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El desembarco de PISA en las escuelas

Saray Marqués

Por: Saray Marqués

En 2013-2014, con Wert al frente del Ministerio, España fue pionera presentándose a ‘PISA for schools’ junto con el Reino Unido y EEUU. Analizamos con la ayuda de diferentes expertos la utilidad (o no) de esta prueba de la OCDE.

La semana pasada la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) presentaba ante la prensa sus resultados en PISA para centros educativos o PISA for schools, (PfS) una prueba a la que se presentaron 20 de sus 50 colegios. Los titulares emulaban la terminología que ha popularizado la OCDE: “Los colegios de CICAE, por encima de Singapur, Japón o Canadá” o “Incluso teniendo en cuenta las correcciones del Índice Socioeconómico y Cultural (ISEC), los colegios de CICAE se sitúan por delante de la media de España y de la OCDE”.

PfS, la hermana pequeña de PISA, nace en el curso 2013-2014, y desde la primera edición España, entonces con José Ignacio Wert al frente del Ministerio de Educación, decide presentarse, junto con el Reino Unido y EEUU -en la actualidad hay otros ocho países más-.

Quienes reciben de los resultados de esta prueba no son los responsables de las políticas educativas, sino las direcciones de los centros, las personas al frente de cadenas de centros privados o congregaciones religiosas, el profesorado, los padres, los alumnos y los encargados de las administraciones educativas regionales y locales. La prueba es anual, pero los centros, que han de pagar por ella -en España, a cargo de 2E Estudios, Evaluaciones e Investigación, cuesta unos 3.700 euros + IVA (21%)- pueden decidir si presentarse todos los años o hacerlo cada cierto tiempo. 225 centros se han presentado de momento en nuestro país, tanto públicos -el Ministerio ha presentado a sus centros de territorio MECD, Ceuta y Melilla, por ejemplo- como privados y concertados. En la última edición han sido 45. De ellos, 40 privados y concertados y cinco públicos.

“PfS surge por la propia demanda de las escuelas, para las que la comparación entre países se quedaba corta, 10 años después del primer PISA. Y la OCDE crea otro instrumento, pero con un marco teórico idéntico al de PISA, para medir en el nivel escuela”, relata Chi Sum Tse, del departamento de PfS en la OCDE. “Su fin en este caso es la mejora, no la comparación, pues los datos de cada escuela pertenecen a cada escuela y lo realmente útil es poder comparar una escuela año a año”, añade.

Desde la OCDE ofrecen la prueba, que da lugar a un informe -en el que, en el caso de un grupo de escuelas, cada una puede ver su posición en relación con el resto de escuelas, que figuran con una clave- como un primer paso, y se invita a los participantes a encuentros para compartir buenas prácticas y a plataformas online en abierto con el fin de que “las escuelas de los diferentes países aprendan unas de otras”.

“Es más que una evaluación, es un acompañamiento para la mejora”, señala Chi Sum Tse, que describe cómo la labor de 2E Estudios, Evaluaciones e Investigación, además de administrar la prueba, es entregar el informe y explicar qué significan los datos. ¿Es lícito que se empleen estos datos con fines de marketing? “En términos legales, en España la escuela tiene libertad de hacerlo, pero es muy importante que la escuela o la cadena de escuelas publiquen el informe en su integridad [algo que CICAE ha hecho], que sean transparentes”, aclara.

El sesgo

¿Es útil PfS? Los expertos en evaluación se mueven entre el entusiasmo y el escepticismo. Así, Daniel Santín, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, muestra una pega inicial: el sesgo que supone que sea una prueba voluntaria y de pago -de hecho, la OCDE está trabajando para digitalizarla y así poder llegar a más colegios, con una versión low cost-: “Creo que si un centro decide participar es porque está muy motivado para mejorar y convencido, además, de que va a obtener un buen resultado, comparable con la media de su comunidad, de su país, de la UE… El ranking no le interesa a nadie cuando tiene la posibilidad de quedar el último”, advierte Santín, partidario de que, si se recurre a ella, se haga con el fin de que la escuela, de compararse, lo haga consigo misma a lo largo del tiempo.

Los analistas ven legítimo que cadenas como CICAE participen en la prueba para comprobar si realmente el rendimiento que obtienen sus centros es el que deberían lograr, si la fama es merecida porque lo están haciendo bien desde el punto de vista educativo o si viene dada porque son colegios de alto standing, que escolarizan a la clase alta. Si son eficaces, en definitiva.

“PfS da a conocer a cada centro educativo su nivel socioeconómico y cultural mediante el ISEC: el contexto habitual en el que se desenvuelve la vida de sus alumnos, proporcionando a cada centro los datos obtenidos teniendo en cuenta este efecto sobre los resultados y la posibilidad de comparar los datos antes y después de descontar dicho efecto. El resultado obtenido por encima de lo que cabría esperar según el ISEC del centro es el valor añadido que aporta el centro en la instrucción y formación de sus alumnos”, ilustra Carmen Tovar, directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

La mirada micro

“Yo veo ambas pruebas como complementarias”, considera Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. “PISA va dirigido a los responsables de las políticas educativas y a los investigadores. PfS aporta información de utilidad para el centro. Reducir PISA a un ranking de países resulta empobrecedor, pues esta nos ha permitido avanzar en el conocimiento de los sistemas, hoy sabemos algunos factores determinantes para que los chicos lo hagan bien o mal, la influencia del nivel sociocultural y económico de las familias, el origen migratorio, por ejemplo… Aunque queda lo que en estadística se denomina residuo, una parte de diferencias de resultados entre centros, entre países y entre alumnos sin explicar. Esta parte se puede abordar mucho mejor con PfS, que nos ofrece una mirada micro acerca de cómo se organizan los recursos y los equipos, y cómo puede ser que un centro con alumnos muy similares en un entorno muy similar, con los factores que conocemos como determinantes muy similares, funcione mejor o peor”.

Carmen Tovar explica cómo no son extrañas las sorpresas en PfS, los centros educativos que atienden a alumnado desfavorecido y obtienen un buen resultado y el caso contrario: “Aunque el nivel socioeconómico es un predictor importante del rendimiento, por suerte no es el único. Un ambiente escolar estable con alumnos motivados, implicados y seguros contribuye a obtener mejores resultados de aprendizaje. Además, los estudiantes tienden a tener mejor rendimiento cuando las clases tienen un adecuado clima de disciplina, cuando las relaciones entre alumnos y profesores son afables y cuando estos últimos proporcionan apoyo a los alumnos. Asimismo, los resultados señalan la importancia de la motivación de los alumnos entendida como el sentido e importancia que conceden a las materias que estudian y la influencia que tienen en sus propias vidas, así como la importancia de la confianza en la propia eficacia. Si se trabajan estos factores tanto desde el centro escolar como desde la familia se puede conseguir que haya un mayor porcentaje de alumnos resilientes, es decir, alumnos que obtienen buenos resultados académicos a pesar de proceder de entornos desfavorecidos”.

En los mapas elaborados por algunas compañías religiosas con redes de colegios en España son habituales esos centros milagro, centros como el SAFA de Alcalá la Real (Jaén), de la Compañía de Jesús. Aunque no lo haya publicitado, registra una gran ganancia, muestra una gran eficiencia según los parámetros de PfS.

Para quienes defienden PfS incluso por delante de PISA en función de esta información valiosa que devuelve, las diferencias entre centros (e intercentros) son las realmente relevantes. En términos de equidad, España no queda precisamente mal parada. Es mayor la diferencia intracentros que intercentros, pero el sistema se muestra relativamente homogéneo. Países como Alemania u Holanda cuentan con diferencias mucho mayores entre sus escuelas, y España se alinea con Finlandia, Noruega o Suecia en lo que a distancia entre centros se refiere. “En todos los países de la OCDE la brecha entre centros educativos es superior a la brecha entre países. Según PISA 2015 la variación en las puntuaciones obtenidas por los alumnos se debe, entre otros factores, en un 10% a las diferencias entre países y en un 28% a las diferencias entre centros educativos. Esto en todos los países de la OCDE, y PfS ha puesto de manifiesto que existe una gran diversidad en los resultados de los centros de España, tanto académicos como de entorno de aprendizaje escolar”, prosigue Tovar.

¿Y, entonces, PISA?

Centros por encima de la media de Finlandia y otros por debajo de la media de México conviven en España. Y es ahí donde debería ponerse el foco, según quienes apuestan por PfS frente a PISA, ya que el ranking internacional resultante cada tres años no suele ofrecer sorpresas y dado que desde 2000 el gran descubrimiento de PISA es que la variable socioeconómica y cultural de la familia y el entorno es fundamental y tiene un efecto multiplicador.

“PISA se mantiene porque la OCDE vive de las cuotas de las naciones que participan, por eso convence a los Gobiernos de que es útil para ellos, y por eso sigue empeñada en comparar países, para mantener la financiación del proyecto, mientras PfS avanza de forma paralela pero muy despacio, porque no la pagan los Gobiernos”, inciden estas mismas voces, las más entusiastas de esta prueba, y que consideran que, desde 2000, las distintas ediciones de PISA podrían resolverse con el mismo título: “España, donde se le espera en función de lo que invierte en educación”. Y de subtítulo: “Con menos del 4% del PIB, el que corresponde a los países que menos dedican a esta partida, y tras 20 años en esta misma línea, no se prevé que los resultados vayan a mejorar en el futuro”.

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/05/29/el-desembarco-de-pisa-en-las-escuelas/

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A 100 años de Córdoba: Un mismo actor de la rebeldía

Luis Bonilla-Molina

Por: Luis Bonilla-Molina

El 11 de junio de 2018 se inauguraba la Conferencia Regional de Educación Superior, en la ciudad de Córdoba, Argentina. Era la oportunidad para que América Latina y el Caribe conmemorarán los 100 años del Manifiesto Liminar y el Grito de Córdoba. Un panel institucional conformado por autoridades universitarias locales y representantes de la UNESCO parecía augurar que lo interesante de la instalación sería la clase magistral que dictaría Boaventura de Sousa Santos. Todo indicaba que en tiempos de discursos descoloniales ninguna figura latinoamericana y caribeña había sido ubicada ni merecía el honor de compartir escenario con Boa y, que la voz del continente estaría expresada en los ejes temáticos, foros y mesas, durante los días siguientes.

En el acto inaugural sorprendieron positivamente el contenido de las cortas salutaciones de Francisco Tamarí un académico progresista vinculado al Peronismo y del Rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Hugo Juri, -según me informan- un viejo militante de la UCR Argentina. Lució incómoda la intervención de Stefania Giannini (Italia), nueva Subdirectora General de Educación de la UNESCO quien en su intervención pasaba de manera intermitente del español, al inglés y al italiano en un evento de esta magnitud y una región donde predomina el español como lengua oficial; mientras en la sede de ese organismo en París cuando un latinoamericano interviene, es obligatorio hablar francés o inglés, demandando el lenguaje local o el “universal”, aquí esta formalidad fue saltada. Cuanto todo parecía transcurrir como un acto de trámite para iniciar los debates de la CRES2018 con la conferencia de Sousa Santos, le correspondió cerrar la instalación del evento al Sr. Ministro de Educación de la Argentina, Alejandro Oscar Finocchiaro. A partir de ese momento los aplausos protocolares fueron sustituidos por un ensordecedor clamor de los estudiantes ubicados en la parte superior del Aforo, quienes pedían que NO hablara la autoridad educativa y, gritaban consignas contra la política neoliberal del Macrismo.

Fueron minutos tensos en los cuales las palabras del ministro Finocchiaro eran literalmente silenciadas por las consignas de los jóvenes. A punto de culminar su “intervención” el alto funcionario hizo una pausa, para señalar algo así como que los estudiantes de 1918 eran un ejemplo de luchas por la universidad pública, no como otros que en el presente parecen fascistas escondiéndose en las sombras, lo que fue interpretado por muchos de los presentes como una referencia directa a los estudiantes que protestaban por su presencia. Sin embargo, la mayoría de los presentes, profesores universitarios no acompañaron las expresiones rebeldes de los jóvenes, si no se limitaron a observar lo que ocurría como si fuese un video juego asociado a una externalidad del mundo académico.

Esta expresión del alto funcionario de la administración Macri me hizo recordar el incidente parecido que ocurrió en la inauguración de la CRES2008 en Cartagena de Indias, Colombia. En esa oportunidad, el día del inicio de la II Conferencia Regional de Educación Superior, el auditorio estaba pleno de representantes gubernamentales y de la UNESCO, así como de profesores y autoridades universitarias. Todos esperaban la llegada del presidente de la República de Colombia para iniciar el protocolo ceremonial. El Sr. Uribe, presidente constitucional de la nación neogranadina en ese momento, hizo su entrada al recinto y de inmediato un grupo de estudiantes comenzaron a gritar “Asesino, Asesino”. El primer mandatario de ese momento perdió los estribos, y caminando aceleradamente a la tarima central -aún no había comenzado formalmente la inauguración de la CRES2008- tomó el micrófono central e invitó a alguno de los que están vociferando, si tiene pantalones, a que le dijeran por que le llamaban así. Para sorpresa de los presentes e imagino que de quien giró la invitación pública, un joven se levantó de su asiento en el teatro y camino de manera decidida a la tarima. El mandatario comenzó a increpar al joven señalándole que se quitara la gorra que el joven tenía y se metiera la camisa dentro del pantalón porque estaba frente a un presidente. El estudiante no se inmutó, subió las escaleras y tomo uno de los micrófonos para enumerar una larga lista de crímenes de Estado en los que –señalaba- estaba involucrado el alto gobierno de ese país. El dignatario demandó pruebas y el muchacho le respondió “no me va a provocar, usted hizo una pregunta y ya se la respondí. No tengo más nada de qué hablar con usted”. Seguidamente el joven procedió a descender de la tarima rumbo a la silla que ocupaba minutos antes. El regente público tomó nuevamente el micrófono para proferir una expresión que más o menos señalaba: yo sé de dónde eres tú y tu sabes de donde soy yo. Todos los presentes entendimos claramente el mensaje.

El paralelo de los dos incidentes, con diferencia temporal entre uno y otro de diez años, mostraba que lo contestatario del mundo universitario sigue estando en los estudiantes, en los jóvenes que no juegan a la conveniencia ni los buenos modales, sino que expresan a viva voz su rebeldía. La voz de la negra Mercedes Sosa resonaba en mi memoria tarareando: Me gustan los estudiantes. Estas dos fotografías generadas en dos momentos históricos y contextos diferenciados, deberían ilustrar que a los profes universitarios nos hace falta mirar con mayor detenimiento los desbordes ciudadanos de nuestros jóvenes.

Días después, toda Argentina amanecería en clave verde, presionando a los diputados nacionales para que aprobaran la despenalización del aborto. Cientos de miles de mujeres recorrían las calles de Argentina y los propios pasillos del evento, mostrando que algo se estaba moviendo en América Latina y el Caribe en materia de protagonismo de las mujeres. Una agenda extra institucional comenzaba tejerse en Córdoba, espero cooperar en su construcción y poder ver en los próximos años el posicionamiento de las nuevas agendas rebeldes que hoy recorren el continente.

Finalmente quiero aclarar que me han pedido que emita opinión sobre los contenidos de los debates de la CRES2018, pero aún no he podido leer todas las ponencias y exposiciones, espero poder hacerlo en las próximas semanas y entonces, escribir al respecto. Por ahora, espero que el espíritu contestatario juvenil de Córdoba siga empujando los debates necesarios para la transformación de la universidad latinoamericana y caribeña.

*Fuente: https://luisbonillamolina.wordpress.com/2018/06/20/a-100-anos-de-cordoba-un-mismo-actor-de-la-rebeldia/

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Congress Needs To Follow The Research And Prioritize Higher Education

Kim Cassidy

Por: Kim Cassidy

Worldwide, we have seen a trend towards increasing investment in traditional higher education, including and especially liberal arts programs like philosophy, economics, mathematics, biology and chemistry. But in the U.S., we’re questioning not just the dollars-and-cents value of a four-year degree but the developmental, intellectual and societal value.

The tax bill passed in December placed a 1.4% excise tax burden on the investment income of select private colleges, which will reduce funds available for scholarships, academics and facilities. And the overhaul of the Higher Education Act (PROSPER Act) currently making its way through Congress notably increases funding and access to short-term, vocational programs and at the same time cuts $15 billion in federal student aid for college students over the next decade.

While students should have the option to gain the immediate skills they need through vocational programs, the long-term benefits of higher education cannot be pushed aside. Since the end of the Great Recession,college graduates have captured most of the new jobs and pay gains. But the benefits of a college education are not just economic: they’re also neurological.

As a college president and professor of psychology, I am attuned to educational outcomes. I have seen how a college education exposes students to new modes of thinking, pushes them to challenge received ideas, teaches them to make evidence-based arguments and asks them to integrate different kinds and levels of information to solve complex problems (popularly known as systems thinking). I have watched students grow exponentially and become fundamentally different thinkers and learners.

Recent work on adolescent brain development, especially that of neurologist Frances Jensen and psychologist Laurence Steinberg, supports what I have seen myself – that a college education not only imparts information and skills to students, but may change the very structure of their brains.

Using various forms of imaging to study brain function, researchers find that in adolescence (the period between ages 10 and 25) the brain has an increased capacity to build new neurons and new and stronger connections among neurons, contributing to the development of higher-level thinking capabilities such as planning and abstract thinking. In this period, learning is faster and the capacity for new ways of thinking is enhanced. Neuroscientists call this potential for change “plasticity.”

In other words, plasticity creates a heightened ability to benefit from increased intellectual engagement, problem solving, and exposure to novel concepts and skills – exactly like those taught and experienced in college. Failing to maintain exposure to new challenges will ultimately fail to build or expand brain matter in the same way.

*Fuente: https://www.forbes.com/sites/kimcassidy/2018/05/29/congress-needs-to-follow-the-research-and-prioritize-higher-education/#52c0c5ec5d42

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Leandro Cahn: «Hay 6.500 nuevos casos de VIH por año. Sabemos prevenirlo y estamos fallando»

Juan Elman

Por Juan Elman

El debate del aborto, el acceso a la salud y la dispar implementación provincial de la ley de Educación Sexual Integral, en la mirada de Leandro Cahn, director de Fundación Huésped.

“Desde el debate por el aborto pareciera que todos empezamos a estar de acuerdo en que tiene que haber educación sexual en las escuelas”, dice Cahn (Silvana Boemo).

“Desde el debate por el aborto pareciera que todos empezamos a estar de acuerdo en que tiene que haber educación sexual en las escuelas”, dice Cahn (Silvana Boemo)

Leandro Cahn todavía recuerda las épocas en que a los portadores de VIH se los señalaba como responsables de un pecado -por drogadictos o por tener relaciones con personas del mismo sexo-, y las cuestiones de salud y educación sexual permanecían lejos de la discusión pública. Hoy, desde su cargo como director ejecutivo de la Fundación Huésped, sostiene que la sociedad atraviesa un cambio cultural respecto a la sexualidad. Ante el advenimiento de la discusión por el aborto, Cahn hace hincapié en el acceso a la educación y salud sexual, que considera incompleto.

Señas particulares. Leandro Cahn es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y director ejecutivo de la Fundación Huésped, que desde 1989 trabaja cuestiones vinculadas al acceso a la salud, con foco en enfermedades como VIH-Sida y el cuidado de la salud sexual y reproductiva. La Fundación cuenta con materiales y guías para la prevención de enfermedades, asistencia a personas afectadas y, también, cursos de capacitación docente en modalidad online.

-El contagio de VIH-Sida se mantuvo constante en estos últimos diez años. ¿Por qué no se avanzó?

-En Argentina tenemos alrededor de 6.500 nuevos casos cada año. Es preocupante por dos cuestiones. En primer lugar porque sabemos cómo prevenirlo, con lo cual estamos fallando en la prevención. Pero además, desde hace unos siete u ocho años sabemos que una persona con VIH en tratamiento y con carga viral indetectable, es decir, muy poquita cantidad de virus en sangre, prácticamente no tiene riesgo de transmitir el virus a un tercero. En un país como Argentina, que tiene garantizada la terapia antiviral, si los diferentes subsistemas de salud detectaran el virus a tiempo y no se perdiera el contacto con los pacientes, no deberían aparecer nuevos casos. Tenemos que reforzar la importancia de la prevención y pensar nuevas estrategias. La mayoría de las herramientas para bajar los nuevos casos están presentes.

-Una herramienta fundamental para prevenir el contagio es la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). ¿En qué estado está su implementación?

-La implementación es muy dispar, inclusive con la gestión anterior. La ley tiene once años y es una muy buena ley: plantea a la educación sexual no como asignatura sino como un contenido transversal en los distintos niveles. Argentina tiene federalizada la educación, por lo que el Ministerio de Educación nacional no tiene poder de policía, digamos, sobre las escuelas; que sí tienen las provincias. Durante muchos años se produjeron muy buenos materiales, que llegaban a distribuirse hasta los depósitos de los ministerios provinciales y ahí quedaban. Se trabajaba con capacitación docente, mientras muchas veces los propios docentes capacitados volvían y se topaban con un muro. Ahora, a partir de la discusión por la legalización de aborto, parece que todos estamos de acuerdo en que tiene que haber educación sexual integral, pero hasta el año pasado había una oposición férrea al tema.

-Entonces, ¿en qué hay que trabajar?

-Capacitar docentes sin trabajar en la comunidad educativa no va a servir para nada. Hay que involucrar directamente a los chicos. A los docentes no sólo hay que capacitarlos en los conocimientos básicos sino darles herramientas pedagógicas para trabajar el tema. Es una decisión política. Si no damos educación sexual, suceden dos cosas. Los chicos tienen relaciones igual; no esperan a las clases de educación sexual. El tema es si las tienen informados y con acceso a métodos anticonceptivos. Y en segundo lugar, cuando no damos ESI estamos cercenando el derecho de esos chicos. Acceder a la educación sexual integral es un derecho consagrado por ley. Un director de escuela no puede estar por arriba de eso. Tiene que ser una prioridad política.

-Suele olvidarse que la ESI no contempla sólo el acto sexual; también temas como la orientación e identidad sexual, la igualdad de género…

-Claro. El cuidado del propio cuerpo, saber que a tu cuerpo no lo puede tocar nadie que vos no quieras. Para mí el movimiento Ni Una Menos, que me parece espectacular, no existe sin Educación Sexual Integral. No hay Ni Una Menos sin distribución de métodos o empoderamiento de la mujer. Eso tiene que ver con cómo se construyen las relaciones entre parejas y cómo opera la familia en relaciones conflictivas. Si no empezamos a trabajarlo de verdad en las escuelas no vamos a lograr el Ni Una Menos.

-¿Cuál es su postura sobre la legalización del aborto?

-Desde Fundación Huésped apoyamos los proyectos de la interrupción voluntaria del embarazo. Nos parece que tiene que ver, por un lado, con el tema del derecho de la mujer a decidir si ser o no madre. Pero, además, es fundamentalmente un tema de salud pública. Lo que se está discutiendo es si el aborto va a seguir siendo ilegal, inseguro y pago, con diferencias entre quien puede acceder a un buen cuidado de la salud y quien termina en manos de alguien que pone en riesgo la vida de la mujer, o si esa misma práctica puede ser legal, segura y gratuita.

-¿Puede esta discusión servir como disparador para mejorar otras cuestiones de salud pública?

-Eso implica decisión política, inversión y tiempo. Con esas tres cuestiones yo estoy seguro de que una ley como la de legalización del aborto puede mejorar el cuidado de la salud sexual, sobre todo de las mujeres.

-¿Está preparado nuestro sistema de salud para la implementación de una eventual ley de aborto?

-Si mañana la ley se aprobara, pasado mañana no estaría resuelta la inseguridad del aborto. Es un proceso. Hay que mejorar el acceso al sistema de salud en general. La calidad de atención tiene una disparidad enorme. Ahora, aun con problemas, el sistema está preparado para empezar a trabajar bien en estas cuestiones.

Fuente del artículo: https://www.clarin.com/opinion/leandro-cahn-500-nuevos-casos-vih-ano-sabemos-prevenirlo-fallando_0_HJ0mJdpem.html

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¿Qué aula queremos?

Ramon Jara

Por Ramón Jara

La iniciativa presentada por las autoridades del Miniduc con el objetivo de identificar aquellos aspectos sobre la carga de trabajo para los directores de los colegios es una interesante decisión, que busca poner en debate y transparentar una cruda realidad, que es cómo se trabaja en la escuela hoy.

El sólo hecho de plantearlo ya es un gran avance, pues se pone sobre la mesa la sobrecarga de trabajo y releva la importancia de destinar más tiempo a la labor, esfuerzo y dedicación en el aula, tanto de directores como de profesores.

Algunos datos señalan que, en Chile, los directores dedican más tiempo a tareas administrativas – 31.3% de su tiempo – y casi a la par con lo que debiera ser su principal labor, las tareas de liderazgo pedagógico y orientación de los docentes, a lo que dedican el 30%.

Es decir, emplean el mismo tiempo en tareas administrativas y de liderazgo pedagógico, dedicando incomprensiblemente las mismas horas a tareas que tienen claramente un impacto tremendamente distinto en la educación de nuestros niños y jóvenes.

Aunque es un gran paso, la iniciativa “Todos al Aula” es insuficiente si sólo busca reducir burocracia. El problema de fondo va más allá y tiene que ver con construir una nueva comprensión de la escuela como institución educativa, que permita el trabajo colaborativo y adaptativo de profesores, estudiantes y directivos, con una nueva mirada, pensando en las necesidades de una nueva generación.

Parafraseando a Ken Robinson, la escuela no necesita que la reformen, necesita que la transformen.

Otro dato clave lo entrega la encuesta profesores Talis 2013. En Chile, los profesores son los docentes que más tiempo destinan al aula, con 27 horas en promedio, siendo 19 horas el promedio de los países que participan en el estudio, y el tiempo de clases dedicado a tareas administrativas corresponde al 10.8% de su horario.

Al mirar estos datos, si bien los directores dedican el mismo horario a tareas administrativas y de liderazgo pedagógico, los docentes están cumpliendo su labor dentro de la sala de clases. ¡Y por supuesto que hay que liberar a la escuela de la carga burocrática!

Porque un 10% sigue siendo un porcentaje alto. Ese tiempo debiera dedicarse al aula, a los niños y jóvenes en la sala de clases. Lo cuantitativo debe ser expresión de un cambio cualitativo en la escuela, es hacer las cosas de manera distinta. Entonces, se puede disminuir la carga burocrática pero si directores y profesores hacen lo mismo, no habrá cambios sustanciales, que es lo que finalmente se requiere.

El gran desafío de esta iniciativa es responder a una pregunta más de fondo.

Es decir, ¿qué tipo de aula queremos para los próximas generaciones en Chile? Una escuela 3.0, que logre construir nuevas formas de liderazgo directivo, nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, que permitan desarrollar a los estudiantes las competencias cognitivas,  interpersonales e intrapersonales.

El reto que tenemos como país, que trasciende a un gobierno, es construir una clara visión del tipo de aprendizaje requerido en el siglo XXI.

Y sobre todo, tener conciencia de la importancia de invertir en el desarrollo de las habilidades de los profesores, para apoyar un nuevo tipo de enseñanza para un nuevo tipo de aula.

Fuente del artículo: http://opinion.cooperativa.cl/opinion/educacion/que-aula-queremos/2018-06-17/063450.html

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Colleges and State Laws Are Clamping Down on Fraternities

Kyle Spencer

By Kyle Spencer

Fraternity members at Louisiana State University adhere to age-old rituals, shrouded in secrecy, that dictate how they gather, greet each other and initiate their young pledges.

But when they return to campus in the fall, one ritual will be drastically different: They will face much more severe consequences for dangerous hazing incidents.

In May, eight months after the death of Maxwell Gruver, a freshman pledge at the university’s now banished Phi Delta Theta fraternity chapter, Gov. John Bel Edwards of Louisiana signed into law an anti-hazing bill that would make it a felony for those involved in hazing that resulted in death, serious bodily harm, or life-threatening levels of alcohol. And students found guilty could land in a Louisiana jail for up to five years.

The new law represents an important departure for Louisiana, which once had some of the most lenient anti-hazing laws in the nation. But it also reflects renewed efforts around the country — in state legislatures, inside courthouses and on campuses — to prevent the hazing injuries and deaths that have plagued college campuses for decades.

“Realistically, the answer is regulation and reform,” John Hechinger, the author of “True Gentlemen: The Broken Pledge of America’s Fraternities,” said during a panel on Greek life last week at The New York Times Higher Ed Leaders Forum. “That is really the only possibility.”

There has been at least one school-related hazing death each year in the United States since 1961, according to Hank Nuwer, a Franklin College journalism professor and the author of multiple books on hazing. Most, but not all, have occurred during fraternity initiation events.

But in 2017, four students, including Mr. Gruver at L.S.U., Tim Piazza, a 19-year-old at Pennsylvania State University and Andrew Coffey, a 20-year-old at Florida State University, lost their lives in hazing-relating incidents. Mr. Coffey died on a fraternity house couch after drinking an entire bottle of bourbon during Big Brother Night. In each case, multiple students were charged.

This fall, Penn State President Eric J. Barron, who appeared on the panel with Mr. Hechinger, said that the incident on his campus had been a “horrible tragedy,” but one that had spurred new interest in reform.

This past year, Dr. Barron banned 13 organizations from his campus and instituted 15 reforms, including switching disciplinary oversight of the institutions from a Greek governing council to university administrators, requiring newcomers to take a pledge about their actions inside their organizations and deferring the initiation process for freshmen until later on in the school year, so they can develop new friends and interests before being faced with hazing.

This winter, officials at Florida State University started a hazing education initiative and increased staff members charged with monitoring Greek life. And at Louisiana State, President F. King Alexander proposed 28 reforms, including a requirement that chapters hire house managers.

College administrators are also beginning to look at the problem collectively. At a meeting in Chicago this spring, representatives from 31 colleges and universities explored ways to garner more cooperation from national Greek organizations, which can resist university oversight.

Dr. Barron is pushing an online safety database that will record incidents at chapters around the country, indicate which institutions are doing exemplary work in their communities and which are experiencing alarming trends.

Penn State and many other universities already have, or are instituting, their own report cards.

The high profile nature of the cases is also impacting state capitals. Pennsylvania, like Louisiana, is expected to soon pass an anti-hazing law that would make death by hazing a felony.

New Mexico has also been exploring the idea.

In Tennessee, state representative John DeBerry Jr. floated a bill that would ban fraternities altogether in the state.

Mr. Hechinger says fighting to make fraternities safer is probably a better use of critics’ energy, as it is unlikely that fraternities will be banned on public campuses where they are powerful.

“If we were going to create a higher education system from scratch, would we have organizations that year after year kill a student? Probably not,” he said at the conference. “But they are very ensconced in higher education, and if you try to do some kind of ban, which is often what people are asking, you run the risk of underground behavior.”

Source of the article: https://www.nytimes.com/2018/06/05/education/learning/colleges-fraternities-laws.html

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La diversidad nos une

Daniel Sánchez Velásquez

Por Daniel Sánchez Velásquez

“Todavía nos rehusamos como país a darle un verdadero valor a nuestra diversidad y aún se le niega la posibilidad a muchos peruanos de ser incluidos”.

 

Somos un país diverso. Esa es una realidad. Hay 55 pueblos indígenas, población afroperuana, contamos con 48 lenguas originarias habladas por cerca de 5 millones de personas, al año tienen lugar casi 7 mil festividades y más de 250 expresiones culturales son patrimonio inmaterial de la nación. Si bien esto no es un hecho reciente –tenemos más de 11 mil puntos arqueológicos que nos recuerdan que por siglos la diversidad ha sido un aspecto característico del Perú –, en los últimos años ha habido un importante trabajo de reconocimiento de nuestras diversas manifestaciones culturales. Las danzas, los textiles, la música, la cerámica y, sobre todo, la gastronomía se han convertido, merecidamente, en símbolos de orgullo nacional.

Sin embargo, este reconocimiento se ha centrado, muchas veces, en la manifestación cultural y no en los hombres y mujeres que la hacen posible. Así, nos sentimos orgullosos de nuestras 3.800 variedades de papa, pero no valoramos, en la misma medida, a los campesinos y campesinas que juegan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad y la visibilidad de los conocimientos tradicionales en nuestro país. Celebramos y disfrutamos el festejo con el corazón hinchado por la huella memorable de nuestra herencia africana, no obstante, sobrevive la discriminación que sufren los afroperuanos para hacer efectivo el goce de sus derechos.

De igual forma, cada año miles de turistas visitan Puno para participar de la Fiesta de la Candelaria, una de las más grandes manifestaciones culturales del país. Miles de fotografías de los danzantes –con sus coloridos trajes– circulan por redes sociales y los medios de comunicación, incluso internacionales. Pero poco se reconoce a los artesanos y artesanas que se dedican durante todo el año a confeccionar la indumentaria que los bailarines utilizarán, usando técnicas y conocimientos antiguos que han pasado a través de las generaciones.

Todo ello se suma al hecho de que, aún hoy, como nos indican los datos de la reciente Encuesta Nacional sobre Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico Racial, uno de cada dos peruanos considera que se discrimina principalmente por el color de piel o los rasgos físicos de las personas, más del 40% cree que todos deberíamos hablar la misma lengua y casi la mitad de los encuestados piensa que sería mejor si tuviésemos las mismas costumbres. Esto evidencia que todavía nos rehusamos como país a darle un verdadero valor a nuestra diversidad y aún se le niega la posibilidad a muchos peruanos de ser incluidos en la construcción de nuestro proyecto de nación y reconocerla como un activo de nuestro desarrollo humano.

Es por ello que, en el marco de dos eventos fundamentales como la Semana de la Diversidad Cultural y Lingüística y el Mes de la Cultura Afroperuana, el Ministerio de Cultura realiza diferentes actividades orientadas a reflexionar sobre los retos de una sociedad diversa como la nuestra, la principal, el reconocimiento de sus protagonistas. Diferentes grupos étnicos y culturales han contribuido mucho en nuestra historia, pero todavía no han recibido la gratitud que merecen. Por eso, hace unos días, hemos rendido homenaje a Catalina Buendía de Pecho, mujer afroperuana, quien hace 135 años entregó su vida para salvar a su pueblo, San José de los Molinos (Ica), de una invasión extranjera, pero que todavía en los libros de historia no aparece como heroína. Revertir estas omisiones permitirá reivindicarlos como parte constitutiva de nuestra nación.

Con este espíritu también se ha aprobado, recientemente, para su prepublicación, la propuesta de estrategia para la salvaguardia y revalorización de los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas, en el marco de la comisión multisectorial que lidera el Ministerio de Cultura con diversos sectores del Estado y los representantes de estos pueblos. En unos días se iniciará un proceso participativo orientado a recibir los aportes que permitan que los conocimientos sobre riego y transporte de agua, las técnicas de teñido con plantas tintóreas, la medicina indígena, la decisión de plantar y cosechar basada en la aparición de determinados animales o el apareamiento de otros, el sistema tradicional de jueces de agua, entre otros saberes valiosos, no se pierdan o sean tomados por terceros sin generar beneficios para las comunidades.

Todas estas acciones constituyen el primer paso para desarrollar una visión colectiva sobre las prácticas tradicionales y valorar a las personas que con su sabiduría, experiencia, aptitudes y prácticas mantienen y transmiten de generación en generación su identidad cultural y espiritual para beneficio de todos los peruanos y peruanas. Ello reafirma una vez más que, rumbo al bicentenario, uno debe ser nuestro objetivo: que la diversidad nos una.

Fuente del artículo: https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/diversidad-interculturalidad-une-daniel-sanchez-velasquez-noticia-526580

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