Sin duda en la Educación se mueven muchos intereses. Dinero. Poder. Liderazgos. La tarea más noble, educar, con frecuencia es atravesada por motivos que no tienen nada de pedagógico, curricular, pertinente.
Y se cruzan procesos electorales, presupuestos, elección o designación de dirigentes, secretarios, ideologías, luchas de poder, y un sin fin de complicaciones que impiden/frenan que en México sea la Educación un factor de desarrollo, de movilidad social. Y las víctimas son los estudiantes y sus familias. O sea, el país.
Si le agregamos la debilidad de las autoridades, y porqué no decirlo, su complicidad, el panorama se nos pone peor. Nada que hayan “secuestrado” los sindicatos, lo obtuvieron solos. Fueron acuerdos políticos con autoridades que ganaban gobernabilidad.
Tanto en el gobierno federal, como en los gobiernos estatales de todas estas décadas, siempre ha habido personas comprometidas con impulsar la educación. Lo mismo se puede decir de los sindicatos, directores, maestros/as, etc. Se pueden citar cifras de avances en cobertura y contenidos. Verdaderos… pero completamente insuficientes. ¿Porqué sus esfuerzos no han sido los que necesitamos?
Esto ocurre por falta de ciudadanía. Porque a pesar de que cada vez vamos construyendo una sociedad más participativa, el déficit en esta materia sigue siendo enorme.
Allí está la Reforma Educativa. Generó un gran consenso, y ahora no tenemos claro qué va a pasar. Los profesionales del conflicto no tienen una propuesta. Exigen su abrogación total, y una serie de demandas que nada tienen que ver con la Educación. Por otra parte, existen voces desde la academia, la investigación, el salón de clases, las organizaciones de sociedad civil, que alzan su voz contra algunas características que consideran deben ser modificadas. Algunas de esas requerirían cambios en las leyes, otras no. Son de política pública.
¿Podremos llevar este debate tan válido, y mantenerlo dentro del terreno educativo? ¿Seremos capaces de analizar seriamente el punto de vista del otro, escuchar, aprender? ¿O será el debate es una mera pantalla para motivaciones políticas, económicas y de poder, que sólo toman a la Educación como pretexto?
Quizá es un sueño guajiro aspirar a que la educación nos una a quienes pensamos diferente, votamos diferente, opinamos diferente, pero coincidimos en que sólo la educación nos llevará al desarrollo. Ojalá podamos aprender de países que hace muy pocos años estaban igual o peor que nosotros en esto, y nos han rebasado mientras asignamos culpas, sin asumir tareas.
Esos países también tuvieron problemas políticos, pero fueron capaces de coincidir en lo esencial: apostar por la educación.
Una comunidad informada y participativa que exige a todos los actores, y pone el ejemplo, logra grandes transformaciones. Recientemente lo vimos con el sistema nacional anticorrupción. Imperfecto, pero un gran logro.
En este péndulo entre concentración o descentralización del presupuesto, o el debate acerca de la Evaluación, del Modelo Educativo, la Reforma a las Normales y a la currícula escolar, la clave está en que todos los actores reconozcan la importancia de la aportación que cada uno brinda (maestros, padres de familia, autoridades, legisladores, sindicatos, investigadores, gremios, medios de comunicación, etc.), y que exista un tejido social que aporte, critique, reconozca y exija que se apliquen las medidas necesarias para mejorar la educación.
Y que los que buscan sacar raja política sean evidenciados y castigados con el rechazo de una ciudadanía que sabe lo que quiere, y lucha por conseguirlo. ¿Se podrá?
Mientras miles de jóvenes esperan por ser asignados en alguna carrera, al menos 46 mil 86 cupos se quedarán fríos en las universidades venezolanas. Estas plazas quedarán vacías porque ninguno de los 410 mil 783 solicitantes las quiere. El problema continuará sin importar cuántas corridas más se hagan intentando asignar esos cupos, simplemente nunca serán llenados y por supuesto tampoco se traficará con ellos. Ellas son las opciones menos deseadas por los aspirantes o son fruto de una deficiente planificación que creó mucho más plazas que las requeridas. Los 46 mil cupos vacantes equivalen a un campus como el de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, con sus edificios, talleres, oficinas, equipos y materiales, más todo el personal docente, empleados y obreros, pero sin estudiantes.
La cifra se obtiene de los resultados del proceso de asignación del 04 de julio de 2016 (1), en el cual se ofertaron 311 mil 954 cupos a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). Se calculó la totalidad de los cupos sobrantes, primero, restando de la oferta de cupos para cada carrera ofrecida por las universidades públicas venezolanas, la demanda total para dicha carrera en todos los órdenes de preferencia. Luego, se sumaron los resultados anteriores para obtener el total nacional. Este es un cálculo conservador porque el desperdicio de cupos con toda seguridad será mayor a la cifra señalada. En el cálculo anterior se asumió que la oferta de cupos por carrera es suficiente para recibir a todos los aspirantes que hubiesen seleccionado una determinada carrera en cualquier orden de preferencia. Y en verdad es raro que esto ocurra, porque la forma de asignar a los aspirantes está diseñada para priorizar sus preferencias (2).
Cada aspirante que se registra en el Sistema Nacional de Ingreso, escoge en orden de preferencia seis (6) opciones de estudios entre carreras y Programas Nacionales de Formación (PNF). Dependiendo de su índice académico, puede ser asignado en alguna de las seis opciones que elija y como se señaló antes, el sistema tratará de asignarlo en alguna de sus opciones favoritas. Si el cálculo se hiciese, asignando a dichas plazas sólo a los que las seleccionaron en primera opción, los cupos sobrantes ascenderían a 71 mil 141. El total de cupos sobrantes para 2016 con seguridad estará en una cifra acotada entre un mínimo de 46 mil 86 cupos y un máximo de 71 mil 141.
Paradójicamente, la cantidad de cupos sobrantes se incrementa mientras crece la cantidad de cupos ofertados, esto quiere decir que cada vez se gasta más dinero para tener más universidades vacías. El siguiente gráfico se realizó con datos de los procesos de ingreso de los años 2008 (3), 2010 (4), 2012 (5) y 2015 (6); el eje vertical izquierdo indica los cupos sobrantes en miles (barras) y el de la derecha, el total de cupos ofrecidos (línea) también en miles:
Gráfico 1. Cupos sobrantes en los procesos de ingreso a universidades públicas. Elaboración propia
El porcentaje de cupos sobrantes en los últimos tres años ronda el 15%, de modo que si se le aplica a los 311 mil 954 cupos ofertados el 04/07/2016, se obtiene una cifra de 47 mil cupos sobrantes, cercana a nuestra estimación inicial sobre otras bases. Lo más probable es que la cifra aumente, porque en la primera corrida se careció de la totalidad de la oferta de instituciones como la UCV. Esta institución contribuyó con unos escasos 619 cupos de sus centros en el interior del país, faltando incluir unos 8 mil más, que cada año suelen ofrecerse entre sus sedes de Caracas y Maracay (7).
El fenómeno ha sido explicado en varios artículos previos del autor (8), (9) (6) (10), como resultado de la extrema desigualdad en la atractividad de las carreras/PNF. Tiene sus orígenes en la dinámica evolutiva del sistema universitario venezolano por lo cual abordarlo, requiere comprender los mecanismos causales que subyacen al mismo. Para gerenciarlo con éxito se requieren acciones estructurales como la creación de un Sistema Nacional de Orientación (11), que operando a lo largo de toda la secundaria permita integrar la vocación de los jóvenes con los intereses de la patria. Es una situación compleja que requiere abordajes sofisticados y a largo plazo, por tanto es ilusorio intentar resolverlo con mecanismos ad-hoc o transitorios, al momento que los jóvenes y sus familias, con poca o nula orientación previa, enfrentan el dilema de planificar la vida. Ningún sistema de admisión post-secundaria, sean cursos, pruebas de ingreso o el Modelo de Asignación Multivariable resolverá el problema, a lo más solo lo esconderán bajo la alfombra.
Lamentablemente otros factores estructurales contribuyen a que el problema sea todavía mucho más delicado. Entre ellos destacan las malas prácticas administrativas en los registros estudiantiles de las instituciones y su efecto de sobre-cuenta matricular (12); la supresión, desde hace nueve años, de todo tipo de información estadística oficial sobre las universidades distinta de la matrícula; y el escaso o nulo seguimiento a las cohortes para determinar la inscripción efectiva (inscritos/asignados), deserción, repitencia y tiempo de duración de los estudios. Todo ello contribuye a que el problema de las plazas efectivamente ocupadas sea todavía más serio que lo presentado hasta ahora. La extensión de estos temas obliga a tratarlos en próximos artículos siempre en base a las evidencias disponibles.
Mientras tanto, es urgente frenar el desperdicio continuado fruto de la ausencia de sentido común y de un mínimo de planificación por parte de autoridades universitarias y del Gobierno. Es inaceptable que en las condiciones actuales del país, se estén destinando recursos para mantener infraestructura y personal para atender a una población estudiantil fantasma, mientras que por otro lado miles de jóvenes se quedan sin cupo todos los años. Esta desidia criminal la pagamos todos, sobre todo los más pobres.
Bernardo Ancidey
bernardo.ancidey@gmail.com
Notas
1. Oficina de Planificación del Sector Universitario. Sistema Nacional de Ingreso. Índice, Cupos y Demanda 2016. [En línea] 4 de Julio de 2016. [Citado el: 25 de Agosto de 2016.] ingreso.opsu.gob.ve/descargas/demanda.pdf.
2. La revolución bolivariana y la inclusión a la educación universitaria. Alfonzo, M., Silva, R. y Raddatz, M. 100, 2016, Revista de Pedagogía, Vol. 37, págs. 43-66.
3. OPSU. Estadísticas del proceso nacional de ingreso 2008. Caracas : Autor, 2009.
4. Noticias MPPEU/OPSU. Fidel Ernesto Vasquez I. A partir del 15 de septiembre comienza segundo proceso de asignación de cupos RUSNIEU 2010. [En línea] 10 de Septiembre de 2010. [Citado el: 25 de Agosto de 2016.] https://fidelernestovasquez.wordpress.com/2010/09/10/rusnies-inicia-el-15-de-septiembre-segunda-etapa-de-asignacion-de-cupos/.
5. González, M. Aporrea. Más de 19 mil cupos universitarios pasarán a un proceso de reasignación. [En línea] 2012. [Citado el: 25 de Agosto de 2016.] http://www.aporrea.org/actualidad/n208464.html.
6. La paradoja del cupo universitario en Venezuela. Ancidey, B. Caracas : ONCTI, 2015. IV Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación, 4 al 6 de noviembre de 2015.
7. Universidad Central de Venezuela, Secretaría. Año 2010 Boletín Estadístico. Caracas : Universidad Central de Venezuela, Secretaría General, Unidad de Investigación y Análisis, 2011.
8. La Reina Roja de Alicia en el espejo y las carreras universitarias, Ponencia aceptada. Ancidey, B. Caracas : Escuela de Educación de la UCV, 2016. IX Jornada de Investigación Educativa y V Congreso Internacional de Educación de la UCV, 18, 19, 20 y 21 de octubre de 2016.
9. La complejidad en la gerencia del proceso de ingreso a la educación universitaria venezolana. Ancidey, B. Caracas : Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación, 2012. Libro de resúmenes del 1er Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Investigación. Vol. II, págs. 441-442.
10. Ancidey, B. Modelo gerencial de la atractividad social de las disciplinas académicas universitarias en Venezuela. Caracas : UNEFA-Chuao, 2015. Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Gerenciales.
11. Mesa Técnica Nacional del Sistema Nacional de Orientación, Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Sistema Nacional de Orientación. [En línea] Abril de 2009. [Citado el: 25 de Agosto de 2016.] https://orientacionpsicologiaycultura.files.wordpress.com/2012/10/sistema-nacional-de-orientacion.pdf.
12. Mosquera, J. Aporrea. La matrícula de educación universitaria, despelote estadístico y el «eterno estudiante». [En línea] 11 de Agosto de 2016. [Citado el: 25 de Agosto de 2016.] http://www.aporrea.org/actualidad/a232264.html.
En estos días recibí una invitación para dictar un foro sobre economía política a una de nuestras instituciones los cuales tomaron la determinación de hacer una escuela de formación de cuadros, producto de los momentos históricos de definición que hoy vive la patria de Bolívar y de Chávez, quien me conoce sabe que no soy economista más bien lo más cercano al referente oficio es una frase del Che “no soy economista, Soy Comunista” ahora bien aunque no negué mi participación sino que más bien le pedí a un gran camarada economista ( Prof. Armando Alvares) que me acompañara a la actividad en aras de garantizar la calidad y el respeto que amerita el evento y sus asistente, soy de los que cree que la causa de la actual coyuntura no es económica sino política.
Si nos remitimos al término de economía podemos deducir que esta refiere a “ciencia cuyo objeto son las relaciones productivas, comerciales, de distribución y de consumo de bienes y servicios, para establecer si los recursos están equitativamente distribuidos en función de las necesidades, buscando una correcta administración.” En el presente concepto hay dos cosas que me llaman mucho la atención y me generan suspicacias a la hora de entender si el problema es económico o político: Primero cuando se refiere a “las relaciones productivas, comerciales, de distribución y de consumo de bienes y servicios” es importante recordar que durante 17 años del proceso de democracia participativa y protagónica encontramos dos polos netamente antagónicos, por un lado un gobierno el cual llego producto del gran rechazo del pueblo a los partidos tradicionales y su política de exclusión social en contra de los que menos tienen, el cual nunca fue reconocida su victoria ni la voz del pueblo por los sectores económicos nacionales y extranjeros con influencia en nuestro país, por otro lado ese sector representado por los grupos económicos que se negó en aceptar al gobierno de Revolucionario, los cuales producto del no reconocimiento o sus resistencia a la pérdida del poder político, agudizaron la existencia de esas “relaciones productivas, comerciales, de distribución y de consumo de bienes y servicios” recordado acontecimientos como: la oposición al proceso constituyente y posteriormente a la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Golpe de Estado de 2002, el Paro Petrolero de 2003, la Guaribas de 2004, las acciones terroristas denominadas la “ARRECHERA” de 2013 y “La SALIDA” de 2014, y los ataque desestabilizadores actuales como la Guerra Económica o la Economía en guerra que evidencia la inexistencia de esas relaciones que identifican el concepto de Economía
Segundo en el mencionado concepto también se postula que la economía se encarga de “establecer si los recursos están equitativamente distribuidos en función de las necesidades, buscando una correcta administración.” Lo que sin duda alguna obliga en comparar indicadores como el de la desnutrición cuando de acuerdo a cifras como la del Instituto Nacional de Estadística reflejan como en 1998 antes de la llegada de la Revolución superaba el 5,3 % a la presente fecha de acuerdo al reconocimiento con la FAO el indicador es menor al 2%, de igual manera se puede hablar de los casi 500% de aumento de la matrícula de estudiantes universitarios, las más de un millón de viviendas construidas, tres millones de pensionados, en fin una distribución de los recursos de manera equitativa en función de las necesidades del pueblo y conocidas en la IV república como UTOPIA ya que el concepto de la distribución equitativa de la riqueza para los gobiernos de Acción Democrática era hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres.
En relación a la Economía política esta según los expertos en la materia la definen como “el estudio de los comportamientos humanos, examinados dentro de un contexto jurídico característico” en pocas palabras esta centra prioritariamente su interés en el ser humano y no en el capital, aunque como lo manifesté inicialmente no soy un experto en el asunto, como un gran ejemplo puede tomarse la PDVSA de 1998 y la PDVSA de hoy, ante la llegada del Presidente Chávez nuestra principal empresa enfocaba su interés en la producción y comercialización de los hidrocarburos sin mayor relevancia a su carácter estratégico, recordemos que en la etapa cuarto republicana el barril de petróleo estaba en 7 dólares muy por debajo al costo de producción, así como su referente social más significativo fue la donación en 1998 al hoy Diputado Julio Borges de 60.060 millones de Bolívares que para la fecha equivalían a 600.6 salarios mínimos, en lo que respecta a la PDVSA de hoy si bien hay mucho por hacer evidencia que como principal protector de las misiones sociales este tipo de economía si centra su primordial interés en la gente y no en el capital de los sectores pudientes.
Esta reflexión no estaría completa si no se hace mención al actual desafío económico y la dependencia petrolera o como mucho las denominan hoy economía rentista, no hay que ser muy experto para saber que cuando el barril de petróleo está en 100 dólares somos el país de la felicidad, todo es perfecto, está de moda decir que se es de izquierda, pero cuando baja sobre todo de la manera tan precipitada, no hay quien falte y diga: “esto no es lo que era antes, si Chávez estuviera vivo”, y los que se definían como ultra izquierda ahora se llaman críticos o moderados, primero que nada no es casual la baja de los precios petroleros y como hoy no son las mismas condiciones que las del año 2000 para lograr un consenso para definir un precio justo del barril de petróleo en la OPEP, recordemos que dos principales socios de esta organización como Iraq y Libia fueron invadidos por el país mayor consumidor de petróleo del mundo como lo es Estados Unidos, así mismo es importante hacer referencia que no son únicamente contra la OPEP ya que los EEUU importan el 60% del petróleo que consumen lo cual obliga en enfundar ataque contra otras naciones petroleras como la operación media luna en Oriente medio y Centro Asia que busca rodear a países ex soviéticos como Kazajstán, Tayikistán y Kirguistán los cuales cuentan con grandes reservas de recursos naturales como gas y petróleo, algo muy similar a lo que ocurre en américa del sur con la desestabilización política en países como Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil, los cuales están permitiendo el retorno de los grupos económicos al poder político (Venezuela = Asamblea Nacional, Argentina = Macri, Brasil = Golpe Parlamentario) algo que es muy necesario entender el porqué del mayor afán de los ataque contra América del Sur, es porque si bien ya sabemos que Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo y que importa el 60% del petróleo que consume también es importante destacar que la distancia de traslado de hidrocarburos desde nuestro continente a sus refinerías es de 5 días mientras que del medio oriente es de 45 días.
¿Porque dependencia petrolera o economía rentista?
Si bien está más que claro que la actual coyuntura no enseño que no podemos depender de un solo tipo de ingreso y que la única manera de vencer estos desafíos es produciendo lo que consumimos, también es muy cierto que nuestro país tiene más de 100 años de explotación petrolera y el cual motivo el abandono del campo de la mano de obra calificada seducido por los sueldos petroleros, en ese sentido Juan Pablo Pérez Alfonso dedujo en su libro Hundiéndonos en el Excremento del Diablo lo siguiente:
Pérez 1976
La consecuencia inevitable del galopante crecimiento está estimulada por el mito de que el dinero del petróleo va a resolver los problemas básicos inherentes. Semejante degradación obliga el abandono del campo en busca de la tabla de salvación en las ciudades alucinadoras. Pero la estructura de la población por sí sola es determinante de degradación.
Infiriendo con lo expuesto por el sí experto petrolero, explica que no era tarea fácil tomar medida radicales para la creación rápida de alternativas productivas, primero por la dependencia económica y cultural de la economía petrolera, segundo, de acuerdo a la gran deuda social que heredo el gobierno revolucionario se tenía que recuperar inicialmente la empresa petrolera, lo cual genero el golpe de estado de abril 2002, el sabotaje económico 2003 y una seguidilla de desestabilizaciones que sin duda alguna impedían cambian en menos de 15 años las viejas costumbres de 90 años.
Hoy las condiciones están dadas para la creación del país potencia con alternativas no petroleras, sin embargo todo esto pasa por el convencimiento que es imprescindible un cambio de modelo, ejemplo los planes no pueden ser improvisados cuando se hable de agricultura urbana no debe tomarse como algo de forma sino de fondo dicha acción debe estar acompañada de la visión política (que sembrar, como sembrar, para que sembrar) nuestras universidades deben formar para la producción no asalariados, es necesario cambiar la educación para la competencia por la educación con competencias, nuestros medios de comunicación deben incentivar la identidad nacional como principal escudo ante la doctrina imperial que se infiltra a través de la guerra de IV Generación, recordemos al comandante Chávez cuando en sus líneas decía “Y estamos en una guerra de todo orden, amigo mío: política, ideológica, económica, militar… Y es una guerra que apenas comienza y cuyo desarrollo nos exigirá en adelante muchos sacrificios. Y mucha unidad.”
Como pudieron observar no se mucho o casi nada de economía solo sé que este proceso Revolucionario hay que defenderlo porque en un gobierno burgués no seria factible un metro cable que hoy borra la desmoralizadora rutina de la madre soltera que tenia que subir una bombona de gas por largas escalinatas para llegar a su hogar, que la hija del obrero hoy pueda ser medica, que nuestros abuelos hoy pueden cobrar su pensión sin ser perseguidos por la policía de los gobiernos adecos, porque nunca seremos visibles como hoy.
Imagen tomada de: http://www.ididactic.com//edblog/wp-content/uploads/2015/05/economia-politica.jpg
En el círculo de educadores muchas veces se escucha decir que acá no existe un Ministerio de Educación, sino un Ministerio de Educación Primaria. Certero comentario, dada la obsesión que durante nuestra historia se ha tenido de cubrir la primaria y debilitar la llamada “continuidad educativa”. El Estado elige dónde y quiénes deben de conformarse con tener solo hasta sexto, porque lo demás les corresponde a unos cuantos solamente.
La continuidad es un valor fundamental en educación. Ese “detalle” que debería de garantizar que la niñez completa cuente con acceso a preprimaria de una forma igualitaria, luego primaria, luego básico (educación media), luego diversificado y por último acceso a la universidad. Valga el dicho de “educación para todos y durante toda la vida”. Acá nada de eso pasa: unos cuantos tienen acceso a preprimaria, muchos a primaria, pocos a básicos y contados a diversificado. ¿De universidad? De eso ni hablar, porque el acceso es cada vez más débil y exclusivo. (ojo que acá solo hablamos de cobertura, una de las dos caras de esa moneda llamada educación).
La urgencia de repensar la educación no es nada nuevo. ¿Qué tipo de ciudadano aspiramos para un país como el nuestro? ¿Hacia dónde queremos encaminar la educación pública? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Preguntas aparentemente ingenuas pero que requieren de esfuerzos colectivos para responderlas. Simplemente porque el tipo de guatemalteco que necesitamos lo define el Estado a través de su proyecto educativo.
Es hora de sentarse a dialogar sobre el tema, a debatir sobre el tema, despojarlo de quienes se han creído sus dueños porque, francamente, es nuestro. Sí, recuperar lo “nuestro” debería de ser el lema. Al parecer, el 22 al 24 de agosto, en las instalaciones del Colegio Liceo Javier, se llevará a cabo un foro sustantivo, liderado por Ejegua (educación jesuita en Guatemala), felizmente dedicado a la educación media. Porque hablar desde todos los espacios de calidad, de mitos, de contradicciones, de desafíos, de inclusión educativa, de innovaciones, de brechas, de génesis, de diversidad, de procesos, de gasto, de contextos particulares, de lo público, entre otros, es cardinal. Es hora de asumir, de tomar acciones, de reorientar con creatividad y fuerza hacia una educación incluyente y global. Que estos eventos se reproduzcan, porque seguir esperando es el peor error que puede cometer esta sociedad. Muy simple: cada país merece la educación que defiende.
Fuente de la Imagen: https://www.google.co.ve/search?q=Educaci%C3%B3n+media+a+medias&biw=1024&bih=485&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCl5yB2dPOAhWEQyYKHSzpDMwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=Educaci%C3%B3n+media+en+guatemalas&imgrc=bnpo6mtlbRoB7M%3A
La estructura dinámica de la atención de las personas con discapacidad desde su origen y evolución histórica propició la segregación, el aislamiento educativo y la marginación social.
Esta condición de segregación significó, por muchas décadas, el aislamiento de esta población y la consecuente organización educativa de servicios paralelos a la educación regular.
Al evolucionar la sociedad, las personas con discapacidad han ido reclamando los derechos que les corresponden constitucionalmente. En la actualidad existe en la mayoría de los países organizaciones gubernamentales y civiles que velan y exigen el cumplimiento de estos derechos.
Uno de los derechos más reclamados ha sido el derecho a recibir educación en centros educativos regulares y no desde centros de educación especial.
A esa educación en los centros educativos regulares se le ha denominado, educación inclusiva.
Este enfoque de la educación inclusiva surge a raíz del movimiento de ‘Educación para Todos’, celebrada en Jomtiem, Tailandia en el año 1990, con el convencimiento de que el derecho a la educación es un derecho humano básico que está en la base de una sociedad más justa.
Este modelo se centra en la atención de todos los alumnos y con mayor atención de aquellos que han sido excluidos de las oportunidades educativas.
En Panamá la situación de las personas con discapacidad ha sido similar al resto del mundo, este enfoque ha permitido llevar a cabo acciones muy concretas para asumir la responsabilidad que como país teníamos que atender.
El Ministerio de Educación, en el año 2005, inicia una política educativa para atender esta deuda, desarrollando el Plan Nacional de Educación Inclusiva, en 65 escuelas de las 13 regiones educativas del país.
En ese impulso a la educación inclusiva desde los centros educativos regulares, se establecieron una serie de acciones de capacitación a los docentes de estos centros, a través de seminarios, charlas, diplomados y postgrados, que en alianza con el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unicef, Secretaría Nacional de Discapacidad ( Senadis), la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), la Organización de Estados Iberoamericanos y otras organizaciones que han brindado sus aportes al fortalecimiento de las competencias de los docentes del sistema educativo regular de manera que paulatinamente contáramos con docentes formados para atender las necesidades educativas especiales de los alumnos en el proceso de aprender y enseñar.
El impulso de los derechos humanos implica la atención educativa a las personas con discapacidad dentro del sistema educativo regular, por lo que, se requiere que las escuelas y sus docentes estén preparados para atenderlos, como parte de la comunidad y no sentirse alienados por la cultura de las escuelas regulares en donde se presentaban barreras para el aprendizaje.
El alumno con necesidades educativas especiales, sean transitorias o permanentes, requiere que el educador cuente con una formación sólida, con muchas actitudes, y conocimientos que le permitan llevar a cabo aprendizajes significativos y pertinentes.
La educación inclusiva requiere de una serie de cambios e innovaciones en las prácticas pedagógicas, para entender y atender las necesidades educativas especiales.
Se pretende que los educadores consideren el aprendizaje como un proceso dinámico, que se desarrolla en la interacción del sujeto con el medio, en donde se tiende a fomentar las redes de apoyos naturales, evitando la segregación y la discriminación por las condiciones de discapacidad y otras condiciones que presenten los alumnos.
Los principios pedagógicos que orientan la educación inclusiva están basados en los aspectos pedagógicos relacionados a la organización de los centros educativos, a la flexibilidad curricular, la autonomía y gestión de los centros escolares, los servicios de apoyo, la participación de la familia y el uso de los recursos.
En ese sentido se requiere que los docentes se encuentren permanentemente en actualización y formación profesional, de modo que, puedan mejorar las prácticas pedagógicas para atender la diversidad. El enfoque inclusivista se basa en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de aprender y en consecuencia favorecedor del desarrollo humano.
Cualquiera que sea el desenlace inmediato de la más profunda y prolongada crisis que el país ha vivido, Brasil no saldrá igual, nunca más será el mismo que fue. Será mejor o peor, pero nunca más el mismo. La crisis devastó la credibilidad de todo el sistema político, liquidó la legitimidad del Congreso, propagó la falta de creencia en el Sistema Judicial e hizo que el pueblo sepa que no basta votar y ganar cuatro elecciones para que el mandato presidencial sea respetado.
En resumen, lo que se creía que el país tenía como República, se terminó. Lo que se difundía que era un sistema político democrático, ya no sobrevivirá. O bien Brasil construye una democracia sólida – para lo cual el Congreso actual, esta Justicia, este monopolio de los medios de comunicación no podrán seguir existiendo como ahora – o el país deja realmente de vivir en democracia.
La derecha brasileña muestra su cara sin eufemismos. Al inicio alegaba que se trataría de un proyecto para “reunificar el país”, supuestamente dividido por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Se valía de la pérdida de popularidad del gobierno Dilma, así como del Congreso más conservador y descalificado que el país ha tenido, como también del rol escandaloso y ya sin ningún pundonor de los viejos medios de comunicación, para destruir la democracia política que hemos tenido y promover un gobierno antidemocrático, antipopular y antinacional.
Muy rápidamente fue posible constatar que se trata simplemente de lo que se denunciaba por toda la región: el proyecto de restauración del modelo fracasado en los años 1990 con Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, por un gobierno golpista y minoritario, contra el pueblo, contra la democracia y contra el país.
¿Cómo se va a pronunciar el Supremo Tribunal Federal sobre cualquier tema, si ha callado frente al golpe, puesto en práctica bajo sus narices, presidido en el Senado por su Presidente, que apoya todas las brutales ilegalidades que se practican? ¿De qué sirve una Justicia, un STF, que no está para impedir que un crimen en contra de la democracia sea perpetrado por el Congreso? Lo que hay es un silencio cómplice, mezclado con un vergonzoso aumento del 41% de sus salarios, concedido públicamente – con fotos en los periódicos -, por Eduardo Cunha, el político más corrupto del país, cuya impunidad solo se da por la complicidad de los que deberían punir, así como a tantos otros miembros del gobierno, incluso el presidente interino. Ya no habrá democracia en Brasil sin un Sistema Judicial elegido y controlado por la ciudadanía, con mandatos limitados y poderes circunscritos.
Dilma, con Danny Glover, sollidario
No habrá democracia en Brasil sin un Congreso efectivamente elegido y sin financiamiento privado, sin que represente a los lobbies elegidos por el poder del dinero. Un Congreso democrático tiene que estar fundado en el voto condicionado, por el cual los electores controlen aquellos en quienes han votado y que se comprometan con un programa y con un partido determinado.
En una democracia, todos tienen el derecho a la voz, la opinión pública no puede ser fabricada por algunas familias, que imponen su punto de vista al país, como si pudieran hablar en nombre del país, aun cuando han perdido cuatro elecciones presidenciales consecutivas. Nadie debe perder el derecho a hablar, pero todos deben tener el derecho a expresarse, sino, no se trata de una democracia, sino de la dictadura de una minoría oligárquica.
En una democracia un impostor no podría haber asumido la presidencia, aunque interina, por un golpe e imponer el programa económico derrotado cuatro veces sucesivamente, incluso en dos veces en que ese golpista estuvo en la lista vencedora, con un programa radicalmente opuesto al vencedor. Si ello ocurre, es porque la democracia fue herida de muerte, la voluntad de la mayoría fue desconocida.
Si el golpismo triunfa en el Senado brasileño, será necesario hacer que pague duramente el precio del atentado que está perpetrando. Que sus proyectos fracasen, que la vida de sus componentes se vuelva insoportable, que su banda de ladrones sea víctima de la ingobernabilidad. Que se ocupe y se resista en todos los espacios del gobierno ilegítimo, antidemocrático, antipopular y antinacional.
Es parte indisoluble de la resistencia democrática impedir cualquiera acción en contra de Lula, que representa los anhelos mayoritarios del pueblo brasileño, conforme las mismas encuestas que los golpistas han utilizado para buscar legitimidad popular, apuntan. Esta será la señal de que sobreviven espacios democráticos o no. Si logran blindar de tal forma su gobierno y constitucionalizar el neoliberalismo, habrán enterrado definitivamente cualquier señal de democracia en Brasil. En ese caso ellos tendrán el mismo destino de sus antecesores: serán tumbados, derrotados, execrados y un nuevo tribunal de la verdad los juzgará y los condenará por crimen en contra de la democracia. Serán derrotados por el pueblo, por la democracia, por el país, que construirán una democracia de verdad en Brasil.
El pasado 9 de julio de 2016, Sudán del Sur celebraba el quinto aniversario de la proclamación de su independencia. La fecha, que debiera haber sido festiva en el país, se tiñó de sangre tras la muerte de, al menos, 272 personas, 32 de ellas civiles. Los enfrentamientos entre las fuerzas militares afines al presidente, Salva Kiir, y su vicepresidente y rival político, Riek Machar, no son más que el penúltimo episodio de una cruenta guerra civil que data de diciembre de 2013 y que hace tambalear los cimientos del que se considera el país más joven del mundo.
Tras más de 20 años de guerra, en enero de 2011 Sudán del Sur votó un referendo a favor de la independencia de Sudán. La decisión estuvo respaldada por un 98,93% de la población sursudanesa, provocando la secesión. La paz y la tranquilidad, sin embargo, apenas duraron un par de años, ya que desde que estalló la Guerra Civil a finales de 2013, la situación económica, política, humanitaria y sanitaria ha sumido al país en una situación crítica. Y todo, a pesar del supuesto acuerdo de paz que tuvo lugar en agosto del año 2015.
En el conflicto, la población civil ha sido la principal perjudicada. Tanto es así que, según los últimos datos que proporciona la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA por sus siglas en inglés), en Sudán del Sur hay 1.616.026 personas desplazadas internamente (en adelante PDI). A pesar de que es necesario ser prudente al tratar cifras procedentes o relativas a países inmersos en conflictos de tales dimensiones, a nadie escapa lo alarmante del dato, pues la población del país no alcanza los 12 millones de habitantes.
Refugiados y desplazados internos en Sudán del Sur a 1 de enero de 2015. Fuente: ACNUR
Se consideran PDIs a aquellas personas que, aun permaneciendo en su propio país de origen, deciden abandonar su hogar por razones de inseguridad. Siguen así bajo la protección del Gobierno local, aunque paradójicamente sea éste en buena medida el causante del conflicto, como es el caso de Sudán del Sur. Además, las más de 50 tribus que existen en el país propician que los procesos de integración que encuentran los desplazados al abandonar sus ciudades de origen sean muy complejos.
Por su parte, la cifra de personas que deciden establecerse en alguno de los países fronterizos de Sudán del Sur es mucho menor, debido a las dificultades humanitarias, económicas e incluso psicológicas que supone para los emigrantes abandonar un país por el que han luchado durante varios lustros. A pesar de ello, el recrudecimiento de la situación y el incremento de sucesos violentos acaecidos durante los últimos meses está provocando una oleada de refugiados que tratan de abandonar el país.
De acuerdo con la cifras proporcionadas por ACNUR, un 70% de la población civil considerada refugiada son niños. Esto constituye, sin duda, una amenaza potencial para el futuro del país, que necesita de protección internacional y de ayuda humanitaria urgente para subsistir. Además de los niños, hay otro colectivo cuya vulnerabilidad se ha incrementado a lo largo de los últimos meses; se trata de las mujeres, segmento clave en la sociedad sursudanesa para garantizar el próspero desarrollo de un país en donde la figura de la mujer es vilipendiada y despreciada.
Nuevas estrategias que fomentan el conflicto interno: la inseguridad
El problema va más allá de una cuestión de género, presente todavía a día de hoy en tantos países, y no únicamente en aquellos subdesarrollados. Supone también una grave cuestión de seguridad que impide a Sudán del Sur y a su población impulsar, siquiera, un mínimo desarrollo. Anteriormente, la violencia sexual suponía una especie de instrumento dentro del conflicto. Pero el modo de hacer la guerra ha sufrido una importante transformación, pasando las violaciones, el maltrato o la humillación a ser componentes inherentes a éstas. Incluso la búsqueda de la muerte tanto de mujeres como de niñas es una realidad fomentada por el conflicto interno. Y Sudán del Sur es el vivo ejemplo de este tipo de cambios.
La principal consecuencia de estos actos es el rechazo, por parte de los propios familiares o de la comunidad en general, de aquellas mujeres que han sufrido abusos. Se trata de acabar, mediante la ruptura de los vínculos más cercanos, con la estructura social de las minorías étnicas. A medio plazo, el aumento de estos sucesos podría conllevar la desaparición de ciertas tribus con escaso protagonismo, circunstancia que podría calificarse de limpieza étnica. Estaríamos hablando entonces de una estrategia efectiva para conducir un conflicto. Todo esto se suma, por ejemplo, a los matrimonios forzosos que, durante décadas, han supuesto de igual manera abusos y violencia sobre las niñas de entre 15 y 19 años.
Es conocido el resultado de atrocidades como estas. Los niveles de SIDA en el país han aumentado en los últimos años. Una enfermedad provocada de modo intencionado que, una vez más, pretende frenar el desarrollo de ciertas regiones del país o de minorías étnicas. Naciones Unidas estima que 190.000 personas sufren SIDA en Sudán del Sur y que solo en torno a un 10% de los afectados puede recibir tratamiento. La situación, además, se agrava por momentos, pues en la actualidad se estima que unas 50 personas resultan infectadas cada día.
La indefensión procedente de la inseguridad también puede verse acentuada por el sistema legal establecido en el país. La existencia de un derecho consuetudinario supone, por un lado, el menor coste de los procesos judiciales, a los que pueden someterse las mujeres sursudanesas al reclamar, por ejemplo, su derecho a ciertas tierras. Este abaratamiento del proceso, junto con la no necesidad de desplazamiento a tribunales situados en grandes ciudades, supone una mayor accesibilidad a la justicia.
Por su parte, el derecho estatutario, es decir, aquel que proviene del Estado y que incluye la constitución, los cuerpos legislativos y los precedentes jurisdiccionales, es de difícil alcance para las mujeres, especialmente para aquellas que habitan en zonas rurales o aquellas consideradas PDI. Junto con su elevado coste, son comunes las prácticas discriminatorias hacia las mujeres por parte de jueces y demás personal del orden, debido a las diferencias sociales y culturales.
La realidad es que dentro de cada una de las más de 50 tribus que componen Sudán del Sur, cada una de ellas posee un derecho consuetudinario, no escrito, que también da paso a la arbitrariedad y a la indefensión. Además, en muchos de los casos, las mujeres desconocen las posibilidades que les ofrece la Justicia para reclamar, o no saben cómo acceder a estas posibilidades. Tal argumento se ve reforzado por la baja tasa de alfabetización de las mujeres, que asciende a un 16%.
De tal modo, puede decirse que los problemas causados por la inseguridad forman parte de una estrategia desarrollada dentro del conflicto interno por todos los bandos participantes, que apunta a la mujer como principal blanco, por suponer éstas realmente el futuro de Sudán del Sur, al menos mientras el conflicto perdure.
Derechos de tierra, vivienda y propiedad como solución para las mujeres consideradas PDI
Son precisamente las mujeres sursudanesas las consideradas pilar fundamental en la estructura familiar. Debido al conflicto, su responsabilidad para con la familia ha aumentado considerablemente, e incluso en mayor medida para aquellas consideradas personas desplazadas internamente. Los hombres pasan a formar parte de la guerra cobrando salarios bajos, dejando a sus hijos en manos de sus esposas y quedando, a la postre, gran parte de ellas viudas. Es por ello de especial trascendencia garantizar los derechos a la tierra, a una vivienda y el derecho de propiedad al colectivo femenino, que se muestra más indefenso ante el conflicto.
La reconocida posesión de un hogar y de unas tierras por parte de las mujeres está legalmente recogida tanto en cuerpos legales, como en la Ley de Tierras vigente desde 2009, como por la jurisprudencia constitucional del país. Aunque la capacidad de registrar tierras a su nombre es supuestamente cada vez mayor, forma también parte de la normativa sursudanesa la realidad por la cual las mujeres adquieren los derechos de los maridos, pero no los suyos propios. Esto es, existe una dependencia de la mujer hacia el hombre en lo que a la adquisición de derechos se refiere.
En la práctica diaria de esta problemática, las mujeres viudas, solteras o sin familia son privadas del acceso o control sobre unas tierras. Su no dependencia hacia un hombre las convierte en “extranjeras” ante los tribunales, impidiendo la integración de aquellas desplazadas que vuelven a sus poblaciones de origen. Esto es especialmente relevante cuando las mujeres son madres, ya que si pudieran disfrutar de la herencia de esas tierras estarían garantizando un futuro y una forma de supervivencia a sus descendientes.
Por si hasta este punto no fuera suficiente, con el elevado coste que supone el registro oficial de las tierras, la comercialización de éstas dificulta a las mujeres desplazadas la recuperación de sus antiguas parcelas. Su desconocimiento les impide recibir una compensación y son con frecuencia realojadas en zonas inseguras, con difícil acceso a agua o madera, y con apenas posibilidad de escolarización de los hijos.
En el marco de las relaciones internacionales, se reconoce el derecho de propiedad como pieza angular en el crecimiento de los países más subdesarrollados. En el caso particular de Sudán del Sur, la garantía de estos derechos supondría uno de los principales remedios para la correcta integración de las mujeres desplazadas a causa del conflicto interno. No solo se vería reducido el riesgo a la desprotección de este colectivo, sino que además fomentaría su capacidad de proporcionar tanto un presente como un futuro a sus descendientes. El derecho de propiedad funciona, además, como medio de acceso a los recursos financieros, ofreciendo una vivienda o unas tierras como garantía de la devolución de un crédito. Todo el proceso puede resultar no solo en una mejora en las condiciones de vida, sino también en un incremento en la productividad o desarrollo de la economía familiar.
El papel de la corrupción a la hora de garantizar estos derechos
De los 168 países que el llamado Corruption Perception Index tiene en cuenta para establecer un orden según los niveles de corrupción, Sudán del Sur ocupa el lugar 163, con apenas 15 puntos sobre 100 –el 0 corresponde a un país completamente corrupto–. Estos guarismos reflejan a la perfección la situación política del país y la inestabilidad que esto provoca en la población civil.
En cuanto a los abusos sexuales a mujeres y niñas se refiere, confirma Naciones Unidas la trata de éstas como forma de salario que reciben las fuerzas gubernamentales, especialmente la denominada SPLA (Armada Popular de Liberación de Sudán) a cambio de sus labores de combate y protección. Así, sólo entre los meses de abril y septiembre de 2015, en la provincia sursudanesa de Unity, se recogieron 1.300 denuncias por violación, según la propia Organización de las Naciones Unidas. Estos crímenes, considerados por la ONU crímenes contra la Humanidad, quedan impunes al ser el propio Gobierno el que los autoriza, fomentando que se repitan con mayor frecuencia entre todos los bandos combatientes.
En lo que se refiere a términos legales relacionados con la propiedad y las tierras, a pesar del reconocimiento de titularidad de las parcelas, se han dado ocupaciones ilegales por parte de soldados, oficiales del gobierno o de familias adineradas con capacidad de ejercer una influencia tanto en las comunidades como en el Gobierno. Además, las fuertes inundaciones que han tenido lugar en los últimos años de forma periódica han creado una mayor necesidad de tierras aptas, lo que ha traído consigo un incremento en el control del Estado de propiedades ajenas de acuerdo con sus intereses. Este desigual reparto de las tierras afecta en mayor medida, como era de esperar, a aquellas mujeres que vuelven a sus poblaciones de origen.
Sudán del Sur, uno de los países más corruptos del mundo. Fuente: Transparencia Internacional
Cómo fortalecer la imagen de la mujer en Sudán del Sur. Posibles soluciones
Existen varias formas de abordar la situación de Sudán del Sur. Probablemente, todas ellas incluyen un importante cambio político o una reforma sustancial de las principales instituciones, ya que la pobreza extrema del país dificulta sobremanera que los ciudadanos puedan salir adelante por sus propios medios.
Una vez encaminada la democratización de los órganos de Gobierno como palanca fundamental del cambio, se antoja necesaria una profunda reforma en sectores como la Educación o la Sanidad, cruciales ambos para el desarrollo del país. Más adelante, será vital atender a otras lacras patentes como son la corrupción o el papel de la mujer en la Sociedad y en instituciones públicas como el Parlamento, donde tan solo ocupan el 24,3% del total de los escaños.
En este escenario, la participación de organismos internacionales se considera necesaria. Así, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia podría convertirse en observador garante de la independencia e imparcialidad de los tribunales. También puede actuar como asesor para tratar que casos tan graves como la violencia extrema o la violación de derechos fundamentales dependan en todo punto de un derecho consuetudinario arbitrario peligrosamente cambiante.
Del mismo modo, la sociedad internacional debería hacerse cargo del problema y colaborar en consecuencia para la inclusión del colectivo femenino en la toma de decisiones trascendentes, en negociaciones y en conversaciones de Paz. Su participación en cuestiones extraordinarias, sin duda ayudaría a que el papel de la mujer en la vida ordinaria fuera, poco a poco, tomando más valor.
Los movimientos ciudadanos liderados por aquellos sursudaneses que han tenido una mejor educación también tienen una importancia capital. Gracias a su perspectiva más amplia de la sociedad local y global, estos movimientos están llamados a garantizar aquello que en los países más desarrollados se consideran Derechos Fundamentales.
Presencia de ayuda en el país según organizaciones y sectores. Fuente: OCHA
Otra traba importante del conflicto es la escasa repercusión que éste tiene en países desarrollados. Al no verse afectados de modo directo, tanto los estados como las organizaciones supranacionales hacen oídos sordos a una realidad que aún no ha calado, ni tiene visos de hacerlo, en la opinión pública occidental. Como consecuencia, son las Organizaciones No Gubernamentales, sobre todo las internacionales, las que asumen, por su cuenta y riesgo, la responsabilidad de ayudar en la zona.
Como se ha visto, la cruda realidad que atraviesa Sudán del Sur es resultado de diversas cuestiones. Entre ellas destaca el fuerte arraigo cultural de una sociedad anclada en la tradición. Tal involución afecta de modo directo e inmediato a otros aspectos políticos, económicos y sociológicos y tiene como principal víctima a la mujer, utilizada por el hombre como mercancía y relegada de continuo a un segundo plano por instituciones públicas y privadas. En los movimientos ciudadanos y en la educación de las generaciones venideras está la esperanza de un país imberbe que pide Paz como principal premisa para el cambio.
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