Por: Federico Rivas Molina
Artículos
TPP: Cuando el poder corporativo se impone a los derechos humanos
Por: Luis Hallazi
El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) es un tratado multilateral firmado entre 12 países para favorecer a las corporaciones transnacionales principalmente estadounidenses y japonesas, con el fin de consolidar una nueva arquitectura normativa donde se otorgan derechos ilimitados a los inversionistas, en perjuicio de los derechos humanos y de los intereses de los gobiernos receptores de inversiones.
tratado fue presentado como un acuerdo comercial y está impulsado por EE.UU, negociado en secreto los últimos cinco años, entre funcionarios estadounidenses, asesores de las elites corporativas y algunos pocos funcionarios de los otros países firmantes.
En octubre 2015, cuando el gobierno peruano se alistaba a recibir en Lima a lo más selecto de la elite financiera en la Reunión Anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se aprovechó para que el ex presidente Humala anunciara el final de las negociaciones, tras más de veinte rondas negociadoras desde marzo del 2010, sin que probablemente se sepa el contenido del TPP, ni los derechos que serían vulnerados.
El 4 de febrero fue firmado por el mandatario y la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva, con muy poca cobertura en los medios de comunicación. Meses antes el texto del tratado con más de cinco mil páginas, divididos en treinta capítulos en un inglés técnico-jurídico, compuesto además por cuatro Acuerdos paralelos no había sido traducido al castellano. Lo poco que se sabía antes de la firma del TPP fue filtrado por los WikiLeaks.
Esta opacidad desde el nacimiento del tratado se fue acentuando durante los últimos meses, el Poder Ejecutivo hasta el día de hoy no ha dado muestras de transparencia en el trámite del TPP. No se tiene información sobre los informes técnico-legales de los sectores correspondientes, los que habrían dado el visto bueno al tratado. Se sabe sin embargo que el Ministerio de Salud emitió un informe cuestionando el tratado en lo referente al acceso a la salud, pero no se conoce en detalle su contenido. Son estos informes los que sustentan la posición del Poder Ejecutivo, a pesar de que la mayoría hayan sido realizados después de la firma del tratado; además son requisitos necesarios para el ingreso al Congreso de la República donde finalmente será ratificado o no.
El interés del Ejecutivo aparentemente es aprobar el TPP antes de la realización del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacifico (APEC) que se celebra en Lima a inicios de noviembre
En el gobierno de Humala se buscó acelerar el proceso y se preparó el proyecto de ley para la ratificación del TPP, una estrategia muy osada, tratándose de un Congreso que estaba de salida. Recientemente el 23 de setiembre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski retomó el proyecto y lo presentó al nuevo Congreso, tal como obliga la Constitución. El interés del Ejecutivo aparentemente es aprobar el TPP antes de la realización del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacifico (APEC por sus siglas en inglés) que se celebra en Lima a inicios de noviembre y donde se espera la llegada del presidente de Estados Unidos Barack Obama, principal impulsor del tratado.
Movimiento social-urbano Peruanos contra el TPP
La gran mayoría de la población hasta hoy no sabe de lo que se trata el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica- TPP, a pesar de los esfuerzos que desde octubre del año pasado viene realizando el movimiento social urbano de Las Zonas, grupo de ciudadanos y ciudadanas que surgió en respuesta a las políticas de flexibilización laboral que impulsó el gobierno de Humala, cuando a partir de la aprobación de la Ley de Régimen Laboral Juvenil o la “Ley Pulpín” los jóvenes se pudieron organizar logrando movilizar a miles de personas en diferentes partes del país hasta lograr la derogación de la norma.
Las Zonas, entre ellas la Zona 9 que articula a ciudadanos de los distritos de Lince, Breña, Jesús María y Pueblo Libre, realizaron diversos conversatorios sobre las serias consecuencias para los derechos sociales que traería la firma del TPP. La información obtenida fue a partir de las filtraciones de WikiLeaks, pero además contó con un trabajo de traducción de textos y análisis acuciosos por parte de los mismos miembros del movimiento.
Fue así que a partir de piquetes informativos, charlas, conversatorios, carraedas (información que se brinda durante viajes en el transporte público) y convocatorias virtuales lograron acumular hasta la firma del tratado cinco movilizaciones contra del TPP. Después de ello el proceso electoral tuvo única cobertura en los medios y fue invisibilizando las actividades realizadas contra el TPP. Sin embargo Las Zonas siguieron organizándose hasta constituir la Plataforma de Peruanos contra el TPP y TISA; que aglutina a más de treinta organizaciones sociales, políticas, sindicatos, organizaciones indígenas y diversos colectivos que han ido realizando acciones diversas para informar y movilizar a la ciudadanía en contra del TPP.
Super derechos de inversionistas vs. derechos humanos
Se menciona que el TPP es el tratado comercial más grande de la historia, puesto que comprende el 40% del PBI mundial. Lo que no se menciona es que solo EE.UU y Japón representan más del 85% de ese PBI, de la misma manera que representa el 30% de las exportaciones globales o el 11% de la población mundial. Solo entre EE.UU y Japón suman más de 450 millones de habitantes, más de la mitad de los 800 millones de habitantes que comprende este tratado. ¿Qué significa esto? El TPP es un instrumento geopolítico de EE.UU. y Japón dirigido a detener el avance económico de China. Pero no solo eso, sino que es una estrategia de las empresas trasnacionales que son quienes tienen el poder en ambos países, puesto que son las corporaciones transnacionales las que controlan los dos tercios (2/3) del comercio global.
El TPP es un instrumento geopolítico de EE.UU. y Japón dirigido a detener el avance económico de China. Pero no solo eso, sino que es una estrategia de las empresas trasnacionales que son quienes tienen el poder en ambos países
Este juego geopolítico tiene que ver muy poco con el Perú, cuya relación ha sido completamente asimétrica en las negociaciones y que incluso va a contracorriente de su política económica internacional puesto que China es su principal socio. Pero lo peor de todo es que este tratado pretende consolidar una estrategia perversa de esta globalización únicamente económica: Reformar de facto el sistema jurídico internacional donde se privilegian los tratados comerciales y de inversiones frente al derecho internacional de los derechos humanos.
Pero lo peor de todo es que este tratado pretende consolidar una estrategia perversa de esta globalización únicamente económica: Reformar de facto el sistema jurídico internacional donde se privilegian los tratados comerciales y de inversiones frente al derecho internacional de los derechos humanos.
El modo de hacerlo ha sido a través de la imposición del paradigma del libre comercio que ayudado de la instrumentalización del derecho internacional ha ido quebrando los avances en garantizar la supremacía de los derechos humanos. El caso del TPP es la consolidación de esta lógica. Por ejemplo, en el capítulo IX se establece nuevas reglas de protección a los inversionistas a través de un Sistema Internacional de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS por sus siglas en inglés). Este sistema busca eludir la competencia de los tribunales nacionales cuando haya conflictos entre inversionistas y Estado, recurriendo directamente a tribunales arbitrales que finalmente son tribunales privados.
Otra estrategia de este quiebre del derecho internacional es los relacionado a derechos de propiedad intelectual. Estos han ido sofisticándose cada vez más hasta desnaturalizar su objetivo cuando se ingresa a normar temas relacionados con el acceso a la salud, no para garantizar la salud de los serres humanos sino para asegurar mayores ganancias a las corporaciones farmacéuticas cuando se extienden las patentes o derechos exclusivos de fabricación en los medicamentos, lo que hace inaccesible la adquisición de ciertas medicinas a determinadas personas.
Bajo la misma fórmula de los derechos de propiedad intelectual el TPP extiende los derechos de autor por encima de los 70 años y en el caso de internet le otorga derechos a los intermediarios del servicio (Movistar, Claro, etc.) para que puedan retirar contenidos cuando una empresa o persona denuncia a alguien por haber violado los derechos de autor, lo que causaría restricciones graves a derechos fundamentales ejercidos en internet como la libertad de expresión, información y privacidad. En esa misma dirección bajo el argumento de protección de derechos de propiedad intelectual también se obligara a que agricultores y campesinas restrinjan prácticas tradicionales como el intercambio de semillas, puesto que algunas empresas trasnacionales han patentado dichas semillas o les interesa hacerlo.
A esas nuevas prerrogativas se unen las cláusulas o principios comerciales y de inversión, que empezaron a utilizarse en los llamados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y en los Tratados de Libre Comercio (TLC); pero que ahora están fortalecidas en este tratado multilateral del TPP. Nos referimos a los “principios” deTrato Nacional, Trato justo y equitativo, Trato de la Nación más favorecida, la Expropiación Indirecta y losRequisitos de desempeño; que en resumidas cuentas son medidas de protección para que no obstaculicen la inversión, ni contravengan las expectativas de ganancias futuras que puedan tener las empresas trasnacionales.
Para que esto funcione, es necesario que el Estado firmante del TPP renuncie a su jurisdicción nacional en el caso de una controversia Estado-inversionista y se someta a una corte arbitral con árbitros privados, sin doble instancia y donde muchos de los árbitros son parte de las puertas giratorias.
Para que esto funcione, es necesario que el Estado firmante del TPP renuncie a su jurisdicción nacional en el caso de una controversia Estado-inversionista y se someta a una corte arbitral con árbitros privados, sin doble instancia y donde muchos de los árbitros son parte de las puertas giratorias. La principal corte arbitral es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI) institución del Banco Mundial que ha suscrito un Convenio sobre Arreglo de Diferencias con el Perú.
Las experiencias en el CIADI, como es lógico son mayormente favorables a las empresas trasnacionales obligando a los Estados a pagar sumas millonarias por indemnizaciones e incluso truncando la implementación de leyes y políticas públicas por parte del Estado, bajo el argumento de que dichas normas o política contravienen los “principios” comerciales suscritos en los TBI o TLC, ahora fortalecidos con el TPP. En el caso del Perú ha sido enjuiciado por más de 2500 millones de dólares y hasta ahora la defensa le ha costado más de quince millones de dólares.
El TPP no solo ha tenido deficiencias serias en la transparencia de su elaboración, sino también en los procesos de firma y ratificación en cada país. Las razones de esa opacidad se encuentra en su contenido, diferentes artículos que mediante una técnica jurídica sofisticada busca beneficiar claramente a los inversionistas, otorgándoles super derechos que los ponen en una cómoda posición en relación a Estados con debilidad en sus instituciones y que finalmente quiebran el marco de protección de los derechos humanos.
Diferentes instancias de las Naciones Unidas han manifestado las amenazas del TPP y la liberalización extrema de los tratados comerciales y con esto la necesidad de un instrumento internacional vinculante para que las empresas trasnacionales respeten los derechos humanos. En el caso de Perú ha sido el movimiento social emergente el que ha puesto en cuestión la ratificación del TPP, esto sería un mensaje directo al actual presidente y congresistas, el mensaje de que estaremos vigilantes de los lobbys los próximos cinco años.
Fuente: http://www.ecoportal.net/Temas-Especiales/Economia/TPP-Cuando-el-poder-corporativo-se-impone-a-los-derechos-humanos
Desde un planeta lejano
Por: Carolina Vásquez Araya
Algo muy malo sucede cuando se pierde de vista el imperio de la justicia, transformándose los derechos humanos en un concepto relativo y perdiendo su carácter absoluto. Es entonces cuando se aplican normas diseñadas a la medida de intereses y percepciones arbitrarias. El ser humano no parece haber aprendido la lección: la imposición violenta de las creencias de uno por sobre los demás jamás será el camino para gozar de libertades básicas y, a partir de ahí, garantizar una relación de respeto para vivir en paz.
Los derechos fundamentales definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) a estas alturas de la Historia son ignorados por la mayoría de los habitantes del planeta y, más grave aún, violados por la mayoría de Estados a través de gobiernos corruptos, dictatoriales, orientados a satisfacer demandas de centros de poder político y económico. De ahí los reclamos de independencia y autonomía de gobiernos en vías de desarrollo chocan con la realidad abrumadora de compromisos contraídos con otros más poderosos, desde cuyas capitales se decide la vida (y la muerte) del planeta.
El respeto por la vida es uno de esos derechos fundamentales sistemáticamente violados en un afán de supremacía de unos por sobre otros, o por grupos fundamentalistas cuyas doctrinas se imponen por la fuerza sobre población sujeta a la voluntad de quienes deciden sobre su destino. Pero también los violan, por apatía, quienes no los defienden.
Eso sucede cuando la sociedad no reacciona contra quienes los cometen desde sus posiciones de privilegio, y acepta con pasiva indiferencia la realidad del hambre y la miseria extrema como si fuera una maldición bíblica. También cuando los 15 o 20 casos diarios de asesinatos y desapariciones de niñas, niños y jóvenes se reducen a una nota de prensa leída sin perder el apetito. Resulta entonces imperativo comprender que hay problemas, y muy serios.
La sociedad vive momentos de extrema gravedad. Por un lado está la acumulación de tensión social provocada por las injusticias de un sistema inoperante, por otro una especie de parálisis ciudadana inducida por un manejo perverso del derecho a manifestación sin temor a represalias. Pero también hay contradicciones en el sentir ciudadano y estas se plantean de la manera más cruda en las frecuentes demandas por la aplicación de la pena de muerte contra jóvenes organizados en maras y exigiendo procesar como adultos a niños delincuentes.
Lo contradictorio en este caso es cierto afán de pasar por alto la causa primaria de esa violencia y de cómo estas organizaciones criminales tan odiadas por la sociedad han logrado establecerse y crecer. Ese fenómeno -causante de muerte, dolor, pérdida económica y miedo entre la ciudadanía- se debe en gran parte al abandono de la niñez y la juventud. Estos sectores vulnerables e indefensos han sido privados -a nivel masivo- de una educación completa y de calidad, pero también han sido reducidos a sobrevivir en una estrechez cuyas repercusiones en salud y desarrollo físico y mental les han arrebatado toda posibilidad de vivir con plenitud.
¿En dónde reside el origen de esa pérdida de orientación que induce a castigar al ya condenado desde su nacimiento, en lugar de aplicar la solución desde el germen mismo del fenómeno? La niñez no solo necesita atención integral ¡tiene derecho a ella desde el texto mismo de la Constitución! La manera más inteligente de reducir la violencia es dándole lo que por derecho le pertenece: educación, alimentación, salud y recreación. En pocas palabras, un trato digno desde su llegada al mundo.
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=218102&titular=desde-un-planeta-lejano-
Por un cambio razonado de políticas
Por: Pedro Flores Crespo
La manera en como discutimos los asuntos públicos revela nuestro nivel democrático. En la disputa por la actual reforma educativa hemos escuchado y leído muchas cosas. Están desde los buenos hasta los malos argumentos. Entre estos últimos, recuerdo los “jaloneos discursivos” sobre la ley. Por un lado, están los que sin mayor mediación que su propio sentimiento, invocan a Mohandas Gandhi para proclamar que “cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer”. Tomar apresuradamente frases o palabras y utilizarlas fuera de contexto pueden tener
un significado al que Gandhi, un gran líder pacifista, no le daría. Citar bien es algo que cualquier escuela o universidad debería enseñar.
Pero los argumentos deficientes y la falta de ubicación histórica para utilizar determinadas frases o palabras no sólo provienen del opositor, sino también de algunos representantes del Gobierno Federal. En su visita a Canadá, el presidente Enrique Peña Nieto, no supo ubicar y aplicar el término “populista” y por eso su homólogo estadounidense, Barack Obama, lo corrigió públicamente.
Posteriormente, y en medio del conflicto magisterial, el priista desde muy lejos nos mandó un mensaje. Dijo que para su gobierno lo que está “muy claro” es aplicar la norma. A más de tres mil kilómetros de distancia repitió un mantra: no está dispuesto a negociar la ley. ¿No? ¿Y qué hizo hace varios meses el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, cuando se reunió con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)? Miranda, dicen, contaba con el aval del presidente para meter en cintura a los disidentes a pesar de la inconformidad del ex secretario Emilio Chuayffet. Si son tan respetuosos de la ley, ¿por qué entonces suspendieron la evaluación previo a las elecciones de 2015? Y otro ejemplo: en la captura y encarcelamiento de los líderes sindicales (Elba Esther Gordillo y Rubén Núñez), ¿se respetaron los principios básicos de legalidad y de justicia? Sobre este último punto, Jesús Silva-Herzog Márquez ha hecho notar que el “gobierno federal emplea la ley como un instrumento político”. La intervención para atrapar a Elba pareció, según el analista, “más una purga propia de un régimen autocrático que la acción justiciera de una democracia” (Reforma, 04/07/16).
Al Gobierno Federal ya se le agotó el argumento legalista para defender la reforma educativa. De hecho, varios legisladores están abriendo la posibilidad de revisar y realizar algunas modificaciones a las leyes que emanan de la reforma educativa, según nos cuenta Erik Juárez (Educación Futura, 30/06/16). Incluso, contrario a las visiones de Aurelio Nuño y representantes de organizaciones civiles pro empresariales, Miriam Ibarra, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) piensa que la “reforma es perfectible” para hacerla más viable y para facilitar la negociación con el magisterio. En esta tónica están ubicados varios representantes de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática.
El consenso social para “reformar la reforma”, como diría Roberto Rodríguez, va surgiendo con mayor fuerza y es aquí en donde ahora podríamos ubicarnos y actuar. De hecho, entre la intransigencia de abrogar y la necedad de “nada se mueve porque lo digo yo y porque que soy la Ley”, han surgido propuestas de investigadores educativos e incluso, se han elaborado reportes sobre la evaluación docente que pueden servir para construir argumentos, discutir e irnos encaminando hacia el entendimiento mutuo y al cambio razonado de políticas.
En este sentido, coincido con los investigadores Ángel Díaz-Barriga e Imanol Ordorika quienes sostienen que hay que quitarle lo punitivo a la evaluación y para ello, habrá que plantear estos ejercicios como voluntarios. Es necesario “generar confianza en la evaluación”, dice el primero y yo agregaría, hay que ampliar la mirada y sobrepasar el modelo clásico de individuo que revelan las actuales políticas educativas, es decir, ese ser humano que ante los ojos del gobernante sólo actúa en pos de su propio beneficio.
También suscribo la idea de repensar las consecuencias de la evaluación para que éstas no sean solamente en contra de los maestros, sino también en beneficio de la niñez. El vínculo entre evaluación docente y mejora de los aprendizajes no es claro en esta reforma y la evidencia que se ha mostrado es cuestionable.
Para salir de la Babel en que nos hemos metido, sugiero revisar el reporte de Rodolfo Ramírez y Concepción Torres intitulado, La evaluación del desempeño docente: de lo comprometido a lo realizado, el cual sostiene que el esquema actual para medir el mérito de los docentes es deficiente y limitado. Por lo tanto, imponer una evaluación “de alto impacto” bajo estas condiciones es un gran error, como bien lo ha señalado Manuel Gil Antón.
Los esquemas de evaluación pueden mejorarse sustancialmente y esto requiere dinero y tiempo. ¿Está dispuesto el Estado a dotar al sistema educativo de estos recursos? En el reporte de Ramírez y Torres se puede leer que desde hace tiempo, varios especialistas —que ahora son funcionarios— señalaban la imperiosa necesidad de realizar observación en el aula para evaluar de manera más integral al maestro. Díaz Barriga, de hecho, también defiende este punto. Se sabe que por ser demasiado “costosa”, la observación en el aula se canceló. ¿No debió el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) pelear y enfocarse a construir este instrumento de recolección de información antes de destinar recursos a otros proyectos (e.g. consulta a indígenas, apertura de direcciones estatales, altas compensaciones salariales), quizás muy valiosos pero que abren la puerta al legítimo cuestionamiento sobre el uso racional de los recursos públicos.
Ante la violencia y el conflicto, todos estamos a prueba. Razonar y expresarse inteligentemente es nuestra responsabilidad ciudadana y sobre todo, un elemento central de la noción de calidad educativa que muchos deseamos alcanzar.
Fuente: http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=4635:por-un-cambio-razonado-de-politicas&Itemid=152
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Objetivos globales (post-milenio) en educación. ¿Qué lejos estamos?
Por: Blanca Heredia
El mes pasado se publicó la edición 2016 del Panorama de la Educación: Indicadores de la OCDE. Esta publicación constituye la fuente más completa y actualizada de indicadores educativos comparables internacionalmente para los países de la OCDE y algunos países asociados.
En el Education at a Glance (EAG) 2016 se incluye, por primera vez y además de los datos sobre estructura, finanzas y resultados educativos, un análisis del grado de avance de los países de la OCDE para alcanzar el Objetivo 4, referido a Educación de calidad, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS, también conocidos como “Objetivos Globales” fueron adoptados en septiembre de 2015 a partir de un proceso deliberativo muy amplio impulsado por las Naciones Unidas y constituyen la agenda global de desarrollo posterior a los Objetivos del Milenio. Los ODS comprenden objetivos en 17 temas con 169 metas específicas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos.
El Objetivo 4 de los ODS: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” contempla las siguientes 10 metas, a ser alcanzadas en 2030:
1. Primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad, que produzca resultados escolares pertinentes y eficaces para todos los niños y niñas.
2. Acceso a servicios en la primera infancia y a una enseñanza
preescolar de calidad para todos los niños y niñas
3. Asegurar acceso equitativo para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad
4. Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos con las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento
5. Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional
6. Garantizar que todos los jóvenes y una proporción sustancial de los adultos tengan competencias de lectura, escritura y aritmética
7. Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible
8. Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas, contemplen equidad de género, y ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos
9. Aumentar sustancialmente a nivel mundial las becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los menos adelantados.
10. Aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados.
En relación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia educativa, el Objetivo 4 de los ODS presenta dos diferencias centrales.
Primero, las metas establecidas abarcan a todos los países y no sólo a los países en desarrollo. Segundo, a diferencia de los Objetivos del Milenio que estaban centrados exclusivamente en cobertura y acceso educativo, los nuevos ODS en educación, si bien incluyen temas de acceso, concentran la atención en la calidad educativa y en los aprendizajes efectivos de los alumnos.
El análisis acerca del progreso de los países de la OCDE para alcanzar el Objetivo 4 incluido en el EAG 2016 constituye el mayor avance hasta la fecha en la materia y forma parte de un esfuerzo más amplio en curso dentro de la organización para desarrollar el conjunto completo de indicadores requeridos para medir de forma consistente el grado de avance de distintos países en relación a las metas educativas de los ODS.
Los resultados del análisis referido distan mucho de ser positivos, incluso para países con altos niveles de desarrollo. Tenemos así, que de los 35 países de la OCDE para los cuales se dispone de datos, sólo 12 de ellos logran ubicarse en el nivel esperado en al menos 5 de las 10 metas educativas contenidas en el Objetivo 4: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Japón, Corea del Sur, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia.
Sorprendentemente, países como Alemania y Suiza solamente consiguen niveles esperados en 4 de las 10 metas. Estados Unidos, por su parte, presenta niveles esperados en tan sólo 2 de las metas, cifra igual a la de Islandia, Israel, Italia, Portugal, Eslovaquia y Turquía.
México solamente obtiene nivel esperado en una de las diez metas –totalidad de los niños de 5 años matriculados en educación preescolar– cosa preocupante, sin duda, pero no muy sorprendente. En igual situación –nivel esperado en solamente una meta– se encuentran también, sin embargo, los siguientes países OCDE: Chile, Hungría y… Francia.
Mucho que hacer sí, pero, ahora, no sólo en acceso, sino también en calidad educativa y en todos los países, no sólo en los menos desarrollados.
Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/objetivos-globales-post-milenio-en-educacion-que-lejos-estamos.html
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Un país en el que los expertos no tienen voz
Por: Adolfo Garcé
En Uruguay la voz del experto no suele escucharse ni fuerte ni clara. Esto no es Chile, México, Francia o Alemania. En nuestra democracia, una de las pocas de la región realmente digna de este nombre, el poder político de los especialistas está restringido en esencia al espacio que, si y solamente si estiman que les conviene, les conceden los líderes de los partidos. Sin embargo, de tanto en tanto, los expertos irrumpen en el debate público y generan hechos políticos de relevancia. Menos frecuente aun es que los expertos, sin que esto suponga necesariamente abandonar sus lealtades partidarias, se atrevan a traspasar los límites de sus partidos para elaborar e impulsar una agenda compartida. Menos habitual es, todavía, que esta convergencia se concrete en una construcción institucional. Por eso los invito a la sorpresa. Los tres fenómenos están ocurriendo a la vez. Expertos en educación de distintos partidos están convergiendo con el objetivo de marcar la agenda de cambios futuros construyendo, desde ahora, una institución específica. Vale la pena señalar la excepción y observarla más de cerca. No pasa todos los días.
Pero está pasando hoy. Hoy mismo, bajo la consigna «Cambio educativo y educación para el cambio», se presenta en sociedad Eduy21, una fundación que procura aportar al debate público y proponer una hoja de ruta para la tan postergada transformación del sistema educativo uruguayo. Según informó OTV, «los impulsores de la iniciativa son el exsubsecretario de Educación Fernando Filgueira, el exdirector de Educación Juan Pedro Mir, el magíster en Educación Renato Opertti y el socio de CPA Ferrere, Bruno Gili. La iniciativa cuenta también con la participación de Diego Balestra, Fernando Lorenzo, Javier de Haedo y Richard Read, entre otros». Como puede verse al repasar los nombres implicados, quienes lideran la iniciativa tuvieron el tino de no limitar la convocatoria a especialistas en el campo educativo. Por el contrario, han logrado el apoyo de figuras de prestigio en otras actividades, desde el mundo empresarial al sindical. Dada la cultura política nacional (los expertos son culpables hasta que demuestren lo contrario) esta decisión es muy importante: es más probable que tenga más impacto público una iniciativa convocada en clave «ciudadana» que una reducida al mundo de los especialistas en la temática.
Es cierto que no todo está mal en la educación pública uruguaya. Pero no se puede negar que hay problemas de enorme gravedad. En particular, la tasa de graduación en enseñanza secundaria (menos del 40%) es una hipoteca tremenda que conspira contra la democracia, la integración social y el desarrollo económico. No hay democracia sin ciudadanos ilustrados. No habrá paz social entre nosotros, ni una convivencia disfrutable, que valga la pena, sin más y mejor educación. No lograremos progresar de modo sostenible en la senda del desarrollo económico sin trabajadores calificados. En este contexto, la nueva institución tiene una tarea difícil y muy importante. Es posible que no sea tan necesario hacer sonar la alarma. De hecho, los problemas están bien diagnosticados y la urgencia de atenderlos es pública y notoria (aunque las autoridades del Ministerio de Educación todavía se esfuercen en argumentar lo contrario). En verdad, la mayoría de los uruguayos hace muchos años que repetimos, con José Mujica, «educación, educación y más educación».
El principal desafío de Eduy21 es formular del modo más concreto posible lo que ellos llaman «la hoja de ruta» de los cambios. En este sentido, el aporte de los expertos es realmente decisivo. Ninguna política pública puede cambiar si no se formula con tiempo suficiente y con mucha claridad una alternativa. El ejemplo de la llamada «reforma de Rama», hace veinte años, ofrece desde este punto de vista, una lección elocuente. Germán Rama pudo liderar la última reforma ambiciosa de la educación pública uruguaya porque, antes, durante el primer quinquenio de la década de 1990, desde la oficina de Cepal en Montevideo, generó información, construyó diagnósticos y elaboró propuestas de cambio concretas. Desde luego, no hubiera podido impulsar la agenda de innovaciones, más tarde, sin una poderosa coalición política. El papel del presidente Julio María Sanguinetti (del Partido Colorado) y de Alberto Volonté (al frente del Directorio del Partido Nacional) fue decisivo en este sentido.
Esta referencia nos conduce directamente al otro aspecto fundamental de la iniciativa que se está poniendo en marcha. Para que no conduzca a una nueva frustración tendrá que dialogar con todos los partidos. No hay forma de saber de antemano a qué elenco político le tocará gobernar después de la elección nacional de 2019. No puede descartarse que el Frente Amplio retenga el poder. Pero es perfectamente posible, bajo ciertas condiciones, que la oposición fuerza la alternancia. Por tanto, para maximizar su impacto, Eduy21 tendrá que poder dialogar con ambos bloques. Volviendo al antecedente de 1996: aunque el Frente Amplio se opuso, las propuestas lideradas por Germán Rama, gracias a su solidez en el plano técnico, lograron el apoyo de actores importantes de la izquierda tanto en la cúpula política como en los gremios docentes. Para que, de una buena vez, se puedan concretar cambios será necesario, otra vez, asegurar apoyos en los dos bloques que polarizan el sistema de partidos uruguayo. Fernando Filgueira lo sabe muy bien.
Fuente: http://www.elobservador.com.uy/un-pais-el-que-los-expertos-no-tienen-voz-n985592
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¿A dónde va la Educación Pública?
Por: Juan Carlos Miranda Arroyo
Parece ser que a la pregunta: “¿A dónde va nuestra Educación Pública?”, se podría contestar fácilmente. Quizá bastaría con entrevistar al Secretario de Educación Pública o a los Subsecretarios del ramo para que nos den su versión al respecto, desde su visión de la alta burocracia del Gobierno Federal; o tal vez sea suficiente con leer algunos documentos como el Programa Nacional de Educación, la Constitución Política Mexicana, así como las leyes secundarias, como la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; o bien, los papeles gubernamentales sobre la planificación institucional, que han dado a conocer la misma SEP y los gobiernos estatales.
¿Qué dicen los expertos y estudiosos de las Reformas Educativas del siglo XXI a niveles nacionales e internacionales? ¿Cómo se han interpretado los recientes acontecimientos y procesos sociales en materia de políticas públicas educativas, en los ámbitos local y global?
Leo y releo el libro de Michael W. Apple: Educar “como Dios manda”. Mercados, niveles, religión y desigualdad; (traducción al castellano por Paidós, en 2002, del original: Educating the “Right” Way), en el que el educador norteamericano señala lo siguiente:
“Las escuelas estadounidenses, y en general las de todo el mundo, están experimentando un espectacular giro hacia la derecha…”. A través de su texto, Apple “examina minuciosamente los planes de esta conspiración y nos muestra la amenaza que plantean las reformas derechistas a la democracia en la enseñanza pública. Desde los exámenes obligatorios hasta el control del currículo a escala nacional… (el autor) ofrece un penetrante análisis de algunas de las cuestiones más importantes a las que se enfrenta la educación de hoy…” (Contraportada)
A lo largo del libro, Michael Apple aborda la agenda de la modernización conservadora que se ha intentado aplicar a la educación pública en los Estados Unidos y en otras naciones. Analiza el debate sobre la concepción de libertad que hay detrás de ello; las acciones orientadas a “mercantilizar” el mundo; acerca de cómo la derecha política ha pretendido restablecer el “orden cultural”; sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado; la Economía y la Religión; el “Gerencialismo”; así como las consecuencias escolares que ha generado el proyecto de la modernización conservadora, puesto en operación a través de las Reformas Educativas. También disecciona al llamado “populismo autoritario en educación” (“la enseñanza que quiere Dios”); al neoliberalismo metido en la escuela, las elecciones y la democracia; examina al neoconservadurismo y a la nueva clase media directiva y profesional (aquella que acepta la lógica de que debe haber más exámenes y con más frecuencia).
Michael Apple es profesor de Currículo y Enseñanza, y de Estudios de Políticas Educativas en la Universidad de Wisconsin-Madison. Es autor de libros como El Conocimiento Oficial (Paidós); Educación y Poder; Maestros y Textos; y Escuelas Democráticas, entre otros. Cabe mencionar que su libro Ideología y Currículum ha sido elegido entre las veinte mejores obras del siglo XX en temas de educación.
Todo esto viene a cuento, porque esta semana estará en Querétaro uno de los colegas y colaboradores directos de Michael Apple. Me refiero al profesor canadiense Paul Orlowski, docente e investigador de la Universidad de Saskatchewan, en el Centro para el estudio del Currículo e Instrucción, de la Facultad de Educación en dicha universidad. Orlowski ha publicado recientemente un libro denominado Teaching about Hegemony, (Editorial Springer); “Enseñanza en torno a la Hegemonía”, donde aborda nociones como racismo, clases sociales y democracia en el siglo XXI, mediante un análisis y una sintonía conceptual semejantes a la Pedagogía Crítica cultivada por Michael Apple.
Orlowski es doctor en Educación, por la Universidad de Columbia Británica. Sus temas de interés académico están relacionados con el racismo, el neoliberalismo y la Ecopedagogía; la Pedagogía Crítica y la Democracia. Su trabajo académico también abarca conceptos como justicia social y políticas educativas públicas. Debido a sus cualidades literarias y académicas, su obra ha sido ampliamente difundida en Estados Unidos y Canadá.
La conferencia magistral del Dr. Paul Orlowski sobre “Modelos de Liderazgo Educativo desde la organización social en contextos neoliberales”, se llevará a cabo el viernes 21 de octubre, a las 12:30 Hrs., en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Centro Histórico de Querétaro. Es un evento dirigido a docentes, directivos, asesores, especialistas, investigadores en Educación y público en general. Ojalá que puedan participar.
Fuente: http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/10/18/a-donde-va-la-educacion-publica
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