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Menos igualdad: La privatización de la educación en América Latina

Reseña Informe:  La privatización de la educación en América Latina

La privatización de la educación es un fenómeno de alcance global.

Numerosos países, tanto del Norte como del Sur, han promovido medidas de privatización educativa en los últimos años. Como consecuencia, cada vez hay más niños y niñas que están siendo escolarizados en instituciones privadas.

En el campo educativo, la privatización no se desarrolla del mismo modo que en ciertos sectores de la economía, como la provisión de agua, de energía, en las telecomunicaciones. En efecto, la privatización educativa no supone transferir la propiedad de las escuelas públicas a manos privadas, sino la mayor participación de agentes privados en la provisión y el financiamiento de servicios educativos. Así, la privatización en el campo de la educación es el resultado de la implementación de diversos y complejos esquemas de provisión y financiamiento mixtos que tienden a integrar al sector privado y al público, y que conllevan la redefinición de las funciones y responsabilidades tradicionalmente asumidas por el Estado.

Las acciones más habituales para promover la privatización educativa son: la creación de escuelas charter (instituciones de titularidad pública gestionadas por una entidad privada y que cuentan con financiamiento estatal); los esquemas de vouchers o bonos educativos (que se transfieren a las familias para que elijan la escuela privada o pública que más se adapte a sus preferencias educativas y que tienen como objetivo fomentar la competición entre escuelas); las subvenciones o la contratación externa de escuelas privadas por parte de los gobiernos (como las escuelas públicas de gestión privada en Argentina o las escuelas concertadas en España); los incentivos fiscales al consumo y/o la provisión de educación privada; y, en sentido más amplio, la promoción de la libre elección escolar de las familias (entre las que se encontrarían medidas de supresión de las zonas educativas como la que aprobó el gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid en el año 2013).

Un fenómeno en expansión en América Latina

América Latina es la región del planeta donde la privatización educativa ha avanzado de forma más pronunciada y constante en las últimas décadas. Los países latinoamericanos se destacan no sólo por tener la tasa de escolarización primaria privada más elevada del mundo, sino por mostrar además un crecimiento sostenido excepcional de la oferta privada desde la década de 1990 (Gráfico 1). En el nivel de educación secundaria, América Latina también encabeza el ranking de regiones con mayor participación privada, pero en este caso comparte posición con los países del África Subsahariana (Gráfico 2).

GRÁFICO 1. Porcentaje de alumnos matriculados en instituciones privadas de nivel primario por regiones. 1990-20141496241832_077401_1496247892_sumario_normal_recorte1

Fuente: Adaptado de la información del Instituto de Estadística de UNESCO (2016).

Nota: UNESCO considera instituciones privadas a aquellas que no son operadas por una agencia o autoridad pública sino que están controladas y gestionadas, ya sea con o sin fines de lucro, por alguna organización no gubernamental (por ejemplo, instituciones religiosas, sindicatos, empresas, fundaciones, o agencias extranjeras), o a aquellas cuya junta de gobierno está compuesta principalmente por miembros que no han sido seleccionados por un organismo público.

GRÁFICO 2. Porcentaje de alumnos matriculados en instituciones privadas de nivel secundario por regiones. 1998-2014

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Fuente: Adaptado de la información del Instituto de Estadística de UNESCO (2016).

A pesar de su magnitud, el fenómeno de la privatización educativa en América Latina ha sido por lo general poco estudiado desde una perspectiva regional. Dicha aproximación es, sin embargo, relevante dado que los motivos y factores que desencadenan la privatización de los sistemas educativos varían ampliamente país por país. En un estudio reciente, hemos mapeado la distintas manifestaciones y procesos de privatización educativa que coexisten en la región, en base al análisis de la multiplicidad de condicionantes sociopolíticos, institucionales, demográficos e históricos que intervienen en cada caso. Concretamente, identificamos siete trayectorias muy diferentes hacia la privatización educativa que nos muestran que las tendencias a la privatización responden a causas, orígenes y mecanismos muy distintos.

1. Privatización educativa como parte de la reforma estructural del Estado.

Chile es el país de la región donde ha cristalizado de forma más clara un proceso de privatización educativa fuertemente imbricado en un proceso más amplio de reforma estructural del Estado bajo los preceptos del neoliberalismo. En este país, la reforma educativa de los años ochenta redefinió drásticamente el rol del Estado en materia educativa y fomentó la elección escolar y el rol del sector privado mediante un sistema universal de vouchers. Dicha reforma fue impulsada en el contexto de una dictadura militar, lo cual dificultó que se pudieran articular resistencias efectivas ante unos cambios educativos tan drásticos y controvertidos.

2. Privatización educativa como reforma incremental.

En cambio, en países con un sistema educativo muy descentralizado, como Colombia y Brasil, la privatización se ha producido de forma incremental y como resultado del efecto acumulativo de una serie de reformas educativas acotadas y aparentemente aisladas, típicamente adoptadas a nivel subnacional. La política de “Colegios en Concesión” en Colombia – una variante adaptada de la modalidad charter popularizada en Estados Unidos desde la década de 1990 – constituye un emergente paradigmático de este tipo de avance incremental. En ambos países, factores políticos y socio-económicos de carácter extraeducativo (como la emergencia de una nueva clase media con mayor capacidad de consumo de educación privada) también han alimentado dichos procesos incrementales de privatización educativa.

3. Privatización “por defecto”.

En países como Perú, República Dominicana y Jamaica, el crecimiento del sector privado se explica por la pasividad y/o por la limitada capacidad de respuesta del Estado ante una creciente demanda educativa. En estos casos, la privatización se produce, en cierta manera, “por defecto” más que como consecuencia de políticas proactivas, y se canaliza a menudo a través de la expansión de las llamadas “escuelas privadas de bajo coste”, que cuentan con condiciones educativas e infraestructurales muy precarias, y están dirigidas principalmente a familias de bajos ingresos.

4. Alianzas público-privadas históricas.

En Argentina y, en cierta manera, en República Dominicana, la creciente presencia de provisión educativa no-estatal es el resultado de una relación de cooperación estable y de carácter histórico entre el Estado y la Iglesia, de características similares a las que encontramos en países europeos como España, Holanda y Bélgica. Este tipo de alianzas entre el sector público y el privado – inicialmente religioso y crecientemente laico – se encuentran intrínsecamente vinculadas a la instauración de los sistemas educativos nacionales y a la necesidad de ampliar la cobertura escolar de la manera más económica posible.

5. Privatización por la vía del desastre.

Las situaciones de emergencia humanitaria y social, resultantes tanto de desastres naturales como de conflictos armados, constituyen un terreno fértil para la adopción de reformas educativas de naturaleza drástica, las cuales, en situación de estabilidad y deliberación democrática, encontrarían más dificultades para prosperar. Tales dinámicas de privatización por la vía del desastre se han dado en países afectados por conflictos armados – como ha sido el caso de numerosos países centroamericanos en las últimas décadas – o por desastres naturales. En Haití, por ejemplo, después del terremoto del año 2010, se consolidó y expandió la provisión educativa privada en el marco del proceso de reconstrucción del país y en un contexto de notable influencia de organismos internacionales y agentes externos.

6. Privatización latente.

Encontramos también países como Uruguay, en los que históricamente el sector privado ha jugado un rol marginal, pero en los que se identifica un proceso de privatización latente. En este país se detecta un giro discursivo políticamente transversal, y una incipiente cooperación público-privada en forma de propuestas legislativas e iniciativas experimentales (como, por ejemplo, mediante la adopción de un esquema de vouchers con carácter de prueba piloto) con las que se podría promover la expansión de la educativa privada en los próximos años.

7. Contención de la privatización.

Finalmente, cabría destacar que, en contra de la tendencia generalizada en Latinoamérica, la matrícula privada ha experimentado un estancamiento y ligero retroceso en algunos países durante las últimas décadas. En Bolivia, por ejemplo, este proceso de contención de la privatización se explica por cambios en las dinámicas de oferta y demanda educativas. En este país andino, la relativa retracción de la provisión privada se da en un contexto de creciente regulación estatal sobre el sector, y una cierta pérdida de la ventaja comparativa de las instituciones privadas frente a la creciente inversión educativa y modernización del sector público.

La creciente presencia del sector privado en los sistemas educativos de Latinoamérica responde a una realidad muy diversa y con particularidades nacionales muy marcadas. El desarrollo de un amplio abanico de trayectorias de privatización educativa en la región se comprende sólo a la luz de una serie de especificidades (políticas, socioeconómicas e institucionales) que, en la mayoría de países, tienen un carácter marcadamente endógeno (es decir, que no se encuentra necesariamente vinculado a condicionalidades externas). Ahora bien, independientemente de sus causas y orígenes, ¿por qué debería de preocuparnos el fenómeno de la privatización educativa?

Los efectos de la privatización

Las políticas de privatización suelen generar fuertes controversias y disputas políticas.

Los defensores de la privatización educativa, sostienen que las políticas a favor de la privatización son una vía para extender la libertad de elección escolar de las familias, tornar más eficiente el sistema educativo, o incluso incrementar la equidad en educación. El ampliamente difundido documento El papel y el impacto de las asociaciones público-privadas en la educación (The Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education) del Banco Mundial expresa de forma clara esta perspectiva. Sin embargo, un conjunto importante de actores, entre los que destacan organizaciones docentes y de la sociedad civil, plantea serios reparos a estas políticas, ya que suponen un desafío a la concepción de la educación como un derecho humano y un bien social. A su vez, la evidencia proveniente de la investigación académica muestra que los riesgos y efectos perversos ligados a la privatización superan ampliamente las virtudes que se le atribuyen y que, por lo demás, no han sido rigurosamente contrastadas.

La misma OCDE publicó en el año 2009 una revisión de la literatura académica sobre las políticas de mercado en educación en la que advierte que dichas políticas promueven mayores niveles de segregación escolar y de desigualdad educativa, mientras que los efectos sobre las mejoras en el aprendizaje no son para nada significativos. Similares resultados se desprenden de un análisis bibliométrico reciente sobre esta misma temática. Según pone de relieve este informe, los estudios académicos sobre los efectos de la privatización educativa publicados en las dos últimas décadas reportan con mucha más frecuencia efectos negativos que positivos. Ahora bien, el impacto de la privatización varía en función de diferentes dimensiones y aspectos del sistema educativo (satisfacción del profesorado, niveles de aprendizaje del alumnado, segregación escolar, eficiencia, etc.). La privatización educativa no es necesariamente negativa en relación a todos estos aspectos ni al mismo nivel. Como se refleja en el Gráfico 3, sus efectos son especialmente perjudiciales en relación a aspectos como la equidad educativa, la inclusión y la diversidad en la composición de las escuelas.

GRÁFICO 3

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Fuente: Verger, A., Fontdevila, C., Rogan, R. & Gurney, T. Evidence-Based Policy and the Education Privatization Debate: Analysing the Politics of Knowledge Production and Mobilization through Bibliographic Coupling.

La competición entre escuelas impulsada por las políticas pro-privatización se traduce frecuentemente en un aumento de la discriminación educativa y de la segregación escolar. Esto se debe a que una práctica habitual – y casi naturalizada – en el sector educativo privado consiste en seleccionar al alumnado en base a criterios que no son precisamente de equidad. Así, las escuelas privadas, especialmente cuando están sujetas a presiones competitivas, tienden a “filtrar” a aquellos estudiantes percibidos como negativos para la imagen de la escuela o como menos hábiles académicamente (en general, estudiantes de clase trabajadora, minorías étnicas, o con necesidades educativas especiales). Asimismo, cuando se otorga mayor capacidad de elección a las familias, ésta deriva en muchas ocasiones en el abandono del sector público por parte de la clase media, lo cual pone en entredicho la diversidad socio-cultural de los centros educativos y amplifica las diferencias entre grupos sociales.

Además, y a pesar de que las políticas de privatización resultan en ocasiones en un aumento general del rendimiento educativo del alumnado en el sector privado respecto al público, estos resultados se tienden a neutralizar cuando la comparación se hace teniendo en cuenta el estatus socioeconómico del alumnado. Los grupos socialmente desfavorecidos se ven perjudicados por las políticas de privatización, especialmente a raíz de las dinámicas de discriminación y segregación escolar que se le asocian, o de la desigualdad de recursos de las escuelas en función del tipo de alumnado con el que cuentan (si bien es cierto que dinámicas de segmentación de la oferta escolar y de recursos educativos se pueden dar también en el seno del mismo sector público).

Adicionalmente, la privatización tiende a afectar directamente las condiciones laborales y los derechos del personal docente, lo cual se advierte especialmente en el caso de las llamadas “escuelas privadas de bajo coste” que crecen a un ritmo vertiginoso en países de Asia, África y América Latina, aunque no exclusivamente. Si bien los centros de gestión privada pueden resultar más eficientes en términos económicos en comparación con los centros públicos, la contrapartida de la eficiencia se encuentra a menudo en la precarización en las condiciones laborales del personal docente. Esta precarización, a su vez, repercute en mayores niveles de rotación del profesorado y en una menor autonomía de los docentes en el ámbito pedagógico y/o curricular, lo cual tiende a desincentivar la innovación a nivel de aula.

En definitiva, mientras que los supuestos beneficios de la privatización educativa en términos de eficiencia y mejoras en el rendimiento educativo no han sido rigurosamente demostrados, la evidencia disponible pone de relieve que la privatización tiende a socavar la equidad educativa y la función de cohesión social que debería desempeñar la escuela. Comprender las causas de la privatización y sus diversas manifestaciones es un primer paso a la hora de articular respuestas y políticas con las que favorecer la mejora de la educación pública y el fortalecimiento de los sistemas educativos.


Antoni Verger, Clara Fontdevila y Mauro Moschetti son profesores de la Universitat Autònoma de Barcelona

Fuente documento: http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/menos-igualdad-la-privatizacion-de-la-educacion-en-america-latina/#more-3111

Fuente imagen: Oscar ‘Nebe’ Abad/Asociación Audiovisual Educar desde la Infancia

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Impuestos, privatización y derecho a la educación: Influir en la financiación de la educación y la política fiscal para transformar la vida de las y los niños

Fuente:  CLADE.  Autor:  Alice Whitby/ActionAid 

Investigación que analiza cuánto pagan las familias por la educación en Ghana, Kenia, Uganda y Pakistán, concluye que escuelas privadas tienden a ser entre 3 y 5 veces más caras que las escuelas públicas

Asimismo, los hallazgos de esta investigación llevada a cabo por ActionAid muestran que la educación primaria en estos países no es gratuita ni siquiera en las escuelas públicas o gubernamentales, dado que hay un sinnúmero de costos que dificultan el acceso a la educación, entre ellos costos de exámenes, uniformes escolares, alimentación, excursiones, textos educativos. Los niños y niñas cuyas familias no sean capaces de asumir estos costos, quedan excluidos de las escuelas.

El informe señala que debido a la falta de financiamiento adecuado, la percepción de la disminución de la calidad de la educación pública en estos cuatro países empuja a las familias a encontrar otras alternativas, las escuelas privadas están creciendo como resultado de esta demanda creando y consolidando desigualdades sociales y llevando a la estigmatización de la educación pública.

Resalta que, de acuerdo a los marcos jurídicos nacionales e internacionales, los Estados tienen la obligación de proporcionar educación gratuita y obligatoria, así como el deber de tomar las medidas apropiadas para asegurar que la educación esté libre de costos directos e indirectos que menoscaben el disfrute de este derecho. Afirma que los gobiernos tienen la capacidad de recaudar más ingresos para financiar la educación, por ejemplo reduciendo los incentivos fiscales para la inversión y atacando la evasión fiscal.

Finalmente, el documento incluye una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos de Ghana, Kenya, Uganda y Pakistán, entre ellas: garantizar el derecho a una educación gratuita y de calidad, suprimiendo todos los costos directos e indirectos, mejorar la calidad de las escuelas públicas, no delegar al sector privado su responsabilidad de asegurar el derecho a la educación y fortalecer la reglamentación, control y transparencia de las escuelas privadas.

En lo relativo a la financiación, aumentar el presupuesto de educación hasta al menos el 20% del presupuesto nacional o el 6% del PIB; aumentar el volumen del presupuesto general mediante la ampliación de la base imponible mediante una imposición progresiva y efectiva; la asignación de más recursos para promover la equidad, y aumentar los niveles de monitoreo del presupuesto para garantizar que el mismo sea asignado y ejecutado eficientemente; eliminar los incentivos fiscales y fortalecer los sistemas tributarios.

Otras recomendaciones se orientan a mejorar la infraestructura, la formación y calificación de maestros/as y avanzar en la igualdad de género en la educación.

Descargue el informe completo aquí

Fuente Documento: http://privatizacion.campanaderechoeducacion.org/impuestos-privatizacion-y-derecho-a-la-educacion-influir-en-la-financiacion-de-la-educacion-y-la-politica-fiscal-para-transformar-la-vida-de-las-y-los-ninos/

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Presentación del Informe 2017 Miradas sobre la educación en Iberoamérica: Desarrollo profesional y liderazgo de directores escolares en Iberoamérica

Europa/España/ 30 de septiembre de 2017/ Fuente:  oei.es.
Casa América, sita en la Plaza de la Cibeles de Madrid (España) acogerá el próximo jueves 5 de octubre de 2017 a las 19 horas (GMT+1) la presentación del Informe Miradas 2017 sobre la Educación en Iberoamérica: desarrollo profesional y liderazgo de directores escolares en Iberoamérica.

El Proyecto Metas 2021: la educación que queremos para la generación de los Bicentenarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura (OEI), incluye un plan para su seguimiento y evaluación cuyos principales resultados son los Informes Miradas.

Informes Miradas de seguimiento (Miradas 2011, Miradas 2012, Miradas 2014 y Miradas 2016), informes Miradas temáticos (Miradas 2013 y Miradas 2015).

El informe Miradas 2017 se centra de manera monográfica en el desarrollo y liderazgo de los directores escolares. Tanto la experiencia como la teoría concuerdan en la relevancia de la dirección escolar para garantizar la calidad de los sistemas educativos. Por ello, el informe analiza la situación actual de la dirección escolar en los países iberoamericanos, sus políticas públicas, funciones, competencias, desarrollo profesional y sistemas de evaluación del desempeño.

La elaboración de este informe es el resultado de un trabajo coordinado entre el Instituto de Evaluación (IESME) de la OEI, el Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de Brasil, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) de España, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) de México.

El acto será inaugurado por:

  • Marcial Marín, Secretario de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.
  • Paulo Speller, Secretario General de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Participan:

  • Armando Simões, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental Diretoria de Estudos Educacionais – DIRED Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira-(INEP) de Brasil.
  • Carmen Tovar, Directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España.
  • Héctor Virgilio Robles, Director General para la Integración y Análisis de Información del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) de México.
  • Tamara Díaz, Secretaria Técnica del Instituto de Evaluación (IESME).

Confirmación de asistencia en este ENLACE 

El acto se podrá seguir vía streaming a través del siguiente enlace.

 

Fuente Reseña: http://www.oei.es/Oei/Noticia/presentacion-del-informe-2017-miradas-sobre-la-educacion-en

 

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Cómo destruir la educación en nombre del derecho a la educación

América del Sur/Uruguay/30 de septiembre de 2017/ Fuente: brecha.com.uy  Autor: Julio Moreira (*).

El 1 de junio de 2014, tras imponerse en las elecciones internas del Frente Amplio, Tabaré Vázquez anunció una serie de objetivos que orientarían su accionar si ganaba las elecciones de octubre de ese año. Entre ellos se encontraban algunos para el área de la educación: todos los jóvenes de hasta 17 años serían incluidos en el sistema educativo, y se alcanzaría un 100 por ciento de promoción en el ciclo básico y un 75 por ciento de egreso global en la enseñanza media.

En principio, determinar las metas del sistema educativo público como si se tratase de una empresa de servicios que busca aumentar su número de socios desplaza otras posibilidades, como la ilustración de niños y jóvenes a través de los conocimientos fundantes de nuestra cultura, sin los cuales no es posible sostener la responsabilidad democrática, la solidaridad, el respeto por la naturaleza, la sensibilidad artística, el cuidado de la salud, la capacidad de análisis, el sentido crítico y la autonomía.

Pero, de acuerdo a los anuncios de Vázquez, la educación pública tiene, en este momento, un fin difícil de compatibilizar con los antedichos: la universalización de la cobertura, la retención y la promoción. Sin dudas es compartible la meta de que todos los jóvenes de Uruguay se integren al sistema educativo. Pero no debería cumplirse a cualquier costo, al menos para los que creemos en los principios antes expuestos.

El camino elegido para dar cumplimiento a las promesas electorales tiene, a mi entender, dos grandes problemas. Uno, se centra en un cambio sustantivo en las formas de acreditar la culminación de ciclos. Los planes de estudio son multiplicados con el objetivo de ofrecer opciones flexibles que faciliten la promoción. Así, los que dispongan de las condiciones materiales para afrontar una educación integral podrán hacerlo; para ello existen los planes de estudio más exigentes. Los que no, pueden optar por alguna de las formas alternativas y académicamente pobres de acreditar la culminación de ciclos educativos.

El otro problema –y es lo central de este artículo– es que, avanzada la reforma, el gobierno debe invertir en infraestructura, pues la cantidad de centros es insuficiente para mejorar la cobertura y la retención. En la actualidad hay más de 2.300 escuelas para 250 mil niños, y apenas 297 liceos y 127 escuelas técnicas para 300 mil jóvenes.1 A esta insuficiencia de locales en la educación media se le suman las promesas de universalizar la cobertura de los y las niñas de 3 años, y de expandir el tiempo completo en primaria común.

Sucede que la opción gubernamental para ampliar la infraestructura educativa trasciende ampliamente los asuntos de la infraestructura como rubro: poner en funcionamiento más de 180 centros educativos mediante la modalidad de participación público-privada (Ppp).

PPP: UNA PÉSIMA OPCIÓN. La Ppp no es sólo una forma de encomendar a un privado la construcción de un edificio, sino que además supone que ese edificio sea administrado por hasta 35 años por el privado, que asume la responsabilidad de repararlo, amueblarlo, limpiarlo y protegerlo, además de tener el derecho a usarlo con fines propios.

En el marco del plan quinquenal de infraestructura 2015-2020 del gobierno nacional, la Anep ha realizado ya dos llamados a licitación pública internacional para el diseño, financiamiento, construcción y mantenimiento de centros educativos públicos, bajo el régimen de Ppp, por un plazo de 22 años.

El primer llamado se realizó el 24 de noviembre de 2016 y comprendió 15 centros Caif (Inau) y 44 jardines para educación inicial (Anep). El segundo llamado se realizó el 20 de abril de 2017; comprendió 23 escuelas, diez polideportivos y nueve polos tecnológicos (Anep). A la fecha están previstos dos nuevos llamados: el tercero incluirá 25 Caif y ocho escuelas; el cuarto sumará 51 liceos (Anep).

Son muchas las razones por las que la Ppp es una pésima opción para la educación pública. Algunas son de índole económica, entre ellas: se profundiza la política de otorgar exoneraciones tributarias y beneficios fiscales al gran capital, se reduce el potencial de generación de empleo que los nuevos centros podrían tener en el sector de la construcción, el costo de los edificios es más alto que con una licitación tradicional, se dejan en manos de privados terrenos que son públicos, la Anep puede tener que indemnizar al privado en caso de paros y huelgas, el Estado debe pagar cifras millonarias al privado en caso de terminar anticipadamente el contrato, etcétera. En esta instancia me centraré en las razones de índole educativa.

  1. La Ppp incidirá en la definición de las políticas educativas. Preguntado acerca de si la Ppp supone privatizar la educación, el presidente de la Anep, Wilson Netto, respondió: “Las expresiones respecto a privatizar desde el punto de vista pedagógico la dirección educativa están totalmente fuera de lo que establecen las normas, y del espíritu y la vocación con los cuales se trabaja”.2 Pero la respuesta de Netto es falsa porque, de manera colateral, se da al privado la posibilidad de incidir sobre las propuestas educativas. La mayoría de las escuelas y liceos que buscan crearse a través de la Ppp son de tiempo extendido o completo. En función de ello, se fijan por contrato, a 22 años, los días y horarios de trabajo de la Anep en los centros. ¿Qué sucede si mañana deciden modificarse estas políticas, generándose la necesidad de disponer de los locales en días y horarios diferentes a los acordados? Nada obliga al privado a acceder: puede bloquear una política educativa. Y si aprueba un cambio será a costa de más dinero.
  2. La Ppp incidirá sobre el uso que docentes y estudiantes hagan de sus centros educativos. La vida de los centros educativos trasciende las actividades previstas por la administración. De hecho, muchas actividades se desarrollan fuera del horario de clases: emergentes educativos, actividades de integración, salidas didácticas, paseos, convocatoria a padres, actividades de formación, organización y realización de eventos solidarios, proyecciones cinematográficas, bailes, ceremonias de egreso, muestras artísticas, etcétera. Dado que la Anep fijará por contrato con un privado los días y horarios de trabajo, existirán fuertes limitaciones a cualquiera de las actividades antedichas. Así se restringe toda iniciativa extracurricular de la comunidad educativa.
  3. Se promueve una lógica de competitividad. La gran mayoría de las escuelas y los liceos del país llevan décadas denunciando la de-satención presupuestal de sus necesidades, especialmente la falta de cargos docentes y de gestión y servicios, y los problemas de infraestructura. En medio de esa realidad se pretende crear una minoría de centros educativos con rubros para mantenimiento, equipamiento, limpieza y seguridad. ¿A qué centro querrán los padres enviar a sus hijos? ¿Al que tiene goteras y en el que nadie cuida el ingreso, o al que es nuevo, limpio y seguro? ¿Qué niños y jóvenes son los que tendrán más posibilidades de acceder a los nuevos centros: los que disponen de un entorno adulto que los acompaña, o los que provienen de un contexto social adverso? ¿Qué niños y jóvenes quedarán en los liceos que carecen de las condiciones mínimas necesarias por omisión presupuestal?
  4. Los criterios lucrativos de la empresa prevalecerán sobre los criterios pedagógicos. En el contrato a celebrar entre la administración pública y el privado se dejará en manos de este último la dirección, logística y organización del personal, insumos, equipos y todo otro ítem necesario para el diseño, la construcción y la operación de los centros educativos. Y si bien se establecen ciertos parámetros básicos para la aceptabilidad de los servicios, ¿qué sucede si una comunidad evalúa que, aunque se ajusten a los parámetros acordados con la Anep, los servicios son inadecuados? Nada impide, por ejemplo, que se exponga a los estudiantes al contacto con funcionarios no preparados para el trato con niños o jóvenes, funcionarios que, además, pueden rotar cada poco tiempo. En estas y otras posibles situaciones se despoja de su inherente función educativa a las tareas no docentes que se realizan en un centro educativo.
  5. Los formatos constructivos no serán negociados con las comunidades. Desde hace algunos años el trabajo sindical en el área de la infraestructura permitió, al amparo de ciertas leyes, la instalación de ámbitos en los que se presenta a la comunidad el diseño de la obra a ejecutarse, para que aquélla pueda modificarlo a partir de su conocimiento de las necesidades locales y de valoraciones pedagógicas. De esta forma fue posible corregir a tiempo la insuficiencia de aulas proyectadas para el número de grupos existentes, la no previsión de bibliotecas y laboratorios, o la ausencia de baños en toda una planta. Sin embargo, las obras por Ppp tienen un formato predeterminado en los pliegos, que no fue negociado, y que sólo puede modificarse encareciendo los costos de la obra (si la empresa adjudicataria acepta, pues no tiene obligación de hacerlo). De esta forma se retrocede en materia de acuerdos, se desconoce el convenio 155 de la Oit (que dispone la obligatoriedad de negociar las condiciones de salud e higiene con los trabajadores) y se limita la negociación colectiva entre la Anep y los sindicatos de la educación.
  6. Las instalaciones pueden ser usadas por el privado con fines no educativos. A pesar de que los centros se construyen en terrenos públicos, están privatizados en su uso. De hecho, el canon que la administración pública paga al privado es por concepto de “pago por disponibilidad”. Si cumple los “servicios” acordados, la empresa puede desarrollar actividades propias, fuera del horario de clases o en coincidencia con éste, y, de esa manera, generar ganancias adicionales. Si las asociaciones privadas y las ONG ingresan ya a los centros de educación pública con diferentes propuestas, imaginemos qué sucederá en edificios directamente administrados por privados. De esta forma se da ingreso a una lógica innegablemente mercantilizadora de los edificios educativos.
  7. Se pierden cargos públicos en escuelas y liceos. En los centros educativos que queden comprendidos bajo el régimen de Ppp, los servicios de mantenimiento, equipamiento, limpieza y seguridad serán brindados por un privado. Eso significa que, al menos por dos décadas, el Estado renuncia a generar cargos públicos para esas funciones. Parece claro que la Ppp implica un recorte del Estado y, consecuentemente, un cercenamiento a la actividad sindical en el área de la educación pública (se limitan los ingresos). En el mismo sentido, la modalidad Ppp materializa una reforma del Estado en materia laboral, pues se violenta el mecanismo de concursos públicos como herramienta para contratar funcionarios. Y se limita el derecho laboral que existe en la administración pública de pedir traslado a otra dependencia: hay establecimientos en los que no habrá vacantes, en principio, por 20 años. Cierro este punto con una pregunta: ¿cuál será el destino de los funcionarios de limpieza y portería que se desempeñan en centros educativos cuyos edificios pasarán al régimen de Ppp?
  8. Se estimula la pauperización salarial de los funcionarios de servicios del área educativa. Lamentablemente, miles de trabajadores uruguayos perciben el salario mínimo, por lo que están sometidos a una lógica de súper explotación a través de extensas jornadas laborales. Entre ellos se encuentran los trabajadores de los servicios. Con la modalidad Ppp se abren por 20 años las puertas de escuelas y liceos a empresas privadas de limpieza y seguridad. Se trata de una definición que se traducirá en una depresión salarial y una pauperización de las condiciones laborales de los funcionarios de servicios. Deplorable sea cual fuere la rama de actividad donde suceda algo así. Pero particularmente en el área de la educación, pues las condiciones de trabajo de los adultos en escuelas y liceos son parte sustancial de los procesos de formación de las futuras generaciones.
  9. Se desvían cada vez mayores porcentajes del presupuesto educativo a manos privadas. Con una asignación presupuestal de aproximadamente 4,5 por ciento del Pbi a la educación (3 por ciento para Anep, 1 por ciento para la Udelar y 0,5 por ciento para actividades educativas ejecutadas en otros incisos) no han podido ser atendidas muchas de las necesidades que tienen los centros educativos. ¿Por qué sucede esto, si en los últimos 12 años (especialmente de 2005 a 2010) ha habido un incremento del presupuesto de la educación? Porque tal incremento se explica en parte por su orientación a organismos y políticas externos a la Anep y la Udelar: el Latu y el Plan Ceibal, el Mides y los Caif, el Inau y los centros adolescentes, etcétera. Y, al examinar el destino final de los recursos, constatamos que son desviados al área privada: Plan Ceibal –Negroponte, Caif–, Ong, Anep y sus tercerizaciones, etcétera. La modalidad Ppp refuerza ese camino de privatización del presupuesto educativo que ha recorrido el progresismo. De esta forma es probable que en unos años se alcance el 6 por ciento del Pbi para la educación, pero al precio de desviar gran parte a empresarios que lucran con la educación.
  10. Se profundiza el proceso de mercantilización de la educación pública. El instrumento Ppp busca maquillar el déficit fiscal, garantizando el lucro empresarial. Se instala así el predominio de una lógica “eficientista” en el sector público, y en un sector tan sensible como la educación. Con la Ppp, el cumplimiento de una obligación pública (lógica del bien común) pasa a depender de intereses económicos privados (lógica del lucro).

 

LA INCLUSIÓN GENERA EXCLUSIÓN. En nombre del derecho a la educación, y a cuenta de transformar el sistema educativo para que sea “inclusivo y de excelencia”, el gobierno que preside Tabaré Vázquez, valiéndose del Codicen de la Anep, está promoviendo la creación de diferentes estructuras educativas paralelas a las del Estado, depositando en ellas una tarea a la que está obligado constitucionalmente.

De esta forma, cualquiera puede educar: un magnate dedicado a la tecnología informática, un banco, una iglesia, un centro comercial, una fundación, una Ong, un empresario que elude el fisco mediante cuentas off shore, o un grupo de vecinos que gestionan un comedor. Ahora se sumarán las Ppp, en su mayoría empresas dedicadas a la construcción que, gracias al Estado uruguayo, consiguen un préstamo barato con líneas del Banco Mundial o los fondos de las Afap, y una renta elevada y segura por al menos 21 años (y hasta 35 años). Ellas gestionarán centros educativos de los niveles inicial, primario y secundario.

Se continúa profundizando así un proceso de dependencia de las instituciones educativas respecto de las demandas y los requerimientos del mercado. Los currículos han perdido centralidad y su lugar lo ocupa la acreditación formal. Y el presupuesto público se desvía al sector privado. En definitiva, en nombre del derecho a la educación se está provocando una profunda degradación de la educación pública.

*    Profesor de filosofía. Integrante del comité ejecutivo de Fenapes.

  1. http://www.ceip.edu.uy/datos-estadisticos-depto-estadistica
  2. http://www.enperspectiva.net/enperspectiva-net/entrevista-central-jueves-15-de-setiembre-wilson-netto-2/?fullpage
Fuente reseña: http://brecha.com.uy/destruir-la-educacion-nombre-del-derecho-la-educacion/
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Argentina: el derecho a la educación en cuestión

Por: Pablo Gentili

Privatización, desinversión y precarización educativa

El avance del derecho a la educación en Latinoamérica no está exento de contramarchas. Los contextos políticos van marcando momentos más propicios para esos avances, y otros, en los que se pone en cuestión el acceso universal a bienes comunes, como son el conocimiento, la cultura y la educación. El gobierno de Mauricio Macri ha tomado decisiones y ha orientado un conjunto de acciones que poco contribuyen a ampliar las oportunidades educativas de los argentinos más pobres. Se inicia un ciclo regresivo en el campo social, con impactos negativos en el sistema escolar. Las brechas educativas tienden a ampliarse en un país donde la pobreza aumenta y la desigualdad se vuelve aún más estructural.

La ampliación del acceso a la educación es un hecho visible en la mayoría de los países del mundo. El fenómeno es, en parte, resultado de la mayor demanda social de educación de las familias y, en parte, de las políticas educativas que amplían la oferta y desarrollan iniciativas para la efectiva escolarización de niños y niñas. En general, estas políticas se desarrollan bajo la guía de los marcos normativos nacionales e internacionales que comprometen a los Estados con la educación y los obligan a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y a promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Luego de varios años en los que América Latina transitó un ciclo virtuoso en el que se ampliaron derechos y se cerraron brechas sociales, la región parece haber ingresado en una etapa marcada por el cuestionamiento a los fundamentos de un conjunto de políticas que ampliaron oportunidades y derechos a las poblaciones más pobres. El ciclo político iniciado en Argentina a fines de 2015, parece inscribirse en esta matriz. Aunque el proceso tiene contradicciones y enfrenta resistencias, las reformas y las decisiones que, en materia de política pública, ha llevado a cabo el gobierno de Mauricio Macri desde el inicio de su mandato, articuladas con un poderoso frente de actores económicos, mediáticos y judiciales, avanza con impactos regresivos en el campo social. En el sistema educativo, este ciclo ya ha puesto en evidencia esta regresividad, con efectos negativos en la garantía del derecho a una educación de calidad para amplios sectores de la población argentina.

La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación se propuso relevar y analizar las políticas educativas en curso, a un año y medio de iniciado este nuevo ciclo político en el país. El objetivo fue reconocer y valorar evidencias y datos que nos permitieran perfilar mejor la tendencia señalada, e identificar, en qué medida y a través de qué mecanismos, se está operando el estrechamiento de los derechos educativos en Argentina. Toda la evidencia recopilada fue sistematizada y publicada en un informe recientemente difundido, cuyos aspectos principales sintetizamos aquí.

Agravamiento del contexto social de escolarización

Una dimensión clave para perfilar qué está pasando con el derecho a la educación en Argentina es caracterizar lo que denominamos como el contexto social de la escolarización. Las actividades educativas que se desarrollan en las escuelas están siempre marcadas por la realidad social de las comunidades y sus familias. Sabemos que es posible educar en cualquier contexto, que el hecho de enseñar y aprender se puede desplegar aún en las realidades más difíciles; pero también conocemos los obstáculos y déficits que acarrean las condiciones de pobreza para los procesos educativos. Por eso, una buena política educativa debe estar siempre acompañada y potenciada por adecuadas políticas económicas, de empleo y de redistribución de los ingresos, que mejoren las condiciones de vida de las familias de los estudiantes.

Sobre el contexto social en el que se desenvuelve el proceso de escolarización en la Argentina actual, debe apuntarse el negativo impacto que están teniendo diversas decisiones de política económica en las condiciones de vida de la población. La transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados(por la vía de la reducción de impuestos a sectores exportadores e internacionalizados), la tendencia al incremento de la desocupación y la pobreza, así como la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos que perciben los segmentos de hogares más vulnerables, agravan la situación social que enmarca las trayectorias educativas de los estudiantes. Este proceso ha impactado negativamente en los ingresos que perciben los segmentos más desaventajados de la población: el salario mínimo registró una caída del 5,7% en 2016; la Asignación Universal por Hijo (transferencias de ingresos percibidas por las madres en los hogares vulnerables), experimentó una contracción de 6,9% en 2016; por su parte, la jubilación mínima exhibió también la misma tendencia aunque con una pérdida mayor de poder adquisitivo: tras haber crecido 6,9% en 2015, en 2016 tuvo una caída real del 7,0% (Grafico 1).

Gráfico 1. Variación del poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil, de la AsignaciónUniversal por Hijo (AUH) y de la jubilación mínima en 2015 y en 2016

Argentina: el derecho a la educación en cuestión
 Fuente: elaboración propia sobre la base de CIFRA (2017)

Nuevas formas de privatización

El agravamiento económico, social y laboral del último año y medio es un dato significativo para el derecho a la educación, ya que habla de una de las principales variables del afuera de la escuela, que impactan en la enseñanza y en los aprendizajes. Otro aspecto que pone en jaque al sistema educativo, pero desde su mismo interior, son los ensayos parciales, sutiles y novedosos de privatización de la educación que se están desarrollando en Argentina. En un reciente estudio sobre la privatización de la educación en América Latina que fuera comentado en este mismo blog (Contrapuntos, 02/06/2017), Verger, Moschetti y Fontdevilla, analizan las diferentes estrategias a través de las que avanzan los intereses mercantiles en la educación latinoamericana. En ese texto, se alerta sobre formas novedosas o poco visibilizadas de privatización de la educación tales como ciertas alianzas público-privadas, la contratación de servicios externos por parte de los sistemas educativos o las iniciativas educativas sostenidas en las lógicas del management empresarial. La Argentina está siendo un laboratorio avanzado de algunas de estas dinámicas.

La alianza que la gestión gubernamental actual ha establecido con el programa de co-docentes de Enseñá por Argentina (franquicia local de Teach for America), está incorporando a las aulas como docentes a jóvenes talentosos con una breve capacitación docente y un estipendio que equivale a un tercio del salario que perciben los maestros. Otra alianza del mismo tenor, haciendo un uso poco responsable del voluntariado, fue ensayada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires (alineado políticamente con el gobierno nacional) al convocar a vecinos como voluntarios para reemplazar a los docentes y así romper la huelga de maestros que reclamaban una razonable recomposición salarial, luego de un año con más de 40% de inflación.

Otro eje de privatización que se está ensayando consiste en traspasar a privados parte de las acciones propias del gobierno de la educación, como son la producción y difusión de información y estadísticas educativas. A pocos meses de que la nueva gestión de gobierno desmantelara virtualmente el área del Ministerio de Educación y Deportes encargada de relevar y difundir las estadísticas educativas de todo el país, el ministro de la cartera firmó un convenio con un grupo de empresarios y especialistas en educación agrupados en un “observatorio de la educación” cuyas funciones serán las de sistematizar y dar difusión a los datos e indicadores que permiten conocer la situación del sistema educativo argentino. El debilitamiento de una de las áreas técnicas más importantes de la cartera educativa y el traspaso de parte de sus funciones a un consorcio particular, ponen sobre la mesa un vector de privatización que, como de costumbre, se alimenta de un debilitamiento inducido de las capacidades del Estado.

Competencia para la mejora

Otra modalidad en que las lógicas del mercado están ingresando al sistema educativo es la implementación de evaluaciones en todas las escuelas. Desde el año 2016, el principal operativo de evaluación educativa del país comenzó a denominarse Aprender. Esta evaluación fue aplicada en octubre de 2016 en escuelas primarias y secundarias de todo el país con una modalidad censal para los estudiantes de los últimos años de estudio. Que un operativo de este tipo sea censal, significa que releva o aspira a relevar a todos los estudiantes que asisten a esos años de estudio. En el caso de Aprender 2016, la iniciativa se frustró ya que esperaba censar a 1,2 millones de estudiantes, pero omitió a 350 mil, la mayor parte de los cuales (290 mil) son de escuelas estatales (Gráfico 2).

Gráfico 2. Alcance de la evaluación Aprender en los últimos años de estudio de los niveles primario y secundario. Total país y para el sector estatal. Año 2016

Argentina: el derecho a la educación en cuestión

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, 2016 (informe Aprender)

Pero más allá de la importante omisión de alumnos de escuelas públicas por parte de la evaluación Aprender, no se comprende por qué este operativo se repetirá todos los años y de manera censal. Si esta iniciativa se propone ofrecer mayor conocimiento sobre la realidad del sistema educativo con el objetivo de implementar políticas para su mejora, hay que decir que no es necesario realizarla con periodicidad anual y régimen censal, ya que se reconoce que los ciclos de diseño, implementación y evaluación de las políticas educativas llevan más de un año (por lo menos dos y hasta tres años). Sobre este criterio es que la más reconocida evaluación internacional, PISA, se realiza trienalmente. En cuanto al carácter censal, debe destacarse que tanto su costo como los problemas que tiene este mega operativo, desaconsejan su uso; una muestra de escuelas, con un buen nivel de desagregación, no sólo es mucho más económico y controlable en su implementación, sino que arroja resultados pertinentes de las distintas realidades educativas de las escuelas, que son muchas y variables, pero que una muestra adecuada puede capturar. Por eso, reiterar evaluaciones estandarizadas todos los años y hacerlo en todas las escuelas del país, como se está haciendo en Argentina, entraña un objetivo claro: que sus resultados se utilicen para conformar rankings de escuelas. Sobre este terreno peligroso está avanzando nuestro país. Hace poco, las autoridades educativas nacionales, indicaron a los directores de las escuelas que difundieran los resultados obtenidos por sus alumnos en la evaluación, una acción que propende hacia la competencia entre escuelas a partir de que cada institución, haga publicidad sobre su “calidad educativa” con estos puntajes. Estas prácticas no sólo comprometen a las instituciones con mayores dificultades con una pérdida de reputación, que profundiza la pérdida de matrícula y de capacidades para la mejora (una “presión negativa”), sino que también incentivan prácticas de manipulación de los operativos y de sus condiciones en las propias instituciones como, por ejemplo, el rechazo de algunas escuelas a inscribir alumnos repetidores o el desarrollo de acciones sutiles para desentenderse de los “estudiantes problema”, hecho que atenta contra el ejercicio del derecho a la educación. Las lógicas del mercado pueden ser eficaces y eficientes para la actividad comercial pero no dan los mismos resultados en los sistemas educativos.

¿Incapacidades de gestión?

A esta riesgosa orientación general de las políticas educativas, se debe añadir también las dificultades que se advierten en la ejecución de las propias políticas. Un caso a resaltar refiere a la educación inicial, un nivel de enseñanza que está en el centro del debate educativo en la región. Expandir y mejorar la oferta de la educación de la infancia está siendo uno de los objetivos prioritarios en muchos países. Argentina no es un caso aparte. La actual gestión ha enfocado su política para el nivel inicial en la provisión de oferta, esto es, en la construcción de jardines de infantes o de nuevas aulas. Tanto los anuncios oficiales como el presupuesto aprobado para el año 2017, destacan la construcción o ampliación de jardines de infantes por un total de $ 5.592 millones de pesos (unos U$D 330 millones de dólares), cifra equivalente al 3,5% de todo lo presupuestado por el Estado nacional para educación en 2017. Sin embargo, hasta la primera semana del mes junio (cerca de la mitad del año), se informaba que habían sido ejecutados $ 506 millones de pesos, sólo el 9% del total presupuestado para el sector, la más baja ejecución de las 19 partidas del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. El dato contrasta marcadamente con los niveles de ejecución que se advierten en otras áreas ya que, la ejecución global del presupuesto del Estado Nacional, para la misma fecha, era de 46% y para el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, de 36%. Incluso, para el conjunto de las obras del Estado nacional que implican construcciones, un tipo de inversión de capital de una naturaleza comparable con la construcción de jardines, se advierte una ejecución del 31%, cifra muy superior a la de los jardines (Gráfico 3). Otro dato significativo es que, del total de 268 jardines que tienen obra prevista en el presupuesto 2017, 215, es decir un 80% del total, no registran aún ejecución presupuestaria alguna hacia mitad de año.

Gráfico 3. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Estado nacionalal 07/06/2017 para diferentes partidas presupuestarias

Argentina: el derecho a la educación en cuestión

Fuente: elaboración propia sobre la base de set de datos sobre ejecución presupuestaria, Sec. de Hacienda.

Nota: el análisis de la ejecución presupuestaria se realiza considerando el criterio de lo devengado.

Otra área clave donde se advierten déficits severos es en el Plan Nacional de Educación Digital, iniciativa que se propone entregar netbooks a todos los estudiantes que ingresan a la educación secundaria (unos 600 mil por año). En el año 2016, el propio gobierno admitió que pudo entregar sólo 350 mil equipos a los estudiantes, menos de un 60% del total esperado. Si bien se anunció que el déficit se saldaría en 2017, a junio del corriente año sólo se ha ejecutado el 15% de los fondos anuales asignados para el programa. Por otra parte, el presupuesto asignado a este importante programa ministerial ya ha sido recortado en un 14% respecto de lo que había aprobado el Congreso de la Nación ($ 1.000 millones de pesos sobre $ 7.200 millones) y la licitación de equipos que se dio a conocer, consigna la compra de sólo 450 mil netbooks, la mitad de las 850.000 que se deberían adquirir para saldar el déficit de 2016 y cumplir con las necesidades de los nuevos estudiantes de 2017.

Los problemas de gestión reflejados en la subejecución de partidas presupuestarias asignadas, tanto para la construcción de escuelas infantiles como para el Plan Digital, marcan el pulso de una conducción educativa que se ha mostrado sagaz para comunicar y marcar agenda en medios y redes sociales, pero que no ha tenido la misma eficacia para apalancar las decisiones que mejoran la realidad cotidiana de la educación. La pregunta obligada es, hasta dónde la subejecución presupuestaria es una expresión de la incapacidad de gestión o, hasta dónde, el modo velado a través del que avanza el recorte de los recursos públicos destinados a la educación.

Las múltiples ausencias del Estado

Las ausencias del Estado nacional respecto a sus responsabilidades con la educación están reñidas con las normativas, nacionales e internacionales, que obligan a los gobiernos a implementar políticas que garanticen el derecho a la educación. En Argentina, esta situación se ha expresado en el último año y medio en la supresión, debilitamiento y/o ahogo presupuestario de políticas y programas estratégicos para la inclusión educativa. Un ejemplo es la marginación y minimización a que fue sometido el Programa de Educación y Memoria, iniciativa destinada a promover la conciencia sobre los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado. En el mismo sentido, hay que mencionar la derivación de una importante cantidad de recursos destinados a la construcción de escuelas rurales, para ser aplicados en el oneroso operativo de evaluación censal que es bandera política de la actual gestión. Por su parte, las políticas para la educación de la primera infancia (hasta los dos años de edad) brillan por su ausencia en la agenda de acciones acometidas por la actual gestión, en abierta contradicción con la Ley de Educación Nacional que considera a este primer ciclo del sistema educativo, como parte de la educación inicial. Por último, en esta breve enumeración sobre las doloras ausencias de las políticas educativas, hay que mencionar la inexistencia de políticas de desarrollo de la modalidad de educación intercultural bilingüe, contrariando el mandato no sólo de las normativas educativas sino de la propia Constitución Nacional que establece el derecho a la identidad, la cultura y la educación de los “pueblos indígenas argentinos”.

Este listado no podría estar completo si no se mencionara que, a comienzos de 2017, el gobierno nacional se desentendió por completo de la responsabilidad de convocar a las representaciones gremiales de los docentes para un diálogo paritario sobre formación, condiciones de trabajo y salario. Esta responsabilidad, establecida explícitamente en el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, tiene como fundamento alcanzar condiciones más homogéneas para el ejercicio de la enseñanza en todo el país. En una nación de organización federal, que exhibe desigualdades históricas entres sus regiones y provincias, la labor del Estado central es crucial para elevar las condiciones de la enseñanza en todo el territorio. El diálogo paritario que no se concretó este año, por primera vez desde que se instaurara por primera vez en 2008, está teniendo un impacto severo en los salarios de los docentes, luego de un 2016 en el que Argentina tuvo un índice de inflación del 41%. Como caso testigo, puede tomarse el de la provincia de Buenos Aires, jurisdicción que congrega al 40% de los docentes del país, dónde el incremento nominal del salario docente sólo superó la mitad del poder adquisitivo perdido en el año 2016 (gráfico 4).

Gráfico 4. Incremento salarial del docente de la Provincia de Buenos Aires e inflación del año anterior al aumento. Años 2014 a 2017

Argentina: el derecho a la educación en cuestión
Fuente: elaboración propia sobre la base de Informe Indicativo de Salarios Docentes del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación e índice de inflación del Congreso (para 2013 y 2014), cifras divulgadas por el ex Ministro de Hacienda Pratt Gay (para 2015) e INDEC Gestión Macri (para 2016).

Nota 1: el aumento salarial se construyó a partir de un promedio del salario bruto anual para el cargo de maestro con 10 años de antigüedad en la provincia de Buenos Aires.* Nota 2: el aumento salarial 2017 corresponde al 24% ofrecido por la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires hacia fines del mes de junio, cuatro meses después de la propuesta inicial del 18% ofrecida en el mes de marzo.

Financiamiento educativo: más recursos a deuda que a educación

Todo lo señalado vuelve a poner en el centro el debate la cuestión del financiamiento de la educación. La estructura y distribución de los presupuestos públicos son un aspecto central para valorar las políticas que se propone implementar una gestión de gobierno, ya que permite identificar las prioridades a partir de la asignación de los recursos. Al respecto, el presupuesto educativo del Estado nacional argentino para 2017 es, en términos reales, un 7% inferior al de 2016. Otra forma de ver la pérdida de jerarquía presupuestaria de la educación es a través de su participación en el presupuesto total: 7,4% en 2015; 7,8% en 2016; y 6,8% en 2017. La variación interanual de este indicador da cuenta de una pérdida presupuestaria equivalente al 13%, desde el 7,8% de participación de los recursos educativos en 2016 al 6,8% presupuestado para 2017 (Gráfico 5).

Gráfico 5. Participación del presupuesto educativo en el presupuesto nacional.Años 2015, 2016 y 2017

Argentina: el derecho a la educación en cuestión

Fuente: elaboración propia en base a leyes de presupuesto 2015, 2016 y 2017

Probablemente, el rasgo más expresivo del presupuesto 2017 es que el Estado nacional vuelve a gastar más en deuda que en educación. Mientras que la relación deuda/educación había sido de 1,04 en 2015 (por cada peso gastado en deuda se habían destinado $1,04 a educación) y de 0,85 en 2016 (se gastó menos en deuda que en educación), esta relación es de 1,55 en 2017 (Gráfico 6). Esto significa que se transferirá a los acreedores del Estado nacional un 55% más que los recursos que se invertirán en educación.

Gráfico 6. Distribución de fondos del Estado nacional presupuestados para deuda y para educación; relación entre deuda y educación. Años 2015, 2016 y 2017

Argentina: el derecho a la educación en cuestión
 Fuente: elaboración propia sobre la base de Oficina Nacional de Presupuesto.

La Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, CADE, viene expresando su preocupación por las decisiones oficiales que están debilitando el derecho a la educación en Argentina. La pérdida de presencia del Estado nacional en la conducción de la política educativa del país; las iniciativas de privatización y comercialización de la educación que están en curso y; la reducción sistemática de los recursos destinados a financiar la educación, abren una etapa que puede ser crítica para el sistema educativo, en particular, para el sector de la escuela pública.

Informe completo de la CADE aquí: https://drive.google.com/file/d/0ByFBpf0I-wMJeEdvLUhoREU5eU0/view 

Fuente: https://elpais.com/elpais/2017/09/27/contrapuntos/1506477786_010901.html

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La escolarización de los refugiados sirios en Turquía, asignatura pendiente

Por: Núria Vilà

Las cifras oficiales del pasado año académico muestran que los 833.039 refugiados que se encontraban en edad escolar -entre los 5 y los 18 años-, sólo 492.544 fueron escolarizados en diferentes tipos de centros

Comienza un nuevo curso escolar en Turquía, aunque el reto de aumentar el número de escolarizados sirios sigue siendo todavía una asignatura pendiente. Casi la mitad de los más de 800.000 refugiados sirios en edad escolar en Turquía no va a las aulas, a pesar de los esfuerzos del gobierno turco para aumentar su asistencia. Las cifras oficiales del pasado año académico muestran que los 833.039 refugiados que se encontraban en edad escolar -entre los 5 y los 18 años-, sólo 492.544 fueron escolarizados en diferentes tipos de centros. Recientemente, el gobierno de Turquía ha anunciado la voluntad de integrar en las escuelas públicas oficiales a todos los estudiantes sirios que reciben la enseñanza en centros temporales. El trámite se debería dar por concluido en un período máximo de tres años.

El idioma constituye un impedimento en la educación de los pequeños. Rawa es una niña de 11 años que participa en las actividades de la ONG Small Projects Estambul, que se dedica a promover proyectos y prestar apoyo pedagógico a niños sirios refugiados en Turquía. Procede de Damasco, la capital siria, y llegó a Turquía hace tres años escapando de la guerra. «Al principio fui dos o tres meses en una escuela turca, pero debido a los abusos de otros estudiantes y por el hecho de que nadie me enseñaba turco, mi madre decidió ponerme en una escuela siria». Pasado un tiempo, cuando su nivel de lengua turca mejoró, Rawa volvió al colegio anterior. La relación con el resto de estudiantes también ha mejorado, dejando atrás los insultos que asegura que recibía en los inicios. «Actualmente hay muchos sirios en las escuelas turcas, por eso los otros estudiantes han visto que es normal, no como hace unos años. Ahora me gusta ir a la escuela turca», explica.

Rawa se ha adaptado como ha podido a la vida en Turquía, ya que en Siria no le queda nada. «Me encantaba Siria cuando mi padre estaba con nosotros, hasta que lo encarcelaron hace cinco años. He perdido mi hermano y dos hermanas. Después de esto, odio la vida en Siria», explica con la mirada baja. Rawa tardará un rato a recuperar la sonrisa para volver a jugar con los compañeros, que pintan un mural que quedará exhibido en la asociación.

Trabajo vs estudios

Además del idioma, otro de los obstáculos en la inserción escolar de los pequeños es la necesidad de las familias de obtener ingresos económicos, un hecho que conduce a muchos niños a trabajar en vez de ir a la escuela. «Si empiezas a trabajar a los 10 años, o empiezas a ir a la escuela a esa edad, la posición donde acabarás será muy diferente», explica Naz, coordinadora de programas de la ONG en Estambul. «Los niños no deberían estar en la calle vendiendo cosas. Si empiezan ahora en las calles, lo más probable es que sigan estando allí cuando sean mayores», considera Naz, que pone todos sus esfuerzos para conducir a la escuela a los 120 niños que atiende su asociación. Aparte, la ONG donde trabaja se dedica a localizar a niños sirios que se encuentran fuera del sistema educativo con el fin de ayudarles a registrarse para ir a la escuela.

Para muchos niños nacidos durante la guerra siria, la enseñanza en Turquía ha constituido su primer contacto con las aulas. El cierre de las escuelas en Siria y la peligrosidad de desplazarse por las calles han impedido la educación a miles de niños en su país. El idioma, en estos casos, no es el único impedimento. «Asistí a una reunión entre el maestro y los padres de uno de los estudiantes sirios. El maestro dijo que su nivel de turco era muy bueno, pero para otras asignaturas no es fácil. Se utilizan muchos términos nuevos, en Matemáticas o Historia, por ejemplo. Todo es nuevo, es otra cultura con la que no están familiarizados, y han estado mucho tiempo sin ir a la escuela «.

A pesar de las dificultades, los niños y niñas que participan en la ONG tienen clara la importancia de la enseñanza que reciban para su futuro. «Si no vamos a la escuela, no podremos hacer realidad nuestros sueños», afirma Mohammed Nour Aldeen, de 12 años de edad y procedente de Alepo. Su hermano, Osama, tiene 10 años y hace sólo uno que ha empezado a ir a la escuela por primera vez en su vida. «Si no aprendemos nada, al final no podremos trabajar en nada», explica Osama, con todo el futuro por delante.

Fuente: https://www.telesurtv.net/opinion/La-escolarizacion-de-los-refugiados-sirios-en-Turquia-asignatura-pendiente-20170926-0033.html

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Egreso y Deserción… ¿Satisfacción y Frustración?

Por: Pluma Invitada

En estos días, durante el proceso de actualización de información sobre alumnos, una idea se ha ido perfilando y tiene que ver con la importancia de cerrar ciclos.

Es muy común escuchar esta expresión aplicada a diferentes campos o eventos como por ejemplo, a cerrar la etapa laboral o, simplemente, cambiar de área; concluir un noviazgo o relación afectiva; cambiar de casa o ciudad; concluir estudios de algún nivel, etcétera. También, escuchamos decir que el cierre de un ciclo viene acompañado de nuevas situaciones, nuevos aprendizajes, nuevas experiencias y nuevas oportunidades.

Y algo muy importante, que el cierre de cada uno de estos u otros eventos, nos da la oportunidad de enfrentarnos y decidir por lo menos de entre dos opciones: reconocer, agradecer y utilizar a nuestro favor lo bueno que se vivió en esa etapa o bien, guardar resentimiento por lo vivido y permitir que nos cause daño de manera permanente.

Esta idea, va ligada al interés por el tema de conocer el comportamiento académico que tienen los alumnos de la Universidad y los factores que lo determinan, como base para proponer acciones de intervención. Y, a decir verdad, tanto si hablamos de egreso como de deserción, se está haciendo mención a que una fase o etapa de vida, concluye. Lo que nos lleva a preguntarnos si en todos los casos de egresados ¿se puede hablar de satisfacción? y, si en todos los que abandonaron sus estudios, ¿se puede hablar de frustración?

Sabemos que no siempre es así. Tanto en unos como en otros casos se presentan ambas situaciones. Lo que no sabemos realmente es en qué medida se da este fenómeno entre nuestros estudiantes. Podríamos acercarnos un poco a esos datos si conocemos más de cerca a nuestra fuente más valiosa: el alumno mismo.

Si bien en la mayoría de los egresados, existe un sentimiento de satisfacción por haber concluido sus estudios, en algunos casos podría haber frustración por no haber tomado tan en serio su papel de estudiante desde el inicio de la carrera trayendo como consecuencia haber obtenido bajos promedios; en algunos otros, tal vez porque no estudiaron la carrera que realmente querían estudiar y cursaron otra, o bien porque no pudieron obtener su título y cédula profesional; así como éstas, puede haber otras razones para no estar tan satisfecho a pesar de haber concluido su licenciatura. Por otra parte, los que abandonan sus estudios, también experimentan esas sensaciones; se sienten frustrados si su deseo era haber sido un buen profesionista pero las condiciones familiares y económicas, no se los permitieron, o bien, quienes conscientemente tomaron la decisión de dejar de estudiar por darse cuenta que no era lo que ellos buscaban y consideraron conveniente buscar y emprender otras acciones; éstos, seguramente, se sienten satisfechos.

Aunque mis análisis se han circunscrito a los alumnos que cuentan con algún tipo de beca como PRONABES, Oportunidades y Verano de la Investigación Científica, en esta ocasión se ha considerado conveniente incluir a alumnos no becarios para conocer, de manera natural cómo se fue dibujando su paso por la Universidad y compararlo con los alumnos que tienen como característica distintiva el ser becarios.

Por esa razón, se dan a conocer algunos resultados obtenidos en un estudio comparativo efectuado en el año 2012, mediante una muestra pareada entre becarios y no becarios, y actualizado al mes y año en curso.

El dato que determinó la muestra seleccionada fue el número de becarios de la primera generación (2001-02) del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES) que fue de 138 alumnos. De hecho, es la generación más pequeña de las 16 que a la fecha ha habido. Tomando este número como base, se eligieron, al azar, 138 de la segunda generación (2002-03) quedando, de esta manera, un grupo de 276 becarios.

Posteriormente, se solicitó al área administrativa correspondiente, la matrícula existente en la propia Institución en agosto 2001 y agosto 2002. De cada generación se eligieron, también al azar, 138 alumnos no becarios, logrando de esta forma identificar y contar con igual número de casos en cada grupo, para proceder a su estudio: 276 becarios y 276 no becarios, dando un total de 552 casos.

El estudio de seguimiento realizado tiene como principales características las de ser longitudinal y retrospectivo, con el propósito de sentar un precedente para un posterior estudio con enfoque prospectivo. Para lograrlo, se construyó una base de datos con variables comunes a ambos grupos de alumnos, cuya validación nos brinda la confianza de poder compartir los resultados obtenidos.

El perfil general de los grupos en estudio, es el siguiente:

En cuanto a grupos de edad, en ambos tipos de estudiantes se detecta mayor presencia del grupo de 18 a 24 años, al momento de ingresar a la Universidad, que es el promedio para estudios de licenciatura;

El 56.30% son mujeres y el 43.7% son hombres; no obstante cabe señalar que en los becarios se observa mayor presencia de mujeres y en el de no becarios, de hombres.

El mayor número de becarios procede de la región Centro del Estado siguiendo las regiones Mante, Sur, Fronteriza, Valle de San Fernando, Altiplano y en menor medida se detecta presencia de alumnos de otros estados; en los no becarios se observa un comportamiento distinto, en mayor número proceden de la región Sur y le siguen la Fronteriza, Centro, Otros Estados, Mante, Valle de San Fernando y Altiplano.

Las áreas de conocimiento preferidas por los becarios son Ingeniería y Tecnología, Educación y Humanidades así como Ciencias Agropecuarias, mientras que los no becarios eligen las de Sociales y Administrativas, Ciencias de la Salud y, Naturales y Exactas.

Los becarios presentan un mayor número de casos sin reprobación durante sus estudios y a partir de la primera clase con reprobación (1 a 5 materias), hasta la última,  (31 o más) la tendencia a reprobar favorece a los no becarios.

El promedio obtenido por el 58.33% de los becarios al concluir su primer año, oscila entre 10.0 y 8.5; mientras que el 75.36% de los no becarios obtuvo un promedio que va del 8.49 al -6.

El promedio obtenido por el 58.69% de los becarios al término de sus estudios oscila entre 10.0 y 8.5; mientras que el 76.08% de los no becarios obtuvo un promedio que va del 8.49 al -6. Es decir, se detecta que los becarios no sólo conservaron sus buenos promedios durante la carrera, sino que los incrementaron ligeramente, encontrándose el mismo comportamiento en los no becarios, pero con promedios más bajos.

El 64.49% de becarios obtuvieron cédula de licenciatura y el 6.88% de un posgrado; en contraparte, el 55.08% de no becarios obtuvieron cédula de licenciatura y el 5.79 de algún posgrado.

Por otra parte, en el grupo en estudio se detecta un 78.26% de egreso y un 21.74 de deserción. Y de manera desagregada por tipo de alumno, tanto el egreso como la deserción, presentan el siguiente comportamiento:

En cuanto al egreso, un mayor porcentaje de becarios presenta egreso oportuno y menor egreso con rezago que los no becarios; asimismo, éstos tienen mayor número de casos de deserción.

Respecto a la deserción, un mayor porcentaje de becarios tiene estatus de baja voluntaria es decir, que académicamente no tuvieron problema y que en algún momento pueden reiniciar sus estudios; los no becarios, estatus de baja por sistema, que se entiende como baja de la Universidad por haber agotado el número de inscripciones o de oportunidades de examen razones por las que ya no son susceptibles de reanudar sus estudios universitarios en esta misma Universidad presentando además , menor porcentaje de egreso.

Conjuntamente con los datos mostrados,  se ha considerado abordar el tema de la deserción o abandono de estudios (definitivo o temporal) desde la perspectiva del porcentaje de avance logrado en los mismos. La forma más objetiva de hacerlo es a través de conocer el número de créditos aprobados por cada alumno.

En una primera tabla (Tabla N°1) podemos observar que de los 120 alumnos que desertaron de sus estudios, 39 (32.5%) aprobaron más de la mitad de los créditos de su respectiva carrera; de ellos, 17 son becarios y 22, no becarios. Los 81 restantes aprobaron menos del 60% de créditos.

Tabla N°1. Becarios PRONABES – No Becarios UAT 2001-03. Por Tipo de Deserción y N° de Créditos Aprobados.

% Créditos Aprobados Egreso Baja por Sistema Baja Voluntaria Total
Becarios No Becarios Becarios No Becarios Becarios No Becarios
100% 220 212 0 0 0 0 432
90 a 99% 0 0 1 3 4 13 21
80 a 89% 0 0 2 0 2 2 6
70 a 79% 0 0 1 0 4 2 7
60 a 69% 0 0 0 2 3 0 5
-60% 0 0 5 20 34 22 81
Total 220 212 9 25 47 39 552

En una segunda tabla (Tabla N°2), se observa que de los 39 casos mencionados con antelación, 10 alcanzaron promedios entre 8.0 y 10.0; en tanto que 28, entre 6 y 7.99; sólo uno tenía promedio menor a seis.

Tabla N°2. Becarios PRONABES – No Becarios UAT 2001-03. Por N° de Créditos Aprobados y Promedio Final.

Promedio final Créditos Aprobados Total
100% 90-99% 80-89% 70-79% 60-69% -60%
Becario No Becario Becario No Becario Becario No Becario Becario No Becario Becario No Becario Becario No Becario
9.5 o + 37 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
9 – 9.49 54 13 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 71
8.5 – 8.99 61 39 0 0 1 0 1 0 1 0 4 2 109
8 – 8.49 42 54 1 4 0 0 1 0 0 0 5 3 110
7.5 – 7.99 21 54 2 1 2 0 2 0 0 0 4 3 89
7 – 7.49 2 32 1 5 0 0 0 0 1 0 2 5 48
6 a 7 3 9 1 5 1 2 1 2 1 1 7 8 41
-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 21 36
Total 220 212 5 16 4 2 5 2 3 2 39 42 552

Estos últimos datos nos permiten preguntarnos ¿qué sucedió con los 21 alumnos que cursaron y aprobaron del 90 al 99% de los créditos de la carrera de su elección? ¿Por qué no concluyeron sus estudios si sus promedios eran de aceptables a muy buenos y lo que es mejor, estaban a punto de egresar? ¿Por qué no los detectamos a tiempo y con ello quizá haberlos apoyado para lograr su permanencia y egreso?

Las mismas preguntas aplican para el resto de alumnos que habiendo cursado y aprobado más del 60% de sus créditos con promedios aprobatorios, abandonaron sus estudios; sólo se señala especialmente el primer caso, por el avance tan evidente que habían logrado.

Mediante este estudio podemos constatar que si bien la condición de ser becarios ayuda a ingresar y continuar por un tiempo determinado en la Universidad, no es suficiente para garantizar que el alumno concluya sus estudios. Hace falta implementar acciones institucionales que permitan atenderlos en forma oportuna, para mejorar significativamente la permanencia y con ello, los índices de egreso y deserción. En cuanto a los no becarios, se encontró un mayor número de casos en esta situación. Es decir, logran un avance importante  en sus estudios pero no los concluyen.

De lo anterior se desprende la necesidad sentida de vigilar el avance que los alumnos, becarios o no, tengan en sus estudios y, cuando se observe que ya no se inscriben en el semestre inmediato posterior o por lo menos dos ciclos después, se les localice para conocer la causa que los llevó a esa situación y, si institucionalmente se les puede apoyar, no dudar en hacerlo. Estas acciones redundarían en convertir las posibles frustraciones en grandes satisfacciones en el cierre del ciclo que nos corresponde atender como instituciones educativas contribuyendo fehacientemente, al desarrollo social.

Sin embargo, esto sólo sería posible si se trabajara intensamente y con denuedo, en la concentración, organización, validación y sistematización de la información en bases de datos muy potentes en cada institución ya que a decir de Minguillón (2015), (citado en “La Inteligencia Institucional y los Programas Becarios”, publicado el 08 de junio 2016 en Campus Milenio), “las analíticas académicas requieren de datos históricos para propósitos específicos, pero estas series históricas deben ser flexibles y multidimensionales de acuerdo al nivel de análisis al que se quiera llegar”.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/egreso-y-desercion-satisfaccion-y-frustracion/

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