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Abril Abadín: «La ralentización se combate con excelencia»

Entrevistas

Por: eldia.es.

«Si hubiésemos invertido más en educación en la crisis, la situación económica sería mejor hoy», señala el presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas

El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades Españolas, Antonio Abril Abadín (Lugo, 1957), insiste en que la clave del desarrollo económico y social se basa, en gran medida, en el necesario acercamiento entre universidad y empresa. Abril Abadín, que estuvo esta semana en el Archipiélago canario, apuesta también por cambiar la gobernanza en la universidad.

¿Por qué España cree poco en el poder transformador de la educación?
España será en el futuro el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir en educación. Insistimos en eso porque creemos que no existe esa convicción. Si preguntamos a cualquiera si cree en la educación, va a decir que sí, pero obras son amores y no buenas razones.

¿Esa falta de fe explica el déficit de financiación con respecto a las universidades del resto de países europeos y de la OCDE?
Estamos entre un 20% y un 25% por debajo de las medias europeas y de la OCDE. Esto quiere decir que no apostamos realmente por la educación. Hay que tener muy claro que la educación es el gran poder transformador y de mejora de una sociedad. Si realmente tuviésemos esa convicción, invertiríamos más en educación, universidades y nos iría mejor a todos.

¿Qué es más insuficiente, la financiación pública o la privada?
Las universidades públicas se financian mayoritariamente con transferencias corrientes de capital del sector público. La financiación privada es muy pequeña. Hay que mejorar la financiación pública y meterla, al menos, en porcentajes medios de las organizaciones con las que nos comparamos. También hay que mejorar la financiación privada, pero en este caso el planteamiento es distinto. Ahí lo que hay que mejorar es la relación universidad-empresa, la transferencia de resultados al sector productivo y, como consecuencia de eso, mejorar la financiación de las universidades públicas.
Más aún en un momento en el que parece poco probable que la financiación pública aumente de forma significativa.
Con la actual situación de deuda pública y de déficit que tenemos en España va a ser muy difícil que la financiación pública de las universidades pueda aumentar considerablemente en el corto y en el largo plazo. Consecuentemente, las universidades tienen que trabajar las fuentes alternativas de financiación. En primer lugar está la transferencia de resultados. Necesitamos una mayor conexión universidad-empresa y que la magnífica investigación que hacen las universidades no vaya solo referida a la publicación científica, que está muy bien, sino también a la transferencia de resultados para que se convierta en desarrollo económico y social, creación de trabajo y bienestar social.

Con un tejido productivo como el español y el canario, donde priman las pymes, ¿hay capacidad y margen de maniobra para fomentar la financiación y el apoyo más allá de las grandes empresas?
Eso quiere decir que no lo tenemos fácil. Venimos de una cultura de escasa transferencia de resultados del sector público universitario. Siempre digo que los temas culturales son los más difíciles de resolver. Sus tiempos de resolución se miden en generaciones, no en años, y una generación son doce o quince años. Por otro lado, es verdad que el sector productivo ayuda poco porque tenemos muy pocas empresas grandes. Un 95% de las empresas españolas tienen menos de diez trabajadores y un 83% tiene menos de tres trabajadores. Hay mucha microempresa y resulta muy difícil hacer economías de escalas para invertir en investigación y en transformación tecnológica. Precisamente por eso tenemos que conseguir que las universidades públicas, que hacen mucha y buena investigación con fondos públicos, sea ese gran laboratorio donde se genera esa investigación.

¿Qué pasos e incentivos se han dado para lograrlo?
Tenemos que ser capaces de establecer mecanismos de traslación asequibles a ese sector productivo a pesar de su bajo tamaño y de la poca intensidad en sociedad del conocimiento y en nuevas tecnologías. Los datos relativos a la transferencia de resultados son muy mejorables. Hemos dado un paso importante con la publicación en noviembre de 2018 de los sexenios de transferencia. Tenemos que orientar también la carrera curricular académica no solo a la publicación científica, sino también a la transferencia de resultados. Los profesores son seres humanos y responden a un sistema de incentivos, evidentemente, como cualquier otro trabajador. Hay que tener en cuenta también que hay menos de 11.000 empresas intensivas en investigación y en innovación. Consiguientemente, necesitamos mejorar esos números.

¿El nivel investigador de las universidades suple la falta de iniciativa privada en cuanto a investigación?
No es que lo supla, pero sí que es verdad es que las universidades hacen en torno al 70% de la investigación en España, mucha más porcentualmente que sus comparables europeas. El porcentaje de investigadores en las universidades españolas es muy superior al número de investigadores de la universidades europeas, proporcionalmente, y a la inversa los investigadores de las empresas.

¿Ha sido un error fomentar tanto la cultura de publicación científica?
No lo llamaré un error, pero efectivamente creo que ahí hemos tenido una carencia importante. Deberíamos haber incentivado como mérito académico la transferencia al sector productivo hace ya muchos años y haber trabajado ese tema.

¿El déficit de financiación explica que las universidades españolas se sitúen en muchas ocasiones en la cola de los rankings?
Pocas cosas dependen solo del dinero y la excelencia universitaria no es, desde luego, una de ellas. Pero también hay que reconocer que el dinero ayuda. Si ahora mismo le inyectáramos muchísimo más dinero a las universidades españolas, mejoraría su excelencia, evidentemente, pero seguiríamos teniendo ahí una serie de asignaturas pendientes que van a seguir lastrando su excelencia internacional. Por cierto, con el sistema de gobierno y con el déficit de financiación que tienen son más que meritorias.

La universidad devuelve a la sociedad 4,3 euros por cada euro invertido en ella. ¿Es un buen dato o podría ser mayor?
Si nos vamos no ya a una cuantificación económica, sino a la creación de valor y a la generación de bienestar social, hay que partir de la base de que las universidades son protagonistas necesarios e insustituibles del desarrollo económico y del bienestar social. Creo que es muchísimo más si nos ponemos a cuantificar lo que aporta la excelencia de las universidades al bienestar social.

En un entorno desfavorable marcado por un mercado laboral ineficiente, una estructura ocupacional menos intensiva y un porcentaje de sobrecualificación y desempleo entre los graduados muy superior a la media de la UE, ¿cómo puede el sistema universitario actuar como ascensor social?
Hoy en día un título universitario no es, desgraciadamente, una garantía de empleabilidad adecuada a la titulación conseguida, pero mejora mucho las posibilidades. Lo que sí es un tema que en la Conferencia calificamos de tragedia nacional, de verdadero interés nacional, es que tengamos la segunda cifra de paro de egresados universitarios de Europa y la mayor cifra de sobrecualificación de universitarios de Europa. Eso lo tenemos que corregir.

¿Qué es lo que se puede hacer para romper esa dinámica?
El sector productivo debe sacar mucho más partido a la magnífica investigación que realizan las universidades. Tenemos que mejorar muchísimo esa cultura a través de los muchos mecanismos que hay para que esa transferencia se pueda efectuar: parques científicos y tecnológicos, viveros de empresas, cátedras de empresas, doctorandos industriales…

Quizás también haya que hacer una revisión de las titulaciones que ofertan las universidades para que estén mejor acompasadas al ritmo del mercado.
Es bueno que haya titulaciones cercanas a las necesidades reales de trabajadores por parte de las empresas. También es verdad que no podemos convertir las universidades en fábricas de los empleados que necesitan las empresas, porque la universidad es mucho más que eso. La universidad es un sector público que tiene que formar a los estudiantes de una manera global, no solo en conocimientos determinados. Hoy, que los conocimientos son temporales porque el mundo evoluciona a velocidad de vértigo, les tienen que enseñar a pensar, a mantenerse actualizados permanente mente en toda una serie de capacidades y competencias.

¿Las universidades privadas les comen terreno?
Es evidente que tenemos que flexibilizar el funcionamiento de las universidades para que tengan esa capacidad de adaptación a las necesidades reales del sector productivo, tarea que sí están haciendo las universidades privadas. Las privadas están compitiendo con ventaja precisamente porque tienen mucha más flexibilidad operativa, juegan mucho más la baza de la empleabilidad y son capaces de adaptarse más rápidamente a los cambios del mercado. Paralelamente, ¿qué tenemos que conseguir? Que las empresas se preocupen de la eficiencia y competitividad de sus universidades, no ya como parte del modelo de negocio, que podría ser, pero sí como parte de su compromiso social.
¿Pero no es un fracaso que las universidades no provean de los perfiles necesarios a las empresas?
Uno de los problemas de la falta de flexibilidad operativa de las universidades es que les cuesta mucho adaptar las titulaciones. Son procesos muy largos. Los procesos de comprobación, de verificación o de autorización hacen que implantar en el sistema educativo español un nuevo título lleve una cantidad de años que resulta desproporcionada, cosa que no pasa con las privadas. La última universidad pública de España se hizo en el siglo anterior y desde entonces, en España, se han creado 25 o 30 privadas. La Constitución consagra el principio de libertad de creación de centros docentes y vivimos en un país de economía de mercado. También hay unas leyes. Si se cumplen, no se puede decir que no a la iniciativa de constituir universidades privadas. Lo que sí es cierto es que la ley no es la correcta. Estimamos que la normativa tiene que ser más exigente para crear una universidad privada. Para que una institución docente lleve el nombre de universidad debe cumplir unos requisitos mínimos de calidad, investigación, docencia, etcétera. Lo que tenemos que hacer es cambiar la ley y adaptarla a esos requerimientos. Ahora, mientras eso no se cumpla, es difícil decir que no al que ejercita una libertad constitucional y cumple la ley con determinados requisitos.

Las universidades públicas canarias han cargado contra una nueva universidad on line que se implanta en la ZEC. ¿Usted también piensa que hay que tener cuidado?
No conozco los detalles y no puedo opinar. Viene fenomenal para el servicio público de educación universitaria que haya magníficas universidades privadas, pero no creo que no sea bueno que se llame universidad a centros docentes que no reúnen determinados requisitos mínimos de calidad e investigación.

Antes hablábamos sobre la politización de la educación, ¿es una mala noticia que también se haya convertido en negocio?
La educación se puede acometer desde el principio de libertad de empresa y el sistema de economía de mercado funciona con cifras de operaciones de compraventa. A mí me puede gustar más o menos, pero desde el punto de vista de defensa de la universidad pública no me ofende ni me preocupa. Lo que realmente me preocupa es que las universidades públicas sean excelentes. La excelencia de las públicas es la forma de lucha contra las universidades privadas que pensamos que no reúnen determinados requisitos y mínimos de calidad. Si son excelentes, eficientes y competitivas, nadie se irá a una privada.

¿España será capaz en algún momento de absorber la masa gris que forma?
No puede ser que tengamos casi la mitad de los egresados universitarios en España, al cabo de cuatro o cinco años, en el paro o en un puesto de trabajo que no requiere titulación universitaria. Eso genera, evidentemente, una emigración del talento. El estudiante universitario lo que quiere es trabajar, con lo cual muchas veces tiene que irse al extranjero. El mero hecho de irse, entendido como movilidad del talento, no solo no es malo, sino que puede ser muy bueno porque hay toda una serie de competencias profesionales –mentalidad global o el uso de idiomas– que son difíciles de adquirir aquí. Pero el saldo es muy negativo, porque luego resulta que no atraemos talento. Estamos enviando mucho talento fuera y no estamos atrayendo en justa correspondencia. Tenemos un déficit, evidentemente.

¿Y de quién es la culpa?
De todos. Lo que está claro es que necesitamos más empresa, mejor empresa y mayor empresa. Y para conseguir eso es fundamental que toda esa buena investigación que hace la universidad sepamos transformarla en economía productiva. Hay que cerrar el círculo virtuoso. No es culpa de nadie y es culpa de todos. Estamos generando un sistema de frustración y decepción del que somos responsables todos. Eso no puede ser. Ahí tenemos un tema de primer interés nacional.

¿Qué papel juegan los consejos sociales para cerrar ese círculo virtuoso?
Estamos configurados como órganos de control económico y presupuestario. Esa son las funciones regladas. Pero luego, además, tenemos una competencia abierta que es la tercera misión universitaria: precisamente la transferencia de resultados. Somos órganos de interrelación de universidad-empresa. Está en nuestra médula acercar la universidad y la empresa, orientar la gestión de las universidades hacia la empresa y convencer a las empresas de que la excelencia universitaria, si no forma parte de su modelo de negocio, sí debe hacerlo de su compromiso social.

Mientras dure la ralentización, ¿cree que calará ese mensaje?
Contra la ralentización económica lo que hay que hacer es generar excelencia. Excelencia en la educación y excelencia en la empresa. Así se acaba y se combate la ralentización. El gran error de España en la crisis económica, a partir de 2007 y durante los años siguientes, fue reducir la inversión en educación. Si hubiéramos invertido más en educación y en transferencia y hubiéramos mejorado el tejido productivo a partir de una mejor ciencia e investigación, la situación económica sería hoy mejor, como han hecho otros países en Europa. Tenemos que apostar por esto.

¿Es habitual que las universidades, o el rector en concreto, bloquee la actividad de los consejos sociales o invada sus competencias?
En la generalidad de los casos hay una gran colaboración. Puede haber en algún momento dado diferencia de opiniones, pero ahora mismo vivimos tiempos de colaboración, de entendimiento y es un factor muy positivo que ha mejorado muchísimo la cultura a favor de la transferencia de resultados univesidad-empresa.

Fuente de la entrevista: https://www.eldia.es/economia/2020/02/16/universidades-son-victimas-culpables/1051752.html
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La curiosa ecuación que puede mejorar la escuela uruguaya

Tomer Urwicz

Por: Tomer Urwicz. 

Para aquellos que ven pasar una nube y ya imaginan la peor de las tormentas, esta ecuación marca el fin de la existencia de los uruguayos. Pero para quienes divisan en las nubes un cúmulo de agua que pone fin a la sequía, esta es una oportunidad: caída de los nacimientos + baja de repetición + una cifra intacta de niños nacidos en el extranjero = menos población para atender, más posibilidad de reducir los tamaños de las clases y más chances de extender el tiempo pedagógico.

El Ministerio de Salud confirmará, antes de fin de mes, que la cantidad de nacimientos en Uruguay continúa su tendencia de caída. De hecho el registro ya está por debajo de los 40.000 nacimientos al año. Eso significa que si la escuela uruguaya atendiese solo a los nacidos en su país, dentro de poco se verá la pérdida de al menos 10.000 alumnos (esa fue la baja de nacidos entre 2015 y 2019).

Pero la ecuación es un poco más compleja. Podría suceder que los niños ingresaran a la escuela, repitieran y quedasen “estancados” mucho tiempo (este escenario aumentaría la matrícula). Sin embargo, la repetición escolar sigue a la baja y en 2019 tuvo su registro más bajo: 3,5%.

Solo estos dos elementos (caída de nacimientos y repetición) ya incidirán en la matrícula escolar de aquí a un lustro. Pero como la ecuación es todavía un poco más rebuscada, hay otro elemento que contribuiría a ese escenario: en 2019 no hubo un aumento de niños extranjeros que se hayan anotado en la escuela pública uruguaya.

Según información de Primaria a la que accedió El País, el año lectivo acabó con 5.528 alumnos nacidos en el extranjero y había comenzado con 5.570. Esta mínima variación -que carece de significado estadístico- muestra que el pico inmigratorio, que había ocurrido entre 2017 y 2018, se frenó. Una explicación a este “freno” podría ser el perfil de los nuevos inmigrantes. Los cubanos han sido los que más llegaron en 2019. Se trata de una población que realiza una verdadera quijotada para llegar hasta Uruguay, una travesía difícil de sortear con niños. Y, además, es una población con una tasa de fecundidad por debajo de la uruguaya (la cubana es la más baja de la región: 1,5 hijos por mujer en edad de ser madre).

Tal es así que solo el 10% de los escolares nacidos fuera de Uruguay son cubanos.

Los niños extranjeros habían sido la clave para que, en 2018, Primaria aumentara su matrícula tras 15 años de caída de su población. Pero el freno de inmigración en esas edades, la tendencia demográfica y la inexistencia de grandes movimientos entre la educación pública y privada le dan a la escuela uruguaya un bonus track.

¿Por qué? Si se mantienen o incrementan los recursos (tal como han manifestado los políticos de todos los partidos) y, a la vez, baja la cantidad de niños, Primaria tiene más recursos por niño. Eso permite reducir el tamaño de los grupos (ya hubo una caída desde 2006 que se “estancó” en el último quinquenio). O bien se puede extender los horarios porque hay más maestras por estudiantes. O bien no habría tanta falta de docentes… una ecuación (casi) perfecta.

Fuente del artículo: https://www.elpais.com.uy/informacion/educacion/curiosa-ecuacion-mejorar-escuela-uruguaya.html

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Una actividad creativa al mes

Aurora Lacueva

Una actividad creativa al mes

Aurora Lacueva

Los problemas de nuestra educación requieren soluciones nacionales integradas, no son suficientes para resolverlos las iniciativas personales o locales, aunque se multipliquen. Debemos presionar porque esas soluciones nacionales empiecen a desarrollarse con acierto y constancia. Sin embargo, emprender en el ámbito de nuestra influencia en acciones positivas, más allá de la mínima rutina, no es para nada despreciable: puede evitar en parte el continuado deterioro de las escuelas, mantener encendida una luz de esperanza y apoyar las buenas políticas generales cuando se den.Entre las acciones beneficiosas que las educadoras y los educadores podemos cumplir en la institución educativa y/o en el aula creo relevante la de “una actividad creativa al mes”. Al proponerla, no implico que las demás actividades sean prosaicas, sino que aun en circunstancias difíciles puede resultar posible desarrollar con cierta frecuencia alguna labor educativa de especial interés, distinta a las del día a día. Son actividades que despiertan la curiosidad del estudiantado, llaman a su reflexión crítica, estimulan su expresión artística, les proponen colaborar en la solución de algún reto, vinculan teoría y práctica, o permiten la interrelación con la comunidad, entre otras posibilidades valiosas.

Por ejemplo: visitas a lugares cercanos (una panadería, una estación de radio…), invitados en clase (artesana, farmacéutico…), experimentos químicos con sustancias caseras, diseño y construcción de pequeñas máquinas, juegos matemáticos de ingenio, taller de poesía, siembra de árboles en el entorno… Y, como estas, muchas más que las y los docentes planifiquen, dentro de lo factible y a la vez pedagógicamente enriquecedor. Las mismas pueden convertirse en un tiempo particularmente atractivo dentro de la jornada escolar, e incluso a veces en un núcleo para la generación de nuevas iniciativas.

Pero no nos engañemos: nuestra grave situación educativa exige cambios globales de gran envergadura. Empezando por un acuerdo de convivencia democrática entre todos los factores políticos, que dé estabilidad y confianza, seguido de entendimiento básico en el área económica que paren el deterioro y permitan aprovechar nuestras potencialidades.

Fuente de la Información: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/una-actividad-creativa-al-mes/

Autora: Aurora Lacueva

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¿Por qué Davos ha sobrevivido a Porto Alegre?

Emir Sader Simon

¿Por qué Davos ha sobrevivido a Porto Alegre?

Emir Sader
Rebelión

 

El Foro Económico Mundial de Davos reinaba soberano en los años de predominio eufórico del neoliberalismo en el mundo. Era la expresión del impresionante éxito con que surgía el modelo neoliberal en todo el mundo.El escenario preveía el cambio de tornas más impresionante en el mundo desde las reacciones a la crisis de 1929. Pero, a diferencia de aquel momento, que decretaba el funeral del liberalismo, considerado responsable de la crisis, esta vez era el renacimiento del liberalismo, bajo nueva forma, pero reafirmando sus principios básicos.

La emergencia espectacular del neoliberalismo, de la mano no solamente la derecha conservadora tradicional, sino también de las corrientes socialdemócratas e incluso de fuerzas nacionalistas. La tan pregonada superación de la polarización entre derecha e izquierda parecía concretarse, así como el fin de la historia y la imposición transversal del Consenso de Wáshington.

En aquel momento, lo máximo que se lograba era hacer manifestaciones frente al Forum de Davos, que era el escaparate mundial de las grandes personalidades globales. A lo más se lograba reunir un cierto número de personas abajo, mientras los otros subían hacia Davos y ocupaban los grandes espacios de los medios de comunicación del mundo.

De repente, conforme fueron surgiendo crisis en gobiernos neoliberales –México, Brasil, Argentina, Corea del Sur, entre otros- fue siendo posible levantar, modestamente, banderas alternativas. El mismo lema con que lanzamos el Foro Social Mundial de Porto Alegre, tan sólo insinuaba que “Otro mundo es posible”, simplemente combatiendo la idea de que la historia tendría un único cauce. Ni siquiera se decía que mundo era posible, a pesar de que se anunciaba que otro mundo, distinto al del neoliberalismo, era posible.

Convocamos al Foro Social Mundial de Porto Alegre para congregar a todos los que discrepaban del Foro Económico Mundial de Davos. La contraposición entre lo social y lo económico ya indicaba un horizonte distinto entre los dos Foros.

Porto Alegre fue escogido, en primer lugar, por estar en el Sur del mundo. En segundo, porque Brasil era el país de una izquierda que resistía al neoliberalismo, con el PT, la CUT, el MST, Lula. En tercer lugar, porque Porto Alegre proponía una forma distinta de administración publica, con los presupuestos participativos.

Cabían fuerzas distintas, de movimientos sociales a ONGs, pasando por intelectuales europeos, norteamericanos, latinoamericanos, asiáticos y africanos. Pero la Carta aprobada por el FSM ya anunciaba sus limites, relacionados con la ausencia de partidos políticos. Era la influencia liberal, promovida por ONGs y por intelectuales del Norte del mundo, que terminaría condenando el futuro del FSM.

Había una identificación con la “sociedad civil”, en contraposición al Estado, repitiendo lo esencial del pensamiento liberal. El antiestatismo era el responsable de la ausencia de partidos políticos y, mas tarde, de los gobiernos antineoliberales latinoamericanos.

El pensamiento que proponia “cambiar el mundo sin tomar el poder”, de John Holloway, intelectual europeo identificado con el zapatismo; las teses de Toni Negri, que condenaban al Estado como fuerza conservadora; las posiciones de otros intelectuales europeos, como Boaventura de Sousa Santos, entre otros, que proponían la centralidad de la sociedad civil en contra del Estado, asumidos por gran parte de las ONGs, se han impuesto y condenado al FSM a la intranscendencia y a la impotencia.

Fuerzas políticas que se sumaron a la polarización sociedad civil/Estado, propugnado mediante las tesis de la “autonomía de los movimientos sociales”, renunciando a la disputa hegemónica en la sociedad, como los piqueteros argentinos y el zapatismo mexicano, que han desaparecido o han perdido fuerza.

Pero la lucha antineoliberal avanzaba y seguía por otras vías. La elección de gobiernos como los de Hugo Chávez, de Lula, de Néstor Kirncher, del Frente Amplo, de Evo Morales, de Rafael Correa, apuntaba como la superación del neoliberalismo necesitaba del Estado. ¿Cómo promover la centralidad de las políticas sociales, sin gobiernos que se valieran del Estado para ponerlas en práctica? ¿Cómo afirmar la solidaridad internacional entre esos gobiernos, sin un Estado fuerte? ¿Cómo financiar las políticas sociales sin bancos estatales fuertes?

Mientras las corrientes predominantes en el FSM se confundían con las tesis del Estado mínimo del mismo neoliberalismo, gobiernos antineoliberales fortalecían al Estado y avanzaban en la construcción de políticas sociales, de desarrollo económico y distribución de renta, de soberanía externa.

En un mundo en que el neoliberalismo se ha agotado, se podría esperar que el FSM de Porto Alegre representara el antineoliberalismo. Pero el FSM ha desaparecido prácticamente, por las posiciones políticas equivocadas que han predominado, mientras el FEM de Davos se flexibilizaba, para incorporar temas ecológicos y hasta de lucha en contra la desigualdad. Mientras que las fuerzas que representan el proyecto original de Porto Alegre, son partidos políticos, gobiernos y Estados democráticos y populares.

Fuente de la Información: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=265426&titular=%BFpor-qu%E9-davos-ha-sobrevivido-a-porto-alegre?-

Autor: Emir Sader

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La niña bonita

Carolina Vásquez Araya.

La niña bonita

Carolina Vásquez Araya

Es tiempo de revisar conceptos y abandonar la vieja consigna del silencio.

Hace algunos días llegó a mis manos el libro Finalmente Libre, de Amanda Midence. En él, la autora guatemalteca hace un viaje hacia el pasado y reconstruye la ruta que marcó su vida, quizá con el propósito de arrojar luz sobre los rincones oscuros de su infancia y derrotar así el estigma social impuesto por una sociedad conservadora. En esas páginas relata los episodios de abuso sexual infligidos por un pariente cercano –un tío político- y las consecuencias físicas y psicológicas derivadas de ese episodio de su vida. Amanda pertenece a una familia acomodada; no nació en una barriada marginal ni tuvo que soportar las agresiones de la pobreza. Sin embargo, como tantas niñas y niños vulnerables en sociedades patriarcales y machistas, no escapó al miedo, el dolor y la vergüenza.

Menciono este libro porque constituye una denuncia poco usual en un círculo privilegiado. Además, porque deja ver cómo el abuso sexual contra la niñez es una práctica que cruza a toda la sociedad, sin distingos de ningún tipo y no solo afecta a niñas, también a niños víctimas de prácticas perversas cometidas por padres, parientes cercanos, sacerdotes, maestros, pastores o personas con influencia vinculados a su círculo, cuyos efectos psicológicos los persiguen por el resto de su existencia. Si Amanda Midence pudo romper el silencio después de haber luchado contra sus fantasmas de infancia, hay millones de otras niñas y niños condenados a soportar callados y sumisos el dolor y la vergüenza.

Como suele suceder, aún cuando las víctimas de abuso decidan enfrentar a ese mundo de prejuicios y estereotipos sexistas que las rodean, chocan contra un muro de negación y su testimonio es esculcado con tremenda malicia en busca de la mentira o propósitos ocultos. La re victimización comienza desde el primer momento y no abandona a quien tenga la osadía de denunciar. El abuso sexual –es preciso decirlo- es una costumbre aceptada en nuestras sociedades y, por tal motivo, niñas, niños y mujeres deben luchar solas y demostrar con pruebas algo que con el pasar del tiempo solo va dejando profundas huellas psicológicas. El sistema no solo es increíblemente absurdo, sino de una perversidad extrema por castigar así a los más indefensos.

Los países menos desarrollados de nuestro continente -especialmente Guatemala- sufren, además de usos y costumbres misóginas e irrespetuosas con los derechos de la infancia y de las mujeres, del ataque constante de organizaciones criminales y redes de trata que operan al abrigo de sus influencias y complicidad con instituciones del Estado. Es decir, la infancia y las mujeres son víctima constante de toda clase de agresiones y violencia sexual, laboral y social. En estos días también he recibido información sobre el acoso sexual contra más de 15 jóvenes indígenas involucradas en movimientos sociales, agresión cometida por un abogado de gran influencia en su entorno. Esto ha impedido a las víctimas hacer la denuncia pública por temor a las posibles represalias, pero también porque ningún medio se las recibe, quizá por no provenir de un entorno influyente.

En estas sociedades ser mujer –o una “niña bonita”- es enfrentar un mundo al revés. En lugar de gozar de la protección y el respeto son objeto de toda clase de violencia, empezando desde el día de su nacimiento con la usual decepción de un padre que prefería un hijo varón y de una madre convencida de que falló en ese intento. Para salir del círculo es preciso transformar a toda una cultura de privilegios para un sexo y de sumisión para el otro.

ES PRECISO REPENSAR EN LAS CONSECUENCIAS DE NUESTRO MARCO DE VALORES

http://www.carolinavasquezaraya.com

Fuente de la Información: https://carolinavasquezaraya.com/2020/02/10/la-nina-bonita/

Autora: Carolina Vásquez Araya

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El estúpido Pacto de Estado contra la violencia de género

Lidia Falcon

El estúpido Pacto de Estado contra la violencia de género

Lidia Falcón

El estúpido Pacto de Estado contra la violencia de género

Cuando en este luctuoso comienzo del año 2020 contamos ya con 8 asesinadas por la violencia machista, observo que la reforma de la Ley de Violencia de 2004 no entra en los primeros propósitos del nuevo gobierno de izquierdas. Desde que hace más de tres años se comenzaron los trabajos parlamentarios de lo que debería ser el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en los que participaron los 13 grupos parlamentarios de aquel momento, aconsejaron 90 expertos en sesiones que duraron 9 meses y se acabó pariendo un texto ilegible de más de 200 artículos, nada ha variado en el siniestro panorama de la vida de las mujeres maltratadas.

A los femicidios hay que añadir que el Ministerio del Interior ofrece el terrible dato de que entre enero y septiembre de 2019 se presentaron por mujeres 32 denuncias diarias por abusos y agresiones sexuales, es decir casi mil mensuales, lo que supone ratificar la hipótesis que siempre mantuvimos en el Partido Feminista de que se producen unas 15.000 violaciones anuales, contando de manera muy prudente las que no se denuncian.

150.000 son las que se presentan anualmente por maltrato, de las que únicamente se condenan el 31%, y la mayoría de las sentencias son de penas de prisión inferiores a 2 años que se canjean por servicios para la comunidad, es decir: por nada. En España una mujer maltratada sólo tiene el 6% de posibilidades de ver a su maltratador en la cárcel.

Podemos consolarnos, como los tontos, recordando que estas cifras no están muy lejos de las europeas. Una de cada tres mujeres en la UE ha sido víctima de violencia física o sexual desde los 15 años; una de cada veinte mujeres ha sido violada; más de la mitad (55 %) de las mujeres ha sufrido acoso sexual; una de cada tres mujeres ha sufrido abuso psicológico por parte de una pareja; una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por un adulto durante la infancia.

Para acabar con esta masacre, que no padece ningún otro colectivo social,  Europa, – esa mujer que, en la mitología griega fue secuestrada por Zeus- el paraíso de las libertades y de la democracia, ha aprobado lo que llaman el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul o Convención de Estambul, que tiene por objetivo la lucha contra la violencia contra mujeres y la violencia doméstica. Se presentó en Estambul en 2011 y está en vigor en Europa desde el 1 de agosto de 2014. A 2019 ya ha sido firmado por 46 países y ratificado por 34.

Pero si en los demás países europeos sucede como en España, de poco parece que ha servido ese publicitado Convenio para frenar la masacre de mujeres. Y no puede servir porque no es más vinculante que según la voluntad de los gobiernos y legisladores que rijan cada Estado, que como ha sucedido en el nuestro, es poca. Pero además no crean que ese Convenio resuelve definitivamente la indefensión en que se encuentran las mujeres. Esa Carta Magna de la Violencia se limita a pedir que se contemplen como delito todas las formas de violencia contra la mujer: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada.

Teniendo en cuenta que todas esas actuaciones criminales de  hombres contra mujeres ya están contempladas en nuestra legislación penal, poca novedad introduce ese Convenio en la protección de nuestras víctimas, excepto en considerarlas a todas como tales, al margen de que se hallen o no relacionadas sentimentalmente con el agresor, como establece tan ridículamente la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de género de 28 de diciembre de 2004. Porque desde hace 16 años en España unas víctimas son mujeres y otras son género, y únicamente estas merecen la protección del Estado, lo que resulta enormemente sospechoso en estos tiempos de la «autodeterminación de género» y otras estrafalarias definiciones que nos están haciendo desaparecer del lenguaje y del planeta donde vivimos.

Como ni la famosa ley de violencia ni la de Enjuiciamiento Criminal contemplan invertir la carga de la prueba como sucede en la legislación laboral, para que no sea la víctima la que tiene que probar la comisión del delito, que en esta figura delictiva se produce habitualmente en la privacidad del hogar, la mayoría de los procesos acaban en sobreseimiento o en absolución. Y en consecuencia, cuando el peligro de agresión o incluso de muerte es evidente, las víctimas deben huir de su casa, a veces con niños pequeños a su cargo, que tienen que dejar de asistir a la escuela, perder sus amigos y objetos queridos, para refugiarse en una Casa de Acogida. Mientras el maltratador sigue amenazando a su mujer diariamente,  e incluso pudiendo prever la policía y el juez que intentará el asesinato, continua en libertad, disfrutando de la vivienda común, asistiendo a su trabajo y siendo respetado por la comunidad. El 30% de las asesinadas tenían incluso orden de alejamiento o de protección contra su asesino. Que como se ha visto, son completamente inoperantes. En definitiva, sólo en la violencia contra la mujer se da la monstruosa injusticia de que sea la víctima la que tenga que esconderse y el verdugo campe tranquilamente  en libertad, sin amenaza alguna.

Pero en diciembre de 2016 se reunieron pomposamente, como se hace siempre en España por parte de la clase política, para anunciar que estudiarían arduamente las medidas a adoptar para acabar con la plaga del maltrato a la mujer, y así, el resultado del intenso trabajo realizado por parte de la Subcomisión creada al efecto dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, así como por parte de la Ponencia creada dentro de la Comisión de Igualdad del Senado, parieron unos documentos que contenían un total de 214 medidas en el caso del Congreso y 267 en el caso del Senado a partir de los cuales se desarrolla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género cuya aprobación culminó en diciembre de 2017 con los Acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto de Administraciones autonómicas y locales, entidades y organismos intervinientes en el desarrollo del mismo.

Para que ustedes se hagan una idea de la lucidez, claridad y eficacia del texto que dieron a luz los eminentes diputados, senadores, consultores, sindicatos, asociaciones y expertos, les reproduzco textualmente uno de sus artículos, el 117: «Evitar los espacios de impunidad para los maltratadores, que pueden derivarse de las disposiciones legales vigentes en relación con el derecho de dispensa de la obligación de declarar, a través de las modificaciones legales oportunas.» Y deberíamos dar un premio a quien sin ser jurista, y listo, haya entendido semejante bodrio de disposición legal, que ni siquiera lo es, puesto que el Pacto no es una ley, por lo que es preciso proceder después «a las modificaciones legales oportunas».

Si las víctimas no fueran tan desgraciadas y débiles y el Movimiento Feminista tan inútil, se habría tenido que manifestar nuestra indignación de forma contundente y eficaz ante semejante tomadura de pelo. Por el contrario, un sector de ese sumiso MF se ha mostrado muy satisfecho de semejante parto de los montes.

Pues bien, ya hemos alcanzado el 2020, ya hemos vivido expectantes y angustiadas las dos últimas legislaturas, esperando tres años que el gobierno al fin logrado con el difícil pacto de las izquierdas, se ponga a trabajar, rápida y eficazmente para erradicar la violencia contra la mujer. Y lo que estamos observando es que, de momento, las reformas anheladas de la ya caduca e ineficaz Ley de Violencia ni se proponen ni se las espera.

Mientras tanto, se asesina a dos mujeres a la semana, se viola a miles de mujeres, se maltrata a cientos de miles, y del mismo modo las denuncias se siguen archivando como las condenas son harto leves y perversamente argumentadas.

Si no cambia radicalmente tanto el criterio que han mantenido hasta ahora los legisladores como los procedimientos que han utilizado desde el derecho visigodo nuestros leguleyos, empiezo a temer que los nuevos gobierno y Parlamento y Senado seguirán la senda de sus antecesores, y se continuará engrosando la lista de maltratadas, violadas y asesinadas, con el amparo del estúpido Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Fuente de la Información: https://blogs.publico.es/lidia-falcon/2020/02/08/el-estupido-pacto-de-estado-contra-la-violencia-de-genero/

Autora: Lidia Falcón

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Una ley de rectores y empresarios

Hugo Aboites

Por: Hugo Aboites*

…Y contra el acceso y permanencia de los estudiantes. En la más reciente versión de la propuesta de Ley General de Educación Superior (LGES, enero 2020, por fin se elimina la frase que en el artículo 6 degradaba el derecho a la educación. Decía: el Estado garantizará el derecho de toda persona a tener la posibilidad de recibir educación. Y con esto se ponía en peligro el derecho pleno a la educación, como lo advirtió la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando hizo un llamado para que (en la propuesta de LGES) se retome el espíritu y la letra del artículo tercero constitucional que garantiza el derecho humano a la educación. ( La Jornada, 6/2/20). En efecto, la Carta Magna señala sin ambigüedades ni posibilidades que toda persona tiene derecho a la educación (artículo 3). Con esta declaración, la nueva conducción de la CNDH rompió claramente con la anterior, la que durante un cuarto de siglo guardó silencio y resistió a las quejas contra los exámenes de selección que durante años le pedía que dijera algo. Guardó silencio y cuando habló fue para defender la interpretación neoliberal del derecho a la educación. Esta consiste en ofrecer a todos –pero previo pago de una cuota para el Ceneval– la oportunidad de presentarse a un examen de selección, donde tendrá la posibilidad de mostrar que es una/uno de los mejores. Incluso dio respuestas tan desafortunadas como cuando dijo a los quejosos que el ingreso (a una escuela) está sujeto a la capacidad intelectiva y a los méritos personales de los aspirantes (CNDH 1997, citada en Aboites, Hugo: La medida de una nación: 564). Cuando claramente la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la educación (artículo 3). Sin embargo, como se decía, la propuesta de posibilidad se desechó y ahora dice que el Estado garantizará el derecho de toda persona que cuente con el certificado de bachillerato o equivalente que acredite la terminación de estudios del tipo medio superior, el acceso a un programa de educación superior (artículo 6 LGES, enero 2020).

Pero no hay final feliz. Porque después de decir que el Estado garantizará el acceso a un programa de educación superior se añade: en los niveles de técnico superior universitario, profesional asociado, licenciatura u otras opciones terminales previas a ésta. (artículo 6 enero 2020). ¿De verdad no hay aquí la intención –como en el examen único– de canalizar a las y los jóvenes que buscan licenciatura a carreras técnicas cortas, hoy en crisis por falta de aspirantes y desde las cuales ya no se podrá ingresar a estudios de licenciatura?

La nueva CNDH cuestiona, además, que en la propuesta original (2019) se incluyan elementos (que luego se mantienen en la versión 2020) que no están contemplados en el artículo tercero constitucional (fracción X) y que potencialmente son muy problemáticos. “Adicionalmente, –dice la propuesta– las instituciones de educación superior establecerán los requisitos de permanencia, tránsito y titulación, así como las medidas pertinentes para fomentar la inclusión, continuidad, egreso oportuno y excelencia educativa.” Este es el regreso pleno, llevado a ley general, del paquete neoliberal de educación superior. Las autoridades institucionales no sólo tendrán el respaldo legal para determinar requisitos, sino que, además, se les otorga el respaldo legal para reducir a los estudiantes el tiempo límite de titulación (que en la UNAM 1999 significaba el peligro de dejar sin título a 70 por ciento de los alumnos de los CCH y las prepas), asegurar que no dejen de estudiar ni un semestre (continuidad) y avanzar así a la excelencia y a su egreso oportuno. Es decir, la concepción de transformación neoliberal que hizo crisis en 1999 con una larguísima y tenaz huelga y el encarcelamiento de mil estudiantes. Con esta ley, ya no serán rectores en solitario que hagan los cambios, tendrán el respaldo del Congreso.

También los empresarios: en el artículo 47, I, VII ellos se convierten en legales participantes de instancias y procesos claves para el rumbo de toda la educación superior, e igual en los artículos y fracciones 42; 16, X; 13, XV; 45, V; 46, V, y 54. Como parte del Consejo Nacional de Participación y Vinculación, les corresponde, además, proponer estrategias y criterios para la educación superior (46,V), pero también como parte de las instancias colegiadas de participación y consulta (54) emitir propuestas y recomendaciones a la SEP acerca del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (como el que se creó con el INEE en el nivel básico con Peña Nieto) que tendrá mecanismos, instrumentos e instancias (¿el Ceneval?). En resumen, con esta Ley SEP-rectores-empresarios será difícil que los movimientos estudiantiles no achaquen a la 4T esta regresión neoliberal que los hiere. Y que la rechacen con una tenacidad e intensidad sólo comparable con la que hoy muestra el movimiento de las mujeres.

*UAM Xochimilco

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/02/15/opinion/016a2pol

Imagen: Free-Photos en Pixabay

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