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Por una educación de calidad, la destrucción no para

Nada de lo que haga el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es imprevisible, todo está planificado desde mucho antes de conseguir gerenciar la jurisdicción.

En los años 90 del siglo pasado, la entonces Fundación Grupo Sophia, fundada y dirigida por Horacio Rodríguez Larreta, ya tenía plasmado el proyecto de educación que iba a llevar a la práctica cuando fueran gobierno.

Ese proyecto es el que se está llevando a cabo e incluye las nociones de competencia y eficiencia en el mismo sentido en que lo propone el Banco Mundial y todos los organismos que sostienen y ejecutan la reforma economicista de la educación a nivel internacional.

Eso incluye al variopinto mundo privado, empresas, universidades, fundaciones y ong, no sólo interviniendo en las áreas didáctico /pedagógicas, sino en la construcción del entramado político, con la formación de cuadros neoliberales para llevar adelante una “transformación educativa” inspirada en el control, la persecución y el hostigamiento.

Uno de los ejemplos son las denuncias judiciales a los familiares de estudiantes que habían tomado las escuelas en un justo reclamo. Y en ese mismo sentido disciplinador es la persecución a Jorge Adaro, dirigente del sindicato docente Ademys, con un expediente judicial de desafuero gremial.

O el sumario iniciado al vicerrector de la ENS N° 2 Mariano Acosta – nada es casual -, Julio Pasquarelli, por estar junto a sus alumnos durante la última toma de la escuela.  Mientras Horacio Rodríguez Larreta calificó la acción del docente como “adoctrinamiento”, la ministra Soledad Acuña (licenciada en Cs. Políticas (UBA) con posgrado en la Universidad de San Andrés (UdeSA) y también formada en la Fundación Grupo Sophia) lo acusa de “bajar línea”.

Es más que interesante como los hostigadores seriales se sienten hostigados cuando escuchan argumentos que van contra sus políticas de intervención, privatización y desposesión, lo que los pone en una ofensiva propiamente castrense, despliegan dispositivos y calificativos propios de la dictadura genocida.

No hace mucho, habíamos escrito en ¿Para qué, educación?  las decisiones sobre los cierres de las carreras en los Institutos de Formación Técnica Superior  (IFTS), otra medida impulsada por el eslogan “La transformación no para” del gobierno de la Ciudad, decisión del economista Juan Pablo Becerra, director de Gestión de Aprendizaje a lo largo de toda la vida, quien argumentó que entre los motivos para cerrar carreras se había contemplado el contexto coyuntural imperante a fin de definir la oferta estratégica para la Ciudad y por lo tanto había que priorizar la de mayor rendimiento del sector socioproductivo; lo que equivale a decir, que el mercado define los aprendizajes que van a ser ofertados y los que van a ser declarados obsoletos.

También decíamos que la reforma avanza con la lógica productivista y desacopla materias como Filosofía y Ética de la formación en Educación Física. Así como ya está en curso una reforma en los profesorados de Educación Primaria e Inicial para 2023 que seguirían el camino de reformular el Campo de Formación General de todos los profesorados, adoptando el mismo criterio de obsolescencia de las Humanidades y Ciencias Sociales, aplicando un criterio burocrático propio de la inteligencia instrumental, que rige la reforma.

El 23 de este mes, se anuncia desde la cartera educativa que, en los Institutos de Formación Docente, Alicia Moreau de Justo y Mariano Acosta se cerraba la inscripción 2023 para el primer año para los profesorados de Física y Lengua y Literatura, también anunciaron que no se abrirá la inscripción complementaria, ni validación para la carrera de Psicopedagogía.

El licenciado en Ciencias de la Educación, egresado de la Universidad de San Andrés, Emmanuel Lista, director de la unidad de coordinación del sistema de formación docente es quien ejecutó y notificó estas decisiones de cierre que se complementan con la negativa a ampliar el período de inscripción en profesorados de Enseñanza Primaria e Inicial, al que además le determinaron un cupo de 40 aspirantes.

La lógica del capital se impone en el mercado educativo en el que las corporaciones empresariales definen los aprendizajes y deciden sobre la existencia individual y colectiva de la población. La política educativa está signada por el orden mundial que delimita lo “importante”. Y lo “importante” es la generación de subjetividades adaptables y flexibles, por eso el modelo macro-pedagógico es el del control y disciplinamiento social; es el de desadiestramiento y readiestramiento docente que justifica las medidas gubernamentales contra los Institutos de Formación docente.

Todavía, después de 30 años de reforma, estos funcionarios devenidos de las universidades de elite piensan lo público en un contexto mercantil que debe responder a la productividad y eficiencia.

Lo interesante es que para el caso que nos ocupa, este gobierno de la Ciudad y el funcionariato formado en burbujas educativas de elite y en fundaciones que operan como sectas con una formación de clase que desprecia lo público en tanto lo común, aunque lo aprecia como mercancía transable, son los que más contribuyen a potenciar las desigualdades sociales, aunque pregonen exactamente lo contrario.

Después de 15 años de gobierno PRO, seguir insistiendo con la falta de capacitación docente es sólo producto de la mala formación recibida en la burbuja elitista, o bien reconocer que las capacitaciones dadas por sus grupos de interés, fundaciones, ong y universidades privadas, en las que ustedes participan activamente, son un fiasco académico.

Además de celebrar convenios millonarios pagados con los dineros públicos como los que realizaron con la fundación Varkey y otras como Enseña por Argentina, subsidiaria de Teach for América, cuyo fundador, Oscar Ghillioni, hoy sigue siendo funcionario de educación del gobierno Pro.

La lista sigue con otros. Empresarios como Gabriel Sánchez Zinny, ex Fundación Grupo Sophia y también egresado de la UdeSA, titular de Kuepa.com y otras empresas off shore, que fuera director general de Escuelas con María Eugenia Vidal (egresada de la UCA y ex Grupo Sophia), como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Cerradora de escuelas y desfinanciadora serial de infraestructura.

Desfinanciamiento que derivó en las trágicas muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, vicedirectora y auxiliar, respectivamente, de la Escuela Primaria N°49 “Nicolás Avellaneda” de la localidad bonaerense de Moreno hace poco más de 4 años y como consecuencia de un escape de gas que había sido denunciado en varias oportunidades, pero jamás escuchado por las autoridades pertinentes.

Volviendo al funcionario Emmanuel Lista, en septiembre de este año escribía para Infobae  un artículo en el que exponía que “precisamos construir políticas y una red de programas destinados a la formación de docentes en ejercicio y al acompañamiento a escuelas, más aún en contextos cada vez más complejos para la enseñanza (…) Esto requiere una planificación sistémica, la reorganización de la inversión actual y un compromiso sostenido de autoridades e instituciones. Un arduo trabajo no exento de resistencias del statu quo. Pero, al mismo tiempo, representa una posibilidad de jerarquizar las instituciones, profundizar las políticas y atender a los enormes desafíos y desigualdades que atraviesa nuestro sistema educativo. No hay mejora educativa sostenible si no nos ocupamos de la formación de las y los docentes”.

Interesante expresión de deseos, pero son gobierno hace 15 años, y todo lo resuelven con el cierre de profesorados, o con la enigmática creación de UNICABA, como caballo de troya para esto que ahora están haciendo. Lo que ustedes llaman “la reorganización de la inversión”, se traduce en vaciamiento, así como lo que denominan “resistencias del statu quo” lo resuelven con persecución sumarial y judicialización, ya dimos los ejemplos.

¿Cómo puede una política de desguace ser “la posibilidad de jerarquizar las instituciones” y que ese sea el camino para corregir las “desigualdades que atraviesa nuestro sistema educativo”?

¿La “mejora educativa sostenible” es el resultado del recorte de profesorados?

Por supuesto que la confrontación es ideológica, el debate sobre el concepto de lo común, de lo público tiene que estar en el centro de un congreso pedagógico desde abajo, porque el primer paso es la nacionalización de un sistema fragmentado en 24 jurisdicciones, lo que terminó consolidando las profundas desigualdades, incluso al interior de cada uno de los 24 sistemas educativos a los que se le suman las fundaciones empresariales y ong con sus propios puntos de vista e intereses, aunque siempre alineados con los mandatos internacionales e influyendo hasta en las políticas de formación, proceso que se emparenta con el pensamiento colonizado.

Si “la mejora educativa sostenible” es anunciar cierres (por ahora) parciales de instituciones de formación el 23 de diciembre es porque lo que buscan es la generación de incertidumbre, bronca y desazón, que es su forma de gerenciar la Ciudad, de gerenciar la educación, de gerenciar la salud.  Dejar en la incertidumbre a cientos de trabajadores a fin de año y de aspirantes a los profesorados sólo es posible cuando lo perverso es el componente principal de la acción política en clave gerencial.

Decididamente no gobiernan, alguna vez dijo Esteban Bullrich ( licenciado en Sistemas egresado la universidad CAECE y otro ex Fundación Grupo Sophia y socio de Gabriel Sánchez Zinny en Formar Foundation, otra off shore) ante empresarios de la UIA, “no me paro acá como ministro de educación, sino como gerente de recursos humanos”, toda una definición de las políticas de gerenciamiento PRO en el área educativa.

En el mundo de Sophia, no hay educación pública, hay pedagogía del sometimiento y pérdida de derechos. El mundo de Sophia es el imaginario del gobierno donde se instalan los supremacistas morales y líderes de la desposesión.

Fuente: https://rebelion.org/por-una-educacion-de-calidad-la-destruccion-no-para/

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Informe de Coyuntura OVE: Inversión, salarios y condiciones de trabajo de los y las docentes en América (pdf)

OVE / CII-OVE / 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han construido un conjunto de recomendaciones relativas a la situación del personal docente de inicial, primaria y secundaria (1966) y sobre la condición del personal docente de la enseñanza superior e investigadores (1997).

Estos instrumentos definen derechos y responsabilidades de los y las educadoras(es), los cuales sirven de marco de referencia para gobiernos, empleadores, sindicatos y gremios docentes e instancias de investigación. Al ser generadas por dos organismos multilaterales, estas recomendaciones se constituyen en una guía para los gobiernos que forman parte del sistema de naciones unidas. Estos multilaterales son las instancias encargadas de su seguimiento y desde el 2015 se informó la conformación de una comisión mixta de actualización de sus contenidos, siendo la Comisión de Expertos OIT/UNESCO sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART), la encargada de coordinar este trabajo.

La pandemia del COVID-19 ha significado un nuevo deterioro en las condiciones de trabajo del personal docente en América, golpeado en las últimas décadas por la ofensiva neoliberal de privatización, mercantilización y estandarización de los sistemas escolares, así como por la precarización laboral.

Uno de los mayores problemas epistemológicos que enfrentan los gremios y sindicatos docentes en cada país, es la falta de información comparada regional y de análisis de tendencias. Esto limita la acción reivindicativa y la unidad de los y las trabajadores(as) de la educación, en medio de una ofensiva corporativa del gran capital.

Este trabajo de Otras Voces en Educación procura contribuir a la construcción de una mirada sistémica, con análisis dialécticos entre lo global y lo local en materia de inversión en educación, salarios y condiciones de trabajo del personal docente, desde una clara perspectiva del mundo del trabajo.

Hemos cruzado datos oficiales de los gobiernos reportadas a UNESCO, con la que facilitaron gremios y sindicatos docentes de América, así como investigadores(as) y académicos(as) plasmada en un instrumento de recolección de información. Posterior a la publicación de este Informe de Coyuntura, comenzaremos a dar a conocer las fichas por país que sirvieron de base para este trabajo, las cuales iremos alimentando de manera periódica. Los aportes de la Red Global/Glocal por la calidad educativa y del Grupo de Contacto Internacional (GCI) han sido fundamentales para poderles presentar este estudio.

Esperamos que este informe aliente a los y las investigadores(as) nacionales, gremios y sindicatos docentes, para fortalecer o iniciar estudios en profundidad sobre cada una de las realidades que abordamos.

Puede acceder al informe completo en el siguiente enlace:

CII-OVE Informe de Coyuntura

 

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Aumento salarial para los maestros: entre igualdades y desigualdades

Por: Abelardo Carro Nava

Aún tengo fresco en la memoria, el recuerdo de aquel día de 2016, cuando el ex Secretario de Educación de nuestro país, Aurelio Nuño, se reunió con maestras y maestros que presentaron un “examen” mediante el cual se valoró su desempeño docente en el aula y escuela. Este mecanismo, según se dijo, era el medio a través del cual se daría un paso trascendental para lograr la tan anhelada “calidad” educativa que tanto necesitaban los estudiantes, como si un examen fuera el único elemento o factor que permitiría cumplir tal sueño.

En dicha reunión, acudieron docentes de toda la República Mexicana y, desde luego llamó mi atención, la intervención de una profesora del estado de Chihuahua porque, cuando este ex funcionario público le dio la palabra, sin más ni menos dicha docente le expresó de manera clara y contundente, que en este momento y en ese recinto se encontraban docentes de todo el país, no maestros de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría, solo maestros.

El aplauso surgió espontáneo, pues clasificar a maestras y maestros como “idóneos” o no “idóneos”, “destacados” o “insuficientes” solo por el hecho de haber obtenido un resultado que no valoraba lo que en un salón de clases ocurría en una jornada de 6 y 8 horas, no era lo más sensato ni la mejor política.

El clamor por un trato justo, igualitario y equitativo, no se hizo esperar en los días, semanas y meses subsecuentes; de hecho, propios y extraños tomaron este evento como una ferviente posibilidad para exigir un trato digno hacia todos los trabajadores de la educación.

No es un asunto menor afirmar que, las palabras expresadas por esta profesora, de inmediato tuvieron un impacto mediático de importantes magnitudes y consideraciones pues, hasta ese momento, no había existido algún foro público, de esta naturaleza, en el que un docente expresara su sentir de la forma en que ella lo hizo.

Sentir y pensamiento que, debo decirlo, sino fue generalizado, sí gozó de la aceptación y aprobación de buena parte del magisterio que, indiscutiblemente, cuestionó desde el 2013 la puesta en marcha de una política evaluadora de su quehacer profesional, cuyo carácter punitivo quedó demostrado a lo largo de esos años evidenciando, con ello, el desprecio hacia una de las profesiones más nobles que pueden existir en este mundo.

Pasados los años llegó un régimen diferente a Palacio Nacional; desde luego, muchos de los errores cometidos por el gobierno peñanietista, en materia educativa, fueron capitalizados por diversos actores políticos contrarios a esta ideología de corte neoliberal; el hambre y sed de justicia de esa parte inconforme del magisterio rindió los frutos esperados, y el carácter punitivo de la evaluación se eliminó de las leyes reglamentarias en 2019. Justicia, igualdad y equidad, al igual que en el 2013, de nueva cuenta aparecieron en los discursos y en algunas de las leyes que hasta este momento se encuentran vigentes en nuestro país porque, según se dijo, las maestras y los maestros son agentes del cambio educativo y de la transformación social; sin embargo, en los hechos, por ejemplo, aún se mantiene prácticamente el mismo esquema evaluativo para ingresar al magisterio, para promocionarse o para ser reconocido. ¿Qué cambió entonces?, ¿dónde quedó esa justicia, esa igualdad o esa equidad?

Y, si esto no fuera suficiente, la política de aumento salarial de los trabajadores de la educación, con excepción de lo que hemos visto y conocido en este año – y sobre la cual abordaré unas líneas más adelante –, prácticamente se ha mantenido entre un 3 y 4 por ciento a largo de estos años; hecho que indudablemente ha golpeado directamente el poder adquisitivo de éstos pues, por donde quiera que se mire, dichos incrementos no han superado la inflación en los años en que se han propuesto y aceptado.

En estos días, este tema desde luego que ha dado pie al análisis, reflexión, crítica o argumentación de diversos actores educativos y no educativos; desde luego, veo y leo voces a favor y en contra de la decisión tomada por el gobierno lopezobradorista debido a las altas expectativas que generó el anunció que se realizaría el 15 de mayo de este año; fecha en la que se celebra el Día del Maestro en nuestro país y que ha sido empleada por los distintos gobiernos para construir una imagen positiva a su favor puesto que, tal pareciera que este “logro” presupuestal, debe agradecérsele y no exigírsele o demandársele mejores condiciones laborales, profesionales y salariales. En fin.

En cuanto al tema del incremento salarial de este año, éste alcanzó el 5.3% global, retroactivo al 1º de enero de 2022; 3.5% al salario y 1.8% en prestaciones de los docentes de educación básica, Especial, Inicial, de Educación Media Superior y Superior, así como para el personal de Apoyo y Asistencia a la educación. Nada nuevo bajo el sol si consideramos los incrementos de años y gobiernos anteriores y en el que, desde mi perspectiva, permea esa imagen de igualdad señalada pues, en tal concepción, este ha sido el mismo aumento para todos los trabajadores de la educación. Igualdad, por donde quiera que se mire.

Sin embargo, el rubro que causó una polémica de considerables magnitudes, fue la nueva política salarial impulsada por este gobierno debido al aumento escalonado del 3%, 2% y 1% para aquellos que ganan menos de 20,000 pesos mensuales, de acuerdo a los siguientes niveles: a) menos de 10,000 mensuales, 3%; b) de 10,000 a 15,000 mensuales, 2%; y de 15,000 a 20,000 mensuales, 1%; política en la que, como parece obvio, permea un sentido de equidad que no debe soslayarse, pues si consideramos que ésta alude a darle mayores recursos a quienes menos tienen, tal concepción se sostiene porque, como sabemos, en nuestro intricado Sistema Educativo, hay varios miles de trabajadores de la educación cuyo salario es mejor a 10,000 pesos mensuales. ¿Qué responsabilidad han tenido estos trabajadores de la educación para que perciban ese salario si las políticas contractuales han sido establecidas por los mismos gobiernos y aprobadas en los espacios legislativos y de hacienda conocidos? Es más, si revisamos las políticas de estímulos salariales impulsadas desde la década de los noventa, nos daremos cuenta de que éstas no han favorecido a todo el gremio quienes, es cierto, gozaron de la posibilidad de participar voluntariamente en el programa de carrera magisterial o en los procesos de promoción hasta nuestros días vigentes. Entonces, ¿es responsabilidad de un trabajador ganar el salario que gana porque no ha decidido participar en esos esquemas de promoción? En absoluto porque, no hay que perder de vista que al ser una profesión de estado que depende directamente del estado en estos temas una vez que se ejerce, la obligación es de ese estado para proporcionar las condiciones laborales, profesionales y salariales dignas que le permitan a este trabajador, por un lado, realizar su actividad contando con las mejores condiciones en sus espacios escolares, pero también, con un salario digno que retribuya toda la labor que realizan a diario en sus escuelas y comunidades.

Qué bueno que haya permeado un sentido de equidad en esta política gubernamental, qué malo que aún permee la desigualdad en dichas políticas porque, recordando las palabras de la profesora expuestas al inicio de estas líneas, no hay maestras ni maestros de primera ni de segunda ni tercera categoría, todos son maestros y punto. ¡Vaya dilema! Porque en búsqueda de la equidad la igualdad no se sostiene, pero en la búsqueda de esa igualdad la inequidad se sostiene.

En suma, si estamos hablando de que tal anuncio fue un acto de justicia hacia quienes menos salarios tienen, la apreciación es correcta; sin embargo, también es correcto y entendible ese sentimiento de injusticia hacia quienes han jugado con las reglas del juego que todos, absolutamente todos los gobiernos – incluyendo el actual régimen – han impuesto con la finalidad de acceder a un mejor salario.

En consecuencia, tales acciones con matices de equidad se quedan en eso, en unas acciones que, por el momento, son aplaudidas o abucheadas pero que no resuelven el problema de fondo por lo ya expuesto.

Desde mi perspectiva, urge transformar el Sistema Educativo – y desde luego el económico – desde adentro para que las políticas de equidad e igualdad encuentren un equilibrio lo más cercano a eso que tanto ha demandado el magisterio a través de los años: justicia. Para nadie es desconocido la enorme brecha existente entre funcionarios, en todos los regímenes, con sueldos exorbitantes y maestros con salarios menores a 10,000 pesos.

Con negritas:

También llamó mi atención la algarabía con la que una senadora de nuestro país aplaudía el anunció del presidente del 15 de mayo sobre dichos aumentos escalonados; sí, una senadora con un sueldo mensual que no ve un maestro reflejado en sus bolsillos. Qué fácil es hablar, aplaudir y alegrarse desde el privilegio… ¿y si un senador ganará lo mismo que un maestro o maestra?, ¿por qué no, dicha senadora, propone que todos los senadores ganen lo mismo que un profesor? Me gustaría verlo.

Fuente de la información: https://www.educacionfutura.org
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México: Alertan que se hipoteca futuro por inacción contra rezago educativo por pandemia

Investigador del CIESAS señala la necesidad de revertir daños causados por las clases a distancia o estaríamos “hipotecando” el futuro; prevé alza en deserción escolar en 5 años

No actuar con inmediatez para resarcir el rezago en educación básica generado por las clases a distancia, a causa de la pandemia por Covid-19, no sólo generará estragos a corto plazo para los alumnos afectados, sino para la actual y siguientes generaciones, cuyo futuro se estaría “hipotecando”.

Así lo advirtió Felipe J. Hevia, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Golfo, quien en entrevista con La Razón señaló que las consecuencias de no intervenir y aplicar estrategias educativas realmente efectivas, que logren revertir los conocimientos perdidos, generarán estragos en el desarrollo de la sociedad.

Ayer, este rotativo publicó que según el artículo “Los posibles efectos de la pandemia de Covid-19 en los aprendizajes”, los investigadores Luis Monroy Gómez, Roberto Vélez Grajales y Luis López Calva señalan que el costo a largo plazo del aprendizaje perdido entre los alumnos del país, se encuentra entre una brecha de 1.2 y 2.1 años escolares.

Explicó que los primeros dos años de la educación básica son vitales para que niñas y niños aprendan a realizar operaciones básicas y adquieran diversos conocimientos que permitirán su desarrollo académico posterior.

“Si no se aseguran los aprendizajes fundamentales en los años en los que tienen que asegurarse -que son los primeros dos años de la primaria-, si los niños no saben leer bien, no pueden hacer las operaciones matemáticas, esos niños tienen peores resultados en la escuela, por lo que tendrán menor probabilidad de ingresar a la preparatoria y, quienes no tienen esta posibilidad, lo sabemos, se enfrentarán a un mercado laboral más complejo”, advirtió el académico.

Gráfico
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También estimó que, en cinco años, aproximadamente, veremos tasas de deserción en secundaria nunca antes observadas, debido a que los estudiantes no contarán con los conocimientos para desenvolverse en tal nivel escolar.

“Tiene costos presentes y futuros no hacer algo. Hay que recordar que la situación internacional en la que se encuentra México, en esta era de la información y comunicación, requiere invertir muchísimo en la calidad educativa. Como dijo Bill Gates, el futuro de México se juega, el futuro de la humanidad se juega en poder generar y administrar el conocimiento”, comentó.

Como respuesta a esta emergencia, Hevia, junto a un grupo de investigadores, desarrolló el proyecto “Campamentos de aprendizaje MIA”, bajo el principio pedagógico de enseñar en el nivel adecuado, con el que se identifica el nivel real y no el esperado de aprendizaje, por medio de una prueba diagnóstica a los niños.

Tiene costos presentes y futuros no hacer algo. En esta era de la información y comunicación, requiere invertir muchísimo en la calidad educativa

Felipe Hevia, Investigador del CIESAS

Explicó que, una vez obtenidos los resultados, se identifica el nivel en el que se encuentra y, con base en ello, se trabaja durante 20 sesiones que se enfocan en atender las habilidades de lectura y matemáticas.

Señaló que los resultados obtenidos de esta estrategia han llevado a que se establezca una conversación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para llevar este programa a cada escuela de México.

A la fecha han logrado establecer acuerdos con las autoridades educativas de Guanajuato, Tabasco, Nuevo León, Guerrero y Chiapas, en los que se ha logrado observar un avance entre alumnos afectados por las clases en línea.

Respecto a los últimos dos estados, señaló que la estrategia se ha realizado desde septiembre del 2021 en asociación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), organismo que, desde entonces, ha impulsado el proyecto.

La Razón solicitó a la SEP información para saber si tiene planes de respuesta al rezago educativo provocado por la pandemia y, si es así, en qué consisten, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

  • El dato: Ante el rezago que enfrentan los alumnos que volvieron a clases, la Secretaría de Educación del Edomex puso en marcha desde 2021 el programa “La escuela cuenta contigo”.

Fuente: https://www.razon.com.mx/mexico/urgen-actuar-rezago-educacion-479654

 

 

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Drama educativo en CABA, Argentina: hay más de 50 mil pibes sin vacantes.

El déficit crónico que vive la Ciudad cada año se profundizó en este ciclo lectivo, por más demanda de familias que venían del sector privado y la falta de construcción de nuevas escuelas. En nivel inicial, el 54% no obtuvo lugar.

En las próximas horas vuelven las clases en la Ciudad de Buenos Aires. En estos momentos hay familias angustiadas porque sus hijos o hijas aún no tienen un lugar asegurado. O porque lo que le ofrecen queda a 50 o 60 cuadras de su casa. Son más de 50 mil en esa situación.

Pero no se trata sólo de números. Detrás de cada cifra se encuentra una historia de lucha, reclamos, a veces resignación, y un futuro lleno de incertidumbre por el derecho a la educación que no es cumplido, y que la Constitución de la Ciudad lo contempla desde los 45 días de vida del bebé.

Este lunes, el nuevo ciclo lectivo comenzará sin 56.832 chicos que pidieron un lugar y no lo obtuvieron. Entre los tres niveles (Inicial, Primaria y Secundaria), hubo 118.169 solicitudes, y se asignaron 61.337. Esos datos relevó Tiempo a través de fuentes del Ministerio con acceso a la información del sistema online, porque el Ejecutivo porteño se niega a reconocer la carencia de vacantes. Esa falta de estadísticas oficiales suele ocasionar un desfase en la actualización de las cifras que se incrementan año tras año (ver recuadro), a la par de un déficit crónico en la construcción de nuevas escuelas. Y en muchos casos se sigue hablando de «20 mil pibes sin vacantes» cuando en la práctica es un número mayor. A su vez, con las crisis del macrismo y la pandemia, cada vez más gente sale de la privada en busca de un lugar en el sistema público. Pero a pesar de una mayor demanda, la oferta de sitios es la misma cada año. Y si no se lo reconoce, entonces no hay un problema.

El sector más crítico es el infantil. La falta de lactarios y jardines con salas de 3 a 5 años provoca un colapso en el nivel inicial, que es históricamente uno de los más castigados. De acuerdo a la información analizada en ese sector, este año se solicitaron 41.611 vacantes para niñas y niños de 45 días de vida a 5 años de edad, pero CABA asignó tan solo 19.416: el 53,4% de los inscriptos no obtuvo lugar en jardines públicos porteños.

“La falta de vacantes es un tema absolutamente invisibilizado, esta semana ningún medio concentrado le va a preguntar a Larreta por esto, todos van a decir cómo le interesa la educación al gobierno porteño y nada más”, advierte a Tiempo el secretario adjunto del gremio UTE, Eduardo López, y titular de la CTA porteña. “Larreta y Acuña lograron ocultar las vacantes que faltan al establecer un sistema de inscripción online donde solo ellos pueden saber qué cantidad de familias eligieron la escuela pública y cuántos se quedaron afuera –acota–. En vez de construir escuelas decidieron esconder los pibes y pibas que no tienen vacantes”.

Con los chicos no

La Constitución porteña en su artículo 24 ordena al Estado local otorgar vacantes desde los 45 días de vida en adelante, algo que la ministra de Educación, Soledad Acuña, niega regularmente al asegurar que ellos cumplen con la carta magna y que garantizan las vacantes a partir de los cuatro años. Pero de acuerdo a los números del sistema de inscripción on line, hay miles de pibes de primaria y secundaria que tampoco consiguen lugar. Para ambos niveles se solicitaron 76.558 lugares y el Ejecutivo porteño entregó hasta esta semana 41.921, por lo que un 45% del total de inscriptos permanece sin vacante.

“La falta de escuelas afecta principalmente a los sectores populares, haciendo que las familias deban responsabilizarse por sí mismas de ver cómo garantizar el acceso a la educación. Y muchas de las que consiguen una vacante, lo hacen en una escuela que queda lejos de sus hogares, y tienen que tomar uno o dos medios de transporte”, analiza en diálogo con este diario la diputada porteña Maru Bielli (FdT), integrante de la Comisión de Educación de la Legislatura. “Es necesario que se construyan escuelas también atendiendo a criterios de justicia, teniendo en cuenta las vacantes que hoy faltan, cuál es su distribución geográfica, y que se proyecte la necesidad de vacantes en los próximos años”.

Cada ciclo lectivo existe un incremento en la demanda de solicitudes pero, pese a esto, el distrito porteño se niega a construir de manera sostenida edificios escolares. Un informe elaborado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), afirma que creció casi un 20% la demanda en escuelas públicas y cayó un 40% en privadas: “Las subas de las cuotas trepan hasta un 40% en algunos establecimientos pagos y el éxodo hacia escuelas públicas rondaría el 20%”. Entre marzo de 2020 y mediados de 2021, el aislamiento total o parcial, como consecuencia de la pandemia, afectó los ingresos económicos de muchas familias que no pudieron cumplir con el pago de las cuotas mensuales. Cuando los colegios privados empezaron a aumentar las tarifas, se redujo la matrícula. Y creció la demanda en el sector público que, en el caso de CABA, no aprovechó los meses de aislamiento de los chicos para construir en ese momento más edificios, sabiendo el déficit crónico de vacantes que vive el distrito.

El Ministerio de Educación de la Ciudad implementa siempre la misma estrategia: dos o tres meses después de haber comenzado las clases, reacomoda en diferentes escuelas a miles de niños y niñas que quedaron en lista de espera (muchos de ellos en establecimientos que no eligieron y que les queda lejos de sus casas). Ese «reacomodamiento» ocasiona superpoblación en las aulas. Dónde tiene que haber 20 estudiantes termina habiendo 25, 30 o 35. Ya a mitad del ciclo lectivo, entre mediados o finales de junio, varias escuelas sufren la saturación de sus aulas. Aparecen estudiantes nuevos y baja la cantidad de pibes sin vacantes. Esta superpoblación de aulas también afecta gravemente la calidad educativa.

Lista de espera con ofrecimiento

Los 56.832 chicos y chicas sin lugar este año representan el 48,1% del total de solicitudes. De estos números surge una pregunta esencial: ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Están desescolarizados, pasaron a la educación privada, a Provincia, o en el caso de los más pequeños fueron derivados a los Centros de Primera Infancia (CPI) que no pertenecen a Educación sino a Desarrollo Social? Tiempo se lo consultó a la cartera que dirige Acuña y no supieron responder.

Pero el sistema online contiene «trucos» para que el número de familias sin vacantes parezca menor. No reconoce que esos casi 57 mil pibes carecen de lugar, y sostiene que son solo 11.804 quienes están en «lista de espera». Al resto que sigue sin vacantes los distribuye en diferentes categorías arbitrarias ubicadas dentro de su base de datos. Además de «Vacantes asignadas» y «Lista de espera», se suman ocho ítems: el más llamativo es “Lista de espera con ofrecimiento”: aquí figuran aquellas familias en lista de espera a quienes contacta el Ministerio de Educación porteño ofreciéndoles formalmente una vacante que ellas rechazan. Lo que no detalla esta categoría es porqué la decisión negativa de la familia. Son miles los casos en los que se les sugiere un lugar en escuelas muy alejadas, o de jornada simple cuando se pidió jornada completa, depositando la responsabilidad en las familias por su decisión. El resto de las categorías se dividen en: Documentación pendiente, Vacantes pendientes de validación, Deshabilitada, Validación completa, Validación parcial, Validación rechazada y pendiente con validación y Documentación parcial. Más allá de los rótulos, los chicos y chicas englobadas en esas categorías no empezarán mañana las clases en ninguna escuela porteña.

“Mientras éste lunes vamos a ver a funcionarios del Gobierno de la Ciudad en los medios diciendo que todos sus recursos están puestos en garantizar la educación de niñas y niños, ninguna autoridad se acercará a aquellas escuelas que no tienen docentes debido a los constantes errores técnicos que vienen sucediendo en el sistema de designación”, denuncia Florencia Rivero, docente y secretaria gremial de la Unión Argentina de Maestros y Profesores CAMYP. “Habrá miles de niñas y niños que verán los anuncios desde sus casas por no haber conseguido una vacante, debido a la baja constante del presupuesto educativo en CABA que denotan la falta de compromiso político para la construcción de escuelas”.  «

 

«El destrato es terrible»

Brenda Calazanz hace dos años que intenta conseguir una vacante para su hija Azul. “En octubre de 2020 la inscribí para el ciclo lectivo del próximo año, y en 2021 para éste: no hubo caso, siempre quedé en lista de espera para sala de 1 y ahora para la de dos. En ambas oportunidades mandé correos, fui varias veces a la supervisión, a más 10 jardines y nada”. Como miles de familias, sufre el desgaste de seguir insistiendo con trámites posteriores luego de quedar en lista de espera. “No inicié amparo porque no tengo tiempo para ir al Distrito, hacer horas de fila y llevar y traer papeles. Además tengo una beba de 9 meses que me demanda otros tiempos y se me dificulta mucho estar de un lado a otro con ambas”.

El gobierno porteño no solo incumple con el acceso a la educación de miles de chicos, también viola la resolución 3571/15 firmada en 2015 y el Estatuto Docente, que establecen que los maestros de la Ciudad titulares e interinos con 2 años de antigüedad, y suplentes con 3, tienen prioridad en la asignación de vacantes. Es el caso de Florencia Cittadini (foto), docente de media en Lengua y Literatura, y su beba de 3 meses, Alma: “La inscribí ni bien nació para tener una vacante en algún lactario, soy único sostén de familia, no conseguí. Puse cinco opciones y en ninguna me fue otorgada una vacante. Fui a Supervisión y sólo me dieron un número de reclamo, a pesar de ser docente y demostrar la carga horaria que tengo”. Y agrega: “el destrato es terrible, no te dan bolilla y tratan de naturalizar el tema. Me dijeron que es algo que pasa todos los años, que el 70% de la plaza de vacantes en maternales se guarda para los trabajadores de la salud, dado que esos jardines sólo se encuentran en los hospitales. La verdad que no sé si esto es una realidad o no. Hasta les propuse que me venía bien cualquier distrito, porque a mí me es mucho más fácil conseguir a alguien que lleve y traiga a la gorda que conseguir una niñera que esté tantas horas en casa con ella, porque trabajo mucho en la escuela en los turnos tarde y noche. Y no puedo anotarla en privados porque arrancan desde los $ 18.000 para una jornada de tres horitas. Necesitaría una jornada completa, que cuesta hasta $ 37 mil.»

Una crisis crónica

Más allá de que desde el Gobierno de la Ciudad se relativice la falta de vacantes y no se entregue información oficial, se trata de una crisis educativa que crece año a año. Y que incluso está judicializada con amparos contra la administración macrista por parte de familias y organizaciones. Otro relevamiento de Tiempo de 2020 demuestra que hace dos años hubo 55.520 inscriptos en inicial y sólo se entregaron 19.950. La asignación de vacantes fue prácticamente la misma que la de 2022, con una gran demanda, seguramente alentada por la crisis económica de la gestión macrista. Al comparar la cantidad de vacantes entregadas en 2019 (19.950) con las de este año (19.416), se aprecia incluso que, más allá de una merma en la demanda de este año (41.611), el gobierno porteño asignó menos vacantes. A pesar de conocer la falta de lugares que tiene el distrito, no creció la oferta de vacantes. En este punto la cartera educativa porteña tampoco supo explicar a Tiempo la disminución de solicitudes: resignación de las familias, transferencia de vacantes a las privadas, o si los chicos fueron derivados a los CPI.

Donde se destaca un crecimiento del déficit es en el nivel inicial. Los datos relevados por este diario en 2021 muestran que la cantidad de solicitudes es menor a la de este año en jardines (37.945) y que sólo fueron asignadas 18.384, es decir, quedó excluido el 51,6% del total de inscriptos: casi dos puntos menos que los pibes sin vacante de éste año (53,4%).

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/drama-educativo-en-caba-hay-mas-de-50-mil-pibes-sin-vacantes/

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Carta Pública al Presidente Maduro: Por un Consejo Nacional de Planificación y Seguimiento de las Políticas Educativas

Caracas, enero de 2022

 

Ciudadano:

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la

República Bolivariana de Venezuela

Presente.-

 

Con el debido respeto y consideración;

Quienes suscribimos esta comunicación somos venezolanos y venezolanas convencidos(as) que la educación, ciencia, tecnología y investigación son centrales para un país que aspire ser soberano, independiente y con autodeterminación. Como lo expresa nuestra Carta Magna este es un tema de corresponsabilidad, razón por la cual nos dirigimos a usted.

Señor Presidente, el país nacional demanda un cambio estructural de nuestro sistema escolar y educativo para colocar la educación a tono con los cambios paradigmáticos de la tercera década del siglo XXI, en correspondencia con la defensa de la educación pública presencial, gratuita, democrática, científica y popular. Este necesario cambio abarca desde la educación inicial hasta el sector universitario.

Observamos con preocupación que la designación de cada equipo ministerial en educación parece más un cambio de gobierno que una elemental rotación de cargos administrativos, lo cual afecta la orientación estratégica de lo educativo. A esto se le suma el clamor por la contraloría social de la gestión pública educativa.

Estas situaciones exigen la creación de un espacio colegiado de conducción de las políticas públicas del sector que denominamos genéricamente como Consejo Nacional de Planificación y Seguimiento de las Políticas Educativas La creación y viabilidad de esta instancia es sólo posible con la voluntad política del más alto cargo de la Nación, representado por usted.

Consideramos que este Consejo Nacional de Planificación y Seguimiento de las Políticas Educativas debe ser una instancia supra ministerios de educación, conformada por una veintena de consejeros, electos a la mitad de cada periodo presidencial con mandato de seis años y sólo revocables mediante referéndum ciudadano. Estos consejeros serían tanto de los ámbitos de la educación inicial, primaria, secundaria como universitaria. La mitad de consejeros designados por el Ejecutivo Nacional y la otra mitad resultante de la convocatoria pública y elección por parte del Parlamento, garantizando la pluralidad de miradas y enfoques en procura de la unidad nacional alrededor del tema educativo. Esta instancia, de la cual el presidente de la República sería un miembro nato, estaría presidida por un consejero electo entre los integrantes del cuerpo.

Los(as) ministros(as) serían invitados a participar en las reuniones de este Consejo Nacional de Planificación y Seguimientos de las Políticas Educativas ante el cual presentarían el Plan Sexenal y los correspondientes planes anuales de trabajo, a la par de rendir cuentas de su gestión.  Sería de gran aporte para el destino del país que estos planes cuenten con la aprobación y el consenso del Consejo.

Entre otras, las funciones de este Consejo Nacional de Planificación y Seguimiento de las Políticas Educativas serían:

 

  1. Ser el espacio de planificación por Sexenio y a largo plazo de la educación venezolana
  2. Asumir las tareas de seguimiento y control de la gestión de los ministerios de educación conforme a los objetivos y metas de cada Plan Sexenal
  3. Ser el espacio de integración de las metas estratégicas del Estado con los requerimientos de los órganos del poder popular;
  4. Sugerir al presidente de la República y el alto gobierno políticas públicas en materia de formación y carrera docente, planes de estudio y en todo lo referido al sistema escolar (inicial, primaria, secundaria y universidad);
  5. Ser el espacio de análisis de la relación del sistema educativo nacional con las tendencias de innovación y tecnología desde una perspectiva emancipadora

 

Un espacio colegiado como éste, permitiría construir un Proyecto Educativo Nacional que involucre a todos los sectores de la sociedad y que permita el desarrollo de la educación, la ciencia, investigación y tecnología nacional. Por supuesto, ello pasa por colocar al frente de esta instancia a las más lúcidas y experimentadas mentes y conciencias, que reflejen la diversidad de enfoques pedagógicos y sociales con voluntad de convergencia y unidad nacional. Esta comisión mantendría canales de diálogo permanentes con todas las formas de organización social, incluido el poder popular.

Un Consejo Nacional de Planificación y Seguimiento de las Políticas Educativas con mirada estratégica y ministerios de educación alineados en esta dirección, pueden contribuir de manera significativa a la construcción de una sociedad de justicia social fundamentada en lo educativo.

Esperamos que usted, en salvaguarda de los más importantes intereses de la nación acoja e impulse esta iniciativa

 

Suscriben esta carta

 

Luis Bonilla-Molina C.I 5.742.307 Centro internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación /CLACSO, contacto@luisbonillamolina.com

Lermit Rosell Puche C.I. 4793004 Consejo Nacional de Universidades / Asamblea Nacional,

Maruja Romero Yépez C.I. 3548167 Universidad Nacional Abierta,

Iluska Salazar Rondón C.I. 4116280,

María Helena León de Hurtado C.I. 2945703 Profesora IPC/UPEL,

Omar Hurtado Rayugsen C.I. 2435703 Profesor IPC/UPEL,

Dioni Manuel Valladares de Vita C.I 18376835 Colectivo de Docentes Bolivarianos del Estado Monagas ,

Jesús Rodríguez C.I. 7489921 Profesor UPTAG,

Zoremil Chirino Santeliz C.I. 12180519 Profesora UPTAG,

Judith Parejo Febres C.I, 8350851 Profesora UNESR,

Lisbehet D. Torcatty 10328888 UNESR,

Alí Marcano C.I. 8391611 Docente jubilado MPPE,

Julio Mosquera C.I. 4366209 Profesor Asociado UNA,

Lourdes de Urbáez C.I. 3424253 Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación,

Luis Atolio Matos Segura C.I. 3953014 CER-URG,

José Gregorio Oviedo 5767372 Profesor Agregado UNETRANS,

Luz Palomino, C.I. 17562064 Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación

Rose Mary Hernández C.I. 10273148 UNERG

Ángel Míguez Álvarez, CI 4565163. Universidad Nacional Abierta

Gladys Martinez Requez, C.I. 4431036. Profesora UCV

Teodoro Pearce,  CI3813571  Planificador Educativo Mppeu (jubilado)

Virginia Martínez Díaz. C.I: 8640259. ETARZ PARADERO, MUNICIPIO MEJIA, ESTADO SUCRE

Oscar A. López. C.I V-3.231.159.  Profesor Titular UCV

Prof. Enry Gómez Maiz C.I: V-3.873.777. Docente Asociado Jubilado UDO

Prof. Jesús Blanco. C.I: V-11.375.476. Docente Asociado UPTOSCR

José Argenis Ramos. C.I. V5075397. Docente Jubilado del ME

Argenis Gamboa. 9456998. Dirección escuela técnica agropecuaria Guaraunos

 

María Egilda Castellano A., Profesora Titular Jubilada UCV. Docente UNESR y UBV

 

RUBEN DARIO NUÑEZ, V4944183 Jubilado MPPE

 

Jesús Contreras. Docente Asociado. UNERG

 

Agustín Villalobos. Docente Titular (jubilado) UNEG

 

Edgar Jesús González Leen C.I. 19.449.811 UPTAG

 

Magaldi Tellez, ci 3497795, UNESR.

 

14 01 2022 Carta sobre el Consejo Nacional de Educación

 

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Derecha empresarial y educación

Por: Pedro Salmerón Sanginés

Este fin de semana, Leonel Manzano, Carmen Sánchez y los compañeros de la sección 22 de la CNTE me invitaron a presentar el libro de Mauro Jarquín La pedagogía del capital: Empresarios, nueva derecha y reforma educativa en México, en el que muestra cómo las reformas “educativas” del PRI-PAN-PRD-etcétera del Pacto por México, de Enrique Peña Nieto (muchas de ellas aún vigentes), fueron, como escribió en esos años Luis Hernández Navarro, “un menú empresarial a la carta”.

En la presentación, el mismo Hernández Navarro exhibe al principal vocero y gestor de esos intereses empresariales contrarios al modelo educativo surgido de la Revolución Mexicana y defendido por los profesores y las comunidades: Claudio X. González Guajardo. Pero no sólo él: lo que parecerían acciones aisladas de algunos grupos de presión, algunas ONG, voceros de las cámaras empresariales, directivos e investigadores del Tecnológico de Monterrey, el ITAM, el CIDE, se nos presenta como una ofensiva bien montada, bien armada y bien organizada, apenas disimulada bajo una infinidad de siglas y acrónimos.

Mauro Jarquín cuenta qué buscan las organizaciones empresariales y qué se esconde bajo términos como “calidad educativa”, “competencia”, “capital humano”, “rendición de cuentas”, “evaluación”. Las propuestas de Mexicanos Primero (grupo de presión de Claudio X. González, buque insignia de la selva de grupos de negociación y chantaje) están directamente ligadas con algo que él llama “Movimiento de reforma educativa global”, que está “estrechamente asociado con las transformaciones político-económicas” neoliberales. Dicho “movimiento” ha sido abiertamente impulsado por entes como el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económicos (OCDE).

La brutal ofensiva contra la educación y los maestros, que ya venía de atrás, fue una de las constantes del gobierno de Peña. No es casual que los dos actos más atroces de su sexenio hayan sido perpetrados contra normalistas rurales y contra maestros en resistencia. Datos compilados por Hugo Aboites muestran que ante el arribo de la evaluación punitiva, más de 200 mil maestros se jubilaron anticipadamente.

Cuando decimos que esta brutal ofensiva viene de afuera y que Claudio X., sus socios y empleados traducen para México los dictados del BM y la OCDE no contamos cuentos: en la tercera parte del libro, Jarquín hace una radiografía de los grupos de presión y ONG surgidos en este siglo, y mediante los nombres, siguiendo el dinero, demuestra fehacientemente esa relación y rastrea de dónde vienen las “ideas” que se han ido imponiendo en México, particularmente por el gobierno de Peña, pero también por los anteriores, hasta Salinas de Gortari. Los nombres de los operadores (los empleados de alto rango) se entrecruzan. Aparecen reiteradamente los mismos personajes del CIDE y el ITAM con doctorados en Harvard o Chicago. Detrás de esas figuras intercambiables aparecen siempre los grandes empresarios, los 10 multimillonarios cuyos nombres todos conocemos, también grandes empresas trasnacionales con fuertes intereses en México, como Iberdrola (casualmente), Kellogg (a propósito de la batalla por el etiquetado la búsqueda de exclusión de productos chatarra de las escuelas), Google… y organismos como la USAID (la agencia estadunidense “para el desarrollo internacional”).

¿Creen ustedes que toda esta presión para imponer ese modelo es altruista, como dicen Claudio X. y sus empleados?, ¿creen que su vocerío en defensa de la “calidad” y de la “rendición de cuentas” se debe a su “preocupación por los niños”, como reiteran? En lo absoluto: tanto la presentación de Hernández Navarro como el texto de Jarquín nos abren un montón de rutas para seguir la pista del dinero, de los jugosísimos negocios hechos a la sombra de la gradual y silenciosa privatización de la educación: como dijo un alto gerente del Tecnológico de Monterrey con motivo de la firma de un muy lucrativo contrato con el gobierno en 2016, “En el fondo se trata de que instituciones privadas como el Tec tengan un rol cada vez más importante en la educación en México”.

Mencioné el CIDE, institución de educación superior pública, hoy en el centro de un debate muy importante. El libro muestra que muchas de las traducciones al mexicano de ese movimiento internacional, se elaboraron en el CIDE. Muchos de los altos empleados de Claudio X. y sus socios son egresados del CIDE o simultáneamente académicos del CIDE… y todos esos think tanks (como los llama Jarquín) están hoy en campaña en defensa no del CIDE (que no está en riesgo, tampoco la pluralidad que aún mantiene) sino de los grupos de poder que tenían copada su dirección.

El otro gran centro generador de traducciones y traductores, el ITAM, en junio 2018 abandonó cualquier apariencia de pluralidad académica, cuando su junta de gobierno aprobó una reforma al estatuto general que, contra su anterior tradición de premiar y consentir a los altos funcionarios del neoliberalismo, ahora cierra la puerta a cualquiera que trabaje en el actual gobierno: https://bit.ly/3yll2Pv.

Fuente de la información:  https://www.jornada.com.mx

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