Por: Abelardo Carro Nava
Aún tengo fresco en la memoria, el recuerdo de aquel día de 2016, cuando el ex Secretario de Educación de nuestro país, Aurelio Nuño, se reunió con maestras y maestros que presentaron un “examen” mediante el cual se valoró su desempeño docente en el aula y escuela. Este mecanismo, según se dijo, era el medio a través del cual se daría un paso trascendental para lograr la tan anhelada “calidad” educativa que tanto necesitaban los estudiantes, como si un examen fuera el único elemento o factor que permitiría cumplir tal sueño.
En dicha reunión, acudieron docentes de toda la República Mexicana y, desde luego llamó mi atención, la intervención de una profesora del estado de Chihuahua porque, cuando este ex funcionario público le dio la palabra, sin más ni menos dicha docente le expresó de manera clara y contundente, que en este momento y en ese recinto se encontraban docentes de todo el país, no maestros de primera, ni de segunda, ni de tercera categoría, solo maestros.
El aplauso surgió espontáneo, pues clasificar a maestras y maestros como “idóneos” o no “idóneos”, “destacados” o “insuficientes” solo por el hecho de haber obtenido un resultado que no valoraba lo que en un salón de clases ocurría en una jornada de 6 y 8 horas, no era lo más sensato ni la mejor política.
El clamor por un trato justo, igualitario y equitativo, no se hizo esperar en los días, semanas y meses subsecuentes; de hecho, propios y extraños tomaron este evento como una ferviente posibilidad para exigir un trato digno hacia todos los trabajadores de la educación.
No es un asunto menor afirmar que, las palabras expresadas por esta profesora, de inmediato tuvieron un impacto mediático de importantes magnitudes y consideraciones pues, hasta ese momento, no había existido algún foro público, de esta naturaleza, en el que un docente expresara su sentir de la forma en que ella lo hizo.
Sentir y pensamiento que, debo decirlo, sino fue generalizado, sí gozó de la aceptación y aprobación de buena parte del magisterio que, indiscutiblemente, cuestionó desde el 2013 la puesta en marcha de una política evaluadora de su quehacer profesional, cuyo carácter punitivo quedó demostrado a lo largo de esos años evidenciando, con ello, el desprecio hacia una de las profesiones más nobles que pueden existir en este mundo.
Pasados los años llegó un régimen diferente a Palacio Nacional; desde luego, muchos de los errores cometidos por el gobierno peñanietista, en materia educativa, fueron capitalizados por diversos actores políticos contrarios a esta ideología de corte neoliberal; el hambre y sed de justicia de esa parte inconforme del magisterio rindió los frutos esperados, y el carácter punitivo de la evaluación se eliminó de las leyes reglamentarias en 2019. Justicia, igualdad y equidad, al igual que en el 2013, de nueva cuenta aparecieron en los discursos y en algunas de las leyes que hasta este momento se encuentran vigentes en nuestro país porque, según se dijo, las maestras y los maestros son agentes del cambio educativo y de la transformación social; sin embargo, en los hechos, por ejemplo, aún se mantiene prácticamente el mismo esquema evaluativo para ingresar al magisterio, para promocionarse o para ser reconocido. ¿Qué cambió entonces?, ¿dónde quedó esa justicia, esa igualdad o esa equidad?
Y, si esto no fuera suficiente, la política de aumento salarial de los trabajadores de la educación, con excepción de lo que hemos visto y conocido en este año – y sobre la cual abordaré unas líneas más adelante –, prácticamente se ha mantenido entre un 3 y 4 por ciento a largo de estos años; hecho que indudablemente ha golpeado directamente el poder adquisitivo de éstos pues, por donde quiera que se mire, dichos incrementos no han superado la inflación en los años en que se han propuesto y aceptado.
En estos días, este tema desde luego que ha dado pie al análisis, reflexión, crítica o argumentación de diversos actores educativos y no educativos; desde luego, veo y leo voces a favor y en contra de la decisión tomada por el gobierno lopezobradorista debido a las altas expectativas que generó el anunció que se realizaría el 15 de mayo de este año; fecha en la que se celebra el Día del Maestro en nuestro país y que ha sido empleada por los distintos gobiernos para construir una imagen positiva a su favor puesto que, tal pareciera que este “logro” presupuestal, debe agradecérsele y no exigírsele o demandársele mejores condiciones laborales, profesionales y salariales. En fin.
En cuanto al tema del incremento salarial de este año, éste alcanzó el 5.3% global, retroactivo al 1º de enero de 2022; 3.5% al salario y 1.8% en prestaciones de los docentes de educación básica, Especial, Inicial, de Educación Media Superior y Superior, así como para el personal de Apoyo y Asistencia a la educación. Nada nuevo bajo el sol si consideramos los incrementos de años y gobiernos anteriores y en el que, desde mi perspectiva, permea esa imagen de igualdad señalada pues, en tal concepción, este ha sido el mismo aumento para todos los trabajadores de la educación. Igualdad, por donde quiera que se mire.
Sin embargo, el rubro que causó una polémica de considerables magnitudes, fue la nueva política salarial impulsada por este gobierno debido al aumento escalonado del 3%, 2% y 1% para aquellos que ganan menos de 20,000 pesos mensuales, de acuerdo a los siguientes niveles: a) menos de 10,000 mensuales, 3%; b) de 10,000 a 15,000 mensuales, 2%; y de 15,000 a 20,000 mensuales, 1%; política en la que, como parece obvio, permea un sentido de equidad que no debe soslayarse, pues si consideramos que ésta alude a darle mayores recursos a quienes menos tienen, tal concepción se sostiene porque, como sabemos, en nuestro intricado Sistema Educativo, hay varios miles de trabajadores de la educación cuyo salario es mejor a 10,000 pesos mensuales. ¿Qué responsabilidad han tenido estos trabajadores de la educación para que perciban ese salario si las políticas contractuales han sido establecidas por los mismos gobiernos y aprobadas en los espacios legislativos y de hacienda conocidos? Es más, si revisamos las políticas de estímulos salariales impulsadas desde la década de los noventa, nos daremos cuenta de que éstas no han favorecido a todo el gremio quienes, es cierto, gozaron de la posibilidad de participar voluntariamente en el programa de carrera magisterial o en los procesos de promoción hasta nuestros días vigentes. Entonces, ¿es responsabilidad de un trabajador ganar el salario que gana porque no ha decidido participar en esos esquemas de promoción? En absoluto porque, no hay que perder de vista que al ser una profesión de estado que depende directamente del estado en estos temas una vez que se ejerce, la obligación es de ese estado para proporcionar las condiciones laborales, profesionales y salariales dignas que le permitan a este trabajador, por un lado, realizar su actividad contando con las mejores condiciones en sus espacios escolares, pero también, con un salario digno que retribuya toda la labor que realizan a diario en sus escuelas y comunidades.
Qué bueno que haya permeado un sentido de equidad en esta política gubernamental, qué malo que aún permee la desigualdad en dichas políticas porque, recordando las palabras de la profesora expuestas al inicio de estas líneas, no hay maestras ni maestros de primera ni de segunda ni tercera categoría, todos son maestros y punto. ¡Vaya dilema! Porque en búsqueda de la equidad la igualdad no se sostiene, pero en la búsqueda de esa igualdad la inequidad se sostiene.
En suma, si estamos hablando de que tal anuncio fue un acto de justicia hacia quienes menos salarios tienen, la apreciación es correcta; sin embargo, también es correcto y entendible ese sentimiento de injusticia hacia quienes han jugado con las reglas del juego que todos, absolutamente todos los gobiernos – incluyendo el actual régimen – han impuesto con la finalidad de acceder a un mejor salario.
En consecuencia, tales acciones con matices de equidad se quedan en eso, en unas acciones que, por el momento, son aplaudidas o abucheadas pero que no resuelven el problema de fondo por lo ya expuesto.
Desde mi perspectiva, urge transformar el Sistema Educativo – y desde luego el económico – desde adentro para que las políticas de equidad e igualdad encuentren un equilibrio lo más cercano a eso que tanto ha demandado el magisterio a través de los años: justicia. Para nadie es desconocido la enorme brecha existente entre funcionarios, en todos los regímenes, con sueldos exorbitantes y maestros con salarios menores a 10,000 pesos.
Con negritas:
También llamó mi atención la algarabía con la que una senadora de nuestro país aplaudía el anunció del presidente del 15 de mayo sobre dichos aumentos escalonados; sí, una senadora con un sueldo mensual que no ve un maestro reflejado en sus bolsillos. Qué fácil es hablar, aplaudir y alegrarse desde el privilegio… ¿y si un senador ganará lo mismo que un maestro o maestra?, ¿por qué no, dicha senadora, propone que todos los senadores ganen lo mismo que un profesor? Me gustaría verlo.
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