Por: Blanca Heredia
Este lunes dio inicio un nuevo ciclo escolar. Para muchos alumnos mexicanos, fue el regreso a la escuela; para algunos, primer día de clases en su vida, y, para otros más: la puerta de su escuela cerrada, otra vez.
Días de útiles nuevos y uniformes planchados para la mayoría de los estudiantes. En algunos casos, desgano o flojera ante la perspectiva de volver a la rutina de las clases. Para los más, seguramente, emoción de reencontrarse con sus compañeros y algo de susto por lo que les implicará de desconocido el nuevo año escolar.
Para un segmento significativo de alumnos, sin embargo, el lunes no trajo regreso a clases. En Chiapas, entidad en la que la CNTE ha ganado peso recientemente a raíz del debilitamiento parcial de la Sección 22 de Oaxaca, según la SEP, 58 por ciento de escuelas cerradas este lunes como parte del boicot de esa agrupación en contra de la reforma educativa. En Oaxaca: 53 por ciento de centros escolares cerrados por las mismas razones.
Los líderes magisteriales, maestros, directivos escolares que se oponen a la reforma educativa tienen, evidentemente, todo el derecho a expresar su punto de vista y a dar la batalla para que sus inconformidades sean atendidas. En el caso de la CNTE, sin embargo, su oposición a los cambios regulatorios en materia educativa ha ocurrido al margen de los cauces institucionales y sus niveles de violencia han tenido un altísimo costo para grupos grandes de alumnos, amplios segmentos sociales, así como para el gobierno federal y diversos gobiernos estatales.
Son ya más de 3 años de cierre de escuelas, bloqueos, desplantes violentos y chantajes sin fin por parte de la CNTE. ¿Cómo explicar que sigan y sigan con lo mismo? La explicación primera y más evidente es porque pueden hacerlo y les funciona.
Pueden movilizarse una y otra vez y hacerlo violando la ley y derechos de terceros, pues tienen afiliados o simpatizantes dispuestos a ello, cuentan con los recursos y capacidad organizativa para hacerlo, y la autoridad de sus liderazgos depende, en mucho, de la movilización permanente de sus bases. Dicho proceder les funciona, por otra parte, pues les ha permitido obtener una interminable lista de concesiones materiales y laborales por parte de gobiernos estatales y autoridades federales dispuestos a negociar la aplicación de la ley en aras de intentar preservar gobernabilidad. Es decir y muy particularmente, de evitar el “contagio” de esas conductas a otros grupos de maestros y a otros sectores sociales descontentos, así como de mantener los focos de desorden y violencia vinculados con las acciones de la CNTE acotados territorialmente.
Se entiende que el gobierno le otorgue a la gobernabilidad la máxima prioridad en este y cualquier otro asunto. El problema, sin embargo, es que la dinámica perversa entre movilización/chantaje/violencia, por un lado, y concesiones gubernamentales que violentan una y otra vez el orden legal, por otra, han ido exacerbando las debilidades de origen que subyacen la respuesta del gobierno frente a la CNTE. Me explico.
El gobierno concede y negocia sin parar porque no tiene suficiente capacidad coactiva y carece, sobre todo, de la legitimidad y capacidad institucional requeridas para hacer de la aplicación de la ley un medio efectivo para pacificar conflictos. La muy seria debilidad de los aparatos de procuración de justicia y la ausencia de legitimidad e institucionalidad suficiente para hacer valer la ley o para aplicar la fuerza de forma legal y eficaz son el origen de fondo de una forma de gobernabilidad cuya operatividad descansa en la negociación discrecional de la ley y en la multiplicación de arreglos y componendas ad hoc.
Esa forma de gobernabilidad ha sido siempre parte de la fórmula básica para gobernar un país fragmentado y desigual con baja capacidad estatal. La desgracia es que, de unas décadas a la fecha, los otros soportes de la capacidad de gobierno (por ejemplo, amplias redes clientelares y corporativas administradas centralmente, tasas de crecimiento económico altas y cierta acumulación de capacidad estatal) se han debilitado enormemente. Como resultado de ello, así como y muy centralmente, de un proceso de pluralización política sin transición a un Estado de derecho, la componenda y la negociación de la ley se han ido quedando casi como único soporte de la gobernabilidad.
En el caso de la CNTE como en otros similares, el uso de esa fórmula permite ir conteniendo y medio administrando incendios. Su empleo reiterado, sin embargo, comporta el terrible inconveniente de asegurar cada vez menos gobernabilidad, al tiempo de debilitar todavía más aquellos asideros posibles de gobernabilidad distintos a la componenda y la negociación. Como una serpiente que se devora a sí misma.
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