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¿Por qué no hablamos de menopausia en las universidades?

Por: Sofía García-Bullé

Para cualquier institución es más costoso capacitar talento nuevo que ofrecer la flexibilidad que las académicas necesitan para continuar su carrera.

El talento humano es uno de los recursos más importantes de empresas, organizaciones y universidades. Una parte importante de este talento es conformado por mujeres. En Australia, el 54.7 % de los catedráticos o profesores de medio y bajo rango son mujeres, en Canadá es el 41 %, en Europa 41.3 %, y en Estados Unidos 49.7 %. Este número cae drásticamente al avanzar a las posiciones de liderazgo. Solo el 33.9 % de las catedráticas australianas son de nivel sénior; en Canadá solo 28 % son profesoras de alto rango; en el caso de Europa, tan solo el 23.7 % de las mujeres son de grado A y en Estados Unidos, el 34.3 % ocupan posiciones altas en instituciones de enseñanza.

Si hay tantas mujeres en las posiciones medias y bajas de la academia, ¿qué pasa en su camino a los puestos de mayor calibre? ¿Por qué tan pocas llegan? ¿Qué es diferente en sus carreras profesionales en comparación con sus compañeros varones? La respuesta es una carencia que aún en la segunda década del siglo XXI, sigue impactando la carrera profesional de muchas mujeres. Las universidades aún no encuentran la forma de aprovechar al máximo el potencial de las académicas porque todavía no se han integrado eficientemente dos transiciones importantes de las mujeres a la cultura laboral de la academia: la maternidad y la menopausia.

Las mujeres terminan desapareciendo de las universidades cuando es momento de ascender a mejores posiciones laborales porque están ocupadas iniciando una vida familiar o ajustándose a los cambios que implica avanzar una fase en su ciclo biológico. No hay cultura social y laboral que les de un soporte efectivo. Tradicionalmente se ha considerado que cualquier mujer que ambicione tener una familia deberá elegir entre este propósito y su carrera. Hoy sabemos que esta costumbre social impuesta pone a las mujeres profesionales en una desventaja sistemática en comparación con sus homólogos masculinos, pero más que eso, en el caso de las universidades, priva a estas instituciones educativas de al menos la mitad de sus productoras y transmisoras de conocimiento.

No es trato especial, es retención de talento

Uno de los mayores argumentos contra la implementación de políticas más flexibles para periodos de maternidad y paternidad es que estos esfuerzos son leídos como privilegios, como trato especial, una recompensa que beneficia a alguien que pensamos que “no se lo ganó”.

“Las prestaciones de maternidad extendida pueden impulsar la productividad de las mujeres y regresar la inversión al paso del tiempo”.

El primer paso para una mejor retención de talento para aquellas personas que compaginan el trabajo con el cuidado de una familia, (especialmente las mujeres, dado que ellas están más atadas a este rol por estereotipos de género) es dejar de ver la maternidad y la paternidad como un privilegio innecesario y empezar a verlo como parte de un presupuesto operativo. En términos de protección de capital y recursos de cualquier empresa u organización, cuesta más la salida de una persona con las habilidades, capacitación y experiencia para realizar un trabajo.

Esto implica que tendría que abrirse un proceso de contratación desde cero para llenar el puesto, procurar aplicantes, concertar entrevistas, contratar a una persona nueva, capacitarla y esperar a que su experiencia equipare con la persona que dejó el puesto para atender necesidades de maternidad o paternidad. Todo este proceso requiere de más tiempo, trabajo y dinero que simplemente ofrecer facilidades que permitan a los empleados cumplir con sus responsabilidades familiares a la par de las laborales.

Un estudio liderado por Vera Troeger, profesora de economía en la Universidad de Warwick, encontró que las universidades con mejores prestaciones de maternidad estaban mejor calificadas para retener el talento femenino. Gracias a estas políticas, más mujeres permanecían en estas universidades para eventualmente convertirse en profesoras con experiencia, mejorar sus contribuciones y percibir mejor sueldo y prestaciones. “Las prestaciones de maternidad extendida pueden impulsar la productividad de las mujeres y regresar la inversión al paso del tiempo”, explicó Troeger, agregando que estas medidas implican la adición de una fuerza de trabajo que podría aumentar la productividad no solo de empresas y organizaciones, sino de países enteros.

En algunas ocasiones, académicas han hablado de cómo los permisos extendidos de maternidad y el cambio de ritmo al integrar la dimensión familiar con la profesional las hizo tener una mejor experiencia laboral y ayudó a subir su nivel como académicas. Como es el caso de la experiencia personal de una investigadora anónima que relató su experiencia para The Guardian.

Sin embargo, las políticas para permisos de maternidad y las instancias que ayudan a mujeres a integrar su dimensión familiar con la profesional, siguen siendo muy dispares. No hay un consenso que establezca una base de la cual partir para discernir entre las prestaciones mínimas, las promedio y las máximas. Hay universidades que apoyan a sus académicas en este momento de transición y otras que se quedan en los límites legales de lo que tienen que hacer cuando un miembro de la organización empieza una vida familiar. Sin embargo, ya podemos decir que hay una conversación continua para normalizar la búsqueda del equilibrio entre la maternidad y el desarrollo profesional, ya es un tema que existe en el pensamiento colectivo y del cual se habla constantemente. No podemos decir lo mismo de la siguiente transición importante en la vida de toda mujer profesional, la menopausia.

El éxodo femenino profesional

A los 50 años, muchos profesionales ya están ocupando cargos de dirección, son dueños de empresas, decanos, presidentes de universidades… esto si son hombres. De acuerdo al Times Higher Education, de las 200 mejores universidades del mundo, solo el 14% son dirigidas por mujeres.

Lo anterior responde a una serie de problemáticas más complejas, pero dentro de este contexto, una de las principales causas por las que las mujeres no llegan comúnmente a ser decanas o presidentes de instituciones de educación superior es, en primera instancia, esa disrupción en sus carreras cuando inician una vida familiar. Esto reduce significativamente la población de mujeres con la posibilidad de formar una trayectoria profesional que las haga elegibles para un puesto de alto liderazgo. Pero aún las que quedan en ese selecto grupo que pudo continuar avanzando en su carrera tienen que enfrentar una segunda disrupción de la que se habla poco: la menopausia.

“Fue muy diferente de cuando estuve embarazada — durante ese tiempo no pensaba dos veces en confesar falta de concentración y fatiga. Hombres y mujeres reían y se mostraban comprensivos a mis experiencias”.

El cambio en el balance hormonal, y por ende las capacidades físicas de las mujeres, llega antes que en el caso de los hombres. Esto no quiere decir que los académicos varones entre 45 y 55 años no tengan retos relacionados con su salud. Los hombres en ese rango de edad tienen un mayor riesgo de desarrollar hipertensión, problemas de colesterol, complicaciones coronarias, diabetes y cáncer de próstata. Pero en el caso de los hombres, estas cuestiones de salud no son tan visibles en el espacio laboral, y no implican un cambio significativo en la dinámica laboral.

Las áreas de oportunidad que tienen los académicos al pasar al siguiente rango de edad están normalizadas, porque hay muchos de ellos pasando por lo mismo. Por ejemplo, desde el punto de vista de la mayoría social en la academia, es mucho más fácil comprender la necesidad de un catedrático sénior de tomar un tiempo de descanso tras una cirugía ventricular o un tratamiento oncológico, razones por las que se vería prudente que redujera las horas de trabajo. Veríamos normal que su desempeño disminuyera dentro del marco de ese horario reducido.

Pero, ¿pensaríamos lo mismo de una mujer cuyo problema es un desbalance hormonal? La menopausia usualmente viene acompañada de ansiedad, menor capacidad de concentración, bochornos, entre otros síntomas comunes de esta etapa. La menopausia es una condición de salud tan común como las mencionadas anteriormente. Sin embargo, estos síntomas suelen categorizarse como histeria femenina (desbalance hormonal), falta de atención o interés (capacidad de concentración), mal carácter e incapacidad para trabajar en equipo (ansiedad).

Esto pasa porque hablamos mucho de enfermedades cardiacas, hipertensión y niveles de colesterol, pero no hablamos nada sobre el ciclo menstrual, y menos todavía, sobre la menopausia. El tema sigue siendo tan tabú que una buena parte de las personas que escriben o participan en textos que hablan de los efectos de la menopausia en las académicas, sus implicaciones en su vida laboral y la falta de herramientas en las universidades para manejar estas cuestiones, han decidido permanecer anónimas.

Jeneva Patterson, docente sénior en el Centro para el Liderazgo Creativo en Bruselas, Bélgica, es una de las pocas que se atreve a usar su nombre al hablar del tema en foros públicos de nicho para especialistas en educación. En un artículo para el Harvard Business Review, habla de su experiencia personal con la menopausia. “Fue muy diferente de cuando estuve embarazada — durante ese tiempo no pensaba dos veces en confesar falta de concentración y fatiga. Hombres y mujeres reían y se mostraban comprensivos a mis experiencias”. Patterson explica que esta diferencia la orilló a no revelar el motivo real de repetidas llegadas tarde a juntas porque se extraviaba en el camino, asignar dos o hasta tres eventos el mismo día y hora en el calendario, perder vuelos y olvidar lo que algún compañero le decía tan solo unos minutos antes.

El temor de Patterson, compartido por el de todas las mujeres a las que entrevistó para escribir el artículo, viene de esta diferencia que define en su texto. Para las mujeres profesionales no es lo mismo decir que necesitan un cambio de horario y carga de trabajo porque van a ser madres, que cuando lo necesitan porque están entrando en la menopausia. Un estudio auspiciado por el Instituto de Trabajo, Salud y Organizaciones de la Universidad de Nottingham, encontró que existe una alta probabilidad de que la relación de una mujer profesional con su equipo de trabajo se vuelva hostil si revela su condición de menopausia.

En los espacios de trabajo con buenas prácticas laborales, está normalizado ofrecer una estructura que permita a las mujeres, y en el mejor de los casos a los hombres, crear un equilibrio entre las responsabilidades de trabajo y la vida familiar. La menopausia, en cambio, no está normalizada, por lo que los espacios de trabajo aún no cuentan con prácticas de concientización, soporte y empatía que se traduzcan en políticas de apoyo para las profesionales que pasan por este proceso biológico.

“En mi caso tengo solo dos opciones: Aceptar el hecho de que soy tratada como un parásito, esconderme y sentirme agradecida por ser tolerada, o tomar el golpe financiero de un retiro prematuro. Pronto tendré que conformarme con una de estas”.

Las universidades no son la excepción. Una académica que eligió permanecer anónima, aportó al discurso público sobre el tema con un texto para el Times Higher Education. En el texto comparte su experiencia personal sobre cómo la falta de conocimiento y comprensión hacia su condición menopáusica ha provocado conflictos entre ella, su equipo de trabajo y sus superiores. La académica detalla que una de las prácticas más comunes en las organizaciones con mujeres en el rango de edad de menopausia, es sugerirles cambiar su carga de trabajo a medio tiempo o “invitarlas” a retirarse antes de completar los años requeridos para una pensión completa. Ambas opciones generan un fuerte impacto en el presente y futuro financiero de las mujeres profesionales, carga que no es compartida por sus compañeros varones.

“En mi caso tengo solo dos opciones: Aceptar el hecho de que soy tratada como un parásito, esconderme y sentirme agradecida por ser tolerada, o tomar el golpe financiero de un retiro prematuro. Pronto tendré que conformarme con una de estas”. Para la académica, esta situación es tan simple como terminantemente dura. Una mujer menopáusica tiene necesidades especiales, mientras esto no sea reconocido y llevado a la misma normalización de la que hoy en día disfruta la maternidad, va a seguir siendo un tema del que las mujeres se avergüencen, sea mal visto, genere bullying y malas prácticas laborales.

Crear espacios de trabajo que aprovechen el potencial de las mujeres que viven con menopausia empieza por hablar abiertamente sobre el tema. Entre más mujeres lleven el tema a la conversación, más se creará conciencia sobre las necesidades de las mujeres en esta etapa y el predominante sentimiento de vergüenza que las caracteriza irá perdiendo fuerza. Tanto empresas, organizaciones, y universidades, deben estar dispuestas a hacer los cambios necesarios que les permitan a las mujeres permanecer en la fuerza de trabajo, lo cual también es benéfico para sus empleadores quienes no tendrán que perder la inversión en capital humano cuando una mujer con menopausia sale de su puesto.

Espacios de descanso, horarios flexibles, una cultura de trabajo empática y abierta a aprender, es todo lo que se necesita para ofrecer una plataforma de continuidad laboral a las mujeres que experimentan la menopausia. Las universidades, dentro de su rol de productoras de conocimiento y espacios de aprendizaje, tienen una mayor responsabilidad de ofrecer recursos que cimenten la equidad, pero también pueden ser los primeros en beneficiarse de una fuerza de trabajo en la que más de la mitad de su miembros sigue presente y aportando conocimiento después de los 50 años.

Fuente e imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/maternidad-menopausia-universidades

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Las revoluciones científicas de Kuhn y el cambio de paradigma en educación

Por: José María Barroso Tristán

Thomas Kuhn profundizó en su libro La estructura de las revoluciones científicas (2004) sobre el concepto de paradigma, situándolo como un elemento fundamental para poder comprender cómo se produce el avance del conocimiento a través de las estructuras científicas. Para Kuhn el término paradigma adquiere significados en dos sentidos distintos:

Por una parte, significa toda la constelación de creencias, valores, técnicas, etc., que comparten los miembros de una comunidad dada. Por otra parte, denota una especie de elemento de tal constelación, las concretas soluciones de problemas que, empleadas como modelos o ejemplos, pueden remplazar reglas explícitas como base de la solución de los restantes problemas de la ciencia normal. (Kuhn, 2004, p. 269)

Basados en esa constelación de creencias, valores y técnicas compartidas, los diferentes paradigmas científicos asientan una (micro)cultura de la investigación que les proporciona una serie de certezas y herramientas, que proporcionan cohesión interna al paradigma, y que sirven para dar respuesta a las incógnitas que se van presentando. Sin embargo, con el paso del tiempo, la ampliación del conocimiento por parte del paradigma se va estancando debido a los cambios sociales, el avance en otros campos científicos y porque sus mecanismos internos ya no son capaces de dar respuesta a los fenómenos analizados, comenzando a encontrar anomalías1, también llamadas crisis por Thomas Kuhn. Es decir, el paradigma ya no puede continuar avanzando en la generación/profundización de conocimientos debido a que las creencias, valores y técnicas compartidas ya no son capaces de atender a las características especiales de los fenómenos analizados, no encajan en la cosmología global de la base epistemológica contemporánea y sus retos en la sociedad. Es entonces cuando comienzan a surgir nuevas constelaciones, paradigmas, que producen un cambio en la base filosófica de los grupos científicos para adaptarse a los cambios surgidos tanto en la sociedad como en el conocimiento generado por otras disciplinas. Es en este momento cuando surgen las revoluciones científicas:

(…) cuando la profesión no puede pasar por alto ya las anomalías que subvierten la tradición existente de prácticas científicas— se inician las investigaciones extraordinarias que conducen por fin a la profesión a un nuevo conjunto de compromisos, una base nueva para la práctica de la ciencia. Los episodios extraordinarios en que tienen lugar esos cambios de compromisos profesionales son los que se denominan en este ensayo revoluciones científicas. Son los complementos que rompen la tradición a la que está ligada la actividad de la ciencia normal. (Kuhn, 2004, p. 27).

Aterrizando la discusión en el campo de la educación, los sistemas educativos han estado regidos durante más de un siglo por el paradigma conductista, el cual se basa en la creencia de que mediante un proceso “correctamente” mecanizado de la enseñanza se puede producir el aprendizaje de todos los estudiantes. La afirmación del paradigma conductista como estructurador de los procesos educativos está relacionada también con las condiciones sociales que existían en el momento de su implementación. Por un lado, motivado por el éxodo rural, ya que era necesario alfabetizar a todas las personas que llegaban del campo para que pudiesen trabajar en el mundo industrial. Por otro lado, debido al reciente derecho al acceso a la educación pública para todos, ya que mediante este paradigma se podía dar clase a grandes cantidades de estudiantes con un solo docente, pues el proceso era mecanizado desde su inicio hasta el final. Finalmente, por la finalidad social de la educación en aquel momento, en el que se entendía que la educación debía estar dedicada a la adquisición de unos conocimientos estáticos, ya que no se tenía la consideración de que los sistemas educativos debiesen formar a los ciudadanos para interiorizar prácticas democráticas y tener conocimiento sobre las organizaciones que ejercen poder en la sociedad, tales como los medios de comunicación, para fomentar un pensamiento crítico que permitiese la mejora social.

Desde su perspectiva puramente pedagógica, la lógica conductista lleva implícita la idea de que las características individuales de los estudiantes no son una variable importante a tener en consideración para los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que nos aboca inevitablemente a un proceso homogeneizador en el que se espera que todos los estudiantes reaccionen de la misma manera a una acción educativa dada, como si de un elemento químico se tratasen, y en el que el papel del estudiante se reduce a un rol pasivo de recepción acrítica de una serie de conocimientos considerados como únicos y objetivos al provenir de una única fuente de información, el curriculum educativo, que es aplicado por el docente directamente o mediado por la herramienta estrella del paradigma conductista, el libro didáctico.

Esta constelación de creencias no solamente incide sobre el proceso didáctico de la educación, sino sobre todos los elementos que dan forma a los sistemas educativos como las infraestructuras escolares, los recursos didácticos, las ratios docente-estudiantes, el sistema unidisciplinar o la ausencia de lógicas democráticas dentro de los procesos educativos. Es decir, el paradigma imperante en los sistemas educativos no solamente marca las directrices del proceso educativo en el aula, sino que de él dependen también los condicionantes físicos y las características que enmarcan al proceso en sí para adaptarse a la constelación de creencias de dicho paradigma.

Así como anunció Kuhn, el paradigma conductista también acabó enfrentándose a anomalías, o crisis, ante las que ya no podía responder debido a los cambios sociales y los avances en el conocimiento, tanto al interior de la ciencia educativa como a otras externas. La sociedad tuvo fuertes cambios, especialmente con la llegada de la globalización, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo de internet, lo que conllevó a modificaciones del papel de la educación en la sociedad, al dejar de ser una de las únicas y principales fuentes de acceso al conocimiento y tener que pasar a aportar, además de conocimiento, habilidades y capacidades críticas para un mundo hiperinformado a través de medios de comunicación con intereses privados.

En este contexto de cambios sociales y del surgimiento de anomalías en el paradigma, la psicología, ciencia que había asentado las bases para el conductismo, produjo una revolución científica para dar respuesta a estas crisis, surgiendo el paradigma constructivista que, dentro del campo educativo, puede ser sintetizado por el siguiente principio enunciado por Ausubel, Novak y Hanesian (1983, p. 1): “si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese consecuentemente”. Este cambio fundamental del paradigma constructivista con respecto al conductista produce un terremoto en las creencias teóricas sobre el mundo educativo y las implicaciones que las bases teóricas contienen sobre la praxis.

Situar el conocimiento previo que tiene el estudiante como el elemento fundamental para poder producir su aprendizaje, supone que el proceso educativo tenga que adaptarse a una temporalidad y características diferentes con respecto al paradigma conductista, donde las particularidades de los estudiantes no eran consideradas importantes para lograr el objetivo final de la educación, el aprendizaje. Las ratios docente-estudiantes, por ejemplo, están legisladas bajo una lógica conductista de la educación en la que no es necesaria la participación de los estudiantes para la construcción del proceso educativo, teniendo un máximo de 25 estudiantes en primaria, de 30 en secundaria y de 25 para bachillerato. Estos máximos son tomados de la legislación española, siendo muy similares en el resto del ámbito iberoamericano. La cantidad de estudiantes limita la posibilidad de acción del docente, dificultando que pueda acceder al conocimiento previo de los estudiantes para poder elaborar procesos educativos que se adapten a las características singulares de los estudiantes para producir aprendizaje significativo en ellos. Como consecuencia, no se puede hacer frente al pluralismo epistemológico que emana de la singularidad y diversidad de los estudiantes, por lo que se sigue manteniendo un sistema de enseñanza basado en la unidireccionalidad del proceso en el que el docente sigue siendo el protagonista en la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje, produciendo un monismo epistemológico, en detrimento de los factores epistémicos, didácticos y motivacionales con respecto al aprendizaje que fundamentan el constructivismo. Junto a estas características, otras como el sistema unidisciplinar o la ausencia de elementos democráticos en el aula siguen ancladas en la lógica del paradigma conductista aun cuando es la propia legislación educativa la primera en asumir los principios constructivistas.

En esta transición entre paradigmas, las condiciones estructurales heredadas del paradigma anterior permanecen en el tiempo dando forma a la organización educativa, lo que frena la implementación de los conceptos teóricos y prácticas del nuevo paradigma. Esto dificulta la transición entre paradigmas al parecer en un inicio que el nuevo paradigma no es efectivo y eficiente para la finalidad deseada, el aprendizaje. El nuevo paradigma tiene que adaptar sus teorías y herramientas a un ambiente y condiciones que no le son propias, lo que impide que pueda ser desarrollado con su máxima potencialidad. Añadido a ello, y debido a la ausencia de planes nacionales efectivos de implementación de las nuevas lógicas educativas, la aceptación/implementación de las nuevas metodologías y teorías del aprendizaje por parte de los docentes son dispares, provocando que exista al interior del sistema educativo incoherencia entre los estilos docentes, estando, por una parte, los profesores que continúan anclados al antiguo paradigma y, por otro, los que se aventuran a desarrollar las nuevas metodologías en un ambiente que no es propicio para ello. De esta manera, desde la perspectiva del estudiante, se genera un panorama en el que no existe una armonía ni coordinación con respecto a las finalidades del proceso educativo ni en la forma de abordarlo por parte de la docencia, lo que va en perjuicio de los aprendizajes y del funcionamiento de la sociedad.

Durante este periodo de transición, la educación y la sociedad, al depender su funcionamiento de la formación ofrecida por la primera, se ven en un periodo de crisis en el cual, el sistema educativo no puede afrontar con todas las garantías los procesos de enseñanza-aprendizaje, provocando que la sociedad se resienta ante una ausencia de una formación educativa que prepare a los ciudadanos para afrontar los retos sociales que plantea el presente. El papel de la escuela como lugar exclusivo para la adquisición del conocimiento ya no existe, ya que, a partir de la globalización y la emergencia de las nuevas tecnologías de la información e internet, las fuentes de información y conocimiento disponibles para los estudiantes (y la sociedad) han vivido un aumento exponencial, desplazando al sistema educativo a ser una fuente marginal de información y conocimiento en comparación con los medios de comunicación (radio, televisión, periódico y, sobre todo, internet). Pero tampoco se ha adaptado a su papel de educar a la futura ciudadanía en las habilidades y capacidades del pensamiento crítico para analizar y evaluar los conocimientos emitidos en una sociedad donde la información es la base del poder y tiene una intencionalidad privada sesgada por intereses que no representan el colectivo de la sociedad. Casualmente, el libro didáctico, una de las principales herramientas para transportar el conocimiento por las aulas de nuestros países, es producido en su gran mayoría por las mismas empresas que controlan los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión y prensa.

Por tanto, es urgente que el cambio de paradigma en educación sea realizado de forma completa, adaptando las condiciones estructurales a las necesidades emanadas de las teorías y prácticas del paradigma. De esta manera, el sistema educativo podrá desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje coherentes con los principios educativos que se encuentran fundamentados en el avance de la ciencia y en la realidad social contemporánea. La sociedad, por su lado, comenzará a gozar de una población que pueda alcanzar un desarrollo integral de todos sus individuos y que cuenten con las herramientas cognitivas necesarias para analizar la información de forma crítica y obtener fundamentos sólidos para mejorar sus condiciones sociales.

Referencias

Ausubel, D. P., Novak, J. D. y Hanesian, H. (1983). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México D.F: Ed. Trillas.

Kuhn, T. (2004). La estructura de las revoluciones científicas. Argentina: Fondo de cultura económica.

Notas
1. “…un fenómeno para el que el investigador no estaba preparado por su paradigma” (Kuhn, 2004, p. 100).

Fuente e imagen: https://iberoamericasocial.com/las-revoluciones-cientificas-de-kuhn-y-el-cambio-de-paradigma-en-educacion/

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La invención de una epidemia.

Por:  Giorgio Agamben

Frente a las medidas de emergencia frenéticas, irracionales y completamente injustificadas para una supuesta epidemia debida al coronavirus, es necesario partir de las declaraciones de la CNR*, según las cuales no sólo “no hay ninguna epidemia de SARS-CoV2 en Italia”, sino que de todos modos “la infección, según los datos epidemiológicos disponibles hoy en día sobre decenas de miles de casos, provoca síntomas leves/moderados (una especie de gripe) en el 80-90% de los casos”. En el 10-15% de los casos, puede desarrollarse una neumonía, cuyo curso es, sin embargo, benigno en la mayoría de los casos. Se estima que sólo el 4% de los pacientes requieren hospitalización en cuidados intensivos”.

Si esta es la situación real, ¿por qué los medios de comunicación y las autoridades se esfuerzan por difundir un clima de pánico, provocando un verdadero estado de excepción, con graves limitaciones de los movimientos y una suspensión del funcionamiento normal de las condiciones de vida y de trabajo en regiones enteras?

Dos factores pueden ayudar a explicar este comportamiento desproporcionado. En primer lugar, hay una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. El decreto-ley aprobado inmediatamente por el gobierno “por razones de salud y seguridad pública” da lugar a una verdadera militarización “de los municipios y zonas en que se desconoce la fuente de transmisión de al menos una persona o en que hay un caso no atribuible a una persona de una zona ya infectada por el virus”. Una fórmula tan vaga e indeterminada permitirá extender rápidamente el estado de excepción en todas las regiones, ya que es casi imposible que otros casos no se produzcan en otras partes. Consideremos las graves restricciones a la libertad previstas en el decreto: a) prohibición de expulsión del municipio o zona en cuestión por parte de todos los individuos presentes en cualquier caso en el municipio o zona; b) prohibición de acceso al municipio o zona en cuestión; c) suspensión de eventos o iniciativas de cualquier tipo, actos y toda forma de reunión en un lugar público o privado, incluidos los de carácter cultural, recreativo, deportivo y religioso, aunque se celebren en lugares cerrados y abiertos al público; d) suspensión de los servicios de educación para niños y escuelas de todos los niveles y grados, así como de la asistencia a actividades escolares y de educación superior, excepto las actividades de educación a distancia; e) suspensión de los servicios de apertura al público de museos y otras instituciones y lugares culturales a que se refiere el artículo 101 del Código del Patrimonio Cultural y del Paisaje, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 22 de enero de 2004, n. 42, así como la eficacia de las disposiciones reglamentarias sobre el acceso libre e irrestricto a esas instituciones y lugares; f) suspensión de todos los viajes educativos, tanto en Italia como en el extranjero; g) suspensión de los procedimientos de quiebra y de las actividades de las oficinas públicas, sin perjuicio de la prestación de los servicios esenciales y de los servicios públicos; h) aplicación de la medida de cuarentena con vigilancia activa entre las personas que hayan estado en estrecho contacto con casos confirmados de enfermedades infecciosas generalizadas.

La desproporción frente a lo que según la CNR es una gripe normal, no muy diferente de las que se repiten cada año, es sorprendente. Parecería que, habiendo agotado el terrorismo como causa de las medidas excepcionales, la invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites.

El otro factor, no menos inquietante, es el estado de miedo que evidentemente se ha extendido en los últimos años en las conciencias de los individuos y que se traduce en una necesidad real de estados de pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla.

Fuente e imagen:  QUODLIBET.IT  https://contrahegemoniaweb.com.ar/la-invencion-de-una-epidemia

* CNR es la sigla de El Consiglio Nazionale delle Ricerche [Consejo Nacional de Investigación].

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El abc de la deuda contra los pueblos

Por: Eric Toussaint

Desde 2010, Grecia nos muestra cómo se priva de libertad a un país y a un pueblo mediante la obligación de pagar una deuda claramente ilegítima. Desde el siglo XIX, de América Latina a la China, pasando por Haití, Grecia, Túnez, Egipto y el Imperio Otomano, la deuda pública fue utilizada como arma de dominación y de expoliación. Al fin y al cabo, es la combinación de endeudamiento y libre comercio lo que constituye el factor fundamental de la total subordinación de las economías periféricas partir del siglo XIX. Las clases dominantes locales se asociaron a las grandes potencias financieras extranjeras para someter a los países y a sus pueblos a un mecanismo de transferencia permanente de riquezas de los productores locales hacia los acreedores, ya sean éstos nacionales o extranjeros.

Contrariamente a una idea preconcebida, no son, generalmente, los países endeudados periféricos los que provocan las crisis de deuda soberana. Esas crisis se desencadenan en primer lugar en los países capitalistas más poderosos, o son el resultado de sus decisiones unilaterales que arrastran, de rebote, crisis más generales en los países periféricos endeudados. No es el exceso de gastos públicos lo que lleva a una deuda a niveles insostenibles, sino las condiciones impuestas por los acreedores locales y extranjeros. Los tipos de interés reales fueron abusivamente aumentados y las comisiones cobradas por los banqueros, particularmente, onerosas. La consecuencia no podía ser otra: los países que se endeudaban no eran capaces de pagar sus deudas, así que tenían que recurrir constantemente a nuevos préstamos para pagar los antiguos. Y cuando no lo conseguían, las potencias acreedoras tenían el derecho de recurrir a una intervención militar para hacerse reembolsar.

Las crisis de la deuda, y su desarrollo, están siempre controladas por la acción de los grandes bancos de las principales potencias económicas y por los gobiernos que los sostienen.

Durante los últimos dos siglos, varios Estados repudiaron con éxito sus deudas argumentando que eran ilegítimas u odiosas. Fue el caso de México, Estados Unidos, Cuba, Rusia, China o Costa Rica. Los conflictos alrededor del pago de la deuda dieron lugar a la elaboración de la doctrina jurídica de la deuda odiosa que siempre es de actualidad.

DEUDA ODIOSA

Según la doctrina jurídica de la deuda odiosa cuya teoría desarrolló Alexander Sack en 1927, una deuda es odiosa cuando se juntan dos condiciones esenciales:

1.- La ausencia de beneficio para la población: la deuda no fue contraída en nombre del interés del pueblo y del Estado, sino contra su interés y/o por el interés personal de dirigentes y de personas próximas al poder.

2.- La complicidad de los prestamistas: los acreedores sabían (o estaban en condiciones de saberlo) que los fondos prestados no beneficiaban a la población. Según esta doctrina, la naturaleza despótica o democrática de un régimen no debe tenerse en cuenta.

Sack, padre de la doctrina, dice claramente que se pueden atribuir a un gobierno regular deudas odiosas. Sack escribió: «Una deuda regularmente contraída por un gobierno regular (puede) considerarse como incuestionablemente odiosa,…». Sack definía un gobierno regular de la siguiente manera: «Debemos considerar un gobierno regular el poder supremo que existe efectivamente dentro de los límites de un territorio determinado. Que ese poder sea monárquico (absoluto o limitado) o republicano; que proceda de la ‘gracia de Dios’ o de la ‘voluntad del pueblo’; que exprese la ‘voluntad del pueblo’ o no, del pueblo entero o solamente de una parte de éste¸ que se haya establecido legalmente o no, etc., todo esto no tiene importancia para el problema que nos ocupa».

Sack escribió que una deuda puede considerarse odiosa si, uno, las necesidades, a causa de las cuales el anterior gobierno había contraído la deuda en cuestión, eran ’odiosas’ y francamente contrarias a los intereses de la población de todo o parte del antiguo territorio y, además, los acreedores, en el momento de la emisión del préstamo, habían estado al corriente de su destino odioso. Y, prosigue, «establecidos estos dos puntos, correspondería a los acreedores la tarea de probar que los fondos producidos por los citados préstamos habían sido, de hecho, utilizados no para necesidades odiosas, dañinas para la población de todo o de parte del Estado, sino para necesidades generales o especiales de ese Estado, que no ofrecen un carácter odioso». Esta doctrina fue aplicada varias veces a lo largo de la historia.

UN POCO DE HISTORIA

Los acreedores, ya sean poderosos Estados, organismos multilaterales a su servicio o al de los bancos, supieron perfectamente maniobrar para imponer su voluntad a los deudores. Desde la primera mitad del siglo XIX, un país como Haití sirvió de laboratorio. Fue la primera república negra independiente ya que se libró del yugo francés en 1804. Sin embargo, París no había abandonado sus pretensiones sobre Haití, y consiguió una indemnización real para los esclavistas: los acuerdos firmados en 1825 con los nuevos dirigentes haitianos instauraron una deuda de independencia monumental, que Haití ya no pudo pagar a partir de 1828 y que estuvo más de un siglo para poder saldarla. Eso hizo imposible cualquier forma real de desarrollo.

La deuda también fue utilizada por Francia para someter a Túnez en 1881, o al Reino Unido para someter a Egipto, puesto que las potencias acreedoras se valieron de las deudas impagadas para dominar a países que hasta ese momento habían sido soberanos. Fue un caso similar el de Grecia en los años 1830, cuando fue creada, ya con la carga de una deuda que la encadenaba al Reino Unido, a Francia y a Rusia. La isla de Terranova, que en 1855 se había convertido en el primer dominio autónomo del Imperio Británico, mucho antes que Canadá o Australia, renunció a su independencia después de la grave crisis económica de 1933 para hacer frente a sus deudas y, finalmente, fue unida a Canadá en 1949, cuando éste aceptó hacerse cargo del 90% de la deuda de Terranova.

LA DEUDA DE LOS AÑOS 1960-1970

El proceso se reprodujo después de la II Guerra Mundial, cuando los países de América Latina necesitaron capitales para financiar sus desarrollos y cuando los países asiáticos primero, y luego los africanos, accedieron a la independencia durante los años 1960. La deuda constituyó un instrumento muy importante para imponer políticas neocoloniales. Después de la II Guerra Mundial ya no se permitió recurrir a la fuerza contra un país deudor y por lo tanto se comenzaron a utilizar otros medios.

Los préstamos masivos otorgados, a partir de los años 1960, a un número creciente de países de la periferia (comenzando por los aliados estratégicos de las grandes potencias como el Congo de Mobutu, la Indonesia de Suharto, el Brasil de la dictadura militar, y hasta países como México y Yugoslavia) tuvieron la función de lubrificante de un potente mecanismo de toma de control de países que habían comenzado a adoptar, con verdadero éxito, políticas independientes de sus antiguas metrópolis y de Washington.

Tres grandes actores incitaron a esos países a endeudarse, engolosinándoles con tipos de interés relativamente bajos: los grandes bancos occidentales que tenían un exceso de liquidez, los países del Norte que querían relanzar sus economías en crisis después del auge del precio del petróleo de 1973 y el Banco Mundial con el objetivo de reforzar la zona de influencia geopolítica de Estados Unidos y de no dejarse marginar por los bancos privados. Las clases dominantes locales también incitaron al aumento de la deuda y obtuvieron beneficios sin que el pueblo resultara beneficiado.

LAS ELUCUBRACIONES TEÓRICAS SOBRE LA NECESIDAD DE RECURRIR AL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Según el enfoque dominante que se enseña en las universidades, al ahorro es previo a la inversión y es insuficiente en los PED. Por lo que la escasez de ahorro es un factor explicativo fundamental para el bloqueo del desarrollo y es necesario el aporte de financiación exterior. Paul Samuelson, en Economics (Samuelson, 1980), se basa en la historia del endeudamiento de Estados Unidos en los siglos XIX y XX, para determinar cuatro etapas diferentes que conducen a la prosperidad:

1. Una nación endeudada joven y emprendedora (desde la guerra revolucionaria de 1776 hasta el fin de la guerra civil en 1865);

2. una nación endeudada madura (desde 1873 hasta 1914);

3. una nueva nación acreedora (desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda);

4. una nación acreedora madura (años 1960).

Samuelson y sus émulos plantaron en un centenar de países que constituían el Tercer Mundo, después de la II Guerra Mundial, el modelo de desarrollo económico de Estados Unidos, desde finales del siglo XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial como si la experiencia de Estados Unidos fuera simple y llanamente imitable para todos esos países.

En lo que concierne a la necesidad de tener que recurrir al aporte de capitales extranjeros (bajo la forma de préstamos y de inversiones extranjeras), uno de los asociados de Walt W. Rostow, Paul Rosenstein-Rodan, emplea la fórmula siguiente: «Los capitales extranjeros refuerzan la formación del capital nacional, es decir que esos capitales serán invertidos totalmente; la inversión conllevará un aumento de la producción. La función principal de la entrada de capitales extranjeros es ayudar a la formación del capital nacional y que alcance un porcentaje que pueda ser mantenido sin ayuda exterior suplementaria» (Rosenstein-Rodan, 1961). Esta afirmación contradice a la realidad: no es cierto que los capitales extranjeros refuercen la formación de capital nacional, ni que sean totalmente invertidos. Una gran parte de esos capitales salen rápidamente del país hacia el cual se dirigieron temporalmente (fuga de capitales, repatriación de beneficios).

No es cierto que los capitales extranjeros refuercen la formación de capital nacional, ni que sean totalmente invertidos. Una gran parte de esos capitales salen rápidamente del país al que se dirigieron temporalmente

Otro error monumental de Paul Rosenstein-Rodan, que fue director adjunto del departamento económico del Banco Mundial entre 1946 y 1952, cuando hizo predicciones correspondientes a la fecha en la que una serie de países llegaría al crecimiento autosostenido. Según Paul Rosenstein-Rodan, Colombia debería haber alcanzado ese Estado en 1965, Yugoslavia en 1966, Argentina y México entre 1965 y 1975, India a comienzos de los años 1970, Pakistán, tres o cuatro años más tarde; Filipinas después de 1975. Los hechos demostraron la vacuidad de esas afirmaciones.

La planificación del desarrollo, bajo el punto de vista del Banco Mundial y del establishment universitario en Estados Unidos, condujo a una impostura pseudocientífica basada en ecuaciones matemáticas que quisieron otorgar legitimidad y credibilidad a la determinación de que los PED debían depender de la financiación exterior. He aquí un ejemplo, formulado muy seriamente por Max Millikan y Walt Whitman Rostow en 1957: «Si la tasa inicial de inversión interna en un país representa el 5 % del ingreso nacional, si los capitales extranjeros llegan a una tasa constante equivalente a un tercio del nivel inicial de inversión interna, si el 25 % de cualquier ingreso suplementario es ahorrado y reinvertido, si la ratio capital/producto es de 3 y si el tipo de interés de la deuda externa y los dividendos repatriados son equivalentes al 6 % por año, cuando hayan pasado catorce años el país estará en condiciones de no pedir más préstamos al exterior y podrá mantener una tasa de crecimiento del 3 % sobre la base de sus propios ingresos» (Millikan y Rostow, 1957). En ningún caso, esa afirmación ha sido confirmada y los países continuaron recurriendo a la deuda externa.

Realmente, esos autores, favorables al mantenimiento del sistema capitalista global por Estados Unidos, se negaban a contemplar la aplicación de profundas reformas que habrían permitido un desarrollo no subordinado a la financiación externa.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO EN LOS AÑOS 2000

A partir de 2003-2004, el precio de las materias primas y de los productos agrícolas comenzó a aumentar en un contexto de fuerte demanda internacional. Eso permitió a los países exportadores de tales productos aumentar su recaudación, sobre todo en divisas (dólar, euro, yen, libra esterlina). Algunos Países en Desarrollo (PED) aprovecharon para elevar sus gastos sociales mientras la mayoría invirtió sus ingresos en la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos, financiando por este medio a la principal potencia mundial.

Por otro lado, el aumento de los recursos de algunos países, debido al aumento de ingresos en divisas y de la afluencia de inversores privados, antes del estallido de la crisis de 2007-2008, hizo perder peso a instituciones como el Banco Mundial y el FMI.

Otro factor reforzó ese fenómeno: China, en plena expansión, se transformó en el taller del mundo y acumuló enormes reservas de cambio, lo que le permitió aumentar significativamente la financiación de los países en desarrollo. Sus préstamos entraron en competencia con los de las instituciones financieras multilaterales y de los países industrializados.

En los años 2000, la reducción de los tipos de interés en el norte redujo la cuota de la deuda en el sur. Los bancos centrales de los países más industrializados procedieron a una rebaja de sus tipos de interés, sobre todo después de la crisis que estalló en América del Norte y en Europa occidental a partir de 2007-2008, y a la inyección masiva de liquidez en el sistema financiero para rescatar a los grandes bancos y empresas endeudados, lo que implicó indirectamente una reducción del coste de la refinanciación para los países en desarrollo. Esa financiación a bajo coste, junto a la afluencia de capitales del norte a la búsqueda de rendimientos más altos frente a unos tipos de interés bajo en el norte y a una recaudación por exportación elevada, dio a los gobiernos de los países en desarrollo una peligrosa sensación de seguridad.

La situación comenzó a degradarse a partir de los años 2016-2017, ya que el tipo de interés creciente fijado por la FED (pasó de 0,25 % en 2015 a 1,50 % en octubre de 2019), y los beneficios fiscales para las grandes empresas estadounidenses ofrecidos por Donald Trump, conllevaban una repatriación de capitales hacia Estados Unidos. Además, los precios de las materias primas tendieron a bajar, lo que disminuyó los ingresos de los países en desarrollo exportadores de bienes primarios y volvió más difícil el pago de la deuda, ya que se efectúa principalmente en dólares o en otras divisas.

Desde 2018- 2019, una nueva crisis de la deuda afecta directamente a países como Argentina, Venezuela, Turquía, Indonesia, Nigeria, Mozambique…La devaluación de las monedas de esos países encarece el coste del pago de sus deudas que se efectúa, casi siempre, en dólares.

PANORAMA GLOBAL DE LA DEUDA EN EL SUR

Estos últimos años estuvieron caracterizados por un aumento significativo de la deuda externa en términos absolutos. Se triplicó entre 2000 y 2017. La mayor parte de este aumento se concentró en el sector privado.

En el caso de la deuda pública externa, el volumen aumentó, pero con menor intensidad, que el de la deuda externa de las empresas privadas.

ÁFRICA

Con respecto al África subsahariana, los flujos salientes hacia el extranjero, mediante el servicio de la deuda y la repatriación de los beneficios de las transnacionales, son muy elevados. En 2012, la repatriación de los beneficios de la región más empobrecida del planeta representó el 5 % de su PIB contra el 1 % de la ayuda pública al desarrollo. En ese contexto, conviene preguntarse: ¿quién ayuda a quién?

Si se toma en cuenta el saqueo de los recursos naturales de África por las grandes sociedades privadas, la fuga de cerebros, los bienes mal adquiridos acumulados por las clases dominantes africanas y colocados en los países desarrollados, la manipulación de los precios de transferencia por las sociedades transnacionales privadas… se verá claramente que África está exangüe.

Las relaciones europeas con África constituye un ejemplo de relaciones neocoloniales. Éstas se desarrollaron más allá de los acuerdos ACP de Cotonou. Actualmente, la UE impone otros marcos más importantes en sus relaciones con ÁFRICA, un marco de asociación de la UE para las migraciones —el plan de acción de La Valette con los procesos de Jartum y de Rabat— y hay que añadir los marcos y tratados bilaterales que los países europeos mantienen con países o regiones de África. Sin olvidar que 15 países africanos todavía tienen el Franco CFA como moneda, pero que, para 8 de entre ellos se transformará en el ECO.

Muchos ciudadanos y ciudadanas de los países del Norte no saben hasta qué punto las condiciones y cláusulas impuestas en esos tratados ponen las bases de una nueva crisis de la deuda en los países en desarrollo. Algunos hechos esenciales que la mayoría de la gente ignora son los siguientes:

• Que mientras el volumen total de la ayuda al desarrollo que Europa envía a África todos los años es de aproximadamente 21.000 millones de dólares. Migrantes africanos y africanas, residentes en Europa, envían más de 30.000 millones de dólares, o sea casi un 50 % más de la ayuda al desarrollo.

• Que los fondos actualmente disponibles en el Fondo de Inversiones Europeo para todo el continente africano se estiman en 3.300 millones de dólares, o sea el equivalente al coste de un proyecto de infraestructura de mediana envergadura como, por ejemplo, un puerto.

Además, el nuevo presupuesto propuesto por la UE que cubre el período 2021 a 2027 prevé adjudicar más de 34.900 millones de dólares a diversos mecanismos de control migratorio. Finalmente, Europa gastará más para patrullar sus fronteras que lo que da a África como ayuda al desarrollo, o lo que corresponde a las pérdidas comerciales que África tiene con Europa. El impacto de esos tratados sobre los resultados comerciales es también notable. Desde 2003 hasta 2014, África siempre tuvo una balanza comercial excedentaria con Europa, mientras que desde 2015, la tendencia se invirtió y se llegó a un déficit de cerca de 30.000 millones de dólares.

El discurso de los medios dominantes y de los gobiernos consiste en decir que hay un exceso de deuda, demasiado gasto público de los Estados y, en consecuencia, que hay que pagar la deuda y reducir esos gastos públicos. En el CADTM intentamos ante todo preguntarnos de dónde vienen las deudas, si los objetivos perseguidos a través de la acumulación de deudas eran legítimos, y si fueron contraídas de manera legítima y legal. Este es el enfoque que intentamos tener y es cierto, en efecto, que no es el que aparece en los medios dominantes. Estos no ven ningún interés en este punto de vista y, además, opinan que esta cuestión está desconectada de la realidad.

A pesar del optimisto del Banco Mundial y del FMI, la deuda continúa representando un serio obstáculo para la satisfacción de los derechos humanos

El sistema deuda de hoy reproduce toda una serie de mecanismos de dominación de los Estados poderosos sobre los Estados más débiles. Hay que añadir que también las clases dominantes de los países endeudados se benefician del endeudamiento. Animan a los gobernantes a pedir prestado en el mercado interno y en el extranjero, pues el empréstito contribuye a que los impuestos, que pesan sobre la burguesía, no sean elevados. Compran títulos de la deuda de su país a fin de obtener un rendimiento garantizado por el Estado y un alto rendimiento.

A pesar de los discursos optimistas del Banco Mundial y del FMI, la deuda de los PED continúa representando un serio obstáculo para la satisfacción de los derechos humanos y las necesidades fundamentales de sus habitantes. Las desigualdades aumentaron profundamente y los progresos en el desarrollo humano fueron muy limitados. Hace falta luchar para liberarse del sistema deuda.

Ámérica Latina y Caribe

En América Latina y en el Caribe, la deuda externa se multiplicó por 165 veces entre 1970 y 2012. Durante ese período, la región transfirió a sus acreedores un total de 3.253 billones de dólares.

América Latina presenta uno de los saldos negativos de deuda externa más elevados entre los continentes en desarrollo en el período 1985-2017.

EL IMPACTO DEL PAGO DE LA DEUDA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

LA SITUACIÓN DEL PAGO DE LA DEUDA DEL SUR GLOBAL

Si tenemos en cuenta la evolución, entre 2015 y 2017, los gastos gubernamentales para 50 países de ingresos bajos, se constata un aumento de los gastos relativos al pago de la deuda, una reducción de los gastos en materia de salud y un estancamiento en materia de educación.

Se constata también que entre 2015 y 2017, se produce un aumento de los gastos públicos ligados al pago de la deuda pública en África, en Asia del Sur y en general en todos los países de ingresos bajos.

Según Milan Rivié, en referencia al FMI, en julio de 2019 entre los países de ingresos bajos, nueve estaban en situación de sobreendeudamiento y 24 a punto de serlo, o sea el 39 % del total. Y eso es una prueba de la incapacidad (y de la ausencia de voluntad) de las instituciones financieras internacionales (IFIs) de responder con eficacia y por un largo tiempo al sobreendeudamiento. La mitad de esos países aplicaron al pie de la letra las políticas de ajuste de la Iniciativa para países pobres muy endeudados PPME, lanzada por el G7, el Banco Mundial y el FMI en 1996. Y según una ONG alemana, 122 países estarían, en realidad, en una situación de endeudamiento crítico.

ES POSIBLE NEGARSE A PAGAR UNA DEUDA ILEGÍTIMA

En realidad, es totalmente posible resistir a los acreedores, como se comprobó en México durante la presidencia de Benito Juárez, quien se negó a asumir, en 1867, las deudas que el régimen del emperador Maximiliano había contraído ante la Société Générale de París dos años antes para financiar la ocupación de México por el ejército francés. En 1914, en plena revolución, cuando Emiliano Zapata y Pancho Villa luchaban en la ofensiva, México suspendió completamente el pago de la deuda externa considerada como ilegítima, reembolsando solamente, entre 1914 y 1942, sumas simbólicas con el único fin de ganar tiempo. Entre 1934 y 1940, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó sin indemnización la industria petrolera y los ferrocarriles, y expropió más de 18 millones de hectáreas a los grandes terratenientes para devolvérselos a las comunidades indígenas. La tenacidad dio buenos resultados: en 1942, los acreedores renunciaron a cerca del 90 % del valor de los créditos y se contentaron con una pequeña indemnización por las empresas que habían sido expropiadas. México logró tener un gran desarrollo económico y social durante las décadas de 1930 a 1960. Otros países como Brasil, Bolivia y Ecuador suspendieron con éxito los pagos a partir de 1931. En el caso de Brasil, la suspensión selectiva de pagos continuó hasta 1943, año en que un acuerdo permitió reducir la deuda en un 30%.

Países como México, Brasil, Bolivia y Ecuador suspendieron con éxito los pagos a partir de 1931

Más recientemente, en Ecuador, el presidente Rafael Correa instauró en julio de 2007 una comisión de auditoría de la deuda pública. Después de 14 meses de trabajo, esta comisión remitió unas conclusiones que demostraban el carácter ilegítimo e ilegal de una gran parte de la deuda pública. En noviembre de 2008, el gobierno decidió suspender unilateralmente el pago de los títulos de la deuda vendidos en los mercados financieros internacionales y que tenían vencimiento en 2012 y en 2030.

Finalmente, el gobierno de ese pequeño país salió vencedor de una prueba de fuerza con los banqueros norteamericanos poseedores de esos títulos. Luego compró por 900 millones de dólares títulos que valían 3.200 millones de dólares. Al hacer eso, el Tesoro Público ecuatoriano economizó 7.000 millones de dólares sobre el capital prestado y sobre los intereses que quedaban por pagar. De esa manera, el gobierno ecuatoriano pudo liberar nuevos medios financieros que permitieron aumentar los gastos sociales. Sin embargo, Ecuador no fue objeto de represalias económicas. Es evidente que el rechazo a pagar una deuda ilegítima constituye una medida necesaria pero en sí misma insuficiente para generar desarrollo. Para lograrlo, es necesario aplicar un programa coherente. Se trata de generar recursos financieros al aumentar los recursos del Estado a partir de los impuestos que respeten la justicia social y ambiental (Millet y Toussaint, 2018).

Fuente e imagen: EL SALTO DIARIO    https://contrahegemoniaweb.com.ar/el-abc-de-la-deuda-contra-los-pueblos

Traducido  por: Griselda Pinero

 

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La tarea de desmercantilizar la escuela

Por: Carlos Andujar

En estos años de neoliberalismo primó la lógica de la eficiencia por sobre la lógica de la justicia y la ética. Es tiempo de pasar de la resistencia a la reconstrucción en el área educativa.

El neoliberalismo como proyecto político, del que el macrismo fue su tercer intento local, es un proyecto totalizador, es decir que tuvo (y tiene, ahora desde la oposición) pretensiones hegemónicas. Dicho de otro modo, unidas a las reformas económicas implica siempre transformaciones culturales.

Como menciona el recordado filósofo y periodista italiano Antonio Gramsci: “La supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos, como dominación y como dirección intelectual y moral. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios, que tiende a liquidar o a someter hasta con la fuerza armada, y es dirigente de los grupos afines y aliados. Un grupo social puede, y también debe ser dirigente ya antes de conquistar el poder gubernamental. Es esta una de las condiciones principales para la propia conquista del poder. Después, cuando ejerce el poder y también lo mantiene firmemente en sus manos se convierte en dominante, pero debe continuar siendo también dirigente”.

El neoliberalismo de Cambiemos antes de llegar al poder en el 2015, alimentándose de “sentidos comunes” preexistentes, supo “dirigir moral e intelectualmente”, medios de comunicación mediante, a cierto sector social alcanzándole para democráticamente acceder a conquistar el poder estatal. Una vez allí, incorporó en su intento de construir supremacía, el control de las diversas instancias gubernamentales. El sistema educativo, perla preciada del aparato cultural estatal, aún con sostenidas resistencias que volcaron a miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la educación a las calles, no escapó a tal devenir.

La escuela puede mercantilizarse de distintos modos, pero sin duda el más conocido y visible es el deterioro provocado por los recortes presupuestarios que, bajo la bandera de la disciplina fiscal, esconde verdaderas políticas de trasferencias regresivas del ingreso.

Según el informe del Programa de educación del CIPPEC (Documento de trabajo Nº 178 de febrero de 2019), la meta estipulada por la Ley de Educación Nacional (2006) de invertir el 6 por ciento del PIB en educación se llegó a cumplir en el 2015 pero no se sostuvo después de esa fecha. El gasto educativo consolidado fue del 5,80 y 5,65 por ciento del PIB en 2016 y 2017, respectivamente.

En términos absolutos, entre 2015 y 2016 la reducción fue de 65.000 millones de pesos constantes del año 2018 entre ambos niveles de gobierno (bajó un 7 por ciento a nivel nacional (15.617 millones de pesos, a valores de 2018) y un 8 por ciento a nivel provincial ($49.384 millones)).

En la misma línea el Colectivo de Observatorios y equipos de investigación en educación estipularon que, en caso de haberse aprobado el Proyecto de ley de Presupuesto elevado por el macrismo en septiembre de 2019, la función Educación que en el 2016 representaba 7,8 por ciento del presupuesto del Estado Nacional se hubiese reducido al 5,1 por ciento en el 2020, una disminución, en términos reales, del 34 por ciento.

En comparación con el pago de la deuda, el informe concluye que para el 2016, Argentina había presupuestado aproximadamente la misma cantidad de fondos para el pago de deuda que para educación, pero que para el 2020 los fondos para deuda están en una relación de 4 a 1 con respecto a aquellos destinados a educación.

A nivel Nacional el ajuste se realizó en el desfinanciamiento o la directa eliminación de Programas, como el de Formación Docente “Nuestra Escuela”, el plan “Conectar Igualdad” o las “Becas Progresar” y la unilateral e ilegal eliminación de la Paritaria Nacional Docente que, gracias a un fondo de compensación salarial aportado por la Nación, había logrado reducir sustantivamente las desigualdades salariales docentes en todo el país.

A nivel provincial el ajuste se produjo principalmente a través de la caída estrepitosa del salario real docente, componente que representa más del 90 por ciento del presupuesto educativo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.

Un segundo modo de mercantilización fue el ataque sistemático a quienes pueden (y en efecto lo han hecho) resistir la avanzada neoliberal: las y los trabajadores de la educación y sus sindicatos.

La demonización de los sindicatos y las y los sindicalistas, y el desprecio por la tarea docente (unido al deterioro salarial, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se amenazó con convocar “voluntarios” para reemplazar a quienes ejercían el derecho constitucional a la huelga) lejos de ser medidas aisladas fueron reflejo de las “recomendaciones” del Banco Mundial que en sus documentos oficiales (Profesores Excelentes (2015)) responsabilizan de la “baja calidad educativa” a las y los docentes.

Estos, menciona explícitamente el documento, dado que gozan de estabilidad laboral dan clases con poca eficacia y tienen altos niveles de ausentismo. La solución que da el Banco Mundial cae por su propio peso: “flexibilización” laboral y rendición de cuentas. En efecto, la partida de Evaluación del presupuesto del Ministerio de Educación es una de las pocas que se ha incrementado desde el 2015, y que, en el marco del desfinanciamiento del resto de los programas, convirtió y redujo a la evaluación a un mero mecanismo de control, disciplinamiento y sanción.

El tercer modo y menos conocido de mercantilización es el peso que diversas ONG y fundaciones educativas han tenido en la definición de políticas públicas actuando como representantes de las elites económicas, destacándose estrechos lazos entre funcionarios, empresarios y directivos de las Fundaciones/ONGs educativas. Como señala Ana Castellani, en el informe Nº6 del Observatorio de las Elites (Citra. Umet. Conicet), de febrero 2019, tres son los principales motivos de tal desembarco.

En primer lugar, la necesidad de moldear la formación de “los recursos humanos del futuro” en función de las demandas del sector productivo, desarrollando una oferta educativa que esté acorde a las nuevas necesidades de capacitación de la mano de obra destinada a satisfacer las demandas propias del mercado laboral.

En segundo lugar, la posibilidad de ampliar y acceder fácilmente a un mercado que ofrece rentables oportunidades de negocios brindando diversos servicios educativos donde el Estado es el principal demandante, regulador e inversor (capacitación docente, plataformas educativas, informatización de datos, edición de materiales, realización de evaluaciones estandarizadas).

Por último, pero central para el direccionamiento intelectual y moral que mencionaba Gramsci, la pretensión de difundir ideas, valores, actitudes y predisposiciones propias del ámbito empresarial como si fueran cosmovisiones del conjunto social que le permitan legitimar socialmente cambios en las políticas públicas que habiliten y/o amplíen el proceso de mercantilización educativa.

Estos mecanismos de captura de la decisión pública por parte de las elites económicas, continua el citado informe, se traducen en un creciente proceso de mercantilización de la educación que consiste básicamente en:

1. El avance de las empresas en la definición e implementación de las políticas educativas.

2. La promoción de los valores, principios y criterios organizacionales propios del mercado en el campo educativo.

3. La prestación de servicios educativos diversos.

Particularmente la difusión de ideas y valores llegó a la escuela, muchas de las veces de la mano de las ONG y fundaciones, inundando las capacitaciones y las prácticas docentes de cosmovisiones provenientes del mercado (técnicas de auto ayuda, clima escolar, gestión institucional); de la aplicación acrítica de las neurociencias y la “inteligencia emocional”; del desarrollo de capacidades y habilidades genéricas “universalmente válidas” en desmedro de saberes que, situados histórica y políticamente, sean productores de inclusión social y, de la cultura (y la enseñanza de las técnicas) del emprendedurismo, legitimación y explicación última de todo conflicto social de la mano de la impronta meritocrática neoliberal.

En estos años de neoliberalismo primó la lógica de la eficiencia por sobre la lógica de la justicia y la ética. Se empobreció a la población, se desfinanció a la educación, se “evaluó” y se culpabilizó a las y los docentes por la “baja calidad”.

En muchos casos se resistió con inteligencia en el marco de las relaciones de fuerzas existentes. Es tiempo de pasar de la resistencia a la reconstrucción. De la sustracción de derechos a su restitución. De ofrecer un modo distinto al que ha propuesto históricamente el neoliberalismo de responder a la interpelación del Otro sufriente. Desmercantilizar la escuela, es la tarea.

Fuente e imagen: https://contrahegemoniaweb.com.ar/la-tarea-de-desmercantilizar-la-escuela

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Pobreza: la peor pandemia

Por: 

Tan preocupados estamos por la amenaza sanitaria del coronavirus, que hemos olvidado la verdadera amenaza de nuestro entorno: mayor pobreza, menor acceso a los servicios básicos, aumento de la violencia en todas sus formas y la más cruel de ellas en el incremento sostenido de la desnutrición crónica en la infancia. Este es el verdadero problema en las naciones del cuarto mundo, naciones caracterizadas por gobiernos corruptos y el súper poder de sus grupos económicos cuyas élites han supeditado las decisiones políticas a sus intereses particulares, apoderándose de los recursos y retorciendo las leyes.

De acuerdo con los reportes oficiales de organismos internacionales, el virus que tanto nos asusta llegará más temprano que tarde. Sin embargo, el verdadero panorama de terror reside no tanto en la potencial pandemia como en la realidad apocalíptica del hambre, las carencias y los sistemas de salud ineficientes, sin recursos, manipulados por delincuentes tan poderosos como las multinacionales del sector farmacéutico, que trafican sin el menor reparo con sus influencias con el único objetivo de sacar el mayor provecho posible de las necesidades de los pueblos. En esa tónica, presionan a los gobiernos por medio de pactos comerciales interesados, apoyados como siempre por las instituciones financieras internacionales y los países más poderosos.

Los pueblos del hemisferio Sur se encuentran, por lo tanto, mucho más expuestos a un ataque de este virus que aquellos países premunidos de sistemas de salud pública capaces de enfrentar con mayor éxito una situación de emergencia como la que se experimenta en la actualidad. Solo basta echar una mirada alrededor y constatar la miseria de nuestros hospitales y centros de salud urbanos y rurales, en donde ni siquiera se cuenta con los recursos mínimos como equipo quirúrgico, medicinas, mobiliario y, muchas veces, incluso sin personal capacitado para atender adecuadamente las situaciones de emergencia.

El temor generalizado –y razonable- ante la entrada del Covid-19 nos coloca ante una situación sumamente compleja y potencialmente caótica, toda vez que nuestras naciones están sujetas a decisiones dictadas por intereses sectarios y no responden a políticas públicas elaboradas a partir de un análisis objetivo y serio de las necesidades de nuestros pueblos. Los gobiernos del continente latinoamericano, en su abrumadora mayoría, no solo son incapaces de elevarse por encima de intereses espurios, sino se han convertido en voceros y sirvientes dóciles de las corporaciones y las élites económicas actuando a espaldas de la ciudadanía y, como obvia consecuencia, condenándola a la más profunda e injusta de las miserias.

Hasta donde se ha podido observar, las autoridades de nuestros países se han limitado a contener la ola informativa llamando a la calma y buscando la colaboración de los medios de comunicación para frenar el pánico. Sin embargo, falta aún ver cómo harán para reparar el daño provocado por décadas de corrupción y abandono de la infraestructura sanitaria; por siglos de violencia contra los más pobres y por la marginación a la cual han condenado a los sectores más vulnerables como la niñez, la juventud y las mujeres. Si algo positivo se extrae de esta amenaza sanitaria, es su capacidad de poner en evidencia la estulticia y falta de humanidad de quienes están supuestos a gobernar dentro de un marco de ética y valores, así como la valentía de quienes quizá den el golpe de timón para poner atención, por fin, a las necesidades de sus pueblos.

Nuestros países carecen de recursos para enfrentar una amenaza sanitaria.

Fuente e imagen: https://iberoamericasocial.com/pobreza-la-peor-pandemia/

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La lucha por un «internet feminista»

Por: Tamara Pearson

México debate una nueva legislación para lograr un internet libre de acoso y de sexismo. La Ley Olimpia, una de las pocas iniciativas parlamentarias de origen popular, pone en discusión el poder de las redes, el patriarcado y las relaciones sexistas en un medio que muchos consideran la panacea de la democracia.

Cuando Patricia Azcagorta se presentó como candidata a la alcaldía de Caborca (en el estado de Sonora) en 2018, circuló en las redes sociales un video de una mujer bailando en ropa interior, junto con fotos de Azcagorta. Además, había mensajes acusándola de ser stripper.

El uso de imágenes íntimas -reales o falsas- para atacar la credibilidad de una mujer, avergonzarla o silenciarla, es uno de los diversos tipos de violencia contra las mujeres a través de internet que el gobierno de México formalizará como delito en los próximos meses.

La llamada Ley Olimpia es una modificación de una ley existente sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y es, además, una de las pocas iniciativas jurídicas mexicanas que tiene origen popular. Fue aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional en noviembre del año pasado tras una fuerte campaña de Olimpia Coral Melo y varios grupos feministas. Ahora es necesario que sea aprobada por el Senado.

Coral Melo tenía solo 18 años cuando un video de ella desnuda fue difundido en WhatsApp. Como resultado, fue insultada por la prensa local, que utilizó sus imágenes en sus portadas para vender y se la conoció como «la gordibuena de Puebla» (una referencia sexista a la forma de su cuerpo). Recibía numerosas peticiones de sexo por parte de los hombres. Ella contó que se encerró en su casa durante ocho meses e intentó suicidarse tres veces. Cuando intentó finalmente denunciar lo sucedido en la oficina del Fiscal, se le informó que no se trataba de un delito. Así que se organizó con otras mujeres para crear una propuesta de enmienda o una ley. Pero la enmienda que se está aprobando ahora tiene limitaciones y muchos activistas, basados en su experiencia en el sistema legal mexicano, dudan que sea implementada justamente. De hecho, México tiene la tasa de impunidad más alta de América.

En el mundo de internet, los hombres dominan los medios de comunicación (como expertos y periodistas) y la sección de comentarios. Ahora, la pregunta es si esta enmienda es un paso inicial positivo para crear un internet libre de violencia basado en principios de respeto e igualdad para las mexicanas o si es más bien un obstáculo.

Tipos de violencia digital cometidos en México y su impacto

Según la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones de México, más de 9 millones de mujeres del país se han enfrentado a algún tipo de agresión tecnológica. Luchadoras, un colectivo feminista mexicano que pasó dos años acompañando a mujeres que experimentaron violencia en línea, identificó 13 tipos de agresión. Entre ellas se encuentran el acecho y la vigilancia constante, las amenazas, la expresión discriminatoria, la difusión de información personal o íntima, el lucro por explotación sexual a través de imágenes, el acoso y la extorsión.

Un ejemplo común de aprovecharse de las imágenes son las cuentas como la ya borrada @quieromipack, que venden o intercambian «paquetes» de fotos o videos íntimos o sexualmente explícitos. Un tuit de esa cuenta decía: «Cientos de fans están recibiendo sus paquetes. Si tienes packs de tus amigas, ex novias, o tomas packs o tienes los tuyos propios… contáctanos y te lo cambiaremos por un pack de nuestra página o por una membresía». Tenga en cuenta que cuando se refiere a «amigas» y «novias», las palabras son femeninas, y que no se requiere consentimiento en esta página web para enviar fotos de otras personas.

Luchadoras también realizó un estudio sobre la violencia digital contra las mujeres durante las elecciones de 2018 (en las que se disputaron 18.299 cargos desde el nivel nacional hasta el local) y encontró que las agresiones online más comunes contra las mujeres durante el período electoral fueron expresiones discriminatorias, amenazas y campañas de descrédito. Además, demostraron que había cinco patrones clave subyacentes a las agresiones: juzgar el carácter sexual del candidato, la objetivación sexual, los ataques a la familia, los roles de género y la apariencia. Lucía Rojas, por ejemplo, era una joven feminista que se presentó como candidata independiente y ahora es diputada federal. Ella dijo que, durante la campaña, su imagen, los tatuajes y los piercings fueron atacados y que fue injuriada por ser mujer, lesbiana y joven. «Mi credibilidad, conocimiento y experiencia fueron cuestionados», aseguró.

El impacto de la violencia en línea para las mujeres, tanto en el nivel individual como colectivo, suele considerarse menos significativo porque tiene lugar en un espacio de naturaleza virtual. Pero «lo que es virtual también es real, y eso significa que los efectos de este tipo de violencia son reales, se sienten en el cuerpo, en el espíritu y en los derechos de la mujer», señaló Lourdes Barrera, de Luchadoras.

La doctora Emma Short, psicóloga e investigadora de psicología cibernética de la universidad de Bedforshire, piensa que el impacto del abuso en línea es mayor «porque su condición de víctima se difunde para que todo el mundo la vea. A menudo se une un tercero por lo que la multitud o la manada va tras de ti. Así que muy rápidamente, se siente como si el mundo entero estuviera detrás de ti». Luchadoras habló con mujeres que habían experimentado violencia en línea e identificaron los impactos que éstas habían tenido, incluyendo náuseas, dolores de cabeza, falta de apetito, estrés, ansiedad, rabia, depresión, paranoia, miedo, confusión e impotencia. También hablaron sobre la autocensura y el abandono de la tecnología.

La violencia pública, como la violencia en línea, es una táctica para ejercer poder sobre las mujeres. Afecta nuestra capacidad de expresarnos libremente, mientras que el discurso de odio y el abuso de los trolls es tolerado.

México hace cambios

La enmienda al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia digital como «cualquier acto a través de las tecnologías de la información y la comunicación, las plataformas de internet, las redes sociales o el correo electrónico que atente contra la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad o la vida privada de las mujeres, o que cause daños o sufrimientos psicológicos, físicos, económicos o sexuales». Esta enmienda, conocida como la Ley Olimpia, enumera este tipo de violencia incluyendo el acoso, las amenazas, los insultos, la violación de datos y los mensajes de odio.

La sentencia señala la necesidad de campañas de educación, programas de prevención y capacitación. Los delitos pueden ser denunciados a la Fiscalía, que puede ordenar a las empresas que están detrás de las plataformas que bloqueen o eliminen las imágenes o vídeos implicados. Las penas varían según el estado, pero incluyen hasta seis años de prisión o multas de hasta 4.600 dólares.

Hablé sobre la enmienda con Isabel Portillo, una psicóloga que se ha enfocado en la violencia y en la capacitación sobre el acoso cibernético en la fundación En Movimiento. Ella argumentó que la Ley Olimpia era necesaria, y que «los esfuerzos de Olimpia han comenzado a tener un impacto. Sin embargo, es necesario tomar más medidas para eliminar la violencia que hay en las redes sociales». Dijo que era importante dar a conocer la enmienda para que las víctimas puedan denunciar el ciberacoso y que quienes lo practican sean conscientes de las consecuencias.

Sin embargo, también hablé con Martha Tudón, coordinadora de derechos digitales de Articulo 19 México, una organización centrada en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Ella sostuvo que la enmienda era problemática. «Las definiciones son muy generales. Por ejemplo, ¿qué es la intimidad? Podría ser mi cuello, mi cabello. Lo que hemos visto con este tipo de leyes ambiguas es que todo puede caer en su ámbito y se utilizan para atacar a los periodistas. Las personas que más se aprovechan de estas leyes son las autoridades que ven algunas noticias en internet y quieren que las eliminen», apuntó. «Tales leyes terminan siendo usadas para el populismo, para que los políticos puedan lavarse las manos y no mejorar las cosas de raíz. La enmienda es muy cosmética. Además, el árbitro es el Estado. ¿Realmente quieres darle a un Estado patriarcal la capacidad de decir qué contenido debería estar en internet?».

Desde Luchadoras dicen que la Ley Olimpia corre el riesgo de quedarse solo en el papel. Reclaman procesos de denuncia adecuados que sean sensibles a las necesidades de las mujeres y que las protejan en lugar de revictimizarlas. Dicen que más allá de multas o la prisión, son importantes las acciones que ayuden a las mujeres a recuperarse, así como las garantías de que los delitos no se repitan.

La desigualdad es inherente a la arquitectura de internet

Internet está jugando un papel en «la estructuración de nuestras identidades y la organización de nuestras interacciones sociales», dijo la doctora Charlotte Webb, cofundadora del «internet feminista». Además, aseguró que internet también se basa en las mismas estructuras económicas y de poder que el mundo real.

La dominación de los hombres sobre el sector tecnológico se expresa en tanto usuarios y en tanto propietarios. Sus prejuicios de género se reproducen en la tecnología como Alexa y Siri -asistentes personales con voces femeninas-. El contenido de internet, desde el porno hasta los medios de comunicación, también está dirigido en gran medida por hombres. En Wikipedia, por ejemplo, más del 80% de los editores son hombres. Esa falta de diversidad se traduce en el hecho de que sólo el 17,7% de las biografías en la Wikipedia en inglés son sobre mujeres.

En México, «a menudo los hombres son los que (en su familia) son dueños de los aparatos electrónicos». Es un mecanismo de poder. Le prestan el suyo a su pareja por un tiempo. «Así que controlan cómo accedemos a él y eso significa nuestro acceso a la educación, a la cultura, a la información sobre temas como la salud», afirmó Tudón.

Además, internet está «colonizado por hombres de Estados Unidos», argumenta. «Y cuando hay mujeres, son blancas y privilegiadas. Creo que internet será más inclusivo cuando las comunidades tengan sus propias herramientas de información y difusión. En México, utilizamos principalmente Facebook, Twitter, Google, WhatsApp, lo que significa que estamos utilizando herramientas hechas en los Estados Unidos que responden a un contexto diferente».

Tudón afirma que espera que llegue el momento en que las comunidades puedan crear su propio contenido en sus propios idiomas, en sus propios términos. Isabel Portillo tiene una apuesta similar. Alienta a las mujeres de México a que presten apoyo mutuo a otras mujeres en internet que estén siendo atacadas. «Tenemos muchas posibilidades de mostrar solidaridad», concluyó.

Fuente e imagen: https://nuso.org/articulo/el-internet-feminista-por-el-que-luchan-en-mexico/

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