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Presupuesto 2017 ganadores y perdedores

Pedro Flores Crespo

Hace poco más de un mes, el Presidente de la República presentó a la Cámara de Diputados el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 con el objetivo de que los legisladores lo revisen, discutan y aprueben.

Inmediatamente —y como debe ser en una democracia—, la propuesta del Ejecutivo levantó diversas reacciones debido a la contracción del gasto público que se plantea para el próximo año. Para analistas como Macario Schettino, todas las secretarías deberán “apretarse el cinturón”; sin embargo, hay algunas que perderán más y en este caso está precisamente la Secretaría de Educación Pública (SEP). La dependencia a cargo de Aurelio Nuño verá reducido su presupuesto en casi 32 mil millones de pesos, mientras a Salud y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) le quitarán 15 y 8 mil millones de pesos, respectivamente (El Financiero, 12/09/16).

¿Cuál es el objetivo de este severo ajuste? Según Enrique Peña Nieto, el proyecto de presupuesto para 2017 se propone “prolongar una tendencia de desarrollo económico en el país y mantener la estabilidad macroeconómica”. Pero si la reforma al Sistema Educativo Nacional es ¿o era? una prioridad para este gobierno, uno no se explica por qué le retiran recursos a la dependencia encargada de conducir “uno de los compromisos más importantes impulsados por el Gobierno de la República”. Con respecto a lo proyectado el año anterior, la disminución del gasto educativo para la SEP sería de 14 por ciento en términos reales, según la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto.

Pero los recortes al gasto no son para todos por igual. Hay “ganadores” y “perdedores” en la propuesta enviada por el Ejecutivo al Legislativo. Entre los primeros están algunos actores del “ramo autónomo” como el Poder Legislativo. Sí, el presidente propone que las cámaras de diputados y senadores reciban siete por ciento más recursos que en 2016, mientras que los órganos autónomos “castigados” son el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ante esto, Sylvia Schmelkes, consejera presidente del INEE, reaccionó y pidió a los diputados aumentar el presupuesto en 8.9 por ciento con respecto al monto aprobado para este año. Este aumento es necesario, según Schmelkes, para poder aplicar la prueba Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes) para secundaria y educación media superior, lo cual cuesta alrededor de 80 millones de pesos.

Otra ejemplo de las asimetrías de poder es la asignación del presupuesto para educación superior. Aquí se planean gastar en 2017, 106.7 mil millones de pesos, sin embargo, hay tres instituciones que se llevarían 54 por ciento de este total y éstas son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Pero no sólo eso, a estas tres Instituciones de Educación Superior (IES), el Ejecutivo les propuso aumentar su presupuesto con respecto a 2016. Tal inversión es rentable por donde se le vea: el gobierno sabe que al beneficiar financieramente a estas importantes IES, está menguando una coalición universitaria. Como el “horno no está para bollos”, es mejor desactivar un posible conflicto haciéndoles una ligera caricia con el presupuesto. La UNAM, el Poli y la UAM son los “ganadores” del proyecto de presupuesto para 2017, ¿y quiénes serán los “perdedores”? Muy probablemente las universidades públicas estatales.

Ante este escenario desfavorable, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) ha iniciado un intenso proceso de sensibilización con legisladores, académicos, empresarios y representantes de otras universidades de tamaño medio y pequeñas con el ánimo de cabildear el presupuesto para 2017. Se propone mostrar, con datos, la importancia que tiene invertir en las IES estatales que están desempeñándose con eficiencia, transparencia y un alto compromiso social.

La UAQ, por ejemplo, generó 600 millones de pesos en ingresos propios en 2015, ha tratado de cuidar que la nómina no rebase desproporcionalmente el monto de los subsidios, ha congelado los salarios de rector y secretarios y tampoco hay gastos de representación, ni vales de gasolina o choferes para directores de facultad o funcionarios de primera línea.

En términos académicos, la UAQ cuenta actualmente con 63 posgrados reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado (PNPC), no ha aumentado las colegiaturas debido a que ocho de cada diez estudiantes provienen de hogares con un ingreso mensual de menos de cuatro salarios mínimos y a pesar de las fallas burocráticas que aún presenta, se ha tratado de privilegiar el desarrollo académico.
Si unos ganan con el presupuesto y otros pierden, es difícil sostener que no hay suficientes recursos.

La asignación del gasto sin criterios técnicos claros levanta diversas interrogantes y suspicacias, pero también activa la movilización de actores universitarios que demandan de manera razonada y fundamentada recursos para operar con equidad, eficiencia y un alto compromiso social. Esto no podía venir de otro lado más que de la universidad pública mexicana.

 

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/presupuesto-2017-ganadores-y-perdedores/

Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2015/08/libros-pe%C3%B1a2-e1440442848837.jpg

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Plagio y deshonestidad académica: los Plagiosos

César García García

Hace unas semanas apareció en la revista Perfiles Educativos (Número 154) un suplemento especial dedicado al plagio académico. El tema es de especial relevancia porque los casos de plagio se repiten en todos los niveles y espacios y nos obliga a preguntarnos ¿quiénes son y qué podemos hacer para revertir estas prácticas?

Respecto a quiénes son los plagiosos hay toda una tipología que abarca a investigadores, funcionarios y estudiantes. El año pasado presentaba aquí en Educación Futura (06/08/ del 2015) la noticia de dos investigadores que fueron expulsados del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT por haberse demostrado problemas de un plagio sistemático y deliberado.

Recientemente apareció el caso del presidente de la república que había plagiado su tesis con la que obtuvo su grado de licenciatura. Las formas de cubrir el plagio llevaron a niveles inimaginables. El vocero presidencial dijo que “era un problema de estilo”. El secretario de educación, dijo que se trataba de un asunto que no era trascendente ni importante. La misma institución de la cual egresó el presidente de la república dijo, palabras más palabras menos, que nada se podía hacer (Pedro Flores, El antimodelo Educativo, Educación Futura, 01/09/ del 2016). Para rematar, el mismo presidente de la república en su IV informe de gobierno, frente a estudiantes que le increparon el problema del plagio de la tesis, reiteró “pude cometer algún error metodológico, pero nadie me puede decir que plagié la tesis” (Excelsior, versión digital, 01/09/2016).

Otro caso de plagio fue la del director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. El director de la Facultad cometió plagio en su tesis de maestría y tuvo que renunciar, pero argumentó que la renuncia se debía como resultado de una “reflexión personal” (Emir Álvarez, La jornada, versión digital, 06/09/2016). El tema fue expuesto públicamente por el claustro del personal académico de carrera de esa facultad.

A la lista podemos anexar el plagio académico del ex titular de la SEP y del CONACYT, Fausto Alzati, al colega Germán Álvarez (Erick Juárez Pineda, Educación Futura, 22/09/2016). La respuesta de Fausto Alzati fue por demás cínica comentando en su cuenta de twitter “No cité la fuente porque sólo dispongo de 3,600 caracteres y se trata de un comentario periodístico, no académico” y “no hay nada que denunciar. En efecto copié el texto de Álvarez Mendiola. Quise darle mayor difusión”

Un mayor número de casos que se dan en la academia en Hispanoamérica son expuestos por un interesante espacio que se encuentra en http://www.plagiosos.org/. Ahí podemos encontrar noticias, estudios de caso, videos e investigaciones en curso sobre el plagio. En este espacio cada uno de los interesados puede conocer más de lo que sucede en el mundo académico y también puede denunciar públicamente.

Pero en todo esto ¿qué hacer ante un número cada vez más creciente de plagiosos? En todos los casos (de estudiantes, profesores y funcionarios) debería haber reglas muy claras de castigo y cumplirse, y aquí las propias instituciones educativas tienen un papel central.

En cuanto a los estudiantes, dado que están en proceso de formación, quizá una manera consista también en no dar por hecho la acción correcta de los individuos. El punto es explicarles la importancia de la ética y la honestidad y las consecuencias de no hacerlo. Sobre advertencia no hay engaño. Pero además darles a los estudiantes las herramientas de cómo citar para que puedan elaborar sus textos académicos de manera correcta y honesta. Tan sencillo como esto.

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/plagio-y-deshonestidad-academica-los-plagiosos/

Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2016/10/plagio-620×330.jpg

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¿El problema es el magisterio?

Manuel Navarro Weckmann

Las cifras referidas debieran servir para reubicar el debate sobre el problema educativo en su centro real, que es el de la pobreza, la desigualdad y las deficiencias presupuestales, de infraestructura y de planificación en el sistema de educación pública del país” … Christian Skoog, representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

A nivel central en nuestro país, el rumbo educativo ha tenido una serie de desatinos que no permiten definir un rumbo para que la política educativa encuentre el camino por el cual se habrá de transitar para lograr un verdadero cambio en términos educativos y pedagógicos.

El problema principal, a decir de la deficitaria actuación de la propia Autoridad Educativa Federal, radica en responsabilizar al magisterio de las diferentes problemáticas a las que se enfrenta el Sistema Educativo Nacional, percepción que dio origen a las grave y dañina Reforma Educativa y que ahora el propio magisterio sufre las consecuencias.

A mediados del mes pasado, se presentó por parte de Christian Skoog, representante en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) el informe “Niñas y niños fuera de la escuela”, un estudio en el que se detalla que cuatro millones 100 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran excluidos del Sistema Educativo Nacional.

En el informe ejecutivo, de casi 150 cuartillas, comienza con un mensaje que dice “la educación es un derecho humano fundamental que posibilita el ejercicio de los demás derechos humanos, mismo que coincide con el derecho a la educación establecido en nuestra Carta Magna pero que, a juicio de las acciones, pareciera letra muerta en perjuicio de quienes menos tienen.

Según las cifras presentadas por la Unicef, el 54.3 por ciento de los niños de 6 a 11 años se encuentran en situación de pobreza patrimonial y 25.8 por ciento del total presentan carencias alimentarias. Por otra parte, en las regiones con población predominantemente indígena el sistema de primaria indígena o bilingüe y bicultural tiene una cobertura de sólo 5.8 por ciento de las localidades en las que es requerido.

Independientemente de las recomendaciones que emplazan al Gobierno Federal a “Construir una política pública integral dirigida a las niñas, niños y adolescentes (NNA) que se encuentran fuera de la escuela”, el informe resulta trascendental porque exhibe el verdadero problema de la educación en México: la pobreza.

Estas cifras y las muchas que se presentan en los cinco capítulos y seis anexos del informe, debe de servir a la sociedad para generar el debate en el espacio que verdaderamente corresponde, en el de la pobreza, desigualdad, recortes e inequidades presupuestales, de infraestructura y por supuesto en la mala planificación del Sistema Educativo Nacional.

No, no es el magisterio el responsable de las problemáticas que inciden en el tema educativo, es una problemática que tiene que ver con el alto grado de desigualdad que existe en nuestro país y cuya realidad palidece ante la nula oferta que se hace para una mejoría integral desde las políticas públicas.

Espero, deseo y anhelo que se genere, desde el principal espacio de política educativa en nuestro país, algo que se encuentre más allá de campañas promocionales, autoelogios y bonitas presentaciones que en nada ayudan, pues más pronto se anuncian grandes inversiones a la educación, para, de un momento y plumazo, anunciar fuertes recortes al presupuesto, sin una verdadera política educativa de largo alcance y gran calado.

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/el-problema-es-el-magisterio/

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Michuakani: el derecho testamentario a la educación superior

Bertha Dimas Huacuz

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán debe ser entendida como un “bien comunal”, antes que un “bien público”, en el contexto de una economía solidaria y los procesos autonómicos de acción-investigación, enseñanza-aprendizaje y libre discusión de las ideas

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado cada 9 de agosto por iniciativa de las Naciones Unidas desde 1994, estuvo dedicado este año al tema distintivo del derecho de los pueblos indígenas a la educación, resguardado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

A pesar de los preceptos de este instrumento internacional cardinal, y de la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el “derecho a la educación” no ha favorecido totalmente –como debería–, a los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Esto es innegable, lamentablemente, por la existencia de amplias brechas en el acceso a las escuelas, en todos los niveles, aunado a la escasa calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes indígenas.

Además de que el analfabetismo entre la población indígena no ha sido eliminado, severa es en sí misma la secuela de rezago educativo que se presenta entre el total de los indígenas que acceden al sistema educativo nacional. Mientras que en México un joven, hablante de alguna lengua indígena, alcanza solamente 5.7 años de escolaridad (en promedio), la educación de un joven no indígena es de 9.4 años.

En este mismo sentido, el 60 por ciento de la población de hablantes indígenas de México, en general, no terminó su educación primaria, en tanto que apenas 33 por ciento cuenta con la primaria completa. Por su parte, sólo el 5 por ciento de este mismo universo poblacional terminó la secundaria; y, aproximadamente, sólo el 2 por ciento alcanzó estudios completos de educación superior.

Esta situación no es nada alentadora, especialmente si se piensa que la educación debería ser el detonador del desarrollo del país en general; y de nuestras comunidades indígenas y rurales, en particular.

Rezago social en Michoacán

Una característica socioeconómica que hace resaltar a Michoacán en el ámbito nacional e internacional, es el elevado número de personas que año con año emigran a los Estados Unidos de América en busca del mínimo sustento y bienestar familiar. Este fenómeno afecta directamente a los habitantes de las diversas regiones indígenas de nuestro estado, a consecuencia de las precarias condiciones en que se encuentran nuestras comunidades, incluyendo la falta de fuentes de empleo y de oportunidades de acceso a la salud, educación y vivienda.

Otra característica de Michoacán es el alto porcentaje de jóvenes rurales e indígenas que por múltiples razones –incluyendo principalmente carencia de recursos económicos y los elementos educativos fundamentales–, no fueron aceptados en alguna escuela, y se quedaron sin acceder a la educación preparatoria. Este porcentaje es también muy alto para los jóvenes que se quedan sin ingreso a cualquier carrera o institución de educación superior, aun contando con la intención, motivación, inteligencia y capacidad.

Muchos de estos jóvenes, recurrentemente, ni siquiera alcanzan “ficha” para presentar examen de admisión a las diversas carreras universitarias, en tanto que la proporción de mujeres rurales e indígenas que tienen acceso a las aulas universitarias, es todavía mucho menor como consecuencia de las desfavorables barreras sociales y culturales existentes.

De la misma manera, apenas una proporción muy baja de jóvenes indígenas y de origen humilde y campesino que tienen acceso a la educación preparatoria y universitaria, finalmente completan una educación de nivel superior en Michoacán.

En resumen, muchos de nuestros jóvenes indígenas inician el ciclo vital de adolescentes como rezagados escolares, lo continúan como rechazados universitarios y, en consecuencia, engrosan forzadamente las filas del desempleo y la emigración.

Educación superior y el Colegio de San Nicolás

Por lo que corresponde específicamente a Michoacán, la cobertura estatal de educación superior es del orden del 24 por ciento, mientras que ésta alcanza aproximadamente al 34 por ciento de los jóvenes a nivel nacional. Y se debe enfatizar que sólo entre el 1 y el 2 por ciento de los indígenas de la entidad llegan a estudiar una carrera profesional.

Esta situación no debería de ser así. No en el pasado, menos ahora. La educación superior en Michoacán fue concebida a través de la semilla intelectual plantada en el Colegio original de San Nicolás Obispo, creado por Vasco de Quiroga en Pátzcuaro en 1540; colegio construido, físicamente, con la mano de obra de nuestros antecesores de las comunidades de la región.

Está escrito y enunciado claramente en el testamento del Obispo Vasco de Quiroga, que los indígenas del lago de Pátzcuaro, y los hijos de sus hijos, podrían ser educados gratuitamente en dicho colegio perpetuamente, como recompensa y satisfacción en tanto “dichos indios”…“trabajaron en los edificios del colegio y aposentos y capillas”. Para esto, Tata Vasco hace entrega de una gran parte de sus bienes al Colegio de San Nicolás, institución pilar fundamental sobre la que se edifica institucionalmente, a partir de 1917, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

El testamento de Don Vasco literalmente expresa:

 “…con cargo que en recompensa y satisfacción de lo que allí los indios de esta dicha ciudad de Michoacán y barrios de la laguna trabajaron, pues ellos lo hicieron y a su costa, sean perpetuamente en él gratis enseñados todos los hijos de los indios vecinos y moradores de esta dicha ciudad de Michoacán y de los dichos barrios de la laguna, que también ayudaron en los dichos edificios, que quisieren y sus padres enviaren allí a estudiar y ser allí enseñados en todo lo que allí se enseñare y leyere, y esto gratis, como es dicho, sin que para ello den ni paguen ni se les pida ni lleve cosa alguna, mayormente en la dicha doctrina cristiana y moral que le dejo impresa para ello en el dicho colegio, en que han de ser así enseñados gratis, como es dicho, en satisfacción y recompensa de lo que allí y en otra cualquier parte y obras hubieren trabajado los dichos indios, pues otra mejor ni mayor satisfacción al presente no se les puede hacer, atenta su manera, calidad y condición, porque ésta es y ha sido la intención del fundador que nos habemos sido…”

Legado Quiroguiano

Las dimensiones sociales, económicas, y sobre todo ideológicas y de gobernabilidad del “modelo quiroguiano” de acción social comunitaria están reflejadas en las Ordenanzas que elaboró Vasco de Quiroga para los Indios de Santa Fe de México, y en las prácticas de trabajo, educación y cooperación establecidas por él mismo en los hospitales-pueblo de Santa Fe de México y de Santa Fe de la Laguna (Michoacán).

Don Vasco anhelaba que el trabajo comunal solidario de hombres y mujeres, jóvenes y mayores, así como la utilización de los recursos productivos de los territorios de la comunidad cubrieran ampliamente las necesidades para el cuidado de la salud, la alimentación además de la atención respetuosa –digna–, de los enfermos, los pobres, los necesitados, los indios que habitaban en los montes huyendo de los españoles, los visitantes de otros pueblos y comarcas, la gente con capacidades diferentes (“tullidos”, “ciegos”), los niños con malformaciones, los huérfanos, los viudos, las mujeres solas, los damnificados, y los ancianos.

Don Vasco sabía que tenía que existir planeación (sin olvidar la tranquilidad social) para que su deseo se convirtiera en realidad, tanto en las épocas de buena cosecha como en aquellos años de crisis productiva o catástrofe natural. Y se procuraba la limpieza e higiene; y que los edificios destinados a cumplir funciones de hospitalidad fueran amplios y debidamente organizados (“para los enfermos de males contagiosos y para los de enfermedades no contagiosas”); y mantenidos y reparados con oportunidad y bajo una racionalidad económica práctica.

Las Ordenanzas fomentaban, para que esto ocurriera, que los jóvenes fueran educados y prestaran servicios a la sociedad, dentro y fuera de las comunidades de origen; y que los médicos fueran debidamente remunerados.

Aunque las Ordenanzas se enmarcan históricamente en un contexto de conquista benevolente y conversión religiosa forzada, dichos preceptos constituyeron una cabal y congruente legislación para la convivencia, el trabajo comunal, la salud, la seguridad social, la moral y la educación además del bien de toda la comunidad. Si bien es cierto que los resultados no fueron extensos y que la viabilidad de la expansión física y material del modelo estaba constreñida por el sistema dominante español, este experimento social merece tomarse en cuenta, sobre todo si lo revisamos de manera crítica y creativa ante nuestra situación actual.

Este legado quiroguiano es parte de nuestros activos tangibles e intangibles, como capital histórico-cultural. Este patrimonio heredado es dual: (a.) es material —i.e., el Colegio de San Nicolás de Pátzcuaro; los Hospitales-Pueblo de Santa Fe; y (b.) es del pensamiento —i.e., el modelo humanista reflejado prácticamente en las Ordenanzas de Santa Fe.

La herencia de Vasco de Quiroga, aunada a los elementos de capital social y humano con los que contamos –incluyendo nuestra organización social comunal; las prácticas y saberes tradicionales sobre la naturaleza; y los activos materiales (tierras, bosques, aguas) del entorno territorial medioambiental–, constituyen los componentes físicos y principios normativos que han sustentado los sistemas organizacionales, propios de nuestra sociedad hasta nuestros días.

Educación intercultural en Michoacán

Es así que bajo los principios fundamentales de equidad social, autodeterminación, y respeto de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, la educación intercultural, bilingüe, debe expandirse  –en todos los niveles– y consolidarse en nuestro país tanto para el provecho intelectual como la realización profesional de los jóvenes indígenas, hombres y mujeres de México y Michoacán. Ésta es una condición necesaria, irrenunciable, para el ejercicio de su derecho, igualmente consagrado, de acceso igualitario a los nuevos conocimientos, científicos y tecnológicos del siglo XXI.

Concretamente, se debe materializar, en la práctica, el derecho a una educación básica, media-superior y superior de calidad, enteramente gratuita, dotada con la infraestructura y el equipamiento necesarios, que sea además cultural y lingüísticamente relevante. Consideración se hace, por lo tanto, de que la educación media-superior es el eslabón más débil de la cadena escolar y educativa en el estado de Michoacán. Esto por lo que corresponde a la calidad y relevancia educativa y la eficiencia terminal. Los “telebachilleratos”, intrínsecamente de baja calidad pedagógica, no podrán responder efectivamente a la reducción del rezago y la deserción al no contar con el abanico de instrumentos potenciales de la educación presencial.

En este contexto, la educación superior intercultural debe valorarse, ante todo, como lo que es: un instrumento de integración social, multicultural, reconquista (recuperación) de los pueblos indígenas; elemento cardinal de equidad étnica, de género e intergeneracional. No se trata de un gueto colorido o un “subsistema” más, burocrático-educativo de segunda clase, orientado a la simple expansión rural de cobertura.

Los enfoques distintivos de esta educación indígena intercultural bilingüe –entre los que se encuentran el fomento activo de la riqueza biocultural del país, la promoción del desarrollo comunitario, y la conservación de la biodiversidad– son determinantes, en su conjunto, tanto para el mantenimiento de la seguridad y soberanía agroalimentarias como para la eliminación de la discriminación, la violencia y la injusticia en todos los aspectos y ámbitos de nuestra sociedad nacional.

Finalmente, se debe garantizar el respeto a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), institución que debe ser entendida como un “bien comunal”, antes que un “bien público”, en el contexto de una economía solidaria y los procesos autonómicos fundamentales de acción-investigación, enseñanza-aprendizaje, creación-difusión de la cultura y libre discusión de las ideas. La UIIM, entidad que debe ahora renovarse de manera integral, en sus aspectos académicos y de gestión orgánica interna, no puede seguir siendo considerada como una “unidad administrativa” adicional de la estructura gubernamental, como se ha manejado, discrecionalmente, por el Ejecutivo estatal.

En su carácter universitario y escolástico superior, la UIIM debe consolidarse como una institución autónoma del pensar y del hacer; generadora de nuevo conocimiento y de la mayor relevancia para nuestra sociedad. Auténtica impulsora de la movilidad social comprometida, el avance profesional responsable y la realización ciudadana comunal de los jóvenes indígenas de la entidad, en beneficio del desarrollo de nuestros pueblos y comunidades. (Ponencia presentada en el acto de celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, bajo el título “El derecho testamentario de los jóvenes de Michuakani a la educación superior”. Morelia, 9 de agosto de 2016. Este trabajo es componente del estudio Transformación estructural incluyente en México: El papel estratégico de la educación superior indígena intercultural).

 

Fuente del articulo: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/09/01/michuakani-el-derecho-testamentario-a-la-educacion-superior/

Fuente de la imagen: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/wp-content/uploads/2016/08/educacion-indigena-600.jpg

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De populistas a populistas: Nuño

Por: Abelardo Carro Nava

En alguno de esos eventos en los que el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, difunde su imagen y pensamiento, expresó:

“la derecha radical busca recuperar privilegios perdidos y sobreponer intereses particulares al bien común, y la izquierda radical busca destruir lo que tanto trabajo ha costado construir como nación. Es necesario un enorme esfuerzo del gobierno, partidos, organizaciones ciudadanas y medios de comunicación, para fomentar los valores democráticos, la participación y la política activa, con una nueva pedagogía para avanzar a la democracia de calidad que permita a la ciudadanía sentirse incluida en los terrenos económico y social”.

Esto, después de asegurar que hoy se enfrentan ataques populistas y demagogos de caudillos que ven con malos ojos al gobierno de su jefe, Peña Nieto.

La verdad de las cosas, es que no sé si sea consciente este funcionario público de lo que significan cada una de los conceptos expresados y, mucho menos, tengo certeza sobre el referente que habrá utilizado para darle claridad a los mismos. Y es que mire usted, sin entrar de lleno a un análisis profundo sobre lo que entendemos por populismo y demagogia, referiré que el primero se concibe como la forma mediante la cual se busca “defender” los intereses y aspiraciones del pueblo, mientras que la segunda, se relaciona con la forma a través de la cual se hacen múltiples promesas para convencer a las personas con la intención de obtener ciertas simpatías políticas que redunden en un triunfo en las urnas. Definiciones básicas, que cualquier estudiante de la Ciencia Política, está obligado a reflexionar con la lectura de varios textos.

Dicho lo anterior, y si analiza con detenimiento las palabras del Secretario, es que me pregunto: ¿éstas no contienen un sesgo populista y demagógico? Desde luego. Es parte de su quehacer político porque, de no hacerlo, en absoluto sería un político y, mucho menos, ocuparía un cargo público.

Tal parece que no aprendió la lección que le ofreció la visita que realizó en meses pasados el Presidente Peña Nieto a Canadá. Su homólogo, Barack Obama, dio un claro ejemplo sobre la interpretación de lo que ambas palabras significan y bueno, desde mi perspectiva, con declaraciones como las que hizo el miércoles pasado, Nuño viene enterrando sus aspiraciones políticas y electoreras rumbo al 2018.

Analicemos los hechos. Cierto es que la intención de hacer este tipo de pronunciamientos, tiene como finalidad – valga la redundancia –, establecer un pleito con algunos políticos que integran los partidos de derecha (Acción Nacional) y de izquierda (Revolución Democrática y Morena) pero, también es cierto, que tal decisión, le ha mermado puntos, como decía, rumbo a su “carrera presidencial”. Para nadie es desconocido que goza de la total simpatía y confianza de su jefe, y a través de sus acciones, busca llamar los reflectores de los medios de comunicación, nacionales e internacionales. Sin embargo, algo es claro: los mexicanos ya no nos chupamos el dedo y no nos dejamos llevar por lo que diga cualquier político pendenciero.

Los medios de comunicación han jugado y juegan un papel importante en este asunto pero, también, las acciones que el mismo Secretario ha impulsado. ¿Cree usted que con la implementación de la mal llamada reforma educativa se ha ganado la simpatía del magisterio?, ¿cree usted que la sociedad lo ve como un funcionario preocupado y ocupado por la educación de sus hijos? Las cifras, datos y sondeos que han hecho varias casas encuestadoras sobre la percepción que tienen la sociedad en varios rubros, ahí están, y han reprobado al gobierno de Peña Nieto. Pero, si hablamos de aquellas que arrojan información sobre el proceso electoral que se avecina, la cosa se complica aún más, porque de manera concreta, no colocan a Nuño, como un candidato fuerte para la Presidencia de la República.

No obstante lo anterior, resulta interesante observar cómo desde Los Pinos, se ha venido configurando una estrategia con la intención de posicionar a este funcionario en el escenario político. Vaya, los eventos en los que éste y el propio Presidente han participado, así lo confirman, aunque: ¿no se supone que la educación de millones y millones de mexicanos es una prioridad para su gobierno?, ¿no es ésta la finalidad de la Secretaría de Educación Pública? Si las cosas no están tan bien que digamos en el ámbito educativo, ¿por qué insistir en que la culpa de todo la tienen los partidos políticos?, ¿acaso no se dará cuenta que el partido de su jefe se desvanece cada vez que éste aparece en público?

Como usted podrá darse cuenta, son varias las ideas que surgen sobre este asunto. Sí, nada educativas, pero que tienen un gran impacto en este terreno, motivo por el cual, me permito afirmar y reafirmar que la educación en México se encuentra politizada, sin rumbo y sentido, aunque los discursos populistas y demagógicos de quien ocupa uno de los lugares más prestigiados en México (en la SEP), digan lo contrario.

La objetividad es necesaria, y ésta se logra con el cumplimiento de las acciones encomendadas por el Estado Mexicano a través de su ordenamiento legal: la Constitución; y, si bien es cierto que quien despacha en la calle de República de Argentina ha logrado “implementar” una de ellas, mal llamada por cierto, los males que aquejan al Sistema existen, y perdurarán por más tiempo en la medida en la que los gobiernos estatales no hagan su chamba y, en tanto los programas educativos, como el de tutorías o capacitación al magisterio, no acaben de cuajar en el medio.

El discurso es bonito. Vaya, es una forma a través de la cual se ganan adeptos pero, sin contenido ni sustancia y, mucho menos sin conocimiento de causa, se convierte en eso: un discurso bonito pero sin fundamentos.nuño-becas-michoacan4

Esperemos que en lo sucesivo, como este mismo Secretario lo plantea, se debata ampliamente sobre los grandes problemas nacionales que enfrenta el sector. Ojalá que dicho diálogo, no sea únicamente con sus subordinados, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en voz de su dirigente. Sino con todos los maestros de México. Eso es vivir en democracia o… ¿me equivoco? Tiempo al tiempo.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/de-populistas-a-populistas-nuno/

Imagen: insurgenciamagisterial.com/wp-content/uploads/2015/10/Gilanton2.jpg

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6. Autonomía transparente y responsable

Por: Mariano Fernández Enguita

En la organización predominante de la escuela, y más en España, hay dos niveles y modos tradicionales y habituales de decisión; el estado y el profesor, la política educativa y la práctica cotidiana. La primera ha tenido secularmente su expresión en la idea de que había una manera, la única o la mejor (the one best system, como rezaba el lema taylorista) de hacer las cosas, recogida desde el adjetivo normal que distinguía a las escuelas de magisterio, pasando por una tradición de minucioso reglamentismo, hasta tantos movimientos pedagógicos, oficiales o extraoficiales, habitualmente autoinvestidos como soluciones definitivas para todo. La segunda se refleja en el viejo dicho de que cada maestrillo tiene su librillo, en la amplia autonomía y la abrumadora soledad del profesor en el aula, e incluso en la extendida idea de que, digan lo que digan las leyes, se podrá seguir haciendo lo mismo de siempre en ella una vez cerrada la puerta tras de sí.

Sin embargo, la aceleración de los cambios sociales más amplios y las transformaciones organizativas de las instituciones escolares han desplazado el centro de gravedad de la educación. Por un lado, la diversificación social y cultural provocada por la globalización, las migraciones y el ritmo desigual del cambio hacen que las comunidades a las que los centros han de servir se diferencien fuertemente entre sí, y se transformen a menudo rápidamente, por lo que pierden sentido las fórmulas y soluciones generales, que se quieren válidas por doquier. El efecto principal de esto es un desplazamiento del centro de gravedad hacia abajo, de la política uniforme para todo el sistema al proyecto específico de centro, que tiene su justificación en la diversidad de las comunidades y los públicos y en la de los propios centros, tanto en lo que concierne a sus necesidades como en lo que hace a sus recursos y capacidades (no ya en cantidad, sino en calidad, o en sus cualidades), es decir, a sus posibilidades específicas de afrontar aquellas. No es simplemente que sean distintos, es que su especificidad resulta, además, mejor captada sobre el terreno, digamos lo desde lo que se llama conocimiento local (no confundir con municipal, autonómico, etc.), en la práctica reflexiva, que desde instancias alejadas que tienden a abstraer las diferencias.

Por otro, el desarrollo de la especialización y la división del trabajo docente, el despliegue de nuevas funciones de apoyo y la multiplicación de los servicios ofrecidos por los centros provocan que el profesor individual, incluso en el caso más envolvente del maestro-tutor de grupo, se haga cargo tan solo una parte de la jornada del alumno. La pluralidad de maestros especialistas, profesores de disciplinas concretas, apoyos especializados, cuidadores, monitores, acompañantes, colaboradores…, sea en primaria o, con mayor motivo, en secundaria, requiere una coordinación inmediata y, más que eso, proactiva, es decir, un proyecto educativo unificador. Esto produce un desplazamiento del centro de gravedad, esta vez, hacia arriba, del docente individual al centro escolar, del individuo a la organización, necesario para coordinar los distintos tiempos y actividades, encajar los diferentes saberes profesionales y, ante todo, aportar unidad de propósito, o incluso mero sentido común, a la multiplicidad de acciones y de actores que intervienen en la educación de un alumno o un grupo.

Esta nueva centralidad del centro, valga la redundancia, exige una ampliación de su autonomía en diversos terrenos, en particular la gestión económica, la administración y dirección de personal y la orientación pedagógica. Lo cual, a su vez requiere dos proyecciones: en el tiempo, la autonomía, para no ser una simple sucesión de acciones aisladas y sin un hilo conductor visible, tiene que plasmarse en un proyecto educativo a medio plazo; en el espacio (no ya físico, sino social), para no ser mero aislamiento sino adaptación activa al medio y para no generar distancia sino confianza, ha de ejercerse con plena transparencia y con un alto nivel de participación profesional y comunitaria.

La puesta en marcha de proyectos educativos de centro requiere, lógicamente, reforzar las instancias y mecanismos que actúan específicamente en ese ámbito. La necesidad más obvia es reforzar las direcciones, haciendo más atractiva la función, ampliando las posibilidades de selección, mejorando su formación y su profesionalidad, expandiendo sus competencias. En España la tendencia ha sido durante decenios (excepto en el último), desde los inicios de la democracia, precisamente la contraria, el debilitamiento sistemático de la dirección de los centros a favor del poder de los claustros (poder sobre todo de bloqueo, de no dejar hacer), bajo el lema eufemístico de ladirección democrática o participativa (léase para el profesorado, pero no para familias, los alumnos o la comunidad). El último informe de Eurydice sobre competencias de gestión en los centros (Key Data on Teachers and School Leaders in Europe, 2013), que analiza la distribución de las competencias sobre contenidos y métodos y sobre personal y recursos humanos, subraya cómo estas se reparten entre los profesores y las administraciones, dejando ayunas a las direcciones, un rasgo que señala como excepcional de nuestro país junto con Francia, Italia y Grecia (los paraísos del funcionariado). Toda la investigación comparada indica, sin embargo, que la capacidad de innovación de los centros está fuertemente ligada al nivel de competencias de las direcciones de los centros en el ámbito de gestión de recursos humanos y, sobre todo, pedagógico, más que a la abundancia de recursos o incluso a la formación del profesorado, supuesto un nivel suficiente en ambos casos.

Pero el despliegue de la autonomía y el desarrollo de los proyectos requieren también la participación profesional y comunitaria, no por mero mimetismo democrático sino por tratarse, la escolarización, de un servicio al público que necesita su colaboración activa (que no se agota en una prestación) y que se ofrece a través de una profesión (una ocupación que entraña autonomía y exige compromiso). La participación profesional ha de poder desplegarse como iniciativa en el aula, lo que supone un clima de apoyo y amparo a la innovación; como trabajo en equipo, particularmente a través de la colaboración entre pares en los niveles intermedios entre el profesor individual y la dirección de centro (dentro de y a través de los límites de los centros); y como voz y, cuando corresponda, voto en la determinación de la orientación general del centro (la elaboración del proyecto y su evaluación, ante todo). La participación comunitaria debe traducirse en una participación de las familias y, en ciertas esferas, del alumnado que no sea simplemente pasiva, subordinada o testimonial, como lo ha sido casi siempre, sino que los reconozca de manera efectiva como parte necesaria y no prescindible del proceso de decisión, ofreciéndoles el reconocimiento, la formación y el apoyo que sean necesarios; y debe ampliarse, por otros mecanismos, a la comunidad más amplia de vecinos, asociaciones, instituciones y empresas del entorno vía redes, iniciativas, programas y proyectos de colaboración que permitan movilizar recursos culturales, sociales y económicos ajenos al centro y dar una dimensión cívica a las actividades del mismo.

Y la contrapartida fundamental: transparencia. Todos los centros de enseñanzas regladas, sin excepción, son instituciones públicas que desempeñan una función pública, amparada por un mandato público, en su inmensa mayoría sostenidas con fondos públicos y, dos tercios de ellos, de titularidad pública. En los últimos años se ha debatido mucho sobre el papel de las evaluaciones externas y es seguro que este debate continuará, porque la sociedad y las administraciones demandarán saber, los centros (como todas las burocracias) y el profesorado (como todo grupo profesional) se resistirán más o menos al escrutinio y los mecanismos de evaluación serán mejores o peores y tendrán efectos imprevistos, no siempre deseables, además de los previstos, por lo que habrá que experimentar con prudencia, aprender rápido y rectificar cuando y cuanto haga falta. Pero no hay ni puede haber justificación alguna para que no sea accesible toda información sobre los centros que no entre en conflicto con el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, la confidencialidad de la información académica sobre el alumnado o los imperativos de seguridad y de protección de datos.

La transparencia puede alcanzar, de oficio y con fácil accesibilidad (user-friendly), y no a condición de tortuosos procedimientos, a aspectos como el equipamiento y los recursos del centro, incluidos indicadores de espacio en aula, instalaciones deportivas y zonas comunes; la oferta completa de enseñanzas y de actividades extraescolares; el proyecto educativo, la programación docente y los proyectos especiales; la oferta completa de servicios de apoyo y complementarios, educativos o sociales; la composición de la plantilla, incluidas su formación, categoría, antigüedad y experiencia; la distribución de funciones y tareas docentes, de apoyo y organizativas; la composición de los órganos de gobierno y participación, incluidas sus comisiones de trabajo; la identidad y características de la entidad titular, en su caso; la composición agregada del alumnado, incluidos género, edad y necesidades especiales; los resultados académicos generales y su evolución, en particular las tasas de absentismo, retención, repetición y promoción; las líneas generales presupuestarias, incluidos los principales capítulos de ingresos y gastos; los libros, recursos digitales y otros materiales escolares utilizados; las vías de atención a las familias y al público más amplio; los centros y zonas de reclutamiento y centros de destino, en su caso; las evaluaciones y encuestas de satisfacción de familias o alumnos, si las hubiere; los informes de la Inspección y otras agencias evaluadoras, si estas determinan que son publicables; las memorias anuales, resumidas y anonimizadas si es preciso.

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La sombra del Apartheid sobre el sistema educativo en Sudáfrica

Por: Khavheni Shope/Telesur

Unas de las leyes más retrogradas fue el sistema educativo llamado Bantu, el cual se esforzó en atrofiar el desarrollo de la persona africana, asegurando que estuvieran bajo el control del hombre blanco.

Escribir sobre el sistema educativo en Sudáfrica necesitaría un análisis más profuso que el que acá presentamos, pues para comprender la situación de los estudiantes es necesario verla como la continuación de una historia traumática. Para abordar los obstáculos evidentes en las instituciones académicas en unificar la dualidad de una educación que tiende a determinar su calidad y duración en función del estado socioeconómico, la cual es frecuentemente inextricable del color. Esto se traduce en una pequeña porción de la población es la que recibe los conocimientos que les permitirían acceder empleos en altos rangos, y la situación se agrava con el hecho de que la interconexión profesional en estos espacios empiezan al dentro de las salas de clase de las escuelas privadas o los campus universitarios, a los cuales el acceso ha demostrado ser más selectivo que inclusivo.

Además, esta división también existe entre aquellos que tienen el privilegio financiero para asistir a las escuelas privadas pero están todavía sometidos a un ambiente pedagógico atrincherado en una experiencia patriarcal y de supremacía blanca que pretende marginar la experiencia de los estudiantes negros. Ya sea debido a una falta de representación o a la dificultad de relacionarse con los profesores, la manera altiva en que a los estudiantes se les indica cómo llevar su cabello, el sistema epistemológico eurocentrista que construye su marco curricular, o cómo se les desaliente a hablar las lenguas africanas; y sucede lo mismo cuando los estudiantes negros vienen de una posición socioeconómica privilegiada, ellos están sometidos a sentirse como que no pertenecen, lo que es irónico pues esta es su tierra ancestral.

Estos asuntos son algunos de los problemas que avivaron movimientos como #RhodesMustFall, #FeesMustFall y #StopRacismAtPretoriaGirlsHigh, que han llamado atención sobre el apuro de numerosos jóvenes a nivel nacional. Por lo tanto, para rastrear la fuente de la crisis de la educación debemos revisar las leyes implementadas bajo el régimen del apartheid que aseguró que la población negra se quedara en constante esclavitud por la parte de los blancos.

Ya con esta introducción, nos enfocaremos en el vínculo existente entre la calidad de la enseñanza primaria y secundaria, y la asistencia y el rendimiento académico en la educación universitaria, así como la discordancia entre el costo de las universidades públicas y el sueldo promedio del sudafricano común.

La Dualidad del sistema pedagógico en Sudáfrica

Unas de las leyes más retrógradas fue el sistema educativo llamado Bantu, el cual se esforzó en atrofiar el desarrollo de la persona africana, asegurando que estuvieran bajo el control del hombre blanco. Denigró la historia, cultura e identidad africana tanto como impuso los estereotipos raciales y mitos. Lamentablemente, a más de dos décadas después de 1994 muchas instituciones educativas sudafricanas están bajo la sombra del antiguo régimen, donde las personas de estratos sociales desfavorecidos ven sus esfuerzos truncados al intentar romper el ciclo de pobreza, en un sistema que no les concede las mismas oportunidades que sus homólogos más pudientes, lo cual contribuye al alto nivel de desigualdad social en el país.

Según el artículo “South Africa’s Education Crisis: The Quality of Education from 1994-2011” escrito por Nic Spaull, hay una correlación directa entre la calidad, duración y tipo de educación y perspectivas del mercado laboral: “el bajo rendimiento refuerza la desigualdad social y resulta en que los niños heredan la posición social de sus padres a pesar de su motivación o habilidad”. Esta afirmación muestra la falsedad de la percepción común equivocada que el apartheid terminó y que aquellos que viven todavía en la pobreza es porque son ‘perezosos’. El artículo señala que en 2014, entre el 70% y el 80 % de alumnos recibieron educación primera y secundaria de baja calidad con una alta tasa de deserción escolar, de estos 35% estaban desempleados, 18% tuvieron trabajos poco calificados y 32% en empleos subcalificados, como dependientes o personal de tiendas. La minoría, entre el 20 y el 25% con altas posiciones socioeconómicas, recibieron educación de alta calidad y asistieron a instituciones de enseñanza superior donde lograron obtener una licenciatura, en consecuencia, alcanzaron trabajos e ingresos de alta productividad, apenas un 15% de la población total llegue a este nivel de privilegio.

Además, Spaull nota que a partir del tercer año de la primaria, el 60% de los estudiantes de las escuelas más pobres tienen un retraso de tres años respecto a sus homólogos en escuelas de mayor calidad, donde solo pueden asistir estudiantes de familias adineradas. Esto implica que para los estudiantes de las escuelas más pobres, mientras avanzan más en sus estudios, más se retrasan y hay mayores posibilidades de que abandonen sus estudios. Para ilustrar este asunto, debe tomarse en cuenta que hay aproximadamente 1 millón de alumnos en cada año hasta el noveno, cuando la cantidad empieza a caer radicalmente.

En 2014, de un conjunto total de 1.085.570 estudiantes, 532 860 estudiantes tomaron los exámenes finales del bachillerato, de los cuales 403.874 lo aprobaron. El cálculo de la tasa de aprobados, surge de la división del número de estudiantes que aprobaron por el número de estudiantes que tomaron la prueba, multiplicado por 100, lo que era calculado como: 403.874/532.869*100= 75.8%. Sin embargo, una cifra realista habría sido dividir 403.874 entre la cantidad total de estudiantes que potencialmente podía tomar los exámenes finales, es decir, 1.085.570; por tanto, la tasa de aprobados real de este año fue 37.2%. El 62.8% de jóvenes que debieron culminar exitosamente su bachillerato no lo hicieron, no tuvieron la oportunidad inscribirse en las universidades.

Una alternativa para estos estudiantes es la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (TVET por sus siglas en inglés), que ofrece formación técnica en un campo específico y que los prepararía para un empleo. El requisito mínimo es que los estudiantes hayan cumplido su noveno año de la escuela secundaria y que tengan 16 años o más. Al mismo tiempo, la falla crucial de esta forma de educación superior es que produce capital humano muy especializado, y que por tanto, puede estancar su movilidad profesional y permitirles menos oportunidades que aquellos conocimientos obtenidos en la universidad. Lo que significará que estos jóvenes no podrán diversificar sus experiencias profesionales de igual forma que sus homólogos en otras instituciones. Otra de las aristas de este tema que destaca el estudio «A Skills beyond school Review of South Africa» (Simon et al.,2014), es que los institutos del TVET tienen una capacidad limitada, además del hecho de que pueda existir una disparidad en la herramientas enseñadas y aquellas que se requieren en el mercado laboral, lo que hace que los empleadores se resistan a interactuar con el sector educativo y por tanto, hace aún más difícil que estos jóvenes encuentren empleos rentables que les facilite a ellos y a sus familias mejorar sus condiciones de vida.

 

Barreras financieras en la educación superior

Además de los problemas que enfrenta la calidad de la educación básica, otro que prevalece es el del financiamiento. En 2015, el primer año de matrícula universitaria oscilaba entre los $2.035 USD y los $4.000 USD, dependiendo de las carrera a estudiar y de la institución elegida, sin incluir los gastos de vivienda y manutención. Hay que tomar en cuenta que estos gastos son apenas para el primer año de estudios, este gasto deberá hacerse los próximos 2 o 3 años, además deberán pagar el incremento anual y los gastos extras. Si la matrícula tiene ese costo, a la vez que el promedio del salario mensual para el 60% de los trabajadores de acuerdo con los datos del Sindicato Sudafricano de Trabajadores era de unos $361 USD en 2014, cómo es que esta mayoría de la población sudafricana va a poder acceder a la educación superior, no solo a inscribirlos en el primer año, sino a asegurar que se gradúen.

La educación es un proceso acumulativo que inicia con una fundación sólida que permite construir las competencias y acumular la experiencia necesaria para la vida profesional y en general para el crecimiento social. Es responsabilidad del gobierno y de las distintas autoridades educativas el reforzamiento de las instituciones de educación primaria y secundaria, para ofrecer a todos los educandos la misma oportunidad de desarrollar sus estudios. Otro enfoque es el incremento al acceso a instituciones terciarias, lo que las hace un derecho no un privilegio. Mientras más estudiantes africanos negros sean exitosos en la vida académica, se hará mas diverso este ambiente y se generará un conocimiento más representativo.

Una sociedad bien educada es más productiva y por tanto tendrá mejores capacidades para competir en el mundo globalizado. Es crucial asegurar que la educación en el país ofrezca las mismas oportunidades para todos aquellos que quieren formarse, sin importar su raza o cuánto tienen en sus cuentas bancarias.

Tomado de: http://www.telesurtv.net/opinion/La-sombra-del-Apartheid-sobre-el-sistema-educativo-en-Sudafrica-20161021-0045.html

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