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Modelo Educativo, ¿poco ruido, muchas nueces?

Por: Abelardo carro Navas

Hace unos días, en este mismo espacio, tuve la oportunidad de dar mi punto de vista sobre el Modelo Educativo que fue presentado pomposamente por el Secretario de Educación, Aurelio Nuño. Como usted podrá corroborar, mis ideas llevaban por título “Modelo Educativo: mucho ruido, pocas nueces”, puesto que a partir de esta pequeña frase, intenté concretar lo que desde mi perspectiva contiene el modelo que refiero: pocas nueces.nuño inee

Como es normal, el texto fue objeto de varios comentarios que, en lo personal, agradezco en demasía, porque de alguna forma me permiten reflexionar sobre cada uno de los argumentos que empleo para explicar lo que considero merece explicación y bueno, dada la posibilidad que tenemos para seguir comentando sobre el documento que elaboraron algunos “genios” en la Secretaría de Educación Pública (SEP), abordaré en esta ocasión tres ideas, intentando nuevamente, argumentar un poco más al respecto para que haya claridad en las mismas.

En primer lugar, me gustaría señalar que este espacio no es suficiente para abordar todos y cada uno de los aspectos que integran los documentos: Los fines de la educación en el siglo XXI, El modelo educativo 2016, y Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016. Así lo señalé hace días y así lo vuelvo a reiterar aunque, esta limitante, no restringe el que podamos plantear una serie de inquietudes producto de una reflexión que emana de la lectura de los citados textos.

En segundo lugar, considero que no es un exceso ni una exageración afirmar que el Nuevo Modelo Educativo contiene “pocas nueces pero si mucho ruido”, aseveración que me parece harto pertinente destacar. ¿Por qué? Porque de los aciertos y las fallas en el o los documentos, y que varios especialistas, investigadores, colegas y profesores hemos señalado, se ha abierto la posibilidad de hacer una crítica con fundamento y sin el hígado de por medio. Digo, para eso se puso a consideración del público o… ¿será que si alguien realiza un comentario a los contenidos y a sus líneas “pedagógicas” es porque está en contra de lo que dicta el gobierno y los genios? Como sabemos, criticar no es malo, lo malo es hacerlo sin conocimiento de causa y, por la experiencia que varios tenemos en ello, es que podemos fijar una postura sobre esto. En este sentido, es que recomiendo revisar el texto publicado en esta misma página cuyo título alude a lo que estoy hablando “Develando el lado obscuro del nuevo modelo educativo: la imprecisión de sus argumentos pedagógicos” de Marisol Silva Laya, o el“Modelo Educativo: bondades y contradicciones” de Pedro Flores Crespo, para darse cuenta de que hay conocedores en la materia y que podemos argumentar sobre éste y otros asuntos.

En tercer lugar, referí la página 51 del documento Modelo Educativo 2016, para argumentar sobre las complejidades de una realidad en nuestro país y que dificulta el proceso de enseñanza y aprendizaje: la pobreza y pobreza extrema que viven millones y millones de mexicanos. Es lógico que el currículum, a través de su implementación, pretenda mejorar las condiciones de vida de las personas pero, me gustaría saber: ¿cómo es que andan los niveles de empleo y desempleo en México?, ¿cuáles son los índices de deserción escolar e incorporación al mercado informal de niños y jóvenes en edad escolar? Vaya, ¿cuántos mexicanos se encuentran en ese sector de pobreza y pobreza extrema? Hay de realidades a realidades, y estos datos no se pueden tapar con un dedo – aunque el INEGI haya querido hacerlo –. Aceptar que el maestro tiene que lidiar con factores que no son propios de su desempeño, es aceptar que hay aspectos del proceso educativo que inciden en el aprovechamiento del alumno. ¿Para qué teorizar sobre el aprendizaje social cuando la realidad está superando esa teoría?

Tengo claro que el currículo es algo deseable, una aspiración a lograr y no tengo problema en ello; pero, ¿cómo se espera que los jóvenes que terminan sus estudios en el nivel medio superior de enseñanza dominen el idioma inglés si no hay maestros suficientes para lograr este propósito, por ejemplo? Desearlo es bueno, lo malo es la realidad en la que nos encontramos. Por ello, considero que señalar realidades no significa estar en contra de las aspiraciones de los seres humanos, ¿qué pasaría si en lugar de proponer modelos se atiende lo que debe atenderse como la insuficiencia de maestros? Ahí tenemos la educación preescolar y su obligatoriedad. Veamos cuál ha sido su resultado.modelo_educativo

En conclusión, considero que hacer una crítica constructiva que nos permita dilucidar que algo puede mejorar, es harto pertinente si es que en verdad queremos que la educación en nuestro país cambie. Los foros, las consultas, los escenarios en los que se pueden debatir los distintos puntos de la “Reforma Educativa” y del “Modelo Educativo”, son indispensables; lo errado aquí es que en dos meses no se podrá dialogar lo suficiente para encontrar una vía que permita a los docentes, especialistas e investigadores, formular propuestas que sean acordes a las necesidades y/o demandas como las que planteo.

¿Para qué apresurar un proceso de consulta si lo que se busca es una mejora sustancial en la educación en México? Desde mi perspectiva, el ruido no necesariamente indica que hay buenas nueces, creo, eso lo sabemos… ¿estará dispuesta la SEP y su flamante Secretario a darle prioridad a las nueces más que a lo que se difunde en los medios?

Fuente: http://www.educacionfutura.org/modelo-educativo-poco-ruido-muchas-nueces/

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Colombia todavía puede lograr la paz

Por: Juan Manuel Karg

Por estrecho margen se impuso el NO a los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC EP. El resultado del plebiscito tiene varias lecturas simultáneas, que abordaremos a continuación:

1) Las víctimas votaron por el SI. En aquellos lugares donde más fuerte se ha sentido el conflicto armado que vive Colombia hace más de cinco décadas, el SI tuvo destacada performance electoral. En Bojayá, Chocó, se impusó por 96% a 4%. En Caloto, Cauca, 73% a 27%. En San Vicente del Caguán, Caquetá, por 63% a 37%. En Miraflores, Guavire, 85% a 15%. Y así podríamos seguir enumerando. Los grandes centros urbanos, como Medellín y Bucaramanga, optaron por encabezar la votación del NO, que igualmente tuvo un resultado adverso en la capital Bogotá.

2) Uribe y Pastrana ganaron con una campaña de prejuicios y tergiversaciones. Una y otra vez venimos afirmando que la asimetría comunicacional a favor de los sectores conservadores es bien evidente en nuestras sociedades. Y en estos momentos se siente con más fuerza. El guerrerista Uribe ideó algunos slogans que, a fuerza de repetición, calaron hondo en un sector medio-urbano de la población colombiana: “No le entreguemos el país a las FARC” y “Colombia no puede convertirse en Venezuela”. Inocularon miedo con el día después de la votación, amparados en un conglomerado mediático que permitió una divulgación transversal de esos preconceptos.

3) La abstención favoreció al NO. Las encuestas de las últimas s100emanas, a diferencia de las aparecidas meses atrás, hablaban de un voto mayoritario a favor del SI. Es de presuponer, entonces, que un sector que manifestaba su apoyo al acuerdo no fue a votar pensando que el resultado ya estaba encaminado, consolidado. Cierto triunfalismo prematuro, visto y considerando los extensos apoyos internacionales al acuerdo de paz, que daba sentado que era evidente que el SI se impondría. Los sectores conservadores, en cambio, movilizaron todas sus estructuras a la hora de la votación, especialmente en grandes centros urbanos. Ahí estuvo la diferencia: la derecha capitalizó la abstención, que en términos estadísticos no fue diferente a la media en elecciones presidenciales.

4) Pese al NO, madurez política en las declaraciones tanto de Santos como de las FARC EP. Si Uribe esperaba que, tras los resultados adversos, alguno de los principales promotores del SI comience una escalada discursiva, se equivocó. «Al pueblo colombiano que sueña con la paz que cuente con nosotros» sintetizaron las FARC en un comunicado leído por Timochenko desde La Habana. Juan Manuel Santos, amén de convocar a todos los sectores políticos del país a Nariño, envío a Cuba a sus jefes negociadores y sentenció que “no nos vamos a rendir. Vamos a seguir buscando la paz. Y la vamos a conseguir con más fortaleza”. Ambos ratificaron que el cese bilateral al fuego sigue vigente.

5) ¿Asamblea Nacional Constituyente? El rechazo al acuerdo abre paso a otra vía que nunca fue descartada por las FARC EP: la Asamblea Nacional Constituyente. La defensora de DDHH y ex senadora colombiana, Piedad Córdoba Ruiz, la pidió al conocer los resultados. A Santos le vendría a tono con su idea de convocar a un gran diálogo nacional tras la elección. ¿Qué dirá el uribismo al respecto? ¿Aceptará la idea de una Constituyente en caso que también se integre allí la discusión sobre la justicia, eje exijido por ese sector?

El NO en Colombia deja diversas inquietudes, pero también algunas certezas. La madurez política de los actores implicados en el acuerdo de paz es una luz en medio de la oscuridad, que incluso hace que el propio Uribe no pueda salir exultante ante el veredicto de las urnas. Los próximos días (y semanas) serán claves para ver como se encarrilla la búsqueda de poner fin al conflicto armado más largo que aún tiene nuestro continente. Colombia todavía puede lograr la paz.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=217548

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La formación del Docente-Investigador : ¿una política pública de la región?

María Margarita Galindo *

Las instituciones de Educación Superior están obligadas a formar profesionales que respondan a las exigencias que demanda la sociedad para su desarrollo y transformación, a partir de la generación de nuevos conocimientos, siendo la investigación el medio idóneo para producir el conocimiento transformador requerido.

De acuerdo con Padrón (2009), la investigación debe ser entendida “…como aquella clase de procesos de producción de conocimiento científico y tecnológico” (p. 1); la cual, tal como lo señala Rodríguez (2009), debemos asumirla “como forma de vida que posibilita la construcción, elaboración y producción del conocimiento” (p. 27).

Ahora bien ¿cómo ser investigadores y cómo aprender a investigar en la Universidad?, dos interrogantes con una respuesta en común, la investigación solo se aprende cuando se toma conciencia y se comprende lo que este proceso significa, y es al Estado, a través de las instituciones de Educación Superior, en su condición de instituciones de formación profesional, a quienes les corresponde la responsabilidad de formar investigadores, para lo cual requieren contar con docentes-investigadores, profesores que asuman la investigación como parte de su quehacer como docentes.

Para lograr una mejor comprensión de lo que aquí se plantea debemos puntualizar que un docente investigador es aquel que fundamenta su práctica en aula a partir de sus propias investigaciones, que convierte su aula en su mayor laboratorio para constatar lo que investiga; en tal sentido, Pírela y Prieto (2006) señalan:

Los docentes como investigadores deben desarrollar las competencias, con énfasis en el dominio de los términos, procesos y teorías del campo de la investigación, fundamentadas en el razonamiento científico, que le permita abordar de manera crítica la realidad, construir mapas cognoscitivos y valorativos que expliquen la misma, utilizar la capacidad de análisis y síntesis, juicio crítico, motivación al logro, entre otros, para generar de esta forma nuevos conocimientos (p. 121).

De modo que constituye un requerimiento la formación permanente del docente en y para la investigación, lo que implica capacitarlo en el dominio de los elementos (filosóficos, epistémicos y ontológicos) propios de la investigación, siendo la Universidad el principal escenario de referencia para dar respuestas a las exigencias de dicha formación.

A tenor de lo señalado, la investigación, como política de estado, debe ser promovida desde los primeros niveles del sistema educativo por lo que todo maestro o profesor debe ser un docente-investigador, y su acción se debe sentir en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo.

En otro orden de ideas, Maggiolo y Perozo (2007) afirman que:

El término políticas públicas (PP), se asocia de inmediato con asuntos del gobierno y sistemas políticos o como actividades de las instituciones públicas, que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos; para considerarse como pública tiene que haber sido generada, o al menos procesada, en el marco de los procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales.

Partiendo de lo citado, las líneas gruesas de las políticas públicas se construyen a partir del proyecto de país que se prefigura en la Carta Magna de toda Nación, y que posteriormente son desarrolladas en mayor detalle y amplitud en las leyes orgánicas, reglamentos y otros elementos normativos, para atender las demandas y necesidades de la población, que van desde lo social, lo económico, lo educativo, y la salud, entre otras.

Ahora bien, con base a lo señalado, ¿Existen políticas públicas en desarrollo orientadas a la formación de docentes-investigadores en Latinoamérica?

Para dar respuesta, en primer lugar es necesario presentar una breve indagación de la existencia de políticas públicas orientadas a la formación de docentes-investigadores en las Constituciones Políticas o Nacionales de algunos países latinoamericanos, como Venezuela, Colombia y México, para constatar lo que señalan al respecto.

En el caso venezolano, la Constitución Nacional (1999) señala en el artículo 109 que

El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, egresados y egresadas de la comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación.

Este artículo resulta esclarecedor cuando, amparado en el principio de “autonomía universitaria”, el Estado concede la responsabilidad tácita a las Instituciones de Educación Superior de la formación del recurso humano desde y para la investigación.

Por otra parte, el artículo 3 de la Ley de Universidades (1970) específica el alcance de la actividad formativa al indicar que:

Las Universidades deben realizar una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; a completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso.

Por otra parte, la Constitución Política de Colombia (1991) en su artículo 68 expresa que “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra…”; y en el artículo 69 señala que “…El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo”; por otra parte, en la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 (Ley que organiza el servicio público de educación superior), en el artículo 38 indica que “Las funciones del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), son…Fomentar la preparación de docentes, investigadores, directivos y administradores de la Educación Superior”.

Se puede apreciar que la legislación colombiana resulta ser más explícita en la materia en referencia, ya que por una parte involucra a las universidades privadas, y por la otra, cuenta con un Instituto específico, como es el ICFES, para asumir la función formativa del docente-investigador.

Igualmente, al revisar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), se observa en el apartado V del artículo 3, que “…el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”; asimismo, en su apartado VII del mismo artículo expresa que “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, … realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura …, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas”.

Aun cuando este artículo no resulta clarificador en lo que se refiere a la formación del docente-investigador, en Ley General de Educación (1993) encontramos que el artículo 7 indica que:

La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: … VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables.

Se puede entender que dentro del “fomento de actitudes que estimulen la investigación” se encuentra la formación del docente-investigador; sin embargo, al estar cargado de subjetividad su implementación se convierte en condición de posibilidad de la autoridad universitaria.

Si algo tienen en común los modelos educativos latinoamericanos es que la investigación es una actividad exclusiva del sector Universitario, las políticas públicas declaradas en estas naciones expresan en líneas generales que la investigación es función indeclinable del ámbito de la Educación Superior; asimismo, estas políticas públicas reconocen la necesidad de apoyar y fomentar la investigación pero no se aprecia claramente la formación de docentes-investigadores como una política clave y fundamental para el desarrollo que declaran y aspiran alcanzar.

Nuestras universidades deberían contar con programas específicos para la formación de docentes-investigadores, preparados no solo en el dominio de un área del conocimiento sino capacitados realmente para hacer investigación en dicha área y que conlleve a enriquecer su acción docente.

En atención a lo expuesto, se observa carencia de claras políticas públicas en materia de formación de docentes-investigadores. Aun cuando algunas universidades han formulado programas de formación de sus docentes, son pocos los programas consolidados orientados a la formación de docentes-investigadores.

Lo anterior no implica el desconocimiento de la existencia de docentes-investigadores, cuya actividad académica se nutre a partir del producto de la investigación que realiza, pero si el reconocimiento de docentes exclusivos dadores de clases, atados al aula sin hacer investigaciones.
Es urgente que la región reflexione sobre la necesidad de conectar la docencia y la investigación y no separarlas, es indispensable reconocer los procesos de formación de docentes-investigadores, que se diseñen programas de formación en investigación de carácter obligatorio.

Investigar no es trasmitir datos producidos por otros, investigar es acudir a la búsqueda de la verdad desde la racionalidad critica y la formación de docentes-investigadores debe estar fundamentada dentro de esa concepción.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). [Documento en línea]. Disponible: http://unefm.edu.ve/web/motor_constitucion/constitucion.pdf [Consulta: 2016, agosto 15]

Constitución Política de la República de Colombia (1991) [Documento en línea]. Disponible: http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/constitucio-politica-colombia-1991.pdf [Consulta: 2016, agosto 15]

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) Diario Oficial de la Federación 5 de febrero de 1917. Ultima reforma del DOF 29 de enero de 2016. [Documento en línea]. Disponible: HYPERLINK «http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm»http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm [Consulta: 2016, agosto 15]

Ley 30 de Diciembre 28 de 1992 de la República de Colombia [Documento en línea]. Disponible: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf [Consulta: 2016, agosto 15]

Ley de Universidades. (1970). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 1.429 (Extraordinario). Septiembre 8, Caracas.

Ley General de Educación de los Estados Unidos Mexicanos (1993). [Documento en línea] Disponible: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf [Consulta: 2016, agosto 15]

Maggiolo, I. y Perozo Maggiolo, J. (2007). Políticas públicas: proceso de concertación Estado-Sociedad. Revista Venezolana de Gerencia, 12(39), 373-392. [Documento en línea] Disponible: HYPERLINK «http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842007000300004&lng=es&tlng=es»http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842007000300004&lng=es&tlng=es. [Consulta: 2016, agosto 15]

Padrón, J. (2009). Obstáculos para una investigación social orientada al desarrollo. Seminario nacional de ciencias sociales. [Documento en línea]. Disponible: HYPERLINK «http://www.ucla.edu.ve/viacadem/redine/jornadas/CarpetaConferencistas/ResumenConversatorioDrJPadron_UCLA2008.pdf»http://www.ucla.edu.ve/viacadem/redine/jornadas/CarpetaConferencistas/ResumenConversatorioDrJPadron_UCLA2008.pdf [Consulta: 2016, Abril 16]

Pírela de Farria, L. y Prieto de Alizo, L. (2006). Perfil de competencias del docente en la función de investigador y su relación con la producción intelectual. Opción, vol. 22, núm. 50, 2006, pp. 159-17

Rodríguez, Y. (2009) La formación de docentes investigadores: lineamientos pedagógicos para su inserción en los currículos. Revista TEORÍA Y PRAXIS INVESTIGATIVA, Volumen 4 – No. 1, Enero – Junio 2009 Centro de Investigación y Desarrollo • CID / Fundación Universitaria de Área Andina

 

* María Margarita Galindo
correo de contacto:mariagalindo2008@hotmail.com

La autora forma parte del Doctorado Latinoaméricano en Educación: Políticas públicas y profesión docente.

Fuente de la imagen: https://escritoradebolsillo.files.wordpress.com/2015/06/librosss.jpg

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La Educación Pública, un pilar de nuestra democracia que se ve amenazado por los recortes presupuestarios

Por: José Ramírez Aguilar

Cada año, al discutirse el Presupuesto Nacional, se levantan las voces dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, pidiendo recortes en los fondos para educación. Pese a que no hay fundamento legal, se insiste en esto, sin importar las serias consecuencias sociales que tiene para nuestro desigual país.

La educación pública tiene en Costa Rica profundas raíces en la construcción de la identidad nacional, desde 1823 se estableció la obligación del Gobierno de velar por el fomento de la Instrucción pública

Bajo la Administración del doctor José María Castro Madriz, la Constitución de 1847 mantuvo el capítulo sobre la educación y estableció, por primera vez, la instrucción pública de hombres y mujeres en todo el país y se declaró la gratuidad de las escuelas de primeras letras.

La última reforma constitucional para fortalecer la educación pública es del 2011, cuando la Ley 8954 modificó el artículo 78 de la Constitución, indicando que “En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al 8% del Producto Interno Bruto”.

En ese sentido, hay logros recientes de nuestro sistema educativo público que es importante recordar:

1. De acuerdo al Vigésimo Primer Informe del Estado de la Nación, la escolaridad promedio de las personas de 18 a 64 años pasó de 7,2 años en 1990 a 9,3 años en el 2014.

2. En lo que respecta a secundaria, el Quinto Informe del Estado de la Educación destaca que disminuyó la exclusión educativa, ya que en el tercer ciclo y en la educación diversificada, la exclusión tradicional pasó de 10,2% a 8,7% entre 2010 y 2014.

3. A su vez, según el Vigésimo Primer Informe del Estadio de la Nación, a mayor porcentaje de docentes graduados de universidades públicas, mayor es la probabilidad de que el colegio alcance la categoría de sobresaliente. Cuando esa proporción es del 25%, las probabilidades de 0,32, pero cuando tres cuartas partes del profesorado proceden de universidades estatales la cifra asciende a 0,48.

4. En las universidades estatales, de acuerdo con datos de Conare, los cupos de admisión para estudiantes de primer ingreso han tenido una tasa de crecimiento de 15,9% (es decir, ha pasado de 12.922 cupos a 14.972 cupos), el número de investigadores activos ha tenido una tasa de crecimiento de 35,8% (es decir, ha pasado de 1.663 a 2.258) y el número de proyectos de investigación se ha incrementado en un 58,5% (es decir, ha pasado de 1.243 a 1.970).

Pese a los innumerables logros que tiene nuestro sistema educativo, con el fin de recortar la educación pública, los neoliberales insisten en asegurar que los colegios públicos son deficientes en comparación con los colegios privados.

Sin duda alguna, nuestro sistema educativo público es imperfecto y tiene deficiencias que resolver, pero no podemos analizarlo como si se encontrara exento de las consecuencias de la creciente desigualdad socioeconómica en Costa Rica.

De acuerdo con el Quinto Informe del Estado de Educación, la baja educación y la probabilidad de condición de pobreza están relacionadas. En particular, destaca que los hogares con menor nivel educativo muestran mayor incidencia de pobreza.

El informe señala que cuando dos estudiantes, de colegio público y de colegio privado, se encuentran en condiciones socioeconómicas parecidas, ambos logran puntajes similares en las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes), por que las potenciales diferencias entre ambos no radican exclusivamente en el colegio (si es público o privado) sino en sus propias realidades individuales.

No debilitemos más uno de los pilares de la democracia y del avance social en Costa Rica. Mejoremos la calidad y cobertura de nuestras escuelas, colegios y universidades públicas. La educación estatal no debe ser debilitada bajo ningún motivo y el Frente Amplio combatirá de manera inclaudicable cualquier recorte al presupuesto del sistema educativo público.

Fuente: https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/311137/la-educacion-publica,-un-pilar-de-nuestra-democracia-que-se-ve-amenazado-por-los-recortes-presupuest

Imagen: http://educarconlossentidos.blogspot.com/2012/01/apoyo-la-educacion-publica.html

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Reino Unido: Why parents are refusing to reveal their child’s nationality

Europa/Reino Unido/Octubre de 2016/Autores: Richards Adams y Martin Belam/Fuente: The Guardian

RESUMEN: Los padres han estado haciendo campañas para detener la recogida de datos en las escuelas sobre las nacionalidades de nacimiento de sus alumnos.  Pedir a los padres que presenten el país de nacimiento de sus hijos esta semana como parte del censo escolar ha provocado una reacción significativa en las redes sociales, con los padres se insta a boicotear la encuesta a través de la campaña #BoycottSchoolCensus. Aquí están las respuestas a algunas de las preguntas clave sobre el censo y la campaña en contra de ella.

Parents have been campaigning to stop schools collecting data on the birth nationalities of their pupils. Here’s why …

Moves to ask parents to submit the country of birth of their children this week as part of the school census have caused a significant backlash on social media, with parents being urged to boycott the survey via the #BoycottSchoolCensus hashtag campaign. Here are the answers to some of the key questions about the census and the campaign against it.

What is the census, and what is new about it this year?

State schools in England supply details about their pupils to the Department for Education for what is known as the school census once every term. The census includes details such as age, address and academic attainments, and these are recorded in the national pupil database (NPD). National statistics from the survey are published every year. Here’s the 2016 edition.

Last year, long before the EU referendum, the DfE decided to add new components for the 2016-17 census, including pupils’ country of birth and nationality. It also started to ask schools to judge children’s proficiency in English if it is not their first language. The DfE has collected data on pupils’ ethnicity for many years.

Can schools ask to see passports or birth certificates?

No. There are reports that many schools have reacted to the new questions on birth and nationality by asking to do so, but the DfE says parents are not obliged to comply.

Schools and local authorities are allowed to ask for proof of date of birth during the admissions process, but the DfE’s code specifically states they must not ask for “long” birth certificates or “other documents which include information about the child’s parents”.

What is the data used for?

At a basic level the DfE uses the school census for funding and planning. Its intention in adding nationality and language ability was to help gauge the “targeting of support” for pupils and schools.

Academics and journalists conducting research also make extensive use of the database. Figures showing that grammar schools have a tiny number of pupils on free school meals, for example, are likely to have come via the NPD.

Who has access to the data?

Access to the NPD is restricted, and the restrictions increase with the level of detail. The highest level of access – known as tier one and which could identify individual pupils – is only open to a small number of approved applicants, and details identifying individual pupils cannot be divulged.

Condition of access includes compliance with the Data Protection Act 1998. This means providing proof of registration with the information commissioner’s office, having appropriate security arrangements in place to process the data, using the data only for the specific purpose requested, keeping it only for the specified length of time and not sharing it without prior written approval.

Why are people worried about the use of the data?

Some people fear the Home Office could use the database to identify foreign-born families, or match the findings to its own immigration database. The timing of the census has heightened this worry.

The change was suggested a year ago, but the subsequent vote in favour of leaving the European Union has left the immigration status of EU nationals living in the UK much less clear than it was 12 months ago. With Liam Fox suggesting that they could be “one of our main cards in the negotiations” for Brexit, and the home secretary, Amber Rudd, suggesting companies could be forced to reveal how many foreign workers they have, the political atmosphere is highly charged.

Campaigners say the Home Office has a record of accessing other government departments’ data, but the DfE’s official line is that the information will not be shared: “These data items will not be passed to the Home Office. They are solely for internal DfE use for analysis, statistics and research,” it said.

It is worth noting that the Home Office could already do something similar through existing HMRC tax records.

Can you opt out of the data collection?

Yes, to a point. The DfE’s guidance to schools allows parents and carers to refuse to supply the information on nationality and place of birth. It is the first time parents have been given that right in the school census. The school will still supply all the other data it already collects on pupils.

Should you boycott the birth and nationality questions?

It’s very much a matter of personal conscience.

It is unlikely the Home Office is trawling the NPD looking for immigrants. It doesn’t currently have the capacity, though it could perhaps in the future. Many school leaders are in favour of the data collection, because it helps them argue for further funding for new places and additional support for those needing to learn English.

Boycotting the data collection would send a strong signal to the DfE that they are being too intrusive in their methodology, and that parents are concerned about the potential abuse of the data in the future. One thing is clear though: no schools should be badgering parents to see passports, and parents are entirely right to be refusing these requests.

Fuente: https://www.theguardian.com/education/2016/oct/08/boycottschoolcensus-why-parents-are-refusing-to-reveal-their-childs-nationality

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El agotamiento del discurso pedagógico y la cancelación de horizontes para la reflexión

Por: Miguel Ángel Pérez

Para las personas que trabajamos en educación, un recurso fundamental que le da sentido a nuestro trabajo es la perspectiva teórico–práctica del discurso pedagógico. Sin embargo, el discurso pedagógico está acotado y vive un terrible fenómeno de crisis y saturación en estos momentos.

El discurso pedagógico se vincula con las prácticas educativas, con las corrientes del pensamiento vinculadas a explicar y darle sentido a los fenómenos educativos y con una serie de marcos de referencia que permiten clarificar conceptualmente de qué se habla cuando se habla de los distintos componentes del fenómeno educativo. De qué se habla cuando se habla de constructivismo, de competencias, de desarrollo de los sujetos, de reflexión de las prácticas, etcétera. El agotamiento de sus marcos como abanico de posibilidades es atribuido a que hemos entrado desde hace algunos años, a la generación de un discurso circular que lejos de generar nuevas posibilidades de generación discursiva, nos ha llevado a una especie de círculo vicioso, hablamos de lo mismo con distintas palabras o hablamos de nada con conceptos estelares.

Michael Foucault decía que las palabras no son las cosas, los fenómenos educativos (casi siempre) los docentes los viven en la acción vinculados con procesos complejos en contextos igualmente demandantes, las explicaciones de todo ello son amplias y dan poco lugar a nuevas elaboraciones.
La circularidad de las ideas y de las propuestas pedagógicas obedece a dos grandes factores:

  • Por un lado a la dificultad de aportar cosas nuevas o diferentes, ante un campo de conocimiento especialmente invadido por distintas ideologías, acotado y hegemonizado desde posiciones que han endurecido sus posturas y que no quieren ceder ante nuevas ideas y condiciones.

b) Por otro lado, ante la poca capacidad de los teóricos y prácticos educativos de aportar nuevas vetas y nuevos senderos para generar cambios o nuevas perspectivas que le den una nueva forma de entender y utilizar los aportes pedagógicos.

Es obvio pensar que requerimos innovar la forma de generar y consumir conocimientos pedagógicos, si bien la pedagogía es eminentemente innovadora requerimos innovar sus innovaciones y ello no tiene nada que ver con la inclusión del uso de los entornos virtuales o de la no presencialidad del acto educativo o la utilización de programas basadas en las TIC. No, la innovación de los conocimientos pedagógicos implica colocarse desde otro lugar y exigirse una nueva postura metodológica, en donde se inicie por cuestionar gran parte de lo aportado hasta ahora. Las verdades pedagógicas del presente en cuanto a prácticas educativas, procesos de enseñanza y aprendizajes, desarrollo de los sujetos, vinculación, escuela – entorno social, se han convertido en losas pesadas que estorban la incorporación de nuevas ideas.

En este plano lo que podría sugerir es abordar nuevas formas de analizar el discurso educativo, incluir el cine-debate, las narrativas, la fotografía, los relatos vivenciales, las aportaciones de los sujetos que desde una explicación ortodoxa se conciben como que no aportan. Colocarse en los márgenes del discurso pedagógico nos podría llevar a mirar lugares poco explorados para generar nuevos conocimientos. Los conocimientos que tendrán vigencia a lo largo del siglo XXI, gran parte de los actores educativos los están esperando para conocerlos, para practicarlos, para pensar y actuar en torno a ellos.

Actualmente tenemos mucha pedagogía pero poca educación y requerimos abrir un proceso que nos lleve a reinventar gran parte de la tarea educativa y lo que forma parte de ella.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/el-agotamiento-del-discurso-pedagogico-y-la-cancelacion-de-horizontes-para-la-reflexion/

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Ausentismo docente: otro ataque de Clarín en favor del Gobierno

Por: María Diaz Reck

En su última publicación dedicada a la Educación el diario Clarín se dedicó a analizar el “ausentismo docente”. Entre las notas que completan la publicación se destaca una columna de opinión del director general de Escuelas de Mendoza, Jaime Correas.

La nota de Correas se titula “Mejoramos el presentismo gracias a un Estado firme” y dedica particulares loas al ya famoso “Item Aula”, que se implementó en la provincia cuyana en marzo.

El “Item Aula” modificó el régimen de licencias de las trabajadoras y los trabajadores de la educación e implica que un 10 % del salario sólo se cobra si quien ejerce la docencia no falta más de tres veces justificadas por mes y hasta diez veces en el año, no acumulables.

Los descuentos significan hasta $ 1.300 en primaria y $ 2.600 en secundaria por un cargo. Es una política que ataca los derechos conquistados y fue rechazada por todos los gremios docentes mendocinos y también a nivel nacional.

Otra nota del especial de Clarín, firmada por Alfredo Dillon, arranca con un párrafo realmente insultante para miles y miles de integrantes de la comunidad educativa del país: “La educación argentina está jaqueada por las ausencias: de los alumnos y de los docentes. En el ranking de ausentismo estudiantil, la Argentina quedó última entre los 65 países que participaron de la última edición de la prueba PISA. Aunque no existen cifras oficiales de ausentismo docente, la misma evaluación detectó un impacto fuerte de las ausencias de profesores en el proceso de aprendizaje”.

Las pruebas PISA son un sistema de evaluación estandarizado que no tiene en cuenta las diferentes realidades sociales de cada estudiante, docente y escuela.

Cuando atacar a la docencia es “línea editorial”

El diario Clarín se propone atacar a las y los docentes y achacarles toda la responsabilidad de la crisis de la educación. Es habitual su “periodismo de guerra”, como ya sucedió hace un par de semanas, atacando el masivo paro del 24 de agosto.

Clarín enumera la cantidad de días de paro. Pero se olvida de contar la cantidad de días de clase que se pierden por las malísimas condiciones de infraestructura en las que se encuentra la gran mayoría de las escuelas de la Provincia de Buenos Aires y de todo el país. Condiciones que no mejoró la “década ganada” de Cristina Fernández y Daniel Scioli ni tampoco se proponen mejorar Macri y Vidal.

El “gran diario argentino” se ¿olvida? también de decir que las y los docentes trabajan doble y triple cargo para poder llegar a fin de mes, ya que el salario por un cargo está alrededor de los $ 9.000, es decir, menos de la mitad del costo de la canasta familiar.

El 79,5 % de las y los docentes van a trabajar en estado de enfermedad, según una encuesta realizada por la Ctera. Otro informe de la Dirección de Sanidad Escolar de la Nación señala que más de un 20 % de las y los docentes está en período de licencia prolongada o realiza tareas pasivas en las escuelas como consecuencia de las enfermedades laborales. Además, más del 35 % padece enfermedades psicológicas como el conocido síndrome de Burn Out, o “cabeza quemada”.

Nada extraño para la cotidiana tarea polifuncional que realizan las y los trabajadores de la educación.

¿Quién sostiene la educación pública?

Mientras Clarín, el Gobierno y sus funcionarios se dedican a atacar a la docencia, se multiplican los ejemplos de que son las trabajadoras y los trabajadores de la educación quienes sostienen la escuela pública, como lo muestra claramente la experiencia de quienes trabajan en Jujuy, que trabajan con 18 º bajo cero en escuelas sin calefacción, con instalaciones precarias de electricidad, sin gas natural y llegar a las escuelas es una odisea que a veces no se logra y conlleva serios peligros para la salud.

En cada escuela pública hay docentes que realizan su trabajo de la mejor manera, a pesar de que los gobiernos no garantizan condiciones para enseñar y aprender.

Y mientras las escuelas se caen a pedazos y miles de docentes no llegan a fin de mes, el Gobierno se prepara para poner en marcha en octubre el Operativo Aprender 2016, basado en evaluaciones dirigidas tanto a estudiantes como a docentes.

Lejos de mejorar la situación de la educación pública buscan justificar con números una política de ajuste, continuar la transferencia del presupuesto a la educación privada, desfinanciar aún más a la pública, implementar el salario por mérito y profundizar la mercantilización de la educación.

El gobierno gasta millones en operativos de evaluación y en observatorios analíticos como el que busca implementar la gobernadora Vidal -qué consiste en espiar por las redes sociales a la comunidad educativa-, al tiempo que destina solo $ 12 por estudiante en los comedores escolares.

Hay que desenmascarar la hipocresía de los gobiernos, tanto nacional como provinciales, y de las grandes empresas periodísticas afines a sus proyectos como Clarín, que tras un discurso de “calidad educativa” atacan a la educación pública. Esa educación a la que acceden millones de niñas, niños y adolescentes, en su amplia mayoría hijas e hijos de pueblo trabajador.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Ausentismo-docente-otro-ataque-de-Clarin-en-favor-del-Gobierno

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