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Comprendiendo el valor de los aranceles de educación superior en Chile

Por: Raul Figueroa Salas

El nivel de aranceles es sólo una consecuencia del tipo de financiamiento elegido por cada país, y por tanto no es posible, a partir de ellos, sacar conclusiones respecto del costo de la educación superior ni del pago real desembolsado por los estudiantes y sus familias.

La semana pasada se dio a conocer el informe que elabora anualmente la OCDE, “Education at a glance”, el cual mostró, entre muchas otras cosas, que Chile tiene los aranceles más caros en carreras universitarias de pregrado, lo que ha generado diversas reacciones al respecto, muchas de las cuales están basadas en conclusiones equívocas. Para tener mayor claridad del panorama, es importante contextualizar los datos y analizar con más detalle la información presentada en el informe.

En primer lugar, es especialmente relevante tener en cuenta que, en términos de costos, proveer educación superior es relativamente similar en todos los países. Las diferencias están en cómo ese costo se financia y si el financiamiento fiscal que predomina es a la oferta (instituciones) o a la demanda (estudiantes). Cuando un país financia principalmente a la oferta, es probable que no existan aranceles, o bien que sean comparativamente bajos, debido a que los recursos son transferidos directamente a las instituciones de educación superior. Por el contrario, cuando el financiamiento fiscal va dirigido a la demanda, como es el caso de Chile, las instituciones fijan aranceles, pero al estar los recursos fiscales dirigidos a ayudar a los estudiantes a cubrir al menos una parte de este costo, el arancel que realmente pagan es normalmente significativamente menor al que se publica.

Así, por ejemplo, dos países (A y B) podrían presentar el mismo costo para impartir una carrera; el país A otorga financiamiento a la oferta, por ende, sus aranceles son muy bajos, así como el pago que realizan efectivamente sus estudiantes. Por otro lado, el país B otorga financiamiento a la demanda, por ende, tiene aranceles altos, pero con la entrega de ayudas estudiantiles, sus estudiantes pagan un valor muy inferior, similar a los que pagan aquellos pertenecientes al país A. Este caso deja en evidencia que el nivel de aranceles es sólo una consecuencia del tipo de financiamiento elegido por cada país, y por tanto no es posible, a partir de ellos, sacar conclusiones respecto del costo de la educación superior ni del pago real desembolsado por los estudiantes y sus familias.

En un sistema donde predomina el financiamiento a la demanda, como en Chile, los estudiantes de pregrado reciben subsidios fiscales, es decir, becas y créditos. De esta forma, el valor que deben pagar puede llegar a estar muy por debajo del arancel que es cobrado por las instituciones. En lo concreto, en Chile, el arancel completo sólo es pagado por aquellos pertenecientes a los tres deciles de mayores ingresos. Lo anterior, constata que uno de los principales beneficios de un sistema de financiamiento a la demanda, es que permite focalizar el gasto en los estudiantes más vulnerables. Siempre que se matriculen en instituciones acreditadas, el arancel que finalmente pagan los estudiantes en Chile depende de su desempeño académico y/o de su situación socioeconómica.

Un sistema de financiamiento que tiene Chile reconoce el valor de la diversidad y promueve la capacidad de elección de los estudiantes. Por lo tanto, el esfuerzo de la política pública debe estar en cómo mejorar el sistema en ese contexto. La gratuidad universal que se pretende instalar exige necesariamente la fijación de aranceles por el Estado, lo que incorpora distorsiones en el sistema que limitan la calidad de la educación superior, altera la autonomía de las instituciones y tiende a homogeneizar los proyectos educativos.

Por otro lado, para el presente análisis, es importante tener en cuenta que Chile presenta el premio salarial más elevado de los países de la OCDE, con un valor de 237%. Es decir, quienes cursan una carrera de pregrado, recibirán un sueldo 2,37 veces superior a quienes solo egresan de cuarto medio. Si bien se trata de un promedio, y hay variabilidad a nivel de programas, este dato es importante a la hora de analizar los costos que los estudiantes deben incurrir para ingresar a la educación superior, pues entrega una señal importante de que cuando los egresados ingresen al mundo laboral estarán, por ejemplo, en condiciones de retribuir un crédito contingente a su ingreso.

La discusión debiese apuntar hacia equiparar los beneficios de los estudiantes de un mismo nivel de vulnerabilidad, pues aquellos que se matriculan en instituciones universitarias y pertenecientes al CRUCH acceden a becas y créditos muy superiores al resto de los estudiantes. Corregir esas discriminaciones arbitrarias debería ser el foco de un sistema de subsidio a la demanda como el chileno.

Fuente:http://ellibero.cl/opinion/comprendiendo-el-valor-de-los-aranceles-de-educacion-superior-en-chile/

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Destruir bosques protegidos por unas onzas de chocolate

Por: Ruth Maclean / The Guardian

 -Un viaje hacia el corazón de Costa de Marfil muestra cómo sus bosques están siendo destruidos para abastecer la creciente demanda mundial de chocolate.

– La industria del chocolate lleva al desastre a los bosques tropicales de Costa de Marfil, como contaba eldiario.es en su especial La Tierra Esclava.

Desde el verde paisaje del parque nacional de Marahoué se alzan fuertes árboles plateados, con lisos troncos que únicamente lucen ramas en su parte más alta. Marahoué es uno de los ocho parques nacionales de Costa de Marfil. Hace 20 años estaba cubierto de bosques y era el hogar de chimpancés y manadas de elefantes.

Hoy en día es más común ver el esqueleto de unos árboles que fueron quemados lentamente para librarse de la sombra que proyectaban sobre los campos de cacao. O simplemente unos tocones aserrados.

Henri, líder tribal en la cercana ciudad de Diafla, creció junto al bosque y habla con cariño de sus imponentes árboles de iroco. Pero él también participó en su destrucción. Como tantos otros, Henri tiene plantaciones de cacao dentro del parque y emplea a personas de Burkina Faso para trabajar ahí.

“Todo esto estaba cubierto de árboles, pero los agricultores los quemaron para plantar cacao”, dice. Cuando Henri era joven, solía ver chimpancés y elefantes caminando por el parque. Ahora los animales han sido reemplazados por personas.

Como se le acabó el combustible de camino a Marahoué, Henri ha dejado su motocicleta cerca del camino y está terminando a pie su viaje. Pasa cerca del ganado, de las omnipresentes y deshilvanadas plantas de cacao y de los restos de un albergue turístico destruido en 2008, poco antes de que se fundara la cercana aldea de Zanbarmakro.

Poblaciones ilegales

Nadie utiliza la palabra “aldea” para referirse a Zanbarmakro. Prefieren “campamento”, que suena más pasajero. Pero la enorme iglesia construida en un extremo y la mezquita al otro, así como los hogares, las tiendas y la clínica privada disipan cualquier indicio de que este lugar, habitado por 13.000 personas, no vaya a estar aquí por mucho tiempo.

Los hombres llegan desde las plantaciones en sus motocicletas a media tarde y descansan en las escalinatas de una tienda de refrescos. Las mujeres despliegan su mercadería: una mujer exhibe una pila desordenada de calzados; otra, un estante con guadañas, de esas que todos los niños llevan para cosechar. Zumban los molinos de yuca. Según algunas estimaciones, hay 50 aldeas ilegales dentro del parque. Zanbarmakro es de las más grandes.

En la entrada hay un puesto de vigilancia soportado por pilares construido hace años por la OIPR (Oficina de Parques y Reservas de Costa de Marfil), la autoridad estatal de los parques. Los guardaparques de este organismo tienen el deber de garantizar que no se tale ningún árbol, que no se cace ningún animal silvestre y, por supuesto, que no se construya ninguna aldea dentro del parque. Extrañamente, parece ser que no se percataron de la llegada de los ladrillos y el cemento utilizados para la iglesia y la mezquita, ni de la salida de camiones cargados de madera y granos de cacao.

Henri presenta a Zoughory Laji Bourema, el jefe de Zanbarmakro, que camina alrededor de una gran lona blanca sobre la que está secándose el cacao para llegar hasta el porche. “Tengo algunos problemas con la OIPR”, admite Laji Bourema, alisando su brillante bubu violeta (una especie de túnica que visten los hombres).

Tarifas de soborno

Los guardaparques de la OIPR pasan la mayoría de su tiempo bebiendo té y revisando el WhatsApp en la residencia detrás de la oficina, a pocos kilómetros de los límites del parque. De vez en cuando, sin embargo, salen para ir “de caza”. Aparecen en alguna de las plantaciones, arrestan a varios agricultores todas las semanas y los dejan encerrados hasta que la comunidad paga por su libertad. El precio de los sobornos es conocido por todos: 100.000 francos (152 euros) por persona, o 150.000 francos (228 euros) si los encuentran con una motocicleta.

“Vienen a las aldeas, recogen el dinero, unos millones de francos cada vez, y luego se vuelven a ir”, dice Henri, buscando en vano la sombra de un árbol para protegerse del sol. “Vienen unas dos veces por mes a buscar dinero en sus todo terreno”.

La gente del lugar dice que el soborno que tuvieron que pagar en mayo fue más alto que nunca: equivalente a 16.800 euros entregados al jefe de la OIPR local. (La petición que hicimos para hablar con el jefe de la OIPR, el coronel Tondossama Adama, no obtuvo respuesta).

A cambio los dejan quedarse y cultivar el cacao, que venden a compradores en las ciudades cercanas de Bouaflé y Bonon. Estos intermediarios lo venden a su vez a Saco, una subsidiaria de Barry Callebaut, que provee de cacao a varias marcas internacionales de chocolate.

Cuando pedimos hablar con la empresa, Barry Callebaut no negó específicamente la acusación de que haya cacao producto de la deforestación ilegal en su cadena de suministro. “Hay cultivos de cacao en áreas con un alto valor de conservación en África Occidental”, dijeron. Barry Callebaut volvió a reafirmar su compromiso de terminar con los productos de deforestación para el año 2025.

Ilegalidad en las cadenas de producción

El periódico the Guardian viajó por Costa de Marfil junto al grupo ambientalista Mighty Earth para investigar el impacto del cacao en los cada vez más escasos bosques tropicales. Ambos entrevistamos a comerciantes y directores de cooperativas que dijeron comprar el cacao en áreas protegidas para vendérselo a Olam, una empresa agrícola mundial. Olam reconoció un incidente que según la empresa había sido aislado y añadió que había puesto en práctica varias medidas para garantizar una cadena de suministro limpia.

“Olam tiene absolutamente claro que la deforestación hecha por los pequeños agricultores de cacao debe terminar”, dijo un portavoz antes de añadir que, de todas formas, “se trata de una cadena de suministro compleja y altamente fragmentada”: “Las dificultades para rastrear el cacao hasta cada pequeño agricultor son inmensas”.

En el campo de cacao de un comprador llamado Sivacco, en la ciudad de Man, los hombres cuelan los granos en tamices metálicos rectangulares y con palas los meten en talegas. Uno de ellos tiene puesto un sombrero de Papá Noel. Frente al campo hay un extenso aserradero lleno de pilas de serrín, tablones y troncos. Por detrás se ve cómo sube el humo.

“Desde luego que nos llega cacao de las reservas forestales”, dice el jefe de almacén, que prefiere no ser nombrado. “Los pisteurs (motociclistas) lo traen hasta aquí y nosotros no sabemos exactamente de dónde viene. Vendemos a todas las grandes empresas”. Detrás de él hay un mural que incluye el símbolo de la Alianza para Bosques y una lista de actividades prohibidas.

“No nos importa. Ni siquiera preguntamos a los productores de dónde viene el chocolate. Las grandes empresas tampoco preguntan nunca de dónde viene”, dice Bamogo Arouna, un comprador de la ciudad de Taobly, en la base del monte Tia (un bosque de acceso reservado en el oeste de Costa de Marfil). Arouna dice vender a dos grandes exportadores que a su vez venden productos derivados del cacao a empresas como Nestlé, Mars y Hershey.

Los agricultores van en sus bicicletas cargadas de cacao desde la reserva hasta la bodega de Arouna, desde donde sale el empalagoso olor a cacao crudo. Paradójicamente, no se parece en nada al del chocolate. Un agricultor baja una talega de cacao a medio llenar del portaequipajes de su bicicleta. Los otros vierten su contenido dentro de los enormes tamices.

“El cacao es el cacao”, dice un comerciante encogiéndose de hombros y mirando el frondoso paisaje delante de él. “Nosotros solamente pagamos a quien lo tenga. No hacemos diferencia entre las reservas forestales y las no forestales”.

Hace doce años, cuando llegó a la zona, proveniente de Burkina Faso, la vista era la de un bosque tropical. Hoy todo son cultivos. Para él, no hay diferencia.

“Cuando llegué, era verde”, dice el agricultor. “Y aún lo es”.

Traducido por Francisco de Zarate

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/precio-cacao-destruyendo-bosques-chocolate_0_686982015.html

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Financiación y equidad

Por: Francisco Cajiao

A nadie se le ocurre que la calidad es secundaria. Educación superior de mala calidad es una estafa.

A veces no es claro lo que pretende el Gobierno con respecto a la educación superior. Por eso vale la pena traer a cuento algunos datos que permitan retomar la discusión con una perspectiva que supere la inmediatez y el mal hábito de pensar con el deseo sin dar tiempo para que la realidad avance al ritmo que necesita.

En 1990, la cobertura de la educación superior estaba en 8,1 % y se requirió una década para llegar al 13,82 % en 2000. En este año la matrícula oficial era apenas del 36,6 %, con 322.231 estudiantes, mientras en el sector privado se atendía a 555.943 jóvenes, 63,7 % de la población universitaria.

Para conseguir este incremento se crearon en el período 69 instituciones, de las cuales solo 27 fueron oficiales (39 %). Las 42 restantes fueron iniciativas privadas, respondiendo a una demanda que superaba en un 85 % la capacidad instalada en el país. Tal vez algunos vieron una oportunidad de negocio, otros presintieron que era una valiosa plataforma política y, sin duda, hubo grandes esfuerzos de liderazgo regional para mejorar las condiciones productivas de ciudades y departamentos.

Esto significa, en primer lugar, que la gran contribución a la expansión de la educación superior se hizo por causa de los ingresos salariales de las familias, pues más del 70 % de los ingresos de las universidades privadas provinieron de la matrícula. Pero también hay que destacar que esto hubiera sido imposible sin el aporte del Icetex al financiar ese gasto privado. En la década se beneficiaron por créditos directos y fondos en administración más de 650.000 jóvenes que de otra forma no hubieran podido asistir ni a las instituciones privadas ni a las públicas.

Buena calidad puede lograrse si los jóvenes tienen cómo acudir a las universidades con apoyo financiero y formas razonables de amortización.

Hoy se muestra con orgullo que hemos superado el 50 % de cobertura, aunque ese porcentaje implique una distorsión importante al incorporar la formación tecnológica del Sena, que representa algo más del 20 %. A pesar de esto, la matrícula privada representa el 50 % y el 72 % de las instituciones, sostenidas principalmente con los ingresos de matrícula que paga una población de bajos ingresos.

La población de estratos 4, 5 y 6 constituye el 9,1 % de la población y hace mucho accede a la universidad, no solo porque tiene recursos, sino porque sabe la importancia de la educación para progresar. Aun así, familias con dos o más hijos tienen que recurrir al crédito. Pero la nueva población universitaria que acude a la educación privada proviene de los estratos 2 y 3, que constituyen el 68,3 % de la población.

Pues bien, a alguien se le ocurrió que para ser el país más educado de América Latina este grupo social debía exprimir sus bolsillos para que las universidades a las que van sus hijos contraten doctores, hagan investigación, internacionalización y publicaciones en revistas científicas inaccesibles. Además, en el Plan de Desarrollo limitó los créditos de Icetex a las universidades acreditadas, que son apenas el 15 %.

Por fortuna, hay en curso proyectos de ley que echan abajo semejante esperpento, y el Icetex ha entendido con claridad que si el Estado no tiene con qué ampliar la cobertura pública, que es lo que debería hacer, no puede seguir orientando todos los recursos hacia las universidades ya consolidadas deteniendo, por vía de bloqueo económico, el desarrollo de todas las que tuvieron que crearse para facilitar el progreso gradual del nivel educativo del país.

A nadie se le ocurre pensar que la calidad es secundaria. Educación superior de mala calidad es una estafa. Pero buena calidad puede lograrse si los jóvenes tienen cómo acudir a las universidades con apoyo financiero y formas razonables de amortización, como las que están discutiéndose en el Congreso. El Ministerio debe entender que el exceso de control no siempre es garantía de progreso: hacer las cosas cada vez más difíciles no estimula la innovación, la eficiencia ni la equidad.

FRANCISCO CAJIAO
fcajiao11@gmail.com

Fuente: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/francisco-cajiao/financiacion-y-equidad-educacion-superior-en-colombia-132088

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Amenazas de la democracia, democracia de las amenazas

Por: Fernando Buen Abad

Existe, imperfecta, una cultura de la democracia en Latinoamérica. Una cultura joven que tiene, en su forma teórica y en su forma práctica, años escasos plagados con muchas experiencias amargas. Es, dicho propiamente, la joven “democracia burguesa”. Pero ni su edad, ni su condición de clase, han sido obstáculo para que en su contra se hubieren ensayado todo genero de ataques y deformaciones producto de la avaricia, la alevosía y la obscenidad de quienes impusieron su concepto autoritario de poder disfrazado como “voluntad de la mayoría”. Democracia con avances a pesar de todo.

Aunque fueron derrotadas las “dictaduras militares”, operan hoy por adentro de las democracias (incluso las burguesas) las tendencias más anti-democráticas. Han logrado infiltrarse, con pasaporte democrático, todas las formas del engaño que encontraron ahí terreno fértil para su irresponsabilidad premeditada. Nada hay qué los obligue a cumplir lo que prometen, nada hay que les limite el exhibirse impúdicamente con sus prontuarios delincuenciales más aberrantes. Nada hay que garantice su lugar al mérito por servir probadamente en la solución de los problemas sociales concretos y, por eso, cualquier “inútil”, sin base social ni electoral, puede llegar a las cumbres de la “fama” inflada con artificios de propaganda. ¿Qué democracia es esa que se sustenta en amenazas contra los pueblos? Hay golpes de estado vestidos de “democráticos”.

Contra la democracia la “novedad” es una “quinta columna” mass media que afinó métodos y tecnologías para taladrar los núcleos más profundos de la voluntad y operar desde ahí con dispositivos de guerra psicológica capaces de obligar a las víctimas del capitalismo-neoliberal a votar por sus verdugos. Parte de su mejor conquista es convencernos de que no existen y, si se los descubre, mostrar sus camuflajes de “entretenimiento” para hacernos creer que son inocuos, superfluos, divertidos e indispensables. ¿Qué democracia es esa que no sanciona a los traidores del pueblo?

Operan como una forma mutante de la farándula. Acuden a todos los recursos atesorados por el “show bussines” y juegan con ese tipo de “fama” que crea predilecciones -espejismo- más por las fachadas que por las ideas políticas. Crean la política de la anti-política. Política del des-entendimiento, la indiferencia, la abulia y el abandono de toda responsabilidad social a cambio de designar, de la manera más aséptica posible, un “representante” de “buena apariencia” que haga el trabajo sucio necesario para no perder beneficios. Incluso si todo eso no importa, se ignora y aburre. Chantaje de urnas.

Operan en la semántica idealista de la felicidad y del cambio. Parlotean sobre la “honestidad” y de la “abundancia” como cuentas de vidrio a cambio de votos. Engañan de manera profesional e impune. Prometen lo mejor del “bien” amorfo y van por el mundo como paladines del “trabajo eficiente” vendiendo planes de “reforma” (reformismo), “ahorro” (ajuste), “productividad” (reforma laboral) y “educación” como panacea mitológica para conjurar todos los males de todos los tiempos. Eso relatado con televisoras, diarios, radiodifusoras, cines, muros, volantes y “actos públicos”. Dicen que no les gusta la “confrontación”, que “ya basta de peleas” entre políticos, que todo lo pasado ya pasó y que el único futuro son ellos.

Operan en los tuétanos de una democracia porosa y poco rigurosa, pensada para no ser manejada directamente y autónomamente por los pueblos. Una democracia burguesa saturada de dinero lavado con intereses sucios, de lideres sospechosos y de ausencia de pueblo. Hay que ver las cifras del ausentismo. Una democracia que sólo se representa ceremonialmente como trance circense que lo “cambia todo para que nada cambie”. Le llaman “alternancia” pero son los mismos. Siempre los mismos. ¿Qué democracia es esa que se intercambia por bolsas de comida y materiales de construcción?

Con excepciones honrosas es una democracia joven pero esclerotizada para obturar el paso de cualquier liderazgo distinto al de los intereses burgueses o distinto al de los intereses de sectas. Principalmente de las sectas mediáticas. Si los pueblos viven bajo amenazas explícitas o implícitas; si la extorsión -directa o indirecta- es preámbulo o acompañamiento de la vida diaria; si para emitir sufragios se ha de sufrir todo tipo de ignorancia, desinformación, engaños, demagogias y falacias; si hay acoso, presiones o compra-venta de votos. Si hay cataratas de promesas incumplidas -e incumplibles- a costos de campañas políticas ingentes… El costo promedio de los votos es una pachanga presupuestal sin freno. ¿Qué democracia es esa? En ese paisaje todo logro político desde las bases tiene siempre un valor -y esfuerzo- histórico doble.

Si la vida y la experiencia política depende casi exclusivamente de lo que se dice y se exhibe en los “medios de comunicación”; si los políticos son personajes efímeros que sólo son vistos en la publicidad del partido en las entrevistas cómodas pagadas para lucirse; si el contacto con la realidad es falsificado con escenarios aparentemente reales y actores contratados como decorado; si la dirección de imagen, moda y pose es más importante que la dirección política de un programa social consensuado… ¿en qué clasificación de la Democracia inscribimos éste repertorio? Jolgorio de publicistas.

El informe MacBride de 1980 advirtió que el proceso de concentración monopólico de “medios de comunicación” constituía una amenaza a las democracias. La profecía, entonces diagnóstico, se cumplió. Estamos hoy ante un fenómeno viejo en su presencia pero renovado en sus consecuencias que se mueve con toda libertad en el corazón de las democracias burguesas y exige un debate hondo basado en una Semiótica emancipadora que deje ver los estragos y los alcances de un fenómeno que recién comienza su fase actual de exterminio de las democracias con discursos “democráticos”.

Para poder encontrar respiro hay que frenar la injerencia de lo peor contra los pueblos. Hay que identificar y neutralizar los laboratorios de guerra psicológica que se camuflan como agencias propaganda política. Hay que explicar el nexo entre los monopolios mass media y los candidatos burguesía, especialmente sus nexos serviles. Hay que desmontar el arsenal de armas de guerra ideológica que operan día y noche esparciendo los anti-valores del establishment. Y, sobre todo, hay que democratizar la democracia sin los vicios burgueses que la infectan. Mejorar la organización de los trabajadores. Garantizar el poder del pueblo para los pueblos, que gobierne la voluntad popular. Democratizar las herramientas de comunicación, democratizar la producción simbólica y la cultura. En suma, hacer todo lo posible -y más- para sacudirnos el fardo de falacias e hipocresía de un sistema de representación que debe fenecer en manos de un sistema nuevo de participación amplio, de base, confiable y transformador dispuesto a perfeccionarse desde la praxis y desde la autocritica, científica y permanente. Nada menos.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=230980

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Catástrofe segura: el costo de no reconocer el cambio climático

Por: Amy Goodman

El 6 de septiembre de 2017, mientras Houston se recuperaba del huracán Harvey y millones de personas en Florida y el Caribe se preparaban para el huracán Irma, la tormenta más poderosa registrada en la historia en las costas del Océano Atlántico, el presidente Donald Trump viajó a Mandan, Dakota del Norte, y dio un discurso frente a una refinería de petróleo en el que elogió el papel de su gobierno en la reducción de protecciones ambientales y en la defensa de la industria de los combustibles fósiles. Alabó la construcción de los oleoductos Dakota Access y Keystone XL, y se jactó de haberse retirado del acuerdo climático de París.

Así, mientras los desastres causados ​​por el cambio climático azotaban Estados Unidos, Trump –el hombre que dijo que el cambio climático era un invento chino– estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para asegurar futuras catástrofes.

Casualmente, Trump visitó Dakota del Norte cerca del primer aniversario del “Día de los perros”, que conmemora un feroz ataque canino desatado por los guardias del oleoducto Dakota Access contra los pacíficos indígenas protectores del agua que se estaban manifestando contra su construcción. Los guardias reprimieron a los manifestantes con gas y con golpes, y los perros mordieron a los protectores del agua y a sus caballos. A uno de los perros le chorreaba sangre del hocico. Democracy Now! estuvo ahí, grabando todo lo sucedido.

El oleoducto Dakota Access ha sido un símbolo especialmente poderoso para el movimiento de resistencia contra el cambio climático, que cuestiona la lógica de la extracción de combustibles fósiles y exige un cambio hacia una economía sustentable basada en energías renovables.

Los indígenas llaman al Dakota Access “la serpiente negra”. El oleoducto, que costó 3.800 millones de dólares y tiene 1886 kilómetros de largo, fue diseñado para transportar un máximo de 500.000 barriles diarios de petróleo crudo obtenido mediante fracturación hidráulica desde los yacimientos petroleros de Bakken, en Dakota del Norte, pasando por Dakota del Sur y Iowa hasta el sur de Illinois, donde se conectaría con otro oleoducto para trasladar el petróleo a la costa estadounidense del golfo de México.

A partir de abril de 2016, miles de indígenas de América Latina, Estados Unidos y Canadá se congregaron en Dakota del Norte en la mayor acción colectiva de tribus nativas en décadas. La convocatoria fue liderada por la tribu sioux de Standing Rock, que insistió en que el paso del oleoducto por debajo del río Missouri, justo río arriba de su reserva, podría contaminar de forma irreversible no solo su suministro de agua potable sino el de 17 millones de personas río abajo.

Los campamentos de resistencia siguieron creciendo. En respuesta, la empresa Energy Transfer Partners, propietaria del oleoducto, junto con el sheriff del condado de Morton, intensificaron y militarizaron la represión. Los meses de resistencia en Standing Rock se convirtieron en un punto cumbre en los anales de la resistencia no violenta, con numerosos actos de desobediencia civil creativos y valientes, realizados bajo el liderazgo espiritual de las comunidades Lakota y Dakota.

En respuesta a las protestas masivas y a la violenta represión policial, el gobierno de Obama ordenó detener la construcción de algunos oleoductos. La victoria parecía estar al alcance de la mano… y entonces Donald Trump ganó las elecciones presidenciales.

El 24 de enero de 2017, cuatro días después de asumir la presidencia, Donald Trump firmó órdenes ejecutivas para acelerar la construcción y la puesta en funcionamiento del oleoducto Dakota Acces, así como el polémico oleoducto Keystone XL, cuya construcción el presidente Barack Obama había bloqueado tras haber sido objetivo durante años de grandes protestas y acciones de desobediencia civil. Para el 1 de junio, Energy Transfer Partners afirmó en un comunicado de prensa que el oleoducto estaba “operativo”, lo que presumiblemente implica que habría comenzado a transportar petróleo.

Poco tiempo antes, el portal de noticias The Intercept publicó un informe basado en 1.100 páginas de documentos obtenidos, que detalla cómo un grupo de mercenarios militares y de inteligencia llamado TigerSwan había estado asesorando a Energy Transfer Partners y a la policía de Dakota del Norte durante meses. The Intercept informó: “TigerSwan habla de los manifestantes como ‘terroristas’, de sus acciones directas como ‘ataques’ y de los campamentos como ‘campo de batalla’, revela cómo la disidencia de los manifestantes no solo fue criminalizada, sino tratada como una amenaza a la seguridad nacional”.

El mes pasado, Energy Transfer Partners presentó una demanda contra los grupos ecologistas Greenpeace International, Earth First! y otros, acusándolos de incitar el “ecoterrorismo” contra la construcción del oleoducto. Annie Leonard, directora ejecutiva de Greenpeace, respondió a la acusación en una entrevista con Democracy Now!: “El término ‘ecoterrorismo’ en realidad fue usado para difamar un tipo de activismo protegido por la Constitución en el marco del derecho a la libertad de expresión y fundamentado en hallazgos científicos. Están intentando criminalizar una protesta sana y justa”.

El costo: el planeta

Ante la devastación que los huracanes catastróficos van provocando en extensas regiones de Estados Unidos y el Caribe, es claro cuál es la verdadera amenaza para la seguridad nacional: el cambio climático y la industria de combustibles fósiles que lo está intensificando.

Bill McKibben, fundador de la organización 350.org, dijo en una entrevista en Democracy Now! justo en medio del azote del Huracán Harvey: “Básicamente, estamos llegando al final del juego. Tenemos que pasar a las energías renovables en un 100%, y tenemos que hacerlo rápido. Por el momento, por supuesto, Trump es favorable a la industria de los combustibles fósiles. Estas empresas están concretando todos sus deseos en este país. Pero como muchas cosas que Trump toca, creo que esta es su última bocanada de aire. La gente está comenzando a asociar la locura de ir a toda velocidad hacia este futuro de efecto invernadero con el presidente más insensato y desequilibrado que hemos tenido en nuestra historia”.


© 2017 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro «Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos», editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/9/15/catastrofe_segura_el_costo_de_no

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Temer con Trump, otro encuentro espurio

Por: Emir Sader

La capacidad de sobrevivir del gobierno de Temer confirma la podredumbre del sistema político brasileño. Basta que un presidente, llegado al gobierno por medio de un golpe, agrade en todo y por todo a los bancos privados, use a su gusto todos los recursos posibles para comprar apoyos en el Congreso y aparezca como alternativa al retorno de Lula al gobierno, para que pueda sobrevivir. No importa si cuenta con un apoyo mínimo –del 5% – de la población y con el rechazo de una mayoría aplastante–, no importa si todos saben que él es el jefe de una banda que ha asaltado el poder, no importa si ni siquiera gran parte de los medios – incluida la cadena Globo – ya no lo apoya. No importa si el presidente de Brasil es víctima de escarnios también fuera del país –entre ellos el apodo de Mr. Fuera Temer- -, que nadie más toma en serio el mandatario del país más grande de América Latina. Demuestra que se puede ser presidente del país corrompiendo al Congreso, contando con complicidades del Poder Judicial, valiéndose del dinero como forma de mantenerse en el poder. El gobierno de Temer se ha vuelto el mejor gobierno que el dinero puede comprar en Brasil, así como el Parlamento y el Poder Judicial, cómplices del gobierno más corrompido que el país haya conocido.

El presidente golpista recibe en la residencia presidencial, en el silencio de la noche, a cómplices de todo tipo, desde miembros del Supremo Tribunal Federal hasta gente de su banda, incluso algunos que después rompen con él, denunciando los crímenes más graves que un presidente pueda cometer, incluyendo el recibimiento de valijas de plata, cargadas por uno de sus más estrechos aliados, destinadas directamente a él. Temer levantó la altura de la cerca de plantaciones de la residencia presidencial para hacerle más difícil a los medios saber a quienes recibe, a veces en plena madrugada, durante el fin de semana. Nadie sabe qué tipo de personas entran y salen de ahí, ni con cuántos recursos entran y salen y con qué tipo de intenciones y planes.

Es un gobierno que no gobierna hace meses, que apenas sobrevive, desde que fue herido de muerte por denuncias de sus propios aliados. Mientras tanto, da continuidad  a  la más antipodia política económica que Brasil haya conocido, que desmonta el patrimonio público, que atiende solamente a los grandes bancos privados, destruye el patrimonio público mediante privatización, de forma impune, empezando por Peroras y ahora avanzando hacia otras empresas estatales brasileñas.

Brasil tiene un presidente odiado por el pueblo, despreciado por sus mismos aliados, ridiculizado por los medios nacionales e internacionales, ahora se da el derecho, como gobernante que asumió el poder mediante un golpe de Estado, de reunirse  con presidente más peligroso del mundo  – Donada Trun – para articular un ataque a un gobierno elegido por el pueblo venezolano.

En el momento en que el continente vive problemas graves como el asedio del gobierno de ENE. en contra de México, de Cuba y de la misma Venezuela, en el momento en que gobiernos en manos de la banca como los de Brasil y Argentina entre otros, hacen que esos países retrocedan en el combate a la miseria y la exclusión social, en el momento en que gobiernos como los de Perú y Guate mala son duramente cuestionados en su legitimidad para  seguir gobernando a sus países, entre tantos otros problemas, Trun invita a Temer para hablar de acciones violentas en contra de Venezuela, y Temer, como político débil, a quien nadie recibe o visita, acostumbrado a la subalterno canina, acepta.

Brasil no puede aceptar que un presidente ilegítimo se preste a ese rol. El Congreso brasileño  tiene que protestar, reafirmar el poder soberano que el país ha conquistado de decidir sus destinos por su propia cuenta, afirmar para América Latina y para el mundo que en esa aventura tampoco Temer representa a Brasil. Brasil tiene una tradición de buenas relaciones con los países del continente, de respeto a la soberanía de cada país, de bregar por la solución pacífica de los conflictos entre países de la región: no puede ahora retroceder para servir de aliado servil a aventuras imperialistas en América Latina.

Todas las distintas expresiones de la voluntad popular en Brasil, en el Parlamento y en los medios independientes, de los movimientos sociales a los partidos políticos, tienen que decir al continente y al mundo que Temer no representa a Brasil, no representa al pueblo brasileño, cuando se reúna de forma espuria con  Trump, con objetivos violentos en contra un país del continente. Que Temer representa tan solamente al gobierno más impopular de la historia de Brasil, el más corrompido, el más rechazado, que por ello no puede hablar en nombre de Brasil, ni de su pueblo y de sus organizaciones populares y democráticas.

Rechazo, una vez más, afuera de Brasil, cuando llegue a los EE.UU. al Sr. Fuera Temer. Fuera Temer del choque violento de Washington contra Caracas, una razón más para que los brasileños y todos los que defienden la democracia y la paz en cualquier lugar del mundo sigan gritando: ¡Fuera Temer!

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/63589-temer-con-trump-otro-encuentro-espurio

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La geopolítica de Washington y las Zonas Económicas Especiales

Por: Carlos Fazio

Desde finales de los años 80, ante las amenazas a su hegemonía por competidores inter-imperialistas, Estados Unidos (EU) ha venido desplegando una renovada estrategia de apropiación neocolonial de territorios y refuncionalización del espacio a escala mundial. Como las dos caras de un mismo proyecto hegemónico, el reposicionamiento militar de EU en el área llegó acompañado de una serie de planes geoestratégicos que combinan intereses de seguridad y económicos relacionados con el acceso a zonas privilegiadas por sus recursos geoestratégicos e infraestructura crítica instalada, con una acción de control directo sobre poblaciones y puntos geográficos determinantes, para los que han sido diseñados megaproyectos de infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera).

Desde entonces asistimos a una nueva fase de acumulación capitalista que remite a la acumulación originaria descrita por Marx en el capítulo 24 de El Capital (basada en el saqueo, la depredación, el fraude y la violencia), y que David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión” o despojo, lo que junto con la financiarización y reprimarización de la economía (con eje en el extractivismo), implica una mercantilización y privatización de territorios, incluida la tierra como mercancía y otros recursos geoestratégicos de ámbitos hasta entonces cerrados al mercado, así como la expulsión del campesinado de tierras bajo propiedad ejidal, y su utilización como una mercancía más susceptible de ser desechada (matable, diría Agamben) o como fuerza de trabajo excedente, en algunos casos bajo regímenes de semiesclavitud.

Del nuevo “arreglo espacial” se deriva que la acumulación de capital construye una geografía a la medida de sus necesidades, y que en momentos de crisis sistémica como el actual, el capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio. En ese marco, la irrupción de nuevas formas de acumulación legales, que muchas veces derivan de actividades ilegales, ha propiciado una nueva geografía del capital generada a base de una violencia criminal que es utilizada para la ocupación de nuevos territorios, así como para la desocupación o reocupación de otros.

Lázaro Cárdenas: un ejemplo

Un caso paradigmático era el de Los Caballeros Templarios, que según la versión oficial difundida, controlaban “todas” las operaciones del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, que por razones de soberanía y seguridad nacional estaban −o deberían estar− bajo control constitucional de la Marina de Guerra y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, la policía política).

Ubicado en una de las nuevas zonas de influencia geopolítica en disputa entre EU, Canadá y China –con eje en la pelea por materias primas y las rutas comerciales marítimas−, Lázaro Cárdenas es el segundo puerto industrial y comercial del continente americano sobre el Océano Pacífico, después de Long Beach, en Los Ángeles, California.

Asiento de uno de los puntos principales de la industria siderúrgica nacional, Lázaro Cárdenas se conecta a través de una red multimodal de transporte a 13 estados del centro-norte de la República mexicana que generan 60 por ciento del producto interno bruto nacional. En sus muelles se descargan materias primas y manufacturas que abastecen el mercado nacional, y los componentes que demandan las plantas maquiladoras instaladas en la región del Bajío, principalmente empresas ensambladoras de automóviles y del rubro aeroespacial. Y a través de una red ferroviaria controlada por la empresa estadunidense Kansas City Southern de México (KCSM), se enlaza a través de dos ramales (cuyos destinos son Nuevo Laredo y Matamoros) con la frontera norte, pero en particular con la costa este de EU y Asia, gracias a una conexión transfronteriza con el mundialmente conocido corredor Singapur-Kansas City.

El puerto de Lázaro Cárdenas fue rediseñado como una pieza clave en la dinámica desordenar/destruir/reconstruir/reordenar iniciada por Felipe Calderón, que tuvo continuidad en el Plan de Desarrollo 2013-2018 del presidente Enrique Peña Nieto, donde anunció la creación de tres Zonas Económicas Especiales (ZEE). Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales responde al capitalismo criminal y militarizado de nuestros días y a la nueva fase de acumulación por desposesión o despojo neocolonial.

Sus escenarios principales serán el puerto de Lázaro Cárdenas, abarcando los municipios colindantes de la Tierra Caliente y la Costa Grande de Michoacán y Guerrero; Puerto Chiapas (antes Puerto Madero), en el municipio chiapaneco de Tapachula; el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz en el istmo de Tehuantepec, que unirá el estado de Veracruz sobre el golfo de México con el Pacífico oaxaqueño, y el corredor petrolero que irá desde Coatzacoalcos hasta Ciudad del Carmen, Campeche, pasando por Tabasco.

Enclaves productivos de exportación

Promovidos por el Banco Mundial (BM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Harvard, y con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector público y privado, los territorios incluidos en las ZEE serán tomados por el gran capital y funcionarán como enclaves productivos de exportación al gusto del capital transnacional, con eje en empresas maquiladoras.

Las inversiones incluirán importantes autopistas (como la que conecta Michoacán con Puerto Chiapas), la modernización de Tuxtla Gutiérrez, obras de infraestructura, gasoductos y la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo.

En junio de 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que había comenzado la operación del poliducto del Corredor Transístmico (o Cinturón Transoceánico), que a lo largo de 381 kilómetros enlazará por un lado la terminal logística de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, con la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, lo que permitirá trasladar gas LP hacia el litoral del Pacífico y, por otro, un gasoducto de Chinameca, Veracruz, a Salina Cruz, para el traslado de gas natural. Ambos gasoductos, que atravesarán 14 municipios veracruzanos y 13 oaxaqueños, fueron proyectados hacia la costa oeste de Estados Unidos y el mercado del sureste asiático y permitirán trasladar hidrocarburos en sólo siete días, en comparación con los más de 16 que requiere un buque para cruzar por el canal de Panamá.

Con respecto a Chiapas, la ZEE contempla la creación de un agroparque en el Soconusco conectado con Puerto Chiapas. También está proyectado un gasoducto que enlazará Salina Cruz con Puerto Chiapas y Guatemala, cuyo objetivo es transportar gas natural desde la terminal oaxaqueña de Salina Cruz a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros. El proyecto forma parte de una estrategia de encadenamiento regional que involucra a México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, con asesoría y apoyo financiero del BID y del Departamento de Estado de EU a través del Buró de Recursos Energéticos.

Las ZEE incluyen estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, ricos en biodiversidad, recursos forestales y que albergan riquezas arqueológicas y etnológicas que han sido permanentemente amenazadas por el gran capital. Más del 50 por ciento de los terrenos necesarios para las ZEE son una mezcla de propiedades estatal, municipal y privada, lo que emergerá como una nueva fuente de conflictos por la tenencia de la tierra y la conservación de los ecosistemas y las culturas locales . Según el legislador Luis Sánchez, la ley afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 37 mil 877 localidades en 266 municipios y 12 estados con previsiones de gas o petróleo.

El 8 de julio de 2016, el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, fue nombrado titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE). El funcionario cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales. Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon), Pedro Aspe (Evercore) y Luis Téllez (Monterra Energy/KKR).

Según la gaceta parlamentaria del 8 de marzo de 2015, el ejemplo de referencia de las ZEE de México son las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, también conocido como “ciudades Modelo”, aprobadas en Honduras en 2011. El modelo hondureño no se restringe al sector de las manufacturas, sino que puede incluir centros financieros y centros logísticos internacionales; ciudades autónomas; distritos especiales de inversión; distritos de energéticos renovables; zonas agroindustriales especiales; zonas turísticas especiales; zonas mineras sociales; zonas forestales sociales o cualquier otro régimen especial no especificado que incluya una combinación de varios de esos regímenes, pero además incluye zonas sujetas a un sistema jurídico especial, que podrán recurrir a cortes comerciales internacionales.

En el caso mexicano el proyecto pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, con tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, que podrán adoptar sistemas o jurisprudencia conforme a “las mejores prácticas internacionales”. Contarán además con reglas laborales propias y los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por productividad y desarrollo de conocimientos.

Carlos Fazio, escritor, académico de la UNAM y la UACM. Periodista de investigación, colaborador del diario La Jornada de México y el semanario Brecha de Montevideo.

Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento de ALAI No. 527: Los territorios de la guerra (Coedición con OLAG).

Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/188046

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