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¿Cuál es el significado del acto de rendición judicial detrás del golpe que se ha producido en Brasil? El papel central del sistema judicial brasileño en los equilibrios y desequilibrios del periodo posterior a 1985 debe ser analizado en detalle, ya que puede ayudar a comprender comportamientos posteriores. La operación Lava Jato presenta grandes ambivalencias. Si, por un lado, hizo que grandes empresarios, políticos y contratistas fueran procesados penalmente, rompiendo, de algún modo, con la sensación de impunidad; por otro lado, su gran base de apoyo es el involucramiento de personajes de la izquierda brasileña, sobre todo del PT. Es decir, el gran apoyo social y mediático que recibe la operación Lava Jato se debe a que persigue a la izquierda. Esto resulta evidente cuando comparamos la operación Lava Jato con la operación Satyagraha, que investigó casos de corrupción y blanqueo de capitales que involucraban, principalmente, al banquero Daniel Dantas con las privatizaciones del gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Esta última fue dirigida por el juez Fausto de Sanctis y por el delegado de la Policía Federal Protógenes Queiroz. La reacción del Supremo Tribunal Federal (STF) a esta operación fue muy diferente a la actual: Queiroz fue condenado penalmente y expulsado de la Policía; el juez De Sanctis sufrió la persecución del entonces presidente del STF, Gilmar Mendes, que dirigió un oficio en el Consejo Nacional de Justicia (del que también era presidente) para investigar la conducta del juez. El arresto del banquero Daniel Dantas, que llegó a ser esposado, fue, en el fondo, el origen real del sumario vinculante 11 del STF, que establece: “Solo es lícito el uso de esposas en casos de resistencia y de riesgo fundado de fuga o peligro para la integridad física propia o ajena, por parte del preso o de terceros, justificada la excepcionalidad por escrito, bajo pena de responsabilidad disciplinar, civil y penal del agente o de la autoridad y de la nulidad de la prisión o del acto procesal al que se refiere”.

Tal vez esto baste para concluir que en Brasil el éxito de la justicia criminal contra ricos y poderosos parece estar fuertemente relacionado con la orientación político-partidaria de los investigados. Pero hay más. La nominación del ex presidente Lula como ministro llevó al juez Sérgio Moro a cometer uno de los actos más flagrantemente ilegales de la justicia brasileña contemporánea: permitir la divulgación de un audio entre la presidenta Dilma y el ex presidente Lula cuando ya sabía que él no era competente para el procesamiento. El ministro del STF Teori Zavascki escribió en su despacho: “Fue también precoz y, al menos parcialmente, equivocada la decisión que anticipó juicio de validez de las interceptaciones, obtenidas, en parte importante, sin abrigo judicial, cuando ya había determinación de interrumpir las escuchas”. Esa divulgación dio un nuevo impulso al movimiento a favor del impeachment de la presidenta Dilma. A propósito, el hecho de que la presidenta Dilma haya nominado a Lula como ministro, incluso si la motivación exclusiva fuese la alteración del foro competente para el juzgamiento, no constituye por sí sola una obstrucción de la justicia. En efecto, en la época en que era presidente, Fernando Henrique Cardoso dio status de ministro al entonces Abogado General de la Unión, Gilmar Mendes, con un objetivo semejante. De hecho, a fines del siglo pasado e inicio del siglo XXI, por cuenta de las privatizaciones y el aumento de la carga tributaria, varios jueces federales comenzaron a pronunciar decisiones preventivas (interrumpiendo acciones en curso) y a intervenir en el programa económico neoliberal de Cardoso. El ministro Mendes era entonces Abogado General de la Unión y criticaba fuertemente la postura de los jueces. Hubo varias acciones de improbidad y acciones populares en contra del gobierno de Cardoso y del propio Mendes. Ante el peligro de que Mendes tenga que responder a procesos en primera instancia fue decretada la Medida 2049-22, del 28 de agosto de 2000, que le garantizó un fuero de privilegio y lo preservó. En su artículo 13 dispuso: “Son ministros de Estado los titulares de los ministerios, el jefe de la Casa Civil, el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, el jefe de la Secretaría General y el jefe de la Secretaría de Comunicación de Gobierno de la Presidencia y el Abogado General de la Unión”. En ese momento no hubo ningún tipo de cuestionamiento, ninguna alegación de inconstitucionalidad o “criminalización” del presidente Cardoso por obstrucción de justicia.

La idea de que en la justicia brasileña hay dos pesos y dos medidas parece confirmada y es altamente probable que pronto surjan más pruebas. A título de ejemplo valdrá la pena observar la discrepancia entre el ritmo de la operación Lava Jato centrada en Curitiba y el ritmo de la misma operación centrada en Río de Janeiro, la que investiga a los empresarios ligados más a la derecha, al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al ex gobernador Sergio Cabral y al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSBD).

Es necesario no perder de vista dos hechos importantes. Por un lado, el sistema judicial continúa teniendo un papel central en la institucionalidad democrática brasileña, sobre todo mientras prevalezca el actual sistema político. Por otro lado, hubo fracturas al interior del sistema judicial y, dependiendo de las circunstancias, estas pueden ser una contribución importante para renovar la credibilidad de la democracia brasileña. En el momento en que el sistema judicial parece apostar a criminalizar a cualquier precio a una personalidad de la talla nacional e internacional del ex presidente Lula, tal vez sea bueno recordar a los jueces que en la época de Cardoso fueron objeto de vigilancia y persecución cuando intervenían con medidas preventivas contra la política económica neoliberal del gobierno. La política económica que viene de ahí no será menos dura y llega poseída por un fuerte impulso revanchista. También la derecha tiene su “¡Nunca Más!”. La mayor incógnita es saber si las condiciones que en el pasado construyeron la credibilidad del STF y dieron verosimilitud a la idea de un sistema judicial relativamente independiente del poder político, desaparecerán para siempre después de esta lamentable trama político-judicial. El letargo del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) y del Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP) es verdaderamente preocupante.

Luchas institucionales y extrainstitucionales. Lo más probable es que el acto de ruptura institucional provocado de arriba hacia abajo (de las elites contra las clases populares) tendrá que confrontarse en el futuro con actos de ruptura institucional de abajo hacia arriba (de las clases populares contra las elites). En ese caso, el sistema político funcionará durante algún tiempo con una mezcla inestable de acciones políticas institucionales y extrainstitucionales, dividido entre luchas partidarias y decisiones del Congreso o de los tribunales, por un lado, y acción política directa, protestas en las calles o acciones ilegales contra la propiedad privada o pública, por otro. Estas últimas serán combatidas con elevados niveles de represión y su eficacia es una cuestión abierta.

Con el golpe parlamentario-judicial, el régimen político brasileño ha pasado de ser una democracia de baja intensidad (eran bien conocidos los límites del sistema político y del sistema electoral, en particular, para expresar la voluntad de las mayorías sin manipulación por parte de los medios y del financiamiento de las campañas) a una democracia de bajísima intensidad (mayor distancia entre el sistema político y los ciudadanos, mayor agresividad de los poderes fácticos, menos confianza en la intervención moderadora de los tribunales). Siendo este el régimen político, ¿cuál será la mejor estrategia para que las fuerzas democráticas puedan llevar a cabo luchas políticas que frenen la deriva autoritaria y refuercen la democracia? De las fuerzas democráticas de derecha no es posible esperar una acción vigorosa. Cuando están en el gobierno, las diferentes fuerzas de derecha se unen más de lo que lo hacen las fuerzas de izquierda. La razón es que las fuerzas de derecha tienen el control del gobierno y también el control reforzado del poder económico que siempre ejercen en las sociedades capitalistas. En cambio, cuando las fuerzas de izquierda están en el gobierno, no tienen el control del poder económico. Las fuerzas democráticas de derecha son importantes, pero tenderán a ser relativamente pasivas en la defensa de la democracia aún existente. Por eso, guste o no, es en las fuerzas de izquierda donde reside la defensa activa de la democracia y la lucha por su refuerzo.