Por Emilia Trabucco
A cincuenta años del 24 de marzo de 1976, la historia argentina vuelve a plantear una pregunta estratégica: cómo se reorganiza, en una nueva fase, un programa de aniquilamiento contra las fuerzas sociales y políticas que disputan soberanía, derechos y poder popular. El último golpe cívico-militar fue la forma concreta que asumió, en la Argentina y en toda la región, una contraofensiva del gran capital articulada con la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
El Plan Cóndor condensó esa arquitectura: coordinación represiva, inteligencia, secuestros, torturas, asesinatos, persecución transfronteriza y reestructuración económica al servicio del capital financiero internacional. En la lectura recuperada a partir de los aportes del CICSO, la “tesis de la subversión” otorgó legalidad institucional a una guerra de exterminio preventiva, dirigida contra un pueblo trabajador que había alcanzado altos niveles de organización y lucha.
En esa misma línea, las lecturas sobre la etapa permiten precisar que la ofensiva de 1976 constituye la respuesta de la oligarquía financiera a las luchas de masas abiertas a partir de 1969, en un proceso de reacomodamiento estructural del capital que reorganiza sus formas políticas en torno a la construcción de un partido del orden, capaz de garantizar la estabilización de su dominación a escala nacional y regional (Feito, 2026).
Ese núcleo no quedó sepultado en 1983. Se reactualiza hoy bajo otras formas, con otras mediaciones y un nuevo lenguaje. El régimen de Javier Milei viene desplegando una estrategia sostenida de reconfiguración doctrinaria, jurídica y represiva del Estado argentino, subordinada a un plan regional e internacional, hoy conducida por la aristocracia financiera y tecnológica, personificación emergente de la nueva fase del capital en curso (Aguilera, 2023).
La figura del enemigo interno ya no se nombra prioritariamente como “subversivo”; se la nombra como “terrorista”, “narcoterrorista”, “infiltrado”, “violento”, “amenaza híbrida”. El desplazamiento semántico no modifica la función: aislar, perseguir, judicializar y aniquilar proyectos, organizaciones y referencias del campo popular, mientras se descargan sobre las mayorías las consecuencias de un programa de saqueo, endeudamiento y disciplinamiento social. Esa doctrina de las “nuevas amenazas” borra los límites entre defensa nacional y seguridad interior y reorganiza la intervención estatal sobre la propia población.
La guerra desplegada por el régimen sionista de Israel ocupa un lugar central en este proceso. El genocidio en curso contra el pueblo palestino, los ataques a Irán, el bloqueo sobre Cuba y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores en enero de 2026 configuran un escenario de guerra total que ordena las alianzas internacionales y redefine las doctrinas de seguridad. En ese marco, la categoría de “terrorismo” funciona como organizador político global y como criterio de intervención sobre pueblos y gobiernos.
La Argentina se integra activamente a ese esquema. El Memorándum firmado por Milei con Netanyahu el 12 de junio de 2025, en materia de inteligencia, ciberseguridad y lucha contra el terrorismo, articula la política interna con la estrategia del régimen sionista y de Estados Unidos. La definición pública de Milei como “el presidente más sionista del mundo”, junto con la caracterización de Irán como enemigo, -acusando públicamente a su gobierno, sin pruebas, de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel en los 90-, expresa un alineamiento doctrinario que ordena decisiones concretas en materia de seguridad, defensa e inteligencia.
El punto de inflexión interno fue el DNU 941/2025, firmado el 31 de diciembre de 2025 y publicado el 2 de enero de 2026. Con el Congreso en receso, el Ejecutivo modificó la Ley de Inteligencia Nacional, redefinió la estructura del sistema, amplió las funciones de la contrainteligencia sobre “espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia”, reforzó la ciberinteligencia y profundizó la articulación entre agencias civiles y militares. La vigilancia se expande sobre la vida política y social en el mismo momento en que, tres días después, el 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses secuestraron en Caracas a Nicolás Maduro y Cilia Flores para trasladarlos a Nueva York. La simultaneidad expresa una misma secuencia de guerra, inteligencia y disciplinamiento a escala regional.
En ese mismo movimiento se inscribe la reconfiguración del aparato de inteligencia, con la restitución de una estructura de la SIDE que retoma lógicas, cuadros y métodos de los períodos más oscuros de la historia argentina. La ampliación de fondos reservados y discrecionales, sin control democrático efectivo, habilita el despliegue de tareas de espionaje interno, infiltración y persecución sobre organizaciones sociales, sindicales y políticas. La inteligencia deja de operar como sistema de análisis para consolidarse como dispositivo activo de intervención sobre el conflicto social, en articulación directa con fuerzas de seguridad, milicias digitales y operadores judiciales. Esta reconfiguración se integra a un esquema de cooperación subordinada con agencias como la CIA y el Mossad, que orientan doctrinaria y operativamente la definición de amenazas, los objetivos de vigilancia y los blancos a neutralizar.
La continuidad del plan de gobierno en Argentina puede leerse con nitidez en los hechos de 2025. La visita del jefe del Comando Sur el 7 de mayo; la llegada de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos el 28 de julio; la SOUTHDEC de agosto; la Resolución Conjunta 68/2025 que institucionalizó la coordinación entre Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad; el Operativo Roca, el Plan Güemes y el Plan Guacurarí; la reforma por decreto de la Policía Federal y de las fuerzas federales; el protocolo de agentes encubiertos digitales del 16 de julio. Se configura una arquitectura de militarización, vigilancia y control territorial bajo categorías como terrorismo, crimen transnacional y ciberseguridad, directamente vinculadas a la agenda de Estados Unidos en la región.
Ese aparato doctrinario se traduce directamente en la construcción del enemigo interno. El sindicalismo que enfrenta la reforma laboral, el movimiento transfeminista, las organizaciones sociales, el kirchnerismo, la izquierda, el comunismo, el socialismo, las comunidades indígenas, las y los estudiantes organizados y los periodistas críticos son incorporados a un mismo campo de sospecha. La etiqueta “terrorista” funciona como mecanismo de homogeneización y habilita la intervención estatal.
En la calle, esa doctrina se volvió método. La represión a la movilización de jubilados del 12 de marzo de 2025 dejó centenares de heridos -entre ellos al fotoperiodista Pablo Grillo, al borde de la muerte- y detenciones arbitrarias. En febrero de 2026, la protesta contra la reforma laboral fue reprimida y judicializada con denuncias por terrorismo y atentado al orden constitucional. La persecución se extiende: docentes citados por contenidos, estudiantes fotografiados, militantes investigados por redes sociales, periodistas hostigados en espacios públicos, personas perseguidas por expresiones en redes. La inteligencia, las fuerzas de seguridad y las milicias digitales operan de manera articulada.
La causa palestina condensa esta operación. Denunciar el genocidio es traducido como antisemitismo o terrorismo. La DAIA interviene en la producción de listas negras de periodistas, docentes y militantes, utilizadas para hostigamiento y disciplinamiento con aval estatal. La solidaridad internacionalista queda incorporada al campo de las amenazas.
En este escenario, adquiere centralidad la conducta de las fuerzas llamadas progresistas en la región. Amplios sectores transitan una estrategia de adaptación que busca evitar la estigmatización como “comunistas” o “terroristas”. Se despliega una política de moderación que combina silencios frente al bloqueo a Cuba, ambigüedad ante el secuestro de Maduro y Cilia, pronunciamientos formales frente al genocidio en Palestina y los ataques a Irán. Esa performance de solidaridad vacía delimita un campo de acción restringido, en el que la “ancha avenida del medio” aparece como refugio político.
Ese posicionamiento configura una encerrona. Al aceptar las reglas impuestas por el gran capital y la estrategia imperial, se debilitan las condiciones para disputar el orden. La expectativa de no ser alcanzados por el disciplinamiento una vez neutralizados los “malos ejemplos” desconoce la lógica de la dominación en la región. La ofensiva avanza sobre todo el campo popular.
A cincuenta años del golpe, la continuidad del programa se expresa en la articulación entre guerra global, inteligencia, militarización y construcción del enemigo interno. El terrorismo ocupa hoy el lugar que ocupó la subversión en 1976: organizar la intervención estatal, legitimar la persecución y disciplinar a la sociedad. La consolidación de un partido del orden en la región aparece como el intento más avanzado de las fracciones dominantes para estabilizar un nuevo momento de subordinación. Allí se define, nuevamente, la disputa estratégica.
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