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More school choice strengthens public education

Ron Matus

By: Ron Matus.

 

Over the past 20 years, Florida public schools have improved as much as any in America. At the same time, educational choice here revved from fringe to mainstream. That’s a point worth noting to those who keep insisting, with zero evidence, that expanding choice hurts public schools.

In his South Florida Sun Sentinel column, Randy Schultz wrote that lawmakers who’ve proposed a new private school voucher are trying to “undermine public education” and “turbocharge the privatization of Florida’s public schools.” They’re trying to make education profitable instead of better, he wrote. They’re ignoring questions and contrary evidence.

They’re not alone. Florida’s high school graduation rate now stands at 86 percent, up from 52 percent in the 1990s. We now rank third (behind Massachusetts and Connecticut) in the percentage of graduating seniors who’ve passed college-caliber Advanced Placement exams.

We now rank No. 1, No. 1, No.3 and No. 8 on the four core tests that make up the National Assessment of Educational Progress, once adjusted for demographics. Education Week just ranked us No. 4 in K-12 achievement, after a decade in which we ranked no lower than No. 12.

Schultz mentioned none of this.

Clearly, expansion of choice didn’t “undermine public education.” We have one of the biggest charter school sectors in America, one of the biggest private school voucher programs, the biggest tax credit scholarship, the biggest education savings account.

We also have, not coincidentally, some of the biggest and best district choice programs, from magnets and career academies to IB and dual enrollment. All in all, 47 percent of Florida students in PreK-12 — 1.7 million children — now attend something other than zoned neighborhood schools. And guess what? No apocalypse. Just more students getting the increasingly customized education their parents want for them.

Schultz also wrote, “No one knows how well the state’s voucher students are doing.” How odd. Just last month, the respected and left-leaning Urban Institute released a report that found students using the Florida Tax Credit Scholarship for low-income students are up to 43 percent more likely to attend four-year colleges than like students in public schools, and up to 20 percent more likely to earn bachelor’s degrees. Schultz didn’t mention this. Clearly, it didn’t fit the narrative about “unaccountable” schools.

Accountability is different for public and private schools. But it’s hard to argue that private schools don’t have enough when dissatisfied parents can, unlike parents in public schools, leave at any time. Balancing regulatory accountability with parental choice is a work in progress, but the Urban Institute findings suggest that when given discretion to determine quality, parents choose wisely.

It’s true, too, there are shysters and scandals in the private school space. More is being done to keep them out or exit them sooner. But private schools hardly corner the market on rotten apples. If somebody pieced together all the maddening headlines generated by districts and district schools, they could paint the most damning portrait. But nobody with a fair mind would do that.

Schultz seems most torqued by the possibility the new voucher may extend eligibility into the middle class. That, too, is odd. None of Florida’s other “vouchers” — which provide state support for private school tuition — are means tested. We don’t tell millionaires they can’t get state money for VPK, or a Bright Futures scholarship for college, or a McKay Scholarship for students with disabilities, because they’re too wealthy. Does Schultz’s outrage extend to those programs as well?

I’m encouraged lawmakers want to ensure low-income parents get priority for the proposed voucher. I also don’t see a mass exodus. The vast majority of middle-class parents, like me, like their public schools a lot. If some want options, for whatever reason, they should have that freedom.

One last point: The lion’s share of private schools participating in Florida scholarship programs are tiny nonprofits. The value of the tax credit scholarship, and the proposed new scholarships, is about 60 percent of total per-pupil spending for Florida district schools, which are among the lowest-funded in America. Yet Schultz concludes that what lawmakers really want to do is to make education “profitable.” That just doesn’t add up.

Source of the article: https://www.sun-sentinel.com/opinion/commentary/fl-op-com-more-school-choice-20190321-story.html

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¿A quién le importa la educación?

Claudia Romero

Por: Claudia Romero. 

Que la sociedad esté preocupada por el dólar y la inflación y atemorizada por la inseguridad y la pérdida del trabajo no anula el interés por la educación.

En Argentina las clases comienzan sin clases, al menos en la mayoría de las escuelas públicas del país. Una situación que no por reiterada debe asumirse como normal. El conflicto cíclico de cada comienzo de año ya se ha transformado en estructural y clama por soluciones que vayan más allá del arreglo de coyuntura entre gobiernos y sindicatos. La educación necesita de consenso y largo plazo y aunque ya lo sabemos, no lo logramos.

Los políticos que siguen las encuestas creen que a los argentinos no les interesa la educación escolar de sus hijos. Se equivocan. ¿Cómo pueden creer que madres y padres permanecen indiferentes ante el futuro de sus hijos?

Que la sociedad esté preocupada por el dólar y la inflación y atemorizada por la inseguridad y la pérdida del trabajo no anula el interés por la educación. Que no se tomen las calles reclamando mejor educación es porque hace rato que en Argentina se vienen resolviendo problemas colectivos con estrategias privadas, no sólo en educación, también en salud.

Qué mejor evidencia del interés que la fuga de matrícula pública hacia escuelas privadas en busca de clases todos los días o las filas de los más pobres, que no pueden fugarse, en la puerta de la mejor escuela pública del barrio para inscribir a sus hijos. También el sacrificio de los más vulnerables para comprar los guardapolvos y libros y el de las clases medias para pagar las cuotas.

Es, sin dudas, un ejercicio individual y modesto de acción ciudadana, ¿pero es que vamos a esperar que cada argentino se convierta en un estadista de la Educación? No es la ciudadanía la responsable de establecer políticas educativas de consenso y largo plazo; en las democracias es el Congreso la pieza clave.

Sin embargo, el debate educativo en el Congreso es infrecuente. Con excepción de las grandes leyes bisagras, como la Ley Federal de Educación de 1993 o la ley Nacional de Educación de 2006, los temas educativos no son prioritarios para los representantes del pueblo.

En la inauguración de sesiones de este año, el Presidente volvió sobre el tópico de su discurso del año pasado: el de acceso abierto a la información sobre los resultados de las evaluaciones de calidad educativa y la necesidad de que el Congreso modifique el artículo 97 que prohíbe su divulgación a nivel de escuela e individual. “Los padres merecen saber la verdad”, dijo el Presidente.

La verdad es que hoy cada padre o madre puede acceder a los puntajes obtenidos por la escuela de sus hijos en la prueba nacional de calidad Aprender, basta con acercarse a la escuela y exigirlos. Algunas escuelas, pocas por cierto sobre todo aquellas que tienen los mejores resultados, toman la iniciativa de informarlos a su comunidad.

Pero es cierto que como sociedad no hay acceso masivo a esa información y en este sentido el proyecto anunciado de cambiar la ley actual obedece a una política de transparencia y acceso a la información pública.

Sin embargo el acceso masivo a los resultados de cada escuela no garantiza por sí mismo mejor calidad ni equidad educativa. Para que eso ocurra no alcanza con la presión que pueda ejercer una ciudadanía informada, es necesario construir nuevas capacidades en el sistema educativo y eso es responsabilidad de las políticas educativas que sí disponen actualmente de la información detallada por escuela.

Más temas esperan mejores marcos legales, entre ellos y de manera urgente, las políticas docentes. Existe consenso internacional en que para el desarrollo de capacidades en el sistema educativo es clave el factor docente. Es mejorando la calidad de la enseñanza que se mejoran los aprendizajes. Pero las políticas docentes en la Argentina están estancadas aunque son estratégicas para la reconstrucción del prestigio docente y con él de todo el sistema educativo, algo imposible de liquidar en las negociaciones paritarias tensionadas entre la inflación y el oportunismo político.

El Congreso tiene aquí una tarea urgente e importante: la discusión y sanción de una nueva ley de Formación y Desarrollo Profesional Docente que asegure lineamientos nacionales sobre tres cuestiones básicas que hacen a la mejora docente: reclutar a los mejores aspirantes, formación de excelencia y carrera docente con nuevos incentivos y reconocimientos que privilegien el desempeño por sobre la antigüedad.

Esta ley deberá además redefinir el presupuesto asignado, porque sin más dinero no hay transformaciones serias en este punto. Chile, por ejemplo, acaba de establecer una nueva carrera docente, moderna y sofisticada, e invirtió para eso un punto del PBI. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O seguiremos asistiendo a la disputa por la manta corta?

No es cierto que a la sociedad no le interese la educación. ¿Estarán el Congreso argentino y los representantes del pueblo a la altura del consenso y el largo plazo que la educación necesita y la sociedad espera?

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Una educación para el siglo XXI

Diego Jiménez

Por: Diego Jiménez.

Hay una lógica preocupación entre familias y colectivos docentes y sindicales que no han cesado de luchar durante estos años por revertir la situación, defendiendo una Escuela pública de calidad con un modelo educativo que propicie la inclusión social

Cualquier persona que, con un mínimo de objetividad, analice la realidad de la Sanidad y la Educación en Murcia tras más de dos décadas de Gobierno monocolor del PP en la Región observará el deterioro de estos servicios esenciales para la comunidad por las políticas de recortes. Hoy voy a hablarles de Educación.

Un estudio, nada sospechoso de parcialidad, de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) refleja que el sistema educativo de la Región de Murcia, con 340.000 alumnos/as y con 28.000 profesoras/es en 800 centros parte de unas condiciones de entorno y recursos muy poco favorables que afectan a su desarrollo. Sin pretender abrumar con datos, unos pocos indicadores nos resultan imprescindibles para entender esa conclusión.

El gasto en Educación por habitante entre la población menor de 25 años se sitúa en la Región en 4.347 euros (media estatal, 5.180 euros); el porcentaje de alumnado que cursa la educación postobligatoria supone un 69,5% (media estatal, 76,8%); y la escolarización de la población infantil hasta los dos años es del 17,5%, frente al 33,6% de media del Estado.

Pero quizá sea en el incremento de los conciertos educativos, tras incluir en los mismos a los niveles no obligatorios, donde más nítidamente se perciban las políticas neoliberales que el PP ha venido aplicando en Educación. El estudio arriba citado concluye que un 17% del gasto educativo en educación no universitaria ha ido destinado a esos conciertos con la enseñanza privada. A su vez, el Portal de la Transparencia de la Región de Murcia, que publica una exhaustiva información sobre la cuantía de los módulos de esos conciertos, eleva a más de 232 millones de euros en el año 2016 la cantidad destinada a financiar los mismos. Y ello en un contexto de progresiva disminución del gasto total en Educación. La Fundación BBVA y el IVIE cifran en 1.339,9 millones de euros el presupuesto educativo regional en ese año (cuando en 2010 era de 1.476,7 millones). Y si excluimos los gastos financieros, ese presupuesto asciende a sólo 1.077,5 millones de euros.

Y ello, recordemos, en un contexto de incremento gradual de las partidas destinadas a los conciertos educativos. Con cifras del propio ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y tomando como base 100 el año 2004, el incremento de esas partidas en la Región ha pasado del 108% en 2005 a no bajar del 140% de incremento entre los años 2009 y 2014.

Ante esta realidad educativa, hay una lógica preocupación entre familias y colectivos docentes y sindicales que no han cesado de luchar durante estos años por revertir la situación, defendiendo una Escuela pública de calidad con un modelo educativo que propicie la inclusión social, la lucha contra las desigualdades, el respeto a la Naturaleza y valores de convivencia democrática.

Entre esos colectivos citados, hay un grupo de personas que, desde hace cinco años, se han empeñado en hacer de la lucha por la Escuela Pública su norte de actuación, tras la fructífera etapa de su paso por las aulas. Integran la comisión organizadora de las Jornadas Una Educación para el siglo XXI. Miradas desde las Ciencias y las Artes, que este año han alcanzado su quinta edición. Esa comisión está compuesta por personas mayoritariamente jubiladas de las asociaciones sindicales progresistas de esta Región que cuentan con la colaboración de instituciones privadas, de Ayuntamientos, de las universidades públicas, de la consejería de Educación, etc., y viene desarrollando, desde hace cinco años, una serie de actividades que en este curso se han extendido desde el 17 de enero hasta el 19 de marzo.

Convencidas de que hay que luchar por extender «un modelo educativo que favorezca la atención a la diversidad y que eduque en la formación de personas críticas, cultas y solidarias», estas personas entusiastas han ofrecido en estas V Jornadas educativas todo un abanico de actividades que se han extendido por un total de dieciséis municipios de la Región.

La conferencia inaugural del profesor Antonio Viñao fue seguida por otras que abordaron aspectos como la Educación en Murcia y su realidad socioeducativa, la evaluación, qué Historia enseñar en el siglo XXI, el cambio climático, la educación medioambiental, el feminismo, la educación afectivo-sexual, etc. El catedrático Paco Jarauta cerró el pasado viernes ese ciclo de conferencias.

También se han desarrollado talleres y otras actividades en Las Norias de Abarán y en el Museo de la Ciencia y el Agua, mientras que en Molina de Segura las jornadas de diversidad han debatido sobre alternativas para el alumnado con necesidades educativas especiales.

Las artes plásticas no podían estar ausentes de estas jornadas. Un ciclo denominado Narrativas de la imagen nos ofreció en la Filmoteca Regional las proyecciones de Amanece que no es poco y Tiempo después, de José Luis Cuerda. Y cuando estas líneas vean la luz, estaremos a punto de poner el cierre de las jornadas el martes 19 por lo noche con un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, dirigida por Virginia Martínez, que interpretará piezas para piano y orquesta de Mozart yBeethoven en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia.

En suma, como vienen diciendo año tras año las autoridades civiles y académicas, invitadas al acto de inauguración de las jornadas, sorprende la vitalidad y el empuje de este grupo de personas jubiladas que, con la puesta en marcha de estas actividades en defensa de la Escuela Pública (un ejemplo para el resto de comunidades autónomas del resto del Estado), demuestran que el fin del ciclo docente no es sino un paréntesis. Es loable el empeño que ponen para que, año tras año, el debate sobre la necesidad de luchar por una educación de calidad ocupe un lugar destacado en la agenda política y social de la Región.

Fuente del artículo: https://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2019/03/19/educacion-siglo-xxi/1006018.html

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Bonapartismo educativo

Mauro Jarquin

Por: Mauro Jarquín Ramírez.

 

Al inicio de su memorable 18 Brumario de Luis Bonaparte, Marx afirmaba, a propósito de Hegel, que los grandes hechos y personajes de la historia acontecían dos veces. Una vez como gran tragedia y otra como lamentable farsa. Lo dicho por el pensador bien podría ser la síntesis histórica del devenir educativo nacional en los últimos tiempos con sus respectivas reformas. En un lapso de seis años hemos pasado de una gran tragedia educativa (reforma educativa 2013) a algo que para ciertos sectores del magisterio organizado y colectivos educativos se presenta como una lamentable farsa (el proyecto educativo lopezobradorista). Y no es para menos, ya que de aquellas declaraciones morenistas que sentenciaban no dejar ni una comade la mal llamada reforma educativa, ha quedado muy poco. La 4T, que ha decretado con bombo y platillo el fin del neoliberalismo, no únicamente ha mantenido con vida al proyecto empresarial cobijado por el Pacto por México, sino que ha impulsado en la nueva propuesta educativa una recuperación íntegra de su núcleo gerencial.

La tragedia educativa de hace seis años representó un duro golpe para el magisterio mexicano y las comunidades educativas. El cuerpo de la reforma, orientado por principios eficientistas, consistía en la transformación íntegra de las prácticas educativas en distintos niveles con el supuesto fin de elevar la calidad educativa, entendida como el logro de aprendizajes instrumentales medido en pruebas estandarizadas. De fondo, se buscaba cambiar la lógica del proceso educativo, orientándolo hacia el logro de metas de aprendizaje determinadas unilateralmente que no partían de un análisis responsable de los contextos concretos de escolarización.

Ante la violencia con la que fue impuesta la reforma, el magisterio mexicano mostró una respuesta ejemplar cristalizada en largas jornadas de lucha nacional que se expresaron en una gran diversidad de experiencias de resistencia situadas a lo largo de la República. La capacidad de movilización fue tal, que el gobierno peñista se vio forzado a oscilar entre esporádicos y limitados episodios de diálogo, con una abierta campaña de represión que cobró vidas de maestros, padres de familia y simpatizantes del movimiento. No obstante, pese a todo la firmeza de las maestras no mostró señales de flaqueza.

Al final del sexenio, la reforma educativa había terminado por generar una percepción negativa no sólo en el seno del profesorado, sino en grandes capas de la sociedad. De poco o nada servían ya los contratos multimillonarios entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las televisoras para difundir sus supuestas bondades o la campaña de desprestigio hacia el magisterio por parte de grupos empresariales. Las movilizaciones habían logrado cuestionar el momentáneo éxito de determinados grupos de interés al lograr hacerse con el control del rumbo educativo nacional con beneplácito de las autoridades. Sin embargo, aunque la reforma parecía estar ya en el suelo, sus efectos continuaban operando… y sus conceptos centrales se mantenían vigentes en la cabeza de expertos y políticos de izquierda.

El malestar con la reforma fue recuperado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a tal grado que llegó a constituir uno de los pilares de su plataforma electoral. Denunciar a la mal llamada reforma educativa se hizo costumbre en cada mitin, principalmente si se llevaba a cabo en algún lugar con una importante tradición de movilización docente. AMLO necesitaba asegurar su victoria. Para ello, además de apoyarse en Alfonso Romo y sus redes para concertar posibles intereses con el capital privado, requería convencer al voto magisterial de que él era la mejor opción para desterrar tan desagradable normatividad. Su jugada funcionó y tras integrar a liderazgos regionales a su proyecto electoral, logró hacerse con el voto docente.

Ya en la Presidencia, su política en educación se ha decantado por gestionar la lucha entre magisterio y empresarios (con sus OSC) con el fin de que a través de su liderazgo y capacidad de mediación sea posible impulsar una agenda educativa que recupere propuestas de ambas partes, en beneficio de todos. Lo anterior le habilita a desarrollar un ejercicio político donde, dadas las condiciones de los actores en pugna, éste pueda posicionarse por encima de tal conflicto y así representar los verdaderos intereses educativos del pueblo. La restauración lopezobradorista en el campo educativo ha llegado tanto de la mano del carisma y legitimidad del Presidente, como de las limitantes políticas que magisterio (atravesado por debates internos) y derecha empresarial (desgastada públicamente) encuentran en su intento por impulsar sus proyectos educativos. Erróneamente, muchos piensan que el Presidente plantea un cambio sustancial en educación que resta fortaleza a los grupos de interés económico.

AMLO ha arrebatado a los empresarios y a sus personeros el control directo de la política educativa del que tanto gozaron el sexenio pasado. Sin embargo, pareciera que este cambio responde más a la tarea de garantizar la permanencia de sus ideas gerenciales que de construir un cambio radical en la política educativa. La lamentable farsa educativa ha llegado de la mano del concepto central del nuevo proyecto: la excelencia, entendida como el mejoramiento que promueve –nuevamente– el máximo logro de aprendizajes. Una recuperación del proyecto empresarial de calidad que marcará el sentido de la formación docente, la gestión escolar, la participación social en educación y por supuesto, la evaluación educativa.

Al dominio lopezobradorista lo precede el ideario educativo empresarial, impulsado por Delgado, Moctezuma, Guevara, Romo y compañía. Construir un proyecto educativo de transformación requerirá romper las cadenas tutelares del Estado y apostar –nuevamente– por construir horizontes distintos dentro y fuera de la lógica estatal.

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2019/03/24/opinion/008a1pol

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Washington quiere haitinizar la región, tras los fracasos de su estrategia… y de Guaidó

Aram Aharonian

Por: 

En unas declaraciones hechas desde el sector más proestadounidense de la derecha venezolana, Julio Borges señaló que “los miembros de la oposición sabemos que ninguna salida que propongamos a Maduro será viable mientras no recuperemos la libertad de Cuba”, en un intento de regionalizar el conflicto, “haitinizar” la región, que es lo que, en definitiva, quiere Washington.

Borges fue quien, por órdenes de EEUU, se negó a firmar un acuerdo entre la oposición y el gobierno, en Santo Domingo, en 2017, y sigue a pie juntilla el libreto escrito en Washington.

Este sábado 23 de marzo, se cumplieron dos meses de la autoproclamación como presidente interino de Venezuela del diputado a la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, y ante el fracaso de esta jugada pergeñada por la diplomacia estadounidense, ahora sus partidarios buscan convertirlo en mártir.

Cuatro días antes, el dirigente de Voluntad Popular (al que pertenece Guaidó), Carlos Vecchio, afirmó durante la toma forzada (asalto) de una sede diplomática venezolana en Nueva York que una eventual detención de Juan Guaidó tendría “un impacto positivo” y “aceleraría” un cambio de gobierno en la República Bolivariana.

Mientras, el abogado Roberto Eugenio Marrero, jefe de despacho de Guaidó, fue detenido la madrugada del jueves 21 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) acusado de integrar una “célula terrorista” que planeaba ataques en el país con la intención de “crear caos”:.

El ministro del Interior, Néstor Reverol, lo acusó de ser responsable directo de este grupo criminal, al que se le incautó un lote de armas de guerra y dinero en efectivo de divisas extranjeras. Según Reverol, el grupo había contratado a mercenarios colombianos y centroamericanos para atentar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados y efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos.

Mike Pompeo, secretario estadounidense de Estado, condenó en Twitter la detención y exigió la “liberación inmediata” del abogado. En declaraciones a la cadena Fox News, aseguró: “Haremos todo lo posible para sancionar a quienes dirigieron y ordenaron el operativo”. ¿Una forma de responsabilizarse como autor intelectual?

Es obvio ya que la capacidad de Guaidó para dividir a las fuerzas armadas y producir un golpe militar, una invasión de sus vecinos o un levantamiento de masas en Venezuela no ha pasado del nivel de intento. Según la constitución venezolana un “presidente encargado” solo tiene como función convocar a elecciones en un plazo de 30 días, y él ya lleva 60 días desde que se autojuramentó. Ningún cuartel o juzgado lo ha reconocido,  no tiene capacidad administrativa alguna y ni siquiera tiene gabinete.

Distintos sectores de la variopinta oposición discuten sobre la estrategia dirigida al cambio de gobierno. La mayoría piensa que el intento realizado con la creación de una imagen de poder dual y la presión sobre los militares para que procedieran a una sublevación, una rebelión o un golpe ya fracasó. Y proponen otras opciones, que apuntan hacia un corto o un mediano plazo.

El Comandante General del Ejército ruso, General Vasily Tonkoshkurov, arribó al Aeropuerto de Maiquetía con una comitiva de 99 efectivos militares. Adicionalmente aterrizó en Maiquetía otro avión de la fuerza aérea rusa, de carga, siglas AH-124-100, con 35 toneladas de carga para la delegación rusa. Una advertencia a los halcones de Washington.

Mientras, surgió una disputa paralela por el control de las embajadas en los países que reconocen a Guaidó como presidente interino. Lo cierto es que Estados Unidos es el único país en el que controlan un edificio consular. En las demás naciones, los enviados de Guaidó no pueden desempeñar tareas básicas como emitir un pasaporte ya que el Registro Civil de Venezuela sigue bajo el control de las autoridades constitucionales.

Dentro de este panorama, pese a la histórica victoria ante Argentina en Madrid, el entrenador de la selección venezolana de fútbol, Rafael Dudamel anunció que ponía su cargo a disposición. “Hemos recibido la visita de un “embajador” de Juan Guaidó en España (Antonio Ecarri Bolívar). Han utilizado de manera muy pobre esa visita, la han politizado”, denunció.

La presión contra el país sigue siendo fuerte, dadas las amenazas de una intervención de fuerzas extranjeras y las sanciones que se han elevado al grado de embargo petrolero que busca cortar, junto con el bloqueo financiero y bancario, el aprovisionamiento del país en alimentos y medicinas y privar al aparato productivo de los insumos para su funcionamiento.

Sus concentraciones tienen cada vez menos concurrencia. La del jueves 21, que pedía la “inmediata liberación” de su brazo derecho, fue “escuálida”, al decir de Hugo Chávez. Su llamado al paro nacional y su intención de tomar el Palacio de Miraflores no tiene asidero en su capacidad de convocatoria, mientras su credibilidad sigue en descenso.

El problema es seguir guiones mal traducidos del inglés. Que lo han llevado por el camino de la autodestrucción al proponer más sanciones contra el pueblo venezolano e insistiendo en una invasión de EEUU o en su defecto de Colombia, su vecino del sur. Brasil, con temor a crear un caos regional, ha negado la participación de sus militares, el Grupo de Lima mira para otro lado tras el fracaso de la Operación Cúcuta.

Donald Trump sigue en su escalada de agresiones económicas, ocupando, secuestrando, pirateando los bienes de Venezuela en EEUU y adelanta sanciones a bancos  y empresas que comercien con Caracas.

La jugada de imponer en Venezuela un gobierno paralelo, y derrocar al legítimo mandatario, no dio los resultados esperados y mostró su fracaso estrepitoso con la Operación Cúcuta, con la que se intentó introducir por la fuerza “ayuda humanitaria” estadounidense (que nadie solicitó), en una operación conjunta con la presidencia de Colombia y el aval de otros presidentes, como Sebastián Piñera y Mario Abdo.

Sin embargo, ese intento de imponer un jefe paralelo de Estado, auspiciando simultánemente el desconocimiento de la práctica diplomática oficial, y violando los parámetros legales establecidos en el derecho internacional, no ha dado sus frutos, pese a que Guaidó vocifera que tiene el apoyo y reconocimiento de la comunidad internacional reducida a los cómplices de las políticas de Washington.

El respaldo de esa “comunidad” se reduce a un reconocimiento más político que jurídico a 43 gobiernos, de los cuales 14 son países de América, 28 son de la Unión Europea (no todos están de acuerdo con la decisión oficial), el 22,16% de los 194 estados nación que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Alemania, Francia y España, dejaron en claro que el liderazgo de Guiadó no termina de convencer a sus aliados. Los “embajadores” nombrados por él  no son reconocidos oficialmente, sino apenas como representantes del autoproclamado.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), conducido por el neoliberal colombiano  Ocampo anunció que el delegado nombrado por Guaidó, el economista Ricardo Hausman, representará a Venezuela en la asamblea anual del organismo la próxima semana en China. Pero debió suspender la asamblea tras la negativa de Pekín a otorgar una visa a Husman.

Pese al inusitado paso intentado por el BID, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció el jueves 21 de marzo que “aún no hay claridad” entre sus países miembros acerca del posible reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela y señaló que no hay un voto previsto sobre la cuestión en el Directorio Ejecutivo.

Mientras, Citigroup anunció que depositará poco más de 200 millones de dólares de Venezuela en una cuenta de Estados Unidos, monto que representa el excedente de un crédito otorgado al Banco Central de ese país en 2015

En Ginebra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por amplia mayoría una  resolución presentada por Venezuela en nombre del Movimiento de No Alineados sobre efectos negativos de las medidas coercitivas unilaterales (sanciones) en los DDHH.

En buena parte de la población se han instalado y fortalecido pasiones de odio, muerte y destrucción; una poderosa emocionalidad  ha invadido todas las esferas de la vida, ante la pasividad individual, social y cultural.  Papel primordial juega el poder transmedia, suerte de “maquina discursiva”, que intencionalmente alimenta tal subjetividad política, que desatan el miedo, el dolor, la insolidaridad, el odio, la envidia, el resentimiento, la venganza, la crueldad y la muerte.

Desde esa plataforma subjetiva, lanza Guaidó y la oposición su arenga sobre el costo político cuando, enfático, afirma “para nosotros no es costo (…) es inversión en futuro”.

Y, apelando  a las pasiones tristes, remata con una suerte de amenaza: “estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario por la libertad (…) No hay miedo”. En ese contexto, ¿Cómo derrotar la lógica de la guerra, cómo apartarnos de las prácticas violentas de representación y participación?  ¿Cómo reconstruir el tejido social?  ¿Cómo abrirse a nuevas miradas sobre la convivencia, el dialogo, la concertación?, se pregunta la socióloga Maryclén Stelling.

Fuente del artículo: https://www.politika.cl/2019/03/24/washington-quiere-haitinizar-la-region-tras-los-fracasos-de-su-estrategia-y-de-guaido/

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Amanda Labarca, pionera de la educación en Chile (Video)

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Chile / 24 de marzo de 2019 / Autor: PROGRAMA TRANSVERSAL DE EDUCACION / Fuente: Instituto de Asuntos Públicos

 

Amanda Labarca en 1922 fue nombrada profesora extraordinaria de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Siendo la primera docente del país y de América Latina en conseguir una cátedra universitaria.

Fuente:

http://www.inap.uchile.cl/videos/151772/amanda-labarca-pionera-de-la-educacion-en-chile

ove/mahv

 

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La propuesta educativa de MORENA

Eduardo Backhoff Escudero

México / 24 de marzo de 2019 / Autor: Eduardo Backhoff Escudero / Fuente: SDP Noticia

La versión del 6 de marzo pasado del proyecto de decreto, que abroga diversas disposiciones de la Reforma Educativa (RE) de 2013 modifica, con este fin, los artículos 3º, 31º y 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con este proyecto, MORENA pretende dar cumplimiento a la promesa de campaña que realizara Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en apoyo a los líderes sindicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes desde un principio se opusieron radicalmente contra la RE impulsada, en 2013, por los tres partidos mayoritarios del momento: PRI, PAN y PRD.

La anunciada transformación educativa de AMLO, a través del secretario de educación, Esteban Moctezuma Barragán, se ha centrado principalmente en criticar la RE de Peña Nieto, sin aclarar en qué se diferenciará de ésta, la que ha sido denostada una y otra vez como un elemento central del modelo Neoliberal que hoy, de 18 de marzo, AMLO la declaró muerta. Por lo anterior, resulta de especial importancia conocer lo que los diputados de MORENA pretenden modificar de la Constitución y de las leyes secundarias para construir un nuevo modelo educativo que sea distinto del anterior. En mi opinión, después de leer la propuesta de MORENA, que se discutirá este mes en la Cámara de Diputados, creo que dista de ser una muy distinta a la RE de 2013. Por ello, a continuación, señalaré ocho elementos comunes a las dos “reformas”:

Primero. La propuesta de la 4T elimina el adjetivo “calidad” de la educación, sin embargo, éste se sustituye por el de “excelencia”. Ambos términos aluden al mismo significado: el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Segundo. La 4T menciona que la educación se basará en un enfoque de derechos humanos y de igualdad y que tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano. La misma idea fue propuesta en la RE, pero con otros términos.

Tercero. La 4T prioriza el interés superior de niñas, niños y adolescentes, lo mismo que la RE.

Cuarto. La 4T propone que los docentes tengan acceso a un sistema de formación para que puedan cumplir con los objetivos del Sistema Educativo Nacional. La misma idea se planteó con el Servicio Profesional Docente. En ambos casos se plantea que la formación atenderá las necesidades particulares de los profesores.

Quinto. La 4T propone que el personal que ejerza la función docente y directiva tendrá que pasar por un proceso de admisión, promoción y reconocimiento, pero no de permanencia. Esta propuesta es idéntica a la de la RE, con excepción de la evaluación para la permanencia.

Sexto. La 4T propone que el Estado asegurará que los materiales, la infraestructura, su mantenimiento y las condiciones del entorno contribuyan a los fines de la educación. La misma idea se planteó en la RE que, además, estableció la idoneidad del personal docente y directivo como elementos consustanciales para poder cumplir con el derecho que tienen los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad.

Séptimo. La 4T propone que el Estado adoptará las medidas para que todas las personas puedan ejercer su derecho a la igualdad de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. La RE tuvo como eje rector la misma propuesta.

Octavo. La 4T propone establecer un organismo público autónomo, que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), mismo que era parte de la RE. Las funciones de ambos organismos son prácticamente las mismas, salvo las de emitir lineamientos para la evaluación de los docentes. La estructura administrativa del nuevo organismo también es muy parecida a la del INEE, así como la forma de elegir y renovar a los integrantes del Consejo Directivo.

Como se podrá apreciar, el proyecto de decreto de MORENA para la transformación de la educación mexicana es muy parecida a la RE que se quiere abrogar. La única gran diferencia que observo es la eliminación de la evaluación docente con fines de permanencia que, en términos de la CNTE, AMLO y MORENA tiene fines punitivos. El resto de la propuesta es una burda copia de la RE, la cual parafrasea sus principales ideas. Y como dijo Goethe: “La originalidad no consiste en decir cosas nuevas, sino en decirlas como si nunca hubiesen sido dichas por otro”.

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/03/18/la-propuesta-educativa-de-morena

Fuente de la Imagen:

https://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/10-puntos-educacion-amlo-presento-cnte

ove/mahv

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