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Un país en el que los expertos no tienen voz

Por: Adolfo Garcé

En Uruguay la voz del experto no suele escucharse ni fuerte ni clara. Esto no es Chile, México, Francia o Alemania. En nuestra democracia, una de las pocas de la región realmente digna de este nombre, el poder político de los especialistas está restringido en esencia al espacio que, si y solamente si estiman que les conviene, les conceden los líderes de los partidos. Sin embargo, de tanto en tanto, los expertos irrumpen en el debate público y generan hechos políticos de relevancia. Menos frecuente aun es que los expertos, sin que esto suponga necesariamente abandonar sus lealtades partidarias, se atrevan a traspasar los límites de sus partidos para elaborar e impulsar una agenda compartida. Menos habitual es, todavía, que esta convergencia se concrete en una construcción institucional. Por eso los invito a la sorpresa. Los tres fenómenos están ocurriendo a la vez. Expertos en educación de distintos partidos están convergiendo con el objetivo de marcar la agenda de cambios futuros construyendo, desde ahora, una institución específica. Vale la pena señalar la excepción y observarla más de cerca. No pasa todos los días.

Pero está pasando hoy. Hoy mismo, bajo la consigna «Cambio educativo y educación para el cambio», se presenta en sociedad Eduy21, una fundación que procura aportar al debate público y proponer una hoja de ruta para la tan postergada transformación del sistema educativo uruguayo. Según informó OTV, «los impulsores de la iniciativa son el exsubsecretario de Educación Fernando Filgueira, el exdirector de Educación Juan Pedro Mir, el magíster en Educación Renato Opertti y el socio de CPA Ferrere, Bruno Gili. La iniciativa cuenta también con la participación de Diego Balestra, Fernando Lorenzo, Javier de Haedo y Richard Read, entre otros». Como puede verse al repasar los nombres implicados, quienes lideran la iniciativa tuvieron el tino de no limitar la convocatoria a especialistas en el campo educativo. Por el contrario, han logrado el apoyo de figuras de prestigio en otras actividades, desde el mundo empresarial al sindical. Dada la cultura política nacional (los expertos son culpables hasta que demuestren lo contrario) esta decisión es muy importante: es más probable que tenga más impacto público una iniciativa convocada en clave «ciudadana» que una reducida al mundo de los especialistas en la temática.

Es cierto que no todo está mal en la educación pública uruguaya. Pero no se puede negar que hay problemas de enorme gravedad. En particular, la tasa de graduación en enseñanza secundaria (menos del 40%) es una hipoteca tremenda que conspira contra la democracia, la integración social y el desarrollo económico. No hay democracia sin ciudadanos ilustrados. No habrá paz social entre nosotros, ni una convivencia disfrutable, que valga la pena, sin más y mejor educación. No lograremos progresar de modo sostenible en la senda del desarrollo económico sin trabajadores calificados. En este contexto, la nueva institución tiene una tarea difícil y muy importante. Es posible que no sea tan necesario hacer sonar la alarma. De hecho, los problemas están bien diagnosticados y la urgencia de atenderlos es pública y notoria (aunque las autoridades del Ministerio de Educación todavía se esfuercen en argumentar lo contrario). En verdad, la mayoría de los uruguayos hace muchos años que repetimos, con José Mujica, «educación, educación y más educación».

El principal desafío de Eduy21 es formular del modo más concreto posible lo que ellos llaman «la hoja de ruta» de los cambios. En este sentido, el aporte de los expertos es realmente decisivo. Ninguna política pública puede cambiar si no se formula con tiempo suficiente y con mucha claridad una alternativa. El ejemplo de la llamada «reforma de Rama», hace veinte años, ofrece desde este punto de vista, una lección elocuente. Germán Rama pudo liderar la última reforma ambiciosa de la educación pública uruguaya porque, antes, durante el primer quinquenio de la década de 1990, desde la oficina de Cepal en Montevideo, generó información, construyó diagnósticos y elaboró propuestas de cambio concretas. Desde luego, no hubiera podido impulsar la agenda de innovaciones, más tarde, sin una poderosa coalición política. El papel del presidente Julio María Sanguinetti (del Partido Colorado) y de Alberto Volonté (al frente del Directorio del Partido Nacional) fue decisivo en este sentido.

Esta referencia nos conduce directamente al otro aspecto fundamental de la iniciativa que se está poniendo en marcha. Para que no conduzca a una nueva frustración tendrá que dialogar con todos los partidos. No hay forma de saber de antemano a qué elenco político le tocará gobernar después de la elección nacional de 2019. No puede descartarse que el Frente Amplio retenga el poder. Pero es perfectamente posible, bajo ciertas condiciones, que la oposición fuerza la alternancia. Por tanto, para maximizar su impacto, Eduy21 tendrá que poder dialogar con ambos bloques. Volviendo al antecedente de 1996: aunque el Frente Amplio se opuso, las propuestas lideradas por Germán Rama, gracias a su solidez en el plano técnico, lograron el apoyo de actores importantes de la izquierda tanto en la cúpula política como en los gremios docentes. Para que, de una buena vez, se puedan concretar cambios será necesario, otra vez, asegurar apoyos en los dos bloques que polarizan el sistema de partidos uruguayo. Fernando Filgueira lo sabe muy bien.

Fuente: http://www.elobservador.com.uy/un-pais-el-que-los-expertos-no-tienen-voz-n985592

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¿A dónde va la Educación Pública?

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Parece ser que a la pregunta: “¿A dónde va nuestra Educación Pública?”, se podría contestar fácilmente. Quizá bastaría con entrevistar al Secretario de Educación Pública o a los Subsecretarios del ramo para que nos den su versión al respecto, desde su visión de la alta burocracia del Gobierno Federal; o tal vez sea suficiente con leer algunos documentos como el Programa Nacional de Educación, la Constitución Política Mexicana, así como las leyes secundarias, como la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; o bien, los papeles gubernamentales sobre la planificación institucional, que han dado a conocer la misma SEP y los gobiernos estatales.

¿Qué dicen los expertos y estudiosos de las Reformas Educativas del siglo XXI a niveles nacionales e internacionales? ¿Cómo se han interpretado los recientes acontecimientos y procesos sociales en materia de políticas públicas educativas, en los ámbitos local y global?

Leo y releo el libro de Michael W. Apple: Educar “como Dios manda”. Mercados, niveles, religión y desigualdad; (traducción al castellano por Paidós, en 2002, del original: Educating the “Right” Way), en el que el educador norteamericano señala lo siguiente:

“Las escuelas estadounidenses, y en general las de todo el mundo, están experimentando un espectacular giro hacia la derecha…”.  A través de su texto, Apple “examina minuciosamente los planes de esta conspiración y nos muestra la amenaza que plantean las reformas derechistas a la democracia en la enseñanza pública. Desde los exámenes obligatorios hasta el control del currículo a escala nacional… (el autor) ofrece un penetrante análisis de algunas de las cuestiones más importantes a las que se enfrenta la educación de hoy…” (Contraportada)

A lo largo del libro, Michael Apple aborda la agenda de la modernización conservadora que se ha intentado aplicar a la educación pública en los Estados Unidos y en otras naciones. Analiza el debate sobre la concepción de libertad que hay detrás de ello; las acciones orientadas a “mercantilizar” el mundo; acerca de cómo la derecha política ha pretendido restablecer el “orden cultural”; sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado; la Economía y la Religión; el “Gerencialismo”; así como las consecuencias escolares que ha generado el proyecto de la modernización conservadora, puesto en operación a través de las Reformas Educativas. También disecciona al llamado “populismo autoritario en educación” (“la enseñanza que quiere Dios”); al neoliberalismo metido en la escuela, las elecciones y la democracia; examina al neoconservadurismo y a la nueva clase media directiva y profesional (aquella que acepta la lógica de que debe haber más exámenes y con más frecuencia).

Michael Apple es profesor de Currículo y Enseñanza, y de Estudios de Políticas Educativas en la Universidad de Wisconsin-Madison. Es autor de libros como El Conocimiento Oficial (Paidós); Educación y Poder; Maestros y Textos; y Escuelas Democráticas, entre otros. Cabe mencionar que su libro Ideología y Currículum ha sido elegido entre las veinte mejores obras del siglo XX en temas de educación.

Todo esto viene a cuento, porque esta semana estará en Querétaro uno de los colegas y colaboradores directos de Michael Apple. Me refiero al profesor canadiense Paul Orlowski, docente e investigador de la Universidad de Saskatchewan, en el Centro para el estudio del Currículo e Instrucción, de la Facultad de Educación en dicha universidad. Orlowski ha publicado recientemente un libro denominado Teaching about Hegemony, (Editorial Springer);Enseñanza en torno a la Hegemonía”, donde aborda nociones como racismo, clases sociales y democracia en el siglo XXI, mediante un análisis y una sintonía conceptual semejantes a la Pedagogía Crítica cultivada por Michael Apple.

Orlowski es doctor en Educación, por la Universidad de Columbia Británica. Sus temas de interés académico están relacionados con el racismo, el neoliberalismo y la Ecopedagogía; la Pedagogía Crítica y la Democracia. Su trabajo académico también abarca conceptos como justicia social y políticas educativas públicas. Debido a sus cualidades literarias y académicas, su obra ha sido ampliamente difundida en Estados Unidos y Canadá.

La conferencia magistral del Dr. Paul Orlowski sobre “Modelos de Liderazgo Educativo desde la organización social en contextos neoliberales”, se llevará a cabo el viernes 21 de octubre, a las 12:30 Hrs., en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía, de la Universidad Autónoma de Querétaro. Centro Histórico de Querétaro. Es un evento dirigido a docentes, directivos, asesores, especialistas, investigadores en Educación y público en general.  Ojalá que puedan participar.

Fuente: http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/10/18/a-donde-va-la-educacion-publica

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Pensamiento e intuición universitaria

Por: Saúl Rolando Cortez Chifundo

El análisis de la realidad educativa a nivel superior desde los cursos de Postgrado y Maestría en Docencia Superior, llevados desde la pedagogía seria, con la experticia docente de amplio bagaje bibliográfico, investigativo, académico y motivador, cuyas sesiones son fundamentadas en el debate sobre la base del pensamiento crítico, otorga sustancialidad y esperanza a la idea de transformar el claustro universitario en laboratorio de análisis. Al menos, en el CRU de Colón se dan pasos en esa dirección.

La docencia, investigación, extensión, regionalización, financiamiento, privatización y mercantilización, internacionalización universitaria, entre otros, encienden a la sazón el debate aulístico. Desde las distintas posiciones críticas, la lúgubre panorámica educativa panameña advierte que la burguesía gobernante da seguimiento a un proyecto intencional de desdeño a la educación panameña, pues el conocimiento es poder y un pueblo ilustrado, atenta contra su status quo. Sin embargo, es prudente entender que el erario constituye el dinero de todos sus contribuyentes; es decir, el pueblo. Por tanto, toda administración de las universidades estatales que se preste al juego y rejuego de las clases gobernantes (burguesía empresarial), traiciona y atenta contra los intereses de las mayorías, abonando a la senilidad del sistema educativo panameño en todos sus niveles.

La Universidad Latinoamérica de hoy, tiene su germen a partir del histórico movimiento de Reforma Universitaria, dado en Córdoba, Argentina, en 1918, donde se produjo un divorcio entre la Universidad escolástica y el progreso del nuevo conocimiento (ilustrado), obtenido mediante la investigación. Aunque tuvo pasajes cruentos, abortó significativas reformas para la democratización universitaria en Latinoamérica. No podemos olvidar que el movimiento universitario reformista de Córdoba fue reaccionario y contestatario a los intereses de las clases dominantes de la sociedad, quienes ostentaban el poder político y económico; y por tanto, la propia Universidad.

Si desde la Reforma Universitaria de Córdoba (1918) hubo quienes ofrendaron sus vidas por una verdadera transformación socioeconómica y política universitaria en Latinoamérica, aquellos que atentan contra su buena marcha, mirándola como un botín político y económico, merecen el reconocimiento social por alta traición, al prestar su vana intelectualidad al genocidio popular intelectual. La única tarea enriquecedora a la que deben aspirar los inmiscuidos en el accionar universitario, es el enriquecimiento intelectual del pueblo. Muchos especialistas han tratado desde distintas perspectivas este acontecimiento, pero todos han dejado más que claro que el Grito de Córdoba es un ciclo que aún no llega a su fin y menos en Latinoamérica y el Caribe.

En suma, las universidades estatales panameñas constituyen nuestro patrimonio social-intelectual de antonomasia. Pero, se intuye que el poder político y económico gobernante amordaza sutilmente la universidad y la inteligencia del pueblo, a pesar de su autonomía, a través, de su financiamiento. Rescatar y renovar la educación superior del ostracismo burgués deliberado y esmerado en mantener la divorcialidad entre el pueblo, la inteligencia y la Universidad, debe acaparar a todas las universidades estatales, sin reparo alguno. El proyecto renovador de la Universidad de Panamá debe ser de ‘Extensión ‘ a las otras estatales.

Fuente: http://laestrella.com.pa/opinion/columnistas/pensamiento-intuicion-universitaria/23965674

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¿Regulación del mercado o construcción de un sistema público? El debate pendiente en educación

Por: Miguel Caro

Recuperar la educación como un derecho social universal, asumiendo además que esta constituye un factor fundamental para el desarrollo del país, pasa por dejar atrás la concepción de mercado que la caracteriza y por entenderla definitivamente como una actividad de carácter esencialmente pública. Precisamente, la operación más profunda que realizó en Chile el ideario neoliberal en educación, consistió en provocar su derrumbe como espacio de realización de lo público. Esto fue posible no solo por los cambios en la propiedad y dependencia de las instituciones educativas o en sus formas de financiamiento, sino –fundamentalmente– por la ruptura de la noción de sistema que caracterizó históricamente a la educación chilena y por la total mercantilización de su sentido y sus fines. Ello, al alero de lógicas tecnocráticas, gerenciales y autoritarias de gestión.

Efectivamente, la segmentación privatizadora, por su efecto fragmentador, imposibilitó el ejercicio colectivo de la soberanía respecto del rol de la educación en nuestra sociedad y permitió la instalación de una racionalidad de mercado como dispositivo de orientación.

Así, se dio paso a una de las reformas más relevantes generadas en dictadura y profundizada en democracia, la de convertir a toda la estructura educacional en un no sistema, dejando su direccionalidad y regulación en manos de un enorme número de instituciones prestadoras de servicios que, además de atender nichos socioeconómicamente segregados de población y obtener lucro de aquello, posibilitaron la provisión de proyectos educativos conforme a sus propios intereses y visiones, desplazando completamente el interés general de la sociedad o el de las comunidades involucradas. Precisamente, cuando el horizonte de la educación deja de estar conectado con las necesidades del proyecto país y de los sujetos que lo conforman, para radicarse en intereses individuales –desde entidades totalmente desarticuladas–, desaparece el rasgo esencial de lo público.

La mercantilización del sentido entonces –y no solo de la propiedad o del financiamiento– afectó a todos los niveles de la educación, desalojando lo común; vale decir, aquello que produce resguardo frente al surgimiento de propósitos que, en la búsqueda del beneficio individual, afectan o instrumentalizan lo colectivo.

En el caso de las escuelas, esto derivó en una noción de éxito educativo basado en el concepto de “eficacia escolar”, orientado a la competencia y al rendimiento estandarizado, limitando la pertinencia cultural de la educación y la formación integral de los sujetos; promoviendo, de ese modo, habilidades funcionales, conectadas prioritariamente con requerimientos sociolaborales y propiciadas por “pedagogías” del entrenamiento, presentadas a veces con el ropaje del activismo, de la “disciplina con afecto” o de la diversidad metodológica sin contexto.

En el caso de la educación superior, se produjo la subordinación del saber a variables económico-empresariales, generándose –entre otros efectos– el irracional desequilibrio entre la oferta académica y la estructura ocupacional, con lo que se abrieron espejismos de movilidad social y una alta depreciación de las áreas no “utilitarias” del conocimiento. Al mismo tiempo, proliferaron proyectos educativos altamente precarios, con universidades exclusivamente docentes y que en todos estos años han incurrido en una larga lista de arbitrariedades y transgresión sistemática de derechos.

Se reforzó, además, la lógica gerencial con la introducción de mecanismos competitivos de financiamiento y con un modelo de acreditación centrado en el cumplimiento de indicadores carentes de contenido, antes que en la búsqueda del conocimiento o de una relación entre este y las necesidades reales de la sociedad. De hecho, las propias universidades del Estado se han visto forzadas a actuar en dicho marco, con lo que han terminado funcionado en muchos aspectos como instituciones completamente mercantilizadas.

El problema está en que las iniciativas legales en educación escolar y superior –más allá de la retórica declarativa– mantienen estos dos rasgos esenciales del modelo, el de la segmentación del sector y el de la mercantilización de su sentido.

En primer lugar, hacen una asociación entre instituciones estatales y educación pública como si fueran sinónimos, sin ofrecer una definición sobre este último concepto y sin establecer orientaciones respecto de qué implica cumplir con este principio básico, más allá de los consabidos criterios tecnocráticos de gestión. Esto ocurre mientras,  al mismo tiempo, entregan a las instituciones privadas cuantiosos recursos públicos. En los hechos, los Proyectos ratifican la expresión minoritaria del componente estatal y otorgan sostenimiento financiero a entidades particulares, independientemente del carácter de sus proyectos educativos, bajo el argumento parcial de la inclusión y de la concurrencia de un listado acotado de requisitos de “calidad” centrados en indicadores formales. Más aún, en el caso de las instituciones estatales, se introduce un fuerte aumento del control burocrático de sus procesos y la injerencia directa del gobierno de turno en sus decisiones (Universidades Estatales), sin generar una efectiva democratización.

En este esquema, las escuelas particulares subvencionadas y particulares pagadas, así como las instituciones de educación superior privadas (las del G-9 tratadas de igual modo) seguirán siendo la mayoría del “sistema” (65% y 85%, respectivamente) y seguirán “educando” conforme a sus particulares intereses y visiones, promoviendo la estandarización, la competencia y respondiendo adaptativamente a las demandas del mercado. Todo esto –en la mayoría de los casos– con recursos públicos y legitimado por el check list de los nuevos criterios de regulación y acreditación, publicitados como más “exigentes”.

Con todo, más que reformas estructurales, se está haciendo política educativa sobre la base de lo que ya hay, levantando un número reducido de exigencias, solo para condicionar la entrega de recursos. Efectivamente, no se cambia el modelo modificando exclusivamente la dependencia administrativa o con el simple aumento de la matrícula estatal o, incluso, mejorando los criterios de financiamiento, si al mismo tiempo se mantiene la segmentación privatizada, la competencia entre instituciones y la ausencia de fines públicos. En ese marco, la gratuidad, por ejemplo, podría ser concedida universalmente y no cambiar el modelo actual, por lo que dicha demanda, si bien es relevante y urgente, no debiera constituir por sí sola la centralidad de la propuesta.

Transformar el modelo implica, en primer lugar, construir un sistema propiamente tal, que opere, por tanto, como una estructura debidamente articulada, que se rija por normas y fines comunes, que se conecte con los requerimientos de desarrollo del país y que considere la diversidad de necesidades educativas de las comunidades. Dicho sistema, para funcionar como garantía de derechos fundamentales en el largo plazo, debe ser dependiente del Estado y financiado íntegramente por este en todas sus funciones, conforme a criterios basales y garantizando su autonomía respecto de los gobiernos de turno, así como el acceso gratuito de sus estudiantes y la participación democrático-deliberativa de sus estamentos.

Al interior de este gran sistema público, el Estado debiera reservar bajo su propiedad una cobertura de carácter mayoritario y garantizar que todas las instituciones que reciban fondos públicos (sean o no estatales) formen parte de dicha institucionalidad. Desde allí, la educación pública en su conjunto debiera garantizar su diversificación y la expansión de su cobertura en todas las realidades territoriales del país, en todas las áreas del conocimiento necesarias, en todos los niveles de enseñanza y estar disponible para toda la población que opte por este sistema. Esto, sin perjuicio de que pueda existir educación privada, la que no debiera recibir recursos del Estado y, a su vez, estar regida por un marco regulatorio específico.

Desde el punto de vista de los fundamentos, lo público supone definir una relación activa con la promoción de valores e intereses públicos y democráticos, derivados tanto de las decisiones de la comunidad política (en los niveles nacional y local), como de la reflexión interna de sus actores. Un sistema de esta índole, sin perjuicio de estar alineado estratégicamente con el interés de la sociedad en su conjunto (mediante mecanismos participativos), requiere del rasgo de lo plural por sobre el de la pertenencia a una perspectiva doctrinaria y/o religiosa en particular. Sin perjuicio de ello, debe poner el acento en las necesidades reales de formación, en la capacidad de reflexión crítica, en la promoción de una ciudadanía activa y en la producción más amplia de conocimiento.

De igual  modo, la educación pública debe ser efectivamente inclusiva (más allá de las capacidades, vocaciones e intereses), sin discriminación de ninguna índole (etnia, clase, género, etc.)  y propiciar una formación amplia y rigurosa, a la vez que integral y culturalmente pertinente. Urge superar, en ese sentido, la noción mercantil de “calidad” y dejar atrás la estandarización curricular-evaluativa, el gerencialismo de circuito productivo y el mercado como finalidad.

Así concebido, lo público no puede ser entonces un atributo autoconferido por parte de instituciones aisladas, ni responder a una simple declaración de “vocación” pública, precisamente porque tal condición requiere de la adscripción a un sistema y a las definiciones que lo fundamentan.

Difícilmente se podrá resolver la crisis de la educación si las iniciativas legales insisten en tomar el camino de la regulación (parcial) del mercado y no la de construir un sistema público propiamente tal (más allá de lo estatal); un sistema que trascienda al estrecho interés de actores particulares o corporativos, poniéndose al servicio de la comunidad y de la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, que avance decididamente en la dirección de romper con las ataduras de la mercantilización de nuestras vidas.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/09/22/regulacion-del-mercado-o-construccion-de-un-sistema-publico-el-debate-pendiente-en-educacion/

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Should you vote for Opportunity School District? Depends on how much you trust state’s charter school record.

By Maureen Downey

In this new essay from his blog, Apperson discusses reasons to vote for and against Amendment 1, the Opportunity School District.

Apperson graduated from New York University with a B.S. in finance and accounting and is pursuing a Ph.D. in economics from Georgia State University. I think both opponents and proponents of the Opportunity School District will consider this a fair analysis. Please note I could not reproduce the cool interactive charts Apperson created so I have repeated the link to his blog whenever he cites the charts. Go to Grading Atlanta to check out his charts.

In alerting me to his analysis, Apperson said, “I’m sure you are probably suffering from OSD fatigue at this point.”

While I’ve been hearing about the OSD from advocates and opponents on the front lines, I haven’t heard many “regular” Georgians raise the issue until this weekend when a half-dozen people asked me about it. I believe the blitz of pro and con TV commercials has increased awareness.  I even saw several yard signs around metro Atlanta.

With that, here is Apperson’s commentary:

By Jarod Apperson

Depending on which ad you’ve seen, Gov. Nathan Deal’s Opportunity School District is either a white knight coming to save public education or a headless horseman coming to pillage the state’s most vulnerable communities.

Such simplistic appeals are inevitable when the general population is asked to vote on an issue that is complicated and requires a great deal of background knowledge to engage with substantively.

As someone with expertise in this area, I feel comfortable saying that frankly we don’t know how this endeavor might turn out if it is approved. There is a real possibility the OSD will improve education, there is a real possibility it will have little impact, and there is a real possibility it will do harm.  An informed vote for or against the OSD depends on which of those possibilities you think is most likely and the extent to which you believe the state should take a risk.  Below I give my take on several key questions and lay out the best available evidence.  I will leave it to readers to weigh the evidence, which points in different directions, and reach their own conclusions about the OSD’s prospects.

What will the OSD do?

The gist: Turn over the management of selected schools from the local school district’s central office to a charter operator selected by an appointee of the Governor.

The detail: Voters will approve or deny the OSD by voting on Amendment 1, appearing on ballots statewide with the following language:

Provides greater flexibility and state accountability to fix failing schools through increasing community involvement. Shall the Constitution of Georgia be amended to allow the state to intervene in chronically failing public schools in order to improve student performance?

Anyone with knowledge of the OSD will recognize this statement fails to paint a clear picture of what the initiative hopes to do.  Based on this description, one could be forgiven for believing Amendment 1 hoped to raise student achievement by encouraging more community bake sales.  That’s not the plan.  But the overly genial language alone doesn’t mean it is a bad idea.

The authorizing legislation spells out more clearly the tools the state will have at its disposal when intervening in schools. They include managing the school directly, stipulating changes the local school district must make, shutting the school down, and selecting a charter organization to operate the school.  It is clear the governor’s preferred course is to select charter organizations to operate the schools, a model used in Louisiana and Tennessee, states that inspired the proposal.

Now that we are clear on what the OSD hopes to do, the most pressing question comes down to whether OSD-eligible schools will be better off or worse off managed by charter organizations. I’ll come back to that discussion in a moment, but first I want to talk a bit about the identification of OSD-eligible schools.

Does the OSD do a good job of identifying low-quality schools?

The gist: Sort of, but it more consistently picks up high-poverty schools than low-quality schools.

The detail: Each year, the state puts out a score it calls College and Career Ready Performance Index (“CCRPI”), which is mostly based on crunching standardized test scores different ways.  This metric forms the basis for schools being selected for the OSD. Any school that scores below a 60 for three years in a row becomes eligible.  One reasonable critique of CCRPI is it doesn’t do a very good job of comparing schools to their peers — other Georgia schools that serve similar students.

Instead, it systematically ranks schools with poor students low and schools with relatively rich students high.  In reality, there are low-quality and high-quality schools at all income levels. (See Apperson’s interactive chart here that presents a better measure of school quality and poverty for all schools in the state.  Highlighted schools are schools that rank in the bottom 6% (the share of Georgia schools that are OSD-eligible) of student growth relative to peer schools.

It is clear the variation in quality at the high-income end is just as wide as the variation at the low-income end. Because the OSD relies on CCRPI rather than the school quality measure presented above, schools deemed eligible tend to systematically be poor schools, rather than schools that have achieved the lowest academic gains relative to their peers. I have created the same chart of quality and poverty, but highlighted the OSD-eligible schools rather than the schools in the bottom 6%.

There is no school without at least 35% of students in poverty that qualifies for the OSD. In contrast, one out of every three schools with more than 60% of students in poverty is on the OSD list. So having a sizable share of poor students is essentially a prerequisite for being selected.  Still, the schools chosen do tend to be below average quality. They may not be the worst schools in the state (and some even have high growth!), but they average around the 28th percentile.

This discussion so far about school quality – as measured by both the CCRPI and my own approach – relies on test scores.  But we ultimately care about whether schools prepare students for successful lives, not whether they can score well on a bubble test at the end of third grade. That brings me to the next question.

Are standardized test scores good metrics for measuring school quality?

The gist: Generally yes, but not always.

The detail: Over the past five years, the relationship between test score gains and long run outcomes has been a topic of great academic interest.  The most compelling evidence suggests teachers and schools that are able to achieve high growth on test scores cause their students to succeed later in life. However, it is also possible for schools to raise test scores using means that do not impart the skills necessary for later success.

There have been three major papers presenting high-quality evidence that schools and/or teachers who are able to raise test scores ultimately cause their students to have better long run outcomes.  Chetty et al. (2014) shows that high-growth New York City teachers reduce teen childbearing, increase college going, and increase earnings at age 28. Dobbie &Fryer (2016) shows that a high-scoring Harlem school reduces teen pregnancy and incarceration rates. Argrist et al. (2016) finds that Boston charters able to raise test scores also increase four-year college going.

A fourth study finds more mixed evidence.  Dobbie &Fryer (2016) analyze Texas charter schools.  They find schools that negatively affect test scores also negatively affect four-year college enrollment and earnings (consistent with findings from the studies above). However, in contrast to the other evidence, schools that are able to raise test scores do not improve long-run outcomes.  One possible explanation the authors provide is that the high-scoring schools in the study may have focused too narrowly on tested skills, taking time away from the development of non-tested skills important for long-run success.

Collectively, these papers suggest test scores are a good proxy for whether schools and teachers are imparting the skills students will need to succeed; however, they also suggest it is possible for schools to achieve high scores without developing those skills.

If test scores are a meaningful measure of skill development and OSD-eligible schools do not now succeed at raising test scores (recall that they on average rank at the 28th percentile in quality), the logical next question is should we expect the schools to do any better if they were taken over by the OSD. Since the governor’s preferred intervention is to select charter operators, the answer hinges on the quality of those operators.

What is the evidence on how charter schools currently operating in Georgia affect standardized test scores?

The gist: Local charters are slightly above average, state charters are significantly below average, and within both groups there is a great deal of variation from school to school.

The detail: Georgia now has about 60 start-up charter schools that operate in grades tested annually (grades 3-8 take Milestones End of Grade Tests).  Before they opened, those schools were reviewed and approved by either the local school board (“Local Charters”) or the State Charter School Commission (“State Charters”).

On average, the charter schools now operating in Georgia are lower quality than traditional public schools. Much like traditional schools, the quality varies a great deal.  Some of the best schools in the state are charters.  Some of the worst schools in the state are charters. Go here to see the same chart of school quality and poverty we looked at before, but now local and state charters are highlighted.

If the OSD could ensure the charter operators it partnered with would achieve results similar to the four KIPP schools (all are 98 or above on the quality measure, compared to 28 for the OSD schools), voting for the amendment would be a no brainer.  But that is probably optimistic to say the least. Most charter applicants don’t come with a proven track record, making it tough for authorizers to ensure quality at the time charters are approved.

If instead, the OSD were to partner with schools similar to the average state-approved charter, schools taken over would likely end up achieving at even lower levels than they are today (State charters’ average quality is 12, even lower than the 28 for OSD schools).  For me, this uncertainty about quality is what causes the most skepticism of Amendment 1’s prospects.

Will the OSD charter operators be like the shining examples of what is possible (KIPP) or will they be subpar (like the average state charter)?

There are some reasons to believe the OSD charter partners will be more successful than state-approved charter schools. First, the funding will be higher. State approved charters are funded at a rate lower than most nearby traditional public schools, and they have to spend part of their funding on facilities. The OSD will fund schools like locally approved charters and give them facilities. Second, the OSD will be tasked with seeking out high-quality charter operators. Depending on how savvy the OSD leader is, he or she may find partners with proven track records elsewhere in the country.

On the other hand, there are reasons to believe the OSD charter partners will be of similar quality to the state-approved charter schools (i.e. worse than the OSD schools themselves). First, there is a limited pool of people capable of starting a high-quality charter.

If anything can be learned from the gap between the results from locally approved charters and state charters, it is probably that good charters tend to get approved locally. It takes an incredible amount of time and dedication to run a successful charter school.

My sense is the size of the high-quality charter school community is more constrained by the number of leaders capable of developing and implementing a strong plan than it is by local districts unfairly rejecting great proposals. If that’s indeed the case, the OSD will likely struggle to find great operators. Those out there are already opening local charter schools.  Second, it appears the OSD may be biting off more than it can chew.

The proposal would allow the OSD to take over up to 20 schools a year (the agency could elect to take over fewer schools). The scope of that potential undertaking is striking given there are only about 20 good charter schools in the whole state today and it took almost two decades to get here. The notion the OSD could open 20 schools of good quality in a single year seems tenuous. I would feel more comfortable if the plan was two per year, rather than 20.

At the end of the day, I think the governor has good intentions and wants to see the OSD-eligible schools improve for the kids who attend them. I don’t buy the narrative he is looking to exploit children to profit his friends (though I do think there are organizations out there who would like to profit from the initiative). I also believe there is plenty of room for improvement at OSD schools.

But I am less confident the OSD will partner with charter organizations capable of delivering that improvement.

If Georgia had a history of holding its charter schools to a high standard, I would feel more comfortable supporting Amendment 1. But with the mixed reality that exists today, supporting the amendment would require me to trust Georgia will raise the charter quality bar in the future, partnering with high-quality organizations.

If that is a risk you are willing to take, vote yes.

If instead you believe the state needs to demonstrate more consistent results from the charters already operating before taking on a new initiative, vote no.

This measure of school quality is the three-year average Student Growth Percentile, with controls for observable characteristics of the students at the school. School performance on this measure is then used to rank schools by percentile. Percentile ranks are helpful for intuitively discussing one school relative to others; however, they may overstate differences around the center of the distribution. Schools between the 40th and th 60th percentile in the state probably differ from each other in less dramatic ways than schools between the 80th and 100th percentile.  If you want to see more about how this is calculated, you can access the data and the STATA code here.

Tomado de: http://getschooled.blog.myajc.com/2016/10/16/should-you-vote-for-opportunity-school-district-depends-on-how-much-you-trust-states-charter-school-record/

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Latinos y chicanos rechazan a Colón rescatando sus raíces indígenas

En años recientes ha habido una creciente atención por la celebración de los pueblos indígenas, Vermont y la ciudad de Phoenix se han unido a la iniciativa de otros lugares para celebrar la diversidad de culturas que reinaba en el continente antes de la llegada de Cristóbal Colón.

«El liderazgo de la comunidad latina tiene una oportunidad única de descolonizarse con la celebración del día de los pueblos indígenas», escribe Adriana Maestas.

El día del descubrimiento o de Colón se celebra el segundo lunes de octubre cada año en Estados Unidos. Fue nombrado efeméride federal en 1937, por tanto una gran cantidad de oficinas gubernamentales no trabajan este día. Sin embargo, la conmemoración de feriados varía de un estado a otro y entre regiones, de hecho un par de estados no reconocen este feriado. Algunos estados y municipios han decidido conmemorar el segundo lunes de octubre como el día de los pueblos indígenas, con el fin de honrar a quienes habitaban el continente previo a la llegada de los europeos.

En años recientes ha habido una creciente atención por la celebración de los pueblos indígenas, Vermont y la ciudad de Phoenix se han unido a la iniciativa de otros lugares para celebrar la diversidad de culturas que reinaba en el continente antes de la llegada de Cristóbal Colón.

Los chicanos políticamente conscientes de ser mexicano-estadounidenses y los latinos que han sido instrumentales en el avance del reconocimiento de este día, en solidaridad con sus hermanos y hermanas nativos americanos, el cual cobra gran importancia cuando el gobierno pretende «hispanizar» a una comunidad de gran herencia nativa americana, a través de iniciativas como el mes de la herencia hispana.

El gobierno de la ciudad de Denver en Colorado nunca reconoció oficialmente la celebración, pero este año la ciudad propuso un reconocimiento permanente del día de los pueblos indígenas. Sin embargo, el estado de Colorado designa el día del descubrimiento como feriado oficial. Pude conversar con Paul López, un chicano concejal de Denver quien representa a 3 distritos. López nos habló acerca del día de los pueblos indígenas en el contexto del liderazgo chicano y latino.

«Denver no tiene el día del descubrimiento en sus libros. He trabajado con la comisión indoamericana de Denver sobre este asunto. Los chicanos y los mexicanos de Denver consideran que este es un tema importante, pues tiene que ver con nuestra identidad. Solo porque tengamos apellidos españoles o porque hablamos otro idioma no nos hace menos indígenas. Existe un honor inherente y un respeto por nuestras raíces. La historia indígena de Denver comienza con los Arapahoes y los Cheyenes en el río Platte”, afirmó López.

Asimismo, añadió que no ha recibido ningún pushback por su trabajo en el día de los pueblos indígenas y que la celebración de la herencia indígena no ofende a otros pueblos. En Los Angeles, Felicia “Fe” Montes, una artista y activista chicana, cofundadora del colectivo artístico «Mujeres de maíz», estuvo el pasado sábado en una celebración de los pueblos indígenas.

«Los chicanos y de la raza o aquellos de lo que conocemos como isla Tortuga (norte, sur y centroamérica), para nosotros es vital reconectarnos, reaprender y honrar nuestra herencia indígena, para que estemos más en sintonía con la madre Tierra y los elementos. En estos momentos, cuando el agua está en peligro, el cambio climático es inminente y los pueblos indígenas de todo el mundo están luchando por sus derechos humanos y sus sagradas tierras, debemos ser solidarios con ellos. Es momento de convertirnos en protectores de la tierra y de hacer un llamado a la verdad en todos los ámbitos», aseveró Montes.

«No queremos más la visión distorsionada de la Misión de California, no mas día del descubrimiento, no más mes de la hispanidad, en vez un mes de las Américas. Deberíamos honrar a los pueblos indígenas cada día, y la diversidad de la historia de todos y todas las naciones y culturas de las Américas».

El liderazgo de la comunidad latina tiene una oportunidad única de descolonizarse con la celebración del día de los pueblos indígenas. Aquellos que se reconocen como chicanos, ya tienden a reconocer su herencia indígena, pero el gobierno, los medios de comunicación tradicionales y los jugadores políticos continúan hablando del «voto bloque hispano», «la comunidad hispana», «los hispanos», etc., sin mencionar los arraigos profundos que tiene esta comunidad con las Américas.

La celebración del día de los pueblos indígenas, en lugar del día del descubrimiento, o del día de Colón, que solo fue un invasor agresivo y quien no fue el primero en descubrir las Américas, quien esclavizó a los nativos de las islas caribeñas, eso sería señal de que no estamos negando nuestra rica herencia indígena. También ayudaría a distinguir a los latinos indígenas de los latinos eurocentristas que son quienes frecuentemente hablan en nuestro nombre en los medios y en la escena política convencional.

Tomado de: http://www.telesurtv.net/opinion/Latinos-y-chicanos-rechazan-a-Colon-rescatando-sus-raices-indigenas-20161011-0043.html

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El Movimiento Pedagógico Latinoamericano. de la resistencia a la construcción, de la protesta a la propuesta

Por: Pablo Imen

Los primeros días de diciembre se lanzó en Bogotá el Primer Encuentro Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano impulsado por la Internacional de la Educación para América Latina. Convergieron en ese espacio centenares de delegados de los más diversos países de la región para avanzar en la construcción de un Movimiento Pedagógico en sintonía con los vientos de cambio que atraviesan hoy a la América Morena.

Quedó plasmada en las distintas intervenciones posibilidad de un proyecto compartido de pasado, de presente y de futuro tiene como rasgo característico la unidad en la diversidad. Así lo demuestra la constitución de la Comunidad de Estados de Latinamerica y el Caribe, en esta primera etapa coordinado por una tríada de presidentes: Sebastián Piñera de Chile, Hugo Chávez de Ecuador y Raúl Castro de Cuba. Nadie podrá negar el pluralismo de este ensayo histórico y la complejidad gigantesca de este proceso.

Para valorar este momento es indispensable tener claridad de donde venimos. Desde lo lejano cabe consignar que en el período de la Primera Independencia –cuyos primeros doscientos años estamos transitando- se desplegó una disputa entre dos proyectos para Nuestra América: el de Patria Grande, y el de unos países fragmentados y en guerras permanentes. Éste último fue el que triunfó y, tal como fue señalado en el 1er Encuentro, “porque hubo naciones, no hubo Patria”. La historia reciente expresó la imposición del neoliberalismo en nuestros países. Y desde los inicios resistencias más o menos articuladas que abrieron en la primera década del siglo XXI la posibilidad de la Patria Grande.

Resulta claro que para su consumación es igualmente preciso construir un proyecto pedagógico emancipador, que de respuesta a las iniciativas neocoloniales que encarnan los Organismos Internacionales -el Banco Mundial, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo o la OEI-. La negación de esos proyectos exógenos, autoritarios, mercantilistas y tecnocráticos es condición necesaria pero no suficiente para la construcción de una pedagogía desde y para Nuestra América, siempre abierta al mundo.

Asumir estos cambios exige también analizar con rigor las contradicciones emergentes de la dinámica histórica y social en nuestros países.
Así lo señalan las conclusiones del 1er encuentro al advertir que en la esfera de las políticas educativas “quedan aún fuertes enclaves del modelo educativo neoliberal en América Latina y el Caribe. Pero también cabe señalar que aún coexisten en las políticas de algunos gobiernos populares y democráticos, continuidades y rupturas con los modelos educativos impuestos por los organismos internacionales de crédito.”

Es decir, que registramos continuidades y contradicciones a la orden del día. Venezuela y Bolivia, por su parte, expresan –no sin tensiones- las fuerzas del cambio liberador que más pasos han dado en dirección a una educación liberadora.

La idea de un Movimiento Pedagógico empalma así con un momento histórico particular, y el hecho de que sea dirigido por la Internacional de la Educación pone en juego un segundo elemento significativo de esta apuesta.

En efecto, son las organizaciones de trabajadores del Magisterio quienes se disponen a asegurar el contenido, la direccionalidad y las formas de un Movimiento que debe asumir formas flexibles, dinámicas, plurales, democráticas.

Las tareas que se propone el Movimiento Pedagógico son esencialmente tres. En primer término, resistir los embates neoliberal -conservadores allí donde éstos intenten perpetuar una pedagogía de la domesticación, de la obediencia, de la injusticia acompañando las movilizaciones en defensa de la educación pública que sacuden nuestro continente. La lucha de nuestros hermanos chilenos, colombianos o dominicanos –por ejemplo- es nuestra lucha.

La segunda tarea, mucho más desafiante y difícil es la construcción de una pedagogía para Nuestra América que, desde la rica tradición de prácticas emancipadoras, pueda recrear en este nuevo contexto las herencias que converjan con las prácticas y reflexiones actuales en una propuesta liberadora.

En términos de la Declaración de Bogotá: “Este movimiento, llamado a recuperar los mejores aportes de la pedagogía mundial y el acervo latinoamericano, que va de Simón Rodriguez a Paulo Freire; debe simultáneamente interpelar a las políticas públicas y a las trabajadoras y trabajadores de la educación, en sus prácticas cotidianas.”

Y la tercera es ligar estas creaciones en la esfera pedagógica al espacio de lo público y a su articulación con un proyecto político más general, dentro del cual adquiere sentido el término “educación emancipadora”. Pues solo puede haber una educación emancipadora donde hay emancipación social, política, cultural. Y el esfuerzo creador en el plano pedagógico sólo es posible con una acumulación de fuerzas para cambios democratizadores y liberadores en todos los planos de la vida social.

Alrededor de estos ejes se comenzó a trabajar intensamente en este Primer Encuentro hacia el Movimiento Pedagógico Latinoamericano.

La Declaración, recogiendo los debates de diciembre de 2011 y retomando iniciativas previas así como la historia de nuestros países, sugiere como principio orientador de la política una “integración regional con sentido antiimperialista, la multiculturalidad y el respecto a la diversidad; la articulación de las escuelas con las organizaciones del barrio.”

Este modelo en el que se piensa una escuela para la vida reclama, como dice la Declaración de Bogotá,“una práctica pedagógica y didáctica que se base en la construcción crítica y democrática del conocimiento profundamente enraizado en la identidad y realidad latinoamericana y caribeña.”La formulación se completa con dos puntos de enorme proyección pedagógica y laboral. Se trata de asegurar “condiciones para que sea posible el trabajo docente colectivo e interdisciplinario, recuperando el control de las trabajadoras y trabajadores sobre el proceso educativo” y, en ese contexto, resignificar completamente el concepto (y la perspectiva, los dispositivos y las prácticas) de “evaluación”, ahora “concebida de manera integral, institucional, participativa, sistemática, formativa, diagnostica y no punitiva.”

Una nueva escuela para un nuevo mundo, de esto se trata el Movimiento Pedagógico Latinoamericano. ¿Seremos capaces?

Tomado de: http://www.centrocultural.coop/blogs/nuestragente/tag/pablo-imen/

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