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Pide Solalinde atender educación de niños migrantes como sujetos, no como objetos

Por: Laura Poy Solano.

Frente a una educación comprada, amenazada, manipulada y orientada a la producción capitalista se debe buscar la revolución de las conciencias, afirmó Alejandro Solalinde, sacerdote y activista por los derechos humanos, quien destacó que este proceso debe comenzar por la recuperación de los referentes creados por los pueblos originarios y de sus culturas.

Al inaugurar el primer Congreso Nacional de Alternativas y Transformación Educativa, convocado por la Red de Universidades Alternativas, también recordó la llegada de miles de niños migrantes que buscan un mejor futuro, por lo que demandó atender sus necesidades educativas desde su propia realidad como sujetos y no como objetos.

Pidió reconocer la riqueza cultural y las experiencias que traen consigo los migrantes, en particular, dijo, las mujeres, quienes se dice, son las últimas en migrar, pero en su caminar van recogiendo las raíces de sus pueblos y las traen consigo. Podemos aprender mucho de ellos, porque representan la riqueza del mundo.

En el encuentro, Javier López Sánchez, titular de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), señaló que desde la mirada de los pueblos indígenas se demanda una educación integral y con una mirada holística que recupere la sabiduría ancestral y reconozca que en el lenguaje, la puerta para entender de formas diferentes el mundo.

Frente a profesores, investigadores y activistas sociales reunidos en la sede del Senado en la calle de Xicoténcatl, destacó que la propuesta educativa indígena plantea una construcción comunitaria del saber, donde es esencial el contacto con el otro. En la filosofía maya tzeltal –indicó– se proponen tres pasos fundamentales: saber estar y saber ser; saber el saber, y saber hacer, a fin de impulsar los principios de la sabiduría y el buen vivir.

Por su parte, Hugo Aboites, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y ex rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, destacó que todo proyecto educativo alternativo ha sido resultado de las luchas sociales y la construcción colectiva. El sistema educativo mexicano fue, en su momento, un proyecto alternativo emanado de la Revolución mexicana, lo que permitió que a través del normalismo rural los hijos del pueblo educaran a los hijos del campesino y del obrero.

Pedro Hernández, integrante de la dirigencia nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, recordó la lucha que por años han impulsado los maestros para alcanzar una transformación educativa, y que entre otros saldos, dijo, dejó profesores reprimidos y encarcelados injustamente, además de pérdidas de vidas. Llamó a mantener el diálogo y reconocer los proyectos alter­nativos que se han construido desde las escuelas, que es desde donde se genera la verdadera transformación de la educación.

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Carta de legisladores franceses a Emmanuel Macron sobre situación de DDHH en Colombia

Por: Harol González. 

Entre enero de 2016 y mayo de 2019, han sido asesinados un total de 702 dirigentes sociales y defensores del medio ambiente. 240 de ellos desde de la eleccion de Iván Duque en junio de 2018. Francia ha aportado (fuera de los aportes del fondo europeo) la suma de 2,4 millones de euros para ayudar a la consolidación de los acuerdos de paz en los territorios nacionales.

Señor Presidente de la República,

Por inciativa de varios colectivos que defienden la paz en Colombia, nos permitimos llamar su atención sobre su encuentro con el presidente colombiano Iván Duque Márquez el 20 de junio de 2019 en el Palacio del Elyseo.

Como usted la sabe, las estrechas relaciones de Francia con Colombia se reforzaron aún más desde el anuncio de los diálogos de paz entre el goberno colombiano y la ex-guérilla de las FARC.

Francia ha sido y sigue siendo el primer empleador extranjero en Colombia y uno de los principales colaboradores en la transición del conflicto armado colombiano. Francia ha aportado (fuera de los aportes del fondo europeo) la suma de 2,4 millones de euros para ayudar a la consolidación de los acuerdos de paz en los territorios nacionales.

Sin embargo, observamos con mucha preocupación, la degradación de la situación de los derechos humanos en el país. Según el informe de la fundación Indepaz, entre enero de 2016 y mayo de 2019, han sido asesinados un total de 702 dirigentes sociales y defensores del medio ambiente. 240 de ellos desde de la elección de Iván Duque en junio de 2018.

Del total de los dirigentes asesinados, un 78,08% lo han sido por sus accciones en defensa del territorio y del medio ambiente, lo que explica el carácter sistemático de estos crímenes. Ante tan alarmente situación, la Corte Penal Internacional abrió una investigación en examen preliminar concerniente al asesinato de estos dirigentes en Colombia.

Por otro lado, aunque Colombia es el segundo país más rico en biodiversidad en el mundo, la tasa de deforestación de la región de la amazonía colombiana ha augmentado en un 75% en el último semestre de 2018. A esto se puede agregar la voluntad del gobierno de autorizar la explotación por fragmentación hidraulica de petroleo y de gas (fracking) en ciertos territorios protegidos del país. Esta extracción no convencinal destruye los recursos de agua y obliga a la poblacion local a desplazarse, intensificando los confictos territoirales ya existentes.

En cuanto a los acuerdos de paz, 135 ex-combatientes han sido asesinados desde su firma. Además el gobierno ha expresado la voluntad de clausurar varias de las misiones que actuan en los territorios, en especial la misión de la ONU para las mujeres. Así lo expuso un representante del gobierno el pasado 13 de mayo durante una reunión con los embajadores y directores de las principales misiones de la ONU.

Contamos con usted, señor presidente Macron, para que invite al presidente Iván Duque a comprometerse claramente con la defensa de los acuerdos de paz, así como a tomar las medidas necesarias para proteger verdaderamente la vida y la seguridad de los dirigentes sociales, defensores del medio ambiente y ecologistas en Colombia.

Le agradecemos su comprensión y aprovechamos Señor Presidente, para expresarle nuestros distinguidos saludos.

 

Atentamente.

Jean Luc Melenchon – Presidente del grupo parlamentario La Francia Insumisa

Esther Benbassa – Senadora ecologista (EELV)

Sergio Coronado – Antiguo diputado ecologista

Noël Mamère – Antiguo diputado ecologista

Marie Toussaint – Diputada europea ecologista (EELV)

Sabine Rubin – Diputada Francia Insumisa

Clementine Autin – Diputada Francia Insumisa

Danièle Obono – Diputada Francia Insumisa

Elsa Faucillon – Diputada izquierda democrática y republicana

Michel Larive –  Diputada Francia Insumisa

Jean Paul Lecoq – Diputado comunista

Bastien Lachaud – Diputado Francia Insumisa

Eric Coquerel –  Diputado Francia Insumisa

Fuente del documento: https://blogs.mediapart.fr/harol-gonzalez/blog/220619/carta-de-legisladores-franceses-emmanuel-macron-sobre-situacion-de-ddhh-en-colombia

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For effective regulation of the country’s education system

By: Anurag Behar.

 

Scepticism of India’s draft National Education Policy should be suspended until it is implemented

This is the second column in the series, Glimpses Of The Draft National Education Policy (NEP). The draft NEP has received widespread responses, ranging from thoughtful endorsement and insightful critique to good-faith criticism. Some of this is in the public domain, but a lot more seems to be happening in group consultations, feedback to the human resource development ministry, etc. The final policy will be richer for all this. I am extracting some of the salient features of the NEP, with the intent to address some of the issues raised in these responses, but specific knowledge of the responses is not necessary to read through these points.

The NEP is a clear and strong endorsement of the public education system. It envisions high-quality, equitable and universal education—in and through the public education system. This is as applicable to higher education as to school education (age 3-22 roughly). Public-spirited, not-for-profit private institutions will certainly have a role in the Indian education system. However, it is the obligation of the state to provide high-quality education, and all efforts shall be aligned with this goal.

Government spending on public education must rise from current 10% of national public expenditure to 20% in 10 years. These numbers are rough estimates that indicate the direction and scale of the change required. The NEP is what the name says. It is education policy and cannot substitute the government’s fiscal policy and financial strategy. The NEP highlights the financial needs of education and does not dwell on where the money will come from, which is the business of the state.

The Right to Education Act (RTE), 2009, remains a key bulwark of school education—especially in the context of the strong reaffirmation of the state’s obligation and centrality of public education. If anything, its importance becomes deeper and broader, since the extension of the RTE from age 3 to 18, from the current 6 to 14, is envisioned as a key to enabling early-childhood-education and secondary education. The NEP explicitly endorses the continuation of Continuous Comprehensive Evaluation and the No Detention Policy in schools, taking a stand against the recent (past two years) legislative and other actions that dilute or eliminate these educationally important steps. It also directs action on the stopping of misuses and malpractices, including of 12(1)(c), for example, seeking exemption from the RTE by claiming “minority status», inflating student numbers, misrepresenting the socio-economic background of students, etc. It also calls for improvement of the RTE based on a comprehensive review of the experience of its implementation in the past decade, particularly on the matter of being responsive to local infrastructure needs without compromising safety, security and a wholesome learning environment.

“India» and “Indian» are integrated in many parts of the NEP. Some of these matters are: Indian languages, Indian literature, Indian art, Indian music, Indian knowledge systems, Indian history and context, etc. How could it be otherwise? After all, this is an education policy for India. Especially when it doesn’t do all this at the cost of ignoring the “global/modern». I can appreciate the apprehensions of some: “Is there more to this?» If the NEP text is read with an open mind, it becomes clear that there is nothing more to it than an important and valid commitment to know, understand and value our own society. The NEP takes a clear stand for a scientific temper, critical thinking and associated capacities, and for our constitutional values.

The NEP has the vision to transform the regulation and governance of the education system. Three of the key underpinning principles for this transformation are: transparent public disclosure, maximal empowerment and autonomy for institutions, and separation of roles and powers of regulation, operations, standard-setting, etc. While these principles are common to higher and school education, their manifestations are different. School education would be regulated by a newly created quasi-judicial “State School Regulatory Authority», based on a robust accreditation system, and the states’ Directorate of School Education (or Public Instruction) will only be responsible for running and improving the public schooling system. An illustrative implication of this is, Block Education Officers will have no regulatory powers; they will be responsible only for running and improving public schools. This “accreditation system» is based on, and thus empowering of, local institutions such as peer schools, school management committees and panchayats.

I have had the privilege of a ringside view of the evolution of the NEP. That gives me confidence that the draft will be enriched and revised by the constructive responses to it. Some of those responses will be the topic of the third piece in this series. I have also seen negative reactions to it. Many of these are born of a deep scepticism that committees can do their work unhindered and uninfluenced. Clearly, the final test of any policy is in its implementation, but it is important to suspend such judgement and disbelief. The NEP offers ample energy for that optimism.

Source of the article: https://www.livemint.com/

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Aquiles contra el Mineduc

Por: Pablo Ortúzar.

La educación es una labor social y política. Ella es el medio por el cual nuestra humanidad adquiere forma, carácter y contenido. Es el principal vehículo de la cultura. Y ya que el rol educador le cabe en primer lugar a la familia, los expertos educacionales, los funcionarios del Mineduc y los teóricos del currículum no tienen autoridad alguna para decir a los ciudadanos que estos asuntos no nos competen.

La mera existencia de un currículum nacional, de hecho, tiene mucho más que ver con decisiones políticas que con razones pedagógicas. La homogeneización cultural de la población es uno de los mecanismos fundamentales de dominación de los Estados nacionales. Luego, debemos asumir también que la disputa por la configuración de dicho currículum es, aunque no abiertamente partidista, política e ideológica. Esto, porque ella está motivada, en lo principal, por proyectos de sociedad y de país, y no por conocimientos expertos asibles solo por algunos especialistas. Cuando se discute sobre qué deberían saber todos los chilenos y cómo deberían aprenderlo se está discutiendo, en realidad, sobre lo que Chile es y debería ser.

Por supuesto, existe en paralelo a este debate una realidad educacional mucho más concreta. La vida cotidiana de estudiantes, profesores y establecimientos. Un mundo cargado de inercia. Por eso a veces parece ocioso discutir si tal ramo debería llamarse de una forma u otra, considerando lo resistentes que son los hechos a las disquisiciones de papel. Pero lo cierto es que estos esquemas generales pueden tener efectos de largo plazo, abriendo o cerrando la puerta a distintas posibilidades. Aunque los contenidos sean, al principio, iguales, es distinto estudiar “ciencias naturales” que “ciencias para la ciudadanía”.

Pero no solo la configuración de cada ramo abre y cierra opciones, sino que el esquema general del currículum impone una visión de mundo. Nuestro modelo actual, con su enorme cantidad de ramos sobre asuntos parciales, obedece, por ejemplo, al modelo profesionalizante que reemplazó al currículum clásico, considerado elitista. Así, de una formación anclada en las “artes liberales”, sostenida en los clásicos griegos, romanos y judeo-cristianos, pasamos a una orientada al civismo y la industria.

Asumiendo todo esto, creo que la situación crítica de la educación chilena exige no solo discutir públicamente sobre si historia debería ser o no un ramo obligatorio, sino derechamente sobre si tiene sentido mantener el modelo profesionalizante de organización del saber, por un lado, y la facultad del Estado para imponer un currículum kilométrico, por otro.

El principal producto de nuestro sistema educacional actual son analfabetos funcionales, poco productivos y sin sentido histórico. Una versión degradada de los ya degradados especialistas sin espíritu y hedonistas sin corazón que imaginó Max Weber como producto de la modernidad. ¿No es quizás el momento de evaluar lo que estamos haciendo, e imaginar un futuro donde, en vez de tribus de encapuchados balbuceantes, el latín y el griego, junto con todos los clásicos de ambos idiomas, retomaran el sitial civilizatorio que les corresponde en nuestras aulas y espíritus?

Fuente del artículo: https://www.latercera.com/opinion/noticia/aquiles-contra-el-mineduc/710908/

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La Ley Micaela: Tomarse en serio la educación para la equidad de género

 

Por: Isabel C. Jaramillo Sierra.

 

El 9 de abril de 2017 fue encontrado por las autoridades argentinas el cuerpo sin vida de Micaela García. La joven de 21 años era activista del movimiento “Ni Una Menos”, que ha reunido a las mujeres argentinas en torno a la causa del feminicidio y más recientemente del aborto. Su asesinato se le atribuye a un violador serial que fue juzgado y condenado a nueve años de prisión pero dejado en libertad antes de terminar de cumplir su condena.

El cuerpo sin vida de Micaela fue encontrado varios días después de su desaparecimiento. El dolor que causó su muerte entre sus familiares y amigos, y entre sus compañeras del movimiento, fue procesado a través de una propuesta para transformar las actitudes y conocimientos de los funcionarios públicos en materia de género. La Ley Micaela fue aprobada por el Congreso argentino en diciembre de 2018 como parte de un paquete de 12 leyes encaminadas a lograr mayor equidad de género.

Es verdad que no es del todo novedoso que un Congreso ordene que se “eduque”. En el caso colombiano, varias leyes recientes sobre equidad de género han tenido elementos “educativos”. La ley 581 de 2000, ley de cuotas, por ejemplo, incluía la posibilidad de que se evaluara qué tan adecuados eran los textos escolares en materia de perspectiva de género y se impidiera la circulación de aquellos que obraran en contra del propósito de la equidad de género. La Corte Constitucional declaró inconstitucional esta manera de intervenir en la educación. La ley 1257 de 2008, ley de violencia de género, adoptó otra perspectiva: ordenó al Ministerio de Educación Nacional hacerse cargo de vigilar que en las instituciones educativas, incluyendo las universidades, enseñaran a los estudiantes nociones básicas de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y equidad de género. Como profesora de universidad y madre de hijas que atienden el colegio, no he visto que esta orden tanga mucho impacto. El Ministerio de Educación tampoco ha rendido cuentas al respecto. La obligación consignada en la ley es vaga y general al punto que casi parecería imposible obligar su cumplimiento por medio de acciones legales. La ley 1761 de 2015, ley Rosa Elvira Cely, por su parte, ordenó también que se incluyera el tema de perspectiva de género en los currículos en todos los niveles de educación y que se capacitara a los funcionarios públicos relacionados con el tema de atención, protección y prevención de la violencia de género, en materia de derecho internacional humanitario, derechos humanos y perspectiva de género. No es claro qué pasó con la orden perentoria que se le dio al Ministerio de Educación de cumplir el mandato en seis meses, pero ciertamente después de 3 años de aprobada la ley no es claro que se estén realizando las acciones de capacitación necesarias.

La ley Micaela es innovadora en varios sentidos que merecen nuestra atención. En primer lugar, la ley fue entendida como respuesta directa a la terrible situación de la muerte de una activista. Es verdad que el derecho argentino ya cuenta con leyes que desde 2012 castigan duramente el causarle la muerte a una mujer por ser mujer. Pero en lugar de exigir solamente que dichas leyes se cumplieran, ignorando el contexto que las hace ineficaces, se tomó en cuenta el aprendizaje de las activistas de Ciudad Juárez y la lección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia Campo Algodonero. En este caso, que involucró el desaparecimiento y muerte de más de 500 mujeres por razones que aún hoy no se conocen cabalmente, la Corte Interamericana encontró que a la raíz del problema está la ineficacia estatal para investigar estos delitos y que en buena parte dicha ineficacia se vincula a los estereotipos de los funcionarios públicos sobre las razones por las que las mujeres dejan sus hogares y sobre el valor de la vida de las mujeres jóvenes. Así, señaló la Corte, no basta con tener leyes que sancionen el delito si los funcionarios no son capaces de prevenir, investigar y sancionarlo porque no pueden “ver” el peligro y el daño que se causa a las mujeres.

En segundo lugar, la ley se dedicó solamente al tema de la capacitación y fue más allá de los funcionarios que podrían estar principalmente involucrados para ordenar que TODOS los funcionarios de la rama ejecutiva sean capacitados. Esto hace que el tema del cambio de actitudes y adquisición de conocimientos nuevos reciba la importancia que se merece y no aparezca como una adenda o detalle adicional, como una buena intención que sería bueno que se diera pero no es tan importante. En tercer lugar, la ley recibió el apoyo de más de veinte académicas. Estas son mujeres que han venido trabajando desde distintas instituciones (El Observatorio de Género de La Ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, la Defensoría Pública, entre otras) en identificar fallas en el funcionamiento del estado y maneras de resolverlas. El apoyo de las académicas fue reconocido por las congresistas de manera explícita en su motivación para la ley y muestra un respeto mutuo en el trabajo necesario para adelantar las reformas que se necesitan. Es difícil realmente pensar que cambios en el nivel de la educación van a llevarse a cabo sin involucrar a las Universidades y cuerpos dedicados a la capacitación en distintas entidades públicas. En cuarto lugar, la ley establece que se apropiarán los recursos para la capacitación y, lo que es más importante, ordena que se cree una página web en la que los ciudadanos puedan consultar el nivel de cumplimiento de la ley por parte de cada una de las instituciones. De manera que no solamente se crearon obligaciones ciertas con recursos asignados, sino que se ordenó entregar a los ciudadanos la vigilancia de un tema que le concierne directamente. Finalmente, debe resaltarse la gestión decidida y el compromiso claro de las congresistas argentinas que hacen parte de la “Multipartidaria” con la agenda de la equidad de género. Este grupo de congresistas fue responsable de la aprobación en la Cámara de Representantes (Cámara de Diputados) de la ley que despenalizaba el aborto. Ahora está trabajando para que la ley llegue a ser aprobada también por el Senado. Tomar riesgos en un tema tan importante como es el del aborto muestra su fuerza, convicción y capacidad estratégica. Sería realmente “grande”, con dicen los argentinos, que nuestra propia bancada de mujeres lograra acuerdos similares para avanzar con paso cierto y sin titubeos en los temas de importancia para todos.

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¿Confiamos en la educación?

Por: Leandro Bruni.

 

Un reciente estudio a nivel mundial realizado por IPSOS para la Varkey Foundation, a partir de entrevistar a 27.380 padres en 29 países, revela interesantes datos sobre la percepción que tienen los adultos acerca de la educación que están recibiendo sus hijos.

A nivel global, la confianza de los padres en la calidad de la enseñanza que reciben los menores de 18 años es alta. Casi 8 de cada 10 padres (78%) la califican como “bastante buena” o “muy buena”. En Argentina, dicha percepción es levemente mayor, alcanzando el 84%.

Sin embargo, los resultados presentan contrastes cuando se hace foco sobre el tipo de escuela -gratuita o paga, lo que en nuestro país podría clasificarse como pública o privada- al que concurre el menor. Si bien la preferencia entre una y otra es leve, los padres de nuestro país acompañan la tendencia mundial, inclinándose por la educación paga. Si se considera la diferencia entre la confianza positiva que genera la educación paga respecto a la gratuita, la primera obtiene 14% más de confianza en Argentina y 12% más a nivel mundial respecto a la gratuita.

En una visión retrospectiva, cuando se les preguntó a los padres si consideran que en los últimos diez años la educación -en términos generales- mejoró o empeoró, a nivel mundial el 40% dice que mejoró, el 37% que empeoró y el 19% que se mantuvo igual.

En Argentina, el resultado de la encuesta refuerza la necesidad de repensar la educación en términos generales: el 56% de los padres señala que en los últimos diez años la educación ha empeorado, mientras que solo el 24% dice que ha mejorado y 19% que se mantuvo igual. De cara al futuro, al preguntarles sobre si la escuela está preparando bien a sus hijos para el mundo de 2030 en adelante, el 64% de los padres a nivel mundial y el 65% a nivel nacional cree que los está preparando bien. Esta tendencia tiene un correlato positivo, siendo que 6 de cada 10 padres en el mundo y 7 de cada 10 en el país sienten optimismo sobre el futuro de sus hijos.

Fuente del artículo: https://www.perfil.com/noticias/educacion/confiamos-en-la-educacion.phtml

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El Paro Docente y la resilencia de la Educación Pública Chilena

Por: Marcos Uribe Andrade

Concedo de antemano que lo que aquí se expresa no es más que una muestra menor de todos los hechos de fondo sobre el tema que se enuncia, pero insinúa la contundencia del problema político de la educación formal en Chile.

Partamos por algunos hechos de la causa:

  1. El Estado subsidiario neoliberal, se define esencialmente por dejar en manos de la dinámica autónoma del mercado, la cobertura de las diferentes esferas de necesidades ciudadanas, incluyendo aquellas que podrían entenderse como derechos garantizables.
  2. Más del 50 %  de la población activa de Chile gana menos de $350.000 y su per cápita familiar no es mayor a $150.000.
  3. Menos de la mitad de la población activa cuenta con un trabajo formal estable y el promedio de ingreso de este sector es de solo $450.000.
  4. El PIB se distribuye en Chile con un nivel de concentración de un aproximado del 28% en el 1% de la población y se ubica entre los países con mayor desigualdad social y económica del mundo.
  5. El 55% del PIB se distribuye en solo el 10% de la población.

Hacer que estos y otros aspectos de la realidad social convivan, determinó el ataque a la educación pública desde diferentes frentes, dado que tanto su estructura como su tradición, contribuían más bien a la resistencia contra las políticas de un capitalismo extremo y no facilitaba la instalación de los cimientos  neoliberales.

La primera línea de ataque, fue la represión, muerte y persecución sistemática del profesorado, formado en la tradición democrática y se suma a ello la desarticulación de su organización gremial.

La segunda línea, se centró en degradar el sistema de preparación de profesores que abastecerían preferentemente el sistema público y se desincentiva el interés por la pedagogía, pauperizando el marco laboral del ejercicio docente.

El tercer frente, fue la generación de un sistema de exclusión, discriminación y lucro, con una oferta de calidad diversificada, asociada a precio y posibilidad de acceso. Ello instaló mecanismos de competencia de mercado en que los establecimientos públicos quedaron en notable desventaja: se refuerza la opción particular-subvencionada, estimulando la fragmentación socio-cultural y económica de la sociedad en su conjunto.

Cuarta línea de ataque: trasformar la educación pública en la fuente principal de abastecimiento de mano de obra para el sistema productivo, con acento en los niveles intermedios e inferiores de la pirámide laboral: los puestos de poder político y económico más relevantes se reservan a la elite.

Quinto factor: diseñar una jornada escolar completa, pensada como guardería,  habilitando un mecanismo asistencialista para la incorporación de los padres al sistema productivo de sobreexplotación laboral. La familia como núcleo de afecto y formación entra en crisis. Se estimula el sobre consumo y endeudamiento.

Sexto: establecer mecanismos de control y castigo, por sobre las políticas de colaboración para el desarrollo de los procesos apuntados a excelencia y niveles de logro. Se presiona la transmisión de un currículo sobreexigido de contenidos, con acento en la competencia y en el instruccionismo y se asocian sistemas de evaluación estandarizantes, focalizados en altos niveles de exigencias sobre contenidos específicos  y se debilita el desarrollo de habilidades criticas, comprensivas, analíticas y constructivas.

Séptimo: se crea un sistema de planificación y diseño de políticas de acción educacional, separado de la participación de los actores directos, con la formación de estamentos tecnocráticos, desvinculados de la realidad en que se desenvuelve la práctica educacional. El esfuerzo se focaliza en generar un soporte para un modelo economicista, orientado a la concentración extrema del capital.

Octavo: se estimula un sistema de oferta mercantil intermedio, en que se segrega a la comunidad en torno a una calidad ilusoria, que apunta fundamentalmente hacia un mecanismo de adquisición de estatus, vía segregación por poder de compra.

Noveno: se diseñan leyes y reglamentos laxos, que generan amplias posibilidades de desvíos de fondos asignados a la educación.

Décimo: se crean sistemas de fiscalización del uso debido de recursos, ineficientes y centrados en burocracia, separados de la incidencia sobre la práctica efectiva del evento pedagógico.

Décimo primero: instalación de la competencia  por sobre las prácticas solidarias, en todos los niveles: entre estudiantes, entre docentes y entre establecimientos.

Décimo segundo: disociación entre acciones orientadas a adoptar los acuerdos internacionales sobre educación para el siglo XXI y las prácticas técnico-pedagógicas, políticas, jurídicas y operacionales de la educación pública real.

Décimo tercero: inconsistencia en la continuidad de estudios superiores para los segmentos de menores ingresos de la sociedad, que representa más del 50% de la población y falta de planificación en relación con las necesidades reales del mercado. Se facilita la creación de ofertas centradas en lucro institucional y endeudamiento de los estudiantes. Falta de correspondencia entre el estatus teórico de educación superior y el producto real del proceso.

Entre otros factores, estas claras evidencias de la intencionalidad del Estado en la pauperización y reinstrumentalización de la educación pública, son parte de una fórmula que propendió el desarrollo de la educación particular-subvencionada y particular pagada, y en que lo público solo significó atender el “indeseable saldo social” que no presenta condiciones de interés para los capitales que invierten en dicho sector, que desde la lógica del neoliberalismo,  es solo un nicho de necesidades que define oportunidades de negocios frente a una demanda, del mismo modo como hace con todo aquello que, en modelos de otra índole ideológica, se garantizan como derechos.

A comienzos del presente siglo ya se generaban indicadores claros de que dicho cóctel estatal para minimizar la cantidad y calidad de la educación pública, avanzaba con efectividad en la estructura de la educación formal en chile.

A esta realidad se vinculaba también la oferta de la educación particular-subvencionada, que en su mayoría no presenta mayores diferencias esenciales de fondo con la educación pública, y en su parte más gruesa sólo habilita un nicho de beneficios económicos para sostenedores estimulados por el lucro y profundiza la híper fragmentación social, que hoy tibiamente se  trata de corregir a través de la ley de inclusión educacional, en medio de un nuevo ataque de control estricto del pensamiento neoliberal anidado en los poderes del Estado.

Durante la segunda década de este siglo, en Chile, los estudios técnicos alertaban de que la educación pública quedaría reducida a un 30 % de todo el sistema formal de educación. Al 2017, las estadísticas ya mostraban las siguientes correspondencias:

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES, PERIODO 2017: 38% educación pública.

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN MEDIA REGULAR JÓVENES, PERIODO 2017  35% Educación pública.

Lo anterior en contraste con el hecho que en 1980, el 72 % de la educación formal de básica y media, era de dominio fiscal, solo el 18,9 % particular-subvencionada y 9,1%  particular-pagada.

Es importante tomar en cuenta que lo que hoy se comprende como el universo de la educación particular-subvencionada, corresponde al producto de la descomposición de la educación pública y en este sentido, este sector particular, opera fundamentalmente bajo la misma tutela curricular de la educación pública. Ello -por su parte- evidencia que subyace en el espíritu del Estado una rigurosa visión bipolar de clase, que solo se diluye en la inconciencia y el imaginario del campo popular, que percibe con imperfección el fondo dicitómico de una educación particular pagada, contra un degradé de un mismo y amplio arco social, descompuesto en la manipulación de su división estratégica, a fin de sostener un modelo de profunda desigualdad de oportunidades.

Es de un valor  fundamental que  la sociedad chilena; que todos los trabajadores, los estudiantes y especialmente todos los profesores, comprendan que la fragmentación socio-económica de la educación, no puede fragmentar la conciencia de clase de los trabajadores de la educación.

Los trabajadores de la educación vinculados al denominado mundo particular-subvencionado se integran hoy progresivamente a la carrera docente. Ello reafirma un fundamento material común para más del 90% de  los docentes y hace más clara la necesidad de que este segmento se sume a la lucha activa del sector, en función de recuperar su rol, su estatus, su dignidad y el proceso de  educación formal para los fines de nuestra  construcción histórica, así como para frenar la inédita desintegración social, que nos conduce a indicadores psicosociales patológicos, que nos destacan, de manera lamentable, en el concierto mundial: hablamos del presente y del futuro de nuestros hijos y toda nuestra descendencia.

NO HAY QUE PERDER DE VISTA QUE alrededor de un 75%  del profesorado, en su mayoría aquel que vive condiciones de mayor indefensión, bajo el régimen de contrata en el sector municipalizado, y bajo el código del trabajo, en el sector particular- subvencionado, aún no se suma activamente a esta cruzada por la educación para todos los chilenos. Esta es la misma naturaleza de fuerza laboral que la que hoy se levanta, pero su circunstancia, su conciencia y sus herramientas de organización precarias, aún le mantiene desmovilizada.

Tal vez una de las mayores ganancias que puede arrojar este paro nacional, para la justa causa de la docencia y la educación en Chile, y que sólo depende de los propios trabajadores en conflicto, tiene que ver, principalmente, con la condición de toma de conciencia del mismo magisterio nacional y la decisión de fortalecer con real decisión sus herramientas principales de lucha: su unidad y su organización gremial.

Fuente del documento: https://www.elciudadano.com/educacion/educacion-chile/06/21/

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