España

Fuente: sinpermiso

Un fantasma recorre los colegios, el fantasma del polvo invisible del amianto.

Sin que sepamos a ciencia cierta a cuantos colegios afecta  esta plaga, lo que sí sabemos es que concierne a muchos de ellos porque este material se estuvo usando durante más de cincuenta años, desde la segunda mitad del siglo XX, para techar aulas, llevar y depositar agua, hacer los bajantes de residuales, además de como aislante, para suelos, cortinas, jardineras, pizarras, lápices, etc. ¿Dónde no?

El amianto es todo él un mineral friable, es decir desmenuzable más o menos fácilmente, y las fibras que desprende, que son del tamaño de micras (milésimas de milímetro),  resultan invisibles, indestructibles, móviles y,  lo que es más trágico, todas ellas, si llegan y se quedan en los pulmones al aspirarlas, pueden convertirse en sustancias cancerígenas; a largo plazo. Su periodo de latencia discurre entre 20 y 50 años desde la primera exposición a estos polvos invisibles. Son insidiosos.

Así lo vienen confirmando las máximas instituciones internacionales en salud, concretamente la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la OMS. Ya desde 1977 calificó al amianto como cancerígeno de tipo 1, es decir aquella categoría que, entre las cinco que tiene establecidas, es la más segura que produce cáncer en humanos. La más peligrosa.

Desde aquella fecha la IARC viene afirmando categóricamente que “En los seres humanos, la exposición ocupacional a todos los tipos de amianto se ha traducido en una alta incidencia de cáncer de pulmón y mesoteliomas (…) además la población en general también puede estar expuesta a fibras de amianto en el aire, bebidas, agua potable, alimentos, etc. En la actualidad, no es posible determinar si hay un nivel de exposición en los seres humanos por debajo del cual un aumento del riesgo de cáncer no se produciría” (Evaluación.Monografía de la IARC, Vol 14 de 1977). En definitiva, no hay dosis mínima segura para la salud de los expuestos en cualquier ámbito.

Los niños y niñas están 5 horas al día en los colegios, durante 40 semanas al año y durante 12 años. El profesorado y el resto del personal están mucho más tiempo. Pero es el alumnado mucho más  vulnerable a los efectos del amianto que los adultos. Efectivamente, todos los trabajos médicos y epidemiológicos así lo confirman. Se calcula que lo son cinco veces más susceptibles de contraer enfermedades del amianto que los mayores, en igualdad de circunstancias. Tienen más tiempo para desarrollarlas, estarán en más ocasiones expuestos y hasta la adolescencia no acaban de completar  su estructura pulmonar. Son poblaciones de mucho mayor riesgo.

Por eso en cualquier planificación pública de retirada segura del amianto la prioridad la han de tener los colegios. Y esos planes no pueden hacerse esperar, no solo por su necesidad intrínseca sino porque para muchos de estos materiales con amianto termina su vida útil, que es el límite que la ley los tiene permitidos. En la actualidad, y tomando 40 años de vida útil, más del 50% deberían estar ya erradicados y para antes de 2030 deberían serlo en torno al 90%, es decir todos.

Las distintas Administraciones se excusan para no actuar diciendo que no es peligroso si está en forma de fibrocemento y no se perturba. Eso ya ha sido bien demostrado que no es cierto, que todos los materiales con amianto desprenden fibras en mayor o menor medida (todas peligrosas) y que no dejan de estar perturbados (meteoros varios, incendios, manejos desaprensivos, etc.). Y en todo caso, por todo lo dicho y conocido, habría que aplicar el principio de precaución que dice así: “cuando una actividad amenace con daños para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias aun cuando no haya sido científicamente  determinada en su totalidad la posible relación de causa y efecto. En este contexto, a quien propone una actividad (o la niega) le corresponde la carga de la prueba, y no a la gente”.  Tampoco las mediciones con que se trata de contentar al personal son  fiables porque se basan en la microscopía óptica (de poco alcance), no tienen en cuenta todas las fibras y, en todo caso,  no existe valor umbral seguro como dice la IARC.

Y lo más llamativo de todo este asunto es que el problema tiene fácil solución;  lo que se necesita es la presión social suficiente para hacer poner encima de la mesa política la prioridad que reviste este problema para las personas más vulnerables de la sociedad, que son aquellas  de las que depende el futuro y resultan ser las  más entrañables para los adultos: los niños y niñas, las nietas y los nietos, las hermanos y los hermanas.

Por eso el Parlamento Europeo (PE) ha sido más coherente con todo lo dicho que los mismos políticos eurodiputados trasvasados a sus respectivas naciones. En una memorable Resolución (no ejecutiva) de 14 de marzo de 2013, votada por el 91% de los eurodiputados presentes (558), el PE pide con contundencia que “ los Estados miembros  avancen en el proceso de eliminación gradual del amianto en el menor plazo posible”, y asimismo, “anima a la UE a colaborar con los agentes sociales y otras partes interesadas a escala europea, nacional y regional para desarrollar y compartir planes de acción de gestión y eliminación del amianto”, con vistas a una Europa libre de amianto para 2028 y para que se haga justicia a las cientos de miles de víctimas.

Plan para liberar del amianto a todos los colegios

Por todo lo dicho, y siguiendo las recomendaciones del PE,  se solicita  de todas las AMPAS, los movimientos sociales y organizaciones de salud para  que apoyen este manifiesto y, asimismo,  se conmina a las Administraciones competentes a que tomen las medidas necesarias para llevar a cabo el siguiente plan de erradicación urgente y segura del amianto de los colegios, que supone las siguientes exigencias:

1º. Que se haga como paso previo un inventario del amianto existente en todos los colegios, tanto el visible como el invisible.

2º. Que se formule un calendario de retirada segura de todos los colegios con dos advertencias: una que se elimine de forma urgente   los que tienen amianto con más de 30 años o estén en peor estado, y otra que todo el amianto de todos los colegios quede erradicado para antes de 2030, fecha en la que el 87% del amianto instalado ha cumplido  40 o más  años y ha llegado al fin de su vida útil.

3º. Que se libren los presupuestos pertinentes para hacer efectivo este calendario, sin que ello signifique renunciar a exigir a los responsables de este desaguisado (las  empresas que como Uralita ha dominado la mitad de la producción en España en el siglo XX), un fondo de desamiantado para cumplir con el dictado del “que contamina paga”.

4º. Que el desamiantado  se haga de forma segura de acuerdo al Decreto 396/2006 y que los residuos vayan a vertederos controlados de acuerdo a la legislación vigente (Orden AAA/661/2013, de 18 de abril), con la supervisión de las Administraciones, las AMPAS y los grupos comprometidos.

5º Que cada Administración cumpla con su papel:

– La UE que apruebe las Directivas pertinentes  según el mandato de su Parlamento y financie un plan europeo de desamiantado seguro, que estimulará la actividad económica.

– Los respectivos Estados nacionales que traspongan estas Directivas y apoyen a las Comunidades y Entidades Locales a su puesta en práctica y con apoyo financiero.

– Que las Comunidades  Autónomas, en las que recae la mayor responsabilidad de la situación en los colegios, pongan en marcha sus propios planes, anticipándose a las demás Administraciones y sin esperar sus movimientos.

-Que los Ayuntamientos y las Diputaciones colaboren en estos planes Autonómicos  en la medida que también tienen responsabilidades en el terreno educativo y de residuos.

Para contactar con la campaña, Paco Puche: puche.paco@gmail.com