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España: Andalucía prohíbe los móviles en los centros escolares hasta en el recreo

Europa/España/08-12-2023/Autoría: Camilo Álvarez/Fuente: www.elcomercio.es

Los teléfonos móviles solo estarán permitidos para fines didácticos y pedagógicos y en casos «excepcionales» autorizados por los padres.

La Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ya ha dictado una instrucción, remitida a todos los centros escolares de Andalucía, que regula del uso de los teléfonos móviles durante la jornada lectiva de los jóvenes andaluce. En la misma se contemplan medidas como la limitación durante la jornada escolar, salvo que se use con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos «debidamente justificados», así como la retirada de los dispositivos por el «incumplimiento» de las normas de convivencia.

Las intrucciones impulsadas por la Junta de Andalucía y anunciadas por su propio presidente Juanma Moreno, la semana pasada en el Debate de la Comunidad, son de obligado cumplimiento desde este martes 5 de diciembre y han sido enviadas ya a los centros educativos y asociaciones de directores.

Andalucía se suma de este modo a otras comunidades que ya regulan el uso del terminal móvil en escolares, como Cataluña, Madrid, Galicia y Castilla la Mancha.

Las limitaciones

Desde este martes se limita el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar, entendida esta como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, que incluye el tiempo de recreo y los períodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, salvo que esté expresamente previsto en el proyecto educativo del centro para determinados momentos con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos «debidamente justificados». Desde la consejería de Educación de la Junta de Andalucía se advierte de que hay que tener en cuenta la edad del alumnado, su maduración y sus características psicoevolutivas en este proceso de implantación.

 

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España-Informe PISA: siete claves básicas para descifrar lo que esconde el gran barómetro educativo

Por: Elisa Silió

La OCDE publica este martes los resultados de su último estudio, marcados por la pandemia

Este martes se lanza la última edición del informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, más conocido como el Informe PISA, por sus siglas en inglés, que pretende medir si el alumnado cuenta con las habilidades suficientes para seguir aprendiendo e incorporarse al mercado laboral. Sobre la base de esos datos, se elabora un plan de mejora de la enseñanza en cada país y se comparan las cifras internacionalmente y en el entorno escolar. No se plantea como una competición entre Estados.

¿Qué es PISA?

A finales de los años noventa, los 34 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se plantearon concebir unas pruebas que midiesen si los chicos de 15 años están preparados para participar en la sociedad. La primera edición se presentó en el año 2000 para medir las competencias matemáticas y de lectura; y en 2006 se añadieron las científicas. En cada edición se incluyen más preguntas de una de las destrezas, en esta ocasión de matemáticas.

Con los años se han ido incorporando otras pruebas que valoran unas habilidades no tan apegadas a las asignaturas, y de las que no se conocen resultados este martes. En 2014 surgió el PISA financiero, que ofrece un diagnóstico de esas habilidades, y en 2020 se desveló por primera vez los resultados en competencias globales, vitales para analizar, cuestionar y proponer soluciones a retos del siglo XXI, como la igualdad de género o la pobreza. A partir de 2025 incluirá la evaluación del nivel de inglés de los alumnos.

¿Cada cuánto se celebran las pruebas?

Se repiten cada tres años y los resultados tardan un año en conocerse, pues se analizan todos los factores antes de lanzarse el informe definitivo que detalla por nivel de renta. Los alumnos se examinaron en la primavera de 2022, con un año de retraso en esta última convocatoria, por el cierre de las escuelas por la pandemia.

¿Quién se examina?

Son convocados una muestra de los escolares de entre 15 años y tres meses y 16 años y dos meses que hayan recibido seis años de formación ―con independencia de que hayan repetido o se han decantado por la FP― de 81 países y territorios (690.000 estudiantes que representan a 29 millones). Es decir, alumnos nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2006. Se acordó establecer la prueba a los 15 años porque en casi todos los países los chicos están terminando su escolarización obligatoria, aunque en los países en vías de desarrollo, una parte importante de los más desfavorecidos ya no estudia, por lo que previsiblemente mejora los resultados nacionales que son de por sí bajos.

Esta edición tiene la mayor representación de la historia. Por primera vez se conocerán los datos de Palestina, Uzbekistán, Jamaica o Mongolia. Y no participa China, a la cabeza en 2018, por la pandemia.

¿Quién evalúa?

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) coordina con los países participantes. Cada uno somete al examen a una muestra, que se puede ampliar si hay comunidades de un país que quieren datos propios, que deben costear con sus fondos. Madrid, por ejemplo, presupuestó 200.000 euros para PISA 2018. Todas las autonomías españolas contratan una ampliación de la muestra, por lo que el país invierte mucho más en la prueba que otros. Algunos colegios privados españoles han empezado a pagar sus propias pruebas y se promocionan de esta forma. Un país pequeño gasta alrededor de 75.000 euros cada año en esta prueba; uno grande, en torno a 300.000 euros

¿En qué consisten las pruebas?

Existen dos tipos de pruebas, que desde 2015 se completan por ordenador: unas de conocimiento que miden el rendimiento del estudiante y unos cuestionarios de contexto que deben de contestar los alumnos y los equipos directivos. Por primera vez se incluye el razonamiento matemático. El objetivo es comprobar si saben aplicar a su vida lo que han aprendido en la escuela: si entienden un formulario, una receta, un manual de instrucciones, un gráfico… Los analistas se detienen en los resultados de las pruebas y los cuestionarios de los países más exitosos para establecer las características de sus sistemas educativos que puedan convertirse en referencia: ¿Cuántos alumnos hay en el aula? ¿A sus maestros se les paga más? ¿Hay un currículum determinado por un gobierno central?

¿Cómo se puntúa?

PISA no escala del 0 al 10 como se hace en España, sino que se basa en las variaciones que hay entre todos los participantes. La puntuación media de los países de la OCDE se fijó en 500 puntos y se estima que 40 puntos de diferencia en una prueba de PISA equivalen a un curso académico (algunos estudios lo reducen a 30, porque no es un dato oficial de la OCDE). En 2018, España logró en ciencias 483 puntos (13 puntos menos que en 2013) y en matemáticas 481 puntos, cinco menos que en 2015. Es decir, que se situaba medio curso por debajo de la media. Los evaluadores detectaron ese año “anomalías” en las contestaciones de comprensión lectora españolas y anularon esa parte del examen.

¿Qué pasa si suspendes?

Los resultados son anónimos y solo una muestra, por tanto, ni cuentan para el expediente del alumno ni son una reválida para aprobar esa etapa educativa. No se quiere conocer los resultados de cada estudiante, sino extrapolarlos a nivel nacional. PISA señala semejanzas y diferencias entre los distintos sistemas educativos, pero no muestra un veredicto. Muchos países establecen estándares y objetivos nacionales basados en los resultados internacionales de PISA; y algunos expertos critican a los gobiernos por hacer solo cambios cosméticos para salir mejor en la foto o que extrapolan con fallos parte de los datos para justificar la dirección de sus políticas. En cualquier caso, los cambios estructurales en un sistema se tardan en reflejar en PISA tanto en sentido positivo como en negativo.

En el informe sale bien parado no solo el país que tiene un promedio alto en la puntuación, sino el que consigue que la calidad educativa empape a todas las clases sociales, también a las más bajas. Eso ocurre en Shanghái, Hong Kong, Singapur o Finlandia.

Sobre la autora: 

Elisa Silió: Es redactora especializada en educación desde 2013, y en los últimos tiempos se ha centrado en temas universitarios. Antes dedicó su tiempo a la información cultural en Babelia, con foco especial en la literatura infantil.
https://elpais.com/educacion/2023-12-05/informe-pisa-siete-nociones-basicas-para-descifrar-lo-que-esconde.html

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España: Educación y sindicatos alcanzan un acuerdo para reducir la carga burocrática de los docentes

El pacto «mejora el bienestar de los docentes y les permitirá que puedan dedicarse a la enseñanza, que es realmente lo importante», según el consejero Víctor Marín.

La Consejería de Educación y las organizaciones sindicales SIDI, ANPE, CCOO, UGT y CSIF, presentes en la Mesa Sectorial de Educación, han alcanzado este miércoles un acuerdo para reducir la carga burocrática y administrativa que soporta el personal docente de los centros escolares de la Región.

El consejero del ramo, Víctor Marín, ha presidido la reunión de la Mesa  y ha destacado que este pacto «mejora el bienestar de los docentes y les permitirá que puedan dedicarse a la enseñanza, que es lo realmente importante, minimizando los tiempos que dedican a otras tareas».

«Este importante acuerdo se suma a otros como el de la implantación de las 35 horas semanales alcanzado el pasado mes de mayo, fruto del consenso con los sindicatos, y que responden a la política regional de refuerzo del prestigio del profesorado y la mejora de la atención al alumnado», ha indicado el consejero.

El responsable regional ha explicado que el primer punto del acuerdo es impulsar la dignificación de la principal función del docente, poniendo en valor su trabajo en documentos, instrucciones y posibles publicaciones, tanto institucionales, como del ámbito sindical.

Además de simplificar el proceso de justificación de faltas, bajas médicas y permisos del personal, el acuerdo incluye avanzar en hacer estos trámites de manera telemática, así como automatizar las gestiones relativas a programas e informes, entre otros.

También se simplificarán los documentos de carácter pedagógico con el fin de evitar duplicidades y se reducirá la documentación que tiene que rellenar cada tutor para derivar la diagnosis del alumnado a Orientación.

Asimismo, se trabajará en el desarrollo informático que permita expedir los historiales académicos por medios electrónicos con el fin de reducir progresivamente el uso de papel timbrado por parte de los centros educativos, y se creará en el perfil privado de Educarm de cada docente, un espacio que sirva como repositorio de documentos, títulos y otros posibles méritos al cual se pueda recurrir para su uso en los procedimientos convocados por la Consejería.

El Grupo de Trabajo de Simplificación Burocrática del personal docente de la Región de Murcia mantendrá, al menos, una reunión de trabajo en los meses de enero, marzo y junio de 2024para el seguimiento de la implantación de las medidas acordadas durante el curso 2023-2024 y, en su caso, estudio de nuevas propuestas.

https://www.orm.es/noticias-2023/educacion-y-sindicatos-alcanzan-un-acuerdo-para-reducir-la-carga-burocratica-de-los-docentes/

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España: La huelga general feminista logra tantas adhesiones como la de pensionistas: más de 1.500 comités de empresa

Se han adherido los comités de las principales empresas de la industria, construcción, comedores escolares, limpieza y servicios públicos.

 

Mercedes, Tubos Reunidos, Tubacex, CAF, Gamesa, Arcelormittal, Sideneor, Altuna y Uria, Construcciones Moyua, Residencias Abeletxe, Gorabide, Clece, FCC, Eulen, todos los comités de las empresas de comedores (Auzolagun, Askora, Gaska, Sodexo, etc.) y las principales de limpieza (Eulen, Garbialdi, ISS), las diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, los ayuntamientos de Gasteiz, Bilbao, Donosti e Iruña, los comités de Osakidetza, EITB, Euskotren y metro Bilbao. La lista continúa hasta llegar a más de 1.500 comités de empresas que se han adherido o presentado una moción a favor de la huelga general feminista convocada en Euskal Herria el 30 de noviembre por el movimiento feminista para reclamar la transformación del sistema de cuidados, por uno que nos cuide a todas, que dignifique las condiciones laborales de las trabajadoras y que sea público y universal, incluso comunitario. Es decir, que quede lejos de la mercantilización y privatización actual, promovida y organizada por los sucesivos gobiernos en las últimas dos décadas.

 

La cifra que han ofrecido hoy los sindicatos y el movimiento feminista tiene un espejo donde mirarse: la huelga general de pensionistas de enero de 2020. Entonces, también lograron la adhesión de más de 1.500 comités de empresa, y Euskal Herria paró notoriamente de trabajar. En esta ocasión se persigue un paro productivo, la transformación de un sistema y un recordatorio: las “mujeres que realizan trabajos imprescindibles para sostener la vida” que no podrán ejercer su derecho a huelga, debido a la precariedad de su situación —como las trabajadoras del hogar—, debido a los servicios mínimos —residencias, Osakidetza— o debido a su situación administrativa.

 

Nahiara Arrieta (Steilas), Isabel Castro (ESK) y Blanca Peleteiro (movimiento feminista) han sido las encargadas de poner voz a la rueda de prensa de hoy, acompañadas por representantes de todos los sindicatos convocantes —ELA, LAB, EHNE, Etxalde y CGT—. Han destacado cuatro aspectos: la huelga es el “hito de un proceso”, su convocatoria “ya es en sí revolucionaria”, es una huelga “ofensiva” —para que el cuidado sea un “derecho colectivo”— y que responde a los “problemas urgentes que presenta la actual crisis de cuidados”.

 

Han indicado que “tenemos el objetivo de vaciar los centros de trabajo y tomar las calles, pero además queremos subrayar que es una convocatoria de huelga que va más allá”. “Todos los indicadores económicos se miden en términos de producción, no se contabiliza el trabajo que sustenta la vida, ese trabajo que realizamos principalmente las mujeres, pero carece del reconocimiento que le corresponde, tanto político como económico y social”, destacan. Por eso alientan a medir el impacto de la huelga “con una visión más amplia, poniendo especial atención en quienes trabajan en el sostenimiento de la vida”.

 

Y aquí reside lo que califican como la “paradoja” de los empleos “imprescindibles”, los que ejercen mayoritariamente mujeres, muchas de las cuales “ni tienen derecho a la huelga o se les ha impuesto servicios mínimos abusivos, por lo que no serán contabilizadas en los datos de las personas que secundarán la huelga”.

 

Llenar las calles también es uno de los objetivos. Habrá movilizaciones en más de 100 municipios y manifestaciones en las cuatro capitales durante la tarde. El programa de actos está ya casi cerrado y las horas de los actos principales varían entre las 17.30 —por ejemplo, Bilbao— a las 19.30h, como en Tafalla.

 

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/euskal-herria/huelga-general-feminista-logra-tantas-adhesiones-pensionistas-1500-comites-empresa

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La historia de cómo España redujo la jornada laboral a 40 horas semanales

 

Por Laura Olías

«La patronal puso el grito en el cielo»

La última vez que se modificó la jornada de trabajo máxima en España fue hace 40 años. En 1982, Felipe González se hizo con la presidencia del Gobierno, el primer gobierno de izquierdas posterior a la dictadura franquista. Una de sus promesas electorales más populares era el recorte de la jornada a las 40 horas semanales, “reivindicación histórica del movimiento obrero y de la izquierda”, recuerda Joaquín Almunia, el ministro de Trabajo en aquel momento. La ley levantó a los empresarios, que pusieron “el grito en el cielo”, pero también acabó siendo motivo de “mucha bronca” con los sindicatos y “el inicio de la ruptura de UGT con el PSOE”, coinciden varios actores de la época.

 

Al igual que Sumar incluyó el recorte de la jornada laboral como una de sus medidas estrellas en la pasada campaña electoral, el PSOE de Felipe González hizo lo propio hace cuatro décadas, de cara a los comicios generales de octubre de 1982, que dieron a los socialistas una amplísima mayoría absoluta, con 202 diputados.

 

Además de la creación de 800.000 puestos de trabajo, los socialistas enarbolaron la bandera sindical de la jornada de 40 horas semanales, sin reducción de salario, para ser aprobada en el primer año de mandato, y la ampliación de las vacaciones a 30 días naturales. Con el Estatuto de los Trabajadores recién aprobado dos años antes, en 1980, las vacaciones eran entonces de 23 días naturales y la jornada “de trabajo efectivo” podía alcanzar las 43 horas semanales si era partida (con una hora de descanso diaria como mínimo) y de 42 horas semanales si era continuada.

 

“Habíamos conocido las jornadas de 48 horas a la semana hacía poco, estuvo vigente hasta el año 1976”, cuando se redujo a 44 horas semanales, destaca el catedrático de Derecho del Trabajo, Eduardo Rojo. Así, en apenas seis años las normas laborales habían reducido notablemente las horas legales de trabajo. “Fue muy relevante, algo histórico”, recuerda Rojo.

 

A finales de diciembre de 1982, menos de un mes después de la toma de posesión del gobierno socialista, el Consejo de Ministros aprobó la jornada laboral de 40 horas semanales para que fuera tramitada en las Cortes y que entrara en vigor a mediados del año siguiente. El ministro Almunia presentó ante la prensa la reducción de la jornada máxima como una reivindicación “ampliamente sentida” por la sociedad, que alcanzaba a cuatro millones y medio de trabajadores, y subrayó que la medida acercaba a España “a los niveles europeos”.

 

La CEOE en rebeldía y una coma fantasma

En la misma rueda de prensa de diciembre del 82, los ministros socialistas ya tuvieron que responder a las críticas de la patronal CEOE, y en concreto las de la banca, que se revolvieron en contra de la medida desde un inicio. Los empresarios defendieron que, en caso de reducirse la jornada, esta disminución tendría que tener una repercusión en los salarios. “La filosofía de la CEOE en este sentido es que si los asalariados trabajan menos, cobren menos, para que así colaboren en el sacrificio que se pide a todos para crear empleos”, recogía ABC en esos días.

 

 

Con argumentos similares a las críticas actuales de la patronal al acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar para reducir la jornada a las 37 horas y media, como el aumento de costes, la afectación al empleo y la vulneración de la negociación colectiva, entonces el tono de las organizaciones empresariales era “más duro”, considera Joaquín Almunia en conversación con elDiario.es.

 

“La CEOE tuvo ya un tono intolerable en la campaña electoral y le costó digerir los resultados de las elecciones”, apunta Almunia. Dado que tenían una mayoría muy holgada, el Ejecutivo de Felipe González inició su hoja de ruta en seguida, lo que “no sentó nada bien” a la patronal, dirigida por su presidente Carlos Ferrer Salat, “más dialogante”, pero con José María Cuevas como secretario general, “que tenía un tono más agrio”, valora el entonces ministro de Trabajo.

 

A días de aplicarse la medida, José María Cuevas declaró la insumisión a la nueva norma ante los medios: “La CEOE no acepta la entrada en vigor del decreto que fija en 40 horas semanales la jornada de trabajo”, ya que consideraba que iba en contra del Acuerdo Interconfederal de 1983. La patronal anunció la denuncia de “la mayoría de los convenios firmados”, que dio lugar a una batalla judicial sobre la interpretación y aplicación de la norma con “muchos conflictos colectivos”, recuerda Enrique Lillo, abogado laboralista de CCOO.

 

Por un lado, los tribunales dieron la razón a los sindicatos en que la norma tenía una aplicación inmediata, ya desde julio de 1983, independientemente de que los convenios se hubiesen pactado previamente, algo que confirmó el Constitucional en 1990. Por otro lado, la justicia falló a favor de los empresarios en la posibilidad de la distribución irregular del horario dentro de la jornada anual, lo que permitía superar algunas semanas el límite de 40 horas en favor de otras más cortas, según la actividad de la empresa.

 

“De algo malo, la reducción de la jornada, conseguimos un efecto bueno, pactar la jornada anual, globalizar la jornada. Provocó una gran conmoción en Europa, recuerdo perfectamente la carta de la patronal alemana felicitándonos”, explica Fabián Márquez, presidente de Arinsa y negociador durante años de la patronal. “Fueron meses de mucha tensión y negociación”, recuerda, ya que muchas empresas mantenían jornadas que superaban el nuevo límite legal. “Entonces los bancos abrían los sábados”, responde Márquez sobre el porqué de tanta hostilidad del sector financiero.

 

Joaquín Almunia relata una “anécdota” que da cuenta de la tensión en la tramitación parlamentaria de la medida. “Había una coma que se movía en el texto y cambiaba el sentido en contra de la voluntad del legislador. Cuando salió el texto de la ponencia, se lo dije a los letrados de las Cortes y se corrigió, pero después el texto volvía a tener la coma”, sostiene el socialista. “Nunca lo pude probar, pero creo que había alguien de CEOE detrás”, añade Almunia. ABC da cuenta en una información del 23 de julio de esta coma fantasma, con la que se indica que la patronal había hecho su interpretación sobre la aplicación de la ley.

 

Conflicto sindical y ‘divorcio’ con UGT

Sin embargo, las discusiones no se limitaron al lado de los empresarios. Desde su anuncio en diciembre de 1982, “la tramitación de la norma estuvo marcada por las incidencias”, explica Agustín Moreno, entonces secretario de Acción Sindical de CCOO, más tarde dedicado a la enseñanza y a la política (ex diputado regional de Unidas Podemos en Madrid).

 

Más allá de la coma fantasma que favorecía a la CEOE, los sindicatos mayoritarios lanzaron duras críticas contra el Gobierno cuando este publicó una instrucción sobre cómo debía aplicarse el límite de 40 horas a la semana en lo que quedaba de año, con un cómputo que reflejaba más horas que las que anotaban los sindicatos. Las centrales sindicales acusaron directamente al Ejecutivo de Felipe González de plegarse a la CEOE y desvirtuar “plenamente el contenido de la ley”, apuntaba CCOO a los medios de la época.

 

La disputa fue especialmente relevante en el caso de UGT, por la unión histórica existente con el PSOE, que se rompería pocos años después. Nicolás Redondo, entonces líder del sindicato, tuvo un “enorme cabreo” con la actuación del Gobierno socialista sobre la aplicación de las 40 horas de jornada, sostiene Fernando Luján, actual vicesecretario general de Política Sindical de UGT. “Por aquel entonces, Nicolás ya acuñó la frase que luego repetiría ‘no hay más radical que un moderado engañado’. Empezó ahí su divorcio con Felipe González”, explica Luján.

 

Agustín Moreno coincide, de su amistad de años y conversaciones con Redondo (fallecido hace unos meses), en que el encontronazo sobre la jornada de 40 horas a la semana fue “el principio de la ruptura histórica del PSOE y UGT”, cuando se “rompió una confianza” que se resquebrajaría después con más conflictos, como el proceso de reindustrialización, la reforma de pensiones y el plan de empleo juvenil que dio lugar a la gran huelga del 14-D de 1988, entre otros.

 

“Creo que muy rápidamente el PSOE tomó consciencia de que no quería enfrentarse tanto a la patronal”, valora Moreno, que destaca que la flexibilidad permitida impedía el espíritu de reparto del trabajo que defendían los sindicatos con las 40 horas bajo el lema ‘Trabajar menos para trabajar todos’.

 

Joaquín Almunia sigue defendiendo que “había que graduar” la aplicación de la medida, por lo que reconoce que discutió mucho con los sindicatos. El entonces responsable del Ministerio de Trabajo advierte de la difícil situación del mercado laboral de la época, con altos niveles de paro y una economía afectada por varias crisis, entre ellas inflacionistas, que los socialistas heredaron del anterior gobierno. “Había que ser cuidadosos con los efectos no deseados”, considera.

 

Fabián Márquez, negociador con la patronal, cree que “Almunia fue consciente de la repercusión que iba a tener eso en las empresas, en el país”. Advierte de que, aunque muchos sectores ya tenían jornadas pactadas en este sentido, otras actividades no y tenían que adaptarse al cambio. “Como ocurre ahora, no todas podrán hacerlo”, sostiene Márquez, que señala en especial a los sectores de hostelería y comercio y a las pequeñas empresas.

 

En la parte trabajadora, consideran que la “sobreactuación” de los empresarios en los 80 se está replicando en el presente, indica Fernando Luján, que pone el acento en que los pronósticos fatalistas de las patronales no se cumplieron hace cuarenta años ni lo harán ahora, cuando considera que la reducción de la jornada mejorará la productividad.

 

“Siempre lanzan mensajes catastrofistas y esto no hunde nada, como no lo ha hundido la reforma laboral ni el salario mínimo”, destaca también Enrique Lillo. Agustín Moreno defiende que el acuerdo de gobierno es “moderado” y recuerda que la reivindicación sindical se sitúa en las 35 horas a la semana, jornada que reguló Francia hace más de 20 años. “La jugada de la CEOE es poner pie en pared, impedir que se vaya a más, pero este debate debería seguir, no puede quedarse en las 37 horas y media”, sostiene.

 

Fuente: https://www.eldiario.es/economia/historia-espana-redujo-jornada-laboral-40-horas-semanales-patronal-puso-grito-cielo_1_10654791.html

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Entrevista a Bárbara Tardón: «Ninguna feminista está preparada para enfrentar la violencia que ha enfrentado el ministerio»

 

Entrevista a Barbara Tardón feminista, asesora y experta en violencias sexuales hacia las mujeres.

 

Asesora de la ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero —de Podemos— en la legislatura que toca a su fin con el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar, Bárbara Tardón (Madrid, 1976) agota sus días en la calle Alcalá, donde tiene su sede esta institución, tras casi cuatro años de trabajo. Tardón fue antes asesora de la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo de la Vega —socialista—, y sabe de las críticas a las políticas de igualdad y al anterior Ministerio de Igualdad, el que lideró Bibiana Aído entre 2008 y 2010. Pero cree que lo que se ha vivido en el ministerio de Irene Montero, que la ministra ha señalado como “violencia política”, no tiene precedentes.

 

Cuando en España se empezó a hablar de violencias sexuales al hilo de las movilizaciones feministas que pusieron en el centro el “no es abuso, es violación”, que acabaría impulsando la Ley de garantía integral de la libertad sexual, ella ya estaba ahí: desde 2006 Tardón trabajaba con supervivientes de violencias sexuales y de esa experiencia dio el paso a los estudios académicos.

 

Ha investigado sobre violencia sexual para diferentes organizaciones e instituciones de Europa Occidental, Europa Oriental y Latinoamérica, entre ellas, Médicos del Mundo o Amnistía Internacional, organización donde dirigió la investigación Ya es hora de que me creas, publicado a finales de 2018, uno de los informes de referencia en España sobre la atención de las instituciones a la violencia sexual.

 

Cuando salga definitivamente del Ministerio de Igualdad, dice, piensa convertirse en activista de la ley del sí es sí, que defiende como una ley integral sin precedentes. Y descansar de varios años de vértigo. “No ha habido un día en donde el ministerio y el equipo ministerial y la ministra no fueran noticia en este país, lo cual es sintomático de lo que supone para el patriarcado y para toda esa estructura patriarcal el ministerio”.

 

En enero 2020 se crea el Ministerio de Igualdad de esta legislatura, que ha acompañado y promovido un amplio debate en torno a otras violencias machistas más allá de la violencia de género en pareja, y especialmente sobre violencias sexuales. Tu trayectoria en la investigación de las violencias machistas empieza antes. ¿De qué violencias se hablaba cuando empezaste a especializarte en violencia sexual?

Yo tengo 46 años y empecé a trabajar con 28 acompañando a las víctimas de violencia en pareja o expareja. Trabajaba en entidades del tercer sector y ONG. No entré directamente en la academia, sino que a raíz de toda mi experiencia laboral acompañando a mujeres, empecé a adentrarme en la investigación de la violencia sexual. En 2006 me contrató una entidad que trabajaba con las supervivientes de violencias sexuales y empecé a meterme. ¿Qué es lo que descubrí a raíz de eso? Pues que no solamente de manera teórica, sino en la realidad del día a día, nos encontrábamos con una desatención institucional hacia las supervivientes de violencias sexuales radical y absoluta. Pero, desgraciadamente, tengo que decir también que, al menos en el contexto español, y me atrevo a decir que en Occidente —no tanto en América Latina y quizás en Estados Unidos un poquito menos— las violencias sexuales contra las mujeres tampoco estaban dentro de la agenda, tanto política como social. Las violencias sexuales no eran centrales en ningún caso y el sujeto político por excelencia de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres eran las víctimas supervivientes de violencia en pareja o expareja. Todo lo que tenía que ver con el deber del Estado y de las instituciones en la atención, en la reparación integral, se centraba solo en la violencia en pareja o expareja.

 

Poquito a poco, por distintas circunstancias, el movimiento feminista fue adentrándose en la visibilización de las violencias sexuales, fue incorporándolo en su agenda. Entiendo que también venía arrastrado por América Latina y por un MeToo norteamericano que no quiero dejar de recordar que viene de mucho antes de lo que podemos llegar a imaginar, y que fueron las mujeres racializadas norteamericanas las primeras que quisieron denunciar esas violencias sexuales estructurales.

 

Con ese bagaje profesional, decidí dar el paso y empecé en 2013 a investigar para mi tesis doctoral, que defendí en el año 2017, que es precisamente sobre la historia de las violencias sexuales y la desatención del Estado español a las violencias sexuales. A partir de 2016 esto coincide con el caso de la chica agredida sexualmente en Sanfermines y con todo el poder del movimiento feminista. Y creo que ahí juegan un rol fundamental muchas periodistas feministas que, por primera vez, empiezan a incluir en sus agendas, también comunicativas, las violencias sexuales. Porque si rastreamos en cómo se representaban los medios, las violencias sexuales estaban totalmente desatendidas también.

 

O estereotipadas…

Totalmente. Por eso, el trabajo de Nerea Barjola [Microfísica sexista del poder] para mí es la obra maestra de las violencias sexuales en el contexto de nuestro país, porque en nuestro país no teníamos una referente teórica que nos cambiara el paradigma. Y Nerea es eso. Y precisamente de lo que habla es de esa representación del terror sexual. Como decía, en 2016 diferentes vectores se aúnan para por fin situar en la agenda las violencias sexuales. Luego Amnistía Internacional me contrata para elaborar la investigación de Ya es hora de que me creas.

 

Cuando yo realicé mi investigación de violencias sexuales, no había ni informes teóricos del movimiento feminista. Acsur Las Segovias hizo uno estupendo, no quiero dejar de nombrarlo, pero el informe de Amnistía Ya es hora de que me creas cambia también en términos de incidencia política y de dar el toque a las instituciones. Poco a poco empieza esa fuente de obras que empiezan a hablar de la violencia sexual. Y el recorrido biográfico termina con una oportunidad en mi vida que es que primero me llama la secretaria de Estado, Soledad Murillo, en el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, y luego me llama la ministra para formar parte de su equipo, junto con otras compañeras, para tomar las riendas y por fin empezar a elaborar políticas públicas y relatos políticos que estén dirigidos a visibilizar las violencias sexuales y a acompañar a las supervivientes.

 

En el año 2018 el movimiento feminista toma las calles para decir “no es abuso, es violación”. ¿Qué pensabas entonces de ese lema?

El “nombrar para politizar” famoso de Celia Amorós era un paso fundamental que teníamos que dar como activistas, como feministas y como teóricas. Y la realidad es que “abuso” era una palabra insignificante para lo que son las violencias sexuales en las vidas de todas, en nuestra biografía. Cuando el movimiento feminista empieza a señalar que no es abuso y que es violación, creo que más allá de lo que implica nombrar, se produce un giro radical que en la representación cultural que marca un antes y un después también. Ya no nos conformamos con palabras nimias, estamos hablando de una agresión sexual, estamos hablando de violencias sexuales, estamos hablando de un continuo que nos atraviesa a todas las mujeres en nuestras biografías, en todo el planeta. Creo que esa conceptualización es clave también.

 

Estamos en 2023, ha pasado poco tiempo pero “no es abuso, es violación” ya no solo es un lema feminista sino el principio de una ley. ¿Qué impacto tiene eso?

El impacto que tiene es doble. En primer lugar porque podemos, desde la integralidad de una norma de estas características, no solamente trabajar para prevenir las violencias, las agresiones sexuales, las violaciones, sino que por primera vez vamos a penalizar también esas agresiones sexuales que se ejercen de manera constante y continua contra las mujeres. Eso implica reclamar una deuda histórica que es la justicia feminista para todas. Para mí eso es clave, que esté en una norma, que se visibilice, pero que hablemos también de ese derecho a la justicia feminista al que yo por lo menos no quiero renunciar.

 

Y que se penalice de una forma distinta no significa que las feministas estemos abogando como única salida por las medidas punitivas, ni mucho menos. Porque las penas tienen que ser proporcionales a un delito. Lo que estamos abogando es por un derecho del que nos han despojado a lo largo de los siglos, que es el derecho a la justicia y por el que vamos a seguir peleando muchas, a pesar de que la derecha, la ultraderecha o el negacionismo intenten robárnoslo.

 

Hay un debate interno dentro del feminismo, sobre si la ley es punitivista o si hay que rendirse al Código Penal para hacer justicia con las mujeres. ¿Qué piensas?

Creo que eso es de una gran ignorancia. Para empezar, porque es una ley integral y creo que quien centraliza el debate de la ley solo en el Código Penal es quien lo mantiene en el marco punitivista. Es una ley integral que tiene más de 60 artículos y habla de la prevención, de la sensibilización, del derecho histórico a la reparación integral de las víctimas, de la educación. Lo que viene es a paliar todo ese gran vacío histórico que existe para intentar enfrentar y para intentar erradicar las violencias sexuales. Cuando me hablan de que es punitivista y se centra en el Código Penal… pues me indigno un poco, tengo que reconocerlo, porque al final me temo que lo que estamos haciendo cuando catalogamos a esta ley como punitivista es agarrarnos precisamente al discurso más punitivista, que es focalizar en el cambio del Código Penal, que ni mucho menos es el espíritu de esta norma. Sabemos es que cada víctima es única y cada víctima tiene unos derechos, unas necesidades vitales y biográficas. Pero la mayoría de las supervivientes y de las víctimas lo que desean es el reconocimiento de la verdad y, por supuesto, reparar todos los derechos vulnerados de la mejor forma posible. Unas lo desean a través del Código Penal, otras a través de unos recursos de atención integrales como los centros de crisis 24 horas, y otras en sus espacios.

 

Si echamos un vistazo a cómo nuestro sistema judicial ha operado en ese derecho de las víctimas, nos damos cuenta también de que es es una indecencia lo que se encuentran las víctimas. En el informe de Amnistía Internacional, lo que nos dijeron la mayoría de las víctimas es que si llegan a saber lo que pasaría tras denunciar, no lo hubieran hecho. Eso es un mensaje evidente de cómo nuestro sistema judicial sigue operando desde unos marcos patriarcales y con enormes prejuicios, ejerciendo una violencia institucional que es inadmisible. Y ahora que estoy en el Gobierno como parte del equipo de este Ministerio de Igualdad, nuestro deber es impulsar políticas que intenten precisamente atenuar todo ese dolor. Es nuestra obligación atenuar el dolor de las víctimas que sí quieren esa justicia.

 

Existe el precedente del Ministerio de Igualdad del Gobierno de Zapatero, donde la cartera de Igualdad fue objeto de muchas críticas. Sabiendo lo que ocurrió entonces, ¿estabais preparadas para todo lo que ha pasado? ¿La reacción contra el Ministerio de Igualdad estaba en vuestros planes comunicativos y personales?

Voy a hablar por mí: ninguna feminista está preparada, ninguna, para enfrentar la violencia que el equipo del Ministerio ha enfrentado. El sufrimiento de estos cuatro años no lo voy a olvidar nunca, lo tengo clarísimo. Y la violencia extrema que han sufrido la ministra de Igualdad, la secretaria de Estado, la delegada del Gobierno y el resto del equipo es de una violencia indescriptible, inaudita en la historia de nuestra democracia.

 

Y lo más doloroso para mí de todo este proceso es que una parte del movimiento feminista se ha subido al carro de la violencia. Vengo del movimiento feminista, de una militancia de base. Ha sido dolorosísimo. La crítica no es dolorosa. La crítica unas veces nos gusta en lo personal, otras veces nos indigna, otras nos abre los ojos. No. Lo que es inaudito es que haya una parte, creo que pequeña, del movimiento feminista, que deliberadamente haya ejercido esa violencia. Creo que todavía tenemos mucho dolor. Voy a ser sincera: acarreo rabia encima y necesito que la rabia se me pase porque, si no, no puedo seguir siendo militante feminista.

 

De la misma forma, no voy a olvidar a las compañeras que nos han acompañado en el proceso y al feminismo que incluso siendo crítico con el Ministerio, porque no pasa nada (yo soy crítica con su propio equipo dentro del ministerio, no pensamos igual todas), han decidido no mirar a otro lado y sobre todo han decidido acompañarnos. Esas son las compañeras que ya están tatuadas en mi biografía y a algunas no las conozco, pero no se nos van a olvidar nunca.

 

Irene Montero nombró lo que ocurría como violencia política de forma más o menos reciente y llegó a haber cierto apoyo de otras políticas y políticos. Creo que fue importante, porque ha habido una parte de la legislatura donde se ha entendido como crítica legítima, como mucho se ha leído como troleo. Una vez que se ha nombrado como violencia política la reacción contra el ministerio, ¿ha cambiado algo?

La ministra y el equipo del ministerio han conseguido por primera vez hablar en nuestro país de violencia política contra las mujeres. No hay que olvidar que este tipo de violencia ya está reconocida en numerosas legislaciones de América Latina porque tiene una gran experiencia con sus defensores de derechos humanos y sus políticas como víctimas y supervivientes. Y también hay que recordar que en Europa hay países donde han asesinado también a políticas más bien de tiempo.

 

Entiendo que el reto futuro, porque la reacción patriarcal es cada vez más cruenta, va a ser incluir en nuestros marcos normativos y de políticas públicas la violencia política contra las mujeres. Porque creo que el avance que estamos dando es tan grande que el patriarcado no lo va a tolerar. Por lo tanto, desgraciadamente, también vamos a tener que ampliar nuestros marcos en materia de protección y garantía de derechos.

 

¿Qué hace un ministerio en funciones?

Un ministerio en funciones hace exactamente lo mismo que cuando no está en funciones, pero con la diferencia de que hay algunos proyectos o iniciativas que no puedes desarrollar y que tampoco puedes comunicar. Pero nosotras vamos todos los días en nuestro horario, que es súper importante decirlo porque esta es otra de las cosas que nos dicen cuando nos maltratan, que no trabajamos. Seguimos cada día junto con todo el equipo funcionarial del ministerio trabajando mano a mano e implementando las políticas públicas que ya hemos aprobado en esta legislatura. Y luego, es fundamental, con la presidencia europea. Tenemos mucho trabajo.

 

Luego hay un asunto muy importante, que son los fondos europeos de recuperación y resiliencia que caducan el 31 de diciembre, y hemos aprobado desde el Ministerio de Igualdad medidas importantísimas para la garantía de los derechos de las mujeres, como son los centros de crisis, como es el sistema Atenpro, como son los dispositivos… Un montón de medidas.

 

Si tuvieras que hacer balance, ¿de qué te sientes más orgullosa y qué cambiarías?

De lo que más orgullosa me siento es de haber sido parte del equipo de Irene Montero y de un ministerio que ha apostado por políticas feministas transformadoras para la vida de las mujeres.

 

¿Qué habéis hecho mal? ¿En qué os habéis equivocado?

Cambiaría muchas cosas, evidentemente, y estoy convencida de que nos hemos equivocado cada día. Quizás lo que cambiaría sería el ritmo frenético al que hemos estado sometidas para, ante la angustia de que esto terminara, sacar adelante toda esa batería de políticas públicas y de leyes que hemos hecho. Porque creo que quizás las políticas públicas se tienen que hacer de una forma un poquito más tranquila. Pero es verdad que los tiempos y el momento político no nos lo permitían.

 

Desde los medios también ha habido esa sensación de vértigo. El ministerio ha acaparado muchísima atención mediática, diría que desproporcionada si se tiene en cuenta su tamaño, ya que es uno de los ministerios más pequeños.

 

Ha sido una locura. No ha habido un día en donde el ministerio y el equipo ministerial y la ministra no fueran noticia en este país, lo cual creo que es sintomático de lo que supone para el patriarcado y para toda esa estructura patriarcal el ministerio.

 

Igualdad ha sido blanco de críticas, de ataques y de fake news de forma constante, eso es indudable. Sin embargo, las rebajas de condenas a presos condenados por violencia sexual a raíz de la ley del solo sí es sí supusieron un punto de inflexión, porque ya no hablamos de fake news o de críticas reaccionarias de medios conservadores, sino de hechos. ¿Ha sido esa la mayor crisis del ministerio?

Yo creo que sí, la verdad. Porque hay un relato objetivo y demoledor que es el relato de “violadores a la calle”. Y frente a ese relato es muy complicado defenderse porque objetivamente hay una serie de juezas y jueces que están aplicando una serie de criterios que no se corresponden con el espíritu de la ley ni con la circular de la propia Fiscalía, ni con los criterios de otros jueces y juezas que no han traducido penas ni han revisado las condenas. Yo lo tengo claro: es un relato funcional y es un relato también disciplinario, pero es muy complicado de desmontar como relato. Porque yo no puedo objetar nada a una mujer que ha sido agredida sexualmente y que considera que la condena es proporcional cuando ve que el agresor ha sido puesto en libertad o ha visto reducida la condena… Es que no tengo nada más que decir, lo que hago es solidarizarme con esa víctima. Para mí ha sido lo más complicado de toda esta legislatura.

 

La ley es una gran ley, pero ese relato es demoledor. Sobre todo cuando hay toda una maquinaria que opera al servicio de destruir al Ministerio de Igualdad. Y, desgraciadamente, en la Ley de Libertad Sexual y en el Código Penal ha encontrado la horma perfecta.

 

Se han pedido dimisiones de responsables del ministerio casi desde que se creó, sin muchas repercusión. Pero, ¿se llegó a plantear alguna dimisión cuando se conocieron las rebajas?

Internamente no, porque defendemos la ley. Me temo que es complicado de trasladar pero la ley, tal y como se redactó, es conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, y a lo que establecen todos los informes preceptivos. Era una ley que se planteaba que no iba a producir estos efectos.

 

En un contexto tan débil y tan debilitado como fue el de que se estaba poniendo en la calle a los agresores, lo facilón habrían sido las dimisiones, los ceses inmediatos. Lo fácil no ha sido señalar qué es lo que está fallando dentro de este patriarcado judicial. Porque los agresores han sido puestos en libertad en la mayoría de los casos a lo largo de los últimos veinte años. O sea, si echamos un vistazo a la jurisprudencia o entramos en los buscadores de jurisprudencia, observamos una inmensa impunidad contra las agresiones sexuales, observamos que en la mayoría de los casos nunca llegan al sistema judicial y que los que llegan muchas veces terminan en absoluciones, precisamente por cómo está construido el propio sistema judicial, por los estereotipos de género, por los prejuicios, por el machismo judicial.

 

También fue llamativo que medios, tertulianos y partidos solicitaran dimisiones en Igualdad, cuando sabemos que es una norma en la que se han visto implicados otros ministerios y principalmente el Ministerio de Justicia. Mientras tanto, es un escándalo que comunidades autónomas como las del Partido Popular, que tienen millones de euros para crear los centros de atención a víctimas de violencia sexual, hayan pedido que se posponga al año que viene, después de dos años, al tiempo que están cada día en todas las instituciones atacando a la Ley de Libertad Sexual. Para mí, todo esto ha superado con creces lo que yo me podía llegar a imaginar que era trabajar en un ministerio de estas características.

 

¿Era más fácil dimitir que tratar de explicar lo que estaba pasando?

Nosotras hemos intentado en numerosas ocasiones explicar lo que estaba sucediendo y lo vamos a seguir explicando. Y yo personalmente voy a seguir explicando durante los próximos años de mi vida en qué consiste esta ley, que no es del ministerio, sino que es de todas. Es tan poderoso el relato que se ha impuesto que complica en términos comunicativos el entender la trascendencia de esta norma. Pero yo espero que a lo largo de los próximos años y en los próximos meses podamos ir poco a poco explicando y, sobre todo, que todas se puedan apropiar de esta norma.

 

Entonces, ¿crees que tus próximos años van a estar ligados a la ley del sí aunque ya estés fuera del ministerio?

Mis próximos años van a ser de un activismo absoluto y extremo. Voy a hacer que la ley sea mi activismo y específicamente algunos elementos de la ley que creo que son trascendentales para la vida de todas. Uno es la atención especializada, que todavía no existe. Cambiar una ley es fácil, cambiar una cultura es muy difícil. Con la ley del sí es sí tenemos que llegar a todo el mundo y mi activismo va a estar centrado en todo lo que tiene que ver con las medidas de prevención y sensibilización y rendición de cuentas. Porque no puede ser que todavía las víctimas, las supervivientes, los familiares, el entorno íntimo, se acerquen a las instituciones y las instituciones sigan sin responder como se merecen las víctimas como ocurría antes cuando no había ley.

 

Vienes del movimiento feminista de base. Estás hablando de volver a ese movimiento feminista de base. Como feminista de base, cuando entras a la institución, ¿a qué tienes que renunciar?

Vengo del movimiento feminista de base, pero yo soy una de las feministas que cree que en las instituciones se pueden cambiar muchas cosas. Es evidente que yo he tenido que renunciar a algo, para empezar a hacer un activismo de base. Muchas compañeras critican que las feministas que estamos en las instituciones tenemos que renunciar a algunas demandas que se hacen desde el movimiento feminista. Y, en ese sentido, yo tengo que ponerme de perfil, no puedo formar parte de entornos de militancia donde se deciden acciones legítimas y que apoyo por completo contra las políticas institucionales que no están funcionando.

 

Pero luego hay otras cosas muy bonitas que hemos podido hacer gracias al movimiento de base del que vengo. Hemos podido hacer cosas que nunca la institución tan patriarcal en la que estamos, incluso el Ministerio de Igualdad, podría plantearse que podrían modificarse. Por ejemplo, yo he descubierto un mundo que es el derecho administrativo. Y yo digo que necesitamos más juristas que sepan de derecho administrativo, porque el patriarcado se cuela por la burocracia por todos lados.

 

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/violencia-sexual/barbara-tardon-ninguna-feminista-preparada-enfrentar-violencia-ha-enfrentado-ministerio

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España: Caos en la Comunidad Valenciana por la falta de profesorado

No hay dinero para pagar las sustituciones y las vacantes. Los sindicatos cifran en 2.000 plazas que no se están cubriendo desde hace semanas. Educación asegura que esto ya ocurrió en 2022 y señala, como empieza a ser habitual, a la gestión del anterior Ejecutivo como causante del problema. El sindicato mayoritario, el STEPV, asegura no tener constancia de precedentes en esta situación.

En la tarde del jueves, de hecho, representantes de este sindicato se concentraron ante las delegaciones de Educació en las tres capitales provinciales para presionar y que la Conselleria solucione esta situación.

De hecho, Educación anunciaba en su web que la semana que viene estará todo resuelto y que ha solicitado a Hacienda un ingreso extraordinario para poder hacer frente a las sustituciones y vacantes según la previsión que han hecho de aquí a final de año.

Según el comunicado que hizo público Educación “a mitad de octubre se detectó que era posible que no hubiera presupuesto suficiente para dar cobertura a todas las sustituciones debido a la mala organización que dejó el anterior gobierno”, explica el subdirector de Personal Docente, José Pascual Hernández.

Este supuesto error del ejecutivo del Botànic no solo ha afectado al profesorado, sino que también han quedado plazas de personal de administración y servicios y de personal de atención educativa sin cubrir.

  1. Tan solo unos días antes, la Plataforma en Defensa de la Educación Pública se reunió para hacer balance del inicio de curso que calificaron de “caótico”, entre otros temas, precisamente por las dificultades que han tenido con las sustituciones. A estas se unen otras como los problemas con el transporte escolar, la falta de profesorado de algunas especialidades, las modificaciones de la enseñanza en valenciano y la resolución del 31 de agosto que modificó el horario y supuso un incremento de las horas lectivas en la ESO (provocado por una decisión judicial).

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