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Coronavirus: un relato sobre la población

Daniel Seixo

Por:  Daniel Seixo

 

«Así pues, tanto las sociedades como los grupos humanos más pequeños pueden tomar decisiones catastróficas por toda una serie secuenciada de razones: la imposibilidad de prever un problema, la imposibilidad de percibirlo una vez que se ha producido, la incapacidad para disponerse a resolverlo una vez que se ha percibido y el fracaso en las tentativas de resolverlos«

Jared Diamond

“La muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida.”

André Malraux

“Con lo que sabemos hoy, el mundo no hubiera actuado de la misma manera”

Pedro Sánchez

«Esto no es solo una crisis de la salud pública, sino de todos los sectores«

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la OMS

La medicina tiene que pasar de ser reactiva y genérica a ser predictiva y personalizada

Doscientos cuarenta y ocho mil casos confirmados, ciento cincuenta mil curados y veintiocho mil trescientos treinta y ocho fallecidos, esas son las cifras que hasta el momento deja el coronavirus en el estado español. Desde que el 25 de enero se registraron los primeros casos sospechosos en nuestro país, muchas cosas han cambiado para siempre. El virus, inicialmente detectado en Wuhan, China, ha logrado lo impensable, paralizar al mundo capitalista y por primera vez en mucho tiempo hacernos dudar de la seguridad y la viabilidad de nuestro modelo social y productivo, el capitalismo.

Cierto es que las buenas intenciones, la responsabilidad y por qué no decirlo, el miedo, rápidamente han abandonado nuestras calles y nuestras instituciones fruto de la necesidad económica y consumista, esa que en plena pandemia y con los primeros rebrotes asomando en diversos puntos de nuestra geografía, nos hace abandonar las más básicas medidas de protección y supervivencia, para arrojarnos inmediatamente y sin sentido del riesgo y de la conservación social a diversas tareas tan innecesarias como propias del Homo Consumens como las rebajas, las terrazas, la búsqueda de un buen moreno o la celebración de algún título deportivo o fiesta tradicional en honor a un santo o una santa, que difícilmente va a poder hacer milagros por nosotros si es que la ciencia cede la partida a la irresponsabilidad social, los intereses empresariales y el electoralismo político. Lejos quedan los primeros casos sospechosos procedentes de Wuhan, los casos importados, los primeros positivos locales y la falsa sensación de seguridad que nos dejaba caminar despreocupadamente por la calle, reunirnos sin miedo en aglomeraciones en nuestras ciudades y hacer uso del transporte público sin atender a preocupaciones o riesgos invisibles. Lejos queda el 11 de marzo y el inicio del aumento repentino de los contagios y los fallecimientos, una cascada precipitada de temor y desinformación que hace que el gobierno español decida decretar el estado de alarma y comenzar a buscar desesperadamente material médico en el mercado internacional a una escala nunca antes vista. Los sanitarios, las fuerzas de seguridad, las instituciones locales, autonómicas y todo el equipo de gobierno, cada uno de los resortes de nuestro esquema de organización social se mostraba sacudido por el inesperado golpe que supone el impacto de la pandemia, pero poco a poco, pese a los numerosos errores y la evidente improvisación inicial, el enramado público de salud comenzaba a reaccionar frente al virus y a salvar vidas.

El COVID-19 supone una enmienda directa a las disfunciones de nuestra sociedad, por ello podemos ver como al tiempo que señala las claras debilidades en la estructuración de la niñez y la vejez, etapas de nuestro ciclo vital no productivas para el capitalismo, también lo hace de forma clara y evidente con los sectores sociales más desfavorecidos por el sistema

Fueron numerosa las debilidades de nuestro sistema social y económico que se pusieron en clara evidencia durante los días más duros de la crisis del coronavirus, que aunque parezca ya olvidada, estamos todavía viviendo. La incapacidad para dotarnos en nuestro propio sistema productivo de elementos tan básicos como los respiradores, los diversos tipos de mascarillas o los equipos de protección, evidenciaron claramente como el occidente capitalista, capaz de adaptar su consumo a las más diversas modas y muy acostumbrado a los ritmos de una sociedad consumista y caprichosa,  se mostraba ciertamente incapaz de garantizar a su pueblo las más básicas medidas de seguridad que países hasta ese momento demonizados por sus diversos sistemas sociales alternativos al capitalismo como China, Cuba o Venezuela, sí parecían poder desarrollar sin apenas complicaciones más allá de las evidentemente organizativas. La economía liberal se mostraba una vez más incapaz de atender a otros factores ajenos al mero consumo y determinantes para los pueblos como la salud física y mental, la estabilidad social o la solidaridad. Las escenas de acaparamiento de bienes, el mercadeo salvaje, las estafas e incluso los casos de piratería y uso de la fuerza entre países para adquirir material de primera necesidad, destinado a salvar vidas, dejaban claro que en el occidente capitalista, la moneda y el peso militar, iban a decidir individualmente el curso a seguir en la estrategia de lucha contra el coronavirus. Desde el pasotismo inicial de Reino Unido, solo rectificado tras el contagio e ingreso hospitalario de Boris Johnson, hasta la reacción del ejecutivo español con numerosas sombras y también luces solapadas por la magnitud de la tragedia, pasando por la inicial eficiencia portuguesa, el ejemplo vietnamita o la locura vivida en Francia, hasta la negligente actitud del Brasil de Bolsonaro y la locura y decadencia del Imperio estadounidense en manos del Donald Trump, si algo ha terminado quedando patente durante esta crisis sanitaria, es la inexistencia de verdaderos organismos de gestión global y el excesivo peso del campo económico frente a otros factores de la existencia humana, aun cuando lo que está en juego es la vida de numerosos congéneres e incluso nuestra propia existencia como especie.

Y si una realidad ha evidenciado el solapamiento de la vida por la economía en nuestro estado durante toda esta crisis sanitaria, es la de las residencias de ancianos. Sometidos a curas extremas de adelgazamiento presupuestario durante los años previos en busca de lograr rentabilizar sus servicios, las diferentes residencias del estado español encararon el desafío sanitario del coronavirus tras años de reducción de personal, precarización salarial y de las condiciones de trabajo, bajando la calidad de la comida, ahorrando en material, limpieza y mantenimiento e incluso llegando a degradar las condiciones en la atención a los ancianos, con el único objetivo de lograr aumentar los beneficios empresariales de directivos y en muchos casos, accionistas. Con la llegada del coronavirus, la situación estalló dejando un saldo de 19.500 muertos con Covid-19 o síntomas compatibles en las 5.457 residencias de ancianos públicas, privadas y concertadas españolas, una situación grave en uno de los principales focos de la pandemia de este coronavirus por la cifra de fallecidos, pero que se convierten en dantesca cuando uno atiende a situaciones de auténtica pesadilla en la que los fallecidos llegaron a encontrarse entre siete y diez días abandonados a su suerte en sus habitaciones, por el colapso de los servicios de atención y las funerarias. Una situación que tal y como desvela un mensaje de WhatsApp recientemente filtrado del jefe de gabinete del consejero de la Asamblea de Madrid, Alberto Reyero, apenas comienza a revertirse hasta el 26 de marzo. Tiempo en el cual los beneficios económicos de un sector tan vital como las residencias de ancianos, en Madrid se contaron por vidas humanas.

El liberalismo económico y su vertiente especulativa, especialmente presente en nuestro país, han situado en el centro del debate a la muerte, especialmente la dignidad de la misma. La generación de la guerra, el hambre, el trabajo esclavo para sacar adelante a sus familias y a todo un país, se ha encontrado en esta situación abandonada a su suerte y utilizada por unos organismos que lejos de garantizarles unos servicios dignos y de calidad, han decidido mercantilizar el final de la vida de toda una generación de españoles, por meros criterios economicistas. La explosión de casos de coronavirus en el interior de las residencias ha puesto de manifiesto el poco respeto que realmente poseen por el tramo final de la vida, todos aquellos dirigentes y meapilas procesionarios que continuamente habíamos visto en manifestaciones antiabortistas jurando defender el derecho a la misma por encima de cualquier otra cosa o posicionándose parlamentariamente contra el derecho a garantizar la llamada muerte digna, pero que sin embargo cuando el lucro económico ha entrado en escena, han decidido dejar a un lado sus supuestas prioridades, para suculentos contratos mediante, abandonar a la más absoluta indefensión a muchos de nuestros mayores.

En apenas tres meses de epidemia, hemos perdido 0,71 años de esperanza de vida, pasando de los actuales 83,6 años a 82,9, la esperanza de vida que nuestra población poseía en 2015

Son los mayores pertenecientes a las clases obreras, los que han sufrido en sus propias carnes y con especial incidencia los efectos de este cambio de paradigma acerca de la recta final de la vida. Ya poco queda de la vejez tradicional de gran parte de nuestros mayores, cuyo transcurso inserto en el núcleo familiar y en gran parte de las ocasiones bajo los cuidados  de las mujeres de la familia, garantizaba una mayor atención basada en una doble, incluso triple, carga de trabajo para las mujeres. Debido al aumento de la esperanza de vida y las nuevas dinámicas económicas claramente precarizadas, en la actualidad son más de 2 millones de personas mayores de 65 años las que viven solas en nuestro estado, suponiendo esta situación un desafío para un estado que ha decidido gestionar la posible «carga» de una población más envejecida, mediante la privatización de los cuidados que hasta ese momento recaían, tal y como hemos señalado, en las mujeres, como garantes de los cuidados familiares de forma no remunerada. El gasto público en servicios de atención a la dependencia por parte del estado español, resulta casi irrelevante, algo que sin duda alguna, guarda relación directa con el elevado número de persona mayores fallecidos en nuestra residencia a causa del COVID-19. No podemos por tanto obviar la relación directa entre nuestras decisiones económicas y la implicación en la realidad material de nuestra estructura poblacional.

En este sentido, podemos observar como la crisis sanitaria producida por el coronavirus, pone de relieve no solo como la primacía de la actividad económica y la precariedad de la misma, provoca en muchas ocasiones que resulte prácticamente imposible el cuidado de nuestros mayores en el seno de la estructura familiar, sino que además saca también a relucir las evidentes contradicciones y desafíos a los que nos aboca el doble modelo de atención dividido entre acción pública y privada por el que parece haber optado en gran medida nuestra clase política. Las elevadas tasas de paro, la precariedad laboral y los acuciantes problemas de la estructura pensionista española, no parecen dibujar la mejor carta de presentación para adscribirnos fielmente a un sistema de residencias de ancianos en el que el componente económico parece primar claramente por encima de la propia salud de nuestras personas mayores, transformadas por obra y gracia de las dinámicas capitalistas, en meros clientes. Protocolos como el firmado por la Comunidad de Madrid y fechado el 18 de marzo por el entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, en el que se limitaba el acceso a las UCIs, priorizando a los pacientes más jóvenes y sanos, frente a las personas de edad avanzada y discapacitados, suponen el primer paso cara a la gestión de la muerte bajo criterios de rentabilidad y mercado. Si bien estos parámetros no basados en el derecho a la vida y a la asistencia sanitaria han sido en esta ocasión utilizados de forma negligente durante un período de máxima tensión sanitaria, urge ahora depurar responsabilidades con la intención de intentar evitar que también la esperanza de vida se convierta en nuestro país en un mero reflejo de la capacidad económica de las personas.

Si algo ha terminado quedando patente durante esta crisis sanitaria, es la inexistencia de verdaderos organismos de gestión global y el excesivo peso del campo económico frente a otros factores de la existencia humana

Con una fertilidad media cercana a 1,3 hijos, muy por debajo del 2,1x / 2,3x que se requeriría para asegurar el reemplazo generacional y una esperanza de vida claramente en aumento, la pirámide de población española dibuja ya hoy el final del proceso de transición de nuestra sociedad cara a una economía neoliberal en la que las condiciones materiales de gran parte de los habitantes de nuestro país limitan claramente el desarrollo de sus proyectos familiares. La inestabilidad y el miedo al futuro, condicionan en la actualidad el devenir de nuestra sociedad. La realidad de la pobreza extrema y cada vez en mayores porcentajes de los trabajadores pobres, no hacen sino incidir en la ya de por sí precaria estructura de las cotizaciones sociales en nuestro país. Los parados y el precariato de hoy, supone la tercera edad desatendida y arrojada a los cuidados privatizados y rentabilistas del mañana. La actual pandemia pone de manifiesto la ineficiencia no solo del cuidado de nuestros mayores, sino también de la estructura de atención a nuestros infantes y el delicado equilibrio que sus cuidados requieren en muchos hogares españoles. Con jornadas laborales extenuantes y apenas retribuidas, los progenitores españoles tradicionalmente han derivado los cuidados de los más pequeños a los centros educativos y en gran parte de los casos a los abuelos y abuelas, una situación que debido a la especial incidencia del COVID-19 en los tramos de edad más avanzada, ha resultado en esta ocasión insostenible, sin poner directamente en riesgo sus vidas.

El teletrabajo, situado como solución inmedaita y transformación a largo plazo con el que solucionar problemas que se han hecho patentes en nuestra sociedad durante esta crisis, como la aglomeración en las ciudades, la debilidad de nuestros sistemas de transporte en las mismas o el despilfarro de tiempo y recursos en muchos casos de forma innecesarias, si bien supone una salida cómoda y adecuada para el interés empresarial de cara al futuro, vuelve a plantear para los trabajadores una difícil encrucijada entre su realidad familiar y laboral. Resulta indecente e impropio de un sistema social solidario, abandonar nuestra esfera familiar a una especie de aventura dependiente de la suerte individual, la vejez y la infancia, curiosamente las dos etapas no productivas y por tanto no rentables para el sistema capitalista, no pueden seguir suponiendo un mero nicho de mercado para empresas privadas o lo que es peor, en caso de insolvencia económica, una continua yincana solventada únicamente con la asistencia «benéfica» del estado o con la atención gratuita cargada sobre los hombros de las mujeres de la familia o las personas mayores. Una clara lección de esta pandemia se basa en la necesidad de una estructura colaborativa entre la esfera pública y la privada, para lograr de ese modo legislar de cara a compaginar la vida laboral con los cuidados familiares. Continuar en la senda de la precariedad vital y laboral, supone un suicidio para nuestro estado, pero también para nuestras familias y para nuestras propias empresas. Caminamos de forma ciega y obcecada cara a una realidad basada en una pirámide poblacional claramente envejecida, en la que día a día, los recursos de nuestras familias para criar y formar a sus hijos desaparecen. El lucro inmediato de una élite empresarial, no puede seguir suponiendo para el conjunto social un claro lastre perpetuado a expensas de los intereses del gran capital trasnacional, sus anónimos accionistas y el cortoplacismo rentista de la cúpula empresarial de nuestro país.

Fueron numerosa las debilidades de nuestro sistema social y económico que se pusieron en clara evidencia durante los días más duros de la crisis del coronavirus

El COVID-19 supone una enmienda directa a las disfunciones de nuestra sociedad, por ello podemos ver como al tiempo que señala las claras debilidades en la estructuración de la niñez y la vejez, etapas de nuestro ciclo vital no productivas para el capitalismo, también lo hace de forma clara y evidente con los sectores sociales más desfavorecidos por el sistema, entre ellos los migrantes. La situación de la emigración en nuestro país hace tiempo que viene arrastrando un cínico e indeseable juego en el que continuamente se entremezcla la dependencia de mano de obra barata por parte del empresariado, especialmente en el sector agrícola, y el total desprecio por los derechos de las personas migrantes. Debemos recordar que ya la situación previa al estallido de la crisis sanitaria era en este punto especialmente tensa no solo en España, sino en el conjunto de la Unión Europea. Pero hoy, tras el anuncio de varios rebrotes de contagio de coronavirus en torno a trabajadores temporeros, las deleznables condiciones laborales a las que se enfrenta este colectivo salen a la luz al tiempo que actitudes racistas parecen señalar al árbol, sin mostrar capacidad para ver el bosque. La extrema precariedad laboral y las nefastas condiciones de alojamiento a las que se ven abocados los trabajadores migrantes, fruto de sus propias condiciones laborales, han hecho que varios de los nuevos focos de contagio se den entre estos trabajadores precarios. El hacinamiento y la escasa inversión en medidas de seguridad, son sin lugar a dudas la verdadera causa tras esta situación, pese a los argumentos racistas de toda índole que hemos podido encontrar incluso en grandes tiradas de la prensa nacional.

Nuestra necesidad de mano de obra migrante ha quedado patente cuando en lo peor de la crisis del COVID-19 y en pleno confinamiento social para evitar nuevos contagios, las voces de gran parte de los empresarios del sector agrícola español clamaban por abrir la puerta a la mano de obra extranjera que cada año acude a nuestro estado para desarrollar tareas a las que difícilmente accederá el trabajador nativo. Lejos de estar directamente relacionadas con la solidaridad y las necesidades y capacidad propia de nuestra población, las políticas migratorias de nuestro estado, topan así con una imposición de mercado que si bien puede abrir la mano durante una pandemia para permitir la entrada de contingentes de mano de obra, totalmente necesarios, no duda ni por un segundo en criminalizarlos, denigrarlos e incluso expulsarlos cuando lo considere oportuno, bien sea debido a las nuevas condiciones sanitarias o a la mera apetencias del patrón de turno. El uso de la migración como un mero recurso de presión en forma de ejército industrial de reserva o como un mero engranaje más para nuestros circuitos productivos, con el que poder maximizar beneficios, ha quedado patente durante estos últimos meses. Los perdedores del mejor de los mundos, los migrantes, aquellos que explotados por el sistema global en sus lugares de origen, deciden seguir las redes comerciales para aterrizar en occidente en busca de un futuro mejor, son la muestra de todo lo que está mal en el proceso de globalización.

Desde que el 25 de enero se registraron los primeros casos sospechosos de COVID-19 en nuestro país, muchas cosas han cambiado para siempre

Resulta por tanto necesario replantearnos socialmente una nueva política migratoria, capaz de aunar la solidaridad propia de un estado democrático, las necesidades poblacionales de nuestro estado y un proyecto económico que se muestre capaz de absorber la fuerza productiva y cultural de la migración que tan necesaria resulta para nuestro país, sin por ello disminuir la capacidad material de sus habitantes. Todo ello pasa por una reestructuración de las responsabilidades en nuestro estado, en las que el sector privado se muestre capaz de aportar vía impuestos un mayor peso económico, con el objetivo de que este se encargue de la formación y estructuración de una población que supone a fin de cuentas la base material y humana de nuestro tejido empresarial y los beneficios futuros también del sector privado. No podemos seguir caminando a ciegas cara un país envejecido, con un menor porcentaje de población activa encargada de sostener los cuidados de nuestras personas mayores y de la infancia. La apuesta por un modelo público en colaboración con el sector privado, el cual debe asumir su peso en la contribución económica del mismo, es el único modelo viable a corto-medio plazo. El coronavirus ha llegado para cambiar las cosas y la estructura de población de nuestro estado, además de la gestión desde las instituciones de la misma, suponen hoy uno de los más acuciantes retos que debemos encarar como sociedad para lograr salir preparados de un golpe que ya ha cambiado nuestra realidad para siempre. A causa del COVID-19, el estado español se encuentra entre los países que más longevidad al nacer ha perdido durante estos meses.

En apenas tres meses de epidemia, hemos perdido 0,71 años de esperanza de vida, pasando de los actuales 83,6 años a 82,9, la esperanza de vida que nuestra población poseía en 2015. El replanteamiento de nuestro modelo de cuidados, pero también el replanteamiento de nuestro modelo social y principalmente el papel que el estado y las instituciones públicas deberían jugar en nuestra sociedad, se antojan como debates clave de cara a decidir si apostamos por una sociedad en la que la salud prime por encima de otros factores o si por el contrario, las vidas humanas pueden medirse con meros instrumentos economicistas, en los que los beneficios y los balances de cuentas sigan cobrándose un precio demasiado caro en vidas humanas. Cuando al fin decidamos, deberíamos tener muy presente en nuestro pensamiento la historia de todos aquellos que en estos tres meses se han enfrentado a la muerte solos, a la espera de una ayuda que nuestro sistema social y sanitario, debilitado por los profundos recortes de la crisis de 2008, no ha podido facilitarle. Nunca, debería la muerte ser una cuestión de precios.

Fuente e imagen: https://nuevarevolucion.es/coronavirus-un-relato-sobre-la-poblacion/

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Zapatistas: lecciones de auto-organización comunitaria

Anya Briy

Por: Anya Briy

 

A medida que la pandemia de la Covid-19 socava los sistemas de salud y las economías incluso en las naciones más avanzadas, las redes mutuas y los esfuerzos de autoorganización han surgido en todo el mundo como muestra de solidaridad pandémica.

Con el asesinato policial de George Floyd, EE. UU. ha visto una mayor expansión de la autoorganización: desde bonos y fondos de ayuda mutua para manifestantes hasta patrullas ciudadanas en Minneapolis y una zona autónoma libre de policía en Seattle.

A raíz del caso Floyd, el primer intento de abolir la policía y reemplazarla con justicia transformadora basada en la comunidad está en marcha en los EE. UU., pero hay comunidades que han estado experimentando con la autoorganización sin recurrir a los estados que las oprimen o desposeen, como Rojava en el noreste de Siria, Cooperación Jackson en Mississippi y Zapatistas en Chiapas.

Los zapatistas, en particular, han pasado los últimos 26 años organizando sus comunidades de manera autónoma del Estado en todas las esferas de la vida, desde la policía y el sistema de justicia hasta la atención médica, la economía y la educación. A medida que somos testigos de los límites de lo que se puede cambiar radicalmente, la experiencia zapatista es más relevante que nunca.

Siendo estudiante de nuevas formas de democracia directa y autogobierno apátrida, viajé a Chiapas en diciembre pasado para asistir a un programa de un mes, llamado «Celebración de la Vida», que culminó con la celebración del 26 aniversario del levantamiento Zapatista de 1994, cuando campesinos indígenas de Chiapas se levantaron para defender sus derechos y tierras contra el Estado y los grandes terratenientes.

Basándome en la investigación etnográfica existente, así como en mis propias entrevistas y conversaciones durante el viaje, exploro en esta pieza las características más instructivas de la organización social de los zapatistas: toma de decisiones de abajo hacia arriba, justicia autónoma, educación, sistemas de salud y economía cooperativa, con la esperanza de que podamos beneficiarnos de ellos al construir nuestro propio «otro mundo».

Las personas son las que deciden

En los 26 años posteriores al levantamiento inicial, los zapatistas se convirtieron en una voz destacada de los pueblos indígenas de México y construyeron un sistema autónomo de facto de autogobierno en territorios no contiguos al estado de Chiapas, habitados por los partidarios del movimiento.

Un principio clave que subyace en el proyecto zapatista, que asegura que las instituciones autónomas sirvan a la gente, es «mandar obedeciendo», lo que significa liderar obedeciendo. Implica que los líderes políticos no toman decisiones en nombre de su comunidad como sus representantes, sino que actúan como delegados de la comunidad, implementando las decisiones tomadas en las asambleas locales, un mecanismo tradicional de toma de decisiones.

Estos existen a nivel de aldea y, en contraste con las asambleas tradicionales de México, incluyen mujeres, cuyo empoderamiento ha estado en el centro de la revolución zapatista. Las asambleas eligen delegados para un consejo municipal, el siguiente nivel en la estructura administrativa zapatista.

Luego, a nivel regional, varios municipios autónomos están representados a través de delegados en Juntas del Buen Gobierno (JBG), o Consejos de Buen Gobierno, llamados así en contraste con el gobierno mexicano «malo». Los miembros de JBG sirven durante 3 años de forma rotativa en turnos de tan solo unas pocas semanas. Dicha rotación frecuente está destinada a prevenir la aparición de redes clientelerales.

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El mapa es cortesía de Maël Lhopital, voluntario de DESMI.

Cualquier idea propuesta en un nivel administrativo superior pasa por el proceso de consulta con cada comunidad, después de lo cual los delegados llevan la opinión de sus comunidades a una reunión municipal. Hay un fuerte énfasis en la toma de decisiones por consenso, aunque eso a menudo significa asistir a reuniones de un día en las que todos deben ser escuchados, y la decisión no se toma hasta que se llega a un compromiso.

Los líderes se eligen de acuerdo con la tradición indígena de carga, una obligación de servir a la comunidad, y se comprometen a puestos de responsabilidad no remunerados. Las comunidades tienen derecho a revocar el mandato de aquellos funcionarios que no cumplan con su deber de servir a la gente.

La formación político-militar EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), que se había organizado clandestinamente desde 1983 y que culminó en el levantamiento de 1994 y las ocupaciones de tierras, existe paralelamente a los tres niveles de administración autónoma y da dirección política al movimiento. Si bien está organizado jerárquicamente, su cuerpo más alto está formado por civiles elegidos por asambleas comunitarias. Además, su presencia en los asuntos comunales es limitada para garantizar un verdadero autogobierno democrático de las comunidades zapatistas.

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El subcomandante Moisés está haciendo una declaración en la celebración del aniversario, rodeado por el resto del CCRI-CG, el cuerpo más alto del EZLN (Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comando General). | Foto: Anya Briy

Tras adoptar una posición de rechazo a cualquier ayuda del llamado gobierno «malo», los zapatistas asumieron la función estatal de prestación de servicios en las comunidades afiliadas al movimiento. Eso significaba construir sus propios sistemas comunitarios de justicia, educación, salud y producción.

Sistema de justicia

El sistema de justicia zapatista ha ganado confianza y legitimidad incluso más allá de los partidarios del movimiento. Es gratuito, se lleva a cabo en lenguas indígenas y se comprueba que es menos corrupto o parcial en comparación con las instituciones gubernamentales de justicia. Pero lo que es más importante: adopta un enfoque restaurador en lugar de punitivo y pone énfasis en la necesidad de encontrar un compromiso que satisfaga a todas las partes.

Arraigado en la comunidad, el sistema consta de tres niveles: el primer nivel se refiere a cuestiones entre los partidarios zapatistas, como chismes, robos, borracheras o disputas domésticas. Dichos casos son resueltos por las autoridades electas o, si es necesario, por la asamblea comunal, según la práctica habitual. Al resolver conflictos, las autoridades funcionan en gran medida como mediadores, proponiendo soluciones a las partes involucradas. Si no se resuelven, los casos pasan al siguiente nivel municipal, donde son tratados por una Comisión de Honor y Justicia elegida.

La mayoría de las veces, las sentencias involucran servicio comunitario o una multa; las penas de cárcel normalmente no exceden varios días. Como Melissa Forbis explica, la cárcel comunitaria generalmente es solo una habitación cerrada con una puerta parcialmente abierta para que las personas puedan pasar a conversar y pasar comida. Dado que el o la infractora a menudo tiene que pedir prestado dinero a los miembros de su familia para pagar una sanción, estos también están involucrados y su presión ayuda a prevenir una mayor transgresión. Las cuestiones domésticas relacionadas con la mujer son abordadas por las mujeres en la Comisión.

Mariana Mora ofrece una ilustración reveladora del enfoque del movimiento hacia el castigo, documentando un caso en el que los zapatistas emitieron una sentencia de servicio comunitario de un año por un robo. A los declarados culpables se les permitió alternar el servicio con el trabajo en sus propios campos de maíz para que sus familias no tuvieran que compartir el castigo. La Comisión explicó su decisión de la siguiente manera:

«Pensamos que si simplemente los encarcelamos, los que realmente sufren son los miembros de la familia. Los culpables simplemente descansan todo el día en la cárcel y aumentan de peso, pero sus familias son las que tienen que trabajar en el maizal y descubrir cómo sobrevivir.»

El nivel más alto del sistema de justicia, el de JBG, se ocupa de casos que involucran principalmente a no zapatistas u otras organizaciones políticas locales, generalmente en disputas sobre tierras, así como a las autoridades gubernamentales locales. Los no zapatistas buscan el sistema de justicia autónomo no solo cuando tienen disputas con miembros de las comunidades zapatistas, sino también cuando experimentan un trato injusto por parte de los funcionarios del gobierno, en cuyo caso los zapatistas pueden decidir acompañar a los demandantes a la oficina pública y discutir en su nombre.

Si bien los zapatistas todavía tienen policía, es bastante diferente de cómo estamos acostumbrados a pensar en ello. Como documenta Paulina Fernández Christlieb, no son armados, ni uniformados, ni profesionales. Al igual que otras autoridades, la policía es elegida por su comunidad; no son remunerados y no sirven en esta función de forma permanente. Cada comunidad tiene su propia policía, mientras que los niveles administrativos más altos, los del municipio y la región, no la tienen. Descentralizados y desprofesionalizados, los policías sirven y están bajo el control de la comunidad que los elige.

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Dance festival as part of the month-long program, called “Celebration of Life”: members of a Zapatista community are enacting life after 1994. Signs say “Education,” “Health,” and “Collective Work.” | Photo: Anya Briy

Educación

El sistema educativo zapatista está igualmente arraigado en la comunidad. Las escuelas autónomas son administradas por los llamados «promotores de la educación», principalmente jóvenes locales que enseñan en sus propias comunidades bajo la supervisión de un comité de educación elegido por una asamblea local.

Desde el lanzamiento del sistema educativo autónomo, los zapatistas han llevado a cabo programas de capacitación para preparar a los promotores educativos y desarrollar un plan de estudios en colaboración con grupos solidarios, ONG y voluntarios de afuera, así como en consulta con la población local. Hoy las comunidades tienen sus propios profesionales que capacitan a nuevos promotores. Al igual que otros puestos de autoridad y responsabilidad, los promotores no reciben salarios y la comunidad a menudo los ayuda a cultivar sus campos de maíz.

El plan de estudios está integrado en la vida de la comunidad y está diseñado para preparar a una nueva generación para tareas de gobernanza y autosuficiencia, que incluyen temas como autonomía, historia, agroecología y medicina veterinaria. Las clases se imparten tanto en español como enlenguas indígenas, con énfasis en la preservación de las tradiciones y conocimientos locales. La comunidad participa activamente en la determinación de la metodología y el plan de estudios, como lo ilustra el comentario de un promotor de educación de una de las comunidades,citado por Bruno Baronnet:

«Consultamos a nuestro comité de educación y nuestra asamblea sobre los verdaderos conocimientos que son importantes para nuestra gente. Son las personas las que deciden y respetamos su opinión, incluso si a veces no estoy de acuerdo, como el otro día durante la asamblea, cuando me ordenaron que ya no jugara con niños durante las horas de escuela porque algunos padres piensan que uno no puede aprender mientras se divierte. No sabía cómo decirles que no es del todo cierto, pero los convenceré la próxima vez. (Traducción de la autora, del francés).»

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Los jóvenes zapatistas están representando su vida antes de 1994, pretendiendo beber cerveza y sosteniendo un cartel con el nombre de un reciente programa de ayuda gubernamental, Sembrando Vida. | Foto: Anya Briy

Cuidado de la salud

Los zapatistas también han desarrollado su propio sistema de salud, aunque todavía se utiliza la ayuda de especialistas no zapatistas. La mayoría de las comunidades tienen un voluntario local, un promotor de salud, que recibe capacitación en medicina tradicional y moderna en los centros de salud regionales organizados por los zapatistas. Estos voluntarios brindan servicios básicos en una casa de salud local.

El tratamiento más avanzado está disponible en clínicas ubicadas en cruces de caminos y en algunos de los centros municipales. La clínica en Oventic, por ejemplo, es una de las más sofisticadas: ofrece cirugía básica regular, clínicas dentales, ginecológicas y oftalmológicas; alberga un laboratorio, un taller de hierbas, una docena de camas para admisiones y está equipado con ambulancias. Los comités de coordinación de salud, al igual que los de educación, existen en cada nivel administrativo, lo que garantiza la participación de las comunidades en la administración del sistema de salud autónomo.

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Mujeres zapatistas que salían de una clínica ubicada en el caracol Morelia, donde se realizó el encuentro internacional de mujeres, que también forma parte del programa de un mes y el aniversario. | Foto: Anya Briy

En las comunidades mixtas, donde los zapatistas coexisten con los no zapatistas, los servicios autónomos están abiertos a todos. Me dijeron, por ejemplo, que los padres no zapatistas enviaron a sus hijos a escuelas autónomas porque saben que son de mejor calidad. Lo mismo se aplica a las clínicas zapatistas, ya que la falta de médicos en las comunidades indígenas es común.

Producción: Para Todos Todo, Para Nosotros Nada

El funcionamiento del gobierno autónomo, las escuelas y clínicas, así como otros proyectos colectivos, se financia con los ingresos de las cooperativas y los colectivos de tierras. Estos están en el centro de la aspiración de los zapatistas de alcanzar la autosuficiencia económica del Estado y construir una economía basada en la distribución equitativa de los recursos.

Si bien las cooperativas y los colectivos coexisten con los terrenos familiares y el emprendimiento individual, la participación en el trabajo colectivo de forma rotatoria es obligatoria. También hay bancos populares en forma de fondos rotativos que otorgan préstamos a bajo interés a los miembros de las comunidades como base de apoyo. Estos bancos generan fondos que se invierten en nuevos proyectos colectivos. Algunos proyectos colectivos son solo para mujeres y tienen la intención de brindar una oportunidad para que las mujeres ganen confianza y participen en la vida social de sus comunidades.

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María, miembro de una comunidad zapatista, compartió su experiencia y comprensión de muchos aspectos de la lucha zapatista, incluido el compromiso con el trabajo colectivo. | Foto: Anya Briy

Otro mundo es posible

Los desafíos que enfrenta el movimiento zapatista son muchos. Van desde deserciones como resultado de la campaña de cooptación del gobierno a través de subsidios y programas de mejora, hasta la dependencia del financiamiento por parte de ONG solidarias y la persistencia de tendencias patriarcales y desigualdades internas.

Sin embargo, a pesar de los desafíos, en 26 años de lucha por la autonomía, los zapatistas han construido acuerdos sociales funcionales basados ​​en la democracia de abajo hacia arriba, la cooperación y la justicia comunitaria, que colocan el bienestar de la comunidad por encima del beneficio individual.

A través de estos acuerdos, las comunidades zapatistas han asegurado los derechos, la protección y las necesidades básicas que el Estado mexicano les ha negado o no ha podido proporcionarles. Como señaló recientemente Dora Roblero de Frayba, una organización que ha estado acompañando a los zapatistas desde el principio, los zapatistas pueden ser la única comunidad en México más preparada para resistir la pandemia, gracias a su autoorganización de servicios básicos durante años.

Dado que los Estados no protegen ni brindan servicios a tantos ciudadanos en todo el mundo, la experiencia zapatista ofrece una alternativa inspiradora centrada en la comunidad.

Fuente e imagen: https://www.opendemocracy.net/es/zapatistas-lecciones-de-auto-organizacion-comunitaria/?fbclid=IwAR3RkUmt5ai-u8YNgQdTJWOFJHnM_P5kIgPgly7FTgBfqOAJiUqvo818uHM

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El racismo, colonialismo e imperialismo presentes que a nadie parecen importar

Alberto Rodríguez García

Por:  Alberto Rodríguez García

La posmodernidad nos está llevando a unos tiempos en los que todo se relativiza, todo carece de sentido y todo está vacío de contenido. Una época de pobreza intelectual en la que solo importan los símbolos y donde ni siquiera los símbolos significan nada.

Así pues, mientras en nombre de la ilustración se vandaliza la figura de Mustafá Kemal Ataturk, el padre de la Turquía moderna y secular, se evita señalar a regímenes sectarios que condenan a su población al yugo de una fe impuesta. Así pues, mientras en nombre de la vida se vandaliza un memorial a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, se evita hablar de la mayor crisis humanitaria de nuestros tiempos, provocada por la intervención de Arabia Saudí en Yemen. Así pues, en nombre del anticolonialismo, se evita cuestionar la financiación mil millonaria por parte de EE.UU. de un etno-Estado creado a partir de la colonización y la expulsión de población nativa en la otra punta del mundo: Israel. Así pues, en nombre del anti-esclavismo, se vandaliza la figura de Miguel de Cervantes, autor de una de las mejores obras que jamás ha conocido la literatura universal, y esclavo en Argel. Porque mientras se vandaliza la figura de Cervantes, se ignora el esclavismo institucionalizado que existe a través de un sutil vacío legal, el sistema Kafala, en Líbano, Jordania y el Golfo, a saber: Arabia Saudí, Oman, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Porque basando ‘la lucha política’ en cuestiones de siglos atrás –cuando no peleando contra piedras–, la vida sigue sin que nada sustancioso cambie.

La posmodernidad nos ha llevado a una era en la que el supremacismo aflora desde los complejos y, aunque parezca contradictorio, el odio a uno mismo. Con su máximo exponente en el mundo anglosajón, existe una especie de paternalismo rancio que hace a los sujetos (pseudo)revolucionarios odiarse por el colonialismo, el esclavismo, las guerras religiosas y el imperialismo de siglos atrás… mientras ignoran que hoy todavía hay esclavismo, expansionismo y sectarismo fuera de Europa que, dicho sea de paso, no es el centro del mundo.

«Esta especie de memoria histórica –aunque más bien es memoria selectiva– demuestra que los objetivos no son ni la reparación ni aprender de los errores del pasado, sino perder el tiempo en un club de amigos políticos»

Sin minimizar la colonización de Norteamérica sobre el exterminio de su población nativa, o el genocidio congoleño por parte de los belgas, tendemos a olvidar que la Dinastía Omeya logró establecer el Imperio Islámico mediante el filo de sus cimitarras. Que durante los siglos XVI y XIX, cristianos de Italia, España, Francia y Portugal fueron capturados y esclavizados por corsarios otomanos. Del mismo modo que los europeos no fueron los únicos que compraron y utilizaron a esclavos negros. No tan conocido es que Tanzania fue durante años un importante mercado que conectaba África Oriental con los Árabes. Y en ese mercado, también se vendían esclavos. Esta especie de memoria histórica –aunque más bien es memoria selectiva– demuestra que los objetivos no son ni la reparación ni aprender de los errores del pasado, sino perder el tiempo en un club de amigos políticos.

Es absurdo flagelarnos –como si tuviese algún tipo de utilidad– por problemas del pasado a los que todavía hoy, en el siglo XXI, en 2020, ni siquiera se les ha puesto solución. Sin olvidar jamás el papel de las potencias coloniales en el desarrollo del esclavismo, hoy en Mauritania dos de cada 100 personas están esclavizadas; estamos hablando de por lo menos 90.000 esclavos en el país. Hoy muchos países de la ONU brindan su apoyo al Gobierno del Acuerdo Nacional libio, aunque dentro de su territorio todavía haya mercados de esclavos subsaharianos tan brutales como los del pasado.

Locales ayudan a refugiados rohinyás a su llegada a la costa de Indonesia, 25 de junio de 2020.Antara Foto/Rahmad / Reuters

Es indignante ver británicos atacar desbocadamente figuras del pasado colonial o cultural mientras no se cuestionan las bases de su sistema; mientras ni siquiera se plantean, hoy, descolonizar Gibraltar o las Islas Malvinas. Resulta indignante la hipocresía de los mandatarios de la Unión Europea solidarizándose con un movimiento a miles de kilómetros, en EE.UU., mientras –violando resoluciones del TJUE, es decir, el propio sistema de la UE– firman acuerdos de pesca con Marruecos en el Sahara Occidental; un territorio todavía pendiente de descolonización. Mientras no se cuestiona seguir apoyando al Estado de Israel que a julio de 2020 amenaza con anexionarse territorios ya ocupados, y como sus maestros anglos hicieron, intentando acabar con la población nativa que ni siquiera obtendría la nacionalidad tras la anexión. Porque a quienes les asusta la colonización vista a través de los libros de historia, parece no importarles tanto cuando sucede frente a sus ojos en directo.

Hablar de apropiación cultural significa entre poco o nada cuando esos mismos activistas de moral pura ignoran que ahora mismo está habiendo genocidios culturales. En 2019, la UNESCO alertó de que en Turquía hay 15 idiomas amenazados, de los cuales el Gagavuz, el Asirio y el Ladino prácticamente están extintos. El Abaza, el Homshetsma, el Griego Póntico, el Romani, el Suret y el Armenio occidental también están camino a su desaparición en un país en el que el AKP, a la turquificación forzosa, le ha añadido la islamización de la sociedad. Como lamentaba el entonces director de la UNESCO Koichiro Matsuura, «la muerte de un idioma lleva a la desaparición de muchas formas de herencia cultural intangible».

«Está muy bien reivindicar el antiracismo, el anticolonialismo y el antiimperialismo, pero mientras estas consignas se sostengan en sucesos de hace siglos, tengan una forma abstracta e ignoren los problemas contemporáneos, quedarán en simple palabrería, en simple «postureo» estético para Redes Sociales y, con suerte, para la campaña electoral de algún demagogo».

Y en este contexto de exterminio cultural que a nadie parece importarle, el Gobierno turco sigue avanzando contra las minorías autóctonas como una horda que arrasa con todo. Recep Tayyip Erdogan ya ha anunciado que quiere reconvertir Santa Sofía, una de las basílicas más importantes para la iglesia ortodoxa de oriente, en una mezquita; en una especie de referencia neoimperialista y sectaria a la conquista otomana de Constantinopla. Porque la dominación imperial no es algo de hace siglos, y es que hoy la Turquía de Erdogan aspira al establecimiento de un neo-Imperio Otomano; haciendo del GNA libio su protectorado, estableciendo la lira turca en el norte de Siria o lanzando operaciones militares en el norte de Irak como si ese territorio les perteneciese.

De nada sirve culpar ‘al malvado hombre blanco’ de todos los males, forzando un risible ‘white shaming’ (autoavergonzamiento blanco), mientras se cierran los ojos ante la violencia hindutva (supremacistas hindúes) en la India contra los civiles de Cachemira, mientras se cierran los ojos ante los abusos de los árabes del Golfo contra los trabajadores extranjeros que carecen de los derechos más básicos, mientras se cierran los ojos ante las prácticas genocidas de Birmania contra los rohinyás o mientras se cierran los ojos ante el odio xenófobo en Sudáfrica de los zulúes hacia otros grupos negros o los bosquímanos joisán; la única población que puede considerarse autóctona y que hoy viven marginados sin su derecho aborigen a la tierra.

Está muy bien reivindicar el antiracismo, el anticolonialismo y el antiimperialismo, pero mientras estas consignas se sostengan en sucesos de hace siglos, tengan una forma abstracta e ignoren los problemas contemporáneos, quedarán en simple palabrería, en simple «postureo» estético para Redes Sociales y, con suerte, para la campaña electoral de algún demagogo. Contra el racismo, sí. Contra el colonialismo, sí. Contra el imperialismo, sí. Pero los del siglo XXI, los de 2020.

Fuente e imagen: https://actualidad.rt.com/opinion/alberto-rodriguez-garcia/358345-hipocresia-activismo-posmoderno-racismo-colonialismo-imperialismo

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Which are the biggest aid donors to education?

Informe GEM: Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo

GEM Report

The recent new policy paper by the GEM Report shows that aid to each of the three education levels – basic, secondary and upper secondary education – has grown in the latest annual release of data from 2018. The last blog on this site looked at where aid to education is being allocated. This blog examines who the main donors are and for what education level.

The United States and Norway have prioritized aid to basic education

Of total aid to basic education, DAC member bilateral donors accounted for 57%, non-DAC bilateral donors (such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates) for 11%, and multilateral donors for 32% in 2018. The United States, the World Bank, the United Kingdom and the European Union institutions together accounted for over 50% of total aid to basic education in 2016–2018.

The United States allocated US$1.3 billion to basic education in the period, more than twice as much as each of the other three donors, whose spending amounted to about $630 million on average. The bulk of the United States’ education aid (84%) is allocated to basic education, while the next three donors, as well as the two large non-DAC donors, allocated just half of their education aid to basic education; Germany and Japan allocate an even lower share.

Among the top 10 donors to basic education, only Norway has the same focus on basic education. These figures include, but do not distinguish, the amount of aid that bilateral donors channel through GPE. Analysis for this paper estimates that GPE may account for two-thirds of the growth in aid to basic education with unspecified recipients between the 2000s and 2010s, although this effect may have weakened in recent years.

A large share of the increase in aid to basic education in 2018 is explained by two countries, Saudi Arabia and the United Arab Emirates, which together gave US$627 million in 2018. This reflects their increased level of budget support to Yemen, of which 10% is assumed to be allocated to basic education according to the GEM Report methodology.

Overall, in 2018, funding from the United States and the World Bank, and to a lesser extent the United Kingdom, dominated aid flows to basic education in sub-Saharan Africa.

Flows from other bilateral donors were low, which may partly reflect relatively low spending by GPE in 2018. While the United States spreads aid to education relatively evenly across different countries, the World Bank and the United Kingdom have a clearer focus on countries with the largest populations. For instance, the largest single flow, worth US$143 million, was the World Bank’s support to basic education in Ethiopia.

Aid to secondary education, meanwhile, reached US$3 billion in 2018, again the largest amount ever recorded. Here, Germany is the largest donor: it allocated US$412 million on average in 2016–2018, slightly more than the World Bank, which disbursed US$405 million. Unlike in basic education, the Asian Development Bank, Japan and the Republic of Korea ranked within the 10 largest donors in this category, implying their aid priorities are placed on secondary education.

Aid to post-secondary education reached US$6.1 billion in 2018, also the largest sum on record. Germany and France are the largest donors at this level: they reported disbursements of US$1.5 billion and US$1 billion, respectively, on average per year between 2016 and 2018. Over 80% went to imputed student costs, however.  Germany spent 6% on scholarships and France spent 14%.

The new paper by the GEM Report shows that COVID-19 is likely to have a severe impact on many of these aid flows. The United Kingdom’s GDP is expected to fall by 10.2% in 2020, for instance, which could lead to a drop of US$100 million in its total aid to education. As donor countries reallocate funds to deal with increased unemployment and enterprise bankruptcies, aid volumes will inevitably be reduced – not least because some of the donors will suffer the consequences of reduced revenues from taxes or natural resources. Moreover, travel restrictions and continuing uncertainty will hamper the implementation of technical assistance programmes, despite increased needs to support the response to the pandemic, through distance learning mechanisms or the implementation of school reopening protocols. Donor priorities may shift to health or other emergency priorities. International student mobility, which accounts for US$3.1 billion of total aid to education, will be curtailed. Even without these final two effects, aid to education levels may not return to 2018 levels for another six years.

Fuente: https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/07/30/which-are-the-biggest-aid-donors-to-education/

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Universities criticised for ‘tokenistic’ support for Black Lives Matter

David Batty

By:

 A Black Lives Matter protest at Oriel College, Oxford University, in June. Scholars say there is ‘no clear incentive for universities to take racial justice seriously’. Photograph: Rex/Shutterstock

More than 300 academics and students have criticised universities for their “tokenistic and superficial” support for the Black Lives Matter movement given their poor record on tackling institutional racism.

In an open letter to the education secretary, Gavin Williamson, and higher education funding councils, regulators and representative bodies, the scholars said the sector had underestimated the prevalence of racism and failed to address its “systemic and structural nature”.

The letter called out universities for publicly supporting the Black Lives Matter movement in the wake of the killing of George Floyd while racial inequalities, such as the attainment gap between white and black and minority ethnic (BAME) students, persist.

It states: “While these and other racial inequalities remain, statements that Black lives matter can at best be regarded as tokenistic and superficial.

“The sector has, to date, been overly optimistic in its assessment of the extent of the problem, it has been slow to act and, where action has been taken, it has failed to seriously engage with the systemic and structural nature of racism.”

The letter, signed by leading BAME and white academics, urges the government and higher education bodies to take urgent action to ensure universities improve their efforts.

The three authors of the letter – Richard Itaman, a lecturer in comparative political economy and development at King’s College London, Keston Perry, a lecturer in economics at the University of the West of England, and Angelique Golding, a business manager at Goldsmiths, University of London, – told the Guardian in a statement: “There is no clear incentive for universities to take racial justice seriously or consequences if they do not. However, there are disadvantages to us: black and minority ethnic staff leave, are not promoted and experience racism but these facts do not lead to the institution radically improving its practice.”

They propose universities provide training that substantially addresses institutional racism, white privilege and racial micro-aggressions, such as dismissive and stereotyping comments. Research by the Guardian last year found most did not.

The ethnicity of applicants and shortlisted and successful candidates for senior university jobs should be published, as well as a detailed breakdown of the pay gap between white and BAME staff. Universities should also introduce positive action schemes to train, hire and promote BAME staff to address their under-representation in the workforce.

Another proposal is that funding bodies should make grants dependent on universities demonstrating how they are tackling racism. The seven UK research councils recently revealed that white researchers are almost 59% more likely to receive research funding than their BAME peers.

The letter also recommends that the government provides dedicated funding for the Equality and Human Rights Commission, which published a report on racism in higher education last year, to ensure that universities implement these proposals.

A Department for Education spokeswoman said: “Racism is abhorrent and should not be tolerated anywhere in society, including in higher education. The secretary of state has received the letter and we will respond in due course.”

A spokeswoman for Universities UK, which represents 137 higher education institutions, said: “We have called upon senior university leaders to redouble their efforts to address racial harassment. This must be a strategic priority.” She added that its advisory group to tackle racial harassment would publish recommendations in the autumn.

Source of the article: https://www.theguardian.com/education/2020/jul/06/universities-criticised-for-tokenistic-support-for-black-lives-matter

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Educación virtual de calidad para todos

María del Carmen Aceña 1 comentario

Por: María Del Carmen Aceña. 

 

La semana pasada la ministra de Salud y el director de la Coprecovid brindaron una conferencia de prensa. Realmente no fue nada alentador ver las proyecciones de los nuevos contagios de la pandemia de Covid-19, afirmando que agosto será el peor mes. Genera mucha ansiedad no contar con una hoja de ruta que tenga planes tanto para reactivar la economía como para abrir los servicios. Además de la salud y el empleo, tengo una seria preocupación por la educación pública. Difícilmente, los niños, niñas y la mayoría de los jóvenes tendrán educación presencial durante el resto del año.

Hace más de 10 años se planteó en el Ministerio de Educación -Mineduc- la importancia de no solo cambiar los contenidos, sino utilizar la educación virtual como un medio para el aprendizaje. Lamentablemente, en las últimas tres administraciones se dio mayor peso a los aumentos salariales masivos del personal que a invertir en el futuro de los estudiantes.

Sin embargo, considero a esta crisis como un motor de transformación educativa en el país. A pesar de que se implementó un nuevo currículo nacional base, se mantiene el modelo de enseñanza tradicional que no permite desarrollar muchas de las destrezas de este siglo. Aún se basa gran parte en el aprendizaje de memoria, la instrucción activa del docente y la recepción pasiva de conocimientos de los estudiantes. Coincido con el equipo del Ministerio de Educación sobre la importancia de cambiar las experiencias de aprendizaje para que los estudiantes se motiven a aprender y desarrollar las habilidades para tener éxito en esta época; sin embargo, esto requiere mejorar sustancialmente la gestión pública.

El BID señala que las habilidades del siglo XXI se pueden agrupar en tres: a) cognitivas, b) de función ejecutiva y c) las socioemocionales. Cognitivas se refiere a mínimas, como lectura y escritura, técnicas, digitales y pensamiento crítico. Las de función ejecutiva buscan la flexibilidad mental, el autocontrol, la autorregulación y la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. Por último, las socioemocionales son: motivación, autoestima, perseverancia, adaptabilidad, compromiso, empatía y tolerancia. En esta era el maestro se convierte en un orientador, pues según los expertos, el conocimiento se duplica cada tres meses.

“¿Qué opina de cambiar drásticamente la educación en Guatemala? ¿Cómo damos este salto a la educación virtual?”

La biblioteca más grande del mundo se llama Google y muchos estudiantes aún no cuentan con acceso a toda una era de la información y un mundo virtual. Es el momento de llevar la tecnología a las aulas. Solo por medio de su uso se podrá llevar educación a los alumnos y además desarrollar las habilidades digitales para que sean partícipes de la revolución tecnológica. Además, se democratizaría la información, llegando a todos los rincones del país. Con las nuevas tecnologías de la información y comunicación -TIC-, el docente podrá fomentar el aprendizaje personalizado y activo, la continuidad del aprendizaje fuera de lo formal y el desarrollo de las nuevas competencias. ¿Cómo logramos contar con dispositivos e internet y llevar la educación virtual a todos? Será de aprovechar estos momentos.

Hay mucho que aprender de otros países, inclusive localmente varios lo están haciendo. Se puede armar un equipo integrado por personas capaces y experimentadas que apoyen al ministerio. Se requerirá de un equipo técnico multidisciplinario que presente un plan con acciones concretas y presupuesto. Contar con el asesoramiento de personalidades como Luis von Ahn y Marcos Andrés Antil sería de gran utilidad. Cada día la tecnología es más barata. Se necesita de un dispositivo por estudiante (aproximadamente Q300 es el costo de una tableta). Adicionalmente, una computadora para cada maestro, cuya inversión sería alrededor de Q2,500. Se tendrá que diseñar contenidos y plataformas específicas.

Respecto al acceso a datos e internet, está pendiente la subasta de la frecuencia de cuarta generación (4G) que urge realizar para apoyar este plan. Además, contar con un equipo de soporte tanto de los dispositivos como al software al servicio de los estudiantes. La estrategia partiría de priorizar algunos grados en la primaria (los últimos tres) y toda la secundaria. En menos de tres años se tendría cubierto todo el país. El cálculo para llevar a cabo esta estrategia inicialmente es de alrededor de 700 millones de quetzales, lo equivalente al 4% del presupuesto actual del Mineduc.

Este año se pueden usar los rubros destinados al Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -Padep/D-, libros de texto, el bono de fin de año del maestro y ahorros. Adicionalmente, debe invertirse en la capacitación y formación inicial del docente con esta nueva perspectiva. Se requiere de un sistema de reclutamiento de docentes basado en el mérito, la excelencia y que sea muy competitivo, cuya mejora en su remuneración sea por carrera y no por pactos colectivos. Un perfil que se acople a las necesidades de la sociedad del conocimiento. Maestros que aprenden por sí mismos, investigan, orientan y aman la enseñanza. Educadores de vida que guían a los alumnos a convertirse en mujeres y hombres de bien y de éxito en la vida, en el trabajo y en su comunidad. En Perú lo están haciendo. Bajo la iniciativa “Aprendo en casa” han distribuido alrededor de un millón de tabletas y computadoras para los establecimientos.

En las zonas rurales, sin acceso a internet ni electricidad, los alumnos reciben un cargador solar y en las escuelas con energía eléctrica y buena conectividad, se les dota de un plan de datos. Será necesario contar con una visión a nivel nacional que sirva de norte, en el cual docentes, funcionarios, políticos, sociedad civil, fundaciones, universidades y empresarios estén de acuerdo. Y para que trascienda gobiernos, se requiere una institucionalidad fuerte y técnica que garantice la continuidad y su presupuesto. ¡El momento es ahora! ¿Qué opina de cambiar drásticamente la educación en Guatemala? ¿Cómo damos este salto a la educación virtual? ¿Le gustaría ser parte de esta transformación digital?

 

Fuente del artículo: https://www.publinews.gt/gt/opinion/2020/07/05/educacion-virtual-de-calidad-para-todos.html

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La fuerza de la educación: salir juntos de la pandemia

Mariano Jabonero Blanco

La fuerza de la educación: salir juntos de la pandemia

Por Mariano Jabonero

Todos trabajamos conjuntamente transparentando carencias con voluntad de cambio y mejora.

Mariano Jabonero, Secretario General de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación

Siempre he defendido que la construcción de políticas de integración regional y subregional en Iberoamérica es posible a través de la educación y de la cultura. Salvo excepciones, otros intentos con una mayor intencionalidad política han tenido una vida breve o sufrido todo tipo de avatares. Así, hoy podemos decir que solo dos organizaciones mantienen una actividad multilateral estable: la Alianza del Pacífico y el Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Por supuesto que sin considerar a la banca multilateral (BID, CAF o el BCIE), cuya actividad financiera e inversiones en toda la región han asegurado su continuidad.

En este sentido, es justo destacar la creciente presencia y actividad de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), quien con 71 años de experiencia es la organización decana del sistema iberoamericano de cooperación. Sus 17 oficinas en otros tantos países aseguran la mayor presencia y actividad cooperadora en Iberoamérica, y ponen de manifiesto que la educación, la cultura y las lenguas son los medios más poderosos para unir intereses, trabajar juntos y apostar por un futuro mejor para todos.

Por todo ello, el pasado 18 de junio ocurrió un hecho muy relevante que demuestra ese potencial antes expuesto: la educación nos une y cuenta con una gran capacidad para hacernos trabajar de la mano y encontrar soluciones compartidas. Ese día, la OEI convocó a una reunión virtual a ministras y ministros de todos los países centroamericanos, e invitó a participar en ese evento al secretario general del SICA, Dr. Vinicio Cerezo. La actividad fue coordinada por el exsecretario de Educación Pública de México y presidente del Consejo Asesor de la OEI, Dr. Otto Granados.

El éxito del evento fue total, con asistencia de todos y cada uno de los máximos responsables educativos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Después de las intervenciones preliminares de los secretarios generales de la OEI y del SICA, cada responsable ministerial fue exponiendo con detalle la reacción de su gobierno frente al covid-19.

Melania Brenes, viceministra académica de Costa Rica, expuso la estrategia del país que se dirige a cuatro tipos de estudiantes: los que cuentan con conectividad y dispositivos, los que tienen conectividad de baja calidad, los más vulnerables con conectividad pero sin dispositivos y los que no cuentan ni con dispositivos ni conectividad. Para todos ellos están entregando contenidos educativos digitales y otros apoyos.

La ministra salvadoreña, Carla Hananía, nos informó sobre la creación de diferentes grupos de trabajo cuya actividad se programa en cuatro fases: contención de la emergencia, integración de diferentes plataformas, digitalización de la educación y regreso a clase. Han priorizado la capacitación de docentes en habilidades digitales, la revisión de los currículos y la salud mental de los docentes, entre otros aspectos, considerando los efectos negativos añadidos producidos por la tormenta Amanda.

Para la ministra de Guatemala, Claudia Ruiz Casasola, también es importante la adecuación curricular y dar continuidad a la entrega de alimentos a niños y niñas. La situación de conectividad de cada zona ha condicionado los recursos paliativos suministrados, por lo que han hecho especial énfasis en la televisión, los programas radiales y guías didácticas, provisión de un seguro médico escolar y atención telemática en los hospitales.

El ministro Arnaldo Bueso, de Honduras, informó que desde el momento del confinamiento empezaron a servirse de canales de televisión públicos o privados para dar servicio educativo a través de ese medio, así como apoyar a los docentes para que su desempeño sea eficaz en condiciones diferentes y, al igual que expusieron otros colegas suyos, asegurar la entrega de alimentos a los estudiantes.

La ministra de Nicaragua, Miriam Raudez, informó que decidieron no suspender las clases presenciales de manera generalizada y que trabajan intensamente en medidas preventivas, con iniciativas de educación no presencial en algunos municipios, como son los cinco que registran mayor absentismo escolar, a los que ya han empezado a enviar recursos complementarios de apoyo.

Por último, intervino Maruja Gorday, ministra de Panamá, quien informó que ante la pandemia, la reacción fue rápida: apoyarse en los recursos que los organismos internacionales les proporcionamos, como hicimos desde la OEI, junto con la cooperación no reembolsable y definir una estrategia en tres fases: restablecer el año lectivo a distancia, garantizar el derecho a la educación y resaltar y priorizar la acción en los grupos vulnerables, entre ellos los alumnos que se gradúan y pasan a la universidad. Han invertido, entre otros rubros, en la mejora de infraestructura, capacitación de docentes y recursos virtuales.

La OEI decidió desde el primer día de pandemia que no cerraba, que solo cambiaba su forma de trabajar; tampoco los ministerios de Educación centroamericanos cerraron: asumieron con responsabilidad y determinación hacer frente al covid-19 para seguir asegurando el derecho a la educación para todos y todas, aun en las condiciones más difíciles.

Todos, gobiernos, escuelas, docentes, familias y sociedad civil y organizaciones internacionales, como es el caso de la OEI, trabajamos conjuntamente transparentando carencias con voluntad de cambio y mejora, frente a quienes niegan u ocultan los problemas pretendiendo con ello perpetuar desigualdades e injusticias. Tampoco caímos en el retórico e inútil ejercicio de los llamamientos, ni en las estériles y grandilocuentes declaraciones. Juntamos esfuerzos, compartimos información, preocupaciones, estrategias, contenidos digitales y audiovisuales, programas de capacitación de docentes, redes, etc. Y vislumbramos un futuro distinto en cuanto a modelos curriculares, docentes con capacitación más pertinente y un sistema híbrido presencial y en línea que asegure una ventana de innumerables oportunidades educativas para todos y todas en unas nuevas repúblicas digitales.

La educación en Centroamérica no paró y demostramos, una vez más, que la educación nos une y nos fortalece. ¡Gracias a todos!

Fuente de la Información: https://www.laprensagrafica.com/opinion/La-fuerza-de-la-educacion-salir-juntos-de-la-pandemia-20200703-0048.html

 

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