Author: Hugo Aboites

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Evaluación y el diálogo perfectamente posible

Hugo Aboites

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 Según las autoridades, este fin de semana y el pasado se habrá evaluado a una pequeña fracción de las maestras y maestros del país. ¡Pero a qué costo! Lo que en otro tiempo y circunstancias habría sido un tranquilo ejercicio escolar, se ha convertido hoy en un drama preñado de amenazas; de juntas entre funcionarios de la educación y generales de fuerzas federales discutiendo cómo y cuándo llevar a cabo el examen; de transportes aéreos llevando a miles de integrantes de fuerzas federales; de acarreo de otros maestros en helicópteros a fin de evadir la resistencia; de ex militares pertrechados como antimotines creando perímetros de alta seguridad en torno a los lugares de la evaluación, y dando con esto a la evaluación de los maestros una definitiva esencia agresiva, coercitiva e implacable. Se refuerza, precisamente, la imagen persecutoria y punitiva de la evaluación que las mismas autoridades hace unas semanas declaraban radicalmente falsa.

Pero, por otro lado, a la presencia de la fuerza de Estado se opone la resistencia magisterial con manifestaciones en 17 estados y 26 ciudades. Protestas de una intensidad si no mayor, al menos igual a la de 2013. Es decir, mostró su consolidación como oposición permanente, creciente y nacional. A tal punto que ahora la SEP de manera oblicua pero abierta reconoce la fuerza de la oposición: basta que un maestro la invoque como una especie de mantra (la CNTE me obligó a hacerlo) para que justifique su ausencia en el examen. Pero sobre todo se reconoce la fuerza de la protesta cuando en esas reuniones conjuntas se decide que lo mejor es que los maestros presenten el examen de manera fragmentada. Sólo una fracción muy pequeña de más de millón y medio de maestros irán estos días a la prueba, y aun éstos con calendarios diferentes: unos un fin de semana, y, los más peligrosos, en otro. Es una forma de reconocer que el Estado no tendría suficientes fuerzas federales (a menos de que emplee también al Ejército y la Marina, además de los estatales) para vigilar y proteger contra las protestas a cientos de lugares de aplicación.

Las protestas han logrado también mostrar la verdadera cara de la evaluación. Lo que se proponía como una evaluación integral (evidencias, planeación, dictamen del director, prueba de conocimientos) y amigable al contexto cultural local, ahora se ve reducida (basta con que se presenten al examen) a lo que siempre fue su vocación: un examen único de opción múltiple, indiferente y hasta agresivo con las culturas no hegemónicas. Con esto, además, se muestra que el cumplimiento de la evaluación está sujeto a interpretaciones cambiantes de la autoridad.

Si, por su cuenta, la autoridad puede modificar los términos de la evaluación, evidentemente también puede hacerlo en un espacio real de diálogo con los maestros. Mientras eso no ocurra, en el imaginario colectivo (la dichosa percepción) se seguirá alimentando la imagen de que, en la educación, las cosas simplemente no se resuelven y, además, empeoran cada día. Y eso abre la puerta a que entonces sean iniciativas ciudadanas y académicas las que comiencen a criticar y buscar salidas al conflicto. Una señal muy clara de este nuevo proceso es la decisión primero de unos cuantos y, luego, de cientos de investigadores y ahora de miles de estudiosos e interesados en la educación, de agruparse en torno a un texto de Manuel Gil Antón que nace desde el muy importante Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie). En ese texto (que ya firman 5 mil) se dice que la reforma emprendida por la actual administración carece de un proyecto educativo que la guíe y dé sustento, se declaran en favor de “una reforma educativa necesaria y respetuosa del magisterio… que garantice el derecho a una formación intelectual sólida y fortalezca la generación de una ciudadanía crítica y solidaria”. Y para esto, agregan, es indispensable dialogar con los propios maestros, a quienes se les desautorizó socialmente y se les condujo a una situación límite: someterse o perder el empleo. Y ante prácticas de evaluación imperfectas y poco confiables es indispensable otro tipo de evaluación (ver https://www.change.org/p/sep-mexico-por-una-reforma-educativa-necesaria-y-respetuosa-del-magisterio?recruiter=83664753&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive).

Esta voz de miles de muy legitimados académicos constituye un fuerte llamado de atención contra la belicosidad oficial. Dicen: ni la violencia, ni la administración selectiva de la justicia con fines políticos son formas adecuadas para resolver la gran polarización que ha provocado la reforma gubernamental. Es, estrictamente hablando, la voz de la razón y la mesura que afortunadamente se hace presente. Y que refuerza la posibilidad del diálogo y acuerdo, dentro incluso –como ya aquí se ha insistido– del marco legal de la propia Ley General del Servicio Profesional Docente. Porque allí mismo se plantea otra evaluación muy diferente, con los maestros, no punitiva y orientada directamente a mejorar las escuelas y al compromiso de los maestros con esa tarea (artículos 15, 16 y 20). Ese puede ser un excelente y esperanzador punto de partida.

Fuente del articulo: http://revistasinrecreo.com/revista/?p=9

Fuente de la imagen: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Capacitaciones_docentes.png

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15 de mayo

Hugo Aboites

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El clima oficial anteriormente existente en la celebración del 15 de mayo proclamaba a los maestros como apóstoles de la enseñanza; pero hoy se les ha convertido en sujetos de desconfianza y hasta de persecución institucional, mediante una evaluación cuyo desenlace puede ser la separación de la docencia o el despido. Eran antes considerados como una presencia tangible en miles de comunidades del compromiso de Estado con la educación para mejorar la suerte de las hijas e hijos de asalariados, jornaleros, empleados, obreros, desempleados, trabajadoras domésticas, pero ahora se les demanda que conviertan a los niños –en palabras de la conducción empresarial que hoy priva en la educación– en capital humano. De ser orgullosos estudiantes de una profesión de Estado, reconocida socialmente, los normalistas pueden ahora ser muertos por policías en una autopista a pleno sol de mediodía y 43 de ellos pueden ser desaparecidos violentamente sin que la SEP emita aún lo que debería ser una enérgica protesta y una reiterada exigencia de verdad y justicia. Hoy el Estado se encarga de convertir a maestros en criminales por la vía de acusar y encarcelar por razones claramente políticas, convertidos en rehenes para amedrentar y contener las protestas de los restantes.

También los maestros universitarios llegan a este 15 de mayo en circunstancias mucho más agresivas y difíciles que las de hace apenas unos años. Se enfrentan a una fuerte tendencia al recorte de los presupuestos universitarios, incluso a retener lo que les pertenece, y las consecuencias las pagan los estudiantes y los trabajadores universitarios, especialmente los académicos. Desaparecen los sistemas institucionales de pensiones, se generalizan las formas de trabajo precario (profesores de asignatura, interinos, temporales), se popularizan los enajenantes sistemas de estímulos, se mediatiza o se vuelve inocua cualquier forma de democracia, se fortalecen las burocracias y apenas hay ya recursos para la investigación y difusión, y para nuevas plazas académicas. Al mismo tiempo, se establecen cada vez más estrictos sistemas de control y supervisión de las instituciones y de los maestros e investigadores. De ser entusiastas constructores de instituciones, de innovadores programas de docencia e investigación (en la UPN, la UAM, UAP, UAS, Veracruzana, Unison y muchas otras) las y los profesores universitarios, como gremio nacional, está ahora desleído, disperso, callado. Sus antiguas iniciativas creativas son sustituidas hoy por programas verticales, burocráticos y enajenantes. Triunfó en medida importante la modernización tecnoburocrática, pero las consecuencias ahora están a la vista.

La posible salida de este marasmo ya no está en las nuevas formulaciones de las viejas tesis de los 90 sobre la universidad del siglo XXI, sino en los nuevos modelos que se construyen a partir de las exigencias y demandas de quienes se rebelan contra décadas de desmantelamiento de la educación pública mexicana. En estos años de anquilosamiento para muchas instituciones y maestros, las grandes propuestas están surgiendo de los movimientos de protesta y exigencia de una nueva educación y una nueva sociedad. Cada movimiento social encierra profundas lecciones para la educación, porque surgen del más elemental motivo, la falta de alternativas y de la necesidad, por tanto, de repensar al mundo de tal manera que se abran nuevas alternativas. La CNTE ha demostrado –a un muy alto costo– por qué en 2013 era indispensable para una buena educación el sostener un diálogo con los educadores. Para impedir que la reforma se hundiera en un conflicto que cada vez más no tiene salida. Las juntas del buen gobierno de las comunidades zapatistas demostraron que con la autonomía, a pesar de los recursos escasos, mucho puede lograrse en la educación. Las escuelas altamiranistas de Guerrero, las integrales de Michoacán, el Proyecto de Transformación de la Educación de Oaxaca, las de Chiapas están mostrando que aún en las peores condiciones de hostigamiento oficial, político y presupuestal los maestros pueden generar visiones, propuestas y ejercicios concretos de una nueva educación. Los movimientos universitarios (hoy emblemáticamente encabezados por el Politécnico) refrendan a su vez la importancia de la autonomía, de la lejanía de la injerencia gubernamental, y la necesidad de cambio de estructuras y relaciones.

Toda esta creatividad que se cuela entre las grietas de una estructura de modernización prematuramente envejecida, es una energía enorme de transformación que se desperdicia. Una SEP e instituciones universitarias abiertas, con estructuras capaces de reconocer y recoger esas nuevas tendencias de cambio, traducirlas a propuestas concretas de carreras, investigaciones, difusión de la cultura pero sobre todo a estructuras de una modernidad distinta. Es decir, nuevas formas de participación y comunicación; nuevas maneras de aprender y enseñar, horizontales, pertinentes, liberadoras; estructuras distintas y horizontales de gobierno; el surgimiento de nuevos roles hombre-mujer, estudiante-maestro, gobernante-gobernado, estudiante-estudiante, y también una relación distinta entre sistema educativo o institución y el trabajador de la educación. Esto, que es lo moderno desde abajo, si se le deja entrar a un sistema o una institución es capaz de provocar una revolución pacífica y profunda. Generar una educación creativa, mucho más noble y rica. Aún en medio de la protesta que hoy arranca, y que anuncia la convergencia de estudiantes y maestros y, precisamente por ella, este 15 de mayo puede ser radicalmente diferente para quienes ven todo lo que está mal y debe cambiarse.

*Rector de la UACM

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/05/14/opinion/016a2pol

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El experimento

Hugo Aboites

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Qué ocurre cuando en una institución de educación superior el máximo órgano de conducción y gran parte de la estructura institucional queda en manos de estudiantes y profesores? El caos, dirán quienes defienden la importancia de una junta directiva o de gobierno que elija rector y todos los directores académicos; un Consejo Universitario integrado en parte importante por funcionarios; una rectoría fuerte; una determinación vertical de los criterios de ingreso de estudiantes y de las colegiaturas. Sin embargo, paradójicamente, esta manera de estructurar el ejercicio del poder ha propiciado fuertes conflictos (caos): en 1986-87, 1996 y 1999-2000 en la UNAM; en 1998 y 2002 en la UAM; en 2012-2013 en la UACM; en 2014 en el IPN (y, muestra de que ese esquema produce caos también en otros ámbitos), desde 2013 el incesante conflicto en torno a la reforma educativa. En todos estos conflictos una estructura vertical genera decisiones unilaterales en temas claves (aumento de cuotas, evaluación-ingreso, evaluación-despido, expedición de reglamentos, nombramiento de funcionarios). Es decir, en la educación, el esquema en que se ejercita el poder es fundamental para entender la conflictividad y para plantear la necesidad de buscar una alternativa.

Un ejemplo de alternativa es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Ahí no existe junta directiva o de gobierno; al rector y algunos otros funcionarios los nombra un consejo, integrado básicamente por decenas de estudiantes y profesores, más el rector, sin veto, y tres representantes del sector administrativo y, por ley, es el máximo órgano de gobierno. Las comisiones de consejo ejercen una supervisión constante sobre la administración y preparan iniciativas de reglamentos, normas o acuerdos sobre prácticamente cualquier aspecto de la vida universitaria. La organización académica descansa en tres grandes colegios o áreas de conocimiento, cuyos coordinadores e integrantes de los consejos respectivos deben ser electos por profesores y, en su caso, estudiantes. Cada plantel tiene su propio coordinador, electo también por la comunidad correspondiente e, igual, el consejo de plantel. Todo esto significa que la autonomía entendida como autogestión se expresa en prácticamente todos los ámbitos y cada esfera se relaciona con otras en formas de coordinación. La administración central no establece una relación vertical con las demás, salvo las dependencias del ámbito central. Todo esto da lugar a una tupida red de relaciones y conexiones, como las neuronales, que se activan de distinta manera según el tema. Y esto obliga a establecer constantes relaciones de coordinación y, se puede agregar, obliga a hacerlo con cautela, pues un tema puede hacer concurrir distintas áreas normativas, disciplinares o de competencias. La tendencia entonces es a una horizontalidad que alcanza también el aula y las relaciones con los estudiantes y sus organizaciones. Las tendencias centrífugas que genera este modelo se acotan con la ley interna de la UACM, los estatutos, normas, acuerdos que aprueba el CU para toda la institución y, por supuesto, con el paquete de leyes y normas nacionales y locales que aplican

Efectivamente, frente a una institución neuronal, la perspectiva vertical vería sólo un pantano sin reglas, y extrañaría el terso fluir de instrucciones desde la cúspide hasta la base de la pirámide. Por otra parte, es un tejido institucional que puede dar lugar a redundancias, y a gasto de energía para construir acuerdos, pero por ser una red que tiende a lo horizontal y difuso tiene escasos focos de conflicto. De hecho, en uno de ellos (el laboral) ni siquiera se ha dado alguna vez una huelga. La única confrontación intensa y larga que sufrió la institución (2012-2013) surgió precisamente a partir del intento de crear una rectoría fuerte, con relección y manipulación de la elección del consejo.

Este esquema ofrece ventajas adicionales. La primera es que se trata de una estructura que impone menores trabas a la creatividad y que genera, por tanto, un dinamismo que emerge desde abajo, y que le da mayor solidez a las decisiones (aunque se requiere mayor representatividad de los órganos colegiados). La segunda es un más acendrado sentido de comunidad, porque el otro aparece continuamente como una presencia con la que se debe interactuar, confrontando así el aislamiento de todavía no pocos estudiantes y profesores. La tercera ventaja es que esta malla de instancias y decisiones constituye, para un buen número, un ejercicio cotidiano de ciudadanía y democracia. Algo sistemáticamente ausente en la trayectoria de un sistema educativo, característicamente vertical.

Finalmente, este modelo genera una enorme vitalidad: una matrícula y número de titulados creciente, programas de licenciatura en cinco planteles y cinco reclusorios, profesores de tiempo completo, proyectos estudiantiles, cientos de investigaciones y actos culturales, reconocimientos, absoluta gratuidad y ausencia de examen de selección. La UACM es hoy una propuesta al mundo de la educación superior y, ante el desolador panorama creado por la autoritaria reforma en la materia, también al sistema vigente. En la educación hay otro mundo posible que desde el autoritarismo es difícil percibir. Felicidades, comunidad UACM, porque al cumplir este mes quince años, es claro que el experimento se ha transformado en una dinámica y sólida institución.

  • Rector de la UACM
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El efecto halo

Hugo Aboites

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En el alterado contexto de la educación en México no debe extrañar la aparentemente inexplicable protesta de los jóvenes estudiantes de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos de nivel medio superior (las vocas) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Como tampoco que el tema de la reforma de la educación continúe trasladándose al campo de las elecciones presidenciales de 2018, y que, encima, comiencen a darse señales de que también las propuestas de modificación a las políticas en la educación superior generarán una importante controversia.

El efecto halo, identificado casualmente hace ya cerca de un siglo por investigadores –por cierto– poco interesados en asuntos políticos, mostró que los fenómenos sociales no se explican sólo por factores que actúan linealmente (causa-efecto), sino también y sobre todo por la manera en que los conjuntos humanos construyen visiones de la realidad que pueden superar e incluso cambiar radicalmente el poder de variables lógicamente inmediatas y directas. Es decir, la Secretaría de Educación Pública (SEP) podrá repetir las veces que quiera que los cambios en el organigrama no implican modificaciones y deterioro para el IPN, pero eso, viniendo de donde viene, incluso puede confirmar que hay una maniobra oscura precisamente en esa dirección.

Después de tres años de impulsar la aprobación a cualquier costo de un nuevo marco legal en abierto deterioro de los maestros, la SEP ha perdido legitimidad como una dependencia confiable y justa. Especialmente entre recién egresados de la secundaria, quienes sienten que su única certidumbre de futuro (un título politécnico), por razones y maniobras burocráticas, puede estar ahora en peligro. Y esto porque se sienten profundamente vulnerables. Algo que les confirman cada día los asaltos que sufren en el transporte o en la calle, la persecución policiaca, la falta de empleo, la enorme dificultad para ingresar y permanecer en la escuela y el clima general de violencia, incertidumbre y represión en el país. Eso explica también la reacción ante los 43, porque en un país de más de 20 mil desaparecidos, nada garantiza que serán exentos.

En un contexto donde ellos y la sociedad miran cómo han muerto algunos maestros, otros ya son presos políticos, miles reprimidos con gas lacrimógeno y golpes, otros más despedidos o amenazados con quedarse sin trabajo, sin que todo esto inmute a la Secretaría de Educación, no es extraño que desconfíen profundamente de su capacidad de perjudicarlos también a ellos.

Por otro lado, el mismo efecto halo parece estar ocurriendo en el terreno electoral. Los 43, Atenco, la respuesta a las protestas de los maestros y hasta las denuncias en foros internacionales de personalidades como Fernando del Paso están dándole un sesgo de profundo cuestionamiento al actual gobierno y a cualquier cosa que parezca un intento de continuación de la misma política. El costo político se eleva cada día más y todo indica que seguirá aumentando en los siguientes meses.

Por lo pronto, sigue avanzando el preocupante (para el régimen) escenario de una posible alianza magisterio-López Obrador. En Durango y Zacatecas ya se confirman acercamientos ( La Jornada, 22/4/16, pág.16) semejantes al establecido en Oaxaca y, además de resultarle una molestia, el gobierno no parece tener claro cómo responder a este desbordamiento que ha generado el aplicar una presión tan intensa en el ámbito educativo. Por algún lado tenía que salir.

En este cada vez más complicado escenario de la educación, la intención de la Comisión de Educación del Senado de revisar la vigente Ley de Coordinación de la Educación Superior cuando es evidente la inquietud universitaria por el financiamiento –apenas en noviembre 2015, la Anuies Centro-Sur (rectores de Morelos, Chapingo, Querétaro, Tlaxcala, Guerrero, Estado de México y Puebla) decía: manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la reducción de fondos federales de apoyo a la educación superior pues se estaba incumpliendo este compromiso (de no hacer recortes) (La Jornada, 2/11/15, pág. 14). Si además se tiene en cuenta el proceso en IPN, y otros casos más de intranquilidad, es claro que, ante una SEP cuyo espacio de negociación y legitimidad se ve cada vez más reducido, el factor nueva ley de educación superior puede abrir las puertas a un nuevo territorio de protesta.

Todo esto en un cronograma cada vez más apretado porque, en realidad, sólo queda un año para tranquilizar al sector educativo antes de que arranquen las campañas presidenciales. Si sigue habiendo evaluaciones, protestas y represión en 2017-18, esto obligará a las y los candidatos a pronunciarse sobre qué piensan hacer en ese terreno, y hoy es perfectamente claro que ya no hay consenso en la idea de perseguir a los maestros. Llevar a cabo campañas y elecciones presidenciales en este álgido escenario de la educación no parece ser una perspectiva deseable para el poder. Y el gobierno actual, encerrado en el callejón sin salida de la línea dura, si continúa en esa dirección sólo contribuirá a introducir el riesgo de repercusiones insospechadas para las elecciones de 2018. El efecto halo era apenas perceptible hace tres años, pero, como lo ha venido haciendo, tenderá a ampliarse cada vez más y a conectarse con otros núcleos de intranquilidad y conflicto.

Fuente del artículo: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/30/opinion/014a2pol

Fuente de la imagen: http://www.budismocancun.org/wp-content/uploads/2012/05/causa-efecto.jpg

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La locura de la evaluación

Hugo Aboites 1 comentario

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En un país donde las percepciones con las que viven y crecen niños, jóvenes y familias son de asesinatos reiterados, creciente pobreza, falta de empleo, debilidad de la economía y desesperanza política, increíblemente las políticas gubernamentales insisten en exacerbar aún más los ánimos y juegan a provocar casi hasta el límite de lo tolerable. Es el caso de la evaluación masiva de maestros y de aspirantes a la educación superior que añade, de manera desproporcionada e innecesaria, una carga enorme de hostilidad y violencia institucional.

En el caso del magisterio, si, como mostrábamos en la entrega anterior, es perfectamente posible e incluso legal desplegar una iniciativa de evaluación distinta, orientada directa y específicamente a mejorar las escuelas, ¿Qué sentido tiene ir construyendo con el discurso y los hechos la evaluación como amenaza de desempleo o reubicación para cerca de un millón (la mitad del total) de los maestros? Estimamos esa cifra porque en las recientes evaluaciones de aspirantes a docentes de educación media y candidatos a promoción (que bien pueden considerarse pruebas piloto) seis o siete de cada 10 han sido descalificados como no idóneos. La insistencia en evaluar para excluir sin duda agregará una carga enorme de conflicto y crispación social, alentada por un discurso agresivo en el que ya ni siquiera queda muy claro cuándo habla Mexicanos Primero o el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Por eso, la preocupación y creciente indignación que recorre al magisterio del país. Igual que la que se provocaría entre el empresariado cuando una campaña de proporciones y profundidad semejantes fuera organizada por el gobierno y clases populares, con base en un cambio constitucional y argumentando el bien nacional, para suprimir o desplazar a otras actividades a un contingente igualmente importante de empresarios.

Del lado de los estudiantes que aspiran a llegar a la educación media o superior las tasas son todavía más altas: hasta ocho o nueve jóvenes de cada 10 –en instituciones de la ciudad de México– no ingresan a la educación superior. Y a escala de país esto significa que más de siete millones quedan sin educación superior. Por otra parte, en el caso de la educación media superior, a partir del inicio de la evaluación masiva del Ceneval en la ciudad de México (1996) y hasta la fecha, más de un millón de jóvenes interesados en estudiar el bachillerato no llegó a inscribirse en un plantel. Estas proporciones tan altas de exclusión se explican en el fondo no por razones académicas, sino de fuerza política. En el conflicto de clases sociales en que se ha convertido el acceso (estudiantes) y permanencia (maestros) en la educación, las tasas de exclusión han estado directamente relacionadas con la fuerza política del sector correspondiente. Si para los estudiantes –carentes de una organización nacional y larga historia de resistencia– tasas aún más altas de exclusión han sido una constante desde hace más de una década, es sólo en 2012-2013 que se intenta imponer tasas similares y esto ha generado una muy importante resistencia.

Pese a estas diferencias, lo que es evidente es que la situación –agudizada por sucesos como el de Ayotzinapa– está colocando a ambos sectores poco a poco en un piso común de resistencia. Los estudiantes observan y analizan la resistencia magisterial, y en momentos y lugares específicos puede ocurrir que estas luchas no sólo coexistan, sino incluso se vinculen de manera directa. Entre esos lugares destaca, sin duda, la ciudad de México, lugar de arribo de múltiples conflictos magisteriales y estudiantiles. El hecho de que incluso los maestros de educación media superior de las preparatorias del Gobierno del Distrito Federal, junto con los del Colegio de Bachilleres, Conalep y otros, estén en la mira de la evaluación punitiva plantea un contexto nuevo y mucho más tenso, pero también uno donde si se da la oportunidad, los diversos actores pueden pensar y generar propuestas nuevas e importantes, tanto en el terreno de las demandas estudiantiles como de los docentes. En esa ruta, el primer gran paso indispensable para unos y otros y para en general distender el clima en la educación es abrir las puertas a un diálogo serio respecto de sus demandas. La decisión que ha dado a conocer el Gobierno del Distrito Federal de intervenir de manera expresa en la temática de los rechazados (aunque habrá que valorar las iniciativas concretas) envía un mensaje de reconocimiento de un problema y con ello contribuye a la discusión sobre el tema.

De todo esto se deriva la importancia de que se lleve a cabo la mesa de discusión entre la Secretaría de Educación Pública e instituciones públicas con los estudiantes rechazados, y entre Gobernación y el movimiento magisterial. Sin diálogo real no habrá conducción política del conflicto, sólo la política de contención y de represión, generada ahora por la locura de la evaluación. Y en un país donde parece que pronto también siete de cada 10 mexicanos estarán en la pobreza, esa es una opción cada vez menos aconsejable.

A Carmen Pineda, fallecida prematuramente, mujer excepcional, leal a la Universidad y a sus amigos.

*Rector de la UACM

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La respuesta

Hugo Aboites

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Es interesante ver que la respuesta a las afirmaciones sobre el riesgo electoral que puede generar la reforma educativa provino del Congreso y no desde la dependencia involucrada, la SEP. La pesada armadura que rodea al núcleo donde se toman las decisiones sobre la medida impide que haya una respuesta que tenga algún matiz de flexibilidad frente a lo que se acepta es un peligro. Por eso, la postura flexible tuvo que venir de otro lado. Al preguntarle al presidente de la Comisión de Educación de la cámara alta, senador Romero Hicks, si en ese contexto de riesgo podría haber marcha atrás a la reforma, su respuesta fue: “En la democracia nunca hay punto final… y sí, estamos abiertos a revisar cualquier legislación cuando haya alternativas.” (La Jornada 22/3/16, pág. 15). No es mucho, pero tampoco es nada. Y, lo más importante, es una grieta en la muralla que desde hace meses se empeña en mantener la SEP al negarse a cualquier negociación. Tampoco es una defección, pero sí es en serio, y los legisladores comienzan a dialogar respecto de propuestas con qué contenido y cómo sería una nueva ley o leyes para la reforma; se abre un horizonte muy distinto al actual.

Y hay antecedentes. Durante las largas jornadas de discusión y protestas en 2013, los legisladores fueron los interlocutores más dispuestos a escuchar la argumentación de los maestros, y algunos –del PRD– hasta se pronunciaron en contra de la reforma, pero también el panista Javier Corral llegó a decir que las leyes podrían cambiarse, y ahora el senador Romero Hicks en la misma entrevista va más lejos y agrega que siempre hemos estado abiertos para recibir propuestas de él (López Obrador) y de la CNTE, si quieren formular una alternativa. Son palabras, finalmente, pero son importantes. Si no por otra cosa, porque significan un cambio del discurso y un distanciamiento de la postura cerrada del Ejecutivo federal. Se puede interpretar que algunos en el PAN ya entendieron que, en vista de las crecientes dificultades y callejones sin salida de la reforma, no les conviene verse uniformados e incondicionales en la rigidez gubernamental priísta, y que en ese tema es mejor presentar una postura flexible y hasta condescendiente. Pero esto representa para el PRI y para la propia reforma otro riesgo: que paulatinamente otros personajes lleguen a la misma conclusión y comiencen a asumir posturas más redituables electora y políticamente hablando.

De hecho, aunque la postura pueda ser sólo discurso y apariencia, con sólo no verse como fanáticos enemigos de los maestros del país, ya eso les es útil a los partidos, pero mucho más a los profesores mismos, sean o no de la CNTE. Porque se crea un ambiente de posturas flexibles respecto de la reforma que indudablemente presiona a los sectores más radicales y duros dentro del gobierno y el empresariado.
En un conflicto, la capacidad de los actores para adaptarse a contextos muy dinámicos y cambiantes es vital. Y esa capacidad, ciertamente, no florece en medio de posturas rígidas o discursos dogmáticos, como los que hasta ahora rodean y sostienen la reforma. Las iniciativas, los movimientos rápidos e inesperados, ya no se generan desde quien posee toda la fuerza, sino desde quienes tienen muy poco poder, poco que perder, y además muy poca armadura que cargar.

La SEP no puede, por ejemplo, hacer mucho respecto de procesos como el que ocurrió este pasado fin de semana en un lugar de la costa inglesa del Canal de la Mancha. Allí se realizó el multitudinario congreso de uno de los sindicatos magisteriales más grandes e importantes de Inglaterra, el Nacional de Maestros (NUT, por sus siglas en inglés). Ante un lleno total de delegados, y a instancia expresa de su dirigencia, se presentó el caso de los docentes mexicanos frente a la reforma educativa. En la alocución, los primeros aplausos surgieron cuando se mencionó que decenas de miles de profesoras y profesores en protesta simplemente decidieron no presentar el examen, y al final –y aun sin estar presentes– las y los maestros mexicanos recibieron la ovación solidaria de más de mil delegados, maestras y maestros ingleses, que de pie rindieron un homenaje por largos minutos a su resistencia. Luego, el pleno, sin objeción alguna, aprobó enviar una comunicación al gobierno mexicano solicitando que se retiren todos los cargos a los docentes que hoy son prisioneros políticos en Oaxaca, que suspenda la reforma y que ésta se discuta con los maestros, padres de familias y expertos. No es sólo simpatía, sino también identificación, pues los docentes ingleses tienen a una ministra con una reforma, dice ella, que es una máquina que no tiene reversa, y promete convertir en una especie de escuela chárter (bajo conducción privada) cada centro educativo del país. Así, poco a poco, porque tocan fibras semejantes y sensibles o porque se han vuelto un riesgo, dentro y fuera de México se va conformando una marea de tonos distintos respecto de los maestros y de una reforma que ya llegó a su punto más alto, y ahora sólo le queda adaptarse, o comenzar a caer.

A la memoria de mi querido amigo Luis Felipe Bojalil.

Publicado en La Jornada de México

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