En varios análisis y opiniones vertidas en la esfera pública cubana transnacional muchos defienden la propuesta de una reforma económica más amplia, integral y rápida. Del mismo modo, resaltan que el modelo social cubano no debe renunciar al acceso universal a la educación y a la cultura, a la salud pública, a la seguridad social y al trabajo decente –para lo cual habrá que desarrollar una gran capacidad de generar empleo. ¿Cuáles deben ser las características de una factible reforma económica así considerada? ¿Cómo podría la sociedad cubana asegurar el acceso universal, con calidad, a esos derechos? ¿Cómo colocar en función de ellos los recursos financieros necesarios sin escatimar recursos para el desarrollo de otros ámbitos también medulares? Brindamos las opiniones del educador popular Ariel Dacal.
Parto de comprender que “reforma económica” no tiene un significado unívoco. En realidad como base, tampoco “la economía” lo tiene. Por tanto, es bueno aclarar desde qué nociones de economía se parte y con qué potencialidades cuentan para sustentar el acceso universal a los derechos humanos referidos, es decir, las artes, la salud, la educación y el trabajo dignos.
Las estructuras, dinámicas y relaciones económicas en Cuba viven un claro proceso de cambio, con independencia del carácter que estos tengan. Supongamos que si este proceso fuera más “rápido, amplio e integral”, idea defendida por mucho/as, habrá mayor producción, excedentes, acumulación y gastos para responder en positivo al mantenimiento (y mejora) del acceso universal a esos derechos. Todo lo cual es necesario, pero no suficiente.
Por eso habría que preguntar también ¿desde qué lugar social se distribuye la riqueza producida? ¿Esta distribución se asume como mercancía o como derecho? ¿Qué grupos sociales y en qué proporción participan de la generación, gestión y apropiación de la riqueza?
Estas preguntas develan como enfoque la relación entre economía y democracia, el cual está prácticamente ausente en los análisis sobre las reformas en curso. Enfoque imprescindible para abordar la relación entre reforma y acceso universal a los derechos.
Otra arista del mismo análisis sería la relación entre economía y desarrollo. Si esta fuera entendida como crecimiento económico, a toda costa y todo costo, concentración de las riquezas en sectores y grupos más “competitivos” frente a la exclusión de otros, así como la adecuación a las exigencias de instituciones que consagran al “mercado mundial”; entonces el acceso universal al arte, la salud, la educación y el trabajo dignos tendrán un destino incierto. Noción de economía y desarrollo en la que la democracia tendría poco que aportar.
Si por el contrario, el desarrollo se asume en su acepción potenciadora de la creatividad, las capacidades y la vida digna del ser humano, en tanto individuo y comunidad, y su contenido integral refiriera a la centralidad humana como condición del mercado y no a la inversa; si el alcance del desarrollo se verificara en la vida cotidiana de todos y todas, no en el bienestar de unos pocos; entonces el acceso universal a los derechos humanos tendría un curso más prometedor. Desde esta perspectiva, la relación entre economía, desarrollo y democracia estaría contenida en la integralidad demandable al proceso de reforma.
Para un proyecto de justicia social como el cubano, entiéndase acceso universal a los derechos humanos, es condición una reforma económica integral favorable a la inclusión y la distribución, no a la exclusión y la concentración. Reformas a favor de la vida humana y natural, y contrarias a los procesos de mercantilización de todas las relaciones sociales y con la naturaleza.
Para encaminar esta visión se debe definir como estratégico el proceso de democratización económica, al tiempo que potenciarlo, no solo al interior de las unidades productivas (sobre todo estatales, cooperativas, asociativas, familiares y comunitarias), sino en los espacios públicos donde se definan las políticas económicas, a nivel comunitario, municipal, provincial y nacional.
Más concretamente, por ejemplo:
- potenciar experiencias de presupuestos participativos y comercio justo, facilitadas por los gobiernos locales, que parta del nivel de circunscripción;
- alcanzar una participación descentralizada en la definición y control de las inversiones de capital extranjero;
- potenciar el control democrático dentro de las empresas que encamine la responsabilidad social de estas;
- mejorar las condiciones para conectar las experiencias locales con la cooperación internacional;
- ensayar propuestas de economía social y solidaria en pequeñas y medianas empresas locales y sectoriales;
- potenciar formas de propiedad y gestión comunitarias autónomas para la producción de bienes y servicios, que incluyan salud comunitaria, alternativas educativas, cooperativas de consumo y de vivienda, y facilitar el acceso a créditos con intereses mínimos.
No es posible que estos procesos, que en diferentes niveles de desarrollo están presentes en Cuba, progresen por generación espontánea. Es imprescindible su estímulo, acompañamiento y priorización desde las políticas estatales, las que también implicarían procesos democratizadores en la definición de estas y una creciente transparencia en la información económica.
Este pudiera ser un camino más seguro de reformas económicas para lograr la sostenibilidad del acceso universal a las artes, la salud, la educación y el trabajo dignos. Si el control sobre los derechos no es creciente y permanente, en cualquier momento estos pueden quedar relegados por necesidades “económicas”. Ha de apostarse, entonces, por la acumulación de una cultura económica emancipadora, donde no se asuman los derechos humanos ni como costo de producción ni como gasto burocrático.
Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=231783
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