativas y de la sociedad.
Estamos frente a un sistema educativo roto, a pesar de los esfuerzos que se realizan. Por ello, la vuelta a la vocación no es nada cursi; es una responsabilidad ineludible. Repensar la vocación, para afirmarla, para aportarle consistencia y calidad, es una demanda de la tarea educativa. No basta la vocación, pero sin ella se instrumentaliza la profesión docente. Sin ella, se pervierten los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Además, sin una vocación probada, los resultados de aprendizaje, los resultados de las pruebas nacionales y la vida cotidiana de los centros educativos, pierden el equilibrio. Los profesores que viven su vocación al magisterio con pasión y alegría propician, en estudiantes y en la comunidad educativa, cambio de actitudes y cambio de prácticas.
La vocación real, no la simulada, impulsa y potencia la creatividad, ofrece oportunidades para disfrutar y vivenciar los aportes de las ciencias. Asimismo, produce paz interior, que se manifiesta en el fortalecimiento de la corresponsabilidad, el desarrollo de la capacidad de servicio y la apertura a nuevos aprendizajes. Ejercer la profesión docente sin visos de vocación produce lo contrario. Especialmente, mantiene al profesor pendiente de las salidas individuales. De igual modo, cuenta los días para celebrar la jubilación. Convierte el aula en un espacio marcado por la ansiedad y la impaciencia. Aún más, asume el estudio y la cualificación profesional como una carga. Sus intereses se distancian de la finalidad y de los objetivos de la educación.
Volver a la vocación es un acto de justicia educativa. Sin vocación educativa no se debiera aceptar a nadie en el sector. El vacío vocacional afecta, de forma profunda, la efectividad, el sentido transformador y los compromisos socioeducativos y políticos de los actores y sectores del campo de la educación. La vocación docente hay que respetarla, hay que cultivarla, hay que vivirla. La vocación fortalece el ser docente y resitúa el hacer. Es un hacer con sentido, un hacer para construir significados. La articulacione entre ser y hacer dan como resultado un docente comprometido de forma integral con su misión, sus responsabilidades y desafíos en el campo de la educación y en la sociedad.
Fuente de la Información: https://acento.com.do/opinion/volver-a-la-vocacion-para-estudiar-y-ejercer-el-magisterio-9526614.html
Cada 20 segundos, una adolescente se convierte en madre en América Latina y el Caribe. Anualmente, más de 1.600.000 chicas de 10 a 19 años dan a luz, cambiando para siempre el curso de sus vidas y la de sus hijos. Solo África Subsahariana registra una tasa de fecundidad adolescente más alta que la de nuestra región.
Acá la desigualdad se manifiesta de manera cruel y persistente. Por ejemplo, las adolescentes afrodescendientes tienen 50% más probabilidades de ser madres que sus pares. También hay más nacimientos entre adolescentes indígenas, de zonas rurales y comunidades con bajos ingresos. De esta manera, el embarazo en adolescentes refleja el mapa de la pobreza y la exclusión. Más aún, con adolescentes madres se perpetúa el ciclo de pobreza.
Pensemos por un momento en lo que significa para las propias adolescentes. Son millones de sueños incumplidos y vidas truncadas por el peso de una maternidad temprana, la gran mayoría no planificada ni deseada. Por el contrario, a las mujeres que postergaron la maternidad les va mucho mejor.
Los estudios que hemos llevado a cabo desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 15 países nos permitieron comparar estos dos grupos: mujeres que fueron madres entre los 10 y 19 años, y mujeres que lo hicieron a partir de los 20 años. Sus trayectorias de vida son marcadamente diferentes. Las mujeres que tienen su primer hijo en la adolescencia tienen tres veces menos probabilidades de alcanzar estudios universitarios, y sus ingresos pueden ser hasta tres veces menores que los de las mujeres que son madres a partir de los 20 años.
El embarazo en adolescentes trasciende lo individual; es el reflejo de una crisis regional de inequidad y exclusión que exige una respuesta colectiva. Tampoco es meramente una cuestión de ideologías. El evitar que niñas y adolescentes sean madres prematuramente debería atraer la adhesión, las alianzas y el esfuerzo colectivo de las sociedades, más allá de posiciones políticas. ¿Quién quiere que una adolescente deje de ir a la escuela, deje de jugar, practicar música o deportes? ¿Quién quiere que deje de abrazar la vida con todas sus oportunidades para convertirse en madre tempranamente? ¿Quién quiere que una niña muera por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el postparto? No podemos seguir siendo testigos de casos donde niñas asumen la responsabilidad de cuidar bebés.
En la investigación El precio de la desigualdad: Las consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana en América Latina y el Caribe, combinamos análisis realizados entre 2019 y 2024 en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam. Calculamos el costo de oportunidad del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana, el cual estimamos que asciende a 15.300 millones de dólares para los 15 países estudiados. Gran parte de este costo (88%), recae sobre las propias madres jóvenes en temas como educación, ingresos, inactividad laboral y desempleo. El resto lo asume el Estado, por el gasto adicional en salud del embarazo, parto y postparto, al igual que por potenciales pérdidas fiscales.
Comprobadamente, este es un obstáculo para el desarrollo socioeconómico. La buena noticia es que hay estrategias exitosas que han logrado reducir la tasa de fecundidad adolescente. De hecho, en los últimos 15 años esta se redujo en un 32% en la región. Sin embargo, el ritmo se estancó durante la pandemia y no se ha recuperado. En estos momentos, es preciso tomar acciones para acelerar los avances y no perder oportunidades.
Para hacerlo, son necesarias políticas públicas e inversiones sostenidas y oportunas. Felizmente, no estamos empezando desde cero. Tenemos evidencia, datos y experiencias que nos indican cuál es el camino a seguir. Países como Argentina, Chile, México y Uruguay han demostrado que es posible lograr avances significativos a través de estrategias de Estado que involucran a diferentes sectores con inversiones oportunas y estratégicas. Otros países han avanzado promulgando leyes que prohíben el matrimonio infantil, adaptando los servicios de salud a las necesidades de adolescentes, y empoderándolas desde las instituciones sanitarias, educativas, religiosas o comunitarias.
Es vital invertir en programas y políticas que garanticen tanto el acceso a información basada en evidencia científica como a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad que permitan a las adolescentes tomar decisiones informadas, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos modernos. Es necesario mantenerlas en la escuela, ofrecerles un proyecto de vida alternativo a la maternidad temprana, e incentivar el apoyo de familias y comunidades para evitar la normalización de relaciones inapropiadas, así como roles y expectativas de género que se constituyen en camisas de fuerza para las niñas y adolescentes.
Más aún, reducir el embarazo en adolescentes no es solo un imperativo ético y de derechos, es una buena política social y una inversión inteligente y costoefectiva, que puede generar entre 15 y 40 dólares de retorno por cada uno invertido, dependiendo del país.
En los tres minutos que pasaron mientras leías este artículo, nueve chicas dieron a luz en América Latina y el Caribe. Si invertimos en prevenir que esto suceda, tendremos un futuro donde ellas puedan seguir desarrollándose y conquistando el mundo junto a sus familias, comunidades y países.
El gobierno de México también informó sobre la devolución de piezas de contrabando cultural a naciones como Nigeria, Guatemala, España, Colombia y Cuba.
México ha padecido un despojo constante de su patrimonio cultural desde la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, por lo que en los últimos años, el Gobierno de ese país ha intensificado sus esfuerzos para recuperar miles de piezas arqueológicas pertenecientes a civilizaciones como la olmeca, maya, azteca y zapoteca, entre otras.
«Estamos trabajando para erradicar esta práctica colonialista e ilegal. Cuando nos arrebatan elementos de este patrimonio, están dañando nuestra identidad; por ello, recuperar este legado sin duda contribuye a fortalecer nuestro sentido de pertenencia, el orgullo cultural y también la educación», declaró Diego Prieto, actual director del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
En menos de un año de gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han recuperado más de dos mil piezas, y la tendencia es creciente. Este gobierno ha mostrado un notable impulso en la recuperación de bienes culturales, logrando en solo ocho meses la restitución de 2.082 objetos. Así, se observa que la curva de recuperación es mucho más pronunciada. En los últimos siete años, han regresado a México 16.240 piezas arqueológicas.
«La restitución de estos grandes símbolos de nuestra cultura nos proporciona un sentido de pertenencia y una reconexión», afirmó Quetzalli Blanco, miembro del Calpulli Movimiento Sexto Sol. Resaltó que es fundamental reconocer que se está redecubriendo y apreciando la cultura, desde la perspectiva de apropiación de la historia.
Los bienes culturales que regresan a México son esenciales para el autodescubrimiento de una gran civilización que ha sido silenciada durante siglos de colonización, explicó la especialista.
«Autodescolonizarnos es crucial para liberarnos de la forma en que se nos ha forzado a vernos a nosotros mismos como indios, como los otros, como ignorantes. Necesitamos entender que esa es nuestra identidad. Otros países admiran profundamente la cultura mexicana, pero en realidad es nuestra y no deberían venir a apropiársela», añadió.
El Gobierno de México también informó sobre la devolución de piezas de contrabando cultural a naciones como Nigeria, Guatemala, España, Colombia y Cuba. Para combatir el tráfico de piezas arqueológicas, el gobierno ha mantenido desde diciembre de 2018 la campaña «Mi patrimonio no se vende», cuyo objetivo es prevenir su comercialización en el extranjero.
Autor: teleSUR – ems – JGN
Fuente: Multimedia del SUR
Fuente de la Información: https://www.telesurtv.net/mexico-recupera-mas-de-16-000-piezas-de-su-patrimonio-en-ultimos-siete-anos/
Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.
Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.
Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.
En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).
La Alianza Pueblo Unido por la Vida llama a una huelga general.
El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.
Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.
Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.
“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.
Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.
¿Acuerdo o intervención?
El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.
“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.
Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento entre EEUU y Panamá.
A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.
La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.
Reactivación minera
A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.
Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.
Vista general de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, en el país centroamericano.
El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.
“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.
Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.
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