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Afganistán, la última encrucijada de un sistema de asilo insuficiente

Por: Sarah Babiker

El verano del 2021 se vio marcado por el conflicto en Afganistán y el intento desesperado de abandonar el país de miles de personas. El trasfondo: la usencia de vías seguras para quienes necesitan protección internacional y un sistema de acogida insuficiente.

Era agosto de 2021 y la palabra talibanes volvía a la centralidad de la agenda internacional. Los fundamentalistas afganos que habían sido primer objeto de la proclamada Guerra contra el Terror, que marcó el inicio del siglo XXI tras el atentado del 11S, con una invasión que involucró a la OTAN, tomaban Kabul. 176.000 víctimas después  —entre las cuales se calculan al menos 46.000 civiles —,  tras dejar a cientos de miles de desplazados —sobre todo a los vecinos Pakistán e Irán, las tropas extranjeras se retiraban tras la decisión estadounidense de abandonar el país, tras una ocupación de casi dos décadas, y con un coste de dos billones de dólares.

“Nosotros lo que queremos es que de alguna forma se garantice la salida de quienes han quedado atrapados en Afganistán, que aquellas personas cuya vida corre peligro pudieran seguir saliendo de forma segura”, Mónica López, CEAR

En las dos décadas de ocupación, las potencias extranjeras han empleado a miles de personas: con la vuelta de los talibanes su vida estaba en peligro. En agosto, ante la salida de las fuerzas extranjeras del país, los estados pusieron en marcha operaciones para evacuar a sus colaboradores. En España, aquella iniciativa fue llamada operación Antígona. “Fue una operación rápida y efectiva”, considera Mónica López, directora de programas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), “pero nosotros lo que queremos es que de alguna forma se garantice la salida de quienes han quedado atrapados en Afganistán, que aquellas personas cuya vida corre peligro pudieran seguir saliendo de forma segura”.

Ya en agosto CEAR lanzó la campaña #SalidaSeguradeAfganistán, en la que instaba al gobierno a presionar para conseguir vías seguras y corredores humanitarios para quienes tenían que abandonar el país. “La campaña sigue vigente, pues no se ha habilitado ningún mecanismo internacional para que esas personas puedan salir”, la ausencia de estos dispositivos obliga a quienes ven su vida en peligro a recurrir a las mafias para poder abandonar el país, algo que no todo el mundo se puede permitir, recuerda López, pues se trata de un camino costoso y largo.

Cuando no hay vías seguras

Si bien la salida de exiliados por la guerra se intensificó a raiz del anuncio de la salida de las tropas extranjeras del país, el conflicto ha expulsado población durante todos estos años, y la ausencia de vías seguras ha empujado a millones de afganos a buscar su supervivencia en el exterior. Es el caso de Safura y su familia, que llegaron a España hace cinco años.

Como se ha afirmado numerosas veces, si bien la guerra contra los talibanes y su expulsión del poder se tradujo en un cambio para las sociedades urbanas, particularmente Kabul, en el interior del país, en los pueblos, los talibanes mantuvieron su influencia. “Desde que nací recuerdo a los talibanes. Una vez hicimos una pequeña fiesta para mi hermana que tenía solo 11 años, pusimos una canción. Los talibanes entraron en casa sin permiso, pegaron a mi abuela, rompieron su mano, y se llevaron a mi hermano”, relata Safura.  Aquella vez, después de muchos ruegos y la intervención de otras personas, consiguieron recuperar a su hermano. “Lo dejaron después de pegarle mucho, siempre pegan a la gente”, evoca.

Fuertemente armados y con buenas conexiones económicas, la llegada de las tropas extranjeras no alteró el poder de los talibanes en su pueblo, relata Safura desde un parque de Leganés, donde reside con su familia actualmente. “Hablan con los chicos y les dicen que trabajen para ellos, si no lo haces molestan a la familia, no te dejan en paz”, apunta. Cuenta que esto le pasó a su sobrino el año pasado, que al negarse a trabajar para ellos tuvo que marchar a Irán. Volvió después ante las represalias que estaba sufriendo su familia. Le mataron.

El terror que nunca se fue de los pueblos, llegó a las ciudades con la toma de Kabul. “La hermana de mi marido está ahora allí, desde que vinieron los talibanes no salen de su casa, tiene mucho miedo”, explica Safura, quien señala que niñas y viudas son forzadas a casarse con ellos. “Yo siempre pensaba, como tengo niñas, que si salíamos de Afganistán, mis hijas no tenían que pasar mi vida”. Al temor por el futuro de sus hijas se sumaba la amenaza más concreta sobre su marido, a quien quisieron extorsionar para trabajar con los talibanes. “No quería que mi marido trabajase con talibanes, si tu entras con ellos, al final es la muerte, por eso escapamos de Afganistán”.

El viaje no fue nada fácil. Tras pagar para llegar a Irán, Safura y su marido encontraron a alguien que les llevó a Turquía. Era 2015 y entre los afganos se extendía el rumor de que las fronteras europeas “estaban abiertas” y que pagando se podían traspasar, narra Safura. “Turquía parecía Afganistán”. Tras casi un mes esperando en el país, se unen a un grupo de personas que intenta pasar a Bulgaria tras una larga marcha. “Muchas personas tienen miedo y no quieren pasar, pero nosotros no podemos volver. Por eso seguimos adelante”.

Entre la dureza de las fronteras, el trato indigno en los campos, las detenciones, el camino duró meses. La gente estaba desesperada por avanzar, y no era fácil encontrar solidaridad. Perdieron las medicinas que necesitaba una de sus hijas, y durante horas, tras un ataque de la policía en la frontera con Bulgaria, extraviaron a su hijo. También hubo quienes les ayudaron, pasó en Serbia donde les dieron comida y abrigo, pasó también con otros afganos, como el hombre que les explicó cómo atravesar la frontera francesa después de casi un mes intentándolo sin éxito, un compatriota que cobraba por pasar a gente de un lado a otro, pero que les ayudó desinteresadamente por viajar con tres niños pequeñosy ya sin dinero. O quien, una vez llegaron a Madrid, les llevó a la Cruz Roja donde pudieron solicitar asilo. Atrás quedaban las marchas por el bosque, el miedo, y el frío, dormir los cinco debajo de una manta sin saber qué pasaría el día después.

Una vez en España

Cuenta López que ya ha nacido la primera bebé cuya familia llegó por la operación Antígona. Se llama Sofía y nació en noviembre, en el centro de acogida que tiene CEAR en Catalunya. “Quienes llegaron en agosto al país solicitaron protección internacional. Esto tiene que pasar por una comisión interministerial, que es donde se decide la solicitud de asilo, ya entre los meses de noviembre, diciembre, están empezando a resolver”, unos tiempos que no son habituales y que suponen una rapidez “récord”. López estima que irán reslviendo el resto de solicitudes en enero o febrero, obteniendo las personas solicitantes  su condición de refugiadas y con ello la autonomía residencial y el permiso de trabajo.

El contingente llegado con la operación Antígona tiene características particulares que facilitarán su adaptación en el país, si bien, recuerda la trabajadora de CEAR, su conformación es heterogénea. Si bien muchos hablan español al haber trabajado para las fuerzas españolas, no es el caso de todas las personas, incluyendo a los familiares que las acampañan.

Y es que llegar a un país “seguro” no es sinónimo de poder alcanzar la tranquilidad, es algo que ya saben quienes llegaron antes al país. Algunos ni siquiera tienen España como destino y se desplazan a otros países europeos donde ya tienen redes, otros, como el caso de dos refugiados afganos que trabajan para CEAR consiguen asentarse. “Sí conocemos casos de éxitos, que han podido estudiar, tener un trabajo, que tienen redes en España y les va bien, y luego hay casos, como pasa con todas las nacionalidades, o que van sobreviviendo como pueden, o que han tenido que marcharse porque tampoco han encontrado aquí la vida que buscaban”.

Después de cinco años en el país, Safura y su familia han ido sobreviviendo, y de momento no han encontrado lo que buscaban, pero saben que “nadie puede volver a Afganistán ahora”

Después de cinco años en el país, Safura y su familia han ido sobreviviendo, y de momento no han encontrado lo que buscaban, pero saben que “nadie puede volver a Afganistán ahora”. Ellos pasaron 9 meses en un centro de la Cruz Roja en Cantabria, otros 9 meses los pasaron en un piso de Madrid, pero acabados los 18 de meses, la ayuda se terminó: tenían que sobrevivir de manera autónoma. Ella algo de español había aprendido con los libros de sus hijos, su marido apenas lo hablaba. En esa situación, encontrar un trabajo o un techo era imposible, si han tenido dónde vivir hasta ahora ha sido gracias a personas que se han encontrado por el camino y las han ayudado. Pero es una vida muy difícil y sin certezas. Cuando por fin su marido encontró un trabajo a media jornada, el 2020 empezó la pandemia y lo perdió. Han pedido la renta mínima autonómica y el ingreso mínimo vital sin resultado.

El problema del refugio

Hace justo un año, en enero de 2021, se aprobó una reforma en el sistema de acogida que impide que se pase de fase 1 a fase 2 hasta que no se resuelva la solicitud de asilo. Esto, explica Tania Vilkhova, responsable de Acción Social de la Red Acoge, “supone una menor autonomía porque durante todo ese periodo tienen que quedarse en el centro gestionado por las entidades sociales o el ministerio de inclusión en el caso de los CAR (centros de acogida de refugiados)”. Si bien la nueva instrucción apuntaba a una reducción de los plazos a seis meses, esto no se estaría cumpliendo.

Un significativo descenso en las peticiones de asilo respecto a 2019 —en los últimos años la mayoría de solicitantes provenían de América Latina— , y el bloqueo durante meses de las personas solicitantes de asilo llegadas a Canarias, ha permitido, explica Vilkhova, que aún no se haya notado una de las posibles consecuencias del cambio: “como no salen personas de los centros de primera fase no pueden entrar otras nuevas personas solicitantes”, sin embargo teme que esto solo sea temporal, y que una recuperación en las solicitudes de asilo pueda suponer de nuevo un colapso. “En algún momento, el sistema probablemente se atasque. Estamos en un momento medio crítico, de hecho, con las personas solicitantes de asilo afganas se llenaron las plazas. Esta semana se aprobó el nuevo programa de reasentamiento por parte del Ministerio para acoger a 1200 personas más. A ver dónde llegan”.

Vilkhova critica que, tras tanto hablar de vías seguras en el Pacto Mundial de Migraciones o el más reciente Pacto Europeo de Migración y Asilo, la comunidad internacional no ha avanzado nada en este sentido. Aún sin vías seguras ni corredores humanitarios, la gente sigue huyendo de sus países. “Viendo todo lo que está pasando, no solamente en Afganistán, hay muchísimos conflictos en África —Etiopía, Mozambique…— de los que nadie está hablando, todas estas personas son potenciales solicitantes de protección internacional”. Vilkhova considera que muchas de estas personas llegarán a España, y que el gobierno debe de ser capaz, implicando al tercer sector, de dar una respuesta “rápida, ágil y adecuada”.

“Viendo todo lo que está pasando, no solamente en Afganistán, hay muchísimos conflictos en África —Etiopía, Mozambique…— de los que nadie está hablando, todas estas personas son potenciales solicitantes de protección internacional”

En este sentido López señala que, en muchos casos, la respuesta política “funciona a reacción de los medios de comunicación, de que los conflictos sean noticia. Y es verdad que Afganistán en agosto era noticia, ahora ya no es tanta noticia. No somos muy  optimistas de que se vaya a tomar ninguna iniciativa a nivel europeo ni a nivel español para poder paliar un poco la situación de las personas que están siendo perseguidas ahí”. Desde Cear demandan que existan vías seguras para que puedan pedir asilo aquellas personas cuya vida esté en peligro.

Safura recuerda las imágenes que ha visto en los últimos meses desde su precaria existencia de refugiada sin recursos: “No se cuida a la gente que sale del país, hemos visto en los aeropuertos a miles de personas esperando con los niños, piensan que se los van a llevar a los países en Europa, pero solo se llevan a al gente que trabaja para ellos, muchos aviones vienen vacíos, hay mucha muerte en el aeropuerto, pero a nadie le importa”.

Fuente de la información e imagen: https://www.elsaltodiario.com

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España: La covid persistente y sus más de 200 secuelas ya tienen definición oficial

La falta de una descripción médica aceptada por la OMS complicaba la vida a millones de personas que aún sufren por el coronavirus meses después de curarse

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya tiene una definición para una de las caras más intrigantes y de mayor impacto del coronavirus: la de aquellos millones de personas que una vez superada la covid siguen sufriendo sus secuelas durante meses. Un grupo de expertos liderado por investigadores españoles ha logrado, con la participación de enfermos y sus médicos, un acuerdo para describir la covid persistente. La cuestión del nombre tiene su relevancia. Además de saber qué es lo que tienen, los afectados podrán ver reconocidas bajas por esta nueva condición, los facultativos acelerar su diagnóstico y los científicos afinar en sus estudios sobre la covid persistente.

En el verano de 2020 empezaron a conocerse extraños casos de personas que habían superado la covid, pero arrastraban secuelas diversas. Unos seguían con anosmia, la pérdida de olfato. Algunos relataban dolores musculares y un cansancio casi infinito. Y en otros casos contaban cómo olvidaban el párrafo que acababan de leer. Lo más intrigante es que, como decía entonces un experto, allí donde pudieron hacerles pruebas cognitivas, “no vemos ni rastro de la enfermedad”. Con el paso del tiempo, a este conjunto de síntomas lo llamaron covid de larga duración, long covid o, especialmente en Estados Unidos, PACS, acrónimo en inglés de síndrome poscovid. En España se fue imponiendo covid persistente. Pero faltaba definir esta nueva condición clínica.

Joan Soriano, médico epidemiólogo del Servicio de Neumología del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid, ha liderado un grupo de expertos internacionales que han consensuado la primera definición de covid persistente. El panel está impulsado y respaldado por la OMS y ha publicado las conclusiones de su trabajo en la revista The Lancet Infectious Diseases. La descripción oficial a partir de ahora, traducida del inglés, establece que la covid persistente es la condición que ocurre en individuos con antecedentes de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2, generalmente tres meses después del inicio, con síntomas que duran al menos dos meses y no pueden explicarse con un diagnóstico alternativo.

“La definición no incluye un listado de secuelas, porque tenemos ya más de 200 síntomas diferentes”, dice Soriano, investigador del Ciberes (Centro de Investigación Biomédica en Red en enfermedades respiratorias). No habría sido fácil decidir cuáles incluir y cuáles dejar fuera. Y no se puede descartar que aparezcan nuevas. En la definición mencionan los síntomas más comunes que incluyen, entre otros, fatiga, dificultad para respirar y disfunción cognitiva. El texto también recoge que pueden ser de nueva aparición después de la recuperación inicial de un episodio agudo de covid o persistir desde la enfermedad inicial. Es decir, pueden ser secuelas o síntomas en sí, una distinción que el coronavirus ha complicado.

Soriano recuerda que la cuestión del nombre y de tener una buena definición no es banal. “Es importante para la cobertura de los seguros o para una baja por enfermedad”, comenta. Es clave desde el punto de vista estadístico. Según lo que contenga esa definición clínica, la prevalencia de la covid persistente será una u otra. Por ejemplo, algunos estudios han estimado que entre el 10% y el 20% de los hospitalizados por covid salieron con el alta del hospital, pero también con secuelas que les duraron meses o incluso aún las tienen. Y también es fundamental para enfocar la investigación.

Como dice la vicepresidenta y responsable de investigación de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez-Ledo, “a día de hoy no sabemos la causa ni hay una prueba diagnóstica que identifique quién tiene covid persistente y quién no”. Esto ha complicado el proceso de designación de la enfermedad, pero también su propio diagnóstico por parte de los médicos. Para lo primero, la OMS ha recurrido al método que llaman Delphi. Aquí se busca una definición por consenso mediante una serie de rondas en la que participan tanto expertos como pacientes o sus médicos que van estrechando el cerco hasta lograr una descripción médica que convenza a todos. La intervención de los afectados aquí es clave, estando ante un nuevo síndrome sin origen claro y formas objetivas de medir la cantidad, variedad e intensidad de los síntomas o secuelas. En el caso de la covid persistente han participado 265 personas, entre afectados, facultativos, científicos y personal técnico de la OMS.

Esta definición oficial no incluye los casos de covid persistente en niños. Aunque raros, también existen, pero como dice Soriano, “que un niño no pueda ir al colegio o jugar es de otra categoría; es tan diferente a la covid persistente de los adultos que los hemos dejado fuera”.

Fuente. https://elpais.com/ciencia/2021-12-28/la-covid-persistente-y-sus-mas-de-200-secuelas-ya-tienen-definicion-oficial.html

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Salhaketa Nafarroa: Contra las violencias que atraviesan la vida y la salud de las mujeres presas en España

A la violencia de género que sufrimos todas las mujeres, por el hecho de serlo, se suman, en el caso de las mujeres presas, todas las violencias que inflige el sistema penal y penitenciario patriarcal.


El pasado día 8 de noviembre murió una mujer presa en la cárcel de Pamplona. Las reacciones ante la noticia fueron múltiples, apuntaban a la gravedad de las muertes en prisión y reclamaban explicaciones sobre cuál fue la respuesta institucional y sanitaria en esta situación. Sin embargo, al día siguiente, la atención mediática cambió rápidamente el foco, dejando una vez más a un lado la denuncia de la situación estructural de desatención y abandono que sufren las personas presas y, en concreto, las mujeres encarceladas.

La problemática en torno a la protección de la vida y la salud física y mental de las mujeres presas, atravesada por continuas y diversas violencias, comienza ya antes de su propio ingreso en prisión. Como consecuencia de la continua violencia a la que nos vemos expuestas las mujeres en esta sociedad misógina, un estudio reciente constató que entre el 70 y el 75 por ciento de las mujeres encarceladas habían sido víctimas de violencia de género grave. Sin embargo, según el reciente Informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), cuando una mujer ingresa en prisión, no se atiende a esta particular problemática ni ofreciendo información ni reconocimientos médicos de violencia sexual ni ningún tipo de asistencia psicológica, como prescriben las Reglas de Bangkok para la protección internacional de las mujeres privadas de libertad.

Una vez dentro de las cárceles, las condiciones de vida en prisión no hacen sino empeorar la salud de todas las personas que son encarceladas. En el caso de las mujeres, se añaden violencias concretas que contribuyen a ese empeoramiento de la salud. Uno de esos elementos que sin duda tiene consecuencias negativas en la salud de las mujeres es el doble estigma que soportan cuando delinquen, acusadas de delincuentes y de “malas mujeres” por haber violado, no solo su rol de “ciudadanas obedientes”, sino también el de mujeres no violentas y cuidadoras. Es la “doble condena” —y la doble violencia— que se impone a las mujeres que delinquen.

Además, dado el bajo porcentaje de mujeres encarceladas (alrededor del 7 por ciento del total de la población penitenciaria) y dada la configuración patriarcal del sistema carcelario, las mujeres son invisibilizadas y ocupan una posición marginal, que hace incrementar para ellas la dureza de la cárcel. Normalmente, las mujeres son encarceladas en prisiones hechas para hombres, donde ocupan un anexo a la prisión y, habitualmente, por la escasez de espacios de reclusión para mujeres, se ven obligadas a aceptar condiciones de encarcelamiento especialmente exigentes (como ocurre en la cárcel de Pamplona, cuyo módulo de mujeres es un Módulo de Respeto), e incluso, a alejarse cientos de kilómetros de sus lugares de arraigo. Estos elementos añaden violencias a las mujeres presas y tienen consecuencias negativas muy graves en su salud física y mental. De hecho, si la tasa de suicidio aumenta para las personas privadas de libertad respecto de la población en general, este porcentaje es aún mayor cuando se trata de mujeres encarceladas.

A pesar de la especial vulnerabilidad de las mujeres presas en términos de salud y calidad de vida, la atención sanitaria en las cárceles del Estado español es absolutamente lamentable. Son innumerables las críticas que se pueden hacer al respecto. Para empezar, que en la atención médica priman el orden y la seguridad sobre los criterios sanitarios, y que faltan profesionales sanitarias, ya que ni siquiera se cubren las plazas previstas y esto impide que pueda darse una atención sanitaria adecuada.

Otro problema fundamental es la atención a la salud mental y el funcionamiento de los protocolos de prevención de suicidios. Las cárceles del Estado español están llenas de personas con problemáticas de salud mental, previas a la entrada en prisión o desarrolladas durante el cumplimiento de la condena. La estancia en la cárcel no hace sino aumentar este sufrimiento psicológico, siendo frecuentes los episodios de autolesiones e intentos de suicidio. Sin embargo, prácticamente no existen vías para que quienes sufren trastornos mentales accedan a recursos adecuados de atención psiquiátrica y, en las cárceles, la mencionada perspectiva de orden y seguridad y la falta de medios sanitarios hace que las respuestas a los episodios sean de carácter punitivo en lugar de terapéutico, implicando incluso sanciones disciplinarias, como denuncia el CPT en su informe.

Cuando una persona muestra signos de querer acabar con su vida y se activa el protocolo de prevención de suicidios, la principal (si no la única) medida que se toma es encomendar a otra persona presa que actúe como observadora, como “presa sombra”, acompañando a la persona las 24 horas y vigilándola. Esta medida resulta aberrante: no se ofrece a la persona la atención profesional que requiere y se impone a la “presa sombra” —a menudo, coaccionada— la responsabilidad de atender y sostener esta compleja situación, pudiendo afectar negativamente a su salud mental y física. Esta práctica debe desaparecer y, como —una vez más— recomienda el CPT, estas situaciones se tienen que atender por personal sanitario capacitado.
No pretendemos abarcar en este texto la multiplicidad y la gravedad de violencias que soportan las mujeres presas y la afectación en su salud y en su vida. Sería una tarea imposible.

Lo que pretendemos es contribuir a volver a poner el foco en el lugar correcto. ¿Quién protege a las mujeres presas de las múltiples violencias a las que están expuestas en el sistema penitenciario? ¿Cómo asume el Estado su responsabilidad de garantizar la salud y la vida de las mujeres presas? ¿Qué va a hacer el Gobierno de Navarra? Tras la asunción de la competencia de la sanidad penitenciaria, tiene la obligación de garantizar la salud y la vida de las personas presas en la cárcel de Pamplona. La sociedad civil tenemos el deber de permanecer atentas y reivindicativas. Es por eso por lo que las denuncias de las violencias contra las mujeres tienen que incluir a todas ellas.

Fuente: https://rebelion.org/contra-las-violencias-que-atraviesan-la-vida-y-la-salud-de-las-mujeres-presas-2/

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Así serán las nuevas oposiciones docentes, que afectan a 125.000 plazas: las pruebas no serán eliminatorias y los interinos podrán acceder sin examen

El Ministerio de Educación ha acordado con los sindicatos docentes y las comunidades autónomas, a falta de algunos detalles finales, el nuevo decreto que regulará las oposiciones del profesorado y el acceso para los interinos que, reuniendo una serie de condiciones, se convertirán en empleados fijos a través de un concurso de méritos sin tener que hacer los exámenes, tal y como plantea la nueva ley para reducir la temporalidad en el sector público que está previsto que se apruebe en el Congreso la semana que viene.

El borrador de decreto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se aplicará a las oposiciones que se convoquen y resuelvan durante los años 2022, 2023 y 2024 y afectará, de entrada, a 125.000 plazas fijas en todos los niveles de la administración educativa ―Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato―, según cálculos sindicales. Está previsto que el decreto se apruebe a principios de enero.

Entre las novedades figura el hecho de que, en las oposiciones, se reduce a dos el número de pruebas al eliminarse la parte práctica. Se mantiene el examen teórico (los temas) y la exposición de la unidad didáctica. Ninguna de las pruebas será, además, eliminatoria. Es decir, que los candidatos no quedarán fuera del proceso si suspenden uno de los dos exámenes, siempre que puedan compensarlo, en la media, con el siguiente. Esto hará que muchos más aspirantes pasen a la fase de concurso de méritos.

La experiencia gana puntos

En la fase del concurso se incrementa la valoración de la experiencia de los interinos. En esta fase los aspirantes podrán conseguir, como máximo, 10 puntos, que se repartirán de la siguiente manera: experiencia previa, máximo siete puntos; formación académica, máximo dos puntos, y otros méritos, máximo un punto.

La consecuencia del cambio es que si antes, en el conjunto del concurso oposición, la experiencia podía llegar a pesar un 12%, ahora aumenta a un 28%.

Interinos

Para los interinos que puedan acogerse a la nueva ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el borrador de decreto establece cómo se contabilizarán los méritos de acceso. El baremo para valorarlos se estructurará de la siguiente forma: la experiencia previa pesará un máximo de siete puntos, la formación académica, un máximo de tres, y otros méritos, un tope de cinco puntos.

Cada año de experiencia docente en un centro público, los interinos recibirán 0,7 puntos, y por cada año trabajado en otro tipo de centro educativo, 0,15 puntos.

El nuevo decreto establecerá una regulación transitoria, hasta 2024, y tiene como objetivo reducir la temporalidad. Para el periodo posterior se deberá negociar un nuevo sistema de acceso a la función pública.

Convocatorias abiertas a todos

Los concursos de méritos no serán restringidos y se podrán presentar a ellos todos aquellos que reúnan las condiciones. Esto puede tener como consecuencia que los interinos se presenten a los concursos de todas las autonomías que los convoquen, y que profesorado de, por ejemplo, Andalucía, acabe estabilizado en Castilla-La Mancha o en Madrid.

Fuente: https://elpais.com/educacion/2021-12-21/asi-seran-las-nuevas-oposiciones-docentes-que-afectan-de-entrada-a-125000-aspirantes-la-primera-prueba-no-sera-eliminatoria-y-los-interinos-podran-acceder-sin-examen.html

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España: Trabas, ‘mucha ilusión’ y tesón para el desarrollo de la mujer en la ciencia

‘Mujer y liderazgo en ámbitos STEM’ fue la segunda mesa redonda de la programación

Pilar Mateo y Ana Lluch fueron las protagonistas indiscutibles de la segunda mesa redonda del encuentro, «Mujer y liderazgo en ámbitos STEM», moderada por Elena Pinilla, investigadora distinguida en el Centro de Tecnología Nanofotónica de la UPV y vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física.

Sus perfiles profesionales —científica y presidenta de Inesfly Corp y catedrática emérita de la Universitat de València, así como coordinadora del Grupo de Investigación de Biología en Cáncer de Mama Incliva, respectivamente— las convierte no solo en referentes, sino en eminencias.

Ana Lluch, coordinadora del Grupo de Investigación Incliva.

Ana Lluch, coordinadora del Grupo de Investigación Incliva. ED

«Ser mujer nos hace tener una sensibilidad especial para entender problemas pero, por ser mujer, nos ha hecho falta mucha ilusión, tesón y trabajo, pues nos hemos enfrentado a muchas trabas», admitió Ana Lluch al ser preguntada por su profesión, autodefinida como «medicina humanizada».

«La mirada holística de las mujeres debe servir para reivindicar el valor social de la ciencia», destacó Pilar Mateo, presidenta de Inesfly Corp

En esta línea, Pilar Mateo quiso puntualizar que la «mirada holística» de las mujeres mencionada por su compañera de debate debe servir para reivindicar el valor social de la ciencia. «Asumir el riesgo es algo que en el mundo del género femenino cuesta», admitió en relación a su propia experiencia personal.

Pilar Mateo, presidenta de Inesfly Corp.

Pilar Mateo, presidenta de Inesfly Corp. ED

Emprender en su carrera no solo la condujo a Bolivia, sino que la acercó a una realidad marcada por la soledad y el silencio. «Las mujeres nos enfrentamos al mito de Sísifo —metáfora de un esfuerzo incesante y, con frecuencia, inútil—».

«Cuesta mucho, pero las mujeres estamos capacitadas para hacer mucho más de lo que hacemos».

Elena Pinilla, vicepresidenta de la Real Sociedad Española de Física.

Fuente: https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/26/trabas-ilusion-teson-desarrollo-mujer-61032363.html
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España: Convocan una reunión el 4 de enero para analizar la vuelta al colegio

Europa/España/31-12-2021/Autor(a) y Fuente: www.elcomercio.es

En la misma se analizará el regreso a las aulas el lunes 10 de enero ante el incremento de contagios provocado por ómicron.

El incremento de contagios provocado por ómicron ha provocado cambios en todos los protocolos, así como nuevas restricciones en algunas Comunidades. Por ello, el Gobierno ha convocado el próximo 4 de enero en La Moncloa una reunión intersectorial de los ministros de Sanidad, Educación y Universidades con los respectivos consejeros de las comunidades autónomas con vistas a analizar cómo será la vuelta al colegio, prevista para el 10 de enero.

Salvo sorpresa, no está previsto que se retrase el inicio de las clases ni cambiar el actual protocolo sanitario, aunque no es descartable que se acabe produciendo algún cambio en las normas de prevención en la escuela. Así, no se reducirá el ratio de alumnos por aula y sí se podría reforzar el uso de mascarillas, la ventilación y los grupos burbuja en los alumnos más pequeños.

Aunque desde hace dos semanas se está llevando a cabo la vacunación de niños entre 5 y 12 años, el Gobierno considera que, pese al repunte de brotes registrado en las últimas semanas del año, la incidencia global sigue siendo muy baja y se concentra en los colegios.

Fuente e Imagen: https://www.elcomercio.es/sociedad/educacion/convocan-reunion-enero-20211229111642-ntrc.html

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Ni un paso atrás en derechos LGTBI en España

Por: Pedro Varea

El pasado 16 de diciembre, la Asamblea de Madrid debatió en pleno la propuesta de Vox para derogar la Ley Trans y la Ley LGTBI de la comunidad autónoma, es decir, las leyes 2/2016 y 3/2016, respectivamente. Ante el riesgo de perder ambas leyes, o de ser recortadas, ha habido movilización ciudadana para evitar que esto ocurriese.

Ramón Martínez, escritor, profesor en un instituto de Madrid y activista LGTBI, comenzó una recogida de firmas el pasado 7 de diciembre. En la solicitud alertaba de que, de ser derogadas, se perdería la protección legal que ofrecen ambos documentos. Recuerda que las leyes 2/2016 y 3/2016 prohíben las mal llamadas terapias de conversión, así como multan las agresiones LGTBIfóbicas y reconocen la autodeterminación de género de las personas trans, entre otros tantos mecanismos de defensa para el colectivo.

Ante este riesgo, la solicitud de Martínez exige al Partido Popular que no se abstuviera ante la derogación (o reforma, como así prefiere el grupo parlamentario) de estos derechos. Martínez expresa que no puede haber equidistancia entre “un discurso de odio más radical y la defensa de los Derechos Humanos”. Algo que también se escuchó en las calles el 15 de diciembre, cuando tuvo lugar una manifestación en la Puerta del Sol de Madrid.

Manifestación a la que también asistió Carla Antonelli, activista trans y ex diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE, quien advierte que se ha abierto una veda: poner a debate la derogación de los mecanismos de protección del colectivo LGTBI legitima pensar que se puede retroceder en ellos. Una consecuencia que lamenta que podría ocurrir es el aumento de las agresiones homófoba y tránsfobas, ya que “se sienten respaldados por las instituciones que les representan”.

Por su parte, Eduardo Rubiño, presidente del Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea, corrobora esto y menciona que aún queda mucho recorrido por delante. Dice que quedan dos años de legislatura y, si bien la propuesta de Vox no salió adelante, el debate está sobre la mesa. Algo que también señala la Fundación Triángulo, que lucha por la igualdad social del colectivo. Su coordinador estatal, José María Núñez, apunta que ante la amenaza, urge la tramitación de una Ley LGTBI estatal, efectiva e inclusiva que todavía no se ha puesto en marcha, a pesar de que se esperaba para antes de 2022.

Fuente de la información: El Salto

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