1. PRI, PAN, PRD, firmaron con el presidente Peña Nieto un “Pacto por México” al inicio de su sexenio. Después de aprobar todas la “reformas estructurales” entraron en contradicciones pero conservaron el “pacto” porque el gobierno del PRI les siguió manteniendo a los partidos los subsidios y obsequios multimillonarios. Así que entre esos partidos sigue un acuerdo permanente en beneficio del sistema político de dominio capitalista. Los tres partidos (PRI, PAN, PRD y sus seguidores) son de derecha, conservadores, corruptos y privilegiados; pero en los procesos electorales juegan a la “oposición” para seguir engañando a los electores.
2. Esos partidos son garantes de la propiedad privada, de la acumulación de capital en pocas manos, de las leyes que amparan los negocios privados y garantizan la seguridad de ellos. El PAN y el PRD buscan derrotar al PRI para quedarse con los negocios del gobierno; no para enterrar el sistema de explotación que es el causante de la miseria, el hambre y la muerte. ¿Qué beneficios recibió el pueblo después de 12 años de gobiernos del PAN? ¿Qué mejoras a la población se han registrado con los gobiernos del PRD en varios estados? Por ello nosotros gritamos junto al pueblo en las calles: “Ni PRI, ni PAN, ni PRD, queremos a los trabajadores en el poder”.
3. En estas farsas electorales en medio de la gran miseria económica del pueblo, los votos se compran y se venden masivamente por unos cuantos pesos, con regalos, despensas, materiales de construcción y promesas. El pueblo aprovecha los periodos de campañas de todos los partidos para recibir algo de obsequios para mantener a la familia. A la hora de votar lo hace a favor de quien le dio más regalos porque sabe que todos los partidos y políticos son iguales, poseen el mismo pensamiento; así que más prácticos los electores buscan “quién les da más”. El gobierno y los partidos se aprovechan de esa realidad para usar como mercancía a los electores.
4. El panista Ricardo Anaya lleva muchos meses preparando su candidatura presidencial y con los resultados electorales a su partido, parece que ha reconfirmado y asegurado su candidatura; además su única competidora, la señora Zavala, es esposa de un expresidente asesino, el señor Calderón. Lo que nunca he entendido: ¿Cómo pueden ser tan cínicos los partidos y los políticos que después de gobernar, robar, reprimir, asesinar al pueblo, sigan apareciendo en la plaza pública como si no hubiera pasado nada? Así como los expresidentes de la República, los dirigentes del PRI, PAN, PRD, deberían estar en la cárcel por apoyar el sistema.
5. Manlio Fabio Beltrones, el presidente del PRI, renunció ayer lunes porque fue absolutamente derrotado por la unión del PAN/PRD. No le quedaba otra salida porque en todo el país se hablaba ya de su renuncia obligada. Por último hace unos cinco días renunció el presidente del PRD Agustín Basave porque el PRD se convirtió en simple apéndice del PAN. Con su actuación terminó de enterrar al PRD que de “socialdemócrata” se convirtió en derechista declarado. ¡Pobre PRD, se convirtió en una piltrafa de esas que les tiran a los animales para tragar! ¿Todavía le quedan militantes? ¿Qué esperan los bejaranos para salirse y recuperar su política?
6. Lo único que queda en el panorama electorero es el lópezobradorismo que este domingo 26 hará una manifestación en la ciudad de México. Ese mismo día se cumplirán 21 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Chiapas. Espero que la CNTE, los padres de los 43 y Morena pudieran coordinar un acto conjunto donde pudieran hablar las tres organizaciones y la gente que asista haga conciencia del significado de la unidad en la diversidad. Nadie se subordina a nadie y cada quien tiene el derecho de externar sus posiciones quizá cuidando no agredir. Pienso que es una oportunidad para comenzar un proceso de unidad que en parte podría ser anticapitalista.
7. Puta, si llegara a suceder esa coincidencia de actos, los medios de información, los empresarios, el gobierno y la misma embajada yanqui, pondrían el grito al cielo. Continuarían agudizando una gran campaña contra el Lópezobradorismo que de socialdemócrata se hace de izquierda y los maestros de la CNTE que por ese solo hecho se les acusaría de recibir dinero de López Obrador. Si esta alianza se logra pienso que los electricistas, mineros, telefonistas, zapatistas, grupos de la izquierda radical, comenzarían a buscar estrategias unitarias para fortalecer la lucha social en México. Entonces ahora sí el gobierno tendría que estar llamando a mesas de diálogo y no de monólogo.
Cameron ha quedado ya como el principal perjudicado. El referendo surgió como estrategia partidaria para sofocar el incendio que la UE llevaba generando en los conservadores
Aunque el escrutinio no ha concluido oficialmente, el brexit ha logrado una victoria recibida por sus partidarios como el «día de la independencia británica», una euforia que contrasta con la negativa reacción de los mercados, que evidencian las serias implicaciones de una decisión contra la que habían luchado la práctica totalidad de las fuerzas políticas, económicas y sociales de Reino Unido.
Junto a los efectos sobre la volatilidad financiera, el statu quo británico se enfrenta a un terremoto político con epicentro en el Número 10 de Downing Street, puesto que el primer ministro, David Cameron, había apostado por una opción, la de la permanencia, ignorada por la mayoría de los ciudadanos.
Con una participación del 71,3%, la mayor en una votación en Reino Unido desde 1992 y más de seis puntos por encima del plebiscito de 1975 que había confirmado la permanencia en la por entonces Comunidad Económica Europa, el escrutinio ha dado un vuelco sin precedentes a una noche electoral que había arrancado con las encuestas a favor de la continuidad.
Este desenlace tiene profundas connotaciones políticas e institucionales, puesto que el debate sobre la sostenibilidad de Cameron al frente del Gobierno, del que había avisado que no dimitiría en caso de brexit, está ya planteado, incluso pese a la carta de dos tercios de los diputados conservadores que habían defendido la salida y que le han expresado su apoyo para permanecer en Downing Street por el «mandato y deber» obtenido hace tan sólo un año.
Sin «plan B»
Además, otra de las incógnitas es el grado de preparación de Reino Unido para un proceso que podría llevar años, puesto que el propio primer ministro había asegurado públicamente que no había «plan B».
Tras jugarse su credibilidad a la carta de una apuesta que, según él, haría al «más fuerte y más seguro», Cameron ha quedado ya como el principal perjudicado de una campaña que ha dividido a la sociedad británica por una estrategia partidaria, puesto que, más que por clamor popular, el referéndum surgió para sofocar el incendio que Bruselas llevaba generando en los conservadores desde hace décadas.
La oposición laborista ha sugerido ya la necesidad de su dimisión ante un escenario sin precedentes en el que la única certidumbre es que, de vencer la salida, la decisión sería «irreversible». No en vano, David Cameron había avanzado ya que el proceso formal de retirada de los Veintiocho comenzaría de inmediato.
Aunque el Tratado de Lisboa establece las pautas de este procedimiento en el artículo 50, el primer movimiento ha de partir del estado miembro, que debe notificar a la UE su deseo de abandonar.
De hecho, Londres no está obligado a proceder inminentemente, es más, los partidarios de romper con Bruselas han manifestado ya su preferencia por aguardar, puesto que, pese a meses de campaña, la fórmula que regiría sigue siendo una incógnita.
Los plazos, a priori, están marcados, si bien los dos años establecidos en la normativa comunitaria podrían ampliarse siempre que lo autoricen los otros veintisiete socios. Expertos en Derecho europeo creen que, dada la complejidad, las negociaciones podrían llevar hasta una década y los propios defensores del divorcio asumen que, como mínimo, serían necesarios cuatro años.
Reacción
De momento, los mercados han evidenciado las secuelas del escenario que se abre en el bloque occidental: la divisa británica ha caído a niveles inéditos desde 1985, lo que podría acarrear una intervención de contingencia del Banco de Inglaterra, que ya había avanzado que tenía previstas medidas para garantizar la estabilidad financiera.
Junto a la City y Downing Street, la atención estará en el continente, donde se espera que los demás líderes, que han mantenido en secreto su plan de acción en caso de brexit, se reúnan a la máxima urgencia y exijan a Reino Unido clarificaciones sobre las áreas más delicadas, como el futuro de los casi tres millones de ciudadanos comunitarios que residen al norte del Canal de la Mancha.
Encaje
Además, uno de los factores más complejos será el potencial encaje británico en el mercado común. La presión, por tanto, será notable para hallar una solución que implicará delicados compromisos de las partes, un esfuerzo que podría necesitar años antes de que se pueda garantizar el apoyo de una mayoría cualificada de los ministros del ramo para, posteriormente, lograr que la propuesta sea ratificada por los demás estados miembro y, a continuación, por los Parlamentos europeo y británico.
El problema es que uno de los catalizadores del brexit ha sido el control de los flujos migratorios y la pertenencia al mercado común implicaría, a priori, el libre movimiento de personas, dos elementos indisociables y, para la UE, innegociables, por lo que, a priori, Londres no podría mantener el primero sin tener que aceptar el segundo, lo que complica la ecuación entre prosperidad económica y límites a la entrada de ciudadanos comunitarios.
No en vano, abandonar el mercado común no es una opción extendida entre los defensores del ‘Brexi’, que se encuentran divididos entre quienes proponen directamente abandonarlo, aquellos que creen posible permanecer por el propio interés del resto de sus integrantes de no perder a la segunda economía europea, los que abogan por establecer acuerdos bilaterales e, incluso, quienes ven viable operar con los 161 miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Este encaje, con todo, constituye tan solo una pieza más del complejo puzle legislativo de un proceso que obligaría a revisar hasta 80.000 páginas de acuerdos comunitarios, con el objetivo de decidir descartes, qué áreas enmendar y cuáles mantener, un sumario que, inevitablemente, querrá supervisar el Parlamento británico y cuya duración constituye un enigma.
Además, la salida incrementa el riesgo de una crisis constitucional para la unión británica, puesto que Escocia, protagonista de un plebiscito de independencia hace menos de dos años, ha apoyado mayoritariamente la continuidad en la UE y cuya ministra principal ha reconocido que este desenlace reavivará las ansias secesionistas.
Sin precedentes
En consecuencia, junto a la resolución de una profunda crisis política en casa, el Gobierno, independientemente de su constitución, tendrá que resolver un proceso sobre el que no hay precedentes, tan solo la salida de Groenlandia, ni siquiera un estado, sino un territorio que formaba parte de Dinamarca, hace más de 30 años, cuando la UE no era tampoco la unión política en la que se ha convertido hoy en día.
Por si fuera poco, este nuevo capítulo tendría que acordarse con socios que difícilmente mostrarán empatía hacia quien ha decidido abandonar, a pesar de los compromisos que tanto costaron en febrero y que hubiesen garantizado para Reino Unido el ansiado estatus de verso libre de una Europa cada vez más cohesionada.
Por otra parte, a escala europea, el temor es que la partida británica genere un efecto dominó entre otros integrantes de los Veintiocho y, sobre todo, que desencadene un peligroso auge del nacionalismo de derecha.
A principios de 1997 llegaban, como forma de protesta, cerca de 2.000 personas a Brasilia desde diferentes rincones del país. La ruta había sido larga, unos 64 días, durante los cuales algunos de los campesinos llegaron a recorrer más de mil kilómetros. Todos ellos se reunieron frente al Congreso junto con más de 100.000 simpatizantes que apoyaban la propuesta de una reforma agraria que redistribuyera de una manera justa la tierra. Al grito de ‘la tierra es de quien la trabaja’ el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) se consolidaba en aquella marcha como uno de los movimientos sociales más potentes y organizados de Brasil y de Latinoamérica.
No hacía tanto tiempo había tenido lugar la famosa masacre en Eldorado dos Carajás, en la que durante una protesta que pretendía forzar al gobierno a asentar a unas familias de campesinos sin tierra, la policía militar cargó contra estos matando a 19 campesinos e hiriendo a 57. Conviene comprender qué hay detrás de un movimiento social que lleva casi desde los años 80 en activo y que mantiene un rol relevante como grupo de presión a pesar de los sustanciales cambios que ha atravesado tanto su organización interna como la sociedad en la que habita.
Las raíces del Movimiento Sin Tierra
Se podría decir que este movimiento conserva sus raíces en la desigual distribución de la tierra en Brasil. Ya durante la colonización portuguesa, la Corona había dividido entre varias familias el territorio sobre el que además tenían un derecho de propiedad hereditario y la posibilidad de beneficiarse de la producción agrícola que allí se trabajara. La contestación a esta desigual situación es también larga; a principios del siglo XVII, esclavos recién liberados o escapados se instalaban en tierras de manera ilegal, reproduciendo en Brasil sus aldeas originarias africanas a las que se llamó ‘quilombos’. De ahí que en numerosas ocasiones el movimiento se vincule intelectualmente con la superación de la esclavitud y la formación incipiente de una ciudadanía con derechos sobre la tierra.
La formación de quilombos en Brasil durante la época colonial a menudo dio como resultado violentos choques entre los esclavos liberados y las autoridades coloniales
Las reivindicaciones más modernas por un reparto equitativo de la tierra se gestan con la dictadura tras el golpe de 1964. Apenas unos días antes del golpe, el presidente João Goulart intentaba poner en marcha la primera reforma agraria en respuesta a las movilizaciones del noreste del país, que habían ido yendo en aumento desde el comienzo de la década de los 60. La llegada de los militares supuso un giro en la implementación de esta reforma, ya que estos iban a tomar otra dirección.
Los militares tenían el proyecto de modernizar el sector primario para exportar productos agrícolas, especialmente soja, y entrar así con fuerza en el mercado internacional. Pero el golpe estuvo en gran medida apoyado por las élites rurales y los militares se toparon con una poderosa esfera con intereses propios, por lo que a la modernización le acompañó la corrupción. Las políticas agrarias de la dictadura, aunque aumentaron la producción, fueron desarrollando tendencias clientelistas que favorecieron a los grandes propietariosy no siempre, como se preconizaba, a la productividad y al libre mercado. Asimismo, supusieron abruptos desplazamientos para los pequeños agricultores y los sin tierra, que se vieron obligados bien a emigrar a los países vecinos, bien a buscar suerte en las ciudades, aún a pesar del vertiginoso desempleo de los núcleos urbanos.
Junto con las medidas encaminadas a renovar el sector primario, los militares desarrollaron un plan energético para la creciente industria, para lo que se veía necesario la construcción de gigantescas centrales hidroeléctricas que de nuevo supusieron importantes desplazamientos en un momento de crecimiento poblacional. La expropiación de territorio a pequeños campesinos en el sur del país fue importante.
El desarrollo de una conciencia y activismo rurales en un momento tan represivo se debe, en parte, a la búsqueda de una alternativa al sindicato de campesinos apoyado y controlado por los militares, es decir, al intento de lograr una forma de organización fuera de las instituciones del régimen que denunciara los cuantiosos desplazamientos. Esta opción fue posible gracias al respaldo e impulso de la Comisión Pastoral de la Tierra.
Hasta el golpe militar, la Iglesia se había visto representada en las instituciones y era muy cercana al estado y a las élites, pero con la consecución del golpe se rompió dicha alianza. No hay que olvidar que la Iglesia apoyó en un primer momento el golpe militar, pero la debilidad de la Iglesia Católica en Brasil en ese momento, junto con el crecimiento de los poderes seculares y su falta de influencia, llevó a cambios internos por los que decidió cambiar su relación con la sociedad. Este giro también obedece a un incremento en el número de miembros progresistas en el seno de la Iglesia brasileña y al Concilio Vaticano II, con especial relevancia de la reunión regional que se celebró en Medellín y en la que numerosos obispos latinoamericanos expresaron su deseo de convertirse en la ‘opción de los pobres’.
En el caso particular de Brasil, la Iglesia Católica sirvió para legitimar el activismo rural e incluso cumplió una labor pedagógica crucial para la toma de conciencia de los campesinos. Numerosos miembros del clero buscaban generar una identidad religiosa y política combativa basada en muchos casos en la Teología de la Liberación. De hecho, ante las profundas transformaciones que tuvieron lugar en el campo por las políticas de modernización de los militares, algunos obispos, como los de la Amazonia, expresaban directamente una opinión contraria al sistema capitalista en conjunto, al que tildaban de envenenado. La base ideológica mezclaba el marxismo y el catolicismo, aunque con un concepto de clase que pretendía ser lo más amplio posible, e instaban a la población a tomar de conciencia de ello para variar su situación.
La geografía económica de Brasil explica en parte el MST. La actividad de cierto valor está en la costa y al sur del país, no en el norte. Fuente: Universidad de Texas
Además de una función ideológica, la Iglesia sirvió para organizar el movimiento y darle prestigio fuera de Brasil. Por un lado proveía de un servicio local, que movilizaba a la población, era un caladero de líderes y creaba vínculos comunitarios, y por otro, como institución internacional, conseguía apoyos y recursos de simpatizantes por el país y por el mundo. Curiosamente, el apoyo de la Iglesia y esta alianza se disiparían en la transición democrática del país, que no sobrevivió ni a la alianza de los movimientos rurales con el Partido dos Trabalhadores y con la CUT (Central Única dos Trabalhadores), ni al mayor peso del ala conservadora en la Iglesia brasileña con el Papa Juan Pablo II, con el que la Iglesia se alejaba de la visión de la Teología de la Liberación y adoptaba una postura conservadora.
No obstante, resulta hoy innegable la importancia del poso que dejó la Comisión Pastoral de la Tierra para la supervivencia del movimiento, no sólo a nivel ideológico, sino por las entidades organizativas que dejó, que refuerzan la identidad comunitaria y la importancia del papel de la educación como motor para el cambio y el activismo político. Cabe decir que una de las razones por las que este movimiento ha sobrevivido tantos años, es su robusta organización interna, sin perder por ello flexibilidad. Los peregrinajes que organizaba la Comisión Pastoral reforzaron su espíritu comunitario, y la importancia de la educación filosófica, además de la teológica, fue crucial para armar de contenido al movimiento.
Además de la organización interna, una de las señas de identidad de los campesinos sin tierra es la estrategia de ocupación de territorios improductivos para el asentamiento de familias. Esto empezó en 1979 cuando, inspirados por un economista del sindicato de campesinos, João Pedro Stédile, se ocupó un enorme territorio improductivo, la Hacienda Macali. Tras lograr su expropiación, este modus operandi se replicó durante los 80 y fue evolucionando desde esa primera ocupación: se realizaban acampadas en territorios como llamada al gobierno para negociar el asentamiento de familias en territorios baldíos, aunque no fueran obligatoriamente aquel donde habían acampado en un primer momento.
Esta táctica se mostró tan polémica como efectiva. La reforma agraria y el reparto equitativo de la tierra eran a menudo vistos como una cuestión marginal desde el gobierno, que respondía de forma parcial parcheando el problema y siempre en connivencia con la élite local y los grandes conglomerados empresariales de la industria agrícola. Las ocupaciones se realizaba tras una planificación meticulosa, buscando primero territorios improductivos, organizando los campamentos, asignando diferentes funciones a cada quien dentro de los mismos y elaborando rigurosos planes logísticos. A su vez, se planificaba una propuesta para negociar con el gobierno que había sido estudiada previamente por abogados del MST.
Papel en la transición y consolidación democrática
Oficialmente, el nacimiento del movimiento tiene lugar en el encuentro en Cascavel (1984) donde se reunieron líderes de diversos movimientos rurales de desplazados. En esta reunión se afianzó el nombre del movimiento, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, y se fijaron una serie de puntos ideológicos que ambicionaban unir a movimientos diversos en su origen y características. Entre los puntos compartidos estaban el acuerdo de mantener una presencia a nivel estatal y el de conservar su independencia frente a partidos políticos.
La reunión de Cascavel coincide con el ultimo año de dictadura militar, en el que el MST se asienta como nueva fuerza a nivel estatal, adoptando la consigna ‘sin reforma agraria no hay democracia’. A pesar de haber promulgado su independencia frente a partidos políticos, con la transición democrática aparecieron con fuerza como actores políticos el sindicato CUT y el Partidos de los Trabajadores, que recibieron con brazos abiertos las peticiones del MST. Aunque debe matizarse que en ocasiones existieron debates internos sobre la pertinencia de que los campesinos compartieran espacio político con los obreros urbanos.
Durante la dictadura militar había tenido lugar una profunda renovación y modernización del sector agrícola, que había hecho crecer su producción a pesar del clientelismo. Los años 80 trajeron consigo la crisis de la deuda que azotó a toda la región latinoamericana, y que supuso el impulso de medidas neoliberales apoyadas por las entidades financieras internacionales. En el caso de Brasil, estas políticas favorecieron a la élite rural debido a la decisión del gobierno de impulsar las exportaciones de productos primarios para pagar la deuda a los acreedores. Esta élite consiguió, a pesar de las consignas de libre mercado, una enorme cantidad de recursos estatales, así como protección a nivel institucional. El estado también consintió la apropiación, considerada en muchos casos fraudulenta, de importantes terrenos en el Amazonas.
Las medidas neoliberales, junto con el impulso del sector agrícola, atrajeron inversión extranjera y se asentaron en Brasil grandes conglomerados empresariales que tenían gran poder e influencia sobre el precio de los productos, el mercado de semillas y el de pesticidas. Por citar los más conocidos encontramos a Monsanto, a Bayer o a Dupont. Estas grandes empresas conforman a día de hoy un gran lobby que, junto con las élites locales, controlan la industria agrícola del país y vetan propuestas encaminadas a una distribución más equitativa de la tierra. La sobrerrepresentación del la élite rural en el Congreso, la llamada ‘bancada ruralista’, controla la agenda política en este tipo de temas y deja poco margen de decisión en la materia a los poderes ejecutivo y legislativo.
El MST jugó un papel significativo en la transición democrática del país y se convirtió en un apoyo para el Partido de los Trabajadores. Durante este periodo sufrió profundas transformaciones internas relacionadas con la ruptura de su alianza con la Iglesia, que supuso un duro golpe tanto a nivel organizativo como ideológico: la secularización del movimiento dividió a muchos de sus miembros. Ello no impidió que se le diera una importancia central a la cuestión agraria en la nueva Constitución brasileña de 1988, en la que se instituye como principio general la función social de la propiedad y se imponen una serie de requisitos a las propiedades rurales.
Así, en el Artículo 184 del Capítulo III de la nueva Constitución, se establece la posibilidad de expropiar por interés social mediante justa indemnización, salvo en el caso de propiedades pequeñas y medianas, y de aquellas que se mantengan productivas. Asimismo, en el Artículo 186 se fijan una serie de requisitos para que una propiedad cumpla una función social, a saber, su aprovechamiento racional y oportuno, la utilización adecuada de los recursos naturales con atención al medio ambiente o el que favorezca al bienestar de propietarios y trabajadores y cumpla con las disposiciones de regulación laboral. Otro artículo que plasma las reivindicaciones del MST es el 191, según el cual aquel que sin ser propietario de un inmueble, urbano o rural, posea como suya una superficie de tierra no superior a 50 hectáreas por cinco años sin interrupción y la haya puesto a producir con su trabajo, adquirirá la propiedad.
Pese a los múltiples intentos de criminalizar el movimiento, tanto por parte de la prensa, como por parte de los poderes judicial y político, que en ocasiones buscaban tildarlo de antidemocrático e ilegal, éste ha logrado tener un papel crucial en la transición democrática, dando voz a las clases populares rurales, proveyendo de organización a las mismas y defendiendo derechos básicos. Se ha consolidado como un actor con capacidad de negociar con las autoridades públicas, apoyar campañas, impulsar reformas legislativas y ganar batallas legales para implementar de forma efectiva lo dispuesto en la Constitución.
En un país con las disparidades económicas de Brasil, que frecuentemente se traducen en un abismalmente menor acceso a los recursos políticos y judiciales de las clases populares, el MST ha logrado canalizar las demandas de un importante número de población y ha realizado una labor social apremiante, que era lograr tierras para miles de familias campesinas desplazadas. Es más, ha propuesto una amplia gama de políticas al poder ejecutivo para resolver las cuestión de la desigual distribución de la tierra en un país que posee, según informes del gobierno brasileño, el 22% de las tierras cultivables del planeta, y en el que a pesar del crecimiento industrial, el sector primario y la población rural siguen ocupando un puesto importante en los indicadores económicos y sociales. En el siglo XXI, apenas un 1,6% de los propietarios detentan cerca del 50% del territorio cultivable y más de 4 millones de familias siguen sin tierra, por lo que la circunstancia que dinamitó la creación de este movimiento está lejos de haberse superado.
La resiliencia del movimiento
Durante el primer periodo de gobierno de Henrique Cardoso (1995-1998) se produjeron numerosos asentamientos, de hecho es quizá el periodo político en el que más asentamientos se concedieron, en parte facilitados por la caída en los precios en las propiedades rurales en esos años. Sin embargo, durante la Administración de Cardoso, cayeron las ayudas a los campesinos, y los intentos de criminalizar al MST y sus estrategias de ocupación fueron en aumento, especialmente después de su reelección en 1998.
Votos obtenidos por el Partido de los Trabajadores desde el año 2002. Fuente: Ámbito Financiero
La conservadora prensa brasileña lo apoyó en su determinación de apartar al MST como actor en la arena política, y el movimiento pasó una época crítica durante la que muchos querían adivinar ya su final. A nivel internacional, el Banco Mundial secundó e impulsó iniciativas para un reparto de la tierra con el mercado como asignador de recursos, lo que minó aún más la labor de los sin tierra.
Con la victoria del presidente Lula da Silva del Partido de los Trabajadores en las elecciones de 2003, muchos ‘rurales’ –como se les llamaba frecuentemente– celebraron lo que creían que iba a ser una nueva era para el reparto de la tierra y la reforma agraria. Los compromisos con la industria agrícola y el sector energético frenaron muchas de las promesas de Lula y terminaron por decepcionar a los sin tierra. Pese a que el viraje pragmático del PT se sintió como un abandono de los ideales socialistas que compartía con el MST, este presidente no buscó criminalizar el movimiento y éste volvió a conseguir apoyos después de la oscura época que supuso el ostracismo mediático de la administración anterior.
Con Dilma Rousseff el número de asentamientos de familias se ha estancado y gran parte de las asignaciones de territorios se deben a procesos que se iniciaron antes de su llegada al gobierno. Las disparidades se mantienen y la propia ministra de agricultura, Kátia Abreu, llegó a negar en una entrevista la existencia de latifundios en Brasil. El enfriamiento en la relaciones con el gobierno central del PT se une a un estancamiento tanto en la redistribución de la tierra, que sigue siendo profundamente desigual, como con nuevos problemas que afronta el movimiento en el desarrollo de los asentamientos hacia un modelo competitivo.
Stédile, un economista que se presenta como una de las pocas caras visibles del movimiento, explica los cambios que ha atravesado el sector agrícola desde los años 60. En sus inicios, las reivindicaciones de los sindicatos campesinos meramente buscaban que los grandes propietarios les cedieran tierra en la que cultivar, hoy existen otros temas que resultan cruciales para una reforma agraria justa. La modernización de la agricultura y la entrada del sector en un mercado global con una competencia feroz contra los grandes conglomerados empresariales, trae consigo otras cuestiones que requieren, a ojos del MST una reformulación: el acceso al capital, el proceso agro-industrial, el know-how, y el modelo tecnológico. Una reforma agraria verdaderamente redistributiva, supone la democratización de estas cuestiones y no lo que se ha entendido hasta este momento como tal, que es básicamente expropiar terrenos improductivos y cederlos a familias sin tierra.
João Pedro Stédile , una de las caras más reconocibles del MST
Hasta ahora se ha parcheado el problema con expropiaciones y cesiones, pero la dificultad hoy es avanzar desde la fase de subsistencia a una de producción y entrada en el mercado. Esto es cada vez más difícil y aunque existen organizaciones y universidades que colaboran con el know-how, existen a menudo problemas relacionados con la capacidad de producción de ciertos terrenos, la especialización o la imposibilidad de competir en un mercado copado por las grandes empresas.
En suma, el MST es un movimiento social que ha sobrevivido a contextos poco amigables, desde su gestación en la dictadura militar, hasta las sacudidas de la conservadora prensa brasileña. Su aliado político, el PT, parecer haber cedido ante los aprietos de la Realpolitik y el MST se enfrenta hoy a la difícil de tarea de hacer un hueco al modelo cooperativo en un mercado de grandes conglomerados empresariales y de dura competencia a nivel internacional, debida en gran medida al proteccionismo que en otras regiones acolchona este sector. Veremos si en los próximos años el movimiento continúa a flote y mantiene la misma capacidad de transformación.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – Unesco, ha encabezado la organización, convocatoria y ejecución de los tres Foros Mundiales sobre la Educación de los últimos veinte y cinco años realizados en Jomtien, Tailandia en 1990; en Dakar, Senegal en el año 2000 y en Inchoen Corea del Sur en el año 2015, en los que se construyeran y aprobaran las más altas aspiraciones y las directrices de políticas en el terreno educativo en el mundo, con especial énfasis en y para las poblaciones empobrecidas de los países del capitalismo y todas las regiones del Sur subdesarrollado.
A la par de estas tareas, en las que la Organización expresa su primacía en el terreno organizativo de las políticas educativas a nivel planetario, la Unesco desde inicios de los años setenta del pasado siglo, ha venido cumpliendo también una acción de liderazgo intelectual y moral respecto a cómo conceptualizar, pensar y reflexionar la educación en un contexto mundial con tantas variables y factores económicos, geográficos, políticos, culturales y sociales concernidos y tan complejo en sus circunstancias y determinaciones.
Para alcanzar este cometido la estrategia seguida ha sido la de convocar a expertos del campo educativo de los cinco continentes, filósofos, científicos y humanistas para integrar las llamadas Comisiones Internacionales sobre la Educación. En este contexto, a inicios de los años setenta, el Director General de la Organización Señor René Maheu, convocó a un grupo de expertos de todo el mundo a conformar la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación presidida por el Sr. Edgar Faure ExMinistro de Educación del Gobierno de Francia, e integrada por seis miembros, originarios de diferentes países del mundo y en la que América Latina y el Caribe estuvo representada por el chileno Sr. Felipe Herrera Expresidente del BID.
Producto de los trabajos de la mencionada Comisión fue la obra Aprender a Ser: La educación del futuro, cuya primera edición vio la luz en 1973, en las imprentas de Alianza Editorial S.A. de Madrid, España. Esta obra es una síntesis del amplio movimiento de pensamiento y debate, que en aquellos días sometía a crítica a la educación en todo el mundo tal cual se le había concebido hasta entonces, y en la que para nuestra región sobresalieran dos obras de diferente signo y búsqueda, estas fueron, por un lado Pedagogía del Oprimido, del brasilero Paulo Freire y La Crisis Mundial de la Educación del estadounidense Philips Coombs. La primera referida a las características de la educación que reciben las poblaciones empobrecidas en el capitalismo y la segunda sobre la crisis de la educación como parte de la crisis global de las sociedades capitalistas especialmente en los Estados Unidos.
Publicado hace cuarenta y tres años, en Aprender a Ser la Comisión presidida por Edgar Faure, aborda una inmensa cantidad de aspectos que alumbran desde entonces lo que sería hoy la complejidad de la educación como función social y objeto de estudio. Entre más de un centenar de temas, dos de los temas más ampliamente tratados y de mayor uso en la actualidad, particularmente en el discurso de los Foros Mundiales liderados por la Unesco y muchos de sus programas innovadores son: el de la Educación para toda la vida y la Educación Permanente y el de la llamada Ciudad Educativa. Uno y otro tema conforman un continuum inseparable. Es imposible pensar la educación desde que se nace hasta que se muere, sin ubicar a este decorrer en un contexto geográfico, histórico, cultural y social determinado, más aún cuando concebimos a la educación en su acepción más amplia, abierta y holística más allá de los muros escolares.
Para las Facultades de Educación y las Escuelas Normales, para todos los educadores y en especial para los que en nuestra vida profesional nos desempeñamos como formadores de formadores, sin lugar a dudas esta obra monumental debe ser un libro de referencia para nuestro desempeño como investigadores y educadores de hoy.
Con unas raíces enterradas en la religión hindú y otros factores históricos y culturales, la India mantiene hoy en día una estratificación que supone un obstáculo a superar para el ejecutivo indio. Tras la declaración de independencia que decía adiós al Imperio Británico, la población se sumergió en un conflicto social que sigue coartando los derechos humanos de millones de personas, con una cultura de castas, tribus y clases aún arraigada, por muchos artículos y garantías que pueda ofrecer el gobierno indio. El paso iniciado por Mohandas Gandhi para poner en evidencia la mala situación sufrida por las castas más bajas destaparía en la segunda mitad del siglo XX un puzle de difícil resolución: garantizar derechos y libertades para todo tipo de clases sociales, tribus y castas y la aceptación de las mismas. Cuando la posición que ocupa una determinada casta se ve sumida en la degradación de la dignidad humana a lo largo de los años, esto tiende a convertirse en cultura. Y es uno de los mayores peligros que residen en la sociedad india. Demostrado queda en actos violentos realizados por miembros de castas y comunidades más desarrolladas contra tribus desfavorecidas, que ven en las medidas contra la desigualdad tomadas por el gobierno un instrumento político con el que obtener mayor número de votos. Una inestabilidad social que la segunda mayor democracia del mundo no se puede permitir.
La semilla del árbol estratificado: raíces
El sistema de castas indio se trata de un sistema de estratificación social que fue evolucionando durante el tiempo, influenciado tanto por la religión hindú como por otras razas y culturas. Asimismo, éste sistema no es una entidad bien definida, sino varios grupos heterogéneos de personas que se fueron mezclando a raíz de los años. El sistema de castas indio tradicional tiene su similitud en el sistema ocupacional elaborado por Confucio, en el que se encontraban académicos, laboreros, artesanos y comerciantes. Una compleja amalgama de grupos sociales, entre los que se encuentran los clanes llamadosgotras, etnias y tribus llamados jatis y la jerarquía social definida por uno de los textos antiguos incorporados en sánscrito, el Rigveda.
En la antigua India, el término “casta” sería adjudicado por los portugueses, mientras que la palabra en sánscrito para éste sistema era varna. Un sistema que reparte tanto derechos como deberes y privilegios. Dividida la sociedad en cuatro secciones según sus labores, los grupos hereditarios dentro de los varnas fueron llamados jatis. Estos últimos darían representación inicial al grupo de comunidades, que proporciona un rol social a cada persona nacida en cada jati, con una endogamia predominante. Dentro de la religión hindú, se nace mediante la creencia de que todos los seres humanos somos creados de manera desigual. Según el texto antiguo Rigveda, los comienzos de la estratificación los encontramos en la representación de Brahma, deidad hindú venerada como creador del universo.
Representación del sistema de castas en la India. Fuente: Krishna.org
La sociedad india está basada en la manifestación divina de Brahma de los cuatro grupos que la conforma: de su boca salieron los profesores y sacerdotes, creando la clase brahmana: aquellos encargados de la educación y la enseñanza, así como labores religiosas –profesores, sacerdotes, etcétera–. También denominados los brahmins,desde la época colonial las autoridades británicas las dotaron de puestos influyentes dentro del clero. Hoy en día suelen ocupar puestos dedicados a las ciencias, los negocios y el gobierno; de sus brazos se materializaron guerreros y gobernantes, la casta kshatriya: quienes se adjuntan al servicio público, la administración, el mantenimiento de la Ley y la Defensa –Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, gobernantes o funcionarios–. Hoy en día, predominan como propietarios de tierras y su influencia y poder ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. Tocando el ámbito de la economía, los mercaderes y comerciantes surgieron de sus muslos, representando la casta vaishya: negociantes, empresarios, aquellos dedicados a la actividad comercial. Antiguamente agricultores y ganaderos, y al tiempo, propietarios de tierras, comerciantes y prestamistas. Asociados hoy en día a la clase media, representan el avance social, así como un quinto de la población total de la India. Y por último, de sus pies nacieron los laboreros y campesinos, oficios sin cualificación profesional; la casta shudra. Hoy en día, suelen pertenecer mayoritariamente al sector servicios.
Coexiste una última casta que no pertenece dentro del sistema varna. Los llamados “intocables” representan la clase más baja de la sociedad. Considerados poco más que animales, sus cometidos laborales rozan el límite de los derechos humanos más básicos, empleados donde las otras castas se lo permitan.
Romper con la historia de la discriminación: reconocimiento
La adopción de la constitución india y su puesta en marcha en 1950 anuló el anterior sistema de castas que imperaba desde hacía décadas. En concreto, el artículo 15, que consideraba ilegal la discriminación contra las castas más bajas. Sobre el papel se comenzarían a dar los pasos para evitar una forma de estratificación social propia de la Edad Media, pero en la práctica no hacía más que subrayar uno de los problemas más arraigados en la población india, provocando una oleada de violencia sobre los dalits, aquellos pertenecientes a las clases más bajas. A pesar de que la fuerza de éste sistema de castas no ha desaparecido completamente, el gobierno indio ha prohibido oficialmente la discriminación provocada por éstas, aplicando reformas en multitud de ámbitos. Gracias a figuras como la de Mohandas Gandhi, se han relajado leyes y reglas concernientes a la diferenciación entre castas, así como la mezcla de personas entre ellas.
Uno de los esfuerzos políticos más notables de Gandhi sería proveer de derechos y de un marco legal para los harijans (término que quiere decir “bendecido), los anteriormente denominados “intocables”, para favorecer su emancipación de otras castas, así como acercar la igualdad a todos los ciudadanos. Con el paso de los años, los harijans se mostraron más activos en materia política, adoptando el nombre de dalits. Éste último término obtendría una mayor aceptación que el de “intocables”, entendiendo que ofrecía un sentido degradante. “Dalit” puede ser traducido como “oprimidos”. El gobierno indio ha provisto a los dalit de mayores garantías laborales, así como una representación propia en el parlamento. A pesar de dichas medidas, estos siguen obteniendo menores oportunidades, tanto en materia educativa como laboral, que las demás castas.
La tensión entre castas y tribus no se disipa, manteniendo confrontaciones con las fuerzas del orden. Una de las más recientes es la provocada por la casta Patel, que encabeza desde el 2002 las protestas producidas en el estado de Gujarat –conforman el 20% total de su población–, uno de los núcleos industriales de India. Las protestas residen en la prohibición a la entrada a la universidad, lo que mantiene a las castas más pobres sin oportunidad para desarrollarse, así como un descenso en la industria de la pequeña y mediana empresa, cerrando nuevas oportunidades laborales. La casta Patel reclama acciones que corten con esta situación, así como ser incluidos en la clasificación OBCs (Other Backward Classes). La clasificación OBC incluye castas que, aun sin sufrir una exclusión total de la sociedad, han sido tradicionalmente las más desfavorecidas en materia social y económica.
Protestas recientes de la casta Jat en cuanto a privilegios ofrecidos a otras castas. Fuente: Youth Ki Awaaz
La Constitución india ha prohibido la discriminación contra los dalit desde 1950, pero muchos de los 160 millones de personas que pertenecen a esta casta continúan viviendo en la pobreza. Otra de las consecuencias es la asociación de apellidos familiares con castas, heredando de padres a hijos la posición que esta mantenga en la sociedad. A pesar de estos factores, se recuerda la elección del presidente K. R. Naranyanan como un desafío a éste sistema. Nacido dentro de una de las castas más pobres al sur de la India, Naranyanan consiguió ser elegido como presidente y cumplir su mandato entre los años 1997 y 2002.
Uno de los problemas más crecientes que plantean los recientes incidentes es la falta de trabajo y de futuro para las castas más pobres. La comunidad Jat, una de las más numerosas dentro de la India –conforma un quinto del total de la población del país– es otra de las protagonistas dentro de la lucha por la igualdad y mayor representación, ya que abogan por mayor número de puestos de funcionariado accesibles para los grupos más desfavorecidos en la India.
En 1953 se daría el primer paso para tratar de identificar las clases más desfavorecidas. El llamado First Backward Class Commission, bajo la batuta del reformador social Kaka Kakelkar, entregó un informe con un listado de 2399 castas o comunidades poco desarrolladas. Dentro de esa cantidad, 837 de ellas fueron clasificadas como muy poco desarrolladas. A pesar de los resultados, el informe nunca se implementó.
La comisión Mandal y el descontento general: identificación
Establecida en 1979 por el Primer Ministro Moraji Desai, del partido Janata, con el firme propósito de identificar los estratos menos desarrollados en materia social y educativa y liderada por el parlamentario Bindeshwari Prasad Mandal, se propuso reservar asientos del parlamento para representar las castas más discriminadas, así como el uso de indicadores sociales –índice de desarrollo, edad de matrimonio, participación de la mujer en el mundo laboral–, económicos –valor medio de bienes familiares, préstamos adquiridos, fuentes de agua potable– y educativos –tasa de abandono escolar, tasa de matriculación universitaria– para determinar el nivel de atraso que sufrían dichos grupos.
En 1980, un informe de la comisión concluyó que las prácticas llevadas a cabo por la Ley India consiguieron garantizar una pequeña cantidad de puestos en el funcionariado y en universidades públicas para miembros de las OBC y las SCT (Other Backward Classes y Scheduled Castes & Tribes). Se recomendó aumentar la cuota de puestos garantizados de un 27% a un 49%. Ocho años más tarde, el Primer Ministro indio perteneciente al partido Janara Dal, Vishwanath Pratap Singh, recogió los resultados y recomendaciones ofrecidas por la Comisión Mandal y comenzó a implementarlas en todos los estados indios. El porcentaje de puestos garantizados para las OBC (un 27%) y para las ST y las SC (22%) disminuirían el cómputo global de puestos no-reservados a un 50%.
Esta medida comenzaría a generar protestas en contra de la garantía de trabajo en el funcionariado por el simple hecho de nacer en un tipo de casta, en detrimento del mérito propio del candidato. A pesar de las reformas iniciadas para contrarrestar la situación sufrida por millones de personas, las protestas contra las cuotas garantizadas para las OBC y las SCT surgieron en Nueva Delhi, donde, en septiembre de 1990, un estudiante de la Universidad de Delhi se inmoló como protesta. Esta forma de reivindicación la seguirían más jóvenes en las ciudades circundantes, que verían ésta reserva de cuota injusta por la falta de mérito, alegando que dichas medidas estaban dirigidas a la obtención del voto de las OBC. La mala gestión de las protestas, que se extendieron por otros estados del país, sería uno de los motivos para la dimisión del presidente V.P. Singh.
Las protestas marcarían un punto fundamental entre los polos opuestos a la iniciativa de la Comisión Mandal, y la formación de grupos políticos de las castas pertenecientes al as OBC. El 16 de noviembre de 1992, la abogada Indra Sawhney interpuso una demanda judicial contra el gobierno, la Unión de la India, en referencia a la conceptualización de una OBC y la cuota de puestos reservados, que por entonces estaría excediendo el 50%. La Corte Suprema fallaría a su favor, reconociendo a las clases sociales menos desarrolladas como una categoría, añadiendo a las “castas” como factor identificador de clase social atrasada. Se reconoció la validez de la reserva del 27%, así como identificar aquellos que habían trascendido su condición de OBC, quedando excluidos de la reserva de puestos laborales. Se incluyeron nuevos criterios económicos, sociales y educacionales para limitar la cuota de puestos asegurados y hacer efectivo el 50%.
Evolución en la participación laboral de las castas menos favorecidas Fuente: Census of India 2011
Un ejemplo de la poca diligencia del gobierno indio a la hora de abordar casos de discriminación contra dalits y castas más bajas es el referente a la masacre de dalits en Karamchedu, una villa situada en el estado de Andhra Pradesh. El 16 de julio de 1985, un conflicto entre dalits y terratenientes de una casta más alta, la Kamma, acabaría con 6 dalitsmuertos y otros 20 gravemente heridos. Tras una confrontación entre un sirviente y su terrateniente, la comunidad adinerada de Chowdary lo entendería como una revuelta contra ellos. Los terratenientes de las castas más altas se unirían para atacar a los dalits en todo el estado, tanto a mujeres como a niños. Perseguidos por toda la villa, tuvieron que huir al campo para salvar sus vidas. 159 personas fueron condenadas a cadena perpetua, pero la Alta Corte de Justicia de Andhra Pradesh decidió anular el juicio. El 24 de octubre de 1998, tras una petición especial a la Corte Suprema, motivó que el 19 de diciembre del 2008 se ratificaran las condenas impuestas en primera instancia. Únicamente el principal acusado, R. Anjaiah, sería condenado a cadena perpetua. Otros 29 acusados serían sentenciados a 3 años de cárcel.
Organizaciones internacionales ya advirtieron de los problemas causados por el sistema de castas y la continua degradación de derechos humanos que ocurren en múltiples estados de la India. En el año 2005, un informe de las Naciones Unidas hizo hincapié en la incapacidad del gobierno indio para detener la discriminación por castas que imperaba en el territorio. El Comité de las Naciones Unidas puso de manifiesto la cifra de 165 millones de dalits que continuaban enfrentándose a la segregación en escuelas y servicios públicos. A pesar de la protección legal y constitucional proporcionada durante 60 años, la discriminación seguiría presente. En marzo del 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la ONU instó al gobierno indio a tomar medidas efectivaspara proteger a los dalits y a grupos tribales, quienes continúan sufriendo actos de violencia comunitaria. A pesar de exponer la poca voluntad de las autoridades locales para proveer de protección efectiva, el gobierno indio insistió que la casta no es similar a la raza, ergo la denuncia de discriminación de castas y tribus no era competencia del CEDR.
La edad media en el siglo XXI: el viento que no cesa
La conclusión que podemos sacar de la situación actual la podemos convertir en una comparación entre dos casos muy similares, con actores idénticos pero con fines totalmente diferentes. En primer lugar, Rajiv Goswami, un estudiante de la Universidad de Nueva Delhi, que se inmoló en 1990 como protesta por la implementación por parte del presidente, V.P. Singh, de las recomendaciones ofrecidas por la Comisión Mandal para reservar puestos a los dalit dentro de la Universidad. Ahora bien, el 17 de enero de este mismo año, Rohith Chakravarathi Vemula, un estudiante de investigación de la Universidad de Hyderabad, se suicidó en la habitación del hostal de un amigo como protesta por las condiciones que sufrían los dalit dentro del campus. Se les prohibió la entrada a hostales y áreas comunes en grupos, así como participar en las elecciones para la Asociación de Estudiantes. Al no poseer los medios necesarios para permitirse un hogar, comenzaron una huelga de hambre frente a la Universidad.
¿A qué queremos hacer referencia con esto? Al descontento demostrado por ambas caras de la moneda. Un grupo social más acomodado que ve como una injusticia la concesión de trabajo y educación para los más desfavorecidos; referencia también a la influencia que han tenido las castas durante siglos en este país. Imaginémonos si hubiéramos dejado atrás el sistema social propio de la Edad Media hace únicamente 50 años. Es impensable encontrar una solución real para este problema. La falta de concienciación que supone los asesinatos de miembros de clases más bajas, los conflictos entre tribus y castas, y la falta de sensibilidad y de acciones efectivas por parte de gobiernos locales –no nacionales–, hacen que al país que se le conoce como la democracia más grande del mundo se le pregunte cómo sigue siendo un “país desarrollado”. Un país desarrollado con una democracia que tiene a la población enfrentada los unos con los otros. Y descontado la problemática religiosa o el conflicto de Cachemira, sólo podemos suponer que la India es un cartucho de dinamita con la mecha encendida.
Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador son hoy claros ejemplos de que la cacareada “libertad de prensa” es una farsa de la derecha para engañar, manipular y someter a los pueblos, además de atacar sin tregua a los procesos progresistas que perduran en la Patria Grande pese a la feroz guerra mediática de que son blancos.
Los sectores conservadores de Latinoamérica reiteran esa controvertida “expresión”, acuñada por Estados Unidos, con el objetivo de esconder su verdadero propósito: utilizar a los emporios de la información, o mejor dicho de la desinformación, como armas letales mediáticas contra las naciones y gobiernos de Nuestra América que defienden su independencia, favorecen a todos sus habitantes, y batallan por la paz e integración regional.
Por supuesto que la “libertad de prensa” por la cual aboga la derecha no es válida para medios de comunicación progresistas como las afamadas televisoras internacionales TeleSur y RussiaToday, entre otros, que poseen líneas editoriales objetivas y reportan de manera veraz acerca de los acontecimientos en el mundo.
TeleSur y RussiaToday en español ya no podrán verse en Argentina por uno de los tantos decretazos del presidente Mauricio Macri, quien por el contrario siempre ha favorecido al dominante y embustero emporio Clarín, que lo llevó a la Casa Rosada, y para muchos fue el verdadero vencedor en las elecciones del pasado año en ese país.
Macri censuró hace pocos días a ambas televisoras de cobertura mundial por dar a conocer a la opinión pública los desmanes de su régimen, y al mismo tiempo ha despedido a decenas de periodistas argentinos críticos con sus medidas neoliberales y accionar represivo.
Pero Argentina no es el único caso que en nombre de la “libertad de prensa” se esconde la verdad y a la vez se agrede a América Latina. Otros son sin duda alguna Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuador, por citar las naciones más atacadas, las cuales han vivido campañas mediáticas difamatorias sin precedentes dirigidas a destronar a sus presidentes legítimos, y derrumbar sus gobiernos.
La mandataria del gigante sudamericano Dilma Rousseff, destronada temporalmente del poder y sometida a un “juicio político”, fue y sigue siendo diana de constantes embestidas de la “gran” prensa brasileña, que en estrecha complicidad con los sectores ultraconservadores alentados por la administración norteamericana persisten en consumar definitivamente un golpe de Estado en ese país.
Igual ocurre con Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, a quien los medios derechistas nacionales, en contubernio con otros de Estados Unidos, España y Latinoamérica, no le han dado un solo minuto de tregua para conseguir la demolición a la Revolución Bolivariana.
Los Jefes de Estado de Bolivia, Evo Morales y de Ecuador, Rafael Correa, tampoco han escapado de las modernas cañoneras mediáticas patrocinadas por Washington y sus servicios secretos, que utilizan todos los recursos a su alcance destinados a cambiar la correlación de fuerzas en favor de sus intereses de dominación en la Patria Grande.
De Evo injuriaron sin escrúpulo alguno, previo y durante el referendo celebrado en Bolivia para otra postulación suya en el 2020, y no han parado de hacerlo porque los papagayos de la “libertad de prensa” saben muy bien que es un líder autóctono y antiimperialista de Nuestra América.
De manera similar ocurre con Correa, a quien a pesar del devastador terremoto que recientemente sacudió a Ecuador, y sus ingentes esfuerzos en favor de los miles de damnificados, lo continúan asediando, con la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA) a la cabeza.
Acorde con investigaciones difundidas por TeleSur y el diario El Telégrafo, la CIA creó en Ecuador una red de periodistas encargada de materializar acciones subversivas contra la Revolución Ciudadana que lidera Correa.
No es un secreto para nadie que la CIA y sus tentáculos de espionaje como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED) trabajan abierta e intensamente para aniquilar los procesos de cambios en Latinoamérica y hacer nuevamente de esta región el patio trasero de Washington.
Con ese propósito utilizan a la prensa ultraconservadora, sus redes sociales y las nuevas tecnologías, además de los órganos legislativos y las instituciones judiciales, como sus armas principales para consumar los llamados “golpes suaves o blandos”, que no son otra cosa que una versión de los golpes castrenses del siglo pasado.
Si en nombre de la “libertad de prensa” la derecha y sus patrones de Washington hacen lo que les viene en gana, cabe entonces la interrogante de por qué los gobiernos progresistas de la Patria Grande no responden con medidas severas que incluyan, incluso, la nacionalización de los medios de prensa al servicio de los poderosos.
La firma de los acuerdos sobre “Cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades”, “Dejación de armas” y “Garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo” suscritos el jueves 23 de junio en La Habana, suponen el fin de la guerra que desde hace más de 52 años ha enfrentado en Colombia a la guerrilla campesina de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC–EP) y al Estado colombiano.
Tras tres intentos de paz fallidos, en 1984, 1992 y 1998, el actual proceso de conversaciones de paz iniciado en Oslo y en La Habana en noviembre de 2012 se acerca a su fin y al inicio del llamado “post conflicto”, sin duda más difícil aún que las conversaciones de paz, fase que consiste en la reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes guerrilleros y en la implementación de los distintos acuerdos parciales alcanzados para acabar con las causas estructurales de esta cruenta y prolongada guerra que ha provocado más de 250.000 muertos, medio millón de exiliados y 7 millones de desplazados internos.
A pesar del discurso abonado por los enemigos de la paz, el actual proceso de conversaciones ha avanzado rápidamente, habiendo sido el segundo proceso de paz más corto en el tiempo de los habidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de paz de El Salvador duró 10 años, 11 años el de Guatemala, más de 10 años el de Irlanda del Norte, 14 años el de Angola, y así podríamos seguir con los procesos de Sudáfrica, Burundi, Tayikistán, Sierra Leona… Todos ellos duraron en torno a los 10 años. Únicamente el proceso de paz de Nepal ha durado algo menos que el actual proceso de paz en Colombia, 4 años exactos. Sin duda no es lo más importante la duración de un proceso de paz sino que este llegue a buen término, pero desgraciadamente la Mesa de Conversaciones de La Habana ha trabajado desde hace más de dos años con la espada de Damocles del tiempo pendiendo sobre sus cabezas, falaz argumento esgrimido por los distintos sectores económicos y políticos que pierden su razón de ser, o sus beneficios, con la llegada de la paz, argumento que el Gobierno de Colombia –siempre pendiente de las encuestas de opinión política– ha utilizado en más de una ocasión para presionar a su contraparte en la mesa de conversaciones. Pero hoy estamos de enhorabuena, porque la firma del Acuerdo Final de paz es algo ya cercano –quizás un mes, dos como mucho– y sobre todo es irreversible.
Esto no significa que los problemas en Colombia, las desigualdades entre el campo y la ciudad, entre los más ricos y los más pobres, entre las mujeres y los hombres, entre los criollos y los indígenas o los afro descendientes –es el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo, según el coeficiente de Gini–, desigualdades que ocasionaron este último conflicto armado y los muchos que lo precedieron, vayan a desaparecer por la firma del Acuerdo de Paz. En Colombia el 53% de la tierra aprovechable está en manos de 2.300 personas y el 58% de los depósitos bancarios en manos de 2.681 clientes.
El post conflicto será una intensa batalla contra esas desigualdades y del éxito de la implementación de los acuerdos parciales alcanzados, dependerá que Colombia entre irreversiblemente en la senda de la paz, la consolidación democrática y el progreso o que este acuerdo pase a la historia como uno más de las decenas de acuerdos de paz fallidos para poner fin a conflictos internos que, de forma sucesiva, ha habido en Colombia desde su independencia del dominio español el 7 de agosto de 1819. La principal responsabilidad recaerá en los poderes públicos y las instituciones colombianas, quienes con el apoyo de la comunidad internacional –un apoyo ojalá que irrestricto– deberá garantizar la implementación de los acuerdos, eludiendo la maldición que ha asolado a la inmensa mayoría de los procesos de paz habidos en el mundo en los últimos sesenta años, en los cuales el cumplimiento de las medidas de desarrollo social y económicos plasmados en los acuerdos finales ha sido más que deficiente, como acreditan la mayoría de las evaluaciones de cada uno de esos procesos de paz realizadas a fecha de hoy.
Desde noviembre de 2012 en La Habana se han alcanzado acuerdos sobre “Reforma Rural Integral” –el abandono por el Estado del campo y de los pequeños campesinos y la negación del derecho de propiedad de la tierra a estos, es el origen del actual conflicto armado–; “Participación Política” –en Colombia los partidos tradicionales, el llamado “establecimiento”, ha acostumbrado a exterminar físicamente a cualquier alternativa política organizada que amenazara la continuidad de la alternancia entre liberales y conservadores–; “Sustitución de cultivos de uso ilícito” –los cultivos ilícitos han sido en la practica el único medio que para sobrevivir han tenido los pequeños campesinos y las comunidades rurales, los únicos productos que podían comercializar–; “Descontaminación de Restos Explosivos de Guerra, Municiones sin explotar y minas antipersonas” –Colombia es uno de los países del mundo más contaminado por estos explosivos, obviamente en las zonas rurales–; “Victimas. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición” –el único acuerdo sobre justicia transicional alcanzado en un mesa de conversaciones que respeta estrictamente los contenidos del derecho internacional en vigor y que supone el sometimiento de ambas partes a una justicia especial para la paz–; “Búsqueda de personas desaparecidas” –según datos oficiales, en Colombia existen más de 50.000 desaparecidos por motivos relacionados con el conflicto interno, solamente desde los años 80 hasta hoy–; y ahora los acuerdos sobre “Cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades”, “Dejación de armas” y “Garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo” .
Este último acuerdo sobre desmantelamiento del paramilitarismo es de una especial importancia. El fenómeno de los ejércitos privados en Colombia, habitualmente creados y al servicio de los terratenientes y ganaderos, los denominados “paramilitares”, hace tiempo que escapó del control del Estado, a pesar de haber sido utilizados en especial por la Fuerza Publica en su combate contra las distintas insurgencias guerrilleras. Según los datos de la “Unidad de victimas” del Ministerio de Interior de Colombia, entre 1980 y 2012 se produjeron 1.166 masacres ejecutadas por grupos paramilitares, 1 cada 10 días. En muchos casos las masacres duraban días, hasta semanas, y se producían en la cercanía de bases militares. En ninguna de esa masacres la Fuerza Pública llego a intervenir, ya fuera para impedirlas o para detenerlas, nunca hubo enfrentamientos entre Ejército y paramilitares. Hoy día, las denominadas “bandas criminales” u “organizaciones sucesoras del paramilitarismo” controlan en monopolio las rutas de exportación de cocaína a Europa y a los Estados Unidos, así como innumerables fenómenos de delincuencia organizada común. Tras el proceso de paz de Casa Verde, iniciado en 1984 entre las FARC EP y el Gobierno de Belisario Betancur, grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado asesinaron a más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica, la fuerza política de izquierdas nacida en el seno de dicho proceso de paz. Ese riesgo, muy cierto hoy día, es el que el Gobierno colombiano, con el apoyo de toda la comunidad internacional, debe conjurar, dando un combate frontal hasta el desmantelamiento total de los ejércitos privados, objetivo alcanzable con la estricta implementación del acuerdo alcanzado en la Mesa de Conversaciones sobre “Garantías de Seguridad”, garantías no solamente para los guerrilleros que van a dejar las armas, sino necesariamente extensivas a las comunidades campesinas, fuerzas políticas, grupos étnicos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, y tantos otros y otras ciudadanos colombianos en permanente amenaza o riesgo a su integridad por trabajar por un país más justo y equitativo.
La Unión Europea ha venido acompañando este proceso en los últimos años, de forma activa en los últimos meses. El Enviado Especial de la UE para el proceso de paz, el ex ministro irlandés Sr. Eamon Gilmore, ha acudido a La Habana en varias ocasiones, reuniéndose con ambas partes y ofreciendo ayuda económica para la construcción de la paz, si bien se trata de una ayuda aún insuficiente: el apoyo financiero de la UE será distribuido en tres etapas, la primera pondrá a disposición recursos inmediatos para atender 24 requerimientos que ya fueron acordados con el ministro para el post conflicto, Rafael Pardo. La segunda etapa girará en torno al denominado Fondo Fiduciario de la Unión Europea, que actualmente alcanza la muy limitada cifra de 90 millones de euros, y su uso principal será apoyo al desarrollo rural. La última fase será la financiación de proyectos de infraestructura para el post conflicto, a través del desembolso de créditos hasta por 400 millones de euros que saldrán de la Banca de Inversión Europea. Créditos reembolsables, es decir, no se trata estrictamente de cooperación. Habremos de estar atentos a las condiciones de reembolso que se impondrán a dichos créditos para que realmente ayuden y no lleguen a dificultar la construcción de la paz.
Alemania ha sido el país de la UE que más activo se ha mostrado en el apoyo al proceso de paz en Colombia, con la designación hace más de un año del Diputado Tom Koenigs como Comisionado del Ministro de Relaciones Exteriores para el proceso de paz, mientras que el Banco de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo, entidad pública alemana, ha comprometido a fecha de hoy 75 millones de euros para el post conflicto y la construcción de paz.
El enviado especial Koenigs se ha mostrado especialmente comprometido con la paz, ayudando a la buena marcha del proceso con pronunciamientos sobre los problemas concretos que enfrenta el post conflicto: “Los sucesores del paramilitarismo contradicen claramente a todos los protagonistas (guerrilla, gobierno, sociedad civil, víctimas, etc.) y contenidos (reforma agraria, reparación a víctimas, devolución de tierras, fin del narcotráfico, justicia, no repetición, etc.) de los acuerdos de paz, y son una grave amenaza para su realización” o “Resulta sorprendente que las víctimas de todas las partes y sus asociaciones correspondientes, con unas pocas excepciones, apoyan el acuerdo (de Justicia Transicional y Victimas) y están dispuestas a adjudicar una mayor importancia a los elementos de verdad, reparación y no repetición que a la severidad de las penas judiciales, mientras que los políticos de la derecha quieren ver restablecida la dignidad de las víctimas únicamente por penas de prisión” (2º Informe al Bundestag de T. Koenigs, 30 abril 2016).
En comparación, la diplomacia española, dependiente de su trabajo en América Latina para mantener su peso específico en el panorama diplomático internacional, ha estado ausente de este proceso de conversaciones, especialmente si se compara con su activa participación en los tres anteriores procesos de paz, fallidos, habidos entre las FARC EP y el Gobierno de Colombia. Este desentendimiento probablemente tiene que ver con el papel muy activo que la diplomacia española –tanto en los gobiernos de Aznar, de Rodríguez Zapatero como en el de Mariano Rajoy– desempeñó en el apoyo a la llamada “doctrina de la seguridad democrática” en Colombia, implementada por el Presidente Álvaro Uribe entre los años 2002 y 2010, y que lejos de acabar militarmente con la guerrilla –como se proponía– provocó pavorosas situaciones de violaciones a los derechos humanos, como los llamados “falsos positivos” –más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes colombianos desempleados o marginales a los que el Ejército hacía pasar por guerrilleros abatidos en combate con el fin de mostrar resultados– o las denominadas “chuzadas del DAS”, espionaje a defensores de derechos humanos, jueces, políticos opositores y periodistas, que acabó con la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –servicio de inteligencia dependiente directamente de la Presidencia de la República– y el procesamiento de la mitad de su plantilla, tras ser calificado por los tribunales colombianos como una “organización criminal”.
El proceso de paz está llegando a buen término gracias al acompañamiento internacional, especialmente de los países de la América Latina que han visto en la paz de Colombia la paz de todo el continente. Junto al activo papel desempeñado como país garante por Noruega –sin duda la diplomacia con mayor especialización y eficacia en procesos de paz de cuantas existen hoy día–, Cuba ha sido el otro país garante, que además de poner a disposición su territorio y las debidas condiciones de seguridad para que avanzara el proceso, ha sabido garantizar el apoyo político de la región al proceso, a la vez que –conjuntamente con Noruega– ha desplegado un imprescindible pragmatismo diplomático que ha permitido sortear los muchos desencuentros que entre las partes ha habido durante las conversaciones. El papel de países acompañantes desempeñado por Venezuela y Chile han ayudado a destrabar problemas y a sumar más apoyos a la causa de la paz. Finalmente, a partir de enero de 2015 la Administración estadounidense del Presidente Obama, con la designación del diplomático Sr. Bernard Aronson como enviado especial para el proceso de paz, también ha desempeñado un papel constructivo en las conversaciones, quizás no todo lo comprometido que pudiera haber sido a la vista de la influencia internacional de los EEUU, pero sin duda un apoyo a la paz en Colombia que nunca antes de forma tan explícita comprometió una administración estadounidense. La reunión celebrada el pasado mes de marzo entre el Secretario de Estado Sr. Kerry y la comandancia de las FARC EP en La Habana, supuso un evidente reconocimiento político a esta organización guerrillera, a pesar de que, inexplicablemente, aún sigue incluida en las arbitrarias listas de organizaciones “terroristas” de la Unión Europea, del Reino Unido y de los propios Estados Unidos.
Aún quedan acuerdos imprescindibles de alcanzar para la firma del Acuerdo Final de Paz. Los más importantes, los relacionados con la reincorporación de los antiguos combatientes a la vida civil, las zonas donde se producirá dicha reincorporación, la imprescindible y urgente amnistía –prevista expresamente en las Convenciones de Ginebra a la finalización de un conflicto armado interno–, las necesarias Garantías de No repetición –revisión de la doctrina de seguridad y militar de Colombia y su adaptación a una sociedad en paz donde la población civil nunca más sea considerada un enemigo– y la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras cuestiones de índole menor. Pero la firma este jueves en La Habana de los tres acuerdos que de facto ponen fin a la guerra, es la mejor garantía para alcanzar los acuerdos parciales restantes, de forma irreversible, en unas pocas semanas.
A partir de la firma del Acuerdo Final de Paz, será la comunidad internacional la que deba coger el relevo de la Mesa de Conversaciones de La Habana. Sin un acompañamiento firme e imparcial de la comunidad internacional, en especial de los países de América Latina y el Caribe y de las Naciones Unidas, será muy difícil verificar el cumplimiento de los acuerdos y acabar con las causas del conflicto. Es imprescindible garantizar un periodo de post acuerdo eficaz, donde la implementación de lo firmado sea una realidad y no se defrauden las expectativas de los colombianos y colombianas, en especial de aquellos que han vivido en primera persona la guerra, generación tras generación, en las zonas rurales del país. Una Colombia en paz abrirá la puerta a la solución de varios problemas mundiales, entre ellos el los cultivos susceptibles de unos ilícito y el narcotráfico o el desplazamiento de población. Colombia es un país dotado de inmensas potencialidades, sin duda la más importante reside en las personas que habitan en él, gente trabajadora y cordial, culta y emprendedora, con una envidiable formación académica y científica. El compromiso de la comunidad internacional con esta paz que viene, tan difícil y generosamente construida entre todas, se verá cumplido cuando portar un pasaporte colombiano sea definitivamente motivo de orgullo y dignidad, nunca más un estigma.
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