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Entre Venezuela Y Nadalandia

Bloghemia
Artículo del escritor uruguayo Eduardo Galeano, publicado en el diario La Jornada  el 25 de Agosto del año 2004.

Por: Eduardo Galeano

En un mundo de plástico y ruido, quiero ser de barro y de silencio.»…  – Eduardo Galeano
Extraño dictador este Hugo Chávez. Masoquista y suicida: creó una Constitución que permite que el pueblo lo eche, y se arriesgó a que eso ocurriera en un referéndum revocatorio que Venezuela ha realizado por primera vez en la historia universal.
No hubo castigo. Y esta resultó ser la octava elección que Chávez ha ganado en cinco años, con una transparencia que ya hubiera querido Bush para un día de fiesta.
Obediente a su propia Constitución, Chávez aceptó el referéndum, promovido por la oposición, y puso su cargo a disposición de la gente: «Decidan ustedes».
Hasta ahora, los presidentes interrumpían su gestión solamente por defunción, cuartelazo, pueblada o decisión parlamentaria. El referéndum ha inaugurado una forma inédita de democracia directa. Un acontecimiento extraordinario:
¿Cuántos presidentes, de cualquier país del mundo, se animarían a hacerlo?
¿Y cuántos seguirían siendo presidentes después de hacerlo?
Este tirano inventado por los grandes medios de comunicación, este temible demonio, acaba de dar una tremenda inyección de vitaminas a la democracia, que en América Latina, y no sólo en América Latina, anda enclenque y precisada de energía.
Un mes antes, Carlos Andrés Pérez, angelito de Dios, demócrata adorado por los grandes medios de comunicación, anunció un golpe de Estado a los cuatro vientos. Lisa y llanamente afirmó que «la vía violenta» era la única posible en Venezuela, y despreció el referéndum «porque no forma parte de la idiosincrasia latinoamericana». La idiosincrasia latinoamericana, o sea, nuestra preciosa herencia: el pueblo sordomudo.
Hasta hace pocos años, los venezolanos se iban a la playa cuando había elecciones. El voto no era, ni es, obligatorio. Pero el país ha pasado de la apatía total al total entusiasmo. El torrente de electores, colas enormes esperando al sol, a pie firme, durante horas y horas, desbordó todas las estructuras previstas para la votación. El aluvión democrático hizo también dificultosa la aplicación de la prevista tecnología último modelo para evitar los fraudes, en este país donde los muertos tienen la mala costumbre de votar y donde algunos vivos votan varias veces en cada elección, quizá por culpa del mal de Parkinson.
 «¡Aquí no hay libertad de expresión!», claman con absoluta libertad de expresión las pantallas de televisión, las ondas de las radios y las páginas de los diarios.
Chávez no ha cerrado ni una sola de las bocas que cotidianamente escupen insultos y mentiras. Impunemente ocurre la guerra química destinada a envenenar a la opinión pública. El único canal de televisión clausurado en Venezuela, el canal 8, no fue víctima de Chávez sino de quienes usurparon su presidencia, por un par de días, en el fugaz golpe de Estado de abril del año 2002.
Y cuando Chávez volvió de la prisión, y recuperó la presidencia en andas de una inmensa multitud, los grandes medios venezolanos no se enteraron de la novedad. La televisión privada estuvo todo el día pasando películas de Tom y Jerry.
Esa televisión ejemplar mereció el premio que el rey de España otorga al mejor periodismo. El rey recompensó una filmación de esos días turbulentos de abril. La filmación era una estafa. Mostraba a los salvajes chavistas disparando contra una inocente manifestación de opositores desarmados. La manifestación no existía, según se ha demostrado con pruebas irrefutables, pero se ve que este detalle no tenía importancia, porque el premio no fue retirado.
Hasta ayercito nomás, en la Venezuela saudí, paraíso petrolero, el censo reconocía oficialmente un millón y medio de analfabetos, y había cinco millones de venezolanos indocumentados y sin derechos cívicos.
Esos y otros muchos invisibles no están dispuestos a regresar a Nadalandia, que es el país donde habitan los nadies. Ellos han conquistado su país, que tan ajeno era: este referéndum ha probado, una vez más, que allí se quedan.
Fuente e imagen: bloghemia

 

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¿De qué hablamos desde los feminismos cuando hablamos de cuidados?

El Salto

Por: Matxalen Legarreta Iza

Es una pregunta difícil. Son muchas las definiciones del cuidado manejadas desde los feminismos, tantas como las corrientes desde las que se ha abordado el cuidado.

En una obra de 1993, Joan Tronto define el cuidado como “una actividad característica de la especie humana que incluye todo lo que hacemos con vistas a mantener, continuar o reparar nuestro ‘mundo’, de tal manera que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individualidades [selves] y nuestro entorno, que buscamos tejer juntas en una red compleja que sostiene la vida”.

Es una definición amplia y, por ello, interesante y de gran potencial. Sin embargo, partir de una definición extensa, plantea un reto: si no la concretamos puede dejar de ser operativa, dejar de ser manejable y, por tanto, dejar de ser útil. Por ello, voy a intentar desgranar, concretar y aterrizar el cuidado en aspectos y dimensiones específicas.

Conceptualmente considero importante diferenciar tres dimensiones, aunque en el día a día resulte imposible desligarlas: material-física, subjetiva-relacional y política.

Dimensión material-física: el cuidado como trabajo

Poner el foco en la dimensión material y física del cuidado implica definirlo como trabajo. El cuidado es un trabajo que consume tiempo y energía. Más adelante profundizaré en ello. Antes, quiero resaltar que la dimensión material del cuidado engloba todas aquellas actividades que es necesario llevar a cabo para cubrir las necesidades físicas o fisiológicas de las personas: dar de comer, vestir, asear, pero también todo aquello que hay que hacer para poder dar de comer, vestir, asear…. Esto es, hay que cocinar, lavar la ropa, limpiar el baño… Por tanto, cuando hablamos de la dimensión material del cuidado, hablamos también del trabajo doméstico. Es importante diferenciar trabajo doméstico y cuidado, pero teniendo en cuenta y subrayando que es necesario hacer trabajo doméstico para poder prestar cuidado. Así, algunas autoras feministas definen el trabajo doméstico como “precondición del cuidado” o “cuidado indirecto”.

Algunas feministas señalan acertadamente que diferenciar trabajo doméstico y cuidado implica un “sesgo primermundista”

En muchas partes del mundo, además, antes de cocinar o limpiar la ropa, por ejemplo, hay que ir a por agua. Este tipo de trabajos que se han llamado “de subsistencia”, también son necesarios y forman parte del cuidado. Por ello, algunas feministas señalan acertadamente que diferenciar trabajo doméstico y cuidado implica un “sesgo primermundista”. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque al diferenciarlos aflora la tercera dimensión del cuidado: la política, la de las relaciones de poder y la de los privilegios. Se entiende más fácil con dos preguntas:

Primera: ¿cómo se incorporan los hombres al cuidado? ¿Qué parte desempeñan? Investigaciones sobre el reparto del trabajo doméstico y el cuidado en parejas heterosexuales, concluyen que los hombres se implican sobre todo en el cuidado lúdico y comunicativo. Algunas mujeres que hemos entrevistado en el marco de dichos estudios afirman que sus parejas pasan más tiempo que ellas con las criaturas, porque juegan más que ellas. Tal implicación, además, se valora muy positivamente. No obstante, en estos casos, ¿quién pone la lavadora para que tenga el chándal limpio? ¿Quién la tiende y dobla la ropa? ¿Quién baña a la criatura o le prepara la merienda? ¿Quién limpia el baño?

Segunda pregunta: ¿qué externalizamos cuándo externalizamos trabajo doméstico y cuidado? Esto es, cuando pagamos a otra persona por hacer este trabajo, ¿qué parte del trabajo delegamos? A menudo, se delega la parte material del trabajo que, y esto no es casual, es más rutinaria, más ardua y menos gratificante. ¿Podemos las madres blancas de países del norte global ejercer la maternidad de forma intensiva porque externalizamos parte del trabajo doméstico?

Dimensión subjetiva, relacional: el cuidado como ética

Cuidar supone estar atenta a cubrir las necesidades de la otra persona. Es una predisposición. Además, cuidar va más allá de la realización de una serie de tareas concretas. Tiene una dimensión humana que no puede aportar una máquina. Tiene que ver con el vínculo que se crea entre las personas. Se entiende mejor con un ejemplo del contexto actual de pandemia. Al estudiar el impacto de la covid-19 en el cuidado prestado en las residencias de personas mayores, las trabajadoras nos relatan que como medida de protección tienen que utilizar EPIs. Esto implica vestir mascarilla, guantes, buzos de plástico, pantallas… La imagen a la que nos remiten para describirlo es la de un astronauta. Narran las dificultades de desempeñar su trabajo en estas condiciones: tener que guardar distancia, ir vestida como en la NASA… “Ya no es lo mismo” dicen. Además, a menudo tratan con personas con problemas de audición, de vista, con demencia… Una enfermera señala que han aprendido a sonreír con los ojos.

El contexto de pandemia evidencia que es esencial prestar atención a la dimensión subjetiva-relacional del cuidado. Cuidar es crear vínculos, tener contacto humano

El contexto de pandemia evidencia que es esencial prestar atención a la dimensión subjetiva-relacional del cuidado. Cuidar es crear vínculos, tener contacto humano. Las trabajadoras y directoras de residencias constatan también el deterioro sufrido por muchas personas mayores a causa del aislamiento, porque el confinamiento en las residencias no se termina con el fin del estado de alarma.

Asimismo, el cuidado consta de una dimensión moral vinculada con el deber. Las mujeres, por nuestro aprendizaje de género, tenemos interiorizado que cuidar es nuestro deber y nos crea sentimiento de culpa no poder cuidar como y cuando se supone que debemos hacerlo. Muchas madres, por ejemplo, expresan el malestar que sienten al dejar a sus criaturas en la guardería.

Dimensión política del cuidado: denuncia y propuesta política

El cuidado está atravesado por relaciones de poder. No siempre se cuida por amor, ni con amor. El cuidado puede conllevar situaciones de maltrato o trato malo hacia la persona cuidada, pero también de explotación hacia quien lo presta. Además, el trabajo de cuidado no otorga reconocimiento social, ni monetario. Es un trabajo de veinticuatro horas, siete días a la semana, sin descanso. Cuidar de forma intensiva anula la capacidad de gestión del tiempo diario e impide disfrutar de un tiempo propio. Por ello, dedicarse al cuidado implica una pérdida de poder y de privilegios. Además, abordar el cuidado en nuestro contexto implica tratar, por lo menos, tres ejes de desigualdad.

El cuidado está vinculado con la feminidad y los hombres construyen su masculinidad distanciándose del cuidado, sobre todo de los trabajos más arduos y rutinarios

El primer eje de desigualdad es el de género: según las Encuestas de Empleo del Tiempo las mujeres realizamos en torno al 70% del trabajo doméstico y del cuidado. El cuidado está vinculado con la feminidad y los hombres construyen su masculinidad distanciándose del cuidado, sobre todo de los trabajos más arduos y rutinarios. Por ello, repito, es importante distinguir la dimensión material y subjetiva-relacional del cuidado.

El segundo eje de desigualdad es el de raza. Sale a la luz sobre todo en el marco de la externalización del trabajo doméstico y del cuidado. La externalización es posible porque se hace de forma precaria y, a menudo, en condiciones de abuso. Es difícil regular qué ocurre dentro de los hogares. Además, muchas mujeres que prestan cuidados de forma remunerada se encuentran en situación de irregularidad administrativa-jurídica en sus países de acogida. Para cuidar de una persona durante veinticuatro horas del día, siete días a la semana de forma digna, hace falta contratar a cinco personas. No hay familia que pueda sostenerlo. Por ello, desde los feminismos reivindicamos un sistema de cuidados público-comunitario. No obstante, hablar sobre externalización resulta también incómodo, porque nos interpela a las mujeres blancas y a nuestros privilegios. Muchas podemos avanzar en nuestras carreras profesionales o ejercer la maternidad de forma intensiva, como ya he señalado, a costa de otras mujeres, principalmente, mujeres migradas y racializadas. En este ámbito las feministas blancas de los países del norte global tenemos una asignatura pendiente: el cuestionamiento de nuestros privilegios.

El tercer eje desigualdad es el de la edad. Es interesante plantearlo en dos sentidos. Por un lado, porque hay un reparto desigual del trabajo doméstico y del cuidado entre generaciones: la población joven le dedica mucho menos tiempo que la adulta y la mayor. Y, por otro, porque durante la pandemia gran parte del discurso mediático y social se ha centrado en la criminalización de las residencias. Este hecho no es casual: está atravesado por el edadismo tan arraigado en nuestra sociedad. Tampoco es casual que la mayor parte de las usuarias de residencias y la mayor parte de las trabajadoras sean mujeres.

Resulta urgente avanzar hacia una distribución más justa y equitativa del cuidado, tanto en nuestros propios hogares, como a nivel social

Además de denunciar desigualdades, la dimensión política del cuidado es propositiva. Desde los feminismos llevamos años reivindicando la necesidad de poner la sostenibilidad de la vida en el centro y de asumir que la vulnerabilidad es una característica humana. Las relaciones humanas están basadas en la interdenpendencia. Por ello, resulta urgente avanzar hacia una distribución más justa y equitativa del cuidado, tanto en nuestros propios hogares, como a nivel social. El cuidado es una cuestión política, no es algo que debamos resolver de forma individual. El contexto de pandemia ha puesto de manifiesto que el sistema actual es insostenible. Urge avanzar hacia la construcción de un sistema público-comunitario universal de cuidado, que garantice el derecho a prestar y recibir cuidados de forma digna por todas las personas.

*Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora y ésta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

Fuente e imagen:  elsaltodiario

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Una ley Fifí para la educación superior mexicana

Pluma Invitada

Por: Juan Carlos Silas Casillas

En algún momento de la campaña presidencial del 2018 y los primeros meses del sexenio 2018-2024, el presidente López Obrador utilizó la expresión “fifí” para referirse a las personas e instituciones que pretendían dar una imagen de liberales o progresistas y que, sin embargo, se trataba de actores más bien conservadores que buscan defender sus privilegios o al menos el estatus quo. Por momentos algunas personas tergiversaron el sentido de la expresión y lo orientaron hacia “rico” o incluso “amanerado”, generando una innecesaria crispación social, cuando el sentido original está más cercano a pretensioso. En este sentido, la Ley General de Educación Superior (LGES) se puede calificar como una ley fifí porque pretende ser lo que no es. En los siguientes párrafos se presentan algunas ideas que dan soporte a la afirmación.

Tras un largo proceso de consultas, foros y mecanismos electrónicos para recoger las opiniones de los interesados, a finales del año 2020 los 108 senadores que asistieron a la sesión la aprobaron de manera unánime. Hace unas semanas, 389 diputados de todas las bancadas la aprobaron y el 20 de abril, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Académicos de Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas han señalado inconsistencias y avizoran problemas. Una nota del 17 de marzo de este año en un periódico nacional señaló que 150 sindicatos universitarios rechazan la LGES por contravenir al artículo tercero de la constitución e instaban al presidente López Obrador a no promulgarla. Otras voces la acusan de ser neoliberal y privatizadora o de abrir la puerta a que las instituciones establezcan requisitos de forma unilateral.

Si se hace un rápido recuento histórico, lo primero que se debe señalar es que esta nueva LGES sustituye a la Ley de Coordinación de la Educación Superior de 1978 que francamente era letra muerta. En la práctica tenía poca importancia. Hablaba, entre otras cosas, de varios consejos nacionales consultivos (de educación normal y tecnológica) y tal vez era algo con cierta utilidad a la mitad del sexenio de López Portillo, pero 42 años después ya no. Un análisis minucioso puede dar cuenta de que la educación en México se ha regulado más con base en acuerdos secretariales que en leyes. En el caso de la educación superior y en específico la privada, el famoso acuerdo 279 de julio del 2000 y los que le nacieron: 17 11 17 del año 2017 y 18 11 18 del año 2018 o incluso en 286 (de octubre del 2000 y reformado en 2017) surgieron de la interpretación de la realidad que tenían los funcionarios en turno y de la factibilidad de poner en marcha sus ideas, tratando de establecer un marco regulatorio al crecimiento descontrolado de la educación superior privada. En este sentido, la LGES se parece más a la conversión en Ley de lo que ya se estaba haciendo desde los acuerdos secretariales que a una verdadera ley moderna y visionaria como la que necesitamos.

La LGES perdió la oportunidad de ser un elemento de transformación de la educación superior y se convirtió en la reiteración de lo que ya se hacía. Por otro lado, algunos de sus vicios permanecen, lo que significa una omisión importante a la luz de lo que los académicos y funcionarios educativos aspiramos para este y los próximos sexenios. Por señalar dos ejemplos: A) el artículo 17 de la Ley de Coordinación ya señalaba que algunas IES públicas podían otorgar y quitar RVOE a las IES privadas. B) el artículo 19 ya habla de que se multaría con 100 mil pesos (pesos de 1978) a las IES que no se registraran ante la SEP (no se entiende si se trata de RVOE o no) y la posibilidad de clausura si se reiteraba la falta. Ya estaba ese gusto por poner en las leyes cosas que corresponden a reglamentos, y no se corrigió. 43 años después tenemos frente a nosotros una LGES conservadora y reglamentaria que denota el firme interés por convertir en ley los acuerdos y en apoyar la ampliación de cobertura a partir de la acción del gobierno federal.

Algunos de los elementos positivos de la LGES son: 1) La voluntad de fortalecer el servicio social y convertirlo en una aportación a la comunidad, 2) La inclusión y la cultura de la paz y no violencia, especialmente a las mujeres, 3) El presumible apoyo a las Tecnologías de Información y Comunicación, 4) La vinculación (integración) con el sector productivo y 5) un relanzamiento de los Consejos Estatales de Planeación de la Educación Superior o su equivalente. Pero, siendo sinceros, incluso estas y otras ideas promisorias no son algo de avanzada, más bien es un nuevo intento de actualizar y convertir en ley lo que ya se proponía por otras vías. Es esperable que en un futuro se pueda ir hacia innovaciones mayores. De momento su foco está en reforzar la posición rectora del Estado en lo que ya existe desde los acuerdos secretariales, lo que deja como pendiente la creación de un sistema educativo superior nacional que funcione como verdadera palanca para el desarrollo nacional.

En lo que respecta a las IES de financiamiento público, busca asegurar que los recursos no disminuyan y usar la infraestructura instalada en la promoción de una de las promesas del actual gobierno: garantizar que se amplíe paulatinamente la matrícula hasta que se pueda cumplir la idea de una educación superior obligatoria y gratuita ofrecida por el Estado. En lo tocante a las privadas se reitera una visión de sospecha y se subalteridad. A pesar de representar un tercio de los estudiantes y profesores, así como 75% de las instituciones, la LGES asume una posición conservadora y centralista al evitar verlas como socios o al menos como actores confiables en la transformación nacional. No las asume como una fuerza más en la mejora comunitaria, científica y académica, más bien las ve como una caterva de emprendedores, creadores de pequeños negocios que requieren ser regulados para proteger a “los clientes”: los estudiantes y sus familias. La LGES parece centrar su mirada en el control más que en el desarrollo, asumiendo que las privadas “no dan el litro o kilo completo” y que son las únicas incumpliendo el compromiso formativo con estudiantes y familias…. tal vez no sean las únicas.

El desdén hacia las instituciones privadas queda claro en que están prácticamente excluidas del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior. Lo mismo sucede en la composición de las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior, o sus equivalentes. En otras palabras, es una participación simbólica.

Con relación a la autoridad que expide el Registro de Validez Oficial de Estudios RVOE existe un problema desde 1978 que se decidió no solucionar. El texto señala que el RVOE lo otorga la autoridad federal o estatal, o bien una institución pública facultada para ello. Actualmente, de acuerdo con Adrián de Garay, hay 14 Universidades Autónomas que otorgan RVOE, que no incorporación, mecanismo importante que parece soslayado en la LGES. Las IES públicas que lo otorgan son, las Universidades Autónomas de Baja California Sur, de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de Coahuila, del Estado de Hidalgo, del Estado de México, del Estado de Morelos, de Nuevo León, de Querétaro, de Quintana Roo, de Yucatán, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) lo tiene en su ley orgánica pero no lo hace. Como ya se ha señalado en este y otros espacios, esto genera castas entre las instituciones de educación superior y que haya instituciones públicas que son parte del subsistema universitario como actores y también como autoridad que decide si se otorga o retira el RVOE, en pocas palabras, son juez y parte. Este tipo de errores históricos no corregidos solamente preservan el estatus quo en vez de transformar la educación.

Por último, el elemento estelar de la LGES en su trato con las IES privadas se centra en crear un Reconocimiento a la Gestión Institucional y Excelencia Educativa. No se sabe si se trata de un guiño hacia FIMPES o una acción para darle participación a los organismos acreditadores extranjeros o nacionales. En todo caso, no constituye un empujón hacia la calidad participativa, sino que se convierte en transferir un trozo de la participación y responsabilidad a los CIEES o los organismos que están bajo el paraguas COPAES. Es un reconocimiento de parte del estado a las IES privadas que cuentan con alta calidad en la provisión del servicio educativo, lo que es correcto. Sin embargo, se queda corto ya que ignora otras funciones sustantivas como la investigación, creación de ciencia y tecnología o el impacto social.

Algo preocupante señalado en muchos escenarios es que se dedica a determinar infracciones y sanciones (que corresponderían a un reglamento) o incluso a prescribir acciones que, aunque nobles, no corresponden a una ley general. Por ejemplo, el artículo 38 establece la creación de un Registro Nacional de Opciones, para que los posibles estudiantes conozcan el menú de programas e instituciones por los que pueden optar o el artículo 43-I-e, que prescribe que debe haber transporte escolar exclusivo para mujeres. Nobles ideas ambas, pero completamente fuera del alcance de una ley general.

En síntesis, la LGES es conservadora y se regocija en normar minucias operativas o establecer con carácter de ley lo que ya se tenía en los acuerdos secretariales. ¿Es una mejora comparado con lo que se tenía?, sí, sin duda. ¿Es la ley que necesita la educación superior? No, evidentemente se quedó corta y se asienta en ideas muy conservadoras. Falta mucho para que sea el elemento progresista, pro social y desarrollador que se necesita. En este sentido, con todo respeto, lo que tenemos es una ley Fifí, que pretende desarrollar a través de controlar. Ojalá el Programa de ampliación de oferta nacional, regional, estatal; el Programa nacional de educación superior y el Sistema de evaluación y acreditación de la educación superior no sean oportunidades perdidas en la tarea de relanzar la educación superior mexicana.

Fuente: educacionfutura

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La nuda vida y la vacuna

Giorgio Agamben
Artículo de Giorgio Agamben publicado el 16 de abril de 2021 en su columna «Una voce» en el sitio web de la editorial Quodlibet.  Traducción por la web Artillería inmanente

Por: Giorgio Agamben

«No se trata tanto del enfermo, al que se aísla y se trata como nunca se ha tratado a un paciente en la historia de la medicina; se trata, más bien, del contagiado o —como se define con una fórmula contradictoria— del enfermo asintomático…»

En mis anteriores intervenciones he evocado varias veces la figura de la nuda vida. Me parece, de hecho, que la epidemia muestra, más allá de cualquier duda posible, que la humanidad ya no cree en nada más que en la nuda existencia que hay que preservar como tal a cualquier precio. La religión cristiana con sus obras de amor y misericordia y con su fe hasta el martirio, la ideología política con su solidaridad incondicional, incluso la fe en el trabajo y el dinero parecen pasar a un segundo plano en cuanto la nuda vida se ve amenazada, aunque sea en forma de un riesgo cuya magnitud estadística es lábil y deliberadamente indeterminada.
Ha llegado el momento de aclarar el sentido y el origen de este concepto. Es necesario recordar que el ser humano no es algo que sea posible definir de una vez por todas. Es más bien el lugar de una decisión histórica incesantemente actualizada, que fija cada vez el confín que separa al hombre del animal, lo que es humano en el hombre de lo que no es humano en él y fuera de él. Cuando Linneo buscó para sus clasificaciones una marca característica que separara al hombre de los primates, tuvo que confesar que no la conocía y acabó colocando junto al nombre genérico homo sólo el viejo adagio filosófico: nosce te ipsum, conócete a ti mismo. Éste es el significado del término sapiens que Linneo añadirá en la décima edición de su Sistema de la naturaleza: el hombre es el animal que debe reconocerse como humano para serlo y, por lo tanto, debe dividir —decidir— lo humano de lo que no lo es.
Se puede denominar máquina antropológica al dispositivo a través del cual se implementa históricamente esta decisión. La máquina funciona excluyendo del hombre la vida animal y produciendo lo humano a través de esta exclusión. Pero para que la máquina pueda funcionar, es necesario que la exclusión sea también una inclusión, que entre los dos polos —lo animal y lo humano— haya una articulación y un umbral que al mismo tiempo los divida y los una. Esta articulación es la nuda vida, es decir, una vida que no es ni propiamente animal ni verdaderamente humana, pero en la que cada vez se decide entre lo humano y lo no humano. Este umbral, que pasa necesariamente dentro del hombre, separando en él la vida biológica de la vida social, es una abstracción y una virtualidad, pero una abstracción que se hace real al encarnarse cada vez en figuras históricas concretas y políticamente determinadas: el esclavo, el bárbaro, el homo sacer, al que cualquiera puede matar sin cometer un delito, en el mundo antiguo; el enfant-sauvage, el hombre-lobo y el homo alalus como el eslabón perdido entre el mono y el hombre entre la Ilustración y el siglo XIX; el ciudadano en el estado de excepción, el judío en el Lager, el ultracomatoso en la cámara de reanimación y el cuerpo conservado para la extracción de órganos en el siglo XX.
¿Cuál es la figura de la nuda vida que está en cuestión hoy en día en la gestión de la pandemia? No se trata tanto del enfermo, al que se aísla y se trata como nunca se ha tratado a un paciente en la historia de la medicina; se trata, más bien, del contagiado o —como se define con una fórmula contradictoria— del enfermo asintomático, es decir, de algo que cada hombre es virtualmente, incluso sin saberlo. No se trata tanto de la salud como de una vida que no está ni sana ni enferma y que, como tal, por ser potencialmente patógena, puede ser privada de sus libertades y sometida a prohibiciones y controles de todo tipo. Todos los hombres son, en este sentido, virtualmente enfermos asintomáticos. La única identidad de esta vida que fluctúa entre la enfermedad y la salud es la de ser receptor del hisopo nasal y la vacuna, que, como el bautismo de una nueva religión, definen la figura invertida de lo que antes se llamaba ciudadanía. Un bautismo ya no indeleble, sino necesariamente provisional y renovable, porque el neo-ciudadano, que siempre tendrá que exhibir su certificado, ya no tiene derechos inalienables e indecidibles, sino sólo obligaciones que deben ser incesantemente decididas y actualizadas.
Fuente e imagen: bloghemia
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No todo es positivo con el teletrabajo: está causando estrés, ansiedad, depresión…

Diario Critico

La pandemia está teniendo un efecto negativo en la salud mental de la población, aumentado el estrés, la ansiedad, la depresión y la sensación de agotamiento.

Se están estudiando las causas y el impacto, pero numerosos estudios apuntan a que el teletrabajo está detrás de muchos de estos síntomas y la mayoría de los expertos temen que el deterioro de la salud mental persista después de que ésta haya terminado.

De hecho, según datos que maneja Wellness Coach Institute, la consultora especializada en programas de bienestar corporativo, cuatro de cada seis personas que teletrabajan han declarado tener ansiedad o depresión. Además, las limitadas interacciones sociales de la gente durante la pandemia, unido a las tensiones entre los miembros de una misma familia encerrada en casa y al miedo a la enfermedad están contribuyendo también a aumentar una sensación de angustia entre los trabajadores.

Muchas personas han pasado de llevar una vida bastante activa en la que salían de casa por la mañana, hacían multitud de actividades, tenían reuniones con otros trabajadores, comían fuera… a teletrabajar, cambiando también sus hábitos de ocio hacia actividades mucho menos activas en el propio domicilio y sobre todo con muchas llamadas y videollamadas que son un potencial generador de estrés si no se gestionan bien.

Entonces ¿qué podemos hacer para combatir esa sensación de ansiedad, estrés y cansancio que nos provoca teletrabajar? Desde la consultora Wellness Coach Institute indican algunos consejos:

1. Limitar el uso de las videollamadas

El número de servicios de videollamada móvil alcanzó los 1.800 millones a nivel mundial en 2020; aumentando desde los 1.200 millones de 2019. Esto representa un crecimiento del 50 % en 12 meses. Muchas de las conversaciones que un trabajador realiza mediante videollamada también se pueden resolver por email, al escribir cada uno gestiona sus tiempos, se pueden hacer pausas y no hay que estar 100 % pendientes de la pantalla, lo que resulta agotador. Hay que tratar de agendar las videollamadas de manera espaciada a lo largo de la semana para no tenerlas todas el mismo día.

2. Planificar el día

En lugar de levantarse sin más, conviene emplear cinco minutos para repasar cómo se va a afrontar el día: ¿Nos duele algo? ¿hemos descansado bien? ¿a qué vamos a dedicar más energía hoy? Revisar cuales son los posibles potenciadores de estrés que uno puede tener y preparar cómo podemos reaccionar frente a ellos: esa reunión que no nos apetece, tener que ir al supermercado, una charla incómoda que hay que tener en casa… muchas de las cosas que nos estresan y que ya sabemos que van a pasar. Hacer una proyección mental de esa situación, y planear cómo podemos reaccionar, nos ayudará mucho a afrontarla.

3. Frecuencia mejor que intensidad

También hay que dedicar otros cinco minutos a calentar nuestros músculos y articulaciones antes de ir a la ducha o a desayunar. Debemos pensar en nuestro cuerpo como si fuera un coche, que necesita coger temperatura antes de que podamos acelerar. Poco es mejor que nada, y frecuencia mejor que intensidad, mejor moverse cada día 20 minutos que una hora a la semana en máxima intensidad.

4. Evitar el Multitasking

La capacidad de atención del ser humano, es decir, la cantidad de tiempo concentrado que una persona puede dedicar a una tarea sin distraerse, se ha reducido a ocho segundos, lo que supone una disminución de casi el 25 % en los últimos 15 años. El multitasking (hacer varias cosas a la vez) nos distrae aún más y evita que seamos productivos. Por ello, cuando vayamos a abordar una parte concreta de nuestra jornada de trabajo en la que necesitemos estar concentrados, hay que tratar de no tener otros estímulos externos: apagar las notificaciones de los emails, las alarmas del móvil, evitar tener ruidos de fondo, no tener varias pestañas de navegación abiertas en el ordenador, silenciar el móvil, y no contestar a nuestros mensajes de Whatsapp cada pocos minutos. Se puede tratar de hacer un descanso cada hora de cinco minutos o cada dos horas de diez minutos para revisar emails personales, y contestar mensajes en el móvil.

5. Mostrar gratitud

Todos estamos pasando por momentos muy complicados, pero seguro que tenemos muchas pequeñas cosas que agradecer. Antes de que hagamos nuestra primera actividad del día, en lugar de pensar en todo lo que no tenemos (un trabajo satisfactorio, buen sueldo, buena salud, etc.), debemos tratar de pensar en todas las pequeñas cosas que sí tenemos. Aunque sean pocas cosas, la mayoría de nosotros tenemos lo suficiente para vivir bien y muchas cosas que siempre hemos dado por hecho te hay que tenerlas porque siempre las hemos tenido. Aunque sólo sean unos segundos, hacer un ejercicio de gratitud nos ayuda a programar nuestro cerebro hacia un patrón de pensamiento positivo.

6. Buscar soluciones profesionales

Estamos viviendo en la sociedad más longeva de la historia, pero eso no significa que vivamos mejor. Tenemos un exceso de personas con obesidad, con estrés, con falta de sueño o con trabajos que llevan al sedentarismo. El problema no está en que no queramos sentirnos mejor. El problema está en que el ritmo de vida ha cambiado y hay muchas personas que no tienen la información que necesitan para crear un plan que les ayude a aprender a sentirse bien. Para poder afrontar cambios reales y duraderos necesitamos realizar un aprendizaje global del bienestar, de interiorizar la importancia de cómo nos alimentamos, cómo gestionamos el estrés o saber si descansamos lo suficiente, es decir, la suma de todos los elementos necesarios para que nos sintamos bien. Hacer una dieta pero seguir durmiendo menos de 6 horas hará que podamos estar más delgados pero menos sanos. Hacer deporte de alta intensidad tres veces por semana, pero seguir trabajando 12 horas diarias con altos niveles de estrés, puede ser peligroso para nuestra salud. Afrontar un proceso de cambio requiere desarrollar e implementar un plan integral que debe de ser personalizado para cada persona. Cada uno tenemos motivaciones, personalidades y necesidades diferentes. En este entorno empiezan a surgir consultoras de wellness corporativo, empresas especializadas en implementar programas de bienestar corporativo que desarrollan programas que incluyen talleres de yoga, de nutrición, de mindfulness… Programas que tienen éxito entre los empleados ya que: son fáciles de implementar, tienen una visión a largo plazo y son lo más personalizados posible.

Carlos Vasallo Bolander, director de Wellness Coach Institute, ha comentado: «La pandemia y el teletrabajo están teniendo un efecto negativo en la salud mental de gran parte de los trabajadores españoles, lo que para algunos puede suponer un lujo, como es trabajar desde casa, para otras personas, que se han visto obligadas a hacerlo, ha supuesto un cambio en sus rutinas que a veces no han sabido como sobrellevarlo, por ello, desde Wellness Coach Institute hemos querido dar una serie de sencillos consejos para tratar de hacer el teletrabajo lo más llevadero posible y mejorar el bienestar de los empleados, hasta que la situación actual, tan inestable y cambiante, mejore, que al final es lo más importante.»

Fuente e imagen: diariocritico

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Agresión de EEUU a la infancia en Cuba

Tercera Información

Por: Roberto García Hernández

La Operación Peter Pan, una de las acciones más crueles y violadoras de los derechos humanos de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas, forzó el envío de más de 14 mil niños cubanos hacia territorio norteamericano, mediante el engaño de la eliminación de la patria potestad a los padres.

Muchos de los menores nunca volvieron a encontrarse con sus progenitores, o cuando lo hicieron –tras el paso del tiempo– apenas los reconocían y resultaba difícil la convivencia con ellos, según testimonios de algunas víctimas de ese crimen. 

En el afán por destruir la naciente Revolución, Washington desarrolló acciones de todo tipo, como el bloqueo económico, comercial y financiero, agresiones armadas y actos de terrorismo.

Sin embargo, la Operación Peter Pan, ejecutada del 26 de diciembre de 1960 al 23 de octubre de 1962, llegó a extremos de crueldad, y fue un caso de guerra psicológica dirigido a afectar lo más preciado de la familia cubana: sus hijos.

Para llevar adelante la desalmada maniobra, el país norteño y sus aliados dentro de la isla caribeña realizaron una feroz cruzada que aseguraba que el Gobierno revolucionario les quitaría la patria potestad a los padres para disponer de los hijos y enviarlos a la antigua Unión Soviética, o usarlos sin el consentimiento de los progenitores.

El medio empleado en ese mecanismo desestabilizador fue una campaña de propaganda a través de las ondas de la emisora Radio Cuba Libre (también llamada Swan), para provocar alarma y desasosiego en la población.

Entre sus antecedentes más inmediatos está la creación del Programa para Niños Refugiados Cubanos sin acompañantes, en los meses finales de 1960, por parte de contrarrevolucionarios nacidos en la isla y radicados en la península de Florida, bajo la dirección de la Agencia Central de Inteligencia.

Todo ese plan estuvo organizado por el Departamento de Estado norteamericano y la jerarquía de la Iglesia católica en Miami y La Habana, entre otras entidades y agencias federales.

Tanto dicho Programa como la Operación Peter Pan se iniciaron sin tener asegurado el alojamiento para la cantidad de infantes que esperaban sus turnos, a partir de los resultados de las insidiosas maniobras que desplegaron para lograr tales propósitos.

Además de Estados Unidos, diplomáticos de seis embajadas europeas y cinco latinoamericanas estuvieron involucrados en el trasiego de documentos y pasaportes.

De acuerdo con sus organizadores, la Operación Peter Pan finalizó el 22 de octubre de 1962, cuando comenzó la llamada Crisis de los misiles de Cuba y fueron suspendidos los vuelos entre ambas naciones. Sin embargo, durante varios años se continuó realizando de modo secreto.

Los menores de 16 años siguieron saliendo solos, vía España, con un visado regular del país ibérico, donde eran recibidos y los atendían miembros de la Iglesia católica, junto a un grupo de sacerdotes, religiosos y laicos emigrados naturales de la isla.

En una versión libre del famoso refrán, ahora esa historia se repite como otra tragedia, también protagonizada por niños, en la grave crisis migratoria que existe en la frontera de Estados Unidos con México, de la cual muchos culpan a la Administración del presidente Joe Biden.

Allí se concentran decenas de miles de indocumentados, una buena parte de ellos son infantes no acompañados, una adaptación ‘moderna’ pero igual de cruel a lo acontecido hace 60 años.

Como entonces, los sitios donde los albergan no cumplen un mínimo de condiciones indispensables para la vida cotidiana de los menores, la mayoría de los cuales no tiene contacto alguno con sus familiares en los lugares de origen, ni aquellos que lograron pasar la frontera hacia el norte. Ahora, como durante la Operación Peter Pan, son los infantes las principales víctimas de programas mal concebidos, incoherentes y basados en intereses políticos, en esta ocasión iniciados en parte por el exmandatario Donald Trump (2017-2020), pero sin que la nueva Administración demócrata encuentre una solución definitiva a esa situación humanitaria que cada día tiende a agravarse.

(Tomado de Correo de Cuba)

Fuente e imagen:  tercerainformacion.es

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Habemus Ley General de Educación Superior; pero…. ¿consensos ?

Educación Futura

Por: Sylvie Didou Aupetit

Cinvestav

El Diario Oficial de la Federación (D.O.F) publicó, el 29 de diciembre de 1978, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Este mismo órgano dio a conocer, el 20 de abril de 2021, una Ley General de Educación Superior (LGES), que abrogaba la anterior. Nada más habían transcurrido 43 años, entre uno y otro evento. Durante ese periodo, el sistema nacional de educación superior se había transformado profundamente en cuanto a su conformación segmentada, al tamaño de la matrícula, a los rasgos de la profesión académica, a los soportes de la enseñanza virtual o presencial y al suministro, territorial y por nivel, de los servicios de enseñanza.

Ante la multiplicación de los lugares de aprendizaje y la reconfiguración de los tiempos educativos, contar un nuevo instrumento regulatorio era de hecho indispensable para responder las reestructuraciones contextuales y las inducidas por las políticas públicas de educación superior, durante las pasadas 4 décadas. Era, además un paso esperado, conforme con el activismo legislativo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (auto-denominado Cuarta Transformación – 4T), que se había traducido previamente en la aprobación de una Ley General de Educación, el 30 de septiembre 2019.

Una lectura de la LGES, recientemente promulgada, revela su estrecha conexión con los posicionamientos de la 4T, en términos éticos y de equilibrios entre poderes. No sorprende el énfasis del texto en la inclusión, la no-discriminación y la interculturalidad. Esos valores están en sintonía con los desarrollos recientes de la educación superior, a escala continental, y con la moral pública que esgrime el gobierno. Pero la articulación de la LGES con un proyecto partidista no se agota en una dimensión « moral ». Justifica, sobre todo, un reforzamiento de las atribuciones del gobierno federal, en la supervisión del subsistema de educación particular y en la rectoría del público.

El subsistema particular agrupaba el 36.2% de la matricula inscrita en educación superior, en 2019-2020, antes de la pandemia de Covid-19 y el largo cierre de las instalaciones de educación superior. Representaba, en consecuencia, un actor colectivo importante en el sistema educativo nacional, aunque sus componentes fueran heterogéneos. La LGES propone regular su funcionamiento en forma estricta, mediante la aplicación obligatoria de un procedimiento anterior, el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), atribuido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y por otras instancias. Si bien ese afán expresa una preocupación por garantizar la calidad de los programas y de los servicios y estandarizarlos con base en criterios mínimos de desempeño, plantea cuestiones sobre las capacidades instaladas en los organismos habilitados a expedir el RVOE para llevar a cabo expeditamente esos procedimientos y a lo que ocurrirá a los establecimientos, si sus programas no lo consiguen.

En ese mismo tenor, habrá que monitorear cómo las instituciones particulares acogerán una propuesta nueva, la de reconocimiento a la gestión institucional y excelencia educativa para las instituciones particulares, contenida en el artículo 73. Supuestamente, ese dispositivo aligera los requisitos burocráticos hacia el sector para los establecimientos acreditados pero ¿será suficiente esa oferta conciliadora para que las instituciones particulares acepten, sin reparos, nuevas exigencias, por ejemplo las de obtener un aval externo para impartir las carreras de formación para el magisterio o de otorgar becas a sus estudiantes? Aunque varias ya manejaban sus propios programas de apoyos académicos (por desempeño sobresaliente) o económicos (asistenciales), en una coyuntura de tensiones con el gobierno y de supresión del financiamiento indirecto a ciertas funciones, habrá que verificar si esas disposiciones no envenenarán una relación de por sí degradada.

Es sin embargo en el sistema público donde se encienden los focos rojos. Como era previsible, la LGES formula la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior (artículo 1) en condiciones de acceso gratuito (artículo 4). Las consecuencias de esas decisiones habían sido previamente discutidas en filtraciones sucesivas de las versiones anteriores del documento. Muchos especialistas habían señalado reiteradamente que acarrearían problemas no sólo financieros, sino pedagógicos, cualitativos y de capacidades institucionales de atención a la diversidad y a los nuevos estudiantes. En cierta forma, afectarían la autonomía de las instituciones para aplicar criterios de ingreso, selectivos o abiertos y definir sus cupos. Contribuirían a disminuir los recursos propios de los establecimientos, esencialmente procedentes de cuotas, derechos de inscripción y venta de servicios.

Ante el revuelo provocado, la LGES indicó que esas medidas tendrán una implementación gradual, a partir del ciclo escolar 2022-2023. Señaló, como apoyo a las instituciones, la apertura de un Fondo Especial Federal, cuyo monto dependería de los recursos disponibles. Dada la magnitud de los retos generados y la espada de Damocles que significa la « ·austeridad republicana » para la educación superior, uno puede interrogarse sobre la suficiencia de una medida de esas características y la certidumbre financiera que brinda a establecimientos ya sumidos en una severa crisis presupuestal.

La LGES, indudablemente, está orientada a regular el sistema de educación superior, en su estado actual. Está destinada, asimismo, a apuntalar, en lo educativo, un proyecto político que reivindica el rol interventor del gobierno, en tanto arbitro y financiador de la res publica y, en particular, de los servicios de bienestar. No se sostiene por ende en un ejercicio de construcción de consensos, destinado a reconstruir pactos sociales extensos, sino que remite a una manifestación de poder.

En ese contexto, es probable que la implementación de la LGES no será tersa sino que avivará las discrepancias preexistentes entre sectores partidarios y opositores al gobierno, en la esfera educativa. Más allá de eso, la Ley pregona ambiciones de transformar la educación superior, alineadas sobre los objetivos de refundación ideológica y social del país, perseguidos por la administración federal. Pero, ¿obtendrá el sistema educativo los recursos y los medios indispensables para concretar esos propósitos?

Fuente e imagen: educacionfutura

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