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Chile: Declaración de académicas por tomas feministas

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“No buscamos una universidad más neoliberal con perspectiva de género. Buscamos transformar la educación”

The Clinic

Estamos ante un movimiento de trascendencia histórica. Se levantan en nuestro país, en diversas universidades, asambleas, paros y tomas feministas, configurando formas de acción colectiva que hace pocos años atrás no eran siquiera imaginables y que hoy irrumpen en el escenario público para impugnar los cimientos patriarcales y androcéntricos de las instituciones universitarias.

Este nuevo ciclo de movilizaciones, que se inicia por denuncias de acoso sexual y por la insuficiencia de los protocolos y normativas existentes, abre una inédita posibilidad de poner en cuestión el sistema de educación superior en su conjunto, en tanto la violencia machista y la reproducción de las desigualdades de género denunciadas, están estrechamente imbricadas con el carácter antidemocrático y mercantil de las instituciones educativas.

Sabemos que la violencia de género es grande y compleja y que atraviesa todas las esferas de nuestra vida. Por ello, transformar esta dimensión en las universidades implica transformar estructuralmente la educación, minando las bases del sexismo que reproduce, en las instituciones educativas, la división sexual del trabajo, reforzando la asociación de razón, poder y éxito en el mercado con lo masculino y de emocionalidad, subordinación natural y precarización con lo femenino. En este sentido, no es para nada casual que usemos la frase “casa de estudios” para nombrar las universidades, si vemos cómo estas replican los roles de género, constituyendo así una extensión de la casa heteropatriarcal en la esfera de la educación formal.

La lucha contra el patriarcado y contra la reproducción de los roles de género es también una lucha contra la educación de mercado, pues las carreras feminizadas, asociadas a las labores de cuidado, crianza y empatía, son precisamente las más precarizadas, mientras que las carreras típicamente masculinas son las más valoradas socialmente, las más exitosas en el mercado y las que cuentan con mayores recursos. Esto sigue reforzando la reproducción de los roles de género y perpetúa la violencia hacia los cuerpos feminizados. El feminismo, precisamente, invita a impugnar esa reproducción y a entender que no podemos luchar en contra del patriarcado en la educación sin luchar en contra del mercado que refuerza las asimetrías de género y que orienta las instituciones educativas.

Pensar la educación feminista significa pensar la democracia, la libertad y la igualdad. Ideales que no son sinónimo de empoderamiento individual y meritocracia, sustentada en privilegios socioculturales y que tampoco pueden ser procesados mediante la adición cosmética de la “perspectiva de género” en cursos, programas de perfeccionamiento o formación contínua, capacitaciones u otros mecanismos propios de la administración universitaria neoliberal. Una educación feminista significa transformación desde la raíz, abarcando el orden jurídico (cambio de estatutos desde una ordenación feminista), igualdad sustantiva (procedimientos de paridad, igualdad de salarios, etc.), perspectiva teórica feminista para el cuestionamiento general del concepto de educación y de universidad, desde las disciplinas hasta las jerarquías. La educación feminista significa también retomar las históricas banderas de la lucha por la educación pública e insistir en la educación como un derecho social y en la necesidad de financiamiento directo a las universidades públicas, para poder materializar un proyecto educativo transformador y garantizar condiciones de dignidad e igualdad laboral para académicas/os y funcionarias/os, porque el feminismo impugna también la precarización del trabajo.

El feminismo pone en cuestión las jerarquías, los privilegios y las desigualdades, pues precisamente las asimetrías de poder y el carácter estamental en los espacios sociales generan condiciones propicias para el abuso y para su naturalización. En ese sentido, la democratización de las instituciones educativas y el trabajo triestamental son condiciones de posibilidad para llevar adelante la transformación de nuestras universidades desde una perspectiva feminista.

Las movilizaciones estudiantiles que han estallado son una rebelión contra la injusticia que imponen los mandatos del género en el neoliberalismo. Por tanto, la recuperación de la educación pública de la captura del mercado sexista no pasa por tener una universidad más neoliberal con “perspectiva de género”, sino por derribar las bases de la educación mercantil-sexista para construir desde el feminismo una nueva educación pública.

Saludamos y apoyamos con entusiasmo a las estudiantes que han levantado este movimiento y como diputada feminista, profesoras universitarias, escritoras e intelectuales hacemos un llamado a asumir un rol activo en esta movilización, organizándonos, creando espacios de discusión y articulándonos en una alianza feminista amplia, que siente las bases de un nuevo pacto social por una nueva educación pública, democrática y feminista.

Firmantes:

Camila Rojas Valderrama. Diputada Izquierda Autónoma. Frente Amplio.

Beatriz Sánchez. Instituto de Comunicaciones e Imagen. Universidad de Chile.

Faride Zerán Chelech. Universidad de Chile.

Diamela Eltit. Escritora.

Nelly Richard. Crítica Cultural y Ensayista.

Alejandra Castillo. Filósofa feminista. Departamento de Filosofía. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Daniela López Leiva. Encargada Feminista Diputación Camila Rojas Valderrama.

Pierina Ferretti. Socióloga. Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos Universidad de Chile – Fundación Nodo XXI.

Camila Miranda. Directora Fundación Nodo XXI.

Carolina Olmedo Carrasco. Universidad Alberto Hurtado. Directora Fundación Nodo XXI.

Yesenia Alegre Valencia. Socióloga. Universidad Viña del Mar. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Leticia Arancibia Martinez. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Gloria Caceres Julio. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

María Angélica Cruz. Universidad de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Mónica Iglesias. Instituto de Sociología. Universidad de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Patricia González San Martín. Facultad de Humanidades. Universidad de Playa Ancha. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Tania de Armas Pedraza. Directora Departamento de Sociología Universidad Playa Ancha. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Sonia Reyes Herrera. Instituto de Sociología Universidad de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Lorena Zuchel Lovera. Departamento de Estudios Humanísticos UTFSM. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Jeanne Hersant. Departamento de Sociología Universidad de Playa Ancha. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Alejandra Ramm Santelices. Universidad de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Claudia Montero. Instituto de Historia y Ciencias Sociales Universidad de Valparaíso. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Maribel Ramos Hernández. Departamento de Sociología Universidad de Playa Ancha. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Marjorie Mardones Leiva. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Playa Ancha. Red de Académicas Feministas de Valparaíso.

Pamela Soto Vergara. Psicóloga. Universidad Andrés Bello.

Luna Follegati Montenegro. Historiadora. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Rosario Olivares. Departamento de Filosofía. Universidad Alberto Hurtado.

Carolina Avalos. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Austral de Chile.

Lelya Troncoso. Trabajo Social. Universidad de Chile.

Mia Dragnic. Socióloga. Maestra en Estudios de Género. Universidad de Chile.

Caterine Galaz. Trabajo Social. Universidad de Chile.

Hillary Hiner. Escuela de Historia. Universidad Diego Portales.

Laura Albornoz Pollmann. Departamento de Derecho Privado. Universidad de Chile.

Daniela Marzi. Universidad de Valparaíso.

Javiera Arce. Universidad de Valparaíso.

Isabel Piper. Psicología. Universidad de Chile.

Paula Quintana. Instituto de Sociología. Universidad de Valparaíso.

Antonella Marín. Instituto Arcos Viña del Mar.

Paula López. Instituto Arcos Viña del Mar.

Eloid Chabaud. Instituto Arcos Viña del Mar.

Ana Luisa Muñoz. Profesora de Historia e Investigadora.

Claudia Rojas Necuhual. Facultad de Economía y Negocios. Universidad de Chile.

Ana Traverso. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Austral de Chile.

Karen Alfaro. Facultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Austral de Chile.

Mónica Peña. Facultad de Psicología. Universidad Diego Portales.

Ariadna Biotti Silva. Archivo Central Andrés Bello. Universidad de Chile.

Javiera Carmona Jiménez. Universidad de Playa Ancha.

María José Yaksic. Magíster en Estudios Latinoamericanos. Universidad de Chile.

Ximena Azúa. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Chile.

Daniela Jara. Instituto de Sociología. Universidad de Valparaíso.

Carolina Benavente Morales. Centro de Investigaciones Artísticas. Universidad de Valparaíso.

Javiera Robles Recaberren. Doctoranda en Historia. UNLP/IIGG-CONICET

Karin Berlien Araos. Departamento de Ingeniería Comercial. Universidad de Valparaíso.

Pamela Jaime Elías. Profesora de Historia.

María Isabel Puerto Perez. Abogada. Docente Universidad de Valparaíso.

Verónica Francés. Arquitecta. Centro de Investigaciones artísticas. Universidad de Valparaíso.

Carolina Andrade Amaral. Encargada Oficina Comunal Diversidades Sexuales y Docente en Violencia de Género. Universidad Andrés Bello.

Sara Avalos Urtubia. Profesora de Historia y Geografía. ONG Contra de Reñaca Alto.

Sandra Rojas Cáceres. Trabajadora Social. Universidad de Viña del Mar y Universidad de las Américas.

Ana Gálvez Comandini. Historiadora. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Alejandra Zuñiga Fajuri. Escuela de Derecho. Universidad de Valparaíso.

Marcela Díaz Rebolledo. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Chile.

Sofía San Martín Moreno. Socióloga. Universidad de Playa Ancha.

María Soledad Vargas Carrillo. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Directora Magister en Comunicaciones.

Lina Marín Moreno. Universidad de Valparaíso.

Nico Mazzucchelli. Trabajadora Social. Académica Universidad de Viña del Mar y Universidad de Valparaíso.

Nicole Cisternas Collao. Socióloga.

Carolina Pinto. Socióloga. Académica Universidad de Viña del Mar.

Claudia Espinoza. Universidad de Valparaíso.

Tamara Ortega Uribe. Socióloga. Universidad de Playa Ancha.

Camila Arriagada B., Unidad de Control de Proyectos Universidad Técnica Federico Santa María

Claudia López, Departamento de Informática y Observatorio de Género en Ciencia e Ingeniería UTFSM.

Paulina Santander Astorga, Departamento de Industrias y Observatorio de Género en Ciencia e Ingeniera UTFSM.

Marianna Oyanedel, Departamento de Estudios Humanísticos UTFSM.

Aldonza Jaques, Departamento de Ingeniería Química y Ambiental UTFSM

Marcela Prado Traverso Facultad de Humanidades, Universidad de Playa Ancha

Francesca Iunissi, Facultad de Ingeniería, Universidad de Playa Ancha

Karen Alfaro, Facultad de Filosofía y Humanides, Universidad Austral de Chile

Ana Traverso, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Austral de Chile

Paola Bolados, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso.

Karina Marambio Guzmán, Escuela de Psicología. Universidad de Valparaíso.

Esperanza Díaz Cabrera, Profesora de Historia, Magíster en Historia.

Verónica Figueroa Huenchu. Instituto de Asuntos Públicos. Universidad de Chile.

Paulina Vergara Saavedra. Instituto de Asuntos Públicos. Universidad de Chile.

http://www.theclinic.cl/2018/05/09/declaracion-destacadas-academicas-tomas-feministas-no-buscamos-una-universidad-mas-neoliberal-perspectiva-genero-buscamos-transformar-la-educacion/

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Comunicado ONU Mujeres con ocasión del 25 de mayo: Día Nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual

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Comunicado

Hoy por cuarto año consecutivo en Colombia, ONU Mujeres se suma a la ciudadanía, instituciones y al movimiento #NoEsHoraDeCallar para dignificar a todas las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, expresión extrema de la discriminación y violencia contra las mujeres, en el marco del Día Nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, establecido en 2014 por el Decreto 1480 de la Ley de Víctimas.

En ese sentido las Naciones Unidas declaran la violencia contra las mujeres y niñas como la más extendida violación de derechos humanos y uno de los principales obstáculos para el desarrollo y la paz sostenibles. El silencio, la tolerancia social y la impunidad son el caldo de cultivo que perpetúa la violencia de género, afectando a las mujeres, pero también al conjunto de la sociedad.

La memoria construida sobre los testimonios de las miles de colombianas víctimas de este flagelo ha impulsado acciones para que cese la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes en el conflicto armado y fuera de él, y para que lo que les ocurrió no siga sucediendo y no vuelva a suceder. Las mujeres que han roto el silencio con valentía hoy dan voz a quienes no la tienen aún y a quienes aún buscan justicia. Queremos hacer un reconocimiento a las luchas de las mujeres víctimas.

Colombia cuenta con un marco jurídico para hacer frente a la violencia sexual y para garantizar los derechos de quienes han sido víctimas. El acuerdo de paz, emblema en el mundo, incluye previsiones reforzadas para investigar y sancionar la violencia sexual durante el conflicto y lograr un país donde las mujeres y niñas disfruten de una vida libre de violencias.

La adopción de estas medidas es el resultado del compromiso de las autoridades colombianas y de los esfuerzos de la sociedad civil, en especial de las organizaciones de mujeres, por exigir mayor visibilidad de la violencia sexual, como paso necesario para su prevención y erradicación como práctica sistemática.

No obstante los avances, aún persiste una brecha entre las normas y la realidad de la vida de las mujeres. El Registro Único de Víctimas reporta 22.439 mujeres víctimas de violencia sexual a lo largo del conflicto armado colombiano. De estas, 413 casos corresponden a hechos ocurridos en 2016 y 244 en 2017.

La Fiscalía General de la Nación por su parte reporta 26.270 denuncias tomadas por violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado en 2017 donde solamente en un 17% logró imputación, en un 13% hay acusación y un 5% cuenta con sentencia condenatoria.

Los desafíos son enormes y es nuestra responsabilidad colectiva poner fin a todas las formas de violencia sexual hacia mujeres y niñas:

Primero, urge transformar la cultura de impunidad frente a la violencia sexual, por una cultura que condene -social y judicialmente- a los perpetradores de estos hechos. No hacerlo, contribuye a que esta forma de violencia se normalice y arraigue en mayor medida en las sociedades después del conflicto y permite que incontables mujeres y niñas sigan viviendo bajo la sombra de la discriminación y la violencia. Además, impide avanzar en la reconciliación nacional y en la construcción de una paz sostenible.

Segundo, se requiere que los entes de atención, justicia y reparación den una respuesta centrada en las víctimas, que reconozca y transforme las situaciones de discriminación, marginación y exclusión de las mujeres, que sustenta la violencia sexual e impiden u obstaculizan su acceso a la justicia.

Tercero, necesitamos una fuerte voluntad política, mayores recursos y una acción coordinada. El vínculo entre el empoderamiento político y económico de las mujeres y la protección contra la violencia sexual es la estrategia que permitirá reducir de manera sostenible la ocurrencia de crímenes de violencia sexual relacionados con el conflicto, y que reforzará la cohesión social y la reconstrucción del tejido social en las comunidades afectadas por estos incidentes.

Cuarto, es importante trabajar de la mano gobierno y sociedad civil en la reintegración socioeconómica, la lucha contra el estigma y el énfasis en las poblaciones con mayor vulnerabilidad, como mujeres y niñas refugiadas, migrantes que viven en entornos de desplazamiento o en áreas rurales remotas, así como también mujeres excombatientes en proceso de reincorporación.

Quinto, la prevención de la violencia debe empezar en una etapa temprana. El sistema educativo y el personal docente está en contacto con niñas y niños y adolescentes y puede transmitir los principios de igualdad, respeto y actitudes no violentas a las generaciones futuras.

La prevención y la eliminación de la violencia sexual -tanto en la guerra como en la paz- es una prioridad para lograr que la paz sea sostenible, por ello, intensifiquemos los esfuerzos nacionales y locales, incluyendo el financiamiento adecuado para garantizar a todas las mujeres y las niñas su derecho a una vida libre de todo tipo de violencias, terminar con la impunidad y garantizar a las víctimas sus derechos. Nos convoca la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición.

ONU Mujeres en Colombia se suma a la conmemoración y reconoce la dignidad de las víctimas de delito que todavía sufren miles de mujeres en Colombia. Seguiremos trabajando para comprometer a todas las instituciones y sectores de la sociedad con la efectiva erradicación de la violencia sexual como condición sine qua non para una paz estable y duradera.

Para mayor información:

La lucha contra la violencia sexual ha quedado en resoluciones, no soluciones.

Estrategia de reparación integral a mujeres víctimas de violencia sexual

Reparar lo irreparable

Contacto:

Marianny Sánchez Núñez

Comunicaciones – ONU Mujeres Colombia

Marianny.sanchez@unwomen.org

+57 3226774797

Fuente: https://reliefweb.int/report/colombia/comunicado-onu-mujeres-con-ocasi-n-del-25-de-mayo-d-nacional-por-la-dignidad-de-las

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Bolivia: educación católica en estado de emergencia

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Bolivia/ 27 de marzo de 2018/Fuente: http://www.vaticannews.va

Según informa la Agencia Fides, la Iglesia pide se revoque o derogue la ordenanza ministerial

Ciudad del Vaticano

Bolivia: educación católica en estado de emergencia

Según informa la Agencia Fides, “los obispos bolivianos han alzado sus voces con gran preocupación, para dirigirse a los padres de los alumnos de las 1.523 instituciones educativas católicas del país”. En la declaración recibida por la Agencia, las escuelas “no pueden seguir garantizando la enseñanza, la educación cristiana y una formación integral de calidad”, debido a una reciente disposición del Ministerio de Educación boliviano.

Los docentes serán designados por el Ministerio

La ordenanza dispone que la dirección de los institutos y universidades ya no dispondrán de las competencias para seleccionar a sus docentes, quienes serán designados directamente por el Ministerio, en flagrante violación de la Convención Estado-Iglesia sobre cooperación educativa. La delegada de la Comisión Educativa del Vicariato Apostólico de Pando, la  profesora Carmen Suárez, expresa que la Iglesia boliviana, está estudiando la posibilidad de poner en marcha “medidas de carácter demostrativo, como el cierre de todas sus instituciones educativas o una huelga”.

Iglesia pide se revoque o derogue la ordenanza ministerial

La carta enviada a los padres, escribe Fides, está firmada por Mons. Jesús Juárez Parraga, Arzobispo de Sucre y Presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal. Los Obispos también han enviado una nota al ministro Roberto Aguilar en la que declaran que la educación católica se encuentra “en estado de emergencia” y exigen que se revoque o derogue la ordenanza ministerial, n. 083/2018.

Fuente del Documento:

http://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2018-03/bolivia–educacion-catolica-en-estado-de-emergencia.html

 

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En el Día de Internet Seguro, UNICEF hace un llamamiento para que se tomen medidas urgentes para proteger a los niños y su huella digital

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COMUNICADO DE PRENSA

Más de 175.000 niños se conectan todos los días por primera vez a internet, un nuevo niño cada medio segundo, según dijo hoy UNICEF. El acceso digital expone a estos niños a una gran cantidad de beneficios y oportunidades, pero también a una serie de riesgos y daños, entre ellos el acceso a contenido perjudicial, la explotación y el abuso sexual, el ciberacoso y el uso indebido de su información privada, advirtió la organización dedicada a la infancia.

“Todos los días, miles de niños se conectan por primera vez, y esto les expone a una avalancha de peligros que sólo ahora estamos empezando a apreciar, y que estamos lejos aún de poder abordar”, dijo Laurence Chandy, Director de Datos, Investigación y Políticas de UNICEF. “Si bien los gobiernos y el sector privado han logrado algunos avances en la formulación de políticas y enfoques para eliminar los riesgos en línea más graves, debemos hacer mayores esfuerzos para comprender y proteger plenamente la vida en línea de los niños”.

En todo el mundo, 1 de cada 3 usuarios de Internet es un niño; sin embargo, tal como se describe en El Estado mundial de la Infancia 2017: Niños en un mundo digital, no se toman las suficientes medidas para protegerlos de los peligros del mundo digital, salvaguardar el rastro de información que crean sus actividades en línea y aumentar su acceso a un contenido en línea seguro y de calidad.

El informe deja claro que la obligación de proteger a los niños en el mundo digital recae en todos, incluidos los gobiernos, las familias, las escuelas y otras instituciones. Sin embargo, la publicación señala también que el sector privado, especialmente las industrias de la tecnología y las telecomunicaciones, tiene la responsabilidad, única y muy importante, de influir en la forma en que la tecnología digital repercute sobre los niños, una responsabilidad que no se han tomado lo suficientemente en serio. Es preciso aprovechar el poder y la influencia del sector privado a fin de promover la creación de estándares éticos para la industria en relación con los datos y la privacidad, así como otras prácticas que beneficien y protejan a los niños cuando están en línea.

UNICEF pide que se renueve el sentimiento de urgencia y la cooperación entre los gobiernos, la sociedad civil, los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales dedicadas a la infancia y, lo que es más importante, el sector privado, para situar a los niños en el centro de la política digital mediante una serie de medidas:

1. Coordinar la respuesta mundial, regional y nacional. Debemos profundizar la colaboración entre los responsables políticos, las fuerzas del orden y la industria tecnológica para integrar los principios de la seguridad en el diseño de tecnología y trabajar juntos para encontrar soluciones que se mantengan a la par con cierto tipo de tecnología digital que tiene el poder de potenciar y ocultar la trata ilegal de personas y otros tipos de abusos infantiles en línea.

2. Salvaguardar la privacidad de los niños. Es preciso alcanzar un compromiso mucho mayor del sector privado y los gobiernos para proteger y no hacer mal uso de los datos de los niños, y respetar su encriptación; la aplicación completa de las normas internacionales en la recopilación y el uso de datos sobre niños en línea; y enseñar a los niños cómo protegerse de las amenazas contra su propia privacidad.

3. Empoderar a los niños en línea por medio de un acceso más equitativo y la alfabetización digital. A los niños se les debe enseñar cómo mantenerse informados, comprometidos y seguros en línea, entre otras cosas por medio de una mayor colaboración entre los gobiernos y los expertos en tecnología para adoptar las medidas siguientes: elaborar plataformas de tecnología de la información y la comunicación y planes de estudios que abarquen desde la escuela primaria hasta la secundaria; prestar apoyo a las bibliotecas en línea y ampliar la capacidad de las bibliotecas públicas para enseñar aptitudes digitales; invertir en la capacitación de docentes en tecnología digital; enseñar a los niños cómo reconocer y protegerse de los peligros en línea y la desinformación; y hacer de la ciudadanía digital un componente central de la instrucción sobre la alfabetización digital.

4. Aprovechar el papel único del sector privado. Existe una necesidad urgente de establecer y aplicar normas éticas sobre datos y privacidad en las empresas con el fin de proteger y beneficiar a los niños en línea, lo que incluye la elaboración de productos desde un punto de vista ético y la realización de una labor de marketing que mitigue los riesgos para los niños.

5. Invertir para obtener mejores datos sobre el acceso, las oportunidades y los riesgos que conectarse en línea supone para los niños. Necesitamos obtener mejores datos sobre el acceso y las actividades de los niños en línea, de modo que podamos aprovechar estos datos para establecer marcos normativos y políticas que reconozcan las distintas necesidades y derechos de los niños; fortalecer la coordinación y el intercambio de conocimientos a nivel mundial para abordar los desafíos del mundo digital; profundizar la colaboración con organizaciones dedicadas a la infancia; y participar de manera más sistemática con los encargados de formular políticas y los legisladores.

“En el tiempo que se tarda en hacer clic en un enlace, un niño en algún lugar comienza a crear un rastro digital que aquellos que no necesariamente piensan en el mejor interés del niño pueden seguir y potencialmente explotar”, dijo Chandy. “A medida que aumenta el número de niños cada vez más pequeños que comienzan a utilizar internet, la necesidad de llevar a cabo una discusión seria sobre cómo mantenerlos seguros en línea y asegurar su huella digital se hace cada vez más urgente”.

Fuente: https://www.unicef.org/spanish/media/media_102560.html

Imagen de archivo OVE

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Comunicado de prensa UNICEF: Venezuela. aumenta la prevalencia de la desnutrición infantil en medio de una crisis económica cada vez más profunda

UNICEF

UNICEF – Venezuela/06 de enero de 2018/Fuente: UNICEF

UNICEF insta a una acción nacional coordinada para atender a los niños más vulnerables

Cada vez más niños en Venezuela sufren desnutrición como consecuencia de la prolongada crisis económica y financiera que vive el país, advierte UNICEF. Aunque no hay cifras exactas por la falta de información oficial sobre salud y nutrición, hay señales claras de que la crisis está limitando el acceso a los niños a la asistencia médica, alimentos y medicinas. La organización hace un llamamiento para que se agilice la puesta en marcha de una respuesta sistematizada contra la desnutrición, basada en la información desglosada y coordinada entre el Gobierno y aliados.

Según la información oficial disponible, publicada por el Instituto Nacional de Nutrición en 2009, la prevalencia de emaciación (peso inferior al que corresponde a la estatura) en los niños menores de cinco años era por entonces del 3,2%. No obstante, los estudios no oficiales más recientes muestran tasas aún mayores. El Informe Global de Nutrición calcula una prevalencia de emaciación del 4,1%, mientras que el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2017 sugiere que la desnutrición (una medida del hambre que indica la proporción de la población con un consumo insuficiente de alimentos) en Venezuela ha crecido de un 10,5% a un 13% entre 2004-2006 y 2014-2016.

Según el informe trimestral de Cáritas de agosto de 2017, el 15,5% de los niños evaluados presentaban síntomas de emaciación (comparado con el 11,1% en el trimestre anterior), y un 20% adicional de niños en riesgo de desnutrición. Los resultados de estos estudios, aunque no representan el total de la población, son un indicador del continuo deterioro del estado nutricional de los niños.

El Gobierno Bolivariano de la República de Venezuela ha implementado medidas para mitigar el impacto de la crisis sobre la nutrición de los niños, incluyendo la provisión de paquetes mensuales de comida a precios asequibles para las familias más vulnerables, así como ayudas en efectivo y a través del refuerzo de los servicios de valoración nutricional y de recuperación. Pero hace falta más para revertir el preocupante deterioro en el bienestar de los niños.

UNICEF reitera su disposición para reforzar el apoyo al Gobierno y los aliados en la sociedad civil para mitigar el impacto de la crisis sobre los niños más vulnerables.

UNICEF está colaborando con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Nutrición, y las organizaciones sociales para reforzar y ampliar la vigilancia nutricional a nivel comunitario; proporcionando servicios de recuperación nutricional a través de sus aliados; apoyando cinco centros de maternidad prioritarios en el Distrito Capital, promoviendo la lactancia materna y orientando a las familias sobre crianza y sobre dónde pedir ayuda en caso de ser necesario, entre otros servicios. Estas actividades están siendo implementadas a través de actividades como los días de revisión, en los que se ha visto a más de 113.000 niños; proporcionado alimentos terapéuticos y suplementos en los casos necesarios; programas de capacitación y campañas de comunicación.

Fuente del Comunicado:

https://www.unicef.org/spanish/media/media_102501.html

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Comunicado en Apoyo a los Docentes de Michoacán

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Todo el apoyo a lxs docentes michoacanos reprimidos. Libertad y desprocesamiento de lxs 34 detenidos

Desde Argentina, Alternativa Docente, en la conducción de SUTEBA Multicolor bonaerense, de Ademys en la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Nacional Docente, FND-CTA Autónoma nos solidarizamos con las maestras y maestros de la Sección XVIII de Michoacán, reprimidos y lxs 34 detenidos el lunes 22 de enero en México. Exigimos al gobierno la inmediata liberación y desprocesamiento de todxs y se atiendan las demandas y pagos que reclaman.
Luego de meses de fallidos intentos de negociación con el gobierno mexicano se recurre, una vez más, a la represión y el encarcelamiento de las y los trabajadores de la educación mexicana.  Al mismo tiempo responsabilizamos al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles y al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de la integridad de lxs docentes.
Estos ataques son resultado de las contrarreformas educativas que promueven el Banco Mundial, la OCDE y el FMI, aplicadas por gobiernos como el de Piñera Nieto en México, Macri en Argentina o Temer en Brasil. Desde la Agrupación Nacional Clasista y Antiburocrática, ANCLA y el MST en Izquierda al Frente decimos a estos gobiernos que, en vez de reprimir, deben dar respuesta a las demandas docentes y educativas en México y Latinoamérica. Fuerza compañeras y compañeros docentes de la Sección XVIII de Michoacán. ¡Su lucha es nuestra!

Alternativa Docente
en ANCLA / MST

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En Honor al Dr Pablo Briceño Zabala

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Hoy ha partido el Doctor Pablo Enrique Briceño Zabala; quien luego de una seria operación a corazón abierto, decidió abrirse paso en otro plano del que poco conocemos.

Del Dr. Pablo, nos quedan cantidades de experiencias en las que de manera inquebrantable hizo visible y explícita una fe de revolucionario a prueba de todo, lo que demostraba no solo por su verbo siempre sabio y aleccionador,sino por un accionar que dejaba muestras por doquier de su constante y genuina disposición para ayudar al menos favorecido y a quienes la penuria le visitara, ya fuese como abogado litigante de quien pudiese estar siendo atropellado por alguna instancias de poder, o como activista de lo íntegro para todos y para todas.

Por ello se le recordará, como un representante legal de profesores universitarios y de sindicatos docentes, y en especial como defensor del derecho al voto y en igualdad de condiciones , de profesores instructores y jubilados, personal administrativo, obrero y estudiante en las elecciones de autoridades universitarias, entre otras causas justas de las que el Dr. Briceño hizo suyas, como suya fue la vida plena, la mano amiga, la risa y la alegría.

Desde el Centro Internacional Miranda en Venezuela, honramos el inmenso legado que nos deja, como revolucionario siempre dispuesto a echar andar sociedades más justas e igualitarias. Que su partida nos inspire hoy mas que nunca como forma de tenerlo presente.

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