“Las prioridades del gobierno están definitivamente distorsionadas”, argumentó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR.
Centro América/Puerto Rico/13.06.2017/Autor y Fuente: http://elvocero.com/
Escuelas que el Departamento de Educación cerró para trasladar a sus estudiantes a otros planteles abrieron hoy para lo que la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) calificó como “un proceso plebiscitario sin inconsecuente”.
Esto incluye, agregó el conglomerado, instalaciones educativas frente a las que los padres y madres han levantado campamentos para tratar de que se revoquen los cierres.
“Las prioridades del gobierno están definitivamente distorsionadas”, argumentó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR al contrastar la inversión de casi ocho millones de dólares “en una consulta que no resolverá nada”, cantidad que el Departamento de Educación ahorrará con el cierre de 167 escuelas.
Añadió que “han repartido el dinero del país para favorecer a parientes y dolientes, 48,000.00 para que Carmen Jovet les promueva el evento, miles de dólares para los hijos y familiares de Norma Burgos, despilfarran en uso de funcionarios en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), todo para una consulta que no tendrá implicaciones”, afirmó Martínez Padilla.
La Federación informó que “en medio de todo este proceso espurio, han movilizado policías a las escuelas donde hay campamentos de resistencia a los cierres para intimidar a los padres. En las escuelas Luis Santaella y Mulitas Alvelo, de Aguas Buenas, policías se han acercado para advertirles que tenían que permitir el paso a quienes fueran a votar. Mientras las escuelas supuestamente no están aptas para educar, sí son buenas para procesos político partidistas”.
En Corozal, la FMPR reportó incidentes con los padres Amneris Rivera y Adner Dumey, de la escuela Hipólito Caldero, donde la Policía los visitó para decirles que tenían que estar a 100 metros de la escuela en la votación.
“Estos padres llevan más de 30 días frente a su escuela luchando por la educación de sus niños y el gobierno ha ignorado sus reclamos. Sin embargo, para el plebiscito intervienen con ellos. Los policías no deben prestarse a esto, ya que ellos mismos se perjudican con los cierres de escuelas de sus hijos”, señaló la dirigente magisterial.
La FMPR concluyó que “después de este domingo el plebiscito pasará y no tendrá consecuencias. La educación de los niños jamás pasará. A esa, sobre la que debemos edificar el país, la defenderemos sin tregua”.
Puerto Rico/13 de junio de 2017/Autor: AFP/Fuente: https://udgtv.com
Beraliz Germocén aún no puede creer que haya ganado una beca para estudiar en la universidad. Criada en un barrio pobre de San Juan, éste era el sueño de su vida. Pero quizás tenga que esperar: huelgas y recortes presupuestarios amenazan la educación en Puerto Rico.
“Siempre ha habido un problema de pobreza”, dice la joven de 17 años. ¿La crisis? “La noto desde hace años, la noto desde que tengo conciencia“.
Beraliz soñaba con ir a la Universidad de Puerto Rico desde que era pequeña. Pero la institución está paralizada desde hace semanas por huelgas en reclamo de los cortes presupuestarios requeridos para superar la crisis de la isla, declarada en quiebra a principios de mayo.
Si los cursos siguen suspendidos, Beraliz estaría malgastando un beca necesaria para su familia monoparental de tres hijos y bajos ingresos. Pero decidió inscribirse de todos modos para estudiar recursos humanos.
“Mi decisión fue matricularme y, aunque no empiece los estudios en agosto, voy a ser parte de esa lucha, porque yo estoy con ellos“, cuenta a la AFP.
“Es tiempo y quizás dinero que estoy perdiendo, pero yo tengo mucha fe y mucha pasión de lo que estos estudiantes están haciendo“.
Vive en Luis Llorens Torres, un complejo a unos minutos a pie de la playa turística de Ocean Park, donde los ingresos medios de una familia llegan a 3.650 dólares por año. El ingreso medio en Puerto Rico es de 20.500 anuales, según estadísticas del Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ).
“Tuve que madurar antes de tiempo“, dice Beraliz. “Mi mamá siempre ha sido una persona con problemas de salud“.
Puerto Rico es un estado libre asociado de Estados Unidos. El español es su lengua oficial, pero las personas con mayores recursos suelen hablar inglés fluidamente. Beraliz dice, riendo, que ella en cambio aprendió a hablar con el acento estadounidense viendo los clips de MTV.
A pesar de las dificultades, la joven no piensa abandonar la isla ni migrar a Estados Unidos, como sí han hecho uno de cada diez boricuas en la última década, huyendo de la crisis financiera. “Mi corazón está aquí”, dice.
– ‘La otra cara’ –
El IDJ, que depende de la ONG de ayuda a la infancia Boys & Girls Clubs de Puerto Rico, fue desarrollado con la intención de poner de relieve realidades como la de Beraliz.
“Con nuestros datos queremos presentar la otra cara de Puerto Rico, que realmente hay una desigualdad económica“, dice Eduardo Carrera, presidente del IDJ.
En la isla de 3,5 millones de habitantes, casi la mitad (46%) vive por debajo del umbral de la pobreza, de acuerdo con el censo de Estados Unidos.
Pero en lugar de hundirse en el pesimismo, Carrera estima que la crisis ofrece una oportunidad para cambiar el modelo de negocios de Puerto Rico. Hasta ahora, se había enfocado en las grandes empresas que se instalaban en la isla atraídas por las exenciones de impuestos, pero ese beneficio fue abolido en 2006.
“El sistema económico de Puerto Rico, basado en grandes empresas, lo que hace es perpetuar que el 57% de nuestros niños vivan bajo el nivel de pobreza”, dice Carrera. “Pero en esta crisis hay un espacio para un Puerto Rico diferente“.
“El modelo económico no solamente se puede beneficiar del gran capital, sino que tiene que pensar en las pequeñas empresas, en el sistema de educación“, propone.
Una visión que suena optimista en momentos en que severos cortes presupuestarios amenazan con profundizar aún más la crisis en la educación pública, un sector ya afectado por la austeridad y por el éxodo de los puertorriqueños.
Con sus salarios congelados desde 2008, miles de docentes abandonaron la isla y el número de alumnos se redujo a casi la mitad desde los años 1980, explica Aída Díaz, presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico.
Y las autoridades prevén cerrar varias decenas de escuelas debido a la crisis fiscal.
“Esta isla no tiene minas, esta isla no produce petróleo”, dice Díaz. “Su riqueza estriba en el valor humano (…) Si no educamos a nuestra gente, estamos matando la isla“.
Puerto Rico/12 junio 2017/Fuente: Periódico La Perla
La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) dijo que la inversión de casi $8 millones «en una consulta que no resolverá nada» es precisamente la cantidad que se iba a ahorrar el Departamento de Educación con el cierre de 167 escuelas.
Escuelas que el Departamento de Educación cerró para trasladar a sus estudiantes a otros planteles abrieron hoy para lo que la Federación de Maestros calificó como “un proceso plebiscitario sin inconsecuente”. Esto incluye facilidades educativas frente a las que los padres y madres han levantado campamentos para tratar de que se revoquen los cierres.
“Las prioridades del gobierno están definitivamente distorsionadas”, argumentó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) al contrastar la inversión de casi $8 millones “en una consulta que no resolverá nada”, cantidad que el Departamento de Educación ahorrará con el cierre de 167 escuelas.
“Han repartido el dinero del país para favorecer a parientes y dolientes, $48,000.00 para que Carmen Jovet les promueva el evento, miles de dólares para los hijos y familiares de Norma Burgos, despilfarran en uso de funcionarios en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), todo para una consulta que no tendrá implicaciones”, afirmó Martínez Padilla.
La Federación de Maestros informó que “en medio de todo este proceso espurio, han movilizado policías a las escuelas donde hay campamentos de resistencia a los cierres para intimidar a las madres y padres. En las escuelas Luis Santaella y Mulitas Alvelo de Aguas Buenas policías se han acercado para advertirles que tenían que permitir el paso a quienes fueran a votar. Mientras las escuelas supuestamente no están aptas para educar, si son buenas para procesos político partidistas,” añadió.
En Corozal la FMPR reportó incidentes con los padres Amneris Rivera y Adner Dumey de la Escuela Hipólito Caldero donde la Policía los visitó para decirles que tenían que estar a 100 metros de la escuela en la votación. “Estos padres y madres llevan más de 30 días frente a su escuela luchando por la educación de sus niños y el gobierno ha ignorado sus reclamos. Sin embargo, para el plebiscito intervienen con ellos. Los policías no debe prestarse a esto ya que ellos mismos se perjudican con los cierres de escuelas de sus hijos”, señaló la líder magisterial.
La Federación de Maestros concluyó que “después de este domingo el plebiscito pasará y no tendrá consecuencias. La educación de los niños y niñas jamás pasará. A esa, sobre la que debemos edificar el país, la defenderemos sin tregua”.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó este miércoles la polémica Ley para las Iglesias-Escuela.
El estatuto que será la Ley 33-2017 reconoce que las Iglesias-Escuela son una alternativa al proceso de enseñanza-aprendizaje conocidas como “instituciones educativas no tradicionales”, con métodos, enfoque, valores y programación académica distinta a las que se ofrecen en el sistema de educación pública o privada licenciada.
Al igual que las Iglesias, estas instituciones tendrán exenciones contributivas.
«De la misma forma que respetamos las creencias, preferencias y convicciones ideológicas de otros sectores, debemos respetar el derecho de los padres, madres y encargados de criar a sus niños bajo la estructura académica y religiosa que entiendan pertinente. Esta ley garantiza que, quien así lo estime, pueda optar por educar a sus hijos en un marco no tradicional —como es el caso del método Montessori y la educación en el hogar— que responda al ambiente que ellos prefieran para el desarrollo formativo de sus hijos», expresó el primer mandatario.
Durante la firma de la ley, el gobernador estuvo acompañado de la viuda e hijos del doctor Hernán Cortés, quien fue pastor de la Iglesia Bautista de Levittown en Toa Baja y pionero de esta corriente educativa.
Linette Anadón ya conocía ese miedo. Por segunda vez en menos de tres años el Estado amenazaba con cerrar la escuela pública que dirige en la ciudad de Ponce, en el sur de Puerto Rico.
«Cuando empezaron los rumores de que otra vez iban a cerrar escuelas, supe que la nuestra iba a aparecer ahí», le dijo a BBC Mundo.
Anadón había escuchado hacía unos meses que solo quedarían abiertos planteles con más de 250 estudiantes y el suyo, llamado Salvador Busquets, solo cuenta con 108.
Entre 2010 y 2015, la institución se había salvado de estar entre las más de 100 que fueron clausuradas por el gobierno.
Esta vez, Anadón esperaba recibir la «mala noticia», pero no por eso dejó de sentirse frustrada cuando el anuncio se hizo oficial.
«Esto es una desolación, nos consume mucho emocionalmente», expresó en referencia a la comunidad que hace parte del colegio, que también sirve de espacio para actividades culturales y deportivas en horario extracurricular.
El Busquets es uno de los 179 planteles públicos que cerrarán sus puertas a finales de este mes por orden del Departamento de Educación de la isla, que hizo el anuncio el viernes pasado.
Recortes en medio de la crisis
Se trata del cierre de mayor escala en la historia de Puerto Rico, que afecta a más de 2.700 maestros y supone el traslado de unos 27.000 alumnos a otras escuelas para el inicio del nuevo año escolar en agosto.
Quienes se oponen a la medida señalan que afectará a los estudiantes menos favorecidos, disminuirá la calidad y que miles de maestros no tendrán empleo en el futuro.
Image captionLa tasa de natalidad en la isla ha disminuido como consecuencia de la migración a EE.UU. de miles de puertorriqueños.
Casi el 80% de los alumnos matriculados en las 1.332 escuelas públicas de la isla vive por debajo del umbral de la pobreza.
Ese dato ilustra la situación que atraviesan los puertorriqueños, en una grave crisis económica que ha significado medidas de austeridad y un índice de pobreza del 45%.
En días recientes, el estado libre asociado de EE.UU. se declaró en quiebra para reestructurar una deuda fiscal de US$73.000 millones.
El Departamento de Educación —cuyo presupuesto de US$3.000 millones representa casi el 30% del total del de la isla— señaló que ahorrará US$7 millones al año por razón del cierre de escuelas.
Pero algunos críticos de la decisión consideran que fue netamente económica y no consideró otros factores.
Una isla con menos estudiantes
«Los niños terminarán hacinados y miles de docentes van a quedar a la deriva«, reclamó en una entrevista con BBC Mundo Edwin Morales, vicepresidente de la Federación de Maestros de Puerto Rico, un sindicato que agrupa a más de 3.000 profesores públicos.
Su preocupación la comparten decenas de educadores y representantes, que el lunes protestaron contra la medida en las entradas de los planteles localizados en diferentes regiones del territorio.
Morales, sin embargo, reconoció que ha habido una reducción significativa de población estudiantil debido a la migración en la última década de casi 450.000 puertorriqueños a EE.UU. y a la reducción en la tasa de natalidad en la isla.
Image captionCasi 450.000 puertorriqueños han migrado a EE.UU. en la última década.
El sistema escolar público pasó de tener casi 600.000 estudiantes en 2002 a 380.000 en 2015, según cifras del Consejo de Educación de Puerto Rico.
Este fue uno de los factores que consideró el Departamento de Educación para decidir sobre el cierre de las 179 escuelas.
«Con menos estudiantes, era lógico que debíamos ajustar el tamaño del sistema educativo«, justificó la secretaria de Educación, Julia Keleher, en conversación con BBC Mundo.
Image captionLa secretaria de Educación de Puerto Rico, Julia Keleher, asumió el cargo en enero de este año.
En ese ajuste, los más afectados serán los maestros transitorios, que tienen contratos temporales de renovación anual.
La funcionaria explicó que el presupuesto del año entrante podrá reducirse en un 10% al prescindir de muchos de estos contratos.
Una determinación que preocupa a centenares de docentes que hoy en día trabajan bajo esa figura legal, quienes temen no poder encontrar empleo en el futuro.
Pero Keleher argumentó que la oficina que encabeza «no es una agencia para dar empleo a todo el mundo«.
«Si tengo maestros que realmente no necesito más, pues entonces deberé bajarlos de la nómina», sentenció.
Miles de dólares
Los que apoyan el cierre de las escuelas señalan que algunas tienen infraestructuras en mal estado o una población estudiantil tan baja que no se justifica su manutención.
Educación pública en Puerto Rico
410.950
alumnos estudian en el sistema público
78,5% de la población total estudiantil vive bajo niveles de pobreza
31% de los estudiantes requiere de educación especial
179 planteles educativos cerrarán a finales de mayo
1.153 escuelas permanecerán abiertas
Getty
Como la docente retirada Wanda Ramos, de 62 años, quien trabajó durante más de dos décadas en instituciones públicas y privadas.
«Hay que preguntarse si vale la pena gastar miles de dólares en mantener una escuela con pocos estudiantes y que no tenga la mejor infraestructura, cuando hay una institución cercana que podría albergar a esos alumnos», le dijo a BBC Mundo.
Estos centros educativos, según el Departamento de Educación, están dotados de instalaciones más recientes y en mejor estado.
«Con el ahorro que representan las escuelas que vamos a cerrar, podremos invertir esos fondos en desarrollar programas especiales y dar más dotación a las que quedan», agregó la secretaria de la agencia, Julia Keleher.
Según la funcionaria, en algunos institutos «ni siquiera hay libros» ni acceso a internet.
Image captionLa Federación de Maestros de Puerto Rico, una organización sindical, protestó contra el cierre de escuelas.
Dificultades
La promesa del traslado de los niños a centros educativos mejor dotados no alivia las inquietudes de algunos padres que viven en zonas rurales.
«Esta es una región montañosa y la escuela receptora queda como a tres kilómetros de nuestra casa», dijo a BBC Mundo Luzaina Peña, madre de un niño de cinco años.
Peña, de 31 años, es trabajadora social del mismo instituto al que asiste su pequeño, el Merced Marcano, en la localidad de Toa Alta, en el norte de la isla.
Con el cierre de esa escuela, Peña tendrá que esperar a que la reubique el Estado en un centro educativo de algún pueblo contiguo.
Image captionEl primero de mayo cientos de puertorriqueños participaron en un paro en protesta a las medidas de austeridad que ha tomado el gobierno.
Todavía no sabe si el gobierno proveerá transporte escolar para su hijo, pero está segura de que no cuenta con el dinero para pagarlo.
En su papel de trabajadora social cuestiona el poco tiempo que tuvieron los maestros y padres para avisar a los niños del cambio, ya que el cierre está programado a finales de mes.
«Niños míos lloraron porque no entendían que ahora se separan y que van a otra escuela«, apuntó.
«Nuestra escuela es nuestro orgullo»
Para otros padres, las escuelas gozan de aprecio en la comunidad y han servido como agentes de cambio social en un entorno de pobreza.
Así lo afirmó Adneri Rivera, que estudió hace tres décadas en la misma institución en la que hoy está inscrita su pequeña hija en el nivel preescolar y varios sobrinos.
«Nuestra escuela es nuestro orgullo», le dijo a BBC Mundo la madre de 39 años, cuyos hermanos también cursaron la primaria en el centro educativo Hipólito Cáldero, en la localidad rural de Corozal, en el centro de Puerto Rico.
Image captionLa escuela Hipólito Cáldero, en la localidad rural de Corozal, cerrará sus puertas a finales de este mes.
Rivera calificó como un «golpe muy duro» que la escuela, con 159 estudiantes, tenga que cerrar en los próximos días.
«Este lugar ha aportado al desarrollo de personas que han brillado. Grandes escultores, pintores, hasta una Miss Puerto Rico salió de aquí», continuó afligida.
Rivera, quien es maestra de otra institución que permanecerá abierta, cuestionó que deterioros en la infraestructura y una baja nómina de estudiantes sean razones suficientes para la clausura.
Según ella, la autoridad educativa realizó una asamblea con «cientos de representantes de escuelas que solo tuvieron dos minutos para expresar por qué su institución no debía cerrarse».
Por su parte, el Departamento de Educación mantiene que se hizo un análisis exhaustivo en el que participaron los centros de enseñanza a lo largo y ancho de la lista.
A pesar del esfuerzo, Rivera cree que no fue suficiente.
«No sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, cuál será su futuro«.
La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), denunció el jueves, que supuestamente en la Legislatura hay dos proyectos para destruir al magisterio y a la educación pública.
“El primero es el Proyecto del Senado 563 del senador Abel Nazario que busca despedir maestros con estatus permanente o probatorio, cuyas plazas hayan sido declaradas excedentes. El segundo, es una resolución del representante Jorge Navarro, que pretende atender la crisis fiscal privatizando escuelas públicas, copiando el modelo de escuelas chárter que existe en Miami. La Asociación solicitó el retiro de ambos proyectos”, denunció la profesora Grichelle Toledo, secretaria general de la Local Sindical en declaraciones escritas.
Explicó que el Proyecto del Senado 563 establece un período de dos (2) años para que un maestro, cuyo puesto fue declarado excedente, se readiestre en otra categoría, designada por el Departamento de Educación, y de no cumplir, quedará despedido.
“La falta de respeto a la dignidad del maestro no cesa. ¿Cuándo el gobierno le ha dicho a un médico generalista que tiene dos años para convertirse en ortopeda? De eso se trata este proyecto, de decirle a un maestro, cuya especialidad pueda ser k-3, que tiene dos años para regresar a la universidad, pagarse sus estudios, y convertirse en maestro de química de escuela superior. Si no lo haces, quedas despedido, así seas un maestro de excelencia. Lo primero es que dos años es muy poco tiempo, estamos hablando de 18 créditos como mínimo y lo segundo es, que el maestro no tiene dinero para costear esos estudios y posiblemente tampoco tenga el tiempo. Sabemos de muchos maestros que tienen un segundo trabajo porque el salario no les da”, mencionó.
Sobre la resolución de la Cámara que ordena un estudio para viabilizar la entrada de las escuelas chárter al país, la profesora Toledo recordó que esto no es nuevo.
“Desde la década del ’90 todos los gobiernos en Puerto Rico han intentado convertir la educación pública en mercancía. Este gobierno no es la excepción y esa resolución pretende entregarle al sector privado los fondos públicos destinados a la educación de nuestros niños. Una vez más, nos preparamos para combatir este abuso junto con nuestros maestros”, indicó.
“Solicitamos que la Legislatura retire ambos proyectos”, reclamó Toledo.
Mencionó que la Asociación informará a su matrícula sobre ambos proyectos y educará a los legisladores sobre el daño que ocasionarán si les dan paso a ambos proyectos.
“Mientras todos los países en crisis han buscado proteger a su magisterio y a su educación, es un bochorno ver que en Puerto Rico pretenden hacer lo contrario”, finalizó Toledo.
Puerto Rico / 07 de junio de 2017 / Fuente: http://www.primerahora.com
Además comenzará una pesquisa sobre el «Plan de Control».
La Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico analiza las medidas y estrategias del Departamento de Educación para maximizar la efectividad y el costo del transporte escolar, incluso otras formas de establecer la elegibilidad, pago y costo del servicio a estudiantes que no cumplen con los requisitos establecidos.
La Comisión, que preside el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Guillermo Miranda, además comenzará una pesquisa sobre el «Plan de Control» que tenía que remitir el Secretario de Educación, junto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en virtud de la «Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico», 60 días después de aprobarse dicha Ley.
Según explicó Miranda Rivera, dicha investigación redundaría en redacción de legislación o en la publicación de propuestas de medidas correctivas dirigidas desde la rama legislativa a la ejecutiva con la finalidad de garantizar el cumplimiento con la política pública del Gobierno de Puerto Rico en lo que a servicios de transporte escolar se refiere, promover la costo-efectividad de los mismos, así como el bienestar de la comunidad escolar.
Para esto, el legislador radicó la Resolución de la Cámara 444.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 21
Total Users : 35459616
Views Today : 55
Total views : 3418027