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España: La Comunidad de Madrid provoca la alarma con la subida de horas de Educación Física

Europa/España/27 Febrero 2020/eldiariolaeducacion.com

  • La medida supone la reducción de las segundas lenguas extranjeras, los refuerzos de Matemáticas y Lengua, la asignaturas artísticas y de humanidades.
  • Los sindicatos sostienen que esa tercera hora podría salir de Religión, en máximos en Madrid, y que provocaría menor problemas con los cupos de los centros.

Parece que lo han hecho con nocturnidad y alevosía». Habla Puri Gómez, presidenta de la asociación de docentes de Lengua francesa, Madrigalia. Se refiere al periodo de alegaciones que ha concedido el Gobierno de la Comunidad de Madrid para la modificación del Decreto de currículo de secundaria que tiene previsto aumentar hasta 3 las horas semanales de Educación Física.

«Nos retrotrae a la situación de 2011», asegura Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de la Madrid. La sindicalista, que asegura que le consta que la decisión ha salido de círculos cercanos a Presidencia de la Comunidad, afirma que supondrá un enorme impacto en los cupos de los centros educativos el próximo curso. Sobre todo para el personal interino o el que no tenga destino definitivo.

Fuentes de Educación aseguran que «es aventurado hacer un pronóstico de necesidades de profesorado interino para el curso que viene, así como de los grupos que habrá por centro en las diferentes asignaturas de libre configuración y optativas».

La Comunidad aduce en el proyecto de modificación la importancia para la salud de las y los chicos madrileños del aumento de esta tercera hora a costa de las materias optativas en secundaria. Desde diferentes colectivos creen que este beneficio podría conseguirse por otros caminos, como la inclusión de la figura de la enfermera escolar o mediante actividades deportivas, como campeonatos, que ya se están realizando hoy día.

La preocupación del profesorado de francés es, además, doble, por el hecho de que en los planes del Ministerio de Educación esté el hecho de que su materia no sea de obligada oferta en los institutos. Hoy por hoy lo es.

También critican el hecho de que se vaya a suprimir a la mitad su peso horario aunque no existe constancia de que el curriculo de la materia vaya a disminuir. Puri Gómez se pregunta cómo podrán alcanzar los objetivos de la asignatura con la mitad de tiempo.

El cambio en el decreto se conoció ayer, cuando fue publicado el cambio en el Portal de Transparencia de la Comunidad. La Administración ha dejado un periodo de alegaciones que va desde ayer, 25 de febrero, hasta el próximo día 5 de marzo. Además de haber un fin de semana de por medio, en Madrid el viernes no es lectivo y el lunes tampoco. Es otra de las críticas que hace el colectivo de docentes, que ven muy mermada la capacidad real de dar respuesta a la Consejería.

De hecho, esta celeridad se ha trasladados a los sindicatos. Esta misma tarde se celebra una asamblea en la Federación madrileña de CCOO en la que, explica Galvín, quieren decidir cuáles serán las medidas de presión y protesta para que la Consejería se eche atrás.

Galvín asegura que esta decisión unilateral se ha sentido como un ataque frontal al colectivo docente de las materias afectadas. Además de provocar suspicacias y tiranteces entre profesorado de diferentes especialidades.

Tanto desde CCOO como desde UGT proponen que la horas lectivas que se «comerá» la Educación Física salgan de la asignatura de Religión para evitar el descalabro que supondrá en la oferta de materias artísticas y de humanidades, además de las de recuperación de Lengua y Matemáticas. Religión, en la Comunidad de Madrid, tiene el máximo número de horas lectivas. Los sindicatos creen que la única alternativa razonable es que se lleve a niveles mínimos y así pueda absorberse esa tercera hora.

«Es un problema de calidad de la enseñanza» remarca Puri Gómez en relación a que no haya más modificación curricular que la conocida. Esto supone que el profesorado de estas materias tendrá que impartir los mismos conocimientos previstos para dos horas semanales en la mitad de tiempo. La Consejería responde, a preguntas de este periódico, que «los centros educativos tienen la posibilidad de dar en mayor o menor profundidad el currículo de la segunda lengua como asignatura de libre configuración autonómica».

Ayer se celebró en Madrid una reunión de docentes de francés, también de la universidad y de las Escuelas Oficiales de Idiomas. La preocupación es ya no solo el que la calidad de la enseñanza se vea mermada al no contemplar la enorme reducción horaria sin la disminución de los contenidos. Desde las enseñanzas posteriores se ve el problema de que cada vez, por ejemplo, menos personas se matriculen a las filologías porque no tienen conocimientos iniciales.

Por supuesto el problema laboral también está muy presente. Puri Gómez comenta que ella, hoy por hoy, tiene jornada completa; con la modificación se verá reducida a la mitad. Por una parte, para los funcionarios de carrera supondrá aumentar el número de institutos en los que imparten la materia, al tiempo que verán rellenado su horario con la impartición de materias afines, como Lengua y Literatura u otras lenguas extranjeras.

Quienes no tengan destino definitivo también se verán impactados, mientras que para quienes sean personal interino, lo más probable es que acaben engrosando las listas del paro.

Otras materias afectadas

Además de las segundas lenguas extranjeras, de obligada oferta en 3º y 4º de ESO, también perderán horas lectivas la materias específicas opcionales y las de libre configuracion autonómica, que hasta ahora tenían 2 horas semanales. Con el nuevo decreto, quedarían en una hora: la recuperación de lengua y la de matemáticas (1º y 2º de ESO), Cultura Clásica (3º de ESO), Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial (3º ESO), Taller de Música (1º ESO), Ampliación de Matemáticas (3º de ESO), Deporte. En 4º de ESO, las materias reducidas serían las de libre configuración autonómica que serían Tecnología, Programación y Robótica; Dibujo Técnico y Diseño, Deportes, Ampliación de matemáticas y Ampliación de Física y Química..

Galvín asegura que la medida, además, provocará que solo las familias que tengan suficiente poder adquisitivo sean capaces de absorber el coste de que sus hijas e hijos puedan recibir la formación que desde el sistema público de enseñanza se les niega a base de academias y actividades extraescolares.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/02/26/la-comunidad-de-madrid-provoca-la-alarma-con-la-subida-de-horas-de-educacion-fisica/

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España: La ley de libertad sexual prevé centros de atención 24 horas para las víctimas

Europa/España/27 Febrero 2020/elpais.com

La ministra Irene Montero comparece por primera vez en la comisión de Igualdad. La norma irá al Consejo de Ministros el 3 de marzo

La ministra de Igualdad, Irene Montero, quiere impulsar una «poderosa e inquebrantable alianza feminista» que convierta a España en un referente internacional de los derechos humanos. Es la declaración de intenciones que ha hecho este lunes en su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Montero ha desgranado los ejes de su política. Su primera medida es el impulso de la ley de libertad sexual, cuyo texto se presentará en el Consejo de Ministros el próximo 3 de marzo después de que el Gobierno desatascara el choque que tuvo su departamento con Justicia a finales de la semana pasada. Esta nueva norma, que pretende un enfoque integral contra la violencia sexual como en su momento fue la ley 1/2004 de violencia de género para la violencia en las relaciones de pareja o exparejas, prevé la creación de centros de atención integrales para las víctimas que funcionarán 24 horas al día.

Según explican desde el departamento de Montero, se trata de centros especializados en atención e intervención en violencias sexuales para «víctimas que han sufrido violencia sexual tanto en el pasado como recientemente». Estarán formados por equipos interdisciplinares con psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras sociales y juristas expertas en violencia sexual.

La ministra ha desgranado las principales medidas de su cartera para esta legislatura, tras señalar que la violencia contra las mujeres “constituye una de las violaciones de derechos humanos más graves, habituales y silenciadas de cuantas se cometen en nuestra sociedad”.

En su comparecencia ha recordado a las víctimas asesinadas por sus parejas o exparejas desde el año 2003, cuando comenzaron las estadísticas oficiales. Son 1.044 mujeres. Solo en lo que va de año, 11 mujeres han sido asesinadas por este motivo. Solo una de ellas presentó denuncia. «La mayoría de las víctimas no denuncian estos hechos», ha admitido Montero. Desde que hay estadísticas, los datos muestran que más del 70% de las asesinadas nunca había dado la voz de alarma contra su agresor. «Es esencial reconocer que la respuesta institucional debe ser mucho más amplia», ha señalado Montero, que pide acompañar a «todas las víctimas, no solo a las que denuncian».

En ese sentido, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017 pero apenas desarrollado, prevé medidas de apoyo a las mujeres como el reconocimiento de ayudas y respaldo desde los servicios sociales municipales aunque no medie denuncia o el cribado sanitario, es decir, que los servicios sanitarios y los médicos de cabecera se vuelquen también en la detección de casos.

Todas las violencias

Montero ha subrayado que, con esta nueva ley de libertad sexual, será la primera vez que el ordenamiento jurídico español dará un marco normativo integral que reconocerá como formas de violencias machistas todas las conductas que impliquen la vulneración del derecho a decidir acerca de la vida sexual. Abarca agresiones sexuales, acoso sexual, acecho, acoso, extorsión sexual y engaño pederasta, entre otras. Y también la violencia ejercida con la tecnología, la mutilación genital femenina, la infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual, el matrimonio forzado o la trata por razones de explotación sexual.

«A este ministerio y a esta ministra le gustaría abolir la prostitución», ha dicho Montero sobre uno de los debates que atraviesan al feminismo, dividido entre un sector mayoritario que quiere acabar con esta práctica y otro, con menos partidarias, que reclama que se protejan los derechos de las que llaman «trabajadoras sexuales». La ministra ha admitido, no obstante, la dificultad de llevarlo a cabo como han constatado sus antecesoras en el cargo. El ministerio iniciará «de forma inmediata» los trabajos para una futura ley integral contra la trata.

La lucha contra la violencia es uno de los ejes de esta legislatura para el Ministerio de Igualdad, en la que Montero ha anunciado también políticas de redistribución y contra las brechas de género, para la que plantea el desarrollo de una ley de tiempo corresponsable, o políticas de cuidado de la diversidad contra la discriminación a personas por su orientación o identidad de género o por su origen étnico o racial, para lo que ha anunciado la tramitación de una ley para la igualdad social de las personas LGTBI  y una ley trans, «que garantice el anclaje de los derechos y libertades fundamentales de las personas trans, que pasan tanto por la autodeterminación como por la plena despatologización».

Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/sociedad/2020/02/24/actualidad/1582561594_666838.html

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Activists outside Madrid abortion clinic: “Are you here to kill your child?”

Europe / Spain / 26/02/2020 / Author: LUCÍA FRANCO / Source: english.elpais.com

Report shows that 89% of women trying to terminate their pregnancies are pressured by pro-life groups

Anyone who takes the Madrid metro to Tetuán station and walks up Hermano Gárate street will find a message painted on the sidewalk: “They kill children in here.” The last few meters between this point and the Dator clinic – one of seven abortion centers in the Madrid region – are not easy to cover for women trying to walk into the clinic. Other messages are scrawled on nearby walls. And then there are the pro-life advocates themselves who are waiting for them at the entrance.

“Are you going in to kill your child?” asks Mercedes, rosary in hand, as a woman walks towards the clinic. She grabs her arm and gives her a brochure, but before she lets go, she whispers one last message in her ear: “Murderer!” Mercedes is a volunteer for one of the organizations that post activists outside the clinic in a bid to deter women from terminating their pregnancies.

Sonia Lamas, a worker at Dator and spokesperson for the Association of Accredited Abortion Clinics (ACAI), says she is frustrated by the situation. “We have been reporting the harassment for months, but the authorities don’t even come to clean up the graffiti,” she says.

She considers the coercion to be a direct attack on women and their reproductive rights, which are recognized by the public healthcare system. “The women who come here have been referred by the public health service,” she says. “The Madrid government should look after its patients.”

Besides the street harassment, the pressure groups work on various other levels: legal, administrative and public. In ACAI’s last report, issued in 2018, the association interviewed 300 women who had experienced pressure from pro-life groups. Hazte Oír, Derecho a Vivir, Más Futuro and Asociación Sifra were names that came up again and again. These organizations pour much of their time and money into trying to prevent voluntary pregnancy terminations. In the report, 89% of women said they had been subject to some form of harassment by these groups, while 67% said they had felt threatened during the medical procedure. However, 100% went through with the termination.

Activists with these pro-life organizations gather outside abortion clinics in the mornings and wait for women to arrive. “Our goal is to help people who are dealing with an unexpected pregnancy and women who have already had an abortion and are now living with the consequences,” says a spokesperson for Sifra. This group, which also delivers talks about the ethics of assisted reproduction techniques, offers women two alternatives: motherhood or adoption.

Each woman who comes to the Dator clinic copes with the harassment in her own way. But according to the professionals, some patients are so upset by the encounter that by the time they get through the door their condition makes any medical procedure inadvisable, which entails postponing the termination and prolonging the agony of what is always a difficult and complex decision.

A doctor and Vox lawmaker, Gador Joya, has been offering ultrasounds outside the Dator clinic in Madrid.
A doctor and Vox lawmaker, Gador Joya, has been offering ultrasounds outside the Dator clinic in Madrid.

Two years ago, a woman who is using the name Maria for the purposes of this article made the decision to terminate her pregnancy. On the day of the procedure, a group of men approached her at the entrance to the clinic. “I was very nervous when I arrived because having an abortion isn’t easy,” she says. “But the worst thing was definitely the harassment. Several men lectured me, showed me pictures and told me that women die inside. I hope these people realize the damage they do to us by being there,” she says.

Around 8,000 women have been subject to harassment in Spain since the 2010 abortion law was passed, according to the Pro-Rights platform, an umbrella group for 62 organizations across Spain.

Handing out leaflets is the most common strategy for exercising pressure, complete with pictures of fetuses and phrases such as “You are all alone, and your abortion will be for life,” and “Abortion can cause suicide and cancer.”

The pro-life activists always follow the same strategy. Once they have the woman’s attention, they ask how far into her pregnancy she is with the aim of convincing her to accompany them to one of their offices. Once there, she is shown ultrasounds to persuade her to have the baby, regardless of whether there are fetal deformities, risks to her health or the circumstances of conception.

Pro-choice groups have been calling for this type of harassment to be incorporated into Spain’s criminal code

A few months ago a doctor named Gádor Joya, who also sits in the Madrid regional assembly representing the far-right party Vox, made headlines after parking a van outside abortion clinics and offering free ultrasounds because, as the party claims, “women don’t know what they are carrying inside them.”

There are other less aggressive but more effective strategies. The most common is to invite the pregnant woman to breakfast, as the medical procedure cannot be performed if the patient has drunk or eaten anything. Consequently, they have to face the ordeal of returning another day.

According to ACAI, in Madrid this type of harassment happens mainly outside the Dator clinic, which was the first private center to be allowed to carry out abortions in Spain. Pro-life groups gather here almost daily, while at the Isadora clinic and the El Bosque medical center, it is a weekly occurrence, usually on Saturdays.

The harassment is not confined to the patients, either. Lamas, 47, has been working at Dator for five years and says that once an activist followed her and bombarded her with questions, such as “How much do you make?” and “Are you here for the money?” He also claimed that “I can help you find another job.”

For years, ACAI has been calling for this type of harassment to be incorporated into Spain’s criminal code, like France did in 2017. They have also asked that a minimum distance be established to keep anti-abortionists away from the entrance to abortion clinics, similar to the distance that smokers must observe from schools and hospitals. But their demands remain unanswered.

In the Madrid region, 18,914 women had abortions in 2018, according to the Health Ministry’s latest available data. This is a 9.7% drop from 2010, when new legislation went into effect legalizing abortion upon request in the first trimester. And for many, the anguish of making such a momentous decision is exacerbated by those who want to make the decision for them.

English version by Heather Galloway.

Source and image:  https://english.elpais.com/society/2020-02-26/activists-outside-madrid-abortion-clinic-are-you-here-to-kill-your-child.html

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El antifascismo en el siglo XXI: nuevos frentes de acción

Europa/España/26/02/2020/Autora:  Cecilia Osorio/Fuente: www.publico.es

El movimiento antifascista madrileño reactiva sus asambleas barriales, y amplía su base social y sus estrategias de lucha. La irrupción de una extrema derecha renovada, cada vez más inserta en los ámbitos político y social, obliga a repensar los frentes de acción ante los discursos de odio que buscan instalarse en los barrios obreros, aún golpeados por la crisis económica.

En el libro Antifa: el manual antifascista, su autor, Mark Bray, historiador del antifascismo y activista de Occupy Wall Street, sostiene que es necesario que la lucha se readapte para derrotar una extrema derecha que resurge con nuevos ropajes, con partidos políticos establecidos en los parlamentos y los gobiernos. La publicación, que hace una radiografía de los movimientos antifascistas de 17 países, es una guía obligada en Europa y Estados Unidos. Bray destaca que el antifascismo debería ser siempre contextual, con base en la comunidad, teniendo en cuenta la coyuntura y cómo son los nuevos partidos de extrema derecha, «cómo se organizan para ganar apoyo».

La lucha antifascista es inherente a los colectivos de izquierda y las asociaciones de vecinos que trabajan en los barrios y tienen una fuerte impronta en los distritos obreros. Pero el cuerpo en la calle lo han puesto los jóvenes de la izquierda radical, que defienden la acción directa como vía para la autodefensa. Luego de un período de menor actividad, la reactivación de las asambleas antifascistas, articuladas en coordinadoras de barrio y ciudades, es una reacción a la aparición de los nuevos grupos de extrema derecha, que intentan hacer permear sus mensajes racistas en las zonas obreras.

«Los años ochenta fueron muy duros aquí, en Vallecas. Fuimos mucha gente que nos organizamos en distintos colectivos, desde Madres contra las Drogas, las coordinadoras de barrio, los educadores de calle. Pero ahora hay que generar una respuesta a la pobreza, porque es el caldo de cultivo de los fascismos», señala Elena Ortega, integrante del colectivo Las 13 de Vallekas. Ortega habla como invitada en una charla de la librería La Muga, espacio cultural del barrio Vallecas, donde el eurodiputado, Miguel Urbán, presenta el libro La emergencia de Vox. Apuntes para combatir a la extrema derecha española.

A su turno, Urbán plantea esa emergencia como parte de una realidad que se vive en el resto del mundo, con expresiones similares en toda Europa que obligan a repensar el antifascismo en el siglo XXI. «La respuesta la tenemos que dar colectivamente, en las plazas, en las calles, en este tipo de foro. La tenemos que hacer juntas y juntos», dice. El auditorio son vecinos que comparten su preocupación por las problemáticas del barrio, como la percepción de inseguridad, la irrupción de casas de apuestas, la falta de acceso a la vivienda y el déficit de atención de los servicios sociales.

En los últimos años la lucha antifascista se centró en la respuesta callejera a la presen-cia de pequeños grupos ultras. Ahora el contexto hace necesario atacar de inmediato otras problemáticas, aunque el mensaje de odio de los fascistas es parte del mismo pro-blema. Los barrios obreros madrileños se han caracterizado históricamente por ser espacios vecinales abiertos a la inmigración; sin embargo, la precarización generada por la crisis económica crispa los ánimos. En vez de ampliar las ayudas sociales, en los últimos años el Estado ha desatendido estas zonas, lo que crea la falsa percepción de que la falta de recursos es culpa de la llegada de población inmigrante y no un déficit de las políticas sociales. Incluso las organizaciones barriales, que han asumido tareas de sostén y se nutren de trabajo voluntario, se han visto colapsadas por esta situación.

Años de lucha

Luego de la transición, la lucha antifascista estuvo orientada a eliminar los restos de la dictadura franquista, en el marco de un movimiento democrático más amplio que temía el regreso al pasado. El tardofranquismo había evidenciado la frontera porosa entre el terrorismo de Estado y los grupos ultraderechistas, que en democracia tenían mayor autonomía para funcionar y elegir contra quién atentar. «Quienes habían estado acostumbrados a dar palizas, a torturar, a matar y a dirigir el país como si fuera de su propiedad, esos sectores más duros, siguieron actuando. Entonces, el antifascismo fue básicamente denunciarlos, solicitar su ilegalización –que no se consiguió– y pararlos en la calle», señala Gonzalo Wilhelmi, escritor y doctor en Historia Contemporánea.

Por aquellos años, la lucha antifascista la asumieron el movimiento libertario y los grupos de la izquierda radical, ambos a la izquierda del Partido Comunista. Estos colectivos se organizaron para combatir a la ultraderecha mediante la acción directa y la autodefensa callejera frente a las agresiones. «Los ochenta y los noventa fueron años de lucha en que la izquierda mayoritaria miró para otro lado. El Partido Comunista y el PSOE decían que no había problema y que de eso se tenía que encargar la policía. Pero tampoco tomaban medidas para que así fuera», sostuvo Wilhelmi. Para el historiador, «la izquierda radical juvenil en los noventa, y no tan juvenil en los ochenta, estuvo muy sola, y no debería haber sido así».

Wilhelmi fue guionista del documental Ojos que no ven, sobre las víctimas del fascismo en España desde 1975. Allí se documenta que hasta su estreno, en 2008, hubo más de cien asesinatos a manos de integrantes de grupos de extrema derecha, algunos de los cuales también eran miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad. Entre los más emblemáticos: Yolanda González (1980), militante comunista; Lucrecia Pérez (1992), inmigrante dominicana; Mourad El Abidine (1997), inmigrante marroquí, y Carlos Palomino (2007), joven activista antifascista.

A finales de los ochenta, la ultraderecha renovó los objetivos de sus «cacerías» y a los tradicionales militantes de izquierda sumó el colectivo Lgtbiq+, los inmigrantes y la población en situación de calle. «Los mendigos han sido objeto de palizas terribles: les echan gasolina y los prenden fuego. De esto se conoce muy poco, porque no trasciende», indicó Wilhelmi. El proyecto Crímenes de odio: memoria de 25 años de olvido, un mapa del Estado español que recoge esos delitos, sucedidos entre 1990 y 2015, impulsado por los periodistas David Bou y Miquel Ramos, y elaborado por un equipo de investigación multidisciplinar, evidencia que la mayoría de estos crímenes respondía principalmente al racismo, la xenofobia y la aporofobia.

El último informe sobre la evolución de los delitos de odio en España, hecho por el Ministerio del Interior, indica que en 2018 hubo 1.598 denuncias. Las organizaciones sociales, por su parte, señalan que el número es cuatro veces más elevado. «El problema es tremendo y sigue hasta hoy. Es verdad que hay un poco menos de intensidad en cuanto a atentados mortales, pero siguen las palizas y los apuñalamientos, que dejan a las personas con secuelas físicas de por vida. Sin embargo, en las instituciones no ha habido mucho interés por abordar este problema ni por registrar el número de agresiones», indicó el historiador.

La primera Coordinadora Antifascista de Madrid, que se creó en 1988, surgió a impulso de colectivos autónomos y partidos juveniles de la izquierda radical, comunista y anarquista, preocupados por el avance de los grupos ultras que llegaban con este mensaje racista. Las asambleas, que se identificaban propiamente como antifascistas, aglutinaban a activistas que también participaban de otros espacios, como el feminismo y el ecologismo, y a los colectivos vinculados al movimiento okupa. Desde entonces, el El 20 de noviembre se instauró como la fecha de movilización más emblemática, en respuesta a la extrema derecha que sale a la calle a conmemorar al dictador y a hacer apología del franquismo.

Factor identitario

En ese período, también los grupos de extrema derecha adquirieron nuevas formas de expresarse en la calle, con la aparición –al igual que en otros países de Europa– de bandas que se apropiaron de la cultura skinhead inglesa y empezaron a copar con expresiones neonazis las hinchadas de fútbol, un espacio que hasta el momento había sido tradicionalmente de izquierda. En los equipos más grandes como el Real Madrid fue Ultras Sur y en el Atlético de Madrid Frente Atlético los que cooptaron las hinchadas. Sin embargo en el Rayo Vallecano fue la hinchada de los Bukaneros la que logró retener la mayor afición. Bukaneros reivindica las raíces antirracistas del movimiento skinhead, al rescatar la subcultura redskin y al movimiento Sharp (siglas en inglés de Skinheads contra el Pre-juicio Racial).

«Mucha gente joven se fanatiza con el fútbol, se politiza dentro de las hinchadas y se va con los ultras, porque hay más animación, más sensación de grupo, de camaradería. Entonces, claro que es un espacio de competición ideológica. Es muy importante el elemento identitario que da el fútbol y la capacidad que tiene de transmitir determinadas ideologías», afirma Miquel Ramos, periodista especializado en el análisis y la investigación de los discursos de odio y la extrema derecha.

Además, el enfrentamiento entre hinchadas es abordado por algunos medios de comunicación como una confrontación entre grupos radicales, extremos que se tocan. Ramos apunta que en esta perspectiva otro elemento que ayuda a la caricaturización del fenómeno es la forma en que las fuerzas del Estado abordan la problemática. «El grupo de la Brigada de Información de la Policía Nacional que vigila a estos grupos de izquierdas y de derechas es el de Tribus Urbanas. Es decir, el Estado considera que los movimientos de izquierda radical o de derecha radical son modas juveniles, no problemas políticos. No hacen una interpretación política ni sociológica del fenómeno». Tampoco las autoridades transparentan los vínculos de algunos integrantes de las fuerzas y los cuerpos de seguridad con los grupos ultras de las hinchadas, lo que lleva a una mayor permisividad de sus acciones.

Siglo XXI

«Empezaron a venir a los barrios obreros a hacer recogidas de comida sólo para españoles», cuenta Daniel R, quien, con 40 años, es activista en la Asamblea Antifascista de Carabanchel. Hace cinco años, Hogar Social Madrid (Hsm) irrumpió en la zona camuflado como asociación de apoyo social con ayudas dirigidas solo a españoles. Frente a esta amenaza, los colectivos del barrio se articularon para estar atentos a sus acciones. «Cuando hubo que echarles del barrio, se les echó», indicó el activista. Desde este colectivo se llevaron adelante las manifestaciones que se llamaron «Carabanchel, un barrio para todas», que luego se amplió a «Madrid para todas».

Hsm emula el modelo de CasaPound, que nació hace 20 años en Italia y es un referente de los círculos posfascistas europeos. Estos copian herramientas sociales exitosas de la izquierda, como la ocupación, e intentan ocultar sus componentes fascistas y de militancia neonazi. «Todo esto fue escrito y cocinado por la nueva derecha francesa en los años setenta. Lo que hicieron fue interpretar los movimientos sociales de la izquierda potentes en esos años. Leen mucho a Gramsci y camuflan su mensaje para ser aceptados», señaló Ramos. Grupos como Hsm han abandonado los clásicos símbolos de la extrema derecha, como la estética skinhead, y han adoptado, en su lugar, una nueva retórica y una estética más difícil de identificar.

En el discurso de estas agrupaciones converge el mensaje racista antiinmigrantes junto con el pensamiento anticapitalista y de defensa de la clase obrera nacional. La estrategia de Hsm es ocupar espacios en zonas que no generan enfrentamientos (Salamanca, Chamberí, Malasaña) y usarlos como bases de operaciones para luego ingresar con mensajes de odio a barrios con realidades más vulnerables (Carabanchel, Tetuán, Usera, Vallecas). Allí, estos discursos encuentran eco en nuevos aliados, como las asociaciones vecinales, que crean cadenas de Whatsapp para perseguir a «delincuentes del barrio», lideran manifestaciones con proclamas como «Contra la degradación del barrio» y culpabilizan a la población inmigrante de todos los males en la zona. «Nosotros decimos que es poner en lucha al penúltimo contra el último. No se señala al de arriba, que es quien baja el sueldo, recorta las ayudas y privatiza los servicios necesarios», señaló Daniel R.

La asamblea antifascista del colectivo Distrito 14 de Moratalaz tiene una larga militancia activa en el tema desahucios, participa de la campaña contra las casas de apuestas y organiza el Mundialito Antirracista de Moratalaz, con el objetivo de desarmar los discur-sos de odio sobre la población inmigrante. Jaime R tiene 20 años y se sumó al espacio hace ocho meses, consciente de que la lucha es colectiva y no individual. «Además, no es lo mismo combatir a un grupo de extrema derecha como Hogar Social, los ultras del fútbol o Vox. La respuesta a un grupo violento no es otra que la acción directa, pero con los demás te diría que las herramientas son la militancia y la educación».

El auge electoral de Vox es otro factor que preocupa. Los colectivos antifascistas coinciden en que la extrema derecha dio un salto categórico del activismo a las instituciones e hizo un blanqueamiento dentro de espacios masivos, como los medios de comunicación. «Estamos viviendo ahora mismo una guerra política, institucional y cultural. Hacen falta muchos antifascismos, no sólo el de calle, que obviamente no debe dejar de existir», señala Ramos. El desafío del movimiento también pasa por incorporar colectivos como el feminista, teniendo en cuenta que durante mucho tiempo la acción directa en la calle masculinizó estos espacios.

Según el periodista, es necesario, además, tejer la complicidad con los vecinos. En esa línea, cree que una de las «mejores vacunas» para la extrema derecha es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La vivienda es un tema recurrente de las charlas cotidianas de los habitantes de los barrios, sometidos al vaivén frenético de la especulación inmobiliaria. Para Ramos, «allí se teje una complicidad y una lucha transversal que no entiende de ideología, origen o raza: es un combate directo contra la extrema derecha, que quiere que compitamos entre nosotros por los recursos».

Fuente e imagen: https://www.publico.es/sociedad/movimiento-antifascista-antifascismo-siglo-xxi-nuevos-frentes-accion.html

 

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De la interculturalidad al antirracismo

Por: Xavier Besalú

Es momento de postular abiertamente una educación antirracista, que haga frente con decisión al racismo que es más que una doctrina que clasifica –falsamente– a la humanidad en razas distintas; una ideología que justifica la desigualdad, que otorga privilegios y ventajas a unos y deshumaniza y restringe derechos a los otros.

A finales de 1989 se celebró en San Sebastián un Seminario interuniversitario bajo el lema La educación multicultural en el estado de las Autonomías y, el año 1992, el X Congreso Nacional de Pedagogía tuvo como argumento La Educación Intercultural en la perspectiva de la Europa unida. Podríamos convenir que uno y otro dibujan la irrupción, en el ámbito científico, de la interculturalidad en España. Con algunos matices interesantes: en uno de los encuentros se habla de educación multicultural; en el otro, de educación intercultural. Mismo contenido, pero distinta etiqueta. Y mientras el primero ciñe su análisis a España, a la diversidad interna que supone el Estado de las Autonomías, el segundo lo hace en la perspectiva de una Unión Europea preocupada por la gestión de la inmigración que arriba, sobre todo, desde su frontera meridional. Treinta años después, merece la pena una cierta lectura retrospectiva del camino recorrido.

De la LOGSE (1990) a la LOE (2006) serían los años de la emergencia y el asentamiento del discurso sobre la interculturalidad, en paralelo a la llegada de un número creciente y diversificado de inmigrantes extranjeros, interrumpida por la eclosión de una profunda crisis económica. El balance, en pocas palabras, sería el de una decepcionante confusión teórica –no solo conceptual–, el de una perversa combinación entre los cantos a unos supuestos beneficios de la diversidad cultural y la permanente problematización de la inmigración, y la consolidación de un discurso político cada vez más identitario y más a la defensiva. Un discurso que reconoce (unos con la boca pequeña, otros con arrogancia) que efectivamente el Estado se identifica siempre, con más o menos intensidad, con una determinada comunidad de las que residen en su territorio y, en buena lógica, privilegia una determinada lengua, una determinada religión, unas determinadas manifestaciones culturales y festivas, por encima de las demás. Y que las minorías, tanto las autóctonas como las extranjeras, lo que deben hacer es admitirlo sin más y aceptar la subalternidad de sus propios derechos para salvaguardar la identidad y la unidad de la nación y evitar el riesgo de la disgregación comunitaria y la dispersión identitaria.

Esas políticas tienen su correlato en las prácticas sociales y pedagógicas calificadas de interculturales, cuyos efectos a la vista están. A lo largo de esos años, la segregación escolar ha adquirido visibilidad y se ha intensificado; el aprendizaje de la lengua vehicular de la escuela se ha considerado la medida intercultural más urgente y necesaria, dando a entender, en algunos casos, que ese era el único problema que resolver; y los resultados escolares –tanto las calificaciones de los centros como los que constata PISA– ponen de manifiesto no solo que  los alumnos de familias extranjeras son sustancialmente peores, sino que también están subrepresentados en las etapas postobligatorias del sistema.

De la LOE (2006) a la LOMCE (2013-2020?) el discurso oficial experimenta un giro significativo: la interculturalidad se desvanece y suben al podio la convivencia (la LOE obliga a que todos los centros educativos españoles aprueben y apliquen un plan de convivencia) y la cohesión social como bienes que salvaguardar. Las preguntas a las que pretende responder este nuevo enfoque no carecen de sentido; el problema está justamente en la respuesta: ¿Cómo garantizar la coexistencia pacífica, en un mismo espacio, de personas socioeconómicamente desiguales y culturalmente distintas? ¿Cuáles deberían ser los límites admisibles de estas diferencias y esas desigualdades para no poner en riesgo la convivencia? ¿Qué normas y convenciones deberían regular el espacio público y compartido?

La interculturalidad, entendida como el reconocimiento pleno del derecho de las minorías a mantener y desarrollar su propia identidad, a participar en pie de igualdad en los asuntos públicos, se considera perjudicial en la práctica, pues podría erosionar la convivencia y propiciar el enfrentamiento por motivos culturales o religiosos. Y esa educación para la convivencia se plantea, en términos generales, como una estrategia al servicio de un nuevo orden, que recluye lo diverso en el ámbito de lo privado y pone el foco en las actitudes y comportamientos de los individuos pertenecientes a minorías, presuntos responsables de los hipotéticos conflictos y violencias a prevenir y evitar. Pero el verdadero adversario para garantizar esa convivencia no es tanto el conflicto, ni las diferencias, sino, sobre todo, el conformismo, la pasividad, la adaptación acrítica…

No sabemos si este año 2020 será, finalmente, el que abra una nueva etapa en la política educativa… Si así fuera, tal vez sería llegada la hora de postular abiertamente una educación antirracista, que haga frente con decisión al racismo que es más que una doctrina que clasifica –falsamente– a la humanidad en razas distintas; es, por encima de todo, una ideología que justifica la desigualdad, que otorga privilegios y ventajas a unos y deshumaniza y restringe derechos a los otros. No importa el marcador utilizado para ello (el color de la piel, la religión, la lengua, el origen, la etnia, las manifestaciones culturales, el lugar de residencia…), porque lo realmente relevante es la jerarquía de dominación que divide al mundo, en general, y a cualquier sociedad, en particular, entre lo que se considera plenamente humano y civilizado, superior, y aquellos que están en proceso de humanización o que son considerados directamente salvajes, primitivos, inferiores.

Y es que la cultura occidental se ha construido sobre unas bases profundamente racistas. El imaginario colectivo europeo está impregnado de prepotencia, de superioridad. El Otro ha sido permanentemente inferiorizado, explotado o sometido, y tratado como bárbaro, infiel, monstruo o esclavo… El Holocausto habría sido la culminación de esta lógica: judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados… una vez despojados de su condición humana y asimilados a las ratas, a las alimañas, no merecerían otra cosa que el exterminio. Las reservas, los guetos, los campos de concentración… en realidad ya habían sido probados con los indios en América, con los hereros y los bosquimanos en África…

Deberemos esforzarnos, pues, en revisar críticamente nuestros conocimientos y nuestro imaginario. Después de haber pasado por el sistema educativo, después del grado o el máster universitario, todos estamos plenamente imbuidos de esa mentalidad etnocéntrica, de esa creencia en la supremacía occidental. Y si no sometemos a revisión ese poso, es más que probable que lo sigamos propalando y, con ello, vayamos consolidando las bases del racismo. Si sabemos a ciencia cierta que el canon educativo actual es parcial, sesgado, sexista, racista, homófobo… habrá que desenmascararlo y que reconstruirlo sobre bases más científicas, más funcionales, más humanas y más justas. Ya no bastan los discursos, bienintencionados pero estériles, que invitan a niños y jóvenes a reflexionar sobre la diversidad cultural y la inmigración, ni las dinámicas y simulaciones, emocionalmente potentes pero de impacto limitado. ¿O habrá que esperar treinta años más?

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2020/02/18/de-la-interculturalidad-al-antirracismo/

Imagen: https://www.shutterstock.com/image-photo/multiracial-group-college-studentsfriends-male-female-77612251?irgwc=1&utm_medium=Affiliate&utm_campaign=Pixabay+GmbH&utm_source=44814&utm_term=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fimages%2Fsearch%2Feducacion%2520multicultural%2F

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El ‘profe’ Google, en Granada: «La tecnología no sustituye al docente, tiene que empoderarlo»

Por: Andrea Parra.

El especialista imparte una ponencia sobre la cultura de la innovación y el alto rendimiento

Gonzalo Romero, responsable de Google for Education en España, repasa los grandes retos y oportunidades que la tecnología ofrece a la comunidad educativa. Ha visitado Granada para participar en el II Simposio Internacional de Altas Capacidades, organizado por la Universidad de Granada (UGR) y el colegio de la Compañía de María de Granada, que ha congregado a unos 800 asistentes. Impartió la ponencia ‘Cultura de innovación y alto rendimiento’. La comunidad de educadores en Google for Education supera los seis mil quinientos profesores en España. Cuentan con un programa de escuelas referentes donde dan visibilidad a proyectos transformacionales.

-¿Hay que educar más en internet o en las aulas presenciales?

-La educación entendemos que debe ser un compendio de recursos mixtos y sin duda los gestores y los líderes son los profesores. Nuestra misión es ofrecerles tecnología para empoderarlos y que puedan hacer muchas más cosas, pero en ningún caso sustituirlos. La misión es traer lo mejor de Google para que puedan desarrollar habilidades y colaborar. La innovación y la tecnología, al servicio de la pedagogía.

-¿Los profesores están concienciados de la importancia de las nuevas tecnologías?

-Son muy conscientes y cada vez más desarrollan su parte de competencia digital. En Google se crean contenidos y recursos en este sentido.

-¿Cuál es la aceptación por parte del profesorado cuando presentáis vuestros programas?

-Es sorprendente. Los profesores en España adoptan cada vez más tecnología. Apuestan mucho por la tecnología de Google para la educación porque es muy fácil de utilizar, está pensada para colaborar, es segura por diseño y estamos creciendo mucho. Contamos con Google classroom, por ejemplo, una herramienta sencilla y que les facilita muchas acciones. Todo para que los profesores tengan más tiempo y lo dediquen a lo realmente importante que es el aprendizaje y atender a sus alumnos.

-¿España en qué posición está en relación a otros países?

-Es pionera desde hace muchos años. Diría que España es pionera no solo en tecnología, también lo es en metodología. Se crean entornos donde se desarrollan las habilidades blandas como pueden ser la resolución de problemas o el pensamiento crítico.

-¿Qué pasa con la seguridad?

-La seguridad para Google es absoluta prioridad. Y de manera proactiva y transparente. En educación, y esto es muy importante, destacar que cumplimos con todo el reglamento de protección de datos. También estamos creando programas para el bienestar digital, en educación los datos pertenecen a las instituciones educativas y nosotros simplemente proveemos la tecnología para poder alojarlos.

-¿Hay garantías para los niños?

-Total. En España como los pequeños no pueden tener una identidad digital hasta los 14 años se restringen las comunicaciones, por parte de los profesores, para que no haya problemas.

-¿Sobre qué están los educadores más preocupados en el campo tecnológico?

-En dar sentido a la tecnología en las escuelas. Vivimos en un mundo muy digital y es muy importante entender que la tecnología no solo está para consumir. Es una herramienta, un estuche digital, que debe representar colaboración y creación de contenidos. Hay una preocupación grande sobre el consumo de tecnología y los educadores se forman cada vez más. Tenemos un centro de profesores, donde ellos tienen recursos de formación, para entender bien cómo acompañar a los estudiantes en su uso correcto.

-¿La tecnología va a sustituir al profesor en el aula?

-En ningún caso. La tecnología tiene que empoderar al profesor. Tiene que capacitar de nuevas herramientas; hablamos mucho en Google del desarrollo de instrumentos educativos profesionales. Jamás la tecnología debe sustituir a un profesor.

-¿Tienen informes que avalen que los alumnos mejoran su rendimiento con las tecnologías?

-Tenemos informes, que se pueden buscar en Google, en donde vemos que la tecnología ayuda a la mejora del aprendizaje.

-¿Es fácil gestionar las altas capacidades?

-Las tecnologías deben ser inclusivas y ser útiles para todos. Las altas capacidades hay que atenderlas, diagnosticarlas y acompañarlas porque son una buena oportunidad para el desarrollo profesional y personal.

-¿Una alta capacidad mal gestionada puede ser un fracaso?

-Total, creemos que las capacidades hay que gestionarlas y atenderlas de forma personalizada. Tenemos que ofrecer entornos que permitan el desarrollo de capacidades personalizadas.

Fuente de la entrevistahttps://www.ideal.es/granada/profe-google-granada-tecnologia-sustituye-profesor-20200224121307-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

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España: La Plataforma Andaluza por la Educación Pública llama a huelga a docentes y estudiantes el 4 de marzo

Europa/ España/ 25.02.2020/ Fuente: cordobabn.com.

Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de Andalucía del nuevo Decreto que regula la escolarización en la comunidad el pasado lunes, la Plataforma Andaluza por la Educación Pública ha decidido convocar una huelga educativa el próximo miércoles 4 de marzo para mostrar el más completo desacuerdo con esta nueva normativa, ya que se trata de un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza.

En opinión de CCOO, el Decreto ahonda en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el Gobierno de Andalucía está llevando a cabo. La profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de “demanda social”, traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la comunidad de Madrid, tal como advierten numerosos estudios realizados al respecto. Es tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizan la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad, y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho. 

Además, la discriminación positiva que esta nueva norma extiende sobre los centros privados-concertados, al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas. Una medida que no se entiende teniendo en cuenta que este curso el 97% de las familias obtuvieron el centro marcado en primera opción.  

Por otro lado, CCOO no puede compartir el hecho de que, en un contexto de descenso de la natalidad, en lugar de apostar por una bajada de la ratio –la más alta de España- y por mejorar la atención y los recursos, la Administración priorice la aprobación de un decreto encaminado a desfavorecer la enseñanza pública.

Asimismo, CCOO niega rotundamente que la aprobación de este decreto sea fruto del consenso con la comunidad educativa, tal y como aseguró el Consejero de Educación, Javier Imbroda, ya que tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se ha mostrado el rechazo a las medidas más agresivas para la educación pública que introduce este decreto. 

El Consejo Escolar de Andalucía, órgano de participación en el que está representada toda la comunidad educativa, aprobó el 24 de octubre de 2019 y por mayoría, el dictamen al Proyecto de este Decreto en el que se incluía una enmienda de CCOO y de otras organizaciones, que plantea la supresión del artículo 9.4 del Decreto que establece que en todas las zonas educativas se incluya un centro concertado de otra zona del mismo municipio si no existe ningún centro de titularidad privada en esa zona. (Enmienda de CCOO número 12 y observación de dictamen número 24). Por su parte, la Consejería de Educación ha obviado este dictamen de la comunidad educativa. 

Por todo ello, desde la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública de la que forma parte CCOO, se considera que este Decreto daña la escuela pública, rompe el equilibrio del sistema educativo andaluz y es el paso primero de este gobierno para su objetivo final, que no es otro que el de suprimir las zonas educativas, un modelo que viene a segregar al alumnado en aquellas comunidades autónomas en que ya se aplica, mercantilizando la educación. 

Fuente de la noticia: https://cordobabn.com/2020/02/21/la-plataforma-andaluza-por-la-educacion-publica-llama-a-huelga-a-docentes-y-estudiantes-el-4-de-marzo/

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