Argentina debe su identidad nacional a la educación pública. Ya a finales del siglo XIX, los esfuerzos por homogeneizar una sociedad formada en su mayor parte por inmigrantes convenció a las autoridades de que la mejor herramienta era la escuela. En 1905, la llamada ley Láinez extendió la educación gratuita y laica a todo el territorio y Argentina pronto se convirtió en un faro regional por su calidad. Mientras el Estado inculcaba a los niños los mitos de la argentinidad, con sus próceres y la bandera como símbolo de unidad (aún hoy su izamiento en las escuelas es un acto diario solmene), el país alcanzó altos niveles de alfabetización, un capital que en el final del ciclo se reflejó en el nivel de sus egresados universitarios. El debate divide ahora a quienes no coinciden en cómo se debe mantener esa viva esa tradición. El resultado del último estudio PISA, única herramienta disponible para hacer comparaciones globales, mostró que mientras los países de América Latina mejoraron, Argentina se estancó. Mauricio Macri decidió ahora evaluar a 1,4 millones de alumnos en 31.300 escuelas públicas y privadas de primaria y secundaria para “diagnosticar” al sistema educativo “y a partir de ahí avanzar”. Pero el operativo Aprender, como lo llamó el gobierno, ha debido enfrentar la resistencia de los sindicatos de maestros y muchos padres que decidieron no mandar a sus hijos a las pruebas.
El kirchnerismo realizó sus propias evaluaciones de nivel en forma trianual, pero siempre se guardó los resultados con el argumento de que “estigmatizaban” a los alumnos y a las escuelas de bajos recursos. Macri llegó al poder el 10 de diciembre con la idea de darlo vuelta todo, incluso la educación. Siempre negó que esté en sus planes atacar la educación pública y gratuita, un valor que está en el ADN de los argentinos. Pero no le ha sido fácil realizar hoy el operativo Aprender, muestra de que los sindicatos de maestros son un foco importante de resistencia a su gestión. Los gremios más importantes realizaron manifestaciones, hubo escuelas secundarias tomadas por los alumnos y padres que decidieron no enviar a sus hijos de primaria, pese a la obligatoriedad de la evaluación. El presidente salió al cruce de las críticascon una carta abierta y mensajes desde su cuenta oficial en Twitter. «Evaluamos para mejorar. Para transformar la realidad, primero tenemos que conocerla tal cual es (…) Probablemente debamos enfrentar resultados difíciles, pero los problemas no desaparecen mirando hacia otro lado», dijo Macri. Luego se defendió de aquellos que advirtieron que la evaluación servirá para dividir a las escuelas por su calidad. «No se trata de buscar culpables, de comparar entre escuelas o territorios ni de hacer rankings; es una radiografía del sistema educativo nacional para diagnosticar y a partir de ahí avanzar», dijo.
La difusión de parte de las preguntas en las redes sociales fue el primer escollo que debió sortear el gobierno. Luego siguieron manifestaciones docentes y toma de escuelas. Desde Suteba, el gremio que agrupa a los maestros de la provincia de Buenos Aires, fueron duros con la prueba. “La pruebas son estandarizadas y no evalúan correctamente el aprendizaje, ni los conocimientos ni el proceso de enseñanza. Ya tienen un resultado prefijado con una conclusión: los chicos no aprenden porque los docentes no les enseñan. Esto va contra ellos y contra la educación pública”, dice el secretario general de Suteba, Roberto Baradel.
El último PISA realizado en 2012 (los resultados del estudio de 2015 estarán recién en diciembre de este año), encontraron mejoras en la mayoría de los países de América Latina, con excepción de Argentina, que se estancó. Así, en lectura no alcanzan el mínimo establecido el 53,6% de los alumnos argentinos; en ciencia el 50,9% y en matemáticas el 66,5%. Por su promedio entre las tres asignaturas, Argentina quedó en el puesto 59 a nivel mundial y sexto entre los ocho países de la región analizados. El operativo Aprender tiene como objetivo manifiesto mejorar estas cifras, pero los sindicatos no creen en las intenciones oficiales y niegan que el estado de la educación sea tan malo. “Puede mejorar, pero estamos mucho mejor que hace 10 años. El ministro [de Educación Esteban] Bullrich dice que sólo el 50% de los jóvenes termina el secundario, pero hace una década terminaba el 30%. Hoy tenemos más inclusión social”, dice Baradel.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/18/argentina/1476823809_298868.html
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