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La nueva escuela mexicana: modelo para armar/ IV

Roberto Rodríguez Gómez

Por: Roberto Rodríguez Gómez

Hace un mes, el pasado 16 de agosto, Delfina Gómez Álvarez, en uno de sus últimos actos como secretaria de Educación Pública, encabezó la presentación pública del Plan de Estudios de Educación Básica. En su discurso describió los elementos componentes de la nueva escuela mexicana (NEM). Argumentó, en primer lugar, que el propósito central de la NEM es “procurar la formación integral y humanista desde la formación inicial hasta la superior”. La aún titular de la SEP, agregó que “en la NEM se articulan los aspectos académicos con las diversas realidad sociales del país. La meta es garantizar una enseñanza de excelencia con base en los principios de inclusión, pluralidad e inclusión.” Estas definiciones genéricas coinciden, cuando menos no se apartan, del espíritu de la reforma constitucional y normativa de 2019, que es el inevitable marco de referencia de la NEM.

Posteriormente, la secretaria Gómez Álvarez explicó los cuatro “ejes” que desde la perspectiva de la SEP dan sustento a la NEM. Estos son, siguiendo el orden de su exposición: la dignificación magisterial (incremento al salario, basificación de nombramientos y concursos por nuevas plazas); los programas de becas; el programa de infraestructura “la escuela es nuestra”, y el rediseño curricular de la educación básica, media superior y de las normales. Ello significa que la NEM equivale a la política educativa del sexenio, a toda.

Es interesante, quizás significativo, que en el cuarto informe de gobierno del ejecutivo federal, un texto que se aproxima al millar de páginas sin contar el respectivo anexo estadístico, ni una sola vez se menciona a la NEM. En el capítulo sobre educación (págs. 233-266) se hace un recuento –por cierto bastante informativo- de lo realizado por la SEP y otras instancias federales en la materia. Se detalla el contenido de cada uno de los programas y sus principales datos.

El informe de gobierno incluye un párrafo sobre el enfoque de política educativa que se sigue: “el derecho a la educación constituye un valor integral fortalecido por la presente administración, comprometida a garantizar la plena realización de los individuos, puso en marcha acciones determinantes mediante las cuales se forman mexicanas y mexicanos resilientes, responsables, con sentido comunitario y de solidaridad, conciencia ambiental y salud personal, respeto por la diversidad cultural y un profundo respeto por la Patria.” (pág. 233). Es una redacción rara, en que el sujeto se pierde ¿quién puso en marcha las acciones determinantes? ¿el derecho a la educación o la presente administración? Dejando de lado esa minucia sintáctica, vale la pena notar el acento en la expresión “la plena realización de los individuos”, que contrasta con el enfoque anti-individualista que adorna la actual propuesta de renovación curricular de la educación básica.

Por cierto, con disculpa por salir momentáneamente del tema de esta columna, tanto en la presentación de Delfina Gómez, como también en el cuarto informe de gobierno, se da realce a los avances del sistema de “universidades para el bienestar Benito Juárez”, lo que en sí mismo no es extraño si se considera que esta ha sido una de las prioridades de política educativa del sexenio. Un día antes del informe, en la consuetudinaria conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo: “A la fecha se han creado 145 Universidades para el Bienestar Benito Juárez, en los lugares más apartados del país, que benefician a 65 mil alumnos de escasos recursos”, lo que se replicó en el twitter “Gobierno de México”. Esta cifra contrasta sobre manera con la incluida en el informe de gobierno, que indica: “en el semestre 2021-2 se registraron en el programa 37,585 estudiantes; no obstante, al inicio del semestre 2022-1, los estudiantes registrados disminuyeron a 32,553 (13.4%), que puede deberse a las dificultades del reingreso a la fase presencial de estudios.” (pág. 246). ¿Cómo se explica una diferencia de tal dimensión? ¿será un efecto de los otros datos?

Volviendo a la NEM, el elemento emergente, que también se ha descrito como el fundamento de la transformación educativa del régimen (y del país) es la reforma de los planes y programas de estudio de la educación básica, del sistema de instituciones de educación media superior a cargo de la SEP, de las escuelas normales y seguramente de la Universidad Pedagógica Nacional y sus sedes descentralizadas. En complemento, la renovación de la colección de libros de texto gratuitos para educación primaria y para las telesecundarias.

El proceso de cambio curricular se emprendió desde el año pasado y no ha estado exento de dificultades operativas. Un primer intento, el de renovación de los libros de texto gratuitos fue convocado, en dos ocasiones (marzo y agosto de 2021) sin generar el resultado esperado (nuevos libros), lo que posteriormente se explicó por la necesidad de aguardar al cambio curricular de la educación básica al que deben corresponder dichas publicaciones. El julio de este año se abrió una nueva convocatoria y sería de esperar que, en este tercer intento, se consiga la implementación. Ya se verá.

Al menos cinco versiones del Plan 2022 para educación básica fueron puestas en circulación o filtradas: la primera, el 31 de enero de este año que incluía, además de una propuesta de “marco curricular”, varios de los programas de estudio en versión borrador. Posteriormente, versiones con fecha 31 de mayo, 20 de junio, 21 de julio y 5 de agosto, al parecer esta última la versión final. Hay varias diferencias entre las ediciones; una que viene al caso es que, a partir de la segunda versión, se incluyó un capítulo titulado “La Nueva Escuela Mexicana”, cuya tarea principal se debe concentrar, según el texto, en “propiciar que niñez y juventud, junto con sus profesoras y profesores, vayan al encuentro de la humanidad de las otras y los otros, entendidos en su diversidad.” (Versión del Anexo publicado en el DOF, 11 de agosto de 2022, pág. 9).

Hasta aquí, por ahora, los avatares de la NEM. Nos falta conocer, en su momento, el contenido de los programas de estudio y los libros de texto. Cuando se den a conocer, los comentaremos.

Fuente de la información: https://revistaaula.com

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Ayotzi ocho años después: fue el Estado, es el Estado y seguirá siendo el Estado. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal, Marcelino Guerra Mendoza
Por: Marcelino Guerra Mendoza, Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro. Columna: CORTOCIRCUITOS

«No hay mayor ignominia que la militarización del país en todo momento…»

A ocho años de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el mapa del ejercicio del poder del Estado autoritario ha crecido desproporcionadamente. Por un lado, se normaliza paulatinamente el envío de iniciativas del ejecutivo federal al poder legislativo para ser convertidas en leyes que constituyen, de facto, no solo una traición hacia la población en general, sino una afrenta, una burla para las comunidades, familias y estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Sin saber la verdad, ni recibir justicia, madres y padres de algunos de los desaparecidos han fallecido, pero nunca desfallecieron ni abandonaron la búsqueda de sus hijos. En contraste, el Estado se ha empecinado en desestimar las exigencias, denuncias y protestas de las familias en la búsqueda y localización de sus hijos.

El caso no está resuelto. ¿Dónde están?, es la pregunta que se hacen todos los días los padres de los jóvenes, la misma que el Estado no ha sido capaz o no ha querido responder.

En lugar de respuestas, tenemos cada vez más leyes que sitúan al país en la ruta de la militarización: ahí está la iniciativa de otorgar al ejército y la marina el control de la seguridad en todo el país, traspasando funciones de vigilancia a una guardia nacional militarizada, bajo el mando de la SEDENA. Ante los cuestionamientos sobre este giro, después de que en campaña declarara insistentemente que de ganar las elecciones regresaría al ejército a sus cuarteles, AMLO se ha limitado a responder: Cambié de opinión. 

En la desaparición forzada de los 43 estudiantes, los militares estuvieron directamente involucrados, así lo afirmó hace unas semanas Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia  (Soldados, liderados por “El Coronel”, mataron y desaparecieron a 6 de los normalistas); si el ejército ha sido artífice y protagonista de cientos de miles de desapariciones forzadas y torturas, y su participación activa ha sido comprobada más en el caso de los estudiantes rurales, ¿por qué habíamos de creer que concediéndole el mando de la seguridad civil, las cosas serían diferentes?.

No caigamos en el garlito de que todo sucedió en el periodo neoliberal de Peña Nieto, eso es un hecho, nadie dice lo contrario. Aquí lo fundamental es tener claro, nunca olvidar ni pasar de largo que a 4 años del gobierno de la IV T, el mismo que prometió esclarecer los hechos y acabar con la impunidad, no existen respuestas, tampoco indicios de que realmente interese conocer la verdad, alentar la búsqueda para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.

¿Para qué formar una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, con todos los recursos a su alcance, que se supone debía esclarecer en forma expedita lo ocurrido, pero no es capaz de responder la pregunta, la única cuya respuesta esperan finalmente recibir sus familias y la sociedad entera? Inevitable pensar en una explicación posible: ésta, como tantas otras comisiones que se han formado para fines similares, lo único que muestran es una complicidad extrema con el pasado neoliberal, al tiempo que marcan el escenario militar para continuar profundizando la impunidad.

A ochos años de lo ocurrido y a 4 años de la 4T, el mapa del autoritarismo del Estado transformador de la realidad nacional, es cada vez es más preocupante y grave; las desapariciones forzadas continúan, los feminicidios aumentan, el asesinato de periodistas, activistas y luchadores sociales no cesan; los levantones en el territorio nacional están presentes y la indolencia e insensibilidad de los tres órganos de gobierno para la atención de estos acontecimientos son cada vez más latente.
No hay mayor ignominia que la militarización del país en todo momento, pero a ocho años de la desaparición forzada de los 43 futuros maestros rurales y a cuatro años de gestionar su desaparición con una búsqueda sin resultados concretos, pinta de cuerpo entero al actual gobierno: como un Estado neoliberal con tintes progresistas investido de un discurso disonante de las acciones cotidianas que ratifica, una vez más la máxima popular: FUE, ES Y SERÁ EL ESTADO.

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Fuente de la información: Insurgencia Magisterial

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Tiempo educativo mexicano

Juan Carlos Yáñez Velazco

Por: Juan Carlos Yáñez

Con el inicio del ciclo escolar 2022-2023, México comienza otra etapa en la ola reformista. El siglo veintiuno es testigo de una epidemia de reformas en la educación básica y media superior (bachillerato) que, sin embargo, no produjeron los cambios prometidos, entre otras razones, porque no han tenido tiempo de ser implantadas, adecuadamente acompañadas y evaluadas para su mejora.

En la escuela primaria, por ejemplo, hubo un plan de estudios en 2011, otro en 2017 y ahora se realizará un pilotaje, con diseño metodológico no difundido todavía, así como dudas no aclaradas o desdeñadas por el ministerio nacional, la Secretaría de Educación Pública.

Transcurrida la parte más crítica de la pandemia, mal manejada en educación y peor en sanidad, las evidencias cuantitativas que arrojan distintas instituciones no gubernamentales reflejan un agravamiento de los problemas que ya atravesaba el sistema educativo.

Especialmente inquieta la impavidez gubernamental frente a las cifras del abandono escolar, estimadas en un millón 800 mil estudiantes, en un sistema educativo que antes de la crisis sanitaria global superaba una matrícula de 35 millones. La pérdida o pobreza de aprendizajes, calculada más por percepciones que por un diagnóstico fiable, varía entre uno y dos años. Los desafíos que configuran ambos polos son monumentales, a cambio, se ofrece resolverlos con discursos y actos de fe, no obstante su persistencia, endémica en el tercer sistema educativo más grande del continente.

A pesar del intento de desmarcarse de las reformas recientes, acusadas de neoliberales, privatizadoras y otros adjetivos emparentados, la modificación a los planes de estudio de preescolar, primaria y secundaria corre paralela a las propuestas diseñadas en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito en mayo de 1992, regado con agua de la fuente donde nació el neoliberalismo mexicano. En aquel documento se postularon tres grandes ejes para la modernización educativa: reorganización del sistema, reformulación de contenidos y materiales y revaloración del magisterio, calcadas con similitud notable treinta años después.

Podrán esgrimirse razones distintas entre el Acuerdo firmado por el padre del neoliberalismo mexicano, Carlos Salinas de Gortari, y el antineoliberal confeso que gobierna el país, Andrés Manuel López Obrado. Pero eso no es lo central. Importa más la ausencia de un diagnóstico sobre los problemas y las fallas en la gestión pública en la materia, explicada quizá por el lugar que realmente ocupa la educación en la política nacional e ilustrado por el hecho de que en cuatro años hubo tres ministros de Educación, como ocurriera el sexenio anterior, y en ambos periodos, con perfiles más políticos y cercanos a la figura presidencial, que a la vida escolar del país y su compleja y enorme magnitud.

Como el sexenio pasado, esta vez también se aplicará un nuevo plan de estudios en el último año gubernamental. Como entonces, con deficiencias en la capacidad de comunicación con el gremio magisterial, lo que dio pie a confusiones y vacíos que parieron temores, desprestigio y rechazos anticipados.

Los planes de estudios 2022 tienen la impronta del gobierno federal: apresuramiento, inconclusión, incoherencias, vacíos y lagunas estructurales, pero que se presumen como grandes logros. Así ocurrió con un aeropuerto internacional escaso de vuelos, con deficiencias logísticas, poco concurrido y montado sobre la necedad, que se presume como el mejor de Latinoamérica, aunque no aparezca así en los catálogos internacionales. Fue el mismo caso con la refinería Dos Bocas; con los llamados “bancos del bienestar”; el discurso hueco de la Nueva Escuela Mexicana y la red de universidades Benito Juárez, un conjunto de instituciones educativas precarias asentadas en lugares donde no existía oferta de enseñanza superior, que ofrecen una carrera profesional pero no realizan las funciones sustantivas de lo que en el mundo se conoce como una universidad. Además, no evaluadas bajo ningún patrón externo y acusadas de mal trato laboral, ineficiencia y escasa calidad.

Con ese ADN nace el nuevo plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria, con una perspectiva que pretende alejarse de los manuales tradicionales que condujeron estos procesos, aspecto que resulta en abstracto encomiable, pues las fórmulas ensayadas no ofrecieron resultados alentadores y se precisaban caminos alternativos.

Al plan de estudios se le acusa de “ideologizador” o sobrecargado de discursos que sostienen la visión del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, en cuya crítica late la idea de que los profesores son de plastilina, como definió el experto Manuel Gil Antón, y se amoldarán a lo que dicte un documento sin más. No es la ecuanimidad lo abundante en este momento de polarización.

Sostengo que al plan le fallan tres grandes capacidades: las de diagnóstico, proyecto y comunicación; frente a las dos primeras falencias, la tercera agrava los efectos, pues suscitó en meses pasados una ola de desinformación inatajable para los documentos y declaraciones oficiales.

Del plan de estudios destaco cuatro virtudes, al mismo tiempo riesgosas: una forma de organización no centrada en materias, autonomía curricular y del magisterio, preeminencia del trabajo por proyectos y problemas, así como la oportunidad/exigencia de que los colectivos docentes sean responsables del codiseño del plan y convertirlo en un proyecto educativo específico para cada centro.

De esas virtudes a la construcción de las prácticas curriculares y del aula en cada escuela, hay un camino difícil, que puede resultar espinoso para muchos y clausurado para otros, sin acompañamiento pedagógico de las supervisiones, liderazgo académico de los directores y formación docente ligada a las escuelas y proyectos educativos.

Sin esos elementos, entre otros, como financiamiento adecuado, el nuevo plan de estudios será una tumba fresca en el “panteón de las reformas estériles” (G. Neave).

Fuente de la información e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com

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Educación emocional o la conversión de los sujetos en ‘empresas de sí’

Teresa García Gómez

Por: Teresa García Gómez

Las prácticas mayoritarias que se están incorporando cada vez más en las aulas: cursos de educación emocional, de inteligencia emocional, coaching, mindfulness, autoayuda, etc., contribuyen, de hecho, a una mayor psicologización de los problemas educativos y a su individualización, encubriendo las desigualdades y buscando soluciones individuales ante problemas que son contextuales y estructurales y obviando el papel que tiene en ellos la cultura escolar.

Las políticas educativas (leyes, planes de formación del profesorado, etc.) incorporaron hace ya algunos años la “gestión emocional” como principio pedagógico. Las emociones, como si de una empresa se tratara, se dirigen, se organizan, se manejan, se administran, se orientan y con las que se realizan las diligencias oportunas para el logro de un proyecto. Este proyecto es el bienestar propio para el logro de la felicidad. Así nos lo hacen ver las propuestas y las prácticas mayoritarias que se están incorporando cada vez más en las aulas de los diferentes niveles educativos: cursos de educación emocional, de inteligencia emocional, coaching, mindfulness, autoayuda, etc. y que están siendo muy bien acogidas tanto por el alumnado como por el profesorado y por quienes se ven implicados indirectamente en ellas, como las familias y la comunidad educativa. Esta buena acogida, en gran parte, se debe: a) al empleo de un lenguaje fácilmente comprensible y de un discurso que apela al sentido común —quién no desea el bienestar de las personas o quién duda de que las técnicas de concentración y relajación ayudan a centrarse en la tarea en una sociedad acelerada y sobre-estimulada—; b) a la introducción de actividades y juegos divertidos que rompen con la rutina del trabajo escolar y relajan el clima de las aulas; y c) al ofrecimiento de una serie de técnicas que se convierten en recetas fácilmente aplicables. Son prácticas amables que parten de la idea de que el bienestar propio está en el interior de cada persona, por ello invitan a mirarse, escucharse, sentirse, indagarse y encontrarse para conocer el verdadero yo, puesto que lograr el bienestar propio es una cuestión individual, depende de uno mismo, de nuestra actitud y voluntad.

Dichas prácticas proporcionan una serie de herramientas para gestionar y controlar las emociones, clasificándolas y considerándolas en sí mismas como positivas y negativas no para atender a los hechos que las provocan y analizarlos críticamente en los contextos en los que se producen, sino para potenciar las primeras y evitar las segundas, que en el caso de no conseguirlo se diagnosticará con algún trastorno y, por tanto, tratable. Hecho que explicaría el aumento de síndromes y el número de personas diagnosticadas con alguno de ellos en estos últimos años.

Por otra parte, el conjunto de prácticas que vienen realizándose en educación emocional, inteligencia emocional, coaching y mindfulness van dirigidas al autocontrol, a la autorregulación, al autoconocimiento, al autodescubrimiento, a la autodeterminación, a la autosuficiencia, al autocultivo, a la autoconciencia y a la autorresponsabilización para el logro de los deseos y objetivos propios, convirtiendo al sujeto en empresa de sí, él es su propio proyecto, invirtiendo tiempo y esfuerzo en el desarrollo de una serie de habilidades, a través del entrenamiento constante, que formarán el capital humano para el futuro desempeño laboral. Es el entrenamiento en la institución educativa del gobierno de sí, del autogobierno, ajustando así, voluntariamente, la conducta y las expectativas a las prácticas y demandas de esta y en un futuro a las del mercado laboral sin que sea necesaria la imposición o la coacción. Es la formación de la subjetividad neoliberal, alimentando el yo, que está íntimamente ligada a la competencia del espíritu emprendedor. Es aprender a ser, un ser sujeto neoliberal o neosujeto, como lo denominan Laval y Dardot en su libro La nueva razón del mundo.

Colocan al sujeto como responsable de su estado y éxito académico, y, por ello, la mirada y la acción siempre recaen sobre él, obviando los contextos escolar, familiar, socioeconómico, político y cultural.

Prácticas que, además y como consecuencia de todo lo anterior, tal y como declaran sus defensores, tienen también como finalidad resolver problemas en el aula, previniendo o tratando estados de ansiedad, depresión y estrés, etc., y mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico. Estos objetivos evidencian la idea de la que parten: dichos estados y el éxito escolar se deben a factores psicológicos e individuales. De ahí que coloquen al sujeto como responsable de los mismos, y, por ello, la mirada y la acción siempre recaen sobre él, obviando los contextos escolar, familiar, socioeconómico, político y cultural; en definitiva, desconsiderando las condiciones materiales de existencia de los individuos. Sirva de ejemplo las declaraciones, recogidas en un vídeo, que alumnado y profesorado de educación secundaria realizan para promocionar los supuestos beneficios del mindfulness en el aula en una conferencia dirigida a futuros y futuras docentes. Una profesora manifiesta que es muy estresante trabajar con treinta estudiantes en una clase con la competitividad que existe entre ellos y la ansiedad y el estrés que les genera los exámenes. Por otro lado, una alumna expresa haber sentido tristeza, mucha presión y estrés por las calificaciones al depender de estas su futuro. Ante los síntomas que se manifiestan en el sujeto, donde claramente la causa está en los requerimientos de las políticas educativas, en las prácticas realizadas en los centros escolares, en las expectativas familiares, etc., se recurre a la enseñanza de una serie de técnicas para la gestión del mundo afectivo y emocional con el objeto de que cada uno florezca y crezca para una mayor eficacia y rendimiento. Solo es cuestión de ejercitar una serie de habilidades para el bienestar propio, que cada persona trabaje “su interior”, sin un cuestionamiento de las circunstancias y situaciones que están produciendo dichos síntomas, como es un sistema de evaluación segregador y competitivo no centrado en la valoración de los aprendizajes sino más en la clasificación, diferenciación y jerarquización del alumnado, o para el establecimiento de rankings, o un currículum sobrecargado de contenidos que se tienen que memorizar. Y si el propio bienestar no se consigue, la responsabilidad siempre será del sujeto, pues es este quien no está gestionado bien sus sentimientos y emociones o no ha ejercitado lo suficiente ni de manera continuada; entrenamiento que, por otra parte, nunca tendrá fin porque no actúa sobre el origen de los problemas, los cuales son estructurales y no personales.

Estas acciones están contribuyendo a una mayor psicologización de los problemas educativos y a una individualización de estos, encubriendo las desigualdades y promoviendo el conformismo y la adaptación de los sujetos a las circunstancias y situaciones, buscando soluciones individuales ante problemas que son contextuales y estructurales y obviando el papel que tiene en ellos la cultura escolar.

La expansión de esta psicología para la gestión emocional en los contextos educativos tiene otras consecuencias. Entre ellas, genera una falsa conciencia al dirigir la mirada al interior ante los distintos problemas, al yo, y los problemas educativos no son de carácter psicológico, sino políticos, socioeconómicos y pedagógicos, tales como el escaso presupuesto destinado a la educación pública; la condiciones laborales del profesorado; el currículum academicista; las prácticas organizativas y de enseñanza excluyentes y reproductoras de las desigualdades sociales en relación a los géneros, la clase social y la cultura; etc.

Asimismo, refuerza y mantiene la separación de lo emocional y lo intelectual, la falsa idea de que sentimos con el corazón y pensamos con la cabeza, de ahí que prioricen las emociones. Estas en sí mismas no permitirán al alumnado entender las problemáticas de nuestro tiempo y a las que se deben enfrentar y cómo les afecta según el grupo social de origen al que pertenece si no se realizan procesos de reflexión y análisis que nos conduzcan a comprender y a buscar los modos de cómo las instituciones escolares deben abordarlas en el desarrollo de un trabajo educativo y no psicológico.

Por otra parte, implica que las instituciones educativas renuncien al desarrollo de una verdadera función educativa, una educación crítica, al apostar por una educación terapéutica y abandonar el campo de la pedagogía y de la didáctica para dar más espacio a este tipo de psicología en la educación, lo que implica renunciar a un proyecto común, no solo de escuela sino como sociedad.

Es necesario salir de uno mismo para comprender el malestar docente y el malestar del alumnado y actuar sobre las causas que los originan. Solo así se podrá contribuir a los cambios que se necesitan emprender en lo propios contextos escolares para que sus prácticas favorezcan a la democracia y a la justicia, haciendo efectivo el derecho real a la educación, no solo como acceso a las instituciones formativas sino en los mismos procesos de enseñanza-aprendizaje que en ellas se desarrollan, garantizando la equidad educativa.

Fuente de la información e imagen:  https://eldiariodelaeducacion.com

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¿La tecnología educativa perjudica los derechos digitales del estudiantado?

Observatorio de Innovación Educativa ITESM

Por: Nohemí Vilchis

Distintas plataformas han vulnerado los datos personales de estudiantes al recolectarlos, monitorearlos y almacenarlos para compartirlos a empresas tecnológicas con fines publicitarios. ¿Quiénes están involucrados y cómo se puede cuidar esta información?

Es conocido que la tecnología dentro de la educación ha abierto nuevos panoramas y ha optimizado procesos dentro de las aulas. El aprendizaje se ha conjugado con aplicaciones para facilitar la enseñanza en distintos entornos académicos y contextos sociales. Pero ¿qué pasa cuando su uso contribuye a esas mejoras mientras que se ve vulnerada la información personal de los usuarios?

Por lo general, son las instituciones educativas quienes definen la tecnología educativa o EdTech (del inglés Educational Technology) con la que se acompañará el programa de estudios. Sin embargo, son los estudiantes de distintos niveles de formación quienes brindan sus datos personales para utilizar estas herramientas.

Un reporte emitido por la organización Human Rights Watch (HRW) reveló que aplicaciones y sitios EdTech utilizados por estudiantes recolectaban, monitoreaban y rastreaban información personal de niños en distintos países, violando sus derechos digitales. El estudio analizó 163 herramientas de tecnología educativa incorporadas por 49 países durante los meses de marzo a agosto de 2021. Desde Argentina hasta Rusia, estos territorios adoptaron el aprendizaje en línea como un componente de sus planes nacionales en la pandemia durante el cierre de las escuelas.

Según el informe, 89 % de los productos EdTech ponían en riesgo los derechos de los niños al recopilar datos sin su consentimiento o el de sus madres, padres o tutores, además vigilaban qué hacían en el salón de clases, quiénes eran sus familiares y amigos, así como qué dispositivos podrían pagar sus familias. Como demuestra el reporte, algunas compañías comercializan los perfiles de los infantes al ponerlos a disposición de corporaciones tecnológicas con fines publicitarios (AdTech, del inglés Advertising Technology).

El reporte mostró que 145 recursos de tecnología educativa brindaban acceso a 199 empresas de terceros, en su mayoría AdTechs, a los datos de estudiantes. Gran parte de las plataformas de aprendizaje en línea pudieron haber permitido que los algoritmos de estas compañías logren analizar información que exhiba las características e intereses personales de niñas y niños. De esta manera, podrían predecir el siguiente paso de los usuarios y descubrir cómo se ven influenciados.

Entre los hallazgos se detectó que algunos recursos tecnológicos se dirigieron a los estudiantes con publicidad conductual por medio de datos extraídos de sus entornos educativos para personalizarles contenido y anuncios, con esto los guiaron por el internet. Las empresas distorsionaron la experiencia en línea de los infantes e intentaron influir en sus opiniones y creencias en un momento donde corren un alto riesgo de interferencia manipuladora. Lo anterior, a raíz de que con el cierre de las escuelas se requirió al estudiantado usar estos productos, y los niños cuyas familias lograron pagar el acceso a internet y a dispositivos electrónicos estuvieron expuestos a prácticas que perjudicaban la privacidad en estas aplicaciones.

La mayoría de las empresas de tecnología educativa no divulgaron sus prácticas de vigilancia de datos, ya que, del total de productos sólo 35 establecían en sus políticas de privacidad que la información de sus usuarios se utilizaba para publicidad conductual. Asimismo, 23 productos se desarrollaron pensando en los menores de edad como principales usuarios.

Ante esto, HRW estableció que de acuerdo con los principios de protección de datos de las infancias y las responsabilidades de derechos humanos de las corporaciones como se describe en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las empresas de EdTech y AdTech no deben recopilar ni procesar datos de infantes para publicidad. Es necesario que las compañías realicen un inventario de los datos coleccionados durante la pandemia para percatarse de no procesar, compartir o utilizarlos. Deben trabajar junto a los gobiernos para eliminar de inmediato la información recibida.

¿En quién recae la responsabilidad?

Aunque existe responsabilidad por parte de todos los involucrados, es un compromiso de quien toma las decisiones tecnológicas. Un artículo de The Conversation explica que son las escuelas las que determinan las tecnologías digitales a utilizar por los estudiantes, quienes no tienen genuinamente opción para elegir usar las aplicaciones o sitios web que han sido seleccionados por las instituciones o departamentos de educación. Por ende, no están capacitados para tomar decisiones informadas sobre su aprendizaje en línea.

El estudio conducido por Human Rights Watch señaló que siete países (Australia, Brasil, Canadá, Alemania, India, España y Estados Unidos) delegan la toma de decisiones a las autoridades educativas a nivel estatal o regional. A lo largo de la pandemia, estas resoluciones incluyeron definir qué EdTech respaldar o adquirir para uso escolar.

Jonathan McCully indicó en Digital Freedom Fund que las grandes corporaciones dominan el mercado de la tecnología educativa, con productos que se implementan en entornos donde los derechos digitales de las infancias se aplican de forma deficiente, sin supervisión, autonomía o control significativo sobre el almacenamiento de su información.

Los contextos educativos han sido transformados con la dependencia de sistemas que procesan datos biométricos confidenciales, como mapas faciales o huellas dactilares, para medir la asistencia, los pagos de almuerzo o reforzar la seguridad. Además, existen sistemas como los basados en modelos estadísticos, perfiles algorítmicos y toma de decisiones automatizada que perpetuan medidas discriminatorias y excluyentes. Es decir, al desarrollar planes de estudio, predecir el rendimiento académico y “detectar” trampas en los exámenes, pueden influir en los años formativos de una persona y negarle el acceso a diferentes oportunidades educativas.

Un ejemplo que ilustra el panorama fue lo sucedido en Costa Rica con las pruebas de Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO). El Ministerio de Educación Pública (MEP) violentó los derechos de miles de estudiantes menores de edad y sus familias mediante preguntas contenidas en la prueba aplicada a estudiantes de quinto grado en noviembre de 2021. Tras 15 denuncias presentadas por parte de familiares, los magistrados del Tribunal concluyeron que existió una lesión al derecho a la intimidad, para obtener datos personales a través de una prueba obligatoria, brindando acceso a información que requiere especial protección del Estado. Entonces, está en manos de distintas instancias donde los gobiernos, las escuelas y los mismos familiares juegan un rol preponderante.

Protección legal

Primero, se debe entender que en México la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece en el Artículo 5 que “son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad”. Además, el Artículo 76 del capítulo décimo séptimo del Derecho a la Intimidad precisa que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales.

En cuanto a las personas de cualquier edad, el Artículo 7 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados decreta que “por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 22 de esta Ley. En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de la niña, el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones legales aplicables”. Por ello, bajo cualquier circunstancia es vital el consentimiento de la persona a quien pertenezcan los datos para acceder a ellos y siempre será prioridad velar por la seguridad y bienestar de los menores.

Sin embargo, esta autorización debería poder ser revocable. El blog de AyudaLey sobre Protección de datos explica que aunque exista el consentimiento este no legitima el uso y tratamiento excesivo de los datos. Se debe permitir a los usuarios rescindir su consentimiento sobre dicha información personal y la eliminación de los datos recolectados. Advierte que, para que las aplicaciones cumplan con la normativa de protección de datos personales es importante que den a conocer la finalidad para la que serán utilizados previo a su instalación. Cuando se trata de menores de edad, expone que lo más adecuado es elegir un método restrictivo para el procesamiento de información, no usarla para fines comerciales y abstenerse de que contenga detalles sobre familiares y/o amigos.

Identificar los conceptos clave para diferenciar el tipo de datos con los que cuenta una persona ayuda a hacer consciencia sobre la información que se brinda a ciertas aplicaciones, plataformas y empresas de terceros. Según el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México los datos personales son toda aquella información que se relaciona con la persona y la hace identificable. Es decir, la edad, domicilio, número telefónico, correo electrónico personal, número de seguridad social, CURP, trayectoria académica, laboral y profesional, entre otros. Estos no pueden ser transferidos.

Dentro de los datos personales se encuentran los datos sensibles. De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) estos “informan sobre los aspectos más íntimos de las personas, y cuyo mal uso pueda provocar discriminaciones o ponerles en grave riesgo, como por ejemplo, el origen racial o étnico; estado de salud (pasado, presente y futuro); información genética; creencias religiosas, filosóficas y morales; afiliación sindical; opiniones políticas y orientación sexual”. Los datos más delicados demandan especial protección y cuidado. Los datos patrimoniales o financieros describen la capacidad económica de las personas en relación a los recursos que poseen y su condición para hacer frente a sus deudas.

Todo este tipo de información precisa protección y requiere ser resguardada. Si bien los distintos actores de instancias educativas y las madres y padres de familia o tutores son capaces de administrar sus datos personales, también están encargados de custodiar los datos de los niños. Además de enseñarles la relevancia de cuidar su información personal.

McCully ofrece ejemplos de casos vinculantes que sirven como referente en el plano legal para tomar medidas contra la trasgresión de los derechos digitales de los niños. Anne Longfield, ex Comisionada de la Infancia de Inglaterra, inició una acción legal en nombre de millones de jóvenes contra TikTok. En este “caso histórico”, se denuncia que los datos de más de 3,5 millones de niños y niñas en Reino Unido, incluyendo sus números de teléfono, videos, ubicación y datos biométricos, están siendo procesados por la plataforma sin la advertencia suficiente, ni transparencia o consentimiento legal. La empresa debe eliminar los datos existentes y pagar una compensación que podría ascender a miles de millones de libras.

En Holanda, un grupo de madres y padres de familia presentaron ante tribunales un caso contra TikTok. La crítica a la aplicación consiste en que la plataforma de redes sociales recopila datos sin el permiso correspondiente y son más de los necesarios. Asimismo, no especifica cómo utilizan la información.

Incluso, McCully menciona que se han presentado casos en varios países contra YouTube, Google, Facebook/Meta y creadores de aplicaciones de juegos por no respetar ni guardar la privacidad de los infantes.

En Estados Unidos, el Departamento de Educación se ha comprometido a proteger la privacidad del alumnado aplicando la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) con la cual los estudiantes controlan sus expedientes académicos y exigen al personal escolar resguardarlos.

También afecta a universitarios

The Chronicle of Higher Education analizó los contratos entre universidades y proveedores de cinco de las instituciones que planean probar las «metaversities” (o metaversidades), que son réplicas digitales e inmersivas de los campus de sus universidades a las que los estudiantes asistirán utilizando lentes de realidad virtual. Entre sus hallazgos, recopilaron que existen inconsistencias en las disposiciones de los contratos para asistir a las aulas en la dimensión digital en cuanto a la privacidad y seguridad de los datos, igualmente tampoco hay una mención sobre las empresas de terceros, incluyendo a Meta, que recopilarán información de los estudiantes durante el piloto de dos años.

En el estudio, expertos en privacidad dijeron que es preocupante “que las universidades se embarquen en nuevas empresas de tecnología educativa con una comprensión incompleta de lo que la tecnología puede obtener en última instancia sobre sus estudiantes, especialmente cuando numerosas entidades privadas están involucradas”. De modo que advierten que la consciencia es esencial para la protección de los alumnos y la reputación de las instituciones antes de adoptar estas nuevas tecnologías educativas. Señalan que las universidades tienen una obligación moral donde la responsabilidad no debe recaer meramente en los estudiantes para ser sus propios defensores de datos.

Una pauta a seguir es la marcada por el sociólogo Miguel Ángel Casillas Alvarado, quien sugiere que existen medidas principales con los que se habrían de atender los derechos digitales de los universitarios en México. Basándose en la Carta de Derechos Digitales del Gobierno de España, plantea que debe exigirse el derecho a la libertad, donde las universidades garantizan la protección de los datos personales de su alumnado. Dicha Carta establece en los derechos de libertad en su fracción tercera del derecho a la protección de datos que: “toda persona tiene derecho a ser informada en el momento de la recogida de los datos sobre su destino y los usos que se hagan de los mismos, a acceder a los datos recogidos que le conciernen y a ejercer sus derechos de rectificación, oposición, cancelación, portabilidad de los datos y derecho a la supresión (derecho al olvido) en los términos previstos en la normativa de protección de datos nacional y europea”.

¿Qué se puede hacer?

Algunos consejos para los diferentes actores de la educación son presentados por la profesora Sandy Keeter. Propone que existen distintas prácticas para los maestros a fin de garantizar la seguridad de sus estudiantes y la institución. Por ejemplo:

  • Revisar las políticas de privacidad de datos de las herramientas o aplicaciones que usan en su programa académico, asegurando que tienen la aprobación y respaldo de la universidad.

  • Cifrar la información confidencial de los correos electrónicos y asignar carpetas específicas o eliminarlas con regularidad para no dejar los datos de alumnos sueltos.

  • No brindar acceso ni hablar públicamente acerca de expedientes académicos.

  • Al realizar una capacitación, utilizar datos de muestra o falsos para ejemplificar el contenido.

  • En computadoras y plataformas de aprendizaje protegidas por contraseña debe cerrarse la sesión mientras no esté en uso.

  • Educar a los estudiantes sobre prácticas seguras en internet y el uso adecuado de la tecnología.

Para que las universidades puedan otorgar confidencialidad deben proteger los datos de estudiantes al:

  • Supervisar la actividad en las redes universitarias.

  • Capacitar a los empleados y brindar apoyo.

  • Reducir la cantidad de información recopilada y purgar la innecesaria.

  • Proporcionar el mínimo nivel de acceso necesario.

  • Hacer de conocimiento general las políticas, procedimientos y protocolos de notificación.

Además, en el reporte de Human Rights Watch, se describen minuciosamente una serie recomendaciones a nivel global para los gobiernos, los ministerios y departamentos de educación, las compañías de tecnología educativa y empresas de tecnología publicitaria, que incluyen de manera general:

  • Para los gobiernos, facilitar una reparación urgente para los niños cuyos datos se recopilaron durante la pandemia y continúan en riesgo de uso indebido y explotación. Adoptar leyes de protección de datos específicas. Asegurar que las empresas respeten los derechos de los menores de edad y rindan cuentas si no lo hacen. Solicitar evaluaciones sobre gestión de los derechos del niño en cualquier proceso de contratación pública que brinde servicios esenciales a los niños a través de la tecnología. Prohibir la publicidad comportamental dirigida a los niños. Prohibir la elaboración de perfiles de niños.

  • Para los ministerios y departamentos de educación, asignar fondos para pagar los servicios que permitan la educación en línea de manera segura, en lugar de permitir la venta y el intercambio de datos de los niños para financiar los servicios. Proporcionar mecanismos de denuncia confidenciales, apropiados para la edad y adaptados a los niños, acceso a la ayuda de expertos y disposiciones para la acción colectiva en los idiomas locales para los niños que buscan justicia y reparación. Desarrollar y promover la alfabetización digital y la privacidad de los datos de los niños en los planes de estudios. Consultar los puntos de vista de los niños en el desarrollo de políticas que protejan mejor sus intereses en entornos educativos en línea.

  • Para las compañías de tecnología educativa, proporcionar reparación cuando los derechos de los niños se hayan puesto en riesgo o se hayan infringido a través de las prácticas de datos de las empresas. Proporcionar políticas de privacidad que estén escritas en un lenguaje claro, amigable para los niños y apropiado para su edad. Respetar y promover los derechos de los niños en el desarrollo, operación, distribución y mercadeo de productos y servicios de EdTech. Proporcionar a los niños y sus cuidadores mecanismos adaptados a los niños para denunciar y buscar reparación por abusos de derechos cuando ocurran.

  • Para empresas de tecnología publicitaria, identificar todos los datos de los niños recibidos a través de las tecnologías de seguimiento que poseen las empresas de tecnología y tomar medidas para eliminarlos rápidamente garantizando que no se procesen, compartan o utilicen. Impedir el uso de las tecnologías de seguimiento de las empresas de tecnología para vigilar a los niños, o a cualquier usuario de estos servicios dirigidos a niños. Desarrollar e implementar procesos efectivos para detectar y prevenir el uso comercial de los datos de los niños recopilados por las tecnologías de seguimiento de estas compañías.

Algunos esfuerzos como el de Common Sense sirven como guía en el tema. Esta organización califica películas, programas de televisión, podcasts, libros y de más contenido para que infantes, familias y comunidades encuentren opciones de entretenimiento y tecnología que han sido sometidas a una revisión. Su trabajo radica en destacar la legislación relacionada con la tecnología, reconocer soluciones que protegen la privacidad del consumidor, impulsar una mejor conectividad para estudiantes y familias y responsabilizar a las empresas de tecnología para garantizar el uso de internet saludable. Además de que cuentan con diferentes programas y apoyan a educadores para empoderar a sus alumnos.

Aunque existen distintas recomendaciones para usuarios y tomadores de decisiones, es importante que se tenga una noción general sobre las tecnologías educativas rigiendo estas herramientas con lineamientos básicos. Que las políticas de privacidad estén a la vista y formen parte esencial de los acuerdos para su utilización, así como ser conscientes de los datos personales y cuidarlos con el propósito de defender su recolección o almacenamiento. ¿Qué medidas consideras necesarias para proteger los derechos digitales?

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El “piloteo” del plan de estudios 2022, pero ¿dónde está el piloto?

Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

«¿Podrá romper o superar esa inercia la titular de la SEP y al final tomará el mando de la Dependencia que dirige?»

Con cierto grado de hermetismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las Secretarías de Educación de los estados de la República Mexicana, viene trabajando en la organización de lo que se ha denominado “piloteo” del Plan de Estudios 2022, mismo que comenzará a operar en la última semana de octubre de este año.

¿Qué diagnóstico se ha aplicado y cuáles serán los resultados que pudieron haber determinado la elección/selección de 30 escuelas, por entidad, por parte de las autoridades educativas federales y locales?, ¿qué escuelas participarán este proceso?, ¿qué tipo de información y/o de formación, sobre dicho plan, estarán recibiendo las maestras, maestros, directivos, padres de familia y, en general, la comunidad escolar?, ¿cuál será la organización académica y administrativa que los planteles escolares seleccionados pondrán en marcha en unos días?, ¿cuáles son los programas analíticos de los grados/fases en los que habrá de implementarse?, ¿cuáles son los contenidos de esos programas analíticos y cuáles las actividades didácticas sugeridas?, ¿cuáles serán los textos que emplearán maestras, maestros y estudiantes de las fases en la que se implementará el “piloteo”?, ¿qué otros materiales y recursos didácticos se habrán de emplear para el desarrollo de las sesiones a partir de noviembre?, ¿de qué manera se realizará la evaluación y, por ende, la emisión de una calificación que “valore” el o los aprendizajes adquiridos?, ¿qué acciones formativas dirigidas hacia el profesorado se estarán desarrollando para el entendimiento y comprensión de eso que se ha hecho llamar “codiseño”?, ¿en qué instrumentos de recolección de información se asentarán las observaciones obtenidas por docentes y directivos?, ¿se tomarán en cuenta las observaciones de los padres de familia en cuanto a la puesta en marcha de dicho “piloteo” en las escuelas?, ¿de qué manera se procesará la información obtenida y qué instancia se encargará de procesarla? En fin, una serie de cuestionamientos que, desde luego, invitan a reflexionar, pero, sobre todo, a demandar que la SEP haga de conocimiento público sus respuestas pues, como se ha dicho hasta el hartazgo, ya no son los tiempos de antes y, por tanto, al ser un tema de interés público, bien haría esta Dependencia en ejercer un amplio sentido de transparencia que a muchos nos interesa.

Y es que, como se recodará, a mediados del mes de agosto de 2022, por fin se dio a conocer en los medios de comunicación y oficiales, el Acuerdo 14/08/22 por el que se establece el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Acuerdo que, después de la serie de versiones que de dicho plan se conocieron por las redes sociales, dio formalidad a la propuesta de la SEP en esta materia.

Si recordamos, el Transitorio Cuarto de este Acuerdo, señaló puntualmente: “Durante el ciclo escolar 2022-2023, en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria de todas las entidades federativas, se realizará un piloteo del Plan de Estudio… así como de los respectivos programas de estudio que, en correlación con dicho Plan sean elaborados por la SEP, con el fin de que se trabajen los contenidos correspondientes a la Fase 2 (solo primer grado de educación preescolar), Fase 3 (solo primer grado de educación primaria) y Fase 6 (solo primer grado de educación secundaria) de acuerdo con la estrategia metodológica que establezca la referida Dependencia en concordancia con las autoridades educativas de los gobiernos de los Estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. El piloteo se realizará en escuelas con servicio general, indígena y comunitario; en zonas urbanas y rurales; en escuelas multigrado y de organización completa, así como secundarias generales, técnicas y telesecundarias; incluye población específica de niñas, niños y adolescentes migrantes o que viven con alguna discapacidad y aptitudes sobresalientes (escuelas con y sin servicios de educación especial). Para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza y de aprendizaje a que refiere el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley General de Educación, durante el piloteo las autoridades educativas de los gobiernos de los Estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México realizarán las acciones que permitan concretar dichos aspectos en los respectivos programas de estudio.

Del contenido de este artículo, el Cuarto Transitorio, en otros textos que he publicado en este y otros espacios, he planteado una serie de preguntas que responden más, a una serie de inquietudes que, desde luego, se complementan con las referidas líneas atrás, sin embargo, no hay que perder de vista que, una cosa es lo que en dicho Acuerdo se observa y otra lo que en realidad acontece en los centros escolares, por ejemplo, las autoridades educativas de la SEP, han señalado que el “piloteo” constará de cuatro elementos: a) formación docente, b) codiseño de programas de estudio a cargo de maestros, c) desarrollo de estrategia nacional, y d) transformación administrativa y de gestión; aspectos que, si bien es cierto que parecen lógicos y fundamentales trabajarlos antes de la implementación de un “piloteo”, también es cierto que en cada entidad y en cada escuela acontecen situaciones diversas que se desprenden, precisamente, de las visiones de las autoridades, de las condiciones presupuestales, de las complejidades escolares, sociales o comunitarias, en fin, de todos aquellos aspectos o elementos que influyen o confluyen en la organización escolar.

Hasta donde tengo conocimiento, debido al constante diálogo que tengo con maestras y maestros de diferentes niveles educativos, puesto porque no existe información publica sobre ello, algunas autoridades educativas, con diagnóstico o sin él, han elegido o seleccionado a las escuelas que participarán en dicho “piloteo”; difícilmente se les ha preguntado o pedido su opinión a maestras, maestros, estudiantes y padres de familia, hecho que refleja el “verticalismo” en las decisiones que emanan desde el centro o, bien, las “simpatías” que cierta autoridad tiene con determinado directivo de algún plantel escolar “seleccionado”. Ahora bien, quienes sí lo han hecho, desde luego considerando algunos criterios para el diseño y aplicación de un diagnóstico, han podido obtener algunos indicadores e información que puede sustentar el que tal o cual institución haya sido seleccionada para este proceso; situación que genera una inercia, un tanto diferente, en virtud de que ésta no se concibe como una imposición sino, más bien, como una decisión compartida en torno a un reto u oportunidad que se les pone en frente. En resumidas cuentas, bien haría la SEP cuidar estos procesos porque, insisto, mientras por un lado se puede señalar que las cosas se están haciendo bien, por otro lado, a ras de piso, las cosas suelen ser diferentes.

Por lo que respecta a la formación docente y el codiseño de programas de estudios (a cargo de los maestros), pienso, es la parte más endeble de este “piloteo” porque, como sabemos, no basta con tener un marco curricular que, para efectos prácticos, aunque es incorrecto decirlo de esta manera, se traduce en un plan de estudios, para que las maestras y maestros en su aula y escuela lo operen; sin embargo, el quehacer docente, como es bien sabido, toma como referente dicho plan para organizar las actividades de aprendizaje, pero hasta el momento poco se ha avanzado al respecto; es decir, se sabe que en algunas entidades de la República se ha comenzado con un proceso de formación/capacitación hacia los profesores de las escuelas que ya pudieran considerarse elegidas o seleccionados para este proceso, no obstante, al carecer de un Plan Nacional de Formación sobre dicho plan y de otros elementos educativos relacionados con éste, se ha recurrido a quienes, desde su experiencia profesional y formativa, que no necesariamente responde a las actividades que se desarrollan en los preescolares, primarias o secundarias, plantean su visión en torno a lo que fundamenta dicho plan de estudios, tema que no es del todo inadecuado, solo que, entre tantas visiones, podría cuestionarse si, como tales, permiten o favorecen la articulación de las ideas en torno a, por ejemplo, los ejes articuladores o campos formativos y la manera en que habrán de aterrizarse en las aulas, desde luego, articulando los contenidos y actividades de aprendizaje.

El tema del codiseño, sea lo que esto signifique para la SEP, parece que le brindará la posibilidad al docente de incorporar “contenidos” cuya relación con los temas que se proponen en el plan de estudios; esto, con el propósito de contextualizar las actividades de aprendizaje que bien se pueden recuperar de los saberes para ser traducidos en conocimientos ligados a la ciencia. Con ello, se piensa, que la maestra o maestro gozará de cierta autonomía curricular, sin embargo, habría que preguntarse si, los docentes, en el transcurso del ciclo escolar, dependiendo del contenido, no hacen uso de aspectos o situaciones que ocurren en la comunidad o localidad en la que se encuentra ubicada su escuela, para tratar los temas o diseñar actividades de aprendizaje. ¿Por qué nombrar codiseño y presentarlo como algo innovador si muchos docentes realizan esta actividad en su ejercicio cotidiano?

Y bueno, ya que estamos hablando de temas relacionados con la autonomía docente, habría que cuestionar si, como tal, se hará efectiva en las escuelas dado el “verticalismo” en las decisiones que es claramente manifiesto en diversas escuelas mexicanas, ¿la trasformación administrativa y de gestión comenzará por las propias autoridades educativas para apoyar y/o brindar todas las condiciones necesarias para la generación de aprendizajes?

¿Resta mucho por conocer? Indudablemente.

Si la propia SEP pretende dar un giro de 180º tal y como se ha dicho en reiteradas ocasiones, bien haría por transparentar un proceso que, como he dicho, es de interés púbico.

Al parecer, la llegada de otra profesora a esta Dependencia no ha movido la inercia que, desde antaño, se ha hecho manifiesta. Me refiero a esa “secrecía” que, algunos asuntos que son de vital importancia para el pueblo de México, se mantengan, desafortunadamente, de esa manera: en secreto o, peor aún, en el conocimiento de unos cuantos.

¿Podrá romper o superar esa inercia la titular de la SEP y al final tomará el mando de la Dependencia que dirige

Al tiempo.

Referencias:

Fuente de la información: https://profelandia.com

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La marcha del absurdo

Carlos Munevar

Por: Carlos Munevar

“¡Qué tal esto! Los simios gobernando”, y luego al ser interpelada por una periodista independiente contesta con altivez “¡que educación puede tener un negro!, refiriéndose a Francia Márquez, gritaba con los ojos desorbitados, ciega de odio, una señora en la plaza de Bolívar durante la marcha uribista del día 26 de septiembre. Según la policía nacional más de 60 mil personas salieron a la calle a protestar contra muchas cosas pero a la vez contra nada, porque esas cosas en el fondo no tienen contenido y lejos de reivindicar necesidades sociales y luchar por derechos, fue una marcha sui generis pues sus motivaciones principales están basadas en mentiras repetidas durante 20 largos años y acumuladas durante siglos de colonialismo cultural que hoy son causa del odio en contra de Petro y de los sectores sociales que lo apoyaron camino a la presidencia.

Obviamente las mentiras se reencauchan y se adaptan a las necesidades del mentiroso, no lleva dos meses Petro en la presidencia y ya la oposición uribista le atribuye la responsabilidad de la profunda crisis económica que atraviesa el país. Pero además de eso se opone férreamente a las medidas económicas, sociales y políticas que se presentan para poder salir del escenario difícil que dejó la nefasta presidencia de Duque, el país está quebrado, la corrupción permea todas las instituciones, el paramilitarismo se rearma, el hambre es una realidad para las dos terceras partes de los colombianos, la canasta familiar esta por las nubes, la crisis institucional es muy grave, es decir todo un caldo de cultivo para que las fake news replicadas por cadenas de whats app y los titulares tendenciosos de periódicos y noticieros de propiedad de empresarios de tendencia uribista, manipulen el inconformismo y el odio de ese gran sector social de origen conservador, analfabeta acostumbrado a la violencia y adulador de las fuerzas militares, que cabe recordar, en Colombia no son pocos.

Salvemos a Colombia, defendamos nuestra democracia, protejamos a nuestras familias, vamos contra la dictadura, el comunismo es muerte, si nos toca armarnos lo hacemos; Son algunas de las consignas que se escuché durante la marcha y es imposible no preguntarse ¿cuál democracia defienden? ¿qué significa democracia para este sector del pueblo colombiano? ¿acaso es una democracia en donde el ciudadano con aires de superioridad se puede armar para matar a ese otro que piensa diferente? ¿de qué nos van a salvar?; luego en el noticiero de la noche en horario prime, la voz de un periodista decía algo así como: “fue una marcha pacífica”, “esta vez no hubo vandalismo”, “ fue un ejemplo”,  “ la marcha tuvo mas de 20 cuadras” , “a la gente la tienen que escuchar” es decir, parecía más una exaltación al acontecimiento, que un informe imparcial de los hechos, así simple, en pleno horario estelar en donde las familias colombianas se sientan a cenar, el noticiero legitimó la masacre de cientos de manifestantes durante el estallido social del 2021, al llamarlos “vándalos”.

Colombia esta polarizada en extremo, es cierto, sin sindicatos, movimientos populares, comités de paro ni organizaciones barriales, la derecha sacó a las calles a miles de personas, sin nada claro en la cabeza, llenos de conceptos errados, con la camándula en una mano y el fusil en sus palabras, fue una marcha “pacífica” porque el gobierno de Petro no les infiltró la movilización, ni utilizó el ESMAD, pero ¿ acaso hay algo pacífico en la amenaza de fortalecer los grupos paramilitares, la amenaza de levantarse en armas, la expresión mas primitiva de odio al diferente ejemplificada  en el racismo, la xenofobia, el odio hacia los pobres, el desprecio hacia los feminismos y la mentira repetida incansablemente?.

Yo si estoy preocupado, el gobierno debe avanzar rápidamente, pero debe tener el apoyo de esos 11 millones de colombianos que queremos el cambio; la movilización, la expresión en redes sociales, la organización popular deben ser banderas irrenunciables, las calles no las podemos ceder al oscurantismo, no podemos seguir subestimando y tratando con desdén y burla  a esos miles de colombianos que creen en el proyecto narcoparamilitar uribista, ellos no son una minoría, son una multitud diversa unida en torno al odio a Petro, la veneración a Uribe, el miedo al cambio y el culto a la violencia, tienen altavoces en el gobierno, en los medios de comunicación. Son las diversas caras del fascismo que se reacomodan y aprovechan cualquier grieta, error o descuido para recuperar el gobierno, la de ayer fue la marcha del absurdo, pero si de algo somos conscientes los colombianos es que en nuestro país cualquier cosa puede pasar por absurda que parezca.

Pedirle resultados a un presidente que ni siquiera se ha acomodado en la silla, defender lo indefendible como lo han sido los nexos de algunos sectores de las fuerzas armadas con  el paramilitarismo y el narcotráfico, arengar a favor de la familia pero hacerse el de la vista gorda con el hambre y la pobreza, defender la democracia pero exaltar la homofobia, el racismo, la xenofobia o no reconocer el triunfo de Petro en las elecciones son expresiones que denotan que las mentiras repetidas y toleradas se vuelven paradigmas contra los que se debe oponer la fuerza de la razón sin darle tregua alguna.

Fuente: El autor escribe para el Portal Otras Voces en Educación

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