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América Latina después de PISA

Por: Teresa Ortuño

Asistí a la presentación del libro que brinda título a esta colaboración. El investigador argentino Axel Rivas presentó el resultado de su investigación, iniciada en 2013, en la que analiza la educación en México, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, en el período de 2000 a 2015. Quince años dan oportunidad de estudiar con distintas métricas locales e internacionales el avance educativo. El libro expone un tema complejo de manera sencilla, aportación que sin duda debe ser difundida.

Durante ese período, estos 7 países mejoraron, de manera diferenciada, sus condiciones económicas – y en su mayoría- educativas, por lo que el autor, junto con su equipo, se formularon las preguntas básicas: ¿Qué tan tanto mejoró la educación? ¿Cómo son y cómo viven los estudiantes? ¿Qué tanto más pudieron conseguir? ¿Qué falta? ¿Cómo aprender de lo vivido? ¿Qué sigue?…

Las fuentes de información fueron las pruebas PISA, de la OCDE, así como las pruebas SERCE y TERCE, de la UNESCO, y las mediciones internas que llevaron a cabo los países estudiados. Sin pasar por alto los censos, encuestas, y escritos acerca sobre el tema educativo.

El análisis no se queda en el pesimismo de las inagotables quejas acerca de lo mal que andamos. Su lectura brinda un panorama mucho más alentador que los fríos resultados numéricos.

El libro es de obligada lectura, pero concluye en 10 hipótesis a estudiar:

1.- La mejora en el acceso y en la calidad educativa estuvo asociada con las mejoras notables en las condiciones de vida de la población en América Latina.

2.- Los dispositivos que se centraron en los aprendizajes y en los resultados, tuvieron más impacto que las políticas incrementales de “regar y rezar”.  En el desarrollo de este tema, elogia la decisión mexicana -entre otros países- de vincular el aprendizaje, a diferencia de Argentina, Uruguay y Brasil, que destinaron grandes cantidades de dinero, incluyendo, claro, una computadora por alumno, sin que sus resultados hayan sido los esperados.

pisa3.- Los libros de texto y el direccionamiento curricular básico, parecen haber creado un efecto de tenazas, junto con las evaluaciones, que impulsó mejoras en los aprendizajes.

4.- Los sectores desfavorecidos pasaron de los márgenes al centro del sistema, y sus derechos fueron traducidos en logros de acceso y aprendizaje.

5.- La región mejoró más en primaria que en secundaria, donde los canales de política educativa regulan menos la enseñanza.

6.- Asegurar trayectorias educativas superando la repetición, parece estar asociado con mejoras en la calidad y permanencia en los estudios.

7.- Las hipótesis del cambio, a través de la docencia y de las nuevas tecnologías, son demasiado recientes para ser tomados en cuenta como ejes explicativos de la mejora en los aprendizajes.

8.- Chile muestra que un avance continuo y secuenciado en varios ejes centrales de política educativa pudo generar mejoras, incluso desde una situación inicial por encima del promedio de la región.

9.- Brasil señala que es posible lograr al mismo tiempo mejorar cobertura, flujo y calidad educativa, con políticas de expansión de derechos, impulso a la iniciativa local y control de resultados en forma centralizada.

10.- Pese a todo lo señalado, no hubo tantos cambios en la organización pedagógica y en el sentido de la educación de los países, lo cual se reflejó en la lentitud del ritmo de mejora y abre desafíos para el futuro.

Se puede consultar el libro, o su resumen, en la liga del CIPPEC. Seguramente dará mucho para seguir estudiando.

Publicado primeramente en  http://www.educacionfutura.org/america-latina-despues-de-pisa/

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Niños de primera, niños de segunda

CAROLINA VÁSQUEZ ARAYA

He visto muchas veces el gesto de desprecio ante un menor pobre, mal vestido, sucio y hambriento. No es un gesto de desprecio hacia quienes de una u otra forma lo han condenado a una vida de miseria, sino hacia la víctima: ese niño o niña cuyo destino está en manos de adultos cuyo poder de decidir, de acuerdo con sus propios intereses y visión de las cosas, marcará el rumbo de su existencia.

En una avenida cualquiera, cuando el semáforo marca el alto, se acercan, botellita de plástico en ristre, a lavarle el parabrisas del auto por lo que usted quiera darle. Quizá usted le siga el juego por una moneda de a veinticinco, pero por lo general lo que esos menores reciben es un gesto de rechazo y una mirada severa que se puede traducir como: “cuidado y me tocás el carro”, antes de reemprender la marcha con las ventanillas herméticamente cerradas por el temor a ser víctimas de un asalto.

En el semáforo siguiente, otros más audaces realizan modestos espectáculos de acrobacia con la esperanza de recibir algo de dinero. Son niñas y niños de edades que oscilan entre 4 y 9 años, cuyo magro estado físico apenas les permite ejecutar unas tímidas piruetas. Se sabe de la existencia de redes de explotación que utilizan a decenas de niños y niñas para mendigar durante largas y extenuantes jornadas, razón por la cual muchos les dan la espalda, convencidos de actuar correctamente para no alimentar esa forma de explotación.

Sin embargo, la realidad de la niñez en situación de calle rebasa esos marcos. La profundización de la pobreza en grandes sectores de la población, sumado a la falta de atención en salud reproductiva, la ausencia de políticas de población, el estigma religioso contra los anticonceptivos y los obstáculos para ofrecer educación de calidad han condenado a las familias a un régimen de sobrevivencia tan extremo, que en él no cabe el lujo de ofrecer un mejor pasar a sus propios hijos.

Esa niñez abandonada a su suerte no parece tener espacio en las prioridades del Gobierno como tampoco en las de una comunidad humana más centrada en mantener su estatus que en ocuparse de problemas ajenos. El caso es que esa niñez arrojada a las calles no es un tema ajeno, sino uno concerniente a toda la ciudadanía. ¿Cómo se podrá avanzar en el combate a la violencia con un contingente tan numeroso de candidatos a integrar pandillas? Porque en ellas reside una de las escasas salidas de estos niños a la situación de extrema necesidad en la cual transcurre su vida.

Desde una perspectiva tan estrecha como deshumanizante, la sociedad suele observar a la niñez en situación de calle como un problema ajeno en cuya solución no tiene responsabilidad alguna. A pesar de existir oenegés y algunas instituciones del Estado cuya labor para paliar la situación de estos menores resulta insuficiente ante la abrumadora realidad, cada día son más los niños desprotegidos, enfrentados a perder la vida entre drogas, violencia callejera y presiones de las organizaciones criminales para obligarlos a engrosar sus filas.

Estos son los niños “de segunda”: nacidos en circunstancias de miseria, víctimas de numerosas formas de violencia dentro y fuera de su hogar, sin capacidad para encauzar su vida por una ruta de progreso y mucho menos para desarrollar su potencial físico, intelectual y humano. Ellos representan la gran deuda de la sociedad. Una deuda que pesa como un inmenso lastre contra cualquier esfuerzo por alcanzar el desarrollo y salir de la espiral de retraso en que se encuentra el país.

elquintopatio@gmail.com @carvasar 

Fuente de la imagen; http://comunicacionpopular.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/2404212969_7f3bf12167_o.jpg
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Ética democrática frente a cuatro sillas vacías

 

A las tensiones climáticas presentes en Nuestra América, la cual contiene recursos naturales vitales para la humanidad en peligro, se une la tensión política generada por grandes intereses que pretenden interrumpir sus avances sociales, realizados, con aciertos y errores, en medio de procesos democráticos responsables con los derechos humanos y los de la madre tierra.

En procesos democráticos como los de Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela y sus instancias de integración como ALBA, UNASUR, CELAC, los avances sociales han sido reconocidos por instancias como la FAO y el PNUD de las Naciones Unidas.

En Venezuela, los intentos de interrumpir su proceso democrático usan la excusa de  violaciones a derechos humanos, o falta de independencia de poderes. A pesar de haberse realizado elecciones avaladas por organismos internacionales. Así como de haber recibido reconocimientos como la  representación venezolana en el Consejo de Seguridad y en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y asumir la presidencia pro témpore de UNASUR.

En medio de la  crisis económica, por la caída del precio del petróleo y climática, por la sequía del fenómeno El Niño, se plantean iniciativas como el desarrollo de misiones sociales y la aprobación, luego de una amplia consulta, el 27.02.2016, del Plan Nacional de Derechos Humanos, propuesta planteada en el primer Examen Periódico Universal (ONU 2011).

Frente a acciones contrarias a la institucionalidad democrática y llamados a la activación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, el Consejo Nacional Electoral entrega planillas para iniciar los requisitos para un constitucional referéndum revocatorio del presidente. Lo que hizo comentar a Luis Almagro, secretario general de la OEA “nuestra satisfacción por positiva decisión de CNE de Venezuela”. (El Nacional 27.04.2016).

Recientemente resalta la iniciativa avalada por el Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper, con mensaje de apoyo del Nuncio Aldo Giordano, de constituir la Comisión Presidencial por la Verdad, Justicia y Reparación de la Víctimas. A la cual se invitó a cuatro diputados designados por la opositora MUD quienes todavía no asisten. ¿Es posible éticamente construir una democracia rechazando cauces institucionales, negándose a dialogar ?.

Frente a la crisis económica y climática, el gobierno democrático promueve el diálogo con sectores productivos privados y con comunidades para el abastecimiento y producción. Y frente a las acciones delincuenciales en el último tiempo, el Ministro de Defensa Padrino López, con base en el concepto de Seguridad de la Nación, planteado en la Constitución en función de los derechos humanos y la paz, en comunicado oficial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (26.04.2016) afirma que se enfrenta una “…guerra no convencional promovida por el poder imperial, cuya finalidad es quebrantar nuestra moral y voluntad de lucha…tenemos el deber insoslayable de transmitir al pueblo venezolano total tranquilidad y absoluta certeza, sobre nuestro irreductible compromiso de respeto a la Constitución…para asegurar la armonía y convivencia entre todos los hermanos que hacemos vida en esta tierra de gracia, preservando la paz que será siempre nuestra principal victoria…” . Un mensaje ético de seguridad, en medio de los conflictos, en función de la paz, con verdad y justicia.

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“Jamás desistir de mis sueños y nunca dejar de estudiar”

Con la energía que caracteriza a los jóvenes de 18 años, Valeria Ferreira Moreira se despierta todos los días a las 5 de la mañana para ir al gimnasio y a las 8 llega a la oficina de la firma de bienes raíces donde consiguió su primer empleo. “¡Estoy súper contenta! Antes, hacía mi pasantía por la mañana, en la tarde iba al colegio y, en la noche, al curso de administración del Programa Aprendiz. Después de 12 meses, me promovieron a mi función actual, y firmé un contrato de trabajo que me dio acceso a un empleo formal y todos los derechos laborales”.

Ahora, Valeria se desempeña como encargada de obras y, junto con el supervisor, gestiona la ejecución de construcciones, medición de obras, planos de construcción y la coordinación de 20 trabajadores.

Lamentablemente, la historia de Valeria no se parece a la de muchos jóvenes de Latinoamérica. En la región, uno de los desafíos más importantes  sigue siendo garantizar el acceso de los jóvenes a empleos de calidad. Según la Organización Internacional del Trabajo, los jóvenes latinoamericanos y caribeñosenfrentaban una tasa de desempleo urbano de 13,3% en 2014 (una proporción que triplica la de los adultos) y además, 6 de cada 10 jóvenes, que sí consiguen ocupación, se ven obligados a aceptar empleos en la economía informal. En total, se estima que unos 20 millones de jóvenes en la región no estudian ni trabajan, debido en gran parte a la frustración y el desaliento por la falta de oportunidades en el mercado laboral.

Valeria comprende que es un caso de excepción y es muy afortunada porque en su país, Brasil, la reciente crisis económica ha puesto a los jóvenes en una situación aún más vulnerable en el mercado laboral. Según los datos señalados por la Encuesta Nacional por Muestreo de Domicilios Continuo, la tasa de desempleo de 18 a 24 años alcanzó 18,6% en 2014. En el estado de Ceará, donde vive Valeria, la crisis ha afectado aún más: desde el último trimestre de 2014 la tasa de desocupación de los jóvenes ha subido más de 5 puntos, alcanzando 21,2% al final de 2015.

Más allá de las dinámicas propias de los mercados laborales, en una publicación reciente del BID se señala un aspecto específico que actúa en contra  de la empleabilidad de esa población. Muestra que en Chile, Brasil y Argentina, empresarios reportan que las habilidades socioemocionales son las más difíciles de encontrar en la fuerza de trabajo juvenil. A pesar de que estas habilidades (autoestima, autocontrol, responsabilidad) son determinantes claves de los resultados laborales, no contamos con muchos modelos que las promuevan desde el sistema educativo.

El estado de Ceará ha sido pionero en la implementación de programas que desarrollan habilidades socioemocionales en secundaria. Su filosofía ha sido fomentar el “protagonismo estudiantil” durante los últimos 3 años de la escolaridad obligatoria a través de un currículo más personalizado. “Las clases del Núcleo eran mis favoritas. Nos permitían descubrirnos, entender quiénes somos, cómo somos, a establecer metas, darles alas a nuestros sueños y a identificar si nuestras acciones contribuyen o no para lograrlos”, comenta Valeria.

Ella se refiere al programa Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais(NTPPS), una iniciativa de la Secretaría de Educación del Estado de Ceará y de la ONG Instituto Aliança com Adolescente. Este programa innovador tiene como objetivo desarrollar habilidades socioemocionales a través de un curso adicional dentro de la malla curricular. Los profesores del NTPPS reciben capacitaciones mensuales y encuentros de intercambio de experiencias. El programa tiene materiales didácticos específicos y estructurados, una planificación de las clases y una trayectoria formativa que se centra en el individuo, la familia, la comunidad y el mundo del trabajo en base a una metodología de investigación, de aprendizaje por proyectos y multidisciplinaria. Hoy ya son casi 25% de las escuelas secundarias de Ceará que implantan este Programa.

La División de Educación del BID está realizando una evaluación experimentalde este programa en 72 escuelas en Ceará. Los resultados preliminares sugieren que el programa parece ser exitoso en la retención de los jóvenes con mayor riesgo de abandono: aquellos con mayor edad, con menor desempeño académico y menores niveles de autoestima. También encontramos efectos positivos en las aspiraciones ocupacionales de los estudiantes beneficiados del programa, quienes reportaron con más frecuencia aspirar a puestos gerenciales o de alta responsabilidad.

Yo quiero conocer más de ingeniería antes de ingresar en un curso en educación superior. Es cansado trabajar y estudiar todos los días, pero es el empleo que me ha permitido seguir el curso técnico de edificaciones”. Valeria sueña en seguir una carrera como ingeniera – “las dos cosas más importantes que he aprendido en el NTPPS, en el Programa Aprendiz y ahora en el trabajo son: jamás desistir de mis sueños y nunca dejar de estudiar; quiero conocer más, aprender más; sé que hay obstáculos – ¿puedes imaginar una mujer de 18 años coordinando 20 trabajadores hombres? -, pero conozco mis fortalezas y estoy segura de que puedo superar los desafíos”.

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Mareas cívicas y educación pública

El agrandamiento de las brechas sociales de las últimas décadas tiene ahora, de la mano de los nuevos movimientos sociales, una histórica oportunidad para tratar de mermarlas. El 24-M, que marca la llegada al poder municipal y autonómico de las mareas ciudadanas, acarrea una gran bocanada de optimismo para el fortalecimiento de la educación pública. Es una oportunidad para repensar las finalidades y modos de apoyo de la ciudadanía a las instituciones escolares públicas.

Urge reforzar la filosofía de las ciudades educadoras e implicar a la ciudadanía en esta obligación de coeducarnos de una manera más activa, reflexiva y crítica. Una ciudadanía dispuesta a responsabilizarse de la educación de los miembros de su comunidad, sean o no sus hijos o sus familiares, es una maravillosa fuente de recursos para cooperar con el profesorado y el alumnado. Las mareas son una poderosa vía para inplementar políticas eficientes dirigidas a hacer frente a la inequidad en los accesos a recursos y programas culturales: museos, bibliotecas, salas de conciertos, polideportivos, parques y programas de actividades extraescolares… que reciben dinero público. Necesitamos coordinar de manera más eficiente los recursos disponibles en la comunidad; vertebrar todas las redes culturales dedicadas a educar y divulgar el conocimiento. Planificar sus programas en equipo con los centros escolares ayudará a sacarles mejor partido.

Son vitales políticas de redistribución de fondos económicos y de acceso a recursos de la comunidad destinadas a los centros públicos que atienden a poblaciones más necesitadas y, que en su interior, manifiestan mayor diversidad de estudiantes. En este sentido, son los ayuntamientos quienes más pueden contribuir a hacer realidad el acceso y derecho a una educación infantil 0-6 de calidad, una etapa injustamente descuidada por los poderes públicos.

Como dijo John Dewey, el fin de la educación es participar en la corrección de los privilegios y de las privaciones injustas, no perpetuarlas.

Imagen:

Mario Gonzalez Chavajay – “Camino a la Escuela” (2004)

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MIDE no mide lo que dice medir

 

Se argumenta que para que MIDE de cuenta de la calidad de las instituciones, los resultados que arroje deben reflejar propiedades objetivas de las mismas. Las características y el ordenamiento de las instituciones por su supuesto “grado de calidad” deben ser independientes del modelo. Un análisis de MIDE muestra fácilmente que el ranking de universidades es un artificio que depende del modelo, por lo tanto es subjetivo e inválido para el fin alegado. Un análisis detallado de las variables usadas por el MIDE, también permite concluir que, independientemente del modelo con el cual se elabore el ranking, tales variables son cuestionables. Se muestra que la implementación del MIDE y la publicación de los resultados se salta el debido proceso jurídico y las buenas prácticas investigativas. Finalmente, se enfatiza el carácter subjetivo de este tipo de mediciones de la “calidad”, y de los ranking en general, con lo cual resultan en contra vía de los alegados propósitos.

Recientemente, los medios de comunicación informaron de la existencia del Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación Superior MIDE, elaborado con el apoyo del Ministerio de Educación de Colombia, y de la publicación de un ranking de las universidades colombianas según su grado de calidad elaborado con base en el MIDE. El modelo evalúa una función que tiene como entrada un conjunto de datos que corresponden a cada universidad estudiada y como salida un único índice que determina su calidad, llamado “puntaje nacional”.

La modelación es de gran utilidad y se usa ampliamente en muchos campos. Un modelo se apoya en teorías y experimentos, constituye una “simulación”, o representación matemática de un sistema. Un modelo válido debe ser “estable” o “robusto”, eso significa que sus parámetros se deben ajustar “en un punto de equilibrio del espacio de parámetros”. El índice que evalúa MIDE es la suma de tres índices, uno que toma valores entre 1 y 40 corresponde a los estudiantes, otro de 1 a 40 a los docentes y otro de 1 a 20 al entorno.

En MIDE, los valores 40-40-20 no fueron obtenidos con el criterio de estabilidad, porque es imposible que este modelo tenga equilibrios. Por lo tanto, si se cambian esos valores, por ejemplo a 37-42-21, o 45-36-19, el ranking cambiará (cualquier tripleta de números tomados al azar, cuya suma sea 100, definiría un modelo diferente que conduciría a un ranking final diferente); esto es suficiente para invalidar el «modelo» (porque los ordenamientos que arroja no son propiedades de la realidad que pretende describir sino «model-dependent artifacts»). Así, la evaluación resulta dependiente del modelo y subjetiva, por lo tanto inaceptable.

El modelo desglosa cada campo en dos subcampos. Así, aparecen seis nuevos valores: 25% desempeño, 15% graduados, 20% docencia, 20% investigación de los docentes, 10% presencia y atracción, 10% internacionalización. Los pesos asignados son igualmente arbitrarios. Finalmente, estos seis subcampos se dividen en 18 sub-sub-campos. Es decir, el modelo tiene 18 variables (los datos de los sub-sub-campos) y 18 parámetros (los factores de peso de cada variable).

Se pretende usar fuentes de datos para asignarles valores a las 18 variables de sub-sub-campos que, supuestamente, son “objetivas”: de las citaciones, de la empleabilidad, de las obras artísticas, del paso a posgrado, etc.

El modelo MIDE habla de la calidad como si fuera un observable, pero no la define ni establece la forma de medirla. Por lo tanto no considera las barras de error de la determinación experimental de “la calidad”.

Varios indicadores se expresan con tres cifras decimales, implicando con ello que los autores creen que los errores comienzan a actuar a partir de la cuarta cifra; así, en “puntaje en docencia” varias instituciones aparecen “empatadas” en el puesto 168 con 33,725 puntos (son 21 instituciones “cuya docencia tiene una calidad tan pareja” que las “diferencias” sólo se empiezan a “notar” a partir de la cuarta cifra decimal). La diferencia de puntaje en “docencia” entre las instituciones del puesto 168 y la primera en este subcampo (Seminario Bíblico Colombiano) es de 32 puntos, con lo cual la distancia promedio entre dos puntajes consecutivos de este subcampo es de 0.2, por eso no deja de llamar la atención el múltiple “empate”, un extraño fenómeno natural. Las diferencias por nivel de “internacionalización” (Inglés Saber Pro y coautoría con extranjeros) entre Reformada y Barraquer, ubicadas consecutivamente en este subcampo, se expresan diciendo que la primera tiene 15,02 y la segunda 15,23, se “notan” en las décimas, aquí “ya no se puede decir que están empatadas”, es curioso que el ministerio de educación de un país elabore un reporte para contar que una de esas instituciones “le gana en internacionalización” a la otra.

No se menciona la incertidumbre de la ubicación en el ranking. No se considera el poder de resolución de su índice, por ejemplo mediante un criterio análogo al de Rayleigh. Este hecho es indispensable para reconocerle validez a la evaluación de la función que entrega el ranking: la diferencia entre los puntajes totales de dos instituciones ubicadas consecutivamente en el ranking debe ser superior a las incertidumbres de los mismos, de lo contrario tienen “empate técnico”. La metrología ofrece medios para evaluar la incertidumbre de una función dependiente de datos que a su vez tienen incertidumbres. Aquí se tienen 36 incertidumbres: las 18 de cada uno de los parámetros (de los factores de peso del modelo que, recordemos, son números aleatorios aunque los autores se hayan permitido escoger ciertos valores) y las 18 de cada una de las variables de entrada (de los datos de cada universidad), con las cuales se calcularía la incertidumbre de la salida, o sea del puntaje que determina la posición en el ranking (luego de aplicar un criterio de resolución).

Pero, mucho antes de hablar de la estabilidad de un modelo respecto a variaciones de los parámetros y de incertidumbres y barras de error, incluso de “modelos”, se requiere asegurarse de que las variables que caracterizan los estados del sistema que se quiere modelar si sean las apropiadas. El análisis de tales variables brilla por su ausencia en el modelo MIDE. Lo propiedad más elemental, el signo de la variable, no se considera. Ciertos indicadores, por ejemplo tener muchas coautorías con extranjeros, pueden ser «buenos» (signo positivo), pero también, con argumentos sólidos pueden declararse «malos» (signo negativo). Así, alrededor del 60% de los artículos de Colombia fueron hechos en colaboración internacional y alrededor del 20% de los artículos de China, Brasil y Estados Unidos fueron hechos en colaboración internacional (datos de SCImago). Por su parte, el MIDE dice que las universidades que publican más artículos con colaboradores extranjeros merecen por ello mejores puntajes que las que no lo hacen. En este aspecto, una universidad típica de Colombia sería mejor que una de los países mencionados, afirmación discutible. Este detalle simple permitiría invalidar el modelo, porque evidencia el uso de indicadores cuyo significado no se tiene claro. Pero hay otras variables que merecen descalificaciones similares.

Se tiene posible redundancia de ciertos indicadores. Por ejemplo, los de «investigación» no son indicadores mutuamente independientes. Así, «investigadores de Colciencias» y “artículos” se consideran como indicadores distintos, ¿pero son independientes? La calificación de Colciencias a las hojas de vida no se refiere a la calidad sino a aspectos formales (depende del nivel de aprendizaje y entrenamiento en el uso del software CvLAC, es subjetivo), por lo tanto su uso por parte del ministerio para calificar la calidad de los profesores es inapropiado. CvLAC utiliza el índice de impacto de las revistas y evalúa los libros con criterios formales, igualmente inapropiados. Si se pretende calificar la producción de los profesores, debería aceptarse que ésta es muy diversa; por ejemplo, los libros y las obras literarias en general se quedan por fuera, pues no se trata de artículos, obras de arte, patentes, citaciones o el ranking de Colciencias. Vale la pena mencionar que en la investigación (y en las otras actividades creativas del campo “docentes”, como obras de arte, por ejemplo) participan no solo profesores sino estudiantes, contratistas y personas de fuera de la institución. De nuevo, se usan indicadores cuyo significado no se ajusta a su uso.

Se utilizan los números resultantes de tres «pruebas» Saber Pro para caracterizar la calidad de los estudiantes y de Inglés Saber Pro para caracterizar el grado de internacionalización. Similarmente que el índice asignado por Colciencias a los investigadores, lo que mide Saber Pro es el nivel de entrenamiento y habilidad en un juego, de ninguna manera el nivel académico de los participantes. ¿Cómo es posible que unas encuestas de marcación múltiple se utilicen para introducirles matices o sobrepasar los títulos universitarios que fueron resultado de un conjunto muy grande y diverso de materias y de evaluaciones a cargo de expertos (no propiamente con escogencia múltiple o falso-verdadero)? Y hay un atrevimiento mayor aún: decir que las habilidades de los estudiantes para jugar Saber Pro son indicadores de calidad de las universidades en las cuales dichos alumnos se matricularon en las más diversas materias, y que la habilidad de los estudiantes para jugar Inglés Saber Pro es indicador del nivel de internacionalización de la universidad. ¿Qué tienen que ver esos números con la “alta” o “baja” calidad de las universidades? Idénticamente podrían usarse los valores de los carros de los estudiantes, o los indicadores de la salud oral, para determinar la calidad de las universidades.

Se usan indicadores que les permite una mejor ubicación en el ranking a las universidades a las cuales usualmente asisten personas de familias influyentes. Por ejemplo, «salario de enganche» como indicador de la calidad de una universidad. Igualmente «empleabilidad». Decir que una universidad con más «ingresos propios» es de mejor calidad que una que no los tiene, favorece a las universidades privadas respecto a las públicas. Con todo esto se están comparando universidades que no pueden ser comparadas. La objeción central en este aspecto es que el ranking MIDE convierte correlación en causación, dice que si dos cosas ocurren simultáneamente, una es causa de la otra (por ejemplo, que jugar bien Saber Pro es causado por estar matriculado en una universidad de calidad).

Docentes con doctorado y docentes con posgrado son indicadores no independientes. Paradójicamente, lo que caracteriza a una universidad “de garaje» (de negocio) es depender de profesores por horas y poseer una gran nómina informal. El ranking MIDE no intentó contabilizar esos contratos. Se recalcan indicadores irrelevantes de la calidad de una universidad, se “cuantifican” cosas que son atributos de los estudiantes, sus familias y su pertenencia social y se hacen pasar como atributos de las universidades. Pero se omiten aspectos esenciales, como la nómina informal de profesores. Un aspecto esencial a considerar, pero que se omite es el siguiente: ¿en qué medida los sistemas curriculares permiten el libre desarrollo de las más diversas fortalezas individuales de los alumnos?, ¿en qué medida la dirección central de la universidad protege y estimula culturas curriculares que estandarizan y controlan el trabajo de los alumnos?, en últimas ¿cuál es el grado de libertad con el cual las personas que asisten a la institución realizan su trabajo?

La publicación de MIDE, independiente de la validez del modelo y de la calidad de la medición como tal, merece criticarse desde el punto de vista del “debido proceso”. Los resultados tienen efectos de “premios” y “castigos”, por lo tanto los implicados por cualquier veredicto tienen derecho a conocer las pruebas y a controvertirlas antes de la asignación oficial de la “medalla” o la “condena”. La apelación, la solicitud formal de aclaración y la posibilidad real de rectificación son componentes esenciales del debido proceso.

Dos “colombianadas” típicas en el campo académico son prometer resultados de investigaciones que se quisieran realizar, y anunciar resultados sin tener seguridad de su validez. Desde el punto de vista de las debidas prácticas investigativas, un nuevo modelo o instrumento debe someterse a pruebas antes de divulgarse y usarse oficialmente, debe haber una etapa preliminar de experimentos y validaciones antes de la publicación. También tiene su aspecto jurídico: la norma debe tener un proceso riguroso de discusión y decantación antes de oficializarse y de aplicarse. Jurgen Habermas (en Conciencia Moral y Acción Comunicativa) y otros autores dan como criterio de validez de una norma su aceptación por los involucrados. Nada de esto se hizo con MIDE: elaboró un procedimiento cuestionable, lo implementó y publicó los resultados saltándose el debido proceso jurídico y las buenas prácticas investigativas. Lo mismo que hace Colciencias desde tiempos inmemoriales.

MIDE recoge todo lo cuestionable de los ranking internacionales, de la “calidad” y la “medición”, y lo empeora con muchos elementos de “innovación nacional”. Claudine Haroche (en O Inavaliável em uma Sociedade de Desconfiança), presenta citas de Yves Charles Zarka (de Qu’est-ce que Tyranniser le Savoir? y L’évaluation: un Pouvoir Suposto Saber). Refiriéndose a las mediciones del saber, escribió que “Zarka menciona que “la evaluación es siempre subjetiva y relativa”, pero que esta “subjetividad… debe permanecer escondida” y que, por este motivo, “procura esconderse detrás de una matemática”. Insiste sobre el hecho de que “la evaluación (…) mide otra cosa”. Pensemos que esa otra cosa corresponde, entre otras, a la parte imposible de observar que protege la interioridad del individuo: la evaluación realmente realiza… “una inquisición de la interioridad”, con el fin de gobernar tanto a los individuos como sus comportamientos, actuaciones y reflexiones,…”.

 

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Ley de desmunicipalización de la educación en Chile: nada nuevo bajo el sol

Javier Insunza

La ley de Nueva Educación Pública, más conocida como ley de desmunicipalización, tiene distintas lecturas. La derecha liberal no ha dudado en tildarla como centralista y la NM la ha posicionado como el camino final para finiquitar la deuda histórica con la educación pública. El debate, hasta el momento, se ha concentrado en este vaivén sordo y alejado del origen de las demandas y problemas a los que supuestamente responde este proyecto.

El desarrollo del sistema escolar chileno ha vivido en los últimos 20 años una pérdida progresiva de matrícula. Menos alumnos/as, menos profesores, menos espacios y proyectos públicos. La reducción programada de la matrícula pública es consecuencia de la ausencia de una política que releve el rol de la Educación Pública dentro del proyecto país. Hoy la respuesta del sistema político a la Educación Pública sigue siendo el desarrollo de ajustes a la forma de administración, en vez de desarrollar un proyecto educativo para el país.

Este no es el primer intento de desmunicipalización, sino que se enmarca en una serie de proyectos fallidos presentados al Congreso.

El 2008 lo hizo la Presidenta Bachelet y el 2011 el Presidente Piñera. Ambas iniciativas legales eran muy similares a la que actualmente se discute en la Cmisión de Educación del Congreso. El proyecto actual –a pesar de ser el más desarrollado de los tres– no presenta mayores modificaciones en los principios, lógicas y estructuras orgánicas respecto a los proyectos presentados en gobiernos anteriores. Las tres iniciativas proponen un cambio en la figura del sostenedor del sistema público de educación, fortaleciendo los espacios “intermedios” de gestión, especializándolos técnicamente e incluyendo –solo la actual propuesta– la participación consultiva de algunos órganos de la sociedad civil. En ninguno se mencionan dos factores centrales de la crisis del sistema: los mecanismos de financiamiento y el sistema de gestión.

¿Será capaz el Proyecto de Ley de Desmunicipalización presentado por el Ejecutivo de revertir la tendencia negativa de la educación pública, constituyéndose como un punto de base para el despegue de un sistema de educación pública preferente y protagónico? Esa es la urgencia, ya que la matrícula pública no deja de caer intencionadamente y la ley deja un escaso margen de “recuperación” para el sector público por los plazos de transición al nuevo modelo declarado en la Ley de Inclusión. Estos otorgan tiempo suficiente para consolidar el crecimiento del sector particular subvencionado, profundizando la tendencia a la caída de la matrícula municipal. Los 10 años de plazo que entrega la ley a los establecimientos particulares para cumplir con los distintos requerimientos descritos por la ley podrían impactar en la disminución de la matrícula de administración pública –hoy municipal– hasta un 30% de la matrícula total.

La evidencia y la experiencia son claras. El sistema de financiamiento vía voucher de la Educación Escolar profundiza la desigualdad de la sociedad chilena e intensifica la competencia entre escuelas. Por otra parte, la consolidación y profundización de los sistemas de gestión escolar basados en la rendición de cuentas (accountability) –factor de crisis muchas veces invisibilizado en el debate en torno a la problemática– se ha convertido en la base de la política pública en educación post-Ley General de Educación (LGE), fortaleciendo los mecanismos de control externo y la lógica de la desconfianza hacia las comunidades escolares.

La permanencia de una matriz neoliberal en el seno del proyecto de ley mantiene lógicas de financiamiento y administración que tienen impactos directos sobre la conformación y el desarrollo de las relaciones pedagógicas en la escuela, al mismo tiempo que consolida factores que han sido claves para explicar el descenso progresivo de la matrícula municipal y la ausencia de un proyecto público comunitario con perspectiva país de educación escolar. La ausencia de esta perspectiva de desarrollo condena a la deriva el posible establecimiento de un proyecto de educación nacional que se escape de los intereses corporativos particulares, con escasa o nula capacidad de romper con las lógicas de desigualdad que nos caracterizan.

El desafío para los distintos actores sociales que se han posicionado la problemática educacional en el debate nacional es levantar una crítica directa y sin titubeos. En el caso del movimiento docente, es clave que la presidencia del Colegio de Profesores no sea un agente que respalde una política que tenderá a consolidar el proceso de disminución progresiva de la matrícula pública en Chile. El respaldo acrítico y complaciente con el actual proyecto de ley solo contribuirá a la consolidación de un modelo que privilegia el desarrollo de proyectos privados. En este sentido, la necesidad de consolidar un proceso crítico ante el proyecto de ley de desmunicipalización no puede reducirse a críticas vinculadas a aspectos específicos de la iniciativa presidencial, sino que debe ser capaz de proyectar el problema complejo que significa renunciar como país a la construcción de un sistema de educación escolar que otorgue preferencia al desarrollo de una educación pública transformadora, crítica y comunitaria que se asocie a un proyecto país.

La agenda gubernamental en Educación comienza a agotarse, y vemos cómo, lamentablemente, la nueva legislación consolida los patrones de acción inicialmente criticados. En este panorama, no queda margen de defensa a un proyecto como este, que privilegia la modificación de las condiciones de administración como un factor central para el cambio de tendencia en el desarrollo del sistema escolar chileno. Lamentablemente, las cifras y la historia no lo respaldan ni lo respaldarán.

La densidad del problema y la complejidad de la demanda por su solución, deja al proyecto de ley al debe, en tanto diseña una solución a partir de la creencia pura en la gestión técnica de la educación y la competencia entre escuelas, despojándose definitivamente de una solución que coloque en el centro las dimensiones pedagógicas y democráticas del cambio educativo.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/04/25/ley-de-desmunicipalizacion-nada-nuevo-bajo-el-sol/

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