¿Puerto Rico o Puerto Pobre?

Hedelberto López Blanch

 

Revuelta social y nueva Constitución

Nelly Richard

CLACSO Secretaría Ejecutiva
Karina Batthyány – Secretaria Ejecutiva
María Fernanda Pampín – Directora de publicaciones
Equipo Editorial
Lucas Sablich – Coordinador Editorial
Solange Victory – Gestión Editorial
Nicolás Sticotti – Fondo Editorial
Pablo Amadeo – Dirección de arte y diseño editorial

Richard, Nelly
Revuelta social y nueva constitución / Nelly Richard ; Prólogo de Javier Trímboli.
1a ed – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2021.
Libro digital, PDF – (Masa crítica)
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-813-066-8
1. Análisis Político. 2. Chile. I. Trímboli, Javier, prolog. II. Título.
CDD 306.09
© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.

«El 18 de octubre de 2019, la movilización coordinada por estudiantes secundarios para protestar contra un alza de tarifa en el transporte público tomó la forma de una sorprendente revuelta popular que desató una crisis político social de extrema magnitud en Chile. Solo un mes después del inicio de la revuelta, es decir, el 15 de noviembre de 2019, el gobierno de derecha de Sebastián Piñera –un gobierno completamente deslegitimado por la vehemencia del masivo rechazo a sus políticas y, además, atemorizado por el fuego de los incendios (estaciones de metro y otros) que amenazaban con destruir la ciudad– se vio obligado a ratificar un acuerdo parlamentario –empujado por los gritos de la calle a favor de una asamblea constituyente– para llamar a un plebiscito nacional que se pronunciara sobre la vigencia o la derogación de la Constitución de 1980 firmada por el exdictador Augusto Pinochet. » (p.23)

Descargue el Libro completo en este enlace: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/123456789/16737/1/Revuelta-Social-y-Nueva-Constitucion.pdf

Fuente de la Información: CLACSO – Novedad editorial: Revuelta social y nueva constitución / Nelly Richard / Colección Masa Crítica

La UNESCO pide una mejor regulación de la enseñanza privada para reducir las desigualdades

 

Abierta Convocatoria para el Dossier Temático y Sección General (vol. 34, nº2-jul.- dic.2022) de la Revista Educación Superior y Sociedad

Hasta el viernes 31 de marzo de 2022 está abierta la convocatoria para el envío de colaboraciones con destino al dossier temático del Vol. 34, N° 2 (julio-diciembre de 2022) de la Revista Educación Superior y Sociedad (ESS) 

El Dossier Temático en esta nueva oportunidad, tratará acerca de la Democratización y políticas de inclusión de la diversidad en la Educación Superior en América Latina y el Caribe.  

En las últimas décadas, las políticas de Educación Superior –como reflejo de lo que ocurre en la sociedad- se han orientado a reconocer la diversidad social y a promover procesos de inclusión de la misma en las aulas como forma de operar sobre los prejuicios y discriminaciones tan arraigados en la región. Este Dossier busca efectuar una revisión de los avances alcanzados y de las zonas grises abordando al menos las siguientes dimensiones: inclusión de la diversidad socioeconómica, de la diversidad étnico-racial, de género y otras sexualidades, de migrantes y refugiados y de personas con diversidad funcional. Se esperan artículos que, con foco en las políticas de democratización e inclusión en el nivel superior, recuperen trabajos de investigación sobre condiciones normativas y estrategias de generación de información para la atención a la diversidad, experiencias innovadoras de gestión y desarrollo académico, estrategias para evitar la deserción/fomentar la graduación o bien estudios, tendencias y estado de situación sobre el tema convocante. Los trabajos podrán referir al orden regional, subregional o nacional. La organización del Dossier estará a cargo de la Dra. Sylvie Didou Aupetit (DIE/CINVESTAV, México) y de la Dra. Adriana Chiroleu (UNRosario, Argentina) como Editoras invitadas. 

Se invita a enviar las contribuciones siguiendo las normas de elaboración y envío de los textos, disponibles en el portal de la revista ESS. 

 

Fuente de la Información: https://www.iesalc.unesco.org/2021/12/13/abierta-convocatoria-para-el-dossier-tematico-y-seccion-general-vol-34-no2-jul-dic-2022-de-la-revista-educacion-superior-y-sociedad/

 

Los CAED y PRONI: la precariedad laboral en tiempos de la 4T

Abelardo Carro Nava

Vivimos en un país donde, por un lado, los políticos de todos los partidos que llegan a ocupar un lugar en Palacio Nacional o en distintas Secretarías de Estado, específicamente en la Secretaría de Educación Pública (SEP), buscan de cualquier forma satisfacer las demandas y exigencias de los organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o el Banco Mundial, en materia de inclusión educativa o de incorporación a eso que se le conoce como globalización con la enseñanza de una lengua extranjera, pero, por otro lado, en un país donde esos mismos políticos, diseñan programas que no acaban de concretarse para beneficio de la población a los que están dirigidos: niños, niñas y adolescentes (NNA) en edad escolar, ya sea en educación básica o media superior. NNA que, indudablemente, sufren las consecuencias de una serie de decisiones mal tomadas por quienes tendrían que procurar el derecho irrestricto, en este marco, a una educación de calidad.

En este sentido, el tema del Programa Nacional de Inglés (PRONI) o el del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de Integración Educativa (hoy Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, FFSEE), impulsado hace unos años por gobiernos emanados de otros partidos políticos muy diferentes al que hoy dirige los destinos del país, nada más no acaban de tomar forma para hacerse una realidad. Es más, con la mal llamada “austeridad republicana”, sufren los embates de una serie de recortes o ajustes presupuestales pues, como se sabe, para el actual régimen hay de prioridades a prioridades que no se visualizan en el ámbito educativo, pero sí en lo clientelar o corporativo.

Por ejemplo, el pasado 17 de noviembre, profesores del PRONI de los estados de Zacatecas y Puebla, denunciaron en distintos medios de comunicación y/o redes sociales, el adeudo de varias quincenas y falta de prestaciones de ley y servicio médico en plena pandemia, pero también el que, en Guerrero, el 15 de noviembre, terminaría el servicio que éstos prestaban en cada una de las escuelas de esa entidad federativa (Noticias en la mira, 2021). Un asunto que no es nuevo, de hecho, en enero de este año, publiqué un artículo que titulé “El PRONI, entre la corrupción y el limbo” (Carro, 2021). Así ha sido y, tal parece, que así seguirá este programa: entre la corrupción y el limbo.

Ahora bien, por lo que toca al tema de la inclusión educativa, durante el sexenio de Felipe Calderón, se impulsaron los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), como parte de las políticas de equidad e inclusión impuestas por los organismos internacionales referidos y, cuyo propósito, fue el de brindar atención especializada de calidad y pertinente a los estudiantes con discapacidad, así como también, integrarlos a la comunidad escolar. De hecho, en 2016, según la SEP, se tenían en operación 275 CAED, teniendo previsto, abrir 225 más en el periodo 2016-2018, y por el cual se aseguraba que, al término del sexenio, se tendrían 500 en todo el país (Boletín 131, SEP, 2016). No obstante, con la llegada del actual régimen, y bajo el pretexto de esa mal llamada “austeridad republicana”, desde hace un par de años, alumnos, padres de familia y maestros que laboran en los CAED, han denunciado por diversos medios de comunicación y redes sociales, la presunta eliminación de estos CAED, así como también, una serie de irregularidades en sus pagos, pero, lo más preocupante, el que los alumnos que cursan sus estudios en estos Centros, tenían serias dificultades para obtener los documentos que avalan la culminación (certificación) de sus estudios (Dis-capacidad, 2019). Un asunto que, hay que decirlo, así se ha mantenido hasta nuestros días. ¡Vaya forma de implementar las políticas educativas de carácter incluyente en nuestro país! En fin.

En este sentido es importante señalar que, en ambos programas, la figura del docente que estaría a cargo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, tanto para los que cursan el nivel básico para la adquisición de una lengua extranjera o, en media superior, para la atención de alumnos con alguna discapacidad, no reciben esta denominación, la de docentes, sino aquella que, por más que se diga lo contrario, es totalmente incomprensible y hasta denigrante: “asesores externos”. ¿Acaso estos “asesores externos” no planean, desarrollan una clase y evalúan los aprendizajes? Cierto, en ambos casos, no ha habido una completa formalización del servicio educativo que prestan estos profesores; ello explica el por qué no tienen una base definitiva o el que se les pague irregularmente por honorarios (previo contrato), pero ¿ello justifica esa irregularidad a la que han estado sujetos desde hace varios años?, ¿no un gobierno, que se dice del pueblo y para el pueblo, tendría que velar por brindar una atención integral a todos los sectores de la población que así lo requiera con personal calificado y especializado en diferentes rubros?

Y es que, como se sabe, con la suscripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en la década de los noventa, la implementación de políticas internacionales emanadas de los señalados organismos, y la tan anhelada y mal lograda “calidad” educativa en nuestro país, se ha precarizado y desvalorizado el quehacer docente en diversos rubros afectando, como parece obvio, a los trabajadores que prestan sus servicios bajo estas modalidades, pero, desde mi perspectiva, lo más importante y preocupante, el que los alumnos de todos los sectores sociales, y con diferentes capacidades, no reciban lo que propio derecho les corresponde: una educación que les permita afrontar los retos que la vida misma y la sociedad impone, pero también, ser incluidos en esa sociedad altamente demandante derivado de ese mundo globalizado.

Cierto, habrá quien me diga que se ha avanzado en materia de inclusión educativa en nuestro país, no obstante, en mi defensa, diré que el que un alumno con alguna discapacidad intelectual, visual, auditiva o motriz asista a cualquier escuela de México no es un signo de un avance mayúsculo pues, como se sabe, desde hace varias décadas, las maestras y maestros de nuestro país no han recibido la formación especializada para tratar a estudiantes con autismo, hipoacusia, etcétera, que se incorporan a sus aulas escolares.

Curiosamente, si el actual régimen tiene la intención de desaparecer programas “neoliberales”, hasta el momento no hemos conocido (y con seguridad no conoceremos) qué programas substituirían a éstos. Vaya, el que la Secretaria de Educación, PROFESORA Delfina Gómez, haya anunciado el pasado 3 de diciembre (día internacional de personas con discapacidad) que, para 2022, se tendría un aumento superior a los 650 millones de pesos en el PFSEE (Profelandia.com, 2021), no asegura que los CAED seguirán subsistiendo. Creo, la profesora, tendría que tener claro que los Centros de Atención Múltiple (CAM), no son los CAED, y punto.

¿Por qué no brindar una certeza laboral y profesional a estos profesores que no son asesores externos para que, de alguna forma, se avance en una adecuada implementación de las políticas en comento?

Con negritas:

Vaya precarización laboral y docente en un gobierno que se dice humanista.

Al tiempo.

Referencias:

• Carro, A. (2021). El PRONI, entre la corrupción y el limbo. Educación futura. Recuperado de: https://www.educacionfutura.org/el-proni-entre-la-corrupcion-y-el-limbo/
• Redacción Profelandia.com. (2021). SEP anuncia aumento de más de 650 millones de pesos para educación especial en 2022. Profeandia.com. Recuperado de: https://profelandia.com/sep-anuncia-aumento-de-mas-de-650-millones-de-pesos-para-educacion-especial-en-2022/
• Redacción Noticias en la mira (2021). Denuncian adeudo de pagos a maestros PRONI en Zacatecas y Puebla. Noticias en la mira. Recuperado de: https://noticiasenlamira.com/estados/denuncian-adeudo-de-pagos-a-maestros-proni-en-zacatecas-y-puebla/?fbclid=IwAR0LTKkdBv5wKUR0BvQaY_ZSbyFjyDjHE92lOBj6iUIBYH-8xFtpDrV4Ohw
• SEP, Boletín 131. (2016), Opera SEP 275 Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad. SEP. Recuperado de: https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-131-opera-sep-275-centros-de-atencion-para-estudiantes-con-discapacidad

 

Fuente de la Información: https://www.educacionfutura.org/los-caed-y-proni-la-precariedad-laboral-en-tiempos-de-la-4t/

Por: José Antonio Martínez Gutiérrez

«Desde USICAMM se reconoce que los docentes del País tenían razón, es decir, que los procesos que hasta el momento ha realizado estuvieron plagados de inconsistencias…»

Recientemente la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) puso en marcha en redes sociales una especie de campaña mediática para, primero, dar a conocer las competencias, objetivos y logros alcanzados por ese organismo que sustituyó al Servicio Profesional Docente.

Y segundo, para destacar la travesía de Adela Piña Bernal en sus diversas reuniones con autoridades educativas estatales y funcionarios de la propia USICAMM para mejorar los procesos de admisión, promoción y reconocimiento de los maestros.

En este último aspecto quedó muy claro: desde USICAMM se reconoce que los docentes del País tenían razón, es decir, que los procesos que hasta el momento ha realizado estuvieron plagados de inconsistencias las cuales generaron desconfianza e incertidumbre magisterial.

Como se recordará, la propia Delfina Gómez Álvarez aseguró que se busca que los procesos que realiza USICAMM sean más amigables, ágiles, sencillos y, sobre todo, que se garantice la transparencia (SEP – 21 de noviembre de 2021).

En tanto Adela Piña Bernal difundió un breve clip en donde pide a los docentes estar atentos a la difusión de las nuevas disposiciones que regirán a los procesos de admisión, promoción y reconocimiento para el ciclo escolar 2022-2023.  Y su lógica fue en el mismo sentido que Delfina Gómez.  Cito aquí sus palabras: “Estén atentos para que tengan mucha claridad en todo el proceso que se va a llevar, que se les facilite, que sean mejores, que sean más amigables para todos y cada uno de los maestros que participarán” (Profelandia 16 de diciembre de 2021).

Mi duda es (y tal vez la de muchos docentes) si Delfina Gómez y Adela Piña Bernal están conscientes de las altas expectativas que generan al anunciar mejoras en los procesos de admisión, promoción y reconocimiento.

Que a la mitad de este sexenio, ambas Maestras de profesión, no tienen permiso ni derecho a fallar en la consolidación y funcionamiento de un organismo como USICAMM que hasta el momento tiene como características principales el desastre y la incompetencia.

El comentario aparte:

Bien que desde USICAMM se reconozca a la promoción horizontal como una competencia entre docentes (Profelandia 3 de diciembre de 2021).

Mal que USICAMM no haya establecido criterios y normas para una competencia justa entre maestros.

Y peor aún, que un maestro tenga que competir para conquistar su propia revalorización docente.

Fuente de la información: https://profelandia.com

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«¿Cómo transitar de un modelo individualista a otro combinado que pondere también lo colectivo en la SEP?»

A lo largo de los últimos 10 años, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha destinado una considerable cantidad de recursos humanos, materiales y financieros para evaluar a las y los docentes, así como a las y los directivos escolares y demás figuras educativas, tanto de la educación básica como media superior con la finalidad de “elevar la calidad de la educación”.

Ello, dentro del marco legislativo que se ha establecido en México (según la relación de fuerzas políticas en el Congreso), el cual podría dividirse, dicho esto en forma esquemática, en dos grandes bloques (para evaluar al personal en servicio):

1) Evaluaciones obligatorias con impacto en la estabilidad-inestabilidad en el empleo: Esto mediante la intensificación de programas y procedimientos de evaluación y control hacia las y los docentes y demás figuras educativas, con criterios excluyentes (Reforma al texto constitucional y leyes secundarias de 2013); y

2) Evaluaciones no obligatorias sin impacto en la estabilidad en el empleo (con fines formativos): En concordancia con el esquema anterior, no obstante, en este bloque se han establecido leyes sistemas-programas de evaluación y control hacia el personal educativo, con valores o criterios de no exclusión (Reforma al texto constitucional y leyes secundarias de 2019).

En ambos modelos de evaluación de la docencia y demás figuras educativas de la escuela pública prevalecen, sin embargo, la misma lógica o el mismo abordaje. Es decir, los criterios de “medición individual” se mantienen intactos, sin evaluar de manera integral la práctica docente o directiva in situ, y sin considerar a la valoración del trabajo colegiado.

Al respecto, esto escribió el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), de la UNAM, cuando se refirió a “…la necesidad de construir un sistema de evaluación social-integrado, si realmente la aspiración de la política educativa es mejorar los procesos educativos. (…) se parte de (la idea de) mostrar que la evaluación, en general, sobre elementos del sistema educativo y, en particular, sobre el trabajo docente, que se ha implantado en el país sigue una lógica individualista que segmenta los resultados obtenidos. Por ello, no hay una mejora sustantiva en los procesos educativos, sea de aprendizaje, de trabajo docente o de procesos institucionales. Este modelo de evaluación que segmenta e individualiza el acto de evaluación, es el resultado de aplicar una visión gerencial, misma que se ha asumido en rasgos genéricos para construir las políticas de calidad en la educación.” (1)

Así, el modelo de evaluación de la docencia y de otras figuras educativas prevaleciente, tanto en las reforma al texto constitucional de 2013 como en la del 2019, es el de la “evaluación individualista”, que además es incompleta porque no considera directamente la complejidad de las prácticas docentes ni directivas, ni asume la importancia del trabajo colegiado, social, colectivo que se da y se necesita cotidianamente en las escuelas. Esto último no se aplica, hoy, en los procesos de evaluación para promoción vertical y horizontal.

¿Qué sentido tiene promover la “evaluación individualista” y alentar o motivar la carrera profesional individual de las y los trabajadores (profesionales) de la educación, si esos trayectos y reconocimientos no tienen ninguna vinculación con el trabajo colegiado, comunitario, colectivo que se demanda en la escuela? Sin duda, dicha vinculación orgánica en el ámbito del trabajo escolar colegiado, junto con el trabajo individual en aula, tiene efectos importantes a favor del logro académico de las y los estudiantes.

Los efectos de la visión gerencialista de la educación y de la evaluación de docentes con tal enfoque, han sido analizados a fondo y no solamente criticados, puesto que se han colocado sobre la mesa diversas soluciones o ideas distintas. Debido a ello, considero inaceptable que no se exploren, como política pública, vías alternativas o formas diferentes para abordar estos problemas.

¿Cuáles han sido los efectos de la aplicación del modelo “gerencialista” en la educación, y particularmente en la evaluación de docentes? Así lo plantea Díaz Barriga cuando critica a ese modelo dominante: “…Otra consecuencia de ello es un tránsito sutil del reconocimiento de rasgos cualitativos a una serie de indicadores que cuantifican un desempeño académico, lo que en el fondo ocasiona que la mejora del indicador se convierta en la meta; dicha mejora se da al margen de la mejora real del proceso educativo en lo particular o en su conjunto.” (misma obra)

Por otra parte, uno de los defectos intrínsecos, y de origen, de ambos modelos de evaluación docente que prevalecen o que son hegemónicos (adoptados tanto en las políticas públicas educativas llamadas “neoliberales” como de la denominada era “post neoliberal” o de la “4T”), es que la evaluación de docentes y otras figuras educativas, está asociado con un esquema de “incentivos económicos” o con fines compensatorios, que claramente han servido como mecanismos de contención o de tope antes las demandas de aumentos salariales generalizados y progresivos exigidos, de hace más de 40 años, por el magisterio mexicano. El caso del programa Carrera Magisterial, que la SEP implantó en 1992-1993, es un claro ejemplo de ello (2)

El gran reto que tiene el gobierno de la República, a través de la SEP, en materia de evaluación de docentes y directivos escolares, es repensar y reformular nuevas rutas alternativas, y ponerlas en práctica. Por ello me pregunto, entre otras cosas, ¿cómo transitar de un modelo individualista de evaluación de la docencia a otro combinado que pondere lo individual y lo colectivo, que además contemple el análisis de la práctica docente y directiva, así como el trabajo colegiado?

Fuentes consultadas:

(1) Ángel Díaz-Barriga (2017) “De la evaluación individual a una evaluación social-integrada: La institución educativa, su unidad”, en: Docencia y evaluación en la Reforma Educativa 2013, Ángel Díaz-Barriga (coord.), IISUE-UNAM, México, pp. 327-364.

(2) Ver el interesante análisis técnico que publicaron al respecto Graciela Cordero Arroyo, Edna Luna Serrano y Norma Xochilth Patiño Alonso (2013), con el título: “La evaluación docente en educación básica en México: panorama y agenda pendiente”. Sinéctica, no.41 (ITESO). Tlaquepaque. Jalisco, México.

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Fuente de la información: SDPnoticias