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Desigualdad social: un problema global

Por: Helle Jeppesen

La desigualdad social no es una ley de la naturaleza. Cinco medidas podrían reducir la brecha entre ricos y pobres.

La buena noticia es que la desigualdad entre los países del Sur y los del Norte está disminuyendo a medida que aumenta el producto interno bruto, especialmente el los países emergentes. La mala noticia es que en los países de todo el mundo, la brecha entre los ricos y los pobres  se está ampliando. Pero la desigualdad no es una ley de la naturaleza. Existen medidas tanto políticas como económicas para combatir la desigualdad.

Progresividad y evasión tributaria

La progresividad tributaria grava los altos ingresos a un mayor porcentaje que los bajos. El principio de la progresividad es la medida más eficaz para la redistribución de ingresos dentro de una sociedad. En muchos países, sin embargo, los ingresos del trabajo se gravan a una tasa más alta que los ingresos provenientes de activos como las participaciones accionarias. La reforma fiscal del presidente Donald Trump va en esa línea. Eso produce una redistribución desde abajo hacia arriba en lugar de a la inversa.

La evasión de impuestos también es un gran problema. La Comisión de la Unión Europea estima que los estados miembros pierden entre 50 y 70 mil millones de euros cada año debido a trucos legales por parte de los acaudalados y las grandes empresas. Un regreso al principio de la progresividad y un sistema en el que los ricos pagan más que los pobres podría financiar inversiones gubernamentales en educación y salud, por ejemplo.

Prosperidad y pobreza, lado a lado. Prosperidad y pobreza, lado a lado.

El que daña debería pagar

Hoy en día la economía trabaja a nivel global. Las materias primas se compran donde menos cuestan, luego se fabrica el producto en países con salarios bajos y se vende en todo el mundo. Las ganancias se gravan luego donde sea más favorable: en los llamados paraísos fiscales. Sin embargo, los costos de estas cadenas de producción globalizadas son pagados por los ciudadanos y el medio ambiente.

Una obligación de pagar impuestos en los lugares de producción y un registro mundial para impedir la evasión fiscal y el lavado de dinero podrían asegurar los recursos para inversiones públicas. La responsabilidad directa de las empresas por daños ambientales sería un incentivo para la producción de productos más respetuosos con el medio ambiente.

Salarios justos

Cuando las grandes empresas amenazan con reubicar una fabrica en otro país porque los salarios ahí son más bajos, los Gobiernos a menudo las apoyan. Lo que se pierde en el proceso es el salario justo, la seguridad en el trabajo y la seguridad social. Los salarios bajos significan también menos ingresos para el Estado y con ello menos dinero para inversiones públicas.

Si bien la mano de obra barata puede tener en el corto plazo un impacto positivo en las ganancias de las empresas, ellas perderán en el largo plazo si se ven afectadas por protestas, huelgas y disturbios sociales.

Los que quieran tener éxito en la economía digitalizada deben invertir en educación.Los que quieran tener éxito en la economía digitalizada deben invertir en educación.

Educación para todos

La educación es el garante del progreso social en todo el mundo. Con la «Agenda 2030» de las Naciones Unidas, los países miembros se han comprometido a velar por educación para todos hasta el año 2030. Cada vez más trabajos requieren un alto nivel de educación. Un buen sistema educativo para todos garantiza empleos mejor pagados y promueve la democracia y la participación en la sociedad a través de la equidad.

Promover la igualdad

Ya sea en países ricos o pobres: las mujeres ganan en promedio menos que los hombres y tienen menos probabilidades de pertenecer a la elite política o económica. Si la equiparación continúa al mismo ritmo que hasta ahora, pasarán 217 años hasta que hombres y mujeres tengan los mismos ingresos.

¿Podemos permitirnos discriminar a la mitad de la población mundial? Estudios muestran que las mujeres son las que priorizan la educación y la buena nutrición para sus hijos. Sin la participación activa de las mujeres, tanto económica como política, no será posible reducir la desigualdad social en el mundo.

Fuente: http://www.dw.com/es/desigualdad-social-un-problema-global/a-42647789

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Evaluaciones, notas y resultados: hacia una escuela-empresa

Por: Anna Torralbo

Las calificaciones no sirven de nada, si el estudiante no entiende en qué aspectos tiene que mejorar y cómo puede hacerlo.

Se terminó el primer trimestre y miles de alumnos y alumnas llegaron a casa con el pertinente informe de notas. A algunos, este documento les dará fuerzas y seguridad a la hora de afrontar el resto de curso. Para otros, sin embargo, este mismo informe podrá significar una decepción: una valoración externa e impuesta que no acaban de entender. Y que un alumno no se sienta identificado o no comprenda el contenido de este informe es algo que debería preocuparnos, o si más no, hacernos reflexionar sobre este instrumento evaluativo y el modo en el que lo utilizamos.

Vayamos por partes porque hay diferentes aspectos que tener en cuenta. Por un lado, cabría hablar de la sobre-evaluación a la que tanto el alumnado como el profesorado estamos expuestos. Un informe cada tres meses, ¿no será demasiado? Hagamos números: desde ese primer día de escuela (a mediados de septiembre) hasta las vacaciones de Navidad, han transcurrido apenas tres meses; entre los cuales, no hay que olvidar, ha habido días festivos. Si tenemos en cuenta que el curso escolar ya se suele iniciar con una evaluación: la llamadaevaluación inicial (aquella que pretende ver en qué nivel se encuentra cada alumno en cada área); y que diseñarla, pasarla, corregirla y evaluarla suele tomar de tres a cuatro semanas, nos encontramos en que el tiempo invertido, desde que sabemos de dónde partimos hasta que hacemos la evaluación trimestral, se reduce todavía más, ¿dos meses?

Expuesto esto, la pregunta que viene es inevitable: ¿Un trimestre es suficiente tiempo para hacer un informe? ¿Hasta qué punto puede dar fe del ciclo de aprendizaje? Estamos ante un debate cada vez más extendido y más apoyado entre la comunidad de profesores, que en pocos años, hemos visto como el tiempo para el aprendizaje se reduce cada vez más en pro de las consecutivas evaluaciones.

Hagamos un supuesto. Pongamos el caso que un profesor/a inicia el curso con un grupo nuevo de alumnos. Es obvio que le llevará un tiempo conocerlos en lo que al ámbito de aprendizaje respecta: detectar sus dificultades y sus puntos fuertes, conocer su entorno familiar y cómo este afecta al aprendizaje, sus hábitos de estudio, etc. Por otro lado, también debe consolidarse la relación entre ellos, esto es, establecer empatía y confianza. Por no olvidar, que también debe crearse un ambiente propicio para el aprendizaje en el aula: ver en qué modo el grupo aprende mejor, de qué manera distribuir el aula, etc. Por otro lado, ellos también deben familiarizarse con este nuevo contexto: compañeros, profesor/a, contenido, ritmos, etc. Así bien, parece difícil que pueda rellenarse un informe concluyente sobre la evolución y los aprendizajes del alumnado en tan solo dos meses.

A todo lo dicho, además, hay que sumarle el hecho de que (quien más quien menos), todos los profesores estamos inmersos en un proceso de renovación/revisión que abarca distintos ámbitos: cambios en la metodología, retos de inclusión cada vez más presentes y exigentes, nuevos contenidos, nuevos materiales, nuevas manera y procedimientos de evaluación, etc. Con todo, lo que acaba ocurriendo es que, apenas has conseguido hacerte una libreta de programación, evaluación y seguimiento adecuada al grupo y a los nuevos retos que te has planteado para el curso; apenas sientes que conoces a tu grupo-clase y comenzáis a entenderos, tienes que sentarte y hacer un informe que marque con una nota hasta qué punto se han adquirido las competencias trabajadas. Este es el momento en el que te das cuenta de que el ciclo del calendario escolar no está en concordancia con el ciclo natural de enseñanza-aprendizaje e incluso de la relación alumnado-profesorado.

El sistema educativo se encuentra en un momento de cambios y de muchos debates que pretenden reajustar los pilares sobre los que se asientan las bases de la educación. Quizás sea por este motivo que nos encontramos ante tantas contradicciones; entre ellas, el hecho de integrar la evaluación continua: aquella que registra no un punto final, sino el proceso y progreso de aprendizaje), la autoevaluación: aquella que implica al alumnado en su propia evaluación y la de los compañeros; y las evaluaciones por parte del Estado y de los gobiernos autonómicos: evaluaciones diagnósticas. ¿En qué quedamos?, nos preguntamos los profesores. ¿Queremos realmente aplicar una evaluación continua y hacer al alumno partícipe del proceso? O bien queremos seguir dando todos estos informes cualitativos juntamente con las pruebas externas, las cuales, por cierto, hay que ensayar previamente para que los alumnos se acostumbren a la tipología de preguntas y planteamientos (¡más pruebas que pasar!).

Cada escuela tiene su propio proyecto educativo, eso es cierto, pero nadie se escapa de las exigencias de un sistema educativo que en poco tiempo ha dado un giro repentino y abrupto hacia los resultados, lo cual, a largo plazo, tiene toda la pinta de querer ir hacia la profesionalización de la educación en su aspecto más peyorativo. Escuelas que funcionan como empresas, las cuales, al terminar el año, hacen balance de los resultados académicos (ganancias) a partir de los cuales marcan ya los objetivos y las medidas para el curso siguiente.

Un sistema que categoriza las escuelas según sus resultados, casi podríamos hablar de un paralelismo con Bolsa: La escuela X ha bajado 2,5 puntos sus resultados. Baja la confianza en esta escuela y esto, sin dudarlo, tendrá consecuencias en los inversores (familias que inscriben a sus hijos en la escuela). Las escuelas, al fin, acaban dirigiendo sus esfuerzos a ganarse la confianza de los mejores inversores (familias con buenos ingresos), porque de ello dependerá el capital de que dispongan para hacer frente a la competencia cada vez más agresiva a la que están expuestas las escuelas-empresas actualmente.

¿Cómo podemos conciliar este alud de evaluaciones con el aprendizaje? Porque hay que decir que se hace arduo, y se trabaja bajo mucha presión (tanto para alumnos como profesores), cuando en el horizonte siempre asoman las orejas de las notas finales y de las pruebas diagnósticas. Si queremos que nuestros alumnos se inmiscuyan de lleno en el proceso de aprendizaje: y esto significa que desde que se comienza un tema o proyecto, hasta el momento de evaluar el dominio de las competencias adquiridas, ellos sean plenamente conscientes de en qué punto se encuentran; será necesario disponer de tiempo.

Cada vez somos más los profesionales que consideramos que el informe calificativo trimestral castra un proceso que en el aula tiene un ritmo distinto y que, en muchos casos, también atenta contra la idea, cada vez más consensuada, de que hay que atender a los distintos ritmos de aprendizaje. Hoy por hoy, todavía hay muchos profesores/as que al finalizar el trimestre corren a recoger notas para rellenar el informe, porque durante estos escasos dos meses no han tenido suficiente tiempo para hacerlo (ha habido muchas otras cosas importantes de las que ocuparse). Por este motivo, somos ya bastantes los que abogamos por reducir el número de informes calificativos en pro (si fuera necesario), de un informe que trate aspectos a menudo olvidados como son la adaptación al grupo, al profesorado, a la metodología de trabajo, etc; Un informe que nada tenga que ver con notas, sino con todos aquellos aspectos actitudinales y aptitudinales que hacen posible que, a lo largo del curso, se asuman las competencias trabajadas.

Su hijo ha sacado un bien en matemáticas, pero no sabe en qué ha fallado, o cómo puede hacer para mejorar estos resultados. Las calificaciones no sirven de nada, si el estudiante no entiende en qué aspectos tiene que mejorar y cómo puede hacerlo. Por no mencionar que, cuanto más tiempo hace que soy maestra, menos sentido le veo a las notas, pues, por mucho que nos esmeremos, nunca son objetivas: varían según el profesor/a, la escuela, el pueblo, la comunidad, etc.

Es hora de dedicar tiempo en el aula a pensar sobre los procesos, tiempo para reflexionar sobre qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y cómo podemos mejorarlo. Pero para ello, necesitamos que la sombra del informe trimestral no esté presente desde que iniciamos el curso. Necesitamos poder mirar hacia delante, y en vez de un muro, encontrar una llanura de espacio y de tiempo que nos permita llegar donde queremos llegar sin cojear.

El día en que dejemos de ver alumnos que al terminar el trimestre abren el sobre de los informes como cuando recibíamos las fotografías reveladas del laboratorio (preguntándose cómo habrán salido), significará que algo ha cambiado realmente.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/01/19/evaluaciones-notas-resultados-hacia-una-escuela-empresa/

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¿Una cátedra de Historia ayudaría a resolver los problemas de la educación?

Por: Julián de Zubiría

Antes culminar el año 2017, el Congreso expidió la Ley 1874, la cual obliga a restablecer la enseñanza de la Historia. El pedagogo Julián De Zubiría reflexiona sobre los alcances de la ley y los inconvenientes que le genera al país creer que las cátedras educativas resuelven los problemas sociales.

En Colombia ha hecho mucho daño la idea que tomó fuerza en las décadas anteriores entre funcionarios del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y congresistas, la cual sostiene que cada vez que aparece un problema social lo que hay que hacer es crear una cátedra educativa para ayudar a superarlo. De esta manera, congresistas con poco o nulo conocimiento de pedagogía terminaron siendo partícipes del verdadero caos curricular en el que nos encontramos en el país. Por la vía de las “cátedras obligatorias”, los estudiantes en Colombia deben estudiar cada grado quince asignaturas en promedio, todas ellas desarticuladas y fragmentadas entre sí.

Bajo esta lógica apareció la cátedra de urbanidad para enseñar “buenas costumbres” y tiempo después, la de “Constitución” para que se conocieran los alcances de la Constitución de 1991. Cuando se hizo evidente que por lo menos una de cada cinco menores de edad estaba o había estado embarazada, apareció la Cátedra de Sexualidad. Con similares motivos apareció otra para orientar a los jóvenes en el buen uso del tiempo libre. Más recientemente, ante los problemas del tráfico urbano, algunos congresistas promovieron los cursos obligatorios de tránsito y seguridad vial. Así mismo, cuando se hicieron visibles nuestros bajos resultados en competencias financieras, algunos congresistas vieron la necesidad de crear desde el preescolar la cátedra de Emprendimiento. Más recientemente, y fruto de los Acuerdos de Paz con las FARC, ha aparecido la Cátedra de Paz.

Mágicamente, se crean las cátedras, pero no aparecen programas de formación de docentes, lineamientos curriculares, confrontación de las ideas con la comunidad académica o textos orientadores, entre otros. Por ello es relativamente común que cada institución educativa haga lo que a bien le convenga en cada una de estas cátedras.

Con esta misma lógica, la senadora Viviane Morales, promovió desde el año 2016 la creación de la Cátedra de Historia. Ella quería que se independizara del área de Ciencias Sociales y que se enseñara como materia aparte. Afortunadamente, el Congreso mejoró significativamente la propuesta y decidió fortalecer la Historia, pero en el interior de las Ciencias Sociales. Aun así, la expedición de la Ley 1874 de 2017, días antes de culminar el año 2017, ha generado mucha confusión, la cual es importante aclarar, ahora que todos los colegios del país retornan a clases en los próximos días.

Lo primero que hay que entender es que el papel de la educación básica debería ser por completo diferente a lo que han pretendido los congresistas en las últimas décadas en el país. En lugar de un trabajo totalmente disperso y fragmentado, los estudiantes deberían consolidar pocas y esenciales competencias. Deberían abordar muy pocas e integrales asignaturas y no las disgregadas y desintegradas que hoy en día se están incluyendo. Lo he dicho muchas veces, pero estamos tan lejos de ello, que se requiere insistir en que lo que necesitamos es fortalecer tres competencias fundamentales: pensar, comunicarnos y convivir. Todo lo demás es superfluo al lado de ello. La educación básica debe garantizar la plena consolidación de estos procesos, sin los cuales no es posible comprender ni la historia, ni la física, ni la matemática, ni la geografía. El problema es que por abordar tantos y tan dispersos contenidos, nos quedamos, como dice el proverbio, “sin el pan y sin el queso”. Por perder tanto tiempo en tantas trivialidades, los niños y jóvenes actuales no están aprehendiendo ni a pensar, ni a comunicarse ni a convivir.

Dado lo anterior, hay que saludar la decisión del Congreso de no crear una nueva cátedra, sino de fortalecer el área de Ciencias Sociales, con tres propósitos: a) Desarrollar el pensamiento crítico b) Contribuir a la formación de identidad nacional, y c) Promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz de nuestro país.

Sin duda, los tres propósitos son muy loables. Por ello, tiene toda la razón el MEN cuando aclara que no volverá la cátedra de historia a los colegios. Esa fue la decisión del Congreso y sería dramático que lo que comenzara a pasar es que las instituciones educativas optaran por crear una cátedra adicional a las quince o dieciséis que suelen tener la mayoría de los jóvenes. Si esto último pasa, seguiremos en educación como el cangrejo: marchando para atrás.

Comprender la historia es mucho más complejo de lo que presuponen los congresistas, ya que la historia es la “síntesis de múltiples determinaciones”. Precisamente por ello, se requiere de contextos geográficos, sociales y culturales para poder comprenderla. En mucho mayor medida si se trata de niños y jóvenes.

No tendría sentido estudiar la historia si no se comprende que el tiempo histórico es relativo. Esto es tan impactante que China está próxima a celebrar su año 4716, mientras que los países budistas están en el año 2561, al tiempo que los judíos ya alcanzaron el 5779. Tan solo para el 31% de los humanos estamos en el año 2018, dado que los demás tienen otros criterios para periodizar el tiempo. Sin comprender esto, es incomprensible la historia.

 

No se podría comprender la historia sin los conceptos de época, tiempo histórico, poder, clase social, campo o ciudad, Estado, entre otros. De allí que comprender la historia es un proceso mucho más largo y lento de lo que creen los congresistas. Se trata de un complejo proceso de reconstrucción espacio-temporal que exige pensamiento relativo e hipotético-deductivo y previo dominio de algunos conceptos históricos, sociológicos, antropológicos y económicos, entre otros.

Comprender la historia exige entender que los hechos están articulados entre si y que los procesos fueron determinados por múltiples causas que operan en diversos momentos. Comprender la historia empieza por entender que las ideas, los valores y las prácticas son relativos, ya que han cambiado a lo largo del tiempo dado que son dependientes de la cultura, el contexto y el marco interpretativo en el que nos encontremos.

Lo esencial en la educación básica, por tanto, no es que los jóvenes conozcan la historia, sino que desarrollen pensamiento crítico para interpretar los procesos sociales presentes, pasados y futuros. Sin duda, comprendiendo el pasado podemos comprender de mejor manera el presente. La paradoja es que sin los conceptos de las Ciencias Sociales y sin pensamiento crítico, no es posible ni conocer ni comprender la historia. De allí que los currículos en Colombia, previos a 1994 y que contaban con la asignatura de historia, ni garantizaban la comprensión ni el conocimiento, porque su diseño no tuvo en cuenta las diversas condiciones cognitivas que ello demandaba.

De la reflexión anterior concluyo dos cosas:

De un lado, que es exagerada la alegría que ha generado entre amplios grupos de la población la decisión del Congreso de reestablecer la cátedra de la historia. Creo que la senadora Morales generó un debate equivocado y diferente al que necesita la educación en el país. De lo que deberíamos estar hablando es de cuál es la finalidad de la educación básica en un país como Colombia: ¿A qué deberían estar yendo los estudiantes a las escuelas? Ese es el debate crucial que el país ha aplazado por décadas y es un tema en el que me atrevo a afirmar estamos en la cola de América Latina. Ese debate necesariamente nos conducirá a repensar el caótico currículo que tenemos en la actualidad.

Desde hace treinta años, hemos propuesto en el Instituto Alberto Merani un enfoque totalmente diferente al que rige en Colombia, pero muy cercano al que tiene previsto Finlandia para el año 2022 y al que adoptó Chile en 1998: un currículo centrado en tres competencias esenciales y transversales. Sin duda, hay muchas más posibilidades, pero no duden que la peor de todas es la que hemos seguido en Colombia: niños y jóvenes estudiando cada año quince asignaturas deshilvanadas.

Otro debate inaplazable es si seguirá imperando un modelo pedagógico centrado en la trasmisión de informaciones; si seguiremos pensando que la historia es el recuento de hechos, datos, batallas y anécdotas. Si ello es así, hay que abandonar el modelo de transmisión de informaciones para dar paso a modelos centrados en el desarrollo integral humano. Lo que necesitamos son jóvenes más tolerantes, mejores ciudadanos y con pensamiento más crítico. Una renovada manera de entender el currículo, la enseñanza de la historia y el modelo pedagógico, puede ayudarlos a lograrlo.

El país necesita con urgencia un debate amplio, diverso y argumentado sobre cuáles son los lineamientos curriculares que requerimos para el momento actual y cuáles son los diversos modelos pedagógicos que habrá que impulsar para comenzar a mejorar de manera estructural, la calidad de la educación.

El Plan Decenal, adoptado por el país en el año 2017, establece que éstos son dos de los diez grandes desafíos que debemos enfrentar en los próximos diez años. Por ello, de nada sirve que un millón de colombianos se pronuncie sobre los sueños que tiene para la educación, si el Plan Decenal que se construye después es borrado por el Congreso o ignorado por el nuevo ministro que llegue al área de Educación. Necesitamos fortalecer el movimiento cívico para que, a partir de ahora, los ciudadanos no dejemos que ninguna de esas dos cosas ocurra.

Fuente: http://www.semana.com/educacion/articulo/no-volvera-la-historia-a-los-colegios/554425

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Los vicios del poder

Por: Carolina Vásquez Araya

Como en un juego de dominó van cayendo las fichas, una tras otra.

Los inocentes son los primeros sacrificados en este perverso juego de poderes

Resulta difícil ver cómo un país tan rico y lleno de posibilidades de desarrollo se hunde en la ignominia política, administrativa y económica por el solo hecho de haber caído en manos de una administración opaca y absolutamente incapaz de llevar las riendas del Estado, en un gobierno cuyos funcionarios tienen un nivel tan primario e ineficiente como pocas veces se había visto. Es preciso repetirlo, Guatemala es un país de riqueza inagotable pero la mayor parte de su población es pavorosamente pobre. Ese, paradójicamente, ha sido el sino que lo condenó a convertirse en lo que hoy es: una tierra de miseria e injusticia, de desigualdades y abusos, un vergel cuya naturaleza exuberante de antaño se ha transformado en enormes extensiones de palma africana, en ríos de basura, en sembradíos de caña, pastizales para ganado, cerros horadados por la minería y más allá, la deforestación y los cauces secos de antiguos ríos.

Quienes se han enriquecido a niveles difíciles de cuantificar han sido las grandes multinacionales y los depredadores locales, aquellos bien organizados en gremiales y cámaras cuyo talento más sobresaliente ha sido mantener un dominio histórico sobre la economía y la política sin haber hecho aportes sustantivos al desarrollo de su propio país sino, todo lo contrario, sirviéndose de sus recursos gracias a sus lacayos en el poder.

Guatemala está en quiebra moral y eso lo sabe cualquier hijo de vecino. Sus niñas, niños y jóvenes –grupo mayoritario de la población- se encuentran en un abandono total y, además de carecer del goce de sus derechos básicos, son el chivo expiatorio de las más perversas estrategias de dominación de los grupos de mayor influencia. En ellos recae el peso de las evasiones fiscales de las grandes empresas al ser los primeros renglones eliminados del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Su educación, en manos de un remedo de líder cuyos objetivos van en dirección opuesta a su discurso y de un gremio magisterial empobrecido y privado de incentivos profesionales para ejercer una labor digna, los lleva por vía directa hacia un futuro incierto y sin mayores perspectivas.

Por si eso fuera poco, una alta proporción de la niñez guatemalteca nace en estado de desnutrición y durante sus primeros años de existencia esa falta de alimento se hace crónica, arrastrando efectos devastadores e irreversibles sobre su salud y su futuro. Guatemala es un país en donde la pobreza de las tres cuartas partes de su población es decisión de quienes acaparan la riqueza desde sus despachos en el palacio de gobierno, desde las más altas posiciones de la administración pública y desde los puestos clave en todas las instituciones del Estado. Esto, porque el sistema avala el saqueo de los recursos nacionales en un sofisticado entramado de fórmulas que permiten tanto el enriquecimiento ilícito como la propiedad de los puestos públicos gracias a leyes casuísticas diseñadas por y para una casta política corrupta y oportunista.

Las decisiones presidenciales de los días recientes han revelado hasta qué extremo las autoridades han perdido la brújula –si alguna vez la tuvieron- y cómo comienzan a revelarse los temores de sus aliados. El sector empresarial organizado ya se ha definido por apoyar a quienes luchan contra la justicia y la transparencia, una movida de piezas fácil de prever dadas las características de su tradicional juego político. Ahora ya con las piezas en su lugar, será cuestión de tiempo que la ciudadanía recupere la voz y se haga escuchar una vez más, fuerte y claro.

Blog de la autora: www.carolinavasquezaraya.com

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La revolución es cultural y florecerá en los páramos y arrabales

Por: Ilka Oliva Corado

Uno puede tener esa idea de amor romántico con América Latina, y hablar del torrente de sus ríos, de la frondosidad de sus selvas tropicales, del colorido del folclore; uno puede enamorarse perdidamente de los celajes de otoño y de la niebla de primavera, pero a Latinoamérica además de sentirla también hay que pensarla desde el análisis sociopolítico y cultural. Una América Latina que la sintamos en cada poro de la piel pero también en la corteza cerebral.

Y para eso tenemos que perder el miedo a cuestionar, tenemos que responsabilizarnos con el análisis y la lectura, con la duda; porque dudar nos empuja a investigar a indagar y a buscar respuestas. A romper con el cerco mediático que nos ha tenido manipulados y excluidos de la Memoria Histórica y de la geopolítica latinoamericana.

Pero eso implica dejar la pereza, la comodidad y la indiferencia. Latinoamérica es rescatable con una revolución cultural que es la más poderosa de las revoluciones porque una mente informada jamás podrá ser manipulada. Por esa razón vemos el ataque mediático que nos descarga minuto a minuto toneladas de desinformación con la que pretenden adormecernos y mantenernos alejados de toda resistencia política.

Tenemos que armarnos de agallas y salir de las redes sociales, dejar de ser revolucionarios de redes sociales y serlo en el día a día en cualquier ámbito donde nos desenvolvamos. La revolución cultural es monumental y comienza con trabajo de hormiga. La revolución cultural debe llevar el mismo proceso que el de bambú, que primero crece 7 años hacia abajo, ahondando sus raíces para fortalecerse en el centro de la tierra para luego crecer hacia arriba y resistir a cualquier embate del tiempo.

Nuestra revolución cultural debe ahondarse en los arrabales, en los pueblos inhóspitos, entre candiles y tinajas de agua, entre calles enlodadas y botes de huele pega. En la exclusión y el abandono, en los violentados del sistema, en los que desconocen y tienen hambre y sed y se atreven a soñar. Esa revolución debe tener sus cimientos en la raíz marginada para volverla el corazón indómito de la resistencia de la Patria Grande.

Amar a Latinoamérica es jugarse la vida, no entre metrallas, es honrarla dando la mano, compartiendo el conocimiento, despertando en el otro la llama de la inquietud, del análisis. Es pasar la estafeta y lanzar semilla por doquier sin pensar en la fertilidad de la tierra, si no con la certeza que florecerá entre los páramos más secos y olvidados.

Y para eso quienes han tenido la oportunidad de acceder a otro tipo de conocimiento, tienen que tener la humildad de dejar de andar por las alturas creyéndose intelectuales e iluminados donde lo importante es el codeo y las menciones honoríficas, las fotos y los viajes; para bajar a donde son necesitados sin fotos, sin codeos, sin viajes y sin menciones honoríficas pero donde su conocimiento será valorado y donde su condición de ser humano finalmente valdrá la pena. Porque es así, entre mayor conocimiento es mayor la responsabilidad con los pueblos.

A Latinoamérica hay que sentirla, sí pero en las manos rajadas de los abuelos campesinos, en las espaldas encorvadas de los obreros, en los sueños de los niños que trabajan en las fincas tapiscando y que jamás han asistido a la escuela. En los vientres de las niñas violadas y embarazadas, en las laderas de los arrabales violentados con la limpieza social, en las miradas perdidas de quienes se ven obligados a migrar.

Y la forma de amarla es analizando, luchando y resistiendo, desde el lugar en donde estamos; porque la Patria Grande no tiene fronteras la hacemos todos los que creemos en la libertad de los pueblos. La revolución la hacemos todos, porque somos el núcleo de la célula, el ecosistema, la lava del volcán, la fuerza de la tormenta, el arcoíris del escampe y la raíz del bambú.

Cada vez que digamos que amamos a América Latina preguntémonos si es verdad o si solo son patadas de ahogados. Si es verdad, unámonos a la revolución cultural y hagámosla florecer en los páramos y arrabales.

Blog de la autora: https://cronicasdeunainquilina.com

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Ellos o nosotros

Por: Claudio Katz
Siempre se supo que Macri gobernaba para los ricos y que su modelo económico desembocaría en una gran crisis. La primera afirmación quedó corroborada por la redistribución regresiva del ingreso perpetrada en los últimos dos años. La segunda comenzó a verificarse con la corrida cambiaria de la última semana.Está temblando un modelo neoliberal asentado en enormes desequilibrios externos y fiscales solventados en el endeudamiento externo. Todos imaginaban que la financiación iba a durar hasta el 2019, pero el fin de la película se adelantó en forma imprevista.

Wall Street anunció en marzo que no aceptaría más bonos. El gobierno maquilló esa negativa con un engañoso anuncio de mayor financiación local, pero los capitales golondrinas captaron de inmediato el significado de la sequía. Emitieron la orden de retirada y comenzó la incontenible trepada del dólar.

La financiación se ha cortado por la desconfianza de los acreedores. Intuyen la futura insolvencia del deudor argentino. Por eso las calificadoras bajaron el pulgar, el riesgo país aumenta y la prensa especializada describe escenarios dramáticos.

UNA CONSECUENCIA DEL MODELO

La fragilidad del sector externo es el punto más crítico del esquema actual. Los bancos retiraron los créditos, al notar la ausencia futura de los dólares requeridos para sostener el endeudamiento. Observan la magnitud el déficit externo, que el año pasado superó los 30.000 millones de dólares (5% del PBI).

El bache central se localiza en la esfera comercial. El desbalance de 8000 millones del 2017 marcó un récord histórico. Ha sido generado por las fantasías librecambistas del oficialismo, que abrió el mercado a todo tipo de importaciones.

Mientras que en el mundo impera una dura negociación de aranceles, Argentina se ha transformado en un depósito de cualquier excedente. Para colmo, las exportaciones se frenaron, como resultado de la apreciación cambiaria que genera el ingreso de capitales especulativos.

El desbalance en el plano financiero es igualmente dramático. La salida de divisas acompaña a Macri, desde el mismo día que imaginó la incumplida la lluvia de dólares. La remisión de utilidades ha sido tan sostenida como la fuga de capital. Ese drenaje es congruente con la eliminación de todas las regulaciones a la actividad financiera. Los controles en el circuito bancario fueron desarmados, con la misma velocidad que se anuló la obligación de liquidar los dólares de la exportación .

En la misma desprotección se asienta la bicicleta financiera de los fondos que lucran con la altísima rentabilidad de los bonos argentinos. Las delirantes tasas de interés que aseguran ese negocio, destruyen cualquier posibilidad de inversión productiva. El malgasto de las divisas ha incluido también el despilfarro en el turismo. Esa hemorragia fue incluso celebrada por varios ministros como un maravilloso ejemplo del “retorno al mundo”.

El agujero fiscal es también impresionante. Bordea el típico porcentual del PBI (6-7%), que tradicionalmente precipitó los grandes terremotos de la economía. El gobierno resalta la envergadura de ese déficit y lo presenta como un mal ajeno que debe administrar. Con gestos de compasión, afirma que debió mantenerlo para financiar el gradualismo y evitar mayores sacrificios de la población. Pero oculta que todos los desequilibrios derivan del modelo en curso y no del ritmo de su implementación. Si hubiera apretado el acelerador del mismo combo neoliberal, el desastre sería infinitamente superior.

Cuando los funcionarios despotrican contra la costumbre de “gastar más de lo que ingresa”, ubican todas las desgracias en el primer componente. Olvidan que la recaudación quedó seriamente afectada por la reducción de los impuestos a los exportadores. Tampoco señalan que el blanqueo no revirtió la evasión. Argentina figura en el quinto puesto mundial de ese flagelo y la moda oficial de proteger patrimonios en empresas “off shore”, ilustra quiénes son promotores de la estafa al fisco.

El oficialismo también olvida registrar cómo el pago de intereses deteriora las cuentas públicas. Sólo en el primer trimestre del año esas erogaciones aumentaron 107% en comparación al 2017.

El modelo neoliberal genera descalabros que el gobierno no puede encarrilar. El desastre en curso no fue desencadenado por la nueva alícuota del impuesto a las ganancias sobre los títulos, sino por la aterrorizada reacción del Banco Central. En pocos días incineró varios manuales de política monetaria. Recurrió a todos los instrumentos conocidos para frenar una corrida y no acertó con ninguno. Incluso apeló infructuosamente al judicializado mercado del dólar futuro.

La crisis internacional no ha sido hasta ahora determinante del temblor argentino. Persiste la liquidez financiera global y n o se observa una repetición del “efecto tequila” sobre las economías latinoamericanas. Ciertamente el incremento de las tasas de interés de Estados Unidos altera todas las inversiones en el mundo. Pero ese reacomodamiento tiene por el momento efectos acotados.

Si Argentina padece ese resfrío como una grave neumonía es por el pánico que suscita su alocado endeudamiento. El país encabezó en los últimos dos años el tablero mundial de colocación de títulos y es penalizado por ese descontrol. Pero el grueso de la población no es responsable de ese desmanejo. El culpable es Macri y los CEOs de su gabinete, que engrosaron los caudales de la clase capitalista. Para ocultar ese delito los comunicadores del oficialismo achacan a todos los “argentinos”, un desfalco consumado por esa minoría de privilegiados.

RETORNO AL MISMO FONDO

Las cifras de mayo retratan la gravedad de la crisis: devaluación del 20%, tasas de interés del 40%, pérdidas de 8.000 millones de dólares de las reservas. El temor por un dramático desenlace se acrecienta, con algunos síntomas de traslado de esa tensión a los bancos.

El gobierno se burla de la población emitiendo mensajes de tranquilidad. Pretende crear la ilusión de una simple corrección de la flotación cambiaria, sin consecuencia alguna. Todavía repite que el nivel de endeudamiento es “bajo en comparación al PBI”, como si esos genéricos porcentuales (y no la capacidad efectiva de pago del deudor) determinaran la actitud de los acreedores.

Mientras el discurso oficial minimiza la crisis, los financistas del exterior no cuidan las formas, en sus convocatorias “a escapar de la Argentina” (Forbes). La tranquilidad del gobierno es una burda estrategia, para evitar el despertar colectivo frente a la grave situación.

La decisión de volver al FMI confirma el dramatismo de la coyuntura. Es una medida desesperada que sorprendió a los propios popes del Fondo. Ilustra el pánico de un gobierno que busca blindajes a cualquier precio para frenar la corrida. La decisión fue tan imprevista, que anunciaron el retorno sin programa, ni cambio de ministro.

Los funcionarios peregrinan por Washington desconociendo las condiciones de los préstamos que mendigan. En el contexto de bajas tasas internacionales y cierta recuperación de la crisis del 2008, muy pocos países recurren al FMI. Los que eligen esa salida no tienen otro refugio.

Es totalmente ridículo imaginar la existencia de “otro FMI”. Esa institución es manejada por los mismos expertos en demoler conquistas populares. Los países atados a su tiranía atraviesan por el peor de los mundos. Es el caso de Grecia que no pudo desembarazarse de la auditoría del Fondo.

Los helenos ya padecieron cuarto rescates de sus bancos y tres agudas recesiones que retrotrajeron un 25% la renta nacional. La tasa de desempleo bordea ese mismo porcentaje, la deuda pública ha trepado al 180% de PBI y las pensiones sufrieron 14 recortes.

Argentina afronta las mismas perspectivas. El FMI será durísimo con el país. De las tres variantes crediticias que tiene disponibles sólo ofreció la versión más intragable. Descartó la línea flexible (que recibieron Colombia y México) y la modalidad de precaución (utilizada por Macedonia y Marruecos). A la Argentina sólo le otorgarán el conocido stand by por un monto aún desconocido.

Los 30.000 millones dólares que pide el gobierno superan todo lo asignado a los 13 países con planes de estabilización. La suma final llegará igualmente a cuenta gotas, para evitar su rápida conversión en divisas fugadas al exterior.

Cada porción utilizada de ese crédito será rigurosamente auditada por los enviados del Fondo. Esa revisión simboliza el brutal retorno a los años 90. Los expertos del FMI volverán a desembarcar trimestralmente para constatar su insatisfacción y exigir mayores ajustes.

No hay ningún misterio en los reclamos inmediatos de esa delegación. En diciembre pasado elaboraron un detallado ultimátum de reducción del gasto social, con mayor flexibilidad laboral, reforma previsional y despidos de empleados públicos. La paulatina privatización del ANSES y el drástico recorte de los presupuestos provinciales figuran al tope de esa agenda. En las conversaciones actuales habrían añadido un nuevo blanqueo y sobre todo una mega-devaluación con recesión que permita efectivizar la mejora real del tipo de cambio.

El ritmo y la aplicación de ese paquete dependerán de la intensidad de la crisis, que será testeada el próximo martes. Ese día el Banco Central afronta un enorme vencimiento de títulos (LEBACS). El volumen total de esos bonos equivale al monto de las reservas y al total del circulante. Si una parte de sus tenedores resuelve liquidarlos para refugiarse en el dólar, la corrida puede alcanzar otro pico de tensión.

Si por el contrario esa emergencia queda superada con la aterradora tentación de cobrar un 40% de interés, las mismas disyuntivas reaparecerán en los próximos meses. Como la cotización de todos los bonos argentinos se encuentra en franca picada, ya es evidente la gran desvalorización de activos que sufrirán las instituciones oficiales (empezando por el ANSES), que atesoran esos títulos.

En cualquier escenario el pacto firmado con el diablo del FMI empuja a la economía argentina al precipicio. Ya se avizora el círculo vicioso de ajustes que contraen la actividad productiva, deterioran la recaudación, potencian el déficit fiscal y desembocan en nuevos ajustes. El espejo de Grecia está a la vista, con eventuales elementos de estanflación.

Los anticipos de ese cuadro despuntan en el nuevo piso de inflación anual del 30%. Si la tasa de interés no baja rápidamente la recesión será inevitable. El gobierno cortó 30.000 millones de pesos de la obra pública, pero el FMI exigirá una paralización total. En los próximos meses nadie recordará la ficción estadística de menor pobreza que difundió el gobierno. Basta observar la pavorosa expansión de la mendicidad en las calles, para observar cuál es el panorama social que afronta el país.

REACCIONAR A TIEMPO

El manejo de la bomba que ha plantado el gobierno dependerá de la memoria y capacidad de reacción popular. El rechazo total al acuerdo con el FMI fue anticipado por las encuestas previas a la negociación. Entre el 75% de los consultados que rechaza el convenio figura la gran mayoría de los votantes del Cambiemos.

El retorno al FMI tiene un significado emotivo enorme. Recrea todo lo sucedido en el 2001. Por eso ya se difunden tantas analogías con el blindaje De la Rúa. Es imprescindible trasformar ese bagaje en rechazo activo, movilización y propuestas alternativas.

El punto de partida es ganar la calle para generar una drástica reversión del curso actual. El clima de tácita aceptación de las desregulaciones -que propagan los grandes medios de comunicación- desguarnece a la economía. Para evitar el agravamiento de la crisis hay que reintroducir todas las regulaciones eliminadas por oficialismo. Son medidas básicas frente a la emergencia.

El control de cambios es tan urgente como la prohibición al libre ingreso y salida de los capitales. Los depósitos de los pequeños ahorristas deben ser protegidos, mientras los grandes bancos y tenedores cargan con las pérdidas de los bonos desvalorizados. Hay que erradicar todos los mitos sobre la adversidad de un “cepo cambiario”. Los dólares no son un bien privado de libre disponibilidad. Sin controles a su atesoramiento y circulación no hay forma de lidiar con las corridas.

En lugar de volver al FMI corresponde investigar la deuda contraída en los últimos años y enjuiciar a los responsables de esa aventura. Caputo, Dujovne y Sturzzeneger deberían estar desfilando por los Tribunales. Mientras se revisa el estado real de las cuentas públicas hay que frenar la hemorragia de divisas que impone el pago de los intereses. La crisis actual empezó con el sometimiento a los fondos buitres y no puede resolverse sin ajustar cuentas con los depredadores del tesoro nacional. El manejo estatal del sistema financiero es una condición para emerger de la delicada situación actual.

Sólo por ese rumbo el costo de la crisis recaerá sobre sus causantes y no sobre la mayoría popular. Ese camino requiere una frontal batalla de ideas con todos los economistas de la derecha que han copado la televisión. Ensalzan el acuerdo con el FMI como una nueva justificación del mega-ajuste y lo presentarán como una necesidad para “cumplir con el mundo”. El mismo atropello que el oficialismo preparaba para después del 2019 será expuesto como un acto de responsabilidad hacia los acreedores.

Pero la factibilidad de esa maniobra se ha reducido drásticamente. El escenario político ha cambiado y las elecciones han quedado situadas muy lejos de la urgencia actual. Macri intentará golpear con el garrote y la zanahoria. Prepara el veto a la ley de restricción al tarifazo y buscará copiar el modelo brasileño de gobierno para-institucional.

Pero es consciente de su debilidad y recurrirá a los gobernadores y al PJ para lograr el mismo aval hacia el FMI, que obtuvieron para concertar el acuerdo con los fondos buitres. Sus socios ya le tendieron una mano en el Congreso al negarse a repudiar el retorno al FMI, aprobando una ley de liberalización del mercado de capitales en plena tormenta financiera.

La intensidad de la movilización definirá quién gana la partida. En pleno desconcierto popular frente al temblor financiero, esa reacción es por ahora limitada. Está pendiente la reaparición de gran fuerza lograda en calles durante diciembre. Esa potencia de la lucha podría recuperarse en las batallas contra el tarifazo y el techo a las paritarias. Pero el rechazo al FMI ocupa ahora el primer lugar de cualquier demanda.

Es urgente frenar la mayor agresión contra las conquistas populares de los últimos años. El tan anunciado mega-ajuste finalmente se avecina. Frente a la artillería que prepara el gobierno, el FMI y los capitalistas hay que erigir las defensas populares a toda velocidad. Como ya ocurrió en el pasado nuevamente son ellos o nosotros.

*Fuente:  www.lahaine.org/katz

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¿Tiene futuro la evaluación para permanencia?

Por: Roberto Rodríguez

Del paquete normativo aprobado en 2012-2013, en el marco de la reforma educativa impulsada por el presidente Peña Nieto al inicio de su gestión, probablemente el punto de mayor controversia era el de sujetar la permanencia en la plaza docente al resultado que se obtuviera en una evaluación periódica de desempeño.

En las modificaciones al artículo tercero constitucional se indicaba: “La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.” (Art. 3ro. Fracción III). Es decir, la reforma constitucional contemplaba la obligatoriedad de la evaluación para permanencia, pero hacía derivar a una norma reglamentaria las características y condiciones de su implementación en la práctica.

Prácticamente desde el anuncio de su aprobación en las cámaras del Congreso, en diciembre de 2012, los representantes del magisterio expresaron su oposición. En particular, Elba Esther Gordillo, entonces dirigente principal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se manifestó contraria a la iniciativa. Refiriéndose a la permanencia, la lideresa, al ser entrevistada en Milenio Televisión, declaró: “La amenaza está en una palabra, en mi opinión perversa, que creo que estos que estuvieron en esa mesa metieron y que hubo resistencia del PAN para que desapareciera y del propio PRD, y yo creo que hasta el PRI: La permanencia, la permanencia pervierte la propia evaluación, va contra la evaluación” (Animal Político, 22 de enero 2013). Gordillo advirtió entonces que, en caso de no modificar tal criterio, el sindicalismo magisterial pasaría a la resistencia de la reforma. Elba Esther fue detenida el 26 de febrero de 2013, el mismo día, por cierto, en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al tercero constitucional, acusada de uso indebido de los recursos económicos del sindicato docente.

Una vez encarcelada Elba Esther, la nueva dirigencia sindical desistió en su oposición a la normativa de la reforma. No así la disidencia magisterial aglutinada en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE. La coordinadora inició movilizaciones de protesta que se prolongarían hasta septiembre de 2013. En agosto de ese año se aprobaron dos nuevos instrumentos: reformas a la Ley General de Educación, y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Pero el tema de la permanencia, en su contenido sustantivo, quedaría plasmado en una tercera iniciativa, la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD), cuya discusión, debate y aprobación habría de ocurrir la primera semana de septiembre del mismo año.

Las notas periodísticas sobre el debate en la Cámara de Diputados de la LSPD hacen notar, en primer lugar, que la sesión correspondiente no fue programada con anticipación, sino que, el presidente en turno, Ricardo Anaya, entonces presidente de la mesa directiva, hizo uso de sus atribuciones para convocarla el dos de septiembre a partir de las ocho de la noche. Se trató, pues, de una deliberación nocturna, que evitó la manifestación de los profesores disidentes. La sesión se prolongaría toda la noche, pues se presentaron más de cincuenta observaciones de diputados, y se intentaron tres mociones suspensivas. Algunas de las propuestas modificatorias fueron aprobadas, pero quedó en firme la obligación según cual todos los docentes en servicio, incluso los que habían obtenido definitividad bajo las reglas previas, tuvieran que participar en evaluaciones periódicas para conservar la plaza y la función asignadas. No se obtuvo una votación unánime, aunque sí claramente mayoritaria: 390 votos a favor, 69 en contra y cuatro abstenciones. A la mañana siguiente, el Senado recibió el dictamen, deliberó, y votó la aprobación con 102 votos a favor y 22 en contra.

A cinco años de distancia, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, ha reconocido que “por su carácter obligatorio y su asociación con la permanencia, la Evaluación del Desempeño ha representado el mayor reto del Servicio Profesional Docente, tanto en términos políticos como técnicos. La cantidad de docentes a evaluar, la diversidad de condiciones de infraestructura y equipamiento de las escuelas y de los contextos en los que se encuentran, han planteado retos técnicos y de logística inéditos en materia de evaluación de docentes a gran escala.” (La educación obligatoria en México, Informe 2018).

Contra lo esperado en el diseño de implementación, sólo una fracción de los docentes en servicio (poco más de una tercera parte de la población objetivo) ha transitado por las fórmulas de evaluación aplicadas para asegurar la permanencia en la plaza. Como, además, la norma aprobada indica que los profesores deben ser sometidos a este proceso de evaluación cada cuatro años, la posibilidad, práctica, del cumplimiento de la norma ha quedado en entredicho.

De los candidatos en la actual contienda presidencial, ninguno de ellos ha respaldado explícitamente la continuidad de la evaluación para permanencia. Al contrario, sus discursos sugieren la revisión de la iniciativa: desde la posibilidad de cancelar la reforma normativa correspondiente, hasta la opción de llevar a cabo una evaluación más amable (o menos punitiva) con el sector magisterial. Por si fuera poco, los instrumentos complementarios a esta fórmula evaluativa (reforma de las normales, asistencia técnica escolar, procesos de acompañamiento y tutoría, formación continua del magisterio) no han logrado ser consolidados en la aplicación de las políticas educativas sexenales, todo lleva a pensar que no bien inicie el próximo sexenio, gane quien gane, la evaluación para permanencia será uno de los aspectos que se revisen y se modifiquen.

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