Author: Hugo Aboites

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En educación, una mecha encendida

Hugo Aboites

Por:  Hugo Aboites*

Habrá regreso a clases, pero no a la normalidad. La contención que ha impuesto la pandemia a la palabra y al movimiento, cerrando escuelas y protestas, sirviéndose los del poder con una ampliación de su territorio; acorralando a todos con el temor al contagio y a la agonía de no poder respirar, ha estirado tanto y a tal límite la capacidad de estar quietos y aislados, atemorizados e impotentes, que el regreso se antoja como lleno de un ánimo de revancha que sólo tienen quienes retornan a su espacio y lo encuentran desolado. Regresarán distintos y con encono todos los que perdieron amigos y familia; el joven de 17 años que quedó absolutamente solo, sin padres, sin tíos o primos. Estarán de vuelta los millones que perdieron su trabajo, los otros tantos que expulsó de la escuela la tecnología, las que fueron violentadas, los que en éstos que serán dos años, llegaron a los 18 pero eso de poco sirve.

Con la pandemia también se ha diluido mucho más rápido la enorme esperanza que suscitó en la educación la proclama de la gratuidad, el derecho a la educación, el fin de los exámenes de selección, la posibilidad de recomponer el poder en nuestras casas de estudio, el respeto laboral y constitucional a las y los maestros a nivel básico y superior y, en el fondo de todo esto, la posibilidad tangible de crear educación distinta, ser oídos y ver que las palabras sirven para transformar, cambiar cosas, mejorar un pedazo del mundo que compartimos. El temor fue utilizado para ampliar enormemente el poder y la concepción privada y gerencial de la educación, como describe con perspicacia el maestro Lev Velázquez Barriga en un artículo en La Jornada (25/03/2021). Si en la Roma antigua los maestros eran esclavos –incluso sabios griegos– en el México de hoy las y los educadores son trabajadores con derechos reducidos. Tanto en la superior como en la básica, no se les permite, por ejemplo, vigilar con las autoridades que se cumplan los procedimientos de ingreso de nuevos docentes establecidos por leyes y normas institucionales. Y tampoco pueden las comunidades de maestros-estudiantes en el nivel básico y superior tener un papel protagónico en la conducción de la educación que modere o limite el poder de estructuras obsoletas y autoritarias.

La SEP de Esteban Moctezuma Barragán y la presidencia de la Comisión de Educación crearon un marco legal que no sólo reitera sino profundiza las concepciones educativas privatizadoras y gerenciales de Tv Azteca. En la Ley General de Educación Superior (LGES) establecen el derecho a ese nivel educativo, pero hasta eso refuerza el poder de los funcionarios, pues serán ellos quienes decidan los requisitos –aunque suene paradójico– para tener derecho a un derecho, y constitucional. Establecen la gratuidad, pero la condicionan a la creación de un fondo financiero de “nunca jamás” que sirve para que los cobros continúen. Fomentan la relación universidad-empresa (fuentes alternas de financiamiento) y, además, casi logran poner en manos de las instituciones privadas la estructura nacional de limitada participación en el sistema de educación superior. Se negaron, además, terminantemente a establecer en la ley una “cláusula democrática” que permitiría procesos de participación y cambio de estructuras al interior de las propias instituciones.

La pandemia casi eliminó el contrapeso que ejercen comunidades que están presentes y atentas, pero aceleró procesos regresivos y conservadores. Lo principal, al hablar por la voz y la visión de Tv Azteca, la 4T no quiso romper con la idea de conducción de la educación superior y básica que viene desde Ávila Camacho. Este presidente, militar, general y católico, de mano con la derecha, sí pudo desbaratar a fondo la educación del periodo cardenista. Y por eso desde 1954 y 1968, cuando maestros y estudiantes se alzaron en contra del autoritarismo gubernamental, han venido creciendo en intensidad problemas y conflictos propiciados por obsoletas y verticales estructuras. Ahora, con más de un centenar de sindicatos de educación superior, de la investigación y cultura demandando al Presidente que envíe observaciones al Congreso para corregir los problemas en la ley; con el regreso inevitable de las tomas feministas en facultades; con ocupaciones de estudiantes y maestros precarizados en otras tantas instituciones; con las mismas universidades que seguirán sin recursos; con las caravanas y otras movilizaciones de maestros de Chiapas y Michoacán; con un incierto regreso a clases, por una conducción sin proyecto de cambio en la SEP y en un clima de exasperación por la pandemia, esta segunda mitad del sexenio amenaza con hacer visible, en conflictos y deterioro, el verdadero y problemático significado de la visión educativa de Tv Azteca, que en estos dos años se impuso a la educación de los mexicanos.

A la memoria del compañero Juan Melchor Román, imprescindible.

* UAM-Xochimilco

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/27/politica/en-educacion-una-mecha-encendida/

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El Presidente, el rector, el millonario editor y el poeta

Hugo Aboites
1.Presidente de la República: reciba por este medio la atenta solicitud de que, haciendo uso de sus facultades, antes de promulgar la recién aprobada Ley General de Educación Superior, la devuelva al Congreso con una observación de cambio. En concreto, que del primer párrafo del artículo 4 suprima el último renglón, donde, después de señalar que para ingresar a la educación superior basta el certificado de bachillerato, dice: …y que cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior. Esta frase-obstáculo no aparece en ninguno de los otros niveles de educación donde también existe el derecho a la educación y da, por tanto, un trato de excepción a quienes aspiran al superior. Y no existe ahí una situación especial que lo justifique. Confiere, además, a los directivos de instituciones públicas y privadas (quienes definen los requisitos) un poder legalizado sobre el ingreso a este nivel. Y, además, contribuye al reforzamiento de las tendencias centralizadoras y autoritarias.

2. En la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco (UAM-X) el rector ha dado pasos que, independientemente de las intenciones, contribuyen a darle a la administración un cuestionable papel central en procesos académicos. Quehaceres como la adecuación y modificación de planes y programas de estudio normativamente están en manos de consejos divisionales integrados por estudiantes, profesores y autoridades, sin embargo, para contribuir al fortalecimiento de la calidad, el rector ha construido un dispositivo paralelo que, además, ofrece a académicos hasta 100 mil pesos de apoyo para iniciativas como modificar planes de estudio, y con eso abre una ruta no prevista en la normatividad, que hace que el proceso se rija por unas bases y convocatoria (ambas, definidas por el rector), que pase primero por la Coordinación de Docencia (puesto creado y nombrado por el rector), la Comisión Académica Evaluadora de Propuestas (creada y nombrada en último término por el rector), a lo que se agrega al hecho de que en el caso del llamado Tronco Interdivisional es también el rector quien escoge a la comisión que elabora el detalle de la propuesta. Y, por cierto, de ese particular micro-ambiente ha surgido la idea de retomar para el nuevo programa la visión del Banco Mundial-Unesco sobre el qué y para qué de la educación.

3. La mercantilización concentra el poder en quien dispone del dinero público o privado, altera los objetivos humanistas y corroe en su esencia lo que es un proceso educativo: libertad colectiva para pensar, explorar, discutir y transformar el mundo, junto con la escuela. En el siglo XXI, y en la editorial con ese nombre, es innegable la influencia que tiene el dinero en su orientación futura. Los nuevos dueños que invirtieron millones de dólares, buscarán recuperar la inversión y ganancias adicionales. Veremos entonces libros de autoayuda, recetarios, manuales, dietas, ejercicios de yoga, modernas novelas del corazón y guías para el éxito en la vida. Y eso nutrirá a las y los jóvenes y, de paso, también, a nuestros diputados y alcaldes. Sobrevivirá tal vez una porción simbólica de lo que ha sido la contribución de Siglo XXI a la cultura y el pensamiento profundo en México: la ilustración, que es el alma de un país. Por eso es necesario nacionalizar para rescatar ese patrimonio nacional y darle impulso, como ocurre con el Fondo de Cultura Económica.

4. Se trata de oponerse a la mercantilización y autoritarismo en la Universidad, la educación y la cultura, y para eso, reorientarlas en la ruta del poeta. Como Enrique González Rojo Arthur, que, ahora su voz más clara nos recuerda el valor de esfuerzos y recompensas más profundas y solidarias. Como el acervo de sus libros de preciadas editoriales, y los de su padre y su abuelo, que ofreció en un repleto auditorio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y donde pareció definir la educación como el afán de los nietos por rescatar juntos el tesoro del pasado y con él construir otro presente:

El abuelo se tiró al pozo y había que sacarlo. Los nietos, presurosos, le arrojamos una cuerda, y le gritamos que se agarrara fuertemente a ella para empezar a subirlo. Pero después de un gran esfuerzo sólo salió a la superficie el saco del abuelo. Tornamos a gritar y a arrojar otra vez la cuerda y sacamos los zapatos, los tirantes y la corbata del viejo. Su voz permanecía abajo, reticente. Después obtuvimos la camisa, los calcetines, la ropa interior y una fotografía de la abuela. Todavía se escuchaba su voz, pero como alejándose de nosotros en dirección al silencio. Arrojamos por última vez la cuerda y lo único que logramos sacar fue la sonrisa del abuelo. ( El Pozo: Antología Virtual de Minificción Mexicana). Gracias Enrique por tu voz desde el silencio, gracias Alicia y Graciela. Y, Presidente, deje que las y los jóvenes accedan a este mundo.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/03/13/opinion/013a2pol

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El retorno de la CNTE

Hugo Aboites

Por: Hugo Aboites*

No son las decenas de miles de maestros y maestras que hasta hace poco llenaban las calles y Zócalo de la capital, pero la presencia de la Caravana de la Coordinadora desde Michoacán y Jalisco trae el mensaje claro de que en México tampoco en este sexenio se ha resuelto la problemática de la relación del Estado, gobiernos y legislaturas con la educación pública. Es decir, la relación con los estudiantes y sus escuelas y comunidades y con los maestros y académicos del país. Es una relación, además, cada vez más resistente a los vientos de participación y conocimiento, democracia y bienestar, y que especialmente en las pasadas dos décadas ha hecho crisis: UNAM (1999-2000 y 2019-2020); IPN (2014); UAM (2008, 2019); nivel básico debido a la modernización neoliberal y su intocado andamiaje (2006, 2010, 2012-2018, 2020 en adelante), en las normales (Ayotzinapa, Mactumaczá, Tiripetio, El Meche y otras) y una docena de universidades presupuestalmente postradas durante años.

En ausencia de una visión y acciones para establecer una nueva relación, las erupciones surgen violentas, se reprimen o remiten y quedan a la espera de condiciones apropiadas para repetirse una y otra vez. Como ahora que comenzaremos a salir a un panorama crispado: la frustración que ha generado el desempeño de la SEP de Moctezuma Barragán; la desesperación y tensión del confinamiento; la angustia y depresión por los contagios y las muertes cada vez más cercanas; la ausencia enorme de una conducción democrática y de Estado; la centralización autoritaria contra los intentos de organización de maestros y estudiantes y, para colmo, el balde de agua fría de la promesa de la nueva secretaria de educación: ni siquiera para que nada cambie habrá algunos cambios.

El problema de la relación Estado-educa-ción y sus actores, es que por razones históricas y de Estado se creó y se mantiene no un sistema educativo, sino uno preponderantemente de control (corporativo, presupuestal, político, social, ideológico), que una y otra vez reprime y se alza sobre las necesidades propias de un verdadero proceso educativo. O, si responde a ellas, es sólo para burocratizarlas y generar autoritarismo y verticalidad (véase el manejo de la pandemia o la Ley General de Educación Superior). Un sustrato inestable y tenso, inadecuado para sostener e impulsar una educación creativa, libre, autónoma, funcional, capaz de apasionar a niños y jóvenes, a sus maestros y comunidades. La educación básica y universitaria funciona entonces a partir de la coacción burocrática, no del entusiasmo y organización de comunidades.

Hay dos aspectos claves en ese sistema de control: la negativa a la participación democrática de los profesores y estudiantes y comunidades en escuelas e instituciones de todos los niveles y, como consecuencia, el trato de segunda a quienes han hecho de la educación su profesión y compromiso de vida. En otras palabras, no a la participación democrática –desde el aula hasta el sistema en general, pasando por el programa, escuela o institución, zona, entidad, región, nación. Participación que es clave para una revitalización creativa de la educación y que tiene como componente indispensable el trato digno a sus trabajadores, en lo económico y en lo profesional, a fin de tener condiciones y tiempo para reflexionar y construir conocimiento junto con los estudiantes. Parafraseando a la CNTE, democracia y más salario.

En lugar de eso, en México se ha creado una castrante relación con docentes e investigadores de todos los niveles. Se les subordina y excluye de la conducción de la educación y hasta de la participación en la determinación de sus condiciones de vida y trabajo. Así, para el nivel básico, constitucionalmente (artículo 3, párrafos seis y siete) corresponde al Estado fijar las condiciones de trabajo de los docentes tomando como referencia no lo que se establece en la norma laboral máxima del país para todos los trabajadores (artículo 123) sino disposiciones especiales como la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, que, como en tiempos de Peña Nieto, excluye la bilateralidad efectiva y niega plazas estables a egresados de normales. Y en las universidades, situación semejante. En el tercero constitucional (fracción VII) se dice que el ingreso, promoción y permanencia de los académicos lo definirán las universidades (es decir, unilateralmente las autoridades). Y de ahí la precariedad académica, plazas congeladas o ya apalabradas, cargas académicas y su recompensa económica fuera del ámbito bilateral. Por eso, la queja que traen maestros de Michoacán y Jalisco es perfectamente válida: no hay cambio, ni, menos, transformación. Y, con sólo venir y decirlo, abren la puerta a pensar en la profundidad y dirección del cambio que necesitamos. Por eso, ¡Bienvenida la Caravana!

*UAM-Xochimilco

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/02/13/opinion/017a1pol

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Cambio en la SEP, una decisión de fondo

Hugo Aboites

Si quien ocupe la Secretaría de Educación Pública no puede o no ve la necesidad de aprovechar el momento para dar un golpe de timón –como ocurrió con Cárdenas en la década de los 30– la reforma educativa de la 4T se quedará en lo que han marcado estos dos años: la aplicación de un proyecto educativo de neoliberalismo fino, de alianzas con cúpulas empresariales e institucionales y algunas concesiones elementales para el resto.

Se habrán podado las expresiones más brutales de la reforma de Peña Nieto, pero con piezas como la aún pendiente Ley General de Educación Superior (LGES), se hará a un lado a las comunidades, maestros y estudiantes y se favorecerá aún más a las cúpulas privadas y burocracias autoritarias-institucionales.

Hasta en el caso del derecho a la educación, porque éste se proclama, pero luego se le rodea de restricciones que dificultan y hasta niegan su ejercicio. Esa ley mantiene el requisito de un examen de selección, que con su sólo planteamiento, contradice lo básico de un derecho universal: que sea para todos. Un muestreo reciente reveló hasta dónde han avanzado las restricciones. Hay instituciones que aplican hasta cuatro exámenes (diagnóstico, sicométrico, admisión e inglés), además de un cuestionario socioeconómico.

Más recatadas instituciones públicas hablan de aplicar una batería de exámenes y otras que combinan el resultado del examen con el promedio de bachillerato. mismo que también es un requisito. Violentando la normatividad oficial, es común que se prohíba que solicite admisión quien tenga un promedio de bachillerato de 6.5, 6.9 o incluso de 8.5. Además, en algún caso, el promedio que se exige no es fijo, depende de la Media Global del subsistema de Bachillerato en que se graduó.

En otro caso de plantel público, además de pasar por una entrevista, el aspirante debe comprobar que en el bachillerato tuvo al menos 90 por ciento de asistencias y que jamás presentó un examen extraordinario. Y las becas se entregan sólo a quienes lleguen con 9 de promedio.

Por otro lado, el hecho de que las instituciones puedan discrecionalmente establecer requisitos, abre la puerta a que se establezca un perfil deseable del aspirante en lo ideológico o político. De hecho, en la muestra apareció al menos una institución privada de renombre que verificaba que el aspirante tuviera una concepción de su papel en la sociedad (de inspiración religiosa) coincidente con el institucional.

En otra, aparecían continuas referencias a los valores empresariales y se establecían limitaciones para el uso de las redes sociales. Se piden también cartas de recomendación y no necesariamente circunscritas al desempeño académico del estudiante.

Hay instituciones directamente ligadas a grupos empresariales que, como parte de su proceso de diversificación corporativa, incluyen una universidad de acceso restringido. Este punto se vuelve todavía más importante si se conecta con otro aspecto que salió a la luz en privadas: que en algunas los requisitos no son públicos. Se debe solicitar una cita donde, evidentemente y más allá de los aspectos vocacionales o de trayectoria escolar, el entrevistador puede indagar sobre aspectos como los arriba señalados o temas relacionados con sexualidad y antecedentes político-familiares.

El panorama para el derecho a la educación se complica aún más porque la discrecionalidad en el ingreso incluye los montos a cobrar (las colegiaturas, incluso en las públicas pueden ser de varios miles de pesos mensuales). El costo del proceso de admisión en una institución pública puede llegar a ser hasta 30 por ciento más alto que en una de las más renombradas y costosas instituciones.

Y, además, en privadas y públicas aparece una gran variedad de cobros: credencialización, bono deportivo, expediente médico, aportación al fondo de becas, matrícula. Frente a esta tupida maleza, las y los jóvenes en realidad sólo tendrán derecho a intentar ejercer el derecho a la educación. Y todo esto tiene que ver con la SEP, pues la actual ha impulsado denodadamente que se mantenga la redacción que pide que, además del certificado de bachillerato, quien aspira cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior (artículo 4). Requisitos como los arriba descritos y los que vengan, sin límite o acotamiento alguno. ¿Asumirá la nueva SEP este lineamiento o se deslindará de su antecesor y se pronunciará de palabra y en los hechos en favor de las y los jóvenes quienes durante más de un siglo han visto negado o severamente condicionado su derecho a la educación superior? ¿Se seguirá privilegiando (LGES, artículo 52) la co-conducción con los privados a expensas de la subordi-nación y exclusión de maestros y estudiantes? Y no es un dilema sólo personal de quien ocupe el puesto, es de fondo, el dilema de todo el proyecto educativo. Y el silencio también habla.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/12/19/opinion/021a2pol

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De alumnos a estudiantes: UAM

Hugo Aboites

Por: Hugo Aboites*

A lo largo de 100 años, se ha dado una sorda lucha de palabras y significados en torno a qué nombre dar a los/las jóvenes universitarias. Es común que en las leyes orgánicas y reglamentos generados por la institucionalidad se les nombre (y considere) como alumnos (del verbo alere, alimentar, cuidar, educar a alguien), pero cuando las y los jóvenes se organizan y luchan contra alzas de colegiaturas, evaluaciones, pésimas condiciones y programas de estudio, inseguridad, entonces se llaman a sí mismos estudiantes (de studeo, que significa desear y conocer intensamente). Y, en colectivo, movimiento estudiantil.

Como siempre, las palabras nunca son una mera cuestión de tales y la historia de más de un siglo se ha encargado de dar al término estudiante un sentido muy lejano a la pasividad de dócil educando. En 1918, los estudiantes de la conservadora Universidad de Córdoba, gracias al autoritario cierre del hospital universitario, descubrieron a su institución como aliada al clero y el gobierno, burocrática y autoritaria y, por eso, lejana a la ciencia en el trabajo de profesores y estudiantes. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes… por eso es que la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático (y) cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Y, por eso, “la federación universitaria de Córdoba se alza para luchar y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse un gobierno propio radica principalmente en los estudiantes” (La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica, junio de 1918).

Aunque fueron militarmente reprimidos, la pasión ya estaba sembrada y en México (en la década de los 20), la autonomía se convirtió en demanda y, muy a medias, en realidad: la universidad debía ser no sólo independiente del poder clerical, político y económico, sino sobre todo, gobernada por y desde las necesidades y aspiraciones de los estudiantes.

Por eso en México fueron estudiantes y no alumnos los que lucharon en 1929, 1933, 1968 y, recientemente, en 1999, 2014 y, en la UAM, en 1998 y 2016. Pero las y los estudiantes siguen lejos de estar en el centro del gobierno universitario. Esa vena fresca ya no alimenta a las instituciones y, por eso, hay un deterioro profundo de la inspiración original de una institución estudiosa y solidaria con las necesidades sociales; horizontal, comunitaria y centrada en las y los estudiantes. Prevalecen los bonos a mandos medios y superiores, la aristocracia académica, la ampliación de la burocracia, el apoyo a grandes empresas y la tendencia a decisiones verticales, sin consenso, que afectan directamente la formación de los estudiantes. Así, en la UAM-Xochimilco, la mayoría de profesoras y profesores del trimestre inicial, llamado Tronco Interdivisional, abiertamente nos oponemos a que se imponga el programa que impulsa una comisión del rector y que afectará directamente la formación profesional de los estudiantes. En lugar de actualizar y mejorar el vigente, donde estudiantes y profesores –con base en textos críticos– analizan el contexto nacional y mundial para que la formación profesional se haga de cara a las necesidades y problemas del país, se le desecha y al amparo de la pandemia, se busca imponer la agenda de sustentabilidad (2030) del Banco Mundial-Unesco. Al contrario de nuestro programa que enfatiza la pluralidad de visiones, el del Banco Mundial reduce la problemática social y de las profesiones a la sustentabilidad y aún eso con una visión interesadamente corta, que oculta/niega la responsabilidad de corporaciones y gobiernos en el desastre ecológico mundial. Y así, el trabajo de formación estudiantes-profesores, que siempre ha luchado por ser de avanzada, con la propuesta del BM reduce su visión al nivel de una escuela patito y se impide así una formación de profesionales e investigadores fuertes y socialmente comprometidos. Por momentos, hasta retrocesos, como el texto de metodología del trabajo académico-científico (de escuela privada) está dedicado –a Dios, el supremo investigador”, pues –adiós evolución– ha concedido a la humanidad la capacidad de investigar. El BM impulsa la idea de una sociedad donde hay individuos, grupos de calidad, ONG, pero no existen procesos de colonización, patriarcado, intereses de clase, poderes hegemónicos ni un desarrollo económico que sistemáticamente destruye la naturaleza. Y porque en la visión institucional son sólo alumnos, ni siquiera se piensa en un foro amplio de consulta y discusión para los que serán más afectados, los estudiantes. Ha pasado un siglo y cada vez son menos primordiales en el gobierno universitario.

UAM-Xochimilco

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/11/07/opinion/017a2pol

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LGES: uniformar y controlar

Hugo Aboites

Por: Hugo Aboites*

La iniciativa de Ley General de Educación Superior (LGES) carece de la visión histórica que le permita valorar las profundas diferencias en la educación y su origen. De la Revolución mexicana surgió un normalismo inédito, comprometido y popular; del 68, la autonomía universitaria, un espacio independiente y crítico de formación de alto nivel. Instituciones distintas pero por eso indispensables, y que, desde la educación básica a la superior, construyeron al país del siglo XX. Esas importantes singularidades están hoy a punto de perderse porque la LGES crea un Sistema Nacional de Educación Superior único que, al incluir a la normal como una más de las instituciones productoras de profesionistas, le quita su carácter e identidad de escuela de Estado, espacio de formación de un magisterio de mentalidad comprometida con niños y comunidades y con una idea progresista, profundamente distinta a la que impulsan otras instituciones. Es un sistema que, además, busca que las universidades autónomas lleguen a consensos con las tecnológicas y privadas sobre planes y programas de estudio. Ni las universidades del Bienestar estarán libres de esta presión. Sobre todo cuando este sistema será profundamente autoritario. La ley dice, por ejemplo, que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa federal (SEP) “coordinar el Sistema Nacional de Educación Superior (Art. 47). Para “modificar y actualizar los planes y programas…de las escuelas normales” (47, VI). Por otro lado, a escala estatal corresponderá a los gobernadores también “de manera exclusiva…coordinar el Sistema Local de Educación Superior” (Art. 48, I) y determinar el desarrollo de la educación superior de la entidad de manera concertada y participativa entre la autoridad educativa local y las instituciones de educación superior (Art. 54, I). Y es un desarrollo concebido como lineal donde no existen vocaciones institucionales distintas, sólo un diferente nivel de desarrollo de las instituciones (Art. 56) y un solo patrón de evaluación, la excelencia (Arts. 58, 59). En el caso de la Ciudad de México, serán coordinadas por el gobierno local, la UNAM, UAM, IPN, tecnológicos, las normales, las universidades del Bienestar, y, por supuesto, las privadas. Y, como en cada estado, entre todos podrán consensarse contenidos “para que… sean incluidos en los planes y programas de las escuelas normales.” (Art. 48, VI). Con la acotación de que en todo esto valdrá igual el voto de la Universidad Platón, digamos, que el de la UNAM. Y esa es sólo una de las 50 atribuciones que tiene la estructura federal-estatal (Ver Arts. 47-49). Pero, además, un Consejo Nacional para la Coordinación de la E.S. incorporará funciones adicionales (Art. 53), y tendrá una composición nada democrática: de un total de 118 miembros casi todos (100) serán autoridades (de SEP-Conacyt, estatales, rectores importantes, Anuies, rectores y rectoras de públicas y privadas). El resto, 18, serán académicos y estudiantes, pero, no ilusionarse demasiado, estas personas serán propuestas por una instancia oficial y elegidas por el [propio]Consejo, que podrá funcionar sin ellas. En suma, el consejo viene a institucionalizar el poder que ya ejercían ciertos rectores clave, muchos de los gobernadores en la relación con las universidades locales, el sector privado educativo (incluyendo Coparmex) y la cúpula de la Anuies.

La nueva organización del poder que establece la LGES, va aún más lejos. El sector privado tendrá acceso a los centros de decisión. Así, respecto del Consejo Nacional de Participación, se habla de los titulares de las instituciones públicas y privadas (Art.52). Y tendrán un peso muy importante porque gracias al número de instituciones privadas (3.2 mil vs. 2.2 mil públicas) inevitablemente serán parte importante de los 54 representantes de subsistema y región que forman dicho consejo (Art. 52). Podrán también ser parte de la representación de la Anuies –entre los gobernadores tendrán algunos de su lado– y finalmente las privadas podrán acceder al Reconocimiento a la Excelencia Educativa (Art. 72), algo que dará prestigio y clientes.

La inclusión de este nuevo actor privado y privatizador, a la conducción nacional de la educación superior contrasta violentamente con la exclusión que se hace a una verdaderamente libre y significativa representación de estudiantes y trabajadores académicos y administrativo y sus problemas. Con todo lo anterior, es posible pensar que será aún más conflictivo el contexto que en los pasados 20 años ha atestiguado potentes movilizaciones contra la modernización educativa impuesta y privatizadora: en la UNAM, IPN, UAM, y en el sector normalista-magisterial, contra la reforma educativa y Ayotzinapa. Y la LGES ni siquiera garantiza el derecho humano a la educación, pues cede a rectores públicos y privados, el poder para imponer requisitos. ¿La 4ª transformación?

*UAM-Xochimilco

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/10/10/opinion/012a2pol

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En la mira las y los adolescentes

Hugo Aboites

La combinación de una burocracia educativa y universitaria insensible a la situación también de los adolescentes ha hecho que un movimiento de jóvenes haya acudido (01/07/20) a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para, con base en un detallado análisis, pedirle que recomiende la cancelación de los exámenes estandarizados de opción múltiple para el acceso al bachillerato y universidad. Ya vimos cómo esa insensibilidad en las pasadas semanas provocó que hasta cinco millones de niñas y niños y miles de jóvenes universitarios abandonaran la educación por los requisitos para muchos inalcanzables de los programas emergentes. Y todavía no acaba de terminar esa situación cuando ya tenemos enfrente el arranque de este otro poderoso mecanismo de segregación masiva, el de los exámenes de selección o asignación, que ni de lejos está pensado en poner a los niños y jóvenes en el centro como pomposa y contradictoriamente se proclama. A pesar de lo que afirma la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de que, gracias a sus votaciones ahora todo mundo tiene derecho a la educación, resulta que están teniendo más derecho a ser respetados los requisitos excluyentes que se utilizaban cuando no existía ni formalmente, ni menos en los hechos, el derecho a la educación en los niveles superiores.

Los únicos problemas que hoy ven los funcionarios y rectores son logísticos y administrativos, no de derechos humanos. La Autónoma de Estado de México, entre otras, obligará a tener una computadora con cámara y micrófono a quienes deseen responder al examen, y conexión óptima, con lo que la exclusión por la vía de requisitos se dará no sólo en el proceso educativo, sino ahora desde el ingreso al mismo. Un software obligado convertirá a cada computadora, además, en un dispositivo de vigilancia para que el estudiante no copie mientras contesta en casa. Otras instituciones aplicarán el examen durante varios días, lo que genera falta de certeza en los resultados, pues tendrán que ser exámenes distintos. Es decir, la preocupación está en cómo procesar a casi un millón de objetos-aspirantes en el país (la mitad sólo en la ZMCM) y no en qué alternativas pueden disminuir el estrés de millones de familias que ahora se continúa con el examen. En Estados Unidos 53 universidades de excelencia, Harvard incluida, decidieron que, para aliviar la tensión del Covid-19, no aplicarán el examen estandarizado (similar al que utilizamos en México) con lo que ya son cientos de instituciones que anteriormente han tomado la misma decisión. Se trata de exámenes deslegitimados por su reconocida tendencia a excluir a las mujeres y los jóvenes de familias populares (y esto se demuestra claramente en la demanda del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior). Y que, por eso no eran/son utilizados como el único criterio para decidir la admisión. Únicamente en México se comete la barbaridad –por mera comodidad institucional– de fincar tan importante decisión sólo en ese resultado (a excepción de la UAM que lo combina con el promedio).

En el fondo, la queja ante la CNDH es contra los directivos, porque no han sido los órganos académicos o colegiados, ni estudiantes ni profesores, los que decidieron el procedimiento, tipo de examen y los criterios académicos de admisión, sino los directivos institucionales. Y son criterios tales que hacen posible que un año las y los aspirantes deben lograr 95 aciertos para ingresar y otro año sólo 40 aciertos. Se reconoce la igualdad en el derecho independientemente del resultado del examen. Pero, a pesar de ello, se enfatiza el discurso de que el acceso a la educación superior es un privilegio y no un derecho. Y se propicia así una mentalidad de superioridad y hasta confrontación respecto de los no admitidos (se les descalifica como flojos).

Así, la queja ante la CNDH por parte del MAES –que desde 2006 demanda la abolición de estos exámenes y la ampliación de las matrículas– va a ser una prueba de hasta qué punto el Estado mexicano está dispuesto a reconocer también en las universidades el derecho, ahora constitucional, que impulsó un gobierno que se ha pronunciado contra estos tests. Por eso, el MAES solicita la supresión del uso de estos exámenes, la ampliación de lugares en los niveles superiores y, además, la creación de mecanismos de paso del bachillerato a la superior que –como ya existe en la UNAM– faciliten el acceso igualitario a ese derecho. Si los lugares son limitados, aun así pueden asignarse con criterios de igualdad real para todos, incluyendo mujeres y pobres. Es otra época, otra constitución, las universidades e instituciones no pueden seguir en un pasado sin derecho igual para todos, so pena de quedar aisladas.

Algunos aprendimos, y ahora toca a Sandoval y Ackerman, que la calumnia no nace del afán de justicia, sino de la pura intención de inutilizar moral y políticamente al otro.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/07/04/opinion/020a1pol

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