Por:  Lev Moujahid Velázquez Barriga

os cuatro meses de paro nacional de labores que encabezó la CNTE pusieron en jaque al gobierno mexicano, al sistema educativo y al proceso vertebral de su reforma: la evaluación. No obstante, no hay un termómetro que se haya hecho público para medir el descontento magisterial. Sin embargo, que no se haya hecho público no significa que no exista; por supuesto, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) guarda para sus propias reservas cifras que alertaron al Estado mexicano de un levantamiento popular de amplias dimensiones alentado por la coordinadora, que contó con el consenso de la sociedad.

Por su parte, la CNTE hace sus estimaciones internas de manera cotidiana, sin intención propagandística o para orientar la opinión pública en la competencia mediática, donde no tiene posibilidad, dado el control empresarial de la industria de las comunicaciones; más bien, con el propósito de diseñar sus procesos de lucha en función de lo que llaman correlación de fuerzas. La resistencia magisterial estima que en su última oleada de movilizaciones masivas participaron 900 mil trabajadores de la educación, quienes se involucraron de forma no siempre homogénea, en momentos diferentes, a veces de manera descentralizada y en distintos niveles de impacto y organización, pero finalmente en una misma lucha que se articuló como una sola jornada contra la reforma educativa.

En nuestro sistema de educación básica y media superior, que se compone de aproximadamente de 1.5 millones de maestros, el número de inconformes que participaron en una o más acciones de rechazo a la reforma equivale a 60 por ciento del total de su membresía, lo cual contrasta abismalmente con el 10 por ciento (no más de 150 mil) que participaron en los procesos de evaluación, gran parte de ellos por coerción directa de las autoridades o por incertidumbre a perder su trabajo. Ahora, para medir el descontento generalizado contra los cambios constitucionales, así como el apoyo moral y físico que respaldó a la coordinadora, el asunto se vuelve más complicado, porque no existen mecanismos directos de información por parte del movimiento magisterial que hayan concentrado sistemáticamente el nivel de participación y desacuerdo de la sociedad.

Bajo estas ausencias de información y prácticas inusuales entre los movimientos sociales, llama la atención que diversos estudios estadísticos sobre el panorama político en el país reportan una caída estrepitosa de la figura presidencial, pero otros también comienzan a registrar el descenso de la reforma educativa, que ha perdido credibilidad de manera considerable entre la ciudadanía. Aunque la tendencia ya se veía venir, la situación se agrava al grado de reconocer indicios de ingobernabilidad y la emergencia de actores como la CNTE, cuya aceptación ha crecido en la población mexicana hasta configurarse como un ente político, que en el escenario nacional disputa el consenso social con las instituciones del Estado y los partidos políticos. La suspensión temporal de la obligatoriedad de la evaluación para el desempeño, la liberación de varios presos políticos, el flujo a cuentagotas de adeudos añejos al salario de los docentes y la apertura de canales administrativos para no continuar con los procesos de cese laboral, así como los acuerdos tácitos en zonas de mayor conflicto para no operar de manera normal la reforma educativa, han sido medidas resultado del cálculo político para detener la rebelión magisterial-popular y el peligro de la ingobernabilidad.

Pero en la lógica del poder no está la posibilidad de resolver la crisis de gobernabilidad y la falta de legitimidad en la política educativa derogando abiertamente esta reforma ni ninguna otra para restablecer su consenso social. La respuesta ya se organiza a partir del efecto manipulador que el aparato ideológico del empresariado construye, desprestigiando la protesta social y minando los espacios donde la CNTE ha logrado tener una presencia importante. Entonces, pese a que estamos cercanos al proceso electoral, el intento de aniquilamiento contra los maestros no se detendrá, como demuestran los 21 nuevos ceses de docentes en la Ciudad de México a partir del primero de octubre. Al contrario, la oligarquía prepara una nueva base de apoyo social para recuperar la hegemonía y promover su plataforma profascista, movilizando la moralidad conservadora, la homofobia en las calles, el racismo y clasismo, tanto en la universidades públicas y normales como a través de los medios de comunicación masiva.

En las ciudades y comunidades, los gobiernos condicionan la entrega de becas a los padres de familia, así como de los programas sociales, a la denuncia y la vigilancia inquisitorial de los malos comportamientos políticos de los profesores. Al mismo tiempo, el Ejército despliega brigadas que organizan campañas de denostación y acciones de confrontación con los mentores. La aparente tregua del Estado y un posible camino que deje en suspenso la reforma educativa el resto del sexenio, como primer paso para declararla inaplicable de manera definitiva, no depende sólo del consenso de la CNTE en el ambiente social, pero sí de su capacidad para potenciarlo y construir de manera articulada e inteligente la movilización pedagógica, organizativa, jurídica y política en el terreno escolar, de las comunidades, las instancias legislativas, las calles y las instituciones políticas nacionales e internacionales.

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